RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-41-000-2014-00868-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2014-00868-01

Fecha
9 de octubre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2014-00868-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20 Radicación: 25000234100020140086801 Demandante: Blanca Ligia Benavides González TERCERO: Ejecutoriada esta providencia por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2014-00868-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

9 de octubre de 2025

Radicación: 25000234100020140086801
Demandante: Blanca Ligia Benavides González

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Bogotá, D.C., nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000234100020140086801
Demandante: Blanca Ligia Benavides González
Demandado: COLJUEGOS

Actos acusado: Resoluciones 1000 de 24 de julio de 2013; y la 1901 de 19
de noviembre de 2013; por medio de las cuales se ordenó el
decomiso y destrucción de elementos de suerte y azar.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte
demandante en contra de la sentencia proferida el 29 de octubre de 2015 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual fueron negadas
las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

Mediante apoderado judicial se presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitando la nulidad de las
resoluciones 1000 del 24 de julio de 2013 y 1901 del 19 de noviembre de
2013, mediante las cuales se ordenó el decomiso y destrucción de elementos
de juego de suerte y de azar. Como restablecimiento del derecho se solicitó la
suma de 230 millones a título de daño emergente y 216 millones de lucro
cesante.

A manera de síntesis las pretensiones están sustentadas, en que, el 27 de
mayo de 2013 se expidió el auto comisorio 97 mediante el cual se ordenó el
traslado de unos contratistas y trabajadores oficiales para que realizan la

Radicación: 25000234100020140086801
Demandante: Blanca Ligia Benavides González

incautación de unas máquinas de juego en la dirección carrera 18 nro. 6-35
local 635 en Bogotá.

Ese mismo día, se retiraron 20 máquinas de juego, lo que quedó consignado
en el acta 90 del 27 de mayo de 2013.

Las máquinas estaban ubicadas en un establecimiento de comercio de
propiedad de la demandante, quien estaba en el trámite de solicitar los
respectivos permisos ante COLJUEGOS, según radicado 20134300136302 del
10 de mayo de 2013.

El 18 de junio de 2013 la demandante solicitó la devolución de las máquinas
de juego.

Como causales de nulidad de los actos acusados, se formularon las siguientes:

I.1.1. Falta de competencia de COLJUEGOS para decomisar y destruir
máquinas de juego.

Señala que los actos acusados se fundamentan en la Ley 643 de 2001, el
Decreto Ley 4142 de 2011, el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010 y la Ley 1437
de 2011, así como en la Resolución 027 de 2012, sin embargo el actor afirma
que estas normas no lo conferían la competencia para decomisar y destruir
máquinas de juego.

I.1.2. Falta de competencia del gerente de proceso control a las operaciones
ilegales de COLJUEGOS.

Indica que quien debía realizar el trámite de decomiso de las máquinas era
directamente el gerente, quien no podía comisionar y por ello delegar dicha
función en contratistas de la entidad, actuación que según el actor vulneró el
numeral 2 del artículo 11 de la Ley 489, y el artículo 9 de esta misma ley, los
artículos 209, 210 y 211 de la Constitución Política; 34 y 35 del CPACA.

Finalmente el demandante adujo que los actos expedidos, vulneraron las
normas superiores en que deberían fundarse y la falsa motivación, este último
lo plantea a partir del hecho que la tenencia de máquinas en el establecimiento
no era ilegal.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicación: 25000234100020140086801
Demandante: Blanca Ligia Benavides González

I.2. La contestación de la demanda

Mediante apoderada judicial contestó la demanda solicitando negar las
pretensiones de la demandada.

Indicó que según lo dispuesto en el decreto ley 4142 del 3 de noviembre de
2011 (acto de creación de COLJUEGOS) y las leyes 489, 643 y 1393 si tenía
la competencia para iniciar procesos sancionatorios en contra de
establecimientos de comercio que estuviese ejerciendo la actividad de juegos
de suerte y azar de manera ilegal.

En consecuencia, manifestó que la actuación administrativa adelantada fue
realizada en cumplimiento de las normas que la regulaban y por funcionarios
con competencia legal para ello.

En cuanto a la presencia de las máquinas, se constató que efectivamente se
encontraban en operación, circunstancia que quedó debidamente registrada
tanto en el acta como en el video de la diligencia. En consecuencia, no es
posible predicar la existencia de una falsa motivación de los actos acusados.

I.3. Concepto del Ministerio Público.

Señaló el Ministerio Público que debían negarse las pretensiones de la
demanda, toda vez que según lo dispuesto en el decreto ley 4142 de 2011 y
en especial la Ley 643 COLJUEGOS tenía la competencia para fiscalizar,
controlar y sancionar a las establecimientos de comercio dedicados a la
actividad de juegos de suerte y azar con ocasión de la vulneración a los
derechos de explotación.

I.4. La sentencia apelada

En la decisión de primera instancia se estudiaron tres cargos.

En el primer cargo se estudió si COLJUEGOS tenía la competencia para
adelantar actuaciones administrativas sancionatorias.

Inició por precisar que con la expedición de la Ley 643 las atribuciones de
fiscalización y sanción que estaban en cabeza de ETESA y luego en la DIAN se
trasladaron a COLJUEGOS; lo que quedó reflejado y consignado en el decreto
ley 4142 de 2011, por lo que esta última tenía la función de sancionar a los
concesionarios o destinatarios de autorizaciones que ejerzan actividades de
juegos de suerte y azar.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicación: 25000234100020140086801
Demandante: Blanca Ligia Benavides González

A continuación precisó que, según lo dispuesto en el artículo 44 de la ley 643
y con el fin de controlar la evasión de los derechos de explotación se debía
agotar las etapas del procedimiento previsto en esta norma.

Por otra parte indicó que según el artículo 3° del decreto 1905 de 2008
COLJUEGOS tenía la función de policía judicial que antes estaba en cabeza de
ETESA, esto, según lo dispuesto en el artículo 23 del decreto ley 4142 de 2011.

Todo lo anterior, le permitió al Tribunal concluir que COLJUEGOS si tenía
competencia para adelantar la actuación administrativa que finalizó con los
actos acusados.

El segundo cargo estudiado, correspondió a establecer si se había vulnerado
el debido proceso administrativo en la actuación adelantada.

Inicia por precisar que según lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 el
auto comisorio 97 de 2013 debía ser comunicado al interesado y no notificado
por estado como lo pretendía el demandante, entonces, no le era aplicable el
artículo 33 del CPC como lo aducía éste.

Por otro lado, indicó que la actuación del Gerente de Proceso Control a las
Operaciones y los funcionarios comisionados para al trámite correspondiente,
estuvo enmarcado dentro de las funciones dispuestas en el manual de
funciones de la entidad.

Finalizó precisando que el Gerente si podía delegar en los funcionarios
comisionados, con independencia de la vinculación de estos, la función de
verificar y determinar si había la necesidad de decomisar los elementos de
propiedad de la demandante al no tener las autorizaciones necesarias para su
funcionamiento.

El tercer cargo estudiado, correspondió a una falsa motivación originada en
que según el demandante la tenencia de máquinas de juego no era ilegal.

Precisó que según las pruebas obrantes, no era cierto que la actora estuviese
adelantando una actuación para solicitar la autorización del uso de las
máquinas, pues en el expediente quedó probado que mediante oficio
20134300136302 de 10 de mayo de 2013, la sociedad JH Calle SAS presentó
la solicitud para la suscripción del contrato de concesión 1148 de 2013 y en
este no se hacía referencia al establecimiento donde estaban ubicadas las
máquinas que fueron decomisadas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicación: 25000234100020140086801
Demandante: Blanca Ligia Benavides González

Finalmente condenó en costas a la parte demandante.

I.5. Recurso de apelación

La parte demandante presentó recurso de apelación y solicitó revocar la
decisión de primera instancia sustentado en los siguientes argumentos.

I.5.1. Cuestiona que el Tribunal para resolver el cargo de competencia, acudió
a la norma incorrecta de la Ley 643, pues en su entender corresponde al literal
a del artículo 44 que es el régimen de control y sanción de actividades ilegales,
que es la conducta objeto del presente proceso y no al de fiscalización.

Como sustento de esta afirmación, cita un aparte de la decisión en la que
estudia la pertinencia del artículo 2 del decreto ley 4142, para reiterar que
COLJUEGOS tenía competencia para la fiscalización de actividades legales y no
de control de una “operación ilegal”, que según el actor, es el caso concreto.

En cuanto a la función de control de una “operación ilegal”, considera que
estaba recogida en el numeral 7 del artículo 16 de este mismo decreto, que
en su entender, describe que esta función está en cabeza de otra autoridad
diferente a COLJUEGOS, pero sin precisar a cuál específicamente se refiere,
sólo que no la tiene ésta.

Para reforzar este argumento, trae a colación el decreto 1451 de 2015
mediante el cual se modificó el 4142 que si le entrega la función específica de
controlar las “operaciones ilegales” en el artículo 5°.

A partir de estos argumentos, reitera que COLJUEGOS no tenía la competencia
para controlar la situación que dio lugar al decomiso de las máquinas, que en
palabras del actor eran las siguientes: “de un sujeto sin permiso al cual se le
aplican normas muy diferentes, por lo que al confundirlas el fallo con las que
se dirigen a regular a los legales el Tribunal se equivoca”.

Cuestiona el actor que el Tribunal erró en señalar que no se estaba atacando
la competencia del Gerente de Proceso Control a las Operaciones Ilegales,
pues expresamente así quedó plasmado en varios apartes de los hechos de la
demanda.

En este punto, reitera que si COLJUEGOS no tenía competencia para controlar
las “operaciones ilegales”, el manual de funciones no podía entregar al gerente
dicha función.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicación: 25000234100020140086801
Demandante: Blanca Ligia Benavides González

En cuanto al acto mismo mediante el cual se comisionó a las personas que
realizaron la actuación de decomiso en el establecimiento de comercio. Precisó
que sumado a la falta de competencia del Gerente, no se cumplieron con las
formalidades previstas en la Ley 489 para que un acto de delegación se expida
de manera regular.

En particular, señaló que se vulneraron los artículos 110 al 114 de la Ley 489,
pues no existió un acto administrativo de delegación, que para el caso de
COLJUEGOS debe ser expedido por la junta directiva y aprobado por el
presidente de la República o ministro o director de departamento
administrativo delegado por aquel.

I.6. Trámite en segunda instancia

Una vez admitido el recurso de apelación y después de correr traslado para
alegatos de conclusión las partes se pronunciaron así:

I.6.1. Mediante apoderada judicial COLJUEGOS presentó sus alegatos de
conclusión refiriéndose a los puntos planteados por la recurrente en su
apelación, esto es, la presunta falta de competencia de la entidad para
controlar operaciones ilegales y del Gerente de Proceso Control a las
Operaciones Ilegales; cumplimiento de los requisitos para la delegación de
funciones y la operación de juegos sin sustento de pruebas.

Señala que según lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de la ley 643
COLJUEGOS en ejercicio de las funciones de explotación, organización,
administración, operación, control, fiscalización, regulación y vigilancia, como
administradora del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, debe
vigilar que quien ejerza una actividad que genere derechos de explotación lo
esté haciendo de manera legal, por lo que si tenía competencia para adelantar
la actuación administrativa que finalizó con los actos acusados.

Por otra parte, precisa que COLJUEGOS si tiene funciones de policía judicial,
esto según lo dispuesto en el artículo 3 del decreto 1905 de 2008, por
aplicación de lo indicado en el artículo 23 del decreto ley 4142 de 2011, norma
esta última, que precisó que “las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes a la Empresa Territorial para la Salud, ETESA, deberán entenderse
referidas a la Empresa Industrial y Comercial del Estado, COLJUEGOS, si se
relacionan con las funciones asignadas en este Decreto y en la Ley a dicha
Empresa”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicación: 25000234100020140086801
Demandante: Blanca Ligia Benavides González

En cuanto a la competencia del Gerente de Procesos de Control a las
Operaciones Ilegales para adelantar la investigación y eventual designar
personas a las visitas, precisó que, según el manual de funciones
(Resoluciones números 027 del 17 de mayo de 2012, 355 del 16 de abril de
2013 y 1479 del 24 de septiembre de 2013) tenía la siguiente función:
"coordinar la realización de procesos investigativos y sancionatorios referentes
a operaciones ilegales de juegos de suerte y azar, para lo cual podrá expedir
autos de apertura, autos comisorios, ordenar la práctica de pruebas y
diligencias..."

Respecto al cuestionamiento del acto mediante el cual se comisionó a unos
contratistas de COLJUEGOS para realizar la visita, manifestó que el
cumplimiento de las funciones misionales puede ser ejecutada tanto por los
empleados públicos, cómo por los trabajadores oficiales, para ello citó como
sustento legal el artículo 5 del decreto 3135 de 1968 y la sentencia C-484 de
1995 que estudió su constitucionalidad.

Por otra parte, indica que según el artículo 20 del decreto 2400 de 1968 se
podía comisionar a las personas que atendieron la visita cuestionada por la
demandante.

Finalmente, en cuanto a la operación de las máquinas tragamonedas sin la
autorización exigida, destaca dos hechos relevantes.

El primero, corresponde a que mediante radicado 20134300136302 del 10 de
mayo de 2013, la Sociedad INVERSIONES JH CALLE SAS, identificada con NIT.
900.618.928-8 a través de su representante legal y apoderada suplente
ESMERALDA CULMA OVEDO, solicitó autorización para la operación de juegos
localizados (máquinas electrónicas tragamonedas) en varios establecimientos
de comercio, entre los cuales se encuentra el ubicado en la calle 6 No. 18 - 02
de la Ciudad de Bogotá, correspondiente al mismo casino denominado GRAN
CASINO CITY. Sin embargo, la misma persona el 31 de mayo de 2013 modificó
la solicitud respecto de este local comercial, aduciendo que se había abierto al
público sin contar con la autorización.

Es decir, en un primer momento se había solicitado la autorización para el local
comercial objeto del presente proceso, pero esta fue modificada por quien lo
había realizado y fue retirada.

El segundo hecho probado, es que efectivamente el local comercial estaba
realizando la actividad sin los permisos para ello, lo que quedó acreditado el
día de la visita.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicación: 25000234100020140086801
Demandante: Blanca Ligia Benavides González

1.6.2. La parte actora, mediante apoderado judicial presentó sus alegatos de
conclusión. Planteó sus argumentos en cinco puntos.

En el primero reitera que COLJUEGOS no tenía la competencia para decomisar
y destruir las máquinas tragamonedas encontradas en el establecimiento de
comercio de la demandante.

Para llegar a esta conclusión, realiza un estudio de las leyes 643 y 1393, el
decreto ley 4142 de 2011, para determinar que en ninguna de estas normas
le fue conferida la función de control a COLJUEGOS, por lo que no podía
decomisar y destruir las máquinas.

Adicionalmente, y contra argumentando un planteamiento de COLJUEGOS,
precisa que no era posible acudir a lo dispuesto en el artículo 23 del decreto
ley 4142 de 2011, pues para la fecha de su creación la función de control había
sido transferida a la DIAN, es decir ETESA ya no la tenía.

A partir de lo anterior, aduce que los actos acusados fueron expedidos sin
competencia para ello.

El segundo argumento, corresponde a la presunta ausencia de competencia
del Gerente de Proceso Control a las Operaciones Ilegales de COLJUEGOS.
Sobre este, indica que no podía comisionar a unos particulares para hacer la
visita y que materialmente el acto expedido fue un acto de delegación de
funciones administrativas que no cumplió con las formalidades dispuestas en
la ley 489.

El tercer argumento, es consecuencia del anterior, pues planteo que con el
acto comisorio se vulneraron los artículos 121, 122 y 123 de la Constitución
Política, pues particulares no podían ejercer funciones de policía judicial, lo que
a su vez, resulta contrario a los artículos 1, 2, 3, 84 y 85 de la ley 1437.

El cuarto argumento, consistió en precisar que tener las máquinas en el
establecimiento de comercio antes de contar con la autorización no era una
actividad ilegal, pues, de hecho, el procedimiento de solicitud así lo exigía.

El quinto, solicita sean reconocidos a título de restablecimiento los perjuicios
tasados en el dictamen rendido en el proceso.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicación: 25000234100020140086801
Demandante: Blanca Ligia Benavides González

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

II.1 Actos acusados

Resolución 1000 de 24 de julio de 2013
“Por la cual se ordena el decomiso de elementos de juego de suerte y azar”

El Gerente de Proceso Control a las Operaciones Ilegales de la Vicepresidencia
Desarrollo de Mercados, de la Empresa Industrial y Comercial del Estado
Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar -
Coljuegos, en uso de las facultades legales y en especial de las contempladas
en la Ley 643 de 2001, el Decreto Ley 4142 de 2011, artículo 20 de la Ley
1393 de 2010, Resolución No. 027 del 17 de mayo de 2012 por la cual se
adopta el manual específico de ocupaciones y perfiles de los trabajadores
oficiales de la entidad y la Resolución No.355 de 16 de abril de 2013 por medio
de la cual se ajusta el manual especifico de ocupaciones y perfiles de los
trabajadores oficiales de COLJUEGOS, profiere el presente acto administrativo
con base en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho,

ANTECEDENTES

Que en cumplimiento al Auto Comisorio No.97 de fecha 27 de mayo de 2013,
los funcionarios de la Vicepresidencia Desarrollo de Mercados debidamente
comisionados, adelantaron visita de control al establecimiento ubicado en la
Carrera 18 No.6-35 Local 635 del Barrio La Estanzuela de la ciudad de Bogotá
D.C., como consta en el Acta de Hechos y de Retiro de Bienes No.90 del 27 de
mayo de 2013, notificada personalmente al señor OSCAR HERNANDO
BOBADILLA SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
79.976.585 de Bogotá D.C.

Que en desarrollo de la diligencia los funcionarios comisionados, encontraron
dentro de las instalaciones del establecimiento ubicado en la CARRERA 18 No
.6-35 LOCAL 635 DEL BARRIO LA ESTANZUELA en la ciudad de Bogotá D.C.,
veinte (20) Máquinas Electrónicas Tragamonedas - MET-, las cuales al parecer
operaban sin autorización, en consecuencia, se procedió al retiro de los bienes
de conformidad con el articulo 20 de la ley 1393 de 2010.

Que en el acápite denominado "Inventario" del Acta de Hechos y de Retiro de
Bienes se encuentran relacionados los elementos que presuntamente estaban
operando sin autorización, y que corresponden a:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicación: 25000234100020140086801
Demandante: Blanca Ligia Benavides González

(…)

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Es de recibo, para proferir la presente decisión, la siguiente normatividad:
Articulo 336 de la Constitución Política de Colombia, articulo 20 de la Ley 1393
de 2010, que modificó el articulo 44 de la Ley 643 de 2001, el Decreto 4142
de 2011, la Resolución No. 355 de 16 de abril de 2013 y demás normas
concordantes.

En mérito de lo expuesto, El Gerente de Proceso Control a las Operaciones
Ilegales, de la Vicepresidencia Desarrollo de Mercados, de la Empresa
Administradora del Monopolio Rentístico de los juegos de Suerte y Azar -
COLJUEGOS-, dentro del término legal previsto para el efecto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO DECOMISAR los elementos de juego de suerte y azar, que
se encontraban operando sin autorización, en el establecimiento ubicado en la
CARRERA 18 No. 6-35 LOCAL 635 BARRIO LA ESTANZUELA de la ciudad de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicación: 25000234100020140086801
Demandante: Blanca Ligia Benavides González

Bogotá D.C., que se encuentran bajo custodia de ALMAVIVA, tal como consta
en el comprobante de movimiento de mercancías No. 611-20130527- 038 del
27 de mayo de 2013.

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR LA DESTRUCCIÓN de los elementos,
relacionados en el acta de hechos y retiros de bienes No. 90 del 27 de mayo
de 2013, conforme a lo establecido en el parágrafo del articulo 20 de la Ley
1393 de 2010, que modifica el artículo 4 de la Ley 643 de 2001, las cuales se
relacionan a continuación:

(…)

Resolución 1901 de 19 de noviembre de 2013

Por la cual se resuelve recurso de reposición interpuesto en contra de la
Resolución N ° 1000 del 24 de julio de 2013, “por la cual se ordena el decomiso
de elementos de juego de suerte y azar”.

(…)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Radicación: 25000234100020140086801
Demandante: Blanca Ligia Benavides González

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Es de recibo, para proferir la presente decisión, la siguiente normatividad,
Articulo 336 de la Constitución Política de Colombia, Ley 643 de 2001; Decreto
4142 de 2011, artículo 20 de la Ley 1393 de 2010, Resolución No. 027 del 17
de mayo de 2012 por la cual se adopta el manual especifico de ocupaciones y
perfiles de los trabajadores oficiales de la entidad, Resolución 355 del 16 de
abril de 2013 por la cual se ajusta el manual específico de ocupaciones y
perfiles de los trabajadores oficiales de COLJUEGOS y demás normas
concordantes.

En mérito de lo expuesto, la Gerente de Proceso Control a las Operaciones
Ilegales de la Empresa Administradora del Monopolio Rentístico de los juegos
de Suerte. y Azar - COLJUEGOS.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la
Resolución No. 1000 de fecha 24 de julio de 2013, proferida por el Gerente de
Control a las Operaciones Ilegales, de la Empresa Industrial y Comercial del
Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar
• COLJUEGOS, por la cual se ordena el decomiso y destrucción de elementos
de juego de suerte y azar retirados del establecimiento de comercio
denominado "GRAN CASINO CITY", ubicado en la CARRERA 18 No.6-35 LOCAL
635 DEL BARRIO LA ESTANZUELA, de la ciudad de Bogotá D.C. por lo expuesto
en la parte motiva de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente providencia al doctor JOSE
MANUEL JAIMES GARCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
91.227.642 de Bucaramanga, y Tarjeta Profesional No.48.471 del C.S. de la
J., quien actúa como apoderado de la señora BLANCA LIGIA BENAVIDES
GONZALEZ, ya identificada, de conformidad con lo previsto en el artículo 66 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011.

(…)

II.2. Planteamiento de los problemas a resolver

Según lo dispuesto en la decisión de primera instancia y el recurso de
apelación, en el caso concreto debe la Sala resolver lo siguiente:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Radicación: 25000234100020140086801
Demandante: Blanca Ligia Benavides González

Establecer si es cierto que el 27 de mayo de 2013 (fecha en la que se realizó
la acción de control por parte de COLJUEGOS) en la dirección carrera 18 # 6-
35 donde estaba ubicado el establecimiento “Gran Casino City”, estaban
operando las máquinas tragamonedas, dado que en la decisión de primera
instancia se tuvo por cierto este hecho, y la parte demandante lo cuestiona en
su recurso de apelación.

Establecido lo anterior, como primer cargo, debe la Sala establecer si los actos
acusados son nulos por falta de competencia de COLJUEGOS para adelantar
acciones de control a establecimientos que tenga por actividad el juego de
suerte y azar.

Como segundo cargo, establecer si procede declarar la nulidad de los actos
acusados por vulnerar norma superior, si el Gerente de Proceso Control a las
Operaciones Ilegales de COLJUEGOS no tenía competencia para adelantar la
actuación administrativa que finalizó con la expedición de los actos acusados.

II.3. Análisis de la Sala

II.3.1. En la decisión de primera instancia se tuvo por probado que al
momento de la diligencia las máquinas tragamonedas decomisadas estaban
siendo utilizadas, a pesar de que estaba en trámite la solicitud de autorización
por parte de la demandante.

Por su parte, en el recurso de apelación, el demandante cuestiona este hecho
y afirma que en el video de la diligencia no se puede apreciar que estuviesen
siendo utilizadas las máquinas.

Revisado el video de la diligencia obrante a folio 203 del cuaderno nro. 01 del
Tribunal se puede identificar que una vez entran las personas comisionadas
para la diligencia al local identificado con nombre comercial “Gran Casino City”
las máquinas tragamonedas están encendidas y siendo utilizadas por clientes.
Esta situación también fue consignada en el acta de la diligencia obrante a
folios 84 y 85 del mismo cuaderno.

A partir de lo anterior, así como lo concluyó el Tribunal, es cierto que las
máquinas tragamonedas el día de la diligencia si estaban siendo utilizadas por
clientes, y teniendo en cuenta que no se cuestiona por parte del demandante
que para la fecha del 27 de mayo de 2013 no se tenía la autorización, está
probado la comisión de la conducta dispuesta en el literal a) del artículo 44 de
la ley 643.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13

Radicación: 25000234100020140086801
Demandante: Blanca Ligia Benavides González

Teniendo claridad sobre este hecho, procede la Sala a estudiar los argumentos
dirigidos a cuestionar la decisión de primera instancia en cuanto los cargos.

II.3.2. Para efectos de estudiar la competencia de COLJUEGOS respecto de la
actividad económica de juegos de suerte y azar, corresponde analizar los
efectos de la entrada en vigencia del decreto ley 4142 de 2011, en
concordancia con la ley 643 y el decreto ley 4144 de 2011, comoquiera que
son las normas que regulan esta actividad.

Entre otros temas, las normas anteriores definen, quien, entre la
Superintendencia Nacional de Salud, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte
y Azar y COLJUEGOS, tiene la competencia para adelantar la actuación
administrativa sancionatoria derivada de las conductas previstas en el artículo
44 de la ley 643.

Sobre el particular la Sala de Consulta y Servicio Civil al resolver un conflicto
de competencias entre la Superintendencia Nacional de Salud y el Consejo
Nacional de Juegos de Suerte y Azar1, definió, respecto de la potestad
sancionatoria en este sector lo siguiente:

“3. Las potestades sancionatorias en el sector de juegos de suerte
y azar

Además de las sanciones disciplinarias, fiscales2 y penales3 a que se
pueden ver expuestos los diferentes actores del sector de juegos de
suerte y azar, la ley 643 de 2001 prevé dos grupos de sanciones
administrativas propias de dicho sector, a saber:

a. Las sanciones por evasión de los derechos de explotación del
artículo 44. Titular de la potestad: administradores del monopolio
de juegos de suerte y azar

1
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, 23 de mayo de 2013, radicado 2013-00084-00, MP Augusto
Hernández Becerra.
2
“Ley 643 de 2001. Articulo 54. Control Fiscal. Los recursos del monopolio son públicos y están sujetos a control
fiscal, el cual será ejercido por el órgano de control que vigile al administrador del monopolio de acuerdo con las
normas especiales sobre la materia”.
3
Sin perjuicio de otras conductas penales en que puedan incurrir los servidores públicos o los particulares, se consagra
un tipo penal especial por la explotación ilegal de juegos de suerte y azar: “Articulo 312. Ejercicio ilícito de actividad
monopolística de arbitrio rentístico (Modificado por el artículo 18 de la ley 1393 de 2010): El que de cualquier manera
o valiéndose de cualquier medio ejerza una actividad establecida como monopolio de arbitrio rentístico, sin la
respectiva autorización, permiso o contrato, o utilice elementos o modalidades de juego no oficiales, incurrirá en
prisión de seis (6) a ocho (8) años y multa de quinientos (500) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes. La pena se aumentará en una tercera parte cuando la conducta fuere cometida por el particular que sea
concesionario representante legal o empresario legalmente autorizado para la explotación de un monopolio rentístico
y hasta la mitad, cuando lo fuere por un servidor público de cualquier entidad titular de un monopolio de arbitrio
rentístico o cuyo objeto sea la explotación o administración de este.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14

Radicación: 25000234100020140086801
Demandante: Blanca Ligia Benavides González

Estas sanciones se encuentran en el Capítulo IX “Fiscalización, control y
sanciones en relación con los derechos de explotación” de la ley 643 de
2001.

Luego de señalar las facultades de fiscalización que tienen las empresas,
sociedades o entidades públicas administradoras del monopolio de juegos
de suerte y azar para asegurar el efectivo cumplimiento de las
obligaciones a cargo de los concesionarios o destinatarios de
autorizaciones4, el artículo 44 de la ley 643 de 2001 establece las
sanciones que tales administradores pueden imponer por evasión en los
derechos de explotación, las cuales se circunscriben a tres eventos en
particular:

a) Cuando se detecten personas operando juegos de suerte y azar sin ser
concesionarios o autorizadas;

b) Cuando se detecte que los concesionarios o personas autorizadas
omiten o incluyen información en su liquidación privada de los derechos
de explotación de las cuales se origine el pago de un menor valor por
concepto de los mismos; y

c) Cuando se detecten errores aritméticos en las declaraciones de
derechos de explotación presentadas por los concesionarios o
autorizados, y cuando tales errores hayan originado un menor valor a
pagar por dichos derechos.

En todo caso, el artículo 44 aclara que las sanciones a que se refiere dicho
artículo se impondrán “sin perjuicio del cobro de las multas o la
indemnización contemplada en la cláusula penal pecuniaria pactada en los

4
“Articulo 43. Facultades de fiscalización sobre derechos de explotación. Las empresas, sociedades o entidades
públicas administradoras del monopolio de juegos de suerte y azar tienen amplias facultades de fiscalización para
asegurar el efectivo cumplimiento de las obligaciones a cargo de los concesionarios o destinatarios de autorizaciones
para operar juegos de suerte y azar. Para tal efecto podrán:
a) Verificar la exactitud de las liquidaciones de los derechos de explotación presentadas por los concesionarios o
autorizados;
b) Adelantar las investigaciones que estimen convenientes para establecer la ocurrencia de hechos u omisiones que
causen evasión de los derechos de explotación;
c) Citar o requerir a los concesionarios o autorizados para que rindan informes o contesten interrogatorios;
d) Exigir del concesionario, autorizado, o de terceros, la presentación de documentos que registren sus operaciones.
Todos están obligados a llevar libros de contabilidad;
e) Ordenar la exhibición y examen parcial de libros, comprobantes y documentos, tanto del concesionario o
autorizado, como de terceros, legalmente obligados a llevar contabilidad;
f) Efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta fiscalización y oportuna liquidación y pago de los derechos
de explotación.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15

Radicación: 25000234100020140086801
Demandante: Blanca Ligia Benavides González

contratos de concesión, cuando a ello hubiere lugar y sin perjuicio del
pago total de los derechos de explotación adeudados.”

Como se observa, son sanciones que recaen tanto sobre operadores
ilegales (literal a) como legales (literales b y c), y que desde el inicio de
la ley corresponde imponerlas a “las entidades públicas administradoras
del monopolio”.

Inicialmente, en la estructura de la ley 643 de 2001, tal función de
administración y sanción estuvo en ETESA, en el orden nacional, y en los
departamentos, distritos y municipios, en el nivel territorial 5. A raíz de la
liquidación de ETESA (decreto 175 de 2010), la ley 1393 de 2010 trasladó
sus funciones de administración a la DIAN6, a quien, como consecuencia
de ello, también se le asignó la competencia para imponer las sanciones
del artículo 44 de la ley 643 de 2001, en los tres eventos arriba
señalados7.

Actualmente, como lo indican los intervinientes, las referidas funciones de
administración de los juegos de suerte y azar del orden nacional se
encuentran radicadas en COLJUEGOS conforme lo establece el decreto
4142 de 20118, según el cual corresponde a dicha entidad, entre otras
funciones, las siguientes:

5
En tal sentido, el decreto reglamentario 4643 de 2005 señalaba: “Artículo 8°. Facultades de fiscalización y control
a la explotación de juegos de suerte y azar. Sin perjuicio de las facultades propias de la Superintendencia Nacional
de Salud, corresponde a los municipios, al Distrito Capital, a los departamentos y a las demás entidades
administradoras de juegos de suerte y azar de que trata la Ley 643 de 2001, ejercer oportuna y efectivamente las
facultades de fiscalización y control previstas en los artículos 4, 43 y 44 del mencionado estatuto, teniendo en cuenta
la competencia funcional de la respectiva entidad administradora y el ámbito territorial en el cual se opera la
respectiva modalidad de juegos de suerte y azar, así como imponer las sanciones correspondientes, a fin de evitar la
explotación ilegal de juegos de suerte y azar, la proliferación de juegos no autorizados y en general de prácticas
contrarias al régimen propio del monopolio. La omisión o extralimitación en el ejercicio de dichas facultades
compromete la responsabilidad personal e institucional de las referidas entidades de acuerdo con lo dispuesto en la
Constitución Política y en la Ley.”
6
“Artículo 19. Administración de derechos de explotación. La Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales DIAN,
tendrá a su cargo la administración de los derechos de explotación y los gastos de administración sobre los juegos
de suerte y azar explotados por entidades públicas del orden nacional (…)”.
7
“Artículo 20. Sanciones por evasión de los derechos de explotación y gastos de administración. Modifíquese el
artículo 44 de la Ley 643 de 2001, que quedará así: Artículo 44. Sanciones por Evasión de los Derechos de
Explotación. Sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar y de las sanciones administrativas y aduaneras
que impongan las autoridades competentes, y de la responsabilidad fiscal, las entidades públicas administradoras del
monopolio del orden territorial y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, con el apoyo de la Policía
Nacional, cuando las circunstancias lo exijan, en relación con los derechos de explotación y gastos de administración
de su competencia, podrán imponer las siguientes sanciones por los siguientes hechos, mediante el procedimiento
administrativo consagrado en la parte primera del Código Contencioso Administrativo, o el que lo modifique o
sustituya, previa solicitud de explicaciones (…).”
8
Por el cual se crea la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los
Juegos de Suerte y Azar, COLJUEGOS. El artículo 2 del decreto señala: “Artículo 2. Objeto. La Empresa Industrial y
Comercial del Estado, COLJUEGOS, tendrá como objeto la explotación, administración, operación y expedición de
reglamentos de los juegos que hagan parte del monopolio rentístico sobre los juegos de suerte y azar que por
disposición legal no sean atribuidos a otra entidad. Su domicilio será la ciudad de Bogotá D. C.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16

Radicación: 25000234100020140086801
Demandante: Blanca Ligia Benavides González

“1. Explotar y administrar los juegos de suerte y azar de su competencia”
(…)
“11. Administrar con la colaboración de terceros los derechos de
explotación y los gastos de administración sobre los juegos de suerte y
azar de su competencia. Esto comprende su recaudación, fiscalización,
liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás
aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones derivadas
de los derechos de explotación y gastos de administración.”

En consecuencia, las atribuciones de fiscalización y sanción de los
artículos 43 y 44 de la ley 643 de 2001, que estaban inicialmente en
cabeza de ETESA y que luego se trasladaron a la DIAN, pasaron a ser
competencia de COLJUEGOS, en cuanto sucesor de la función de
administración de los juegos de suerte y azar del orden nacional,
conforme al objeto y funciones que le asigna el decreto 4142 de 20119.

Al respecto, puede revisarse el documento explicativo de los antecedentes
del decreto 4142 de 2011 (Contrato DNP-445-2011), que expone
claramente el nuevo esquema de funcionamiento de los juegos de suerte
y azar, en el que COLJUEGOS asumirá la potestad de fiscalización y
sancionatoria que otrora tuvieron ETESA y la DIAN, como administrador
del monopolio en el orden nacional10”.

Nótese que en esta decisión, la Sala de Consulta y Servicio Civil precisó que la
ley 643 previó una serie de sanciones administrativas por evasión a los
derechos de explotación, que son propias del sector, es decir, diferentes a las
sanciones disciplinarias, fiscales y penales en que pueden incurrir los
diferentes actores que intervienen en este sector, las cuales se encuentran
definidas en el artículo 44 de la ley 64311.

9
Para garantizar ese traslado de funciones a COLJUEGOS, el artículo 25 del mismo decreto 4142 de 2011 derogó las
diversas disposiciones que le habían asignado transitoriamente las tareas de administración y sancionatorias a la
DIAN; particularmente, derogó el inciso 1 del artículo 44 de la ley 643 de 2001, que con la reforma de la ley 1393 de
2010, establecía, como ya se dijo, que las sanciones por evasión de los derechos de explotación y gastos de
administración en el orden nacional, estaban en cabeza de la DIAN.
10
“De manera especial, se trasladó a COLJUEGOS la función de administrar los derechos de explotación y de gastos
de administración (función del numeral 11), que se había concedido temporalmente a la DIAN por medio de la Ley
1393. El diseño institucional propuesto contemplaba la asignación de todas las funciones de administración del
monopolio a COLJUEGOS, lo cual implica que las funciones que se habían trasladado a la DIAN debían retornar al
nuevo administrador del monopolio (…) La solución adoptada en el Decreto 4142 que creó COLJUEGOS fue transcribir
textualmente las funciones de administración que tenía la DIAN. El numeral 11 de las funciones de COLJUEGOS
incluye la fiscalización y sanción por el incumplimiento de obligaciones relacionadas con los derechos de explotación.”
11
ARTÍCULO 44. Sanciones por evasión de los derechos de explotación. Modificado por Art. 20, Ley 1393 de
2010. Modificado por el Artículo 24 del Decreto 130 de 2010 - Derogado parcialmente (inciso 1) por el Artículo 25 del
Decreto 4142 de 2011. Sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar y de las sanciones administrativas
que impongan otras autoridades competentes, y la responsabilidad fiscal, las entidades públicas administradoras del
monopolio podrán imponer las siguientes sanciones:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17

Radicación: 25000234100020140086801
Demandante: Blanca Ligia Benavides González

Entre las conductas se destaca que una de ellas se presenta cuando se
detecten personas operando juegos de suerte y azar sin ser concesionarios o
autorizados, que corresponde a la que se encontró configurada en el caso
concreto.

Continua la decisión, y define claramente cómo quedó la competencia
distribuida entre las entidades que intervienen en el sector con la entrada en
vigencia del decreto ley 4142 de 2011 y precisó “que las atribuciones de
fiscalización y sanción de los artículos 43 y 44 de la ley 643 de 2001, que
estaban inicialmente en cabeza de ETESA y que luego se trasladaron a
la DIAN, pasaron a ser competencia de COLJUEGOS, en cuanto sucesor
de la función de administración de los juegos de suerte y azar del orden
nacional, conforme al objeto y funciones que le asigna el decreto 4142 de
201112”.
En consecuencia, no le asiste razón al demandante cuando afirma que
COLJUEGOS no tenía competencia para adelantar la actuación administrativa
que finalizó con los actos acusados, pues una de las consecuencias de la
entrada en vigencia del decreto ley 4142 de 2011, consistió en que la función
de fiscalización y sanción derivado de las conductas previstas en los artículos

a) Cuando las entidades públicas administradoras del monopolio detecten personas operando juegos de suerte y azar
sin ser concesionarios o autorizadas proferirán, sin perjuicio de la suspensión definitiva del juego, liquidación de aforo
por los derechos de explotación no declarados e impondrá sanción de aforo equivalente al doscientos por ciento
(200%) de los derechos de explotación causados a partir de la fecha en que se inició la operación. Además, podrá
cerrar sus establecimientos y deberá poner los hechos en conocimiento de la autoridad penal competente. Las
personas a quienes se denuncie por la operación ilegal de juegos de suerte y azar podrán ser suspendidas mientras
se adelanta la respectiva investigación, y no podrán actuar como tales durante los cinco (5) años siguientes a la
sanción por parte del Estado, si efectuada la correspondiente investigación hubiere lugar a ella;
b) Cuando las entidades públicas administradoras del monopolio, detecten que los concesionarios o personas
autorizadas omiten o incluyen información en su liquidación privada de los derechos de explotación de las cuales se
origine el pago de un menor valor por concepto de los mismos, proferirá liquidación de revisión y en la misma
impondrá sanción por inexactitud equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia entre el saldo a
pagar determinado por la administración y el declarado por el concesionario o autorizado;
c) Cuando las entidades públicas administradoras del monopolio de juegos de suerte y azar, detecten errores
aritméticos en las declaraciones de derechos de explotación presentadas por los concesionarios o autorizados, y
cuando tales errores hayan originado un menor valor a pagar por dichos derechos, los corregirán, mediante liquidación
de corrección. En este caso, se aplicará sanción equivalente al treinta por ciento (30%) del mayor valor a pagar
determinado.
El término para proferir las liquidaciones de revisión y de corrección aritmética y las sanciones correspondientes será,
de tres (3) años contados a partir del momento de presentación de las declaraciones.
La administración podrá proferir liquidaciones de aforo e imponer la correspondiente sanción por las actividades de
los últimos cinco (5) años.
Las sanciones a que se refiere el presente artículo se impondrán sin perjuicio del cobro de las multas o la
indemnización contemplada en la cláusula penal pecuniaria pactada en los contratos de concesión, cuando a ello
hubiere lugar y sin perjuicio del pago total de los derechos de explotación adeudados.
12
Para garantizar ese traslado de funciones a COLJUEGOS, el artículo 25 del mismo decreto 4142 de 2011 derogó las
diversas disposiciones que le habían asignado transitoriamente las tareas de administración y sancionatorias a la
DIAN; particularmente, derogó el inciso 1 del artículo 44 de la ley 643 de 2001, que con la reforma de la ley 1393 de
2010, establecía, como ya se dijo, que las sanciones por evasión de los derechos de explotación y gastos de
administración en el orden nacional, estaban en cabeza de la DIAN.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18

Radicación: 25000234100020140086801
Demandante: Blanca Ligia Benavides González

43 y 44 de la ley 643 se trasladó a COLJUEGOS, por lo que este cargo no está
llamado a prosperar.

II.3.3. En cuanto al segundo cargo, que el demandante lo plantea como
vulneración de norma superior, con ocasión de la presunta falta de
competencia del Gerente de Proceso Control a las Operaciones Ilegales de
COLJUEGOS y el supuesto incumplimiento de las normas de delegación,
tampoco está llamado a prosperar, como se pasa a explicar.

Establecido entonces que COLJUEGOS si tenía la competencia para fiscalizar y
sancionar por la conducta de operaciones de juegos de suerte y azar sin la
autorización, basta con revisar las funciones asignadas al Gerente de Proceso
Control a las Operaciones Ilegales, para concluir que si tenía competencia para
adelantar la actuación administrativa que finalizó con la expedición de los actos
administrativos aquí acusados.

Entre las funciones asignadas a esta Gerencia mediante la Resolución 355 del
16 de abril de 2013, vigente para la fecha en que se inició la actuación
administrativa se asignó la siguiente: “Coordinar de la realización de los
procesos investigativos y sancionatorios referentes a operaciones ilegales de
juegos de suerte y azar, para lo cual podrá expedir autos de apertura, autos
comisorios, ordenar la práctica de diligencias o pruebas, adelantar los
procedimientos relacionados con la "cadena de custodia", cierre provisional de
establecimientos, retiro de equipos y/o elementos de juego presuntamente
ilegales, ordenar la notificación de actos administrativos expedidos por la
Gerencia, remisión de los informes penales a la Fiscalía General de la Nación,
oficios de inicio de investigación por sanciones o multas, analizar los
descargos, expedir las resoluciones de decomiso, destrucción e imposición de
multas, atención de la gestión de interposición y resolución de Recursos,
ejecutoria del actos administrativos, remisiones a Cartera, y traslado de los
expedientes a cobro coactivo en lo de competencia de la gerencia a su cargo.

Entonces, con base en esta función, resulta claro concluir que el Gerente si
tenía competencia para adelantar la actuación administrativa y expedir los
actos administrativos acusados, por lo que se reitera este cargo tampoco está
llamado a prosperar.

Ahora bien, en cuanto al argumento que el auto mediante el cual se comisionó
a unas personas para realizar diligencia en el establecimiento de la
demandante, evidentemente se confunde el concepto de delegación, con una
actuación natural a una actuación administrativa de esta naturaleza,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19

Radicación: 25000234100020140086801
Demandante: Blanca Ligia Benavides González

consistente en comisionar a unas personas que prestaban sus servicios a la
Gerencia para atender una diligencia dentro de la actuación administrativa.

La delegación, como se define en el artículo 9 de la ley 489 es la transferencia
de funciones que realiza una autoridad administrativa a sus colaboradores o a
otras autoridades con funciones afines o complementarias, para lo cual, se
debe expedir un acto administrativo de “delegación”.

Por contera, en toda actuación administrativa se debe surtir una etapa previa
de investigación, para ello, las autoridades administrativas y en particular la
persona que provisionalmente tiene asignada la función de dirigir el órgano
encargo de ello, puede comisionar, que no es otra cosa diferente a confiarle a
personas que prestan los servicios, adelantar diligencias o cualquier otro tipo
de actividad que permita identificar las conductas presuntamente son
constitutivas de infracción para después estudiar si procede o no imponer la
sanción.

Entonces, no es acertado como lo plantea el demandante entender que cuando
se adelanta una investigación, y se confía a algunas personas que prestan
servicios al órgano encargado de hacerlo, exista un acto de delegación en los
términos de la ley 489.

II.3.4. La Sala no condenará en costas comoquiera que las mismas no
aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en
el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del
CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.

En conclusión, la Sala confirmará en todas sus partes la decisión de primera
instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de octubre de 2015, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20

Radicación: 25000234100020140086801
Demandante: Blanca Ligia Benavides González

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON
Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado (E)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.