Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2014-01041-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2014-01041-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2014-01041-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 25000 23 41 000 2014 01041 01
Demandante: Gtech Foreign Holding Corporation Sucursal Colombia
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Endeudamiento externo. Obligación de canalizar divisas a través del
mercado cambiario. Causales de extinción autorizadas por el régimen
cambiario.
Decisión: Confirmar la sentencia del 17 de septiembre de 2015, dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
“B”, que denegó las pretensiones de la demanda.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala se pronuncia sobre el recurso de apelación interpuesto por la sociedad GTECH
FOREIGN HOLDING CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA contra la sentencia del
17 de septiembre de 2015, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “B” que denegó las pretensiones de la demanda y condenó
en costas a la parte actora.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
GTECH FOREIGN HOLDING CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA, por intermedio
de apoderado judicial, presentó demanda1 en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en contra de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales3, en la cual formuló las siguientes pretensiones:
3.1 Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
• Resolución número 1-03-241-433-601-224-1264 del 23 de septiembre de 2013, por
medio de la cual la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de
Aduanas de Bogotá, impuso sanción cambiaria por un valor de seiscientos doce
millones ciento sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho pesos ($612.168.658).
• Resolución número 03-236-408-610-1015 de 23 de diciembre de 2013, a través de la
cual la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá,
resolvió el Recurso de Reconsideración presentado contra la resolución 11-03-241-433-
601-224-1264 del 23 de septiembre de 2013 confirmándola en todas sus partes.
3.2 Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se
exima de cancelar la sanción impuesta por la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá a
1
La demanda fue radicada el 26 de junio de 2014. Folios 2 a 39 del cuaderno 1 del expediente digitalizado que obra
en el índice 33 Samai.
2 En adelante, CPACA.
3 En adelante, DIAN.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicado: 25000 23 41 000 2014 01041 01
Demandante: Gtech Foreign Holding Corporation Sucursal Colombia
Demandado: DIAN
GTECH FOREIGN HOLDING CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA4 (mayúsculas
sostenidas y negritas del texto original).
1.2. Hechos probados
De acuerdo con los planteamientos de las partes y las pruebas obrantes en el expediente,
la controversia tiene origen en los siguientes hechos:
1.2.1. El 22 de agosto de 2006, GTECH FOREIGN HOLDING CORPORATION
SUCURSAL COLOMBIA presentó declaración de importación respecto de unos equipos
utilizados en su operación. En la factura GM-06-010 del 5 de mayo de 20065, por valor
de 350.272 dólares, con la cual se nacionalizaron los bienes importados, se consignó la
leyenda “value for customs purposes only”, con el fin de indicar que su valor era solo para
efectos aduaneros.
1.2.2. El 9 de marzo de 2007, la parte actora informó al Banco de la República un
endeudamiento externo, en el cual, en la casilla “Descripción del préstamo”, señaló como
“código propósito del préstamo” el “11 - Bienes de utilización inmediata e intermedios” y
como valor contratado la suma de 347.312 dólares de los Estados Unidos de América6.
1.2.3. El 28 de junio de 2011 la Directora de Administración y Finanzas de GTECH
sucursal México indicó: “confirmamos que GTECH FOREIGN HOLDING
CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA no tiene ninguna obligación pendiente con
GTECH CORPORATION SUCURSAL Mexico a junio 28 de 2011. El saldo actual en
nuestros registros entre estas dos entidades es cero”7.
1.2.4. El 21 de julio de 2011 GTECH FOREIGN HOLDING CORPORATION SUCURSAL
COLOMBIA solicitó al Banco de la República la cancelación del endeudamiento externo
debido a que “la compañía del exterior no reconoce la existencia por castigo de esta
cuenta por cobrar…”8. Para soportar la cancelación del registro aportó la certificación
suscrita por la Revisoría Fiscal de la actora en la que se señala “La cuenta PUC 2210
“Del Exterior”, no auditada, indica que la sucursal, no posee obligaciones con GTECH
Corporation – Sucursal México, al 30 de junio de 2011”9.
1.2.5. Mediante comunicación DCIN-17225 del 16 de agosto de 2011 el Jefe de Registro
y Procesos Cambiarios del Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la
República le informó al representante legal de GTECH FOREIGN HOLDING
CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA haber tomado nota de la solicitud de anulación
del préstamo externo 0200703100910.
1.2.6. Por comunicación DCIN-19890 del 19 de septiembre de 2011 el Director de
Cambios Internacionales del Banco de la República informó al Subdirector de Gestión de
Control Cambiario (A) de la DIAN que GTECH FOREIGN HOLDING CORPORATION
SUCURSAL COLOMBIA solicitó la cancelación de un endeudamiento externo sin atender
el procedimiento señalado en el artículo 23 de la Resolución 8 de 2000 de la Junta
Directiva del Banco de la República11.
4 Folio 16 del cuaderno 1 del expediente digitalizado que obra en el índice 33 Samai.
5 Folio 46 del cuaderno de antecedentes administrativos del expediente digitalizado que obra en el índice 33 Samai.
6
Folio 43 ibidem.
7 Folio 24 ibidem.
8 Folio 5 ibidem.
9 Folio 47 ibidem.
10 Folio 4 ibidem.
11 Folio 6 ibidem.
2
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Demandante: Gtech Foreign Holding Corporation Sucursal Colombia
Demandado: DIAN
1.2.7. La DIAN el 12 de diciembre de 2012 expidió acto de formulación de cargos 1-03-
248-427-301-24-1735 en el que la Jefe de División de Gestión de Control Cambiario
propuso que se le imponga a GTECH FOREIGN HOLDING CORPORATION SUCURSAL
COLOMBIA una multa por valor de seiscientos doce millones ciento sesenta y ocho mil
seiscientos cincuenta y ocho pesos ($612.168.658)12.
1.2.8. GTECH FOREIGN HOLDING CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA dio
respuesta al acto de formulación de cargos alegando la inexistencia de la obligación de
pago y la indebida imputación de la infracción por parte de la DIAN13.
1.2.9. El 29 de enero de 2013 el proveedor del exterior emitió una certificación en la que
manifestó:
Dando alcance a la certificación emitida el día 28 de junio de 2011, mediante la cual se
indica que GTECH FOREIGN HOLDING CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA Foreign
Holdings Corp - Sucursal Colombia no tiene ninguna obligación con GTECH FOREIGN
HOLDING CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA Mexico, S.A de C.V, me permito
aclarar que lo anterior se debe a que la factura del 5 de mayo de 2006 número GM-06-010
se emitió para efectos aduaneros como consta en la referida factura, por lo tanto la
obligación de pago nunca existió y en consecuencia GTECH Mexico SA de CV nunca
registró una cuenta por cobrar14.
1.2.10. Mediante la Resolución 1014 del 29 de julio de 2013 la DIAN ordenó adelantar
una visita administrativa a las instalaciones del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, con el objeto de solicitar copia de la Licencia de Importación 20045236 del 27
de julio de 2006, otorgada a la sociedad GTECH FOREIGN HOLDING CORPORATION
SUCURSAL COLOMBIA15.
1.2.11. Según acta de hechos 136-07 del 16 de septiembre de 2013, en la visita realizada
a las instalaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la DIAN obtuvo copia
del registro de importación en línea LIC-20045236-27072006 en el que en la casilla 20
referida a la clase y condiciones del reembolso se diligenció que el mismo sería
“reembolsable dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de conocimiento de
embarque”, por un valor total de “347312.00”16.
1.2.12. Mediante la Resolución 1-03-241-433-601-224-1264 del 23 de septiembre de
2013 la Jefe de División de Gestión de Liquidación de la DIAN impuso multa contra
GTECH FOREIGN HOLDING CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA por valor de
seiscientos doce millones ciento sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho pesos
($612.168.658) por extinguir obligaciones por medios diferentes a los autorizados por el
régimen cambiario17.
1.2.13. GTECH FOREIGN HOLDING CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA
interpuso recurso de reconsideración18 contra la Resolución 1-03-241-433-601-224-1264
del 23 de septiembre de 2013 en el que expuso los siguientes argumentos:
(i) Falsa motivación, en la medida en que el párrafo 8 de la Circular DCIN 83 del Banco
de la República no solo no resulta aplicable al caso concreto, sino que además lo
12 Folios 92 a 94 cuaderno de antecedentes administrativos que obra en el índice 33 Samai.
13
Folios 97 a 103 ibidem.
14 Folio 109 ibidem.
15 Folios 132 a 135 ibidem.
16 Folios 139 a 142 ibidem.
17 Folios 147 a 155 ibidem.
18 Folios 176 a 165 ibidem.
3
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Demandado: DIAN
señalado por la DIAN no se encuentra vigente, por haber sido modificado por la Circular
Reglamentaria Externa DCIN 83 del 22 de diciembre de 2010, publicada en el Boletín 036
del 23 de diciembre de 2010.
(ii) Inexistencia de la obligación de pago, con fundamento en la certificación expedida por
el proveedor extranjero, en la que se indica que la factura GM-06-010 del 5 de mayo de
2006 fue emitida únicamente para efectos aduaneros, que la obligación de pago nunca
existió y que no se registró cuenta por cobrar alguna.
1.2.14. Con Resolución 03-236-408-610-1015 del 23 de diciembre de 201319 la jefe
División de Gestión Jurídica de la DIAN resolvió el recurso de reconsideración y confirmó
la Resolución 1-03-241-433-601-224-1264 del 23 de septiembre de 2013.
1.3. Normas invocadas como infringidas y concepto de la violación
1.3.1. GTECH FOREIGN HOLDING CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA, invocó
como violados los artículos 29 y 228 de la Constitución Política; el numeral 5.1.7 de la
Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 del Banco de la República; el artículo 23 de la
Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, y el
artículo 25 del Decreto 2245 de 2011.
1.3.2. En el concepto de la violación expuso los siguientes cargos:
1.3.2.1. Violación del artículo 29 de la Constitución Política
Sostuvo que el objeto del debate consiste en determinar si la inexistencia de una
obligación de pago al exterior infringió el artículo 23 de la Resolución 8 de 2000 de la
Junta Directiva del Banco de la República y el numeral 5.1.7 de la Circular Reglamentaria
Externa DCIN-83 del Banco de la República.
Afirmó que GTECH FOREIGN HOLDING CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA
nunca contrajo una obligación de pago al exterior, pues, a pesar de que la factura con la
que se nacionalizó la mercancía señalaba expresamente que se trataba de una “factura
para efectos aduaneros”, por un error involuntario la compañía registró una cuenta por
pagar e informó un endeudamiento externo que, tras la confirmación del proveedor en el
sentido de que la obligación nunca existió, fue reversado contable y tributariamente, así
como cancelado ante el Banco de la República.
Indicó que el reconocimiento de una cuenta por pagar y la declaración de un
endeudamiento externo no implican la existencia de la obligación de pago, en la medida
en que el proveedor nunca reconoció una cuenta por cobrar ni exigió el pago de las sumas
correspondientes al valor de los bienes importados. Lo anterior fue confirmado y ratificado
por dicho proveedor mediante las certificaciones del 28 de junio de 2011 y 29 de enero
de 2013.
Aclaró que, con base en la certificación del 28 de junio de 2011, la sociedad procedió a
reversar contablemente la operación y a cancelar el endeudamiento externo, lo cual no
implica que hubiese extinguido una obligación por medios no autorizados por el régimen
cambiario, como lo sostiene la DIAN, debido a que no era posible extinguir una obligación
que nunca existió.
19 Folios 176 a 188 cuaderno de antecedentes administrativos que obra en el índice 33 Samai.
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Reprochó que la DIAN le impuso la sanción prevista en el numeral 3 del artículo 3 del
Decreto 2245 de 2011, que establece: “por extinguir obligaciones sujetas a obligatoria
canalización por medios diferentes a los autorizados por el régimen cambiario, se
impondrá una multa del ciento por ciento (100 %) del monto extinguido”, a pesar de que
en la actuación administrativa se controvirtió mediante argumentos jurídicos y pruebas
documentales la posición de la autoridad, entre las que citó:
(i) La factura GM-06.010 del 5 de mayo de 2006, soporte de la declaración de importación,
en la que se indica que fue emitida para efectos aduaneros.
(ii) El documento del 28 de junio de 2011, mediante el cual el proveedor certificó que la
sucursal no tenía obligaciones pendientes.
(iii) La certificación del revisor fiscal del 22 de julio de 2011, según la cual la sucursal no
registra obligaciones con el proveedor de los bienes.
(iv) La certificación apostillada del proveedor del 29 de enero de 2013, en la que consta
que la obligación de pago nunca existió.
(v) La certificación del revisor fiscal del 30 de enero de 2013, en la que se indica que la
sucursal registró un ingreso contable y que, por dicho ingreso, pagó impuesto de renta,
por lo que no se generó perjuicio alguno al Estado.
Sostuvo que, la DIAN no valoró en conjunto las pruebas allegadas conforme a las reglas
de la sana crítica, lo que vulneró el derecho de defensa de la actora e implicó una falsa
motivación.
1.3.2.2. Violación al numeral 5.1.7 de la Circular Reglamentaria Externa DCIN - 83 del
Banco de la República. Falsa motivación.
Afirmó que el numeral 5.1.7 de la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 del Banco de
la República establece que el deudor no está obligado a efectuar el pago de un
endeudamiento externo cuando se demuestre, por ejemplo, la inexistencia de la
obligación, sin indicar cuáles son los medios probatorios para acreditar dicha
circunstancia. Precisó que la norma únicamente dispone que tales situaciones deben
acreditarse ante la autoridad de control, lo cual fue efectivamente realizado por GTECH
FOREIGN HOLDING CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA.
Con base en lo anterior, señaló que la DIAN se extralimitó en sus funciones al señalar
que la inexistencia de la obligación no podía demostrarse mediante registros contables,
por cuanto tal restricción no se encuentra prevista en la norma. Asimismo, indicó que la
disposición tampoco exige acreditar las razones por las cuales no se atendió la obligación
ni los motivos que tuvo GTECH México Ltda., para concluir que la demandante no tenía
obligaciones pendientes de pago.
Indicó que la DIAN en el acto administrativo sancionatorio señaló que “La única manera
de extinguir una obligación cambiaria es canalizando el pago de la misma a través del
mercado cambiario, a excepción de que el exportador en el exterior otorgue por la
importación descuentos por defecto de la mercancía, pronto pago o por volumen de
compras, siempre y cuando se trate del mismo proveedor y de prestaciones periódicas,
lo cual debe justificarse y probarse”.
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Al respecto precisó que el párrafo 8 de la Circular DCIN 83 del Banco de la República no
solamente no es aplicable al caso concreto, sino que además lo que señala la DIAN no
se encontraba vigente, pues fue modificado por la Circular Reglamentaria Externa DCIN
83 del 22 de diciembre de 2010. El inciso vigente establece:
Los importadores podrán canalizar a través del mercado cambiario pagos por montos
superiores o inferiores al valor de la mercancía nacionalizada según la respectiva
declaración de importación, siempre y cuando estas diferencias se presenten por razones
justificadas, como sucede, entre otros, en los siguientes casos: (i) mercancía embarcada
sin haber sido nacionalizada; (ii) decomisos administrativos; (iii) abandonos de mercancía
a favor del Estado; (iv) mercancía averiadas y descuentos por defecto de la mercancía,
pronto pago o volumen de compras.
Arguyó que de lo anterior se desprende que la norma vigente consagra un supuesto
distinto al señalado en la resolución demandada, en la medida en que regula la posibilidad
de que los importadores paguen valores superiores o inferiores al declarado en la
declaración de importación, sin que las causas para ello sean taxativas, siempre que las
diferencias se encuentren debidamente justificadas.
Aclaró que en todo caso en el caso sub examine no se discute si GTECH FOREIGN
HOLDING CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA, pagó más o menos del valor
declarado en aduanas, sino que el debate se centra en que la sociedad canceló el registro
de endeudamiento externo ante el Banco de la República, por cuanto la obligación de
pago nunca existió.
Adicionalmente, alegó que la DIAN desconoció la Sección 5.1.7 de la Circular
Reglamentaria Externa DCIN-83 de 2011 del Banco de la República al afirmar que la
única forma de extinguir una obligación cambiaria es mediante la canalización del pago
a través del mercado cambiario. Destacó que párrafo segundo de dicha disposición prevé
que en situaciones que impidan o hayan impedido jurídicamente el cumplimiento de la
obligación de pago —como fuerza mayor, caso fortuito, inexistencia o inexigibilidad, entre
otras— no resulta exigible la canalización a través del mercado cambiario.
Resaltó que, en el presente caso, la obligación de pago no existió material ni
sustancialmente, aun cuando, por un error involuntario, se hubiese declarado
aduaneramente como importación reembolsable y reportado al Banco de la República
como endeudamiento externo.
Mencionó que, el certificado del revisor fiscal del 30 de enero de 2013 acreditó el
tratamiento tributario otorgado a la operación, en tanto se registró una renta líquida por
la recuperación de deducciones, conforme al Estatuto Tributario, lo que evidencia la
inexistencia de la obligación. En ese sentido, dicho tratamiento resultó coherente, pues
de haber existido la obligación no habría sido posible reconocer deducción alguna en el
impuesto de renta.
Indicó que, frente a esta prueba, la DIAN sostuvo que el revisor fiscal certificó un castigo
de cartera, lo cual constituye un yerro, en la medida en que la sociedad no podía castigar
una cartera inexistente, dado que no existía cuenta por cobrar a favor de GTECH
FOREIGN HOLDING CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA.
En ese contexto, concluyó que la DIAN desconoció que la obligación nunca existió y, por
ende, no pudo ser extinguida por medios no autorizados. En términos lógicos, no es
posible extinguir lo que jurídicamente no ha nacido.
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Finalmente, señaló que la sociedad se encontraba jurídicamente imposibilitada para
efectuar el pago de una obligación inexistente, pues de haberlo hecho se habría
configurado un pago sin causa jurídica y, correlativamente, un enriquecimiento sin causa
a favor del proveedor o supuesto acreedor.
1.3.2.3. Violación del artículo 228 de la Constitución Política y de los Artículos 10 y 23 de
la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República por
indebida aplicación.
Explicó que los artículos 10 y 23 de la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva
del Banco de la República establecen la obligación de canalizar divisas a través del
mercado cambiario únicamente en operaciones de obligatoria canalización, lo cual
presupone la existencia de una operación comercial. En el presente caso, dicha condición
no se cumple, toda vez que la obligación de pago es inexistente e inexigible, en la medida
en que el proveedor del exterior no registró cuenta por cobrar en su contabilidad y,
además, consignó en la factura de nacionalización que su valor tenía efectos
exclusivamente aduaneros.
Adujo que la DIAN no debió considerar como hecho generador de la investigación
cambiaria la cancelación del registro de endeudamiento externo, sino, en su caso, el
registro mismo, en la medida en que este se realizó sin existir obligación de hacerlo,
circunstancia que, en todo caso, tampoco configura infracción al régimen cambiario.
Sostuvo que, conforme al artículo 228 de la Constitución Política, debe prevalecer lo
sustancial sobre lo formal. En ese sentido, lo sustancial en el caso es la inexistencia de
la obligación, determinada por las propias partes y ratificada por el proveedor, quien
reconoció que esta nunca existió y, por tanto, resultaba inexigible. Lo formal corresponde
a los errores involuntarios consistentes en declarar la importación como reembolsable,
registrar contablemente una cuenta por pagar e informar un endeudamiento externo sin
estar obligado a ello.
Finalmente, insistió en que la DIAN pretendió exigir la canalización de divisas por el
mercado cambiario respecto de una suma no debida, lo que no solo desconoce la realidad
económica de la operación, sino que además podría dar lugar a un enriquecimiento sin
causa a favor del proveedor extranjero.
1.3.2.4. Indebida imputación de la infracción por parte de la DIAN – violación al debido
proceso - Falsa motivación.
Esgrimió que, a través de los actos demandados, la DIAN señaló que la infracción
atribuida a la actora corresponde a la prevista en el numeral 3 del artículo 3 del Decreto
2245 de 2011, según el cual se sanciona “por extinguir las obligaciones sujetas a
obligatoria canalización por medios diferentes a los autorizados por el régimen
cambiario”.
Destacó que el bien jurídico tutelado en este tipo de conductas es la canalización de
divisas a través del mercado cambiario, cuando se trate de operaciones de obligatoria
canalización. En ese sentido, la expresión “medios diferentes” alude a la realización del
pago por fuera del mercado cambiario, por ejemplo, mediante recursos del mercado libre
o en efectivo, pese a existir una obligación sujeta a canalización.
Para la actora, la norma presupone, en todo caso, la existencia de una obligación exigible
que posteriormente es extinguida sin la debida canalización. Por ello, la inexistencia de
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la obligación no puede subsumirse en la noción de “medio diferente”, en la medida en
que, si no hay obligación, no hay pago ni giro susceptible de canalización.
En consecuencia, precisó que la infracción invocada por la DIAN solo sería aplicable si
GTECH FOREIGN HOLDING CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA, hubiera
cancelado una obligación existente mediante recursos propios o de terceros, sin canalizar
el pago a través del mercado cambiario. En ese evento sí se configuraría la extinción de
una obligación sujeta a canalización por un medio no autorizado.
De otra parte, advirtió que en algunos apartes de la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración la DIAN reprodujo de manera literal consideraciones contenidas en otros
actos administrativos expedidos en contra de la misma sociedad. Por ejemplo, afirmó que
la empresa reiteró su posición con base en el concepto del Banco de la República JDS-
03812 del 23 de febrero de 2012, el cual no corresponde al presente caso por haber sido
aportado en un trámite distinto; y sostuvo que “la condonación no puede ser considerada
como un medio diferente”, sin tener en cuenta que en el asunto bajo examen no se discute
una condonación, sino la inexistencia de la obligación de pago por no haber nacido a la
vida jurídica.
En consecuencia, señaló que, al fundamentar su decisión en supuestos fácticos ajenos
al caso concreto, la administración desconoció el artículo 29 de la Constitución Política,
en tanto un acto administrativo debe sustentarse en los hechos efectivamente debatidos
dentro de la actuación correspondiente.
II. TRÁMITE DE LA DEMANDA
2.1. Mediante auto del 8 de julio de 201420, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “B”, admitió la demanda y ordenó correr traslado a la DIAN.
2.2. La DIAN21 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones con base en los
siguientes argumentos:
2.2.1. El objeto del debate consiste en determinar si la obligación de pago al exterior
contraída por la sociedad GTECH FOREIGN HOLDING CORPORATION SUCURSAL
COLOMBIA, respecto del endeudamiento externo 02007031009 del 9 de marzo de 2007,
puede considerarse inexistente, de conformidad con el numeral 5.7.1 de la Circular
Reglamentaria Externa DCIN-83 del Banco de la República.
2.2.2. No es cierto que la DIAN haya determinado cuáles son los medios probatorios
idóneos para demostrar la inexistencia de la obligación cambiaria; lo que ocurrió fue que
las pruebas allegadas por el actor evidenciaron la configuración de la infracción por la
cual fue sancionada la sociedad, así:
(i) Existió una operación de comercio exterior —importación— con sticker
07500290032979 del 22 de agosto de 2006, en la cual, en la casilla 67, se consignó el
código 01, esto es, reembolsable, y en la casilla 68 la forma de pago código 02,
correspondiente a giro directo. Respecto de las declaraciones de importación, aclaró que
estas adquieren levante conforme a los datos declarados por el importador, en tanto
reflejan de manera clara y precisa la operación realizada.
20 Folios 88 a 90 del cuaderno 1 del expediente digitalizado que obra en el índice 33 Samai.
21 Folios 112 a 119 del cuaderno 1 del expediente digitalizado que obra en el índice 33 Samai.
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Demandado: DIAN
(ii) En la visita administrativa realizada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se
obtuvo copia de la Licencia de Importación 20045236 del 27 de julio de 2006, otorgada a
GTECH FOREIGN HOLDING CORPORATIO SUCURSAL COLOMBIA, en la que consta
que se trató de una importación ordinaria, sujeta a régimen previo por tratarse de
mercancía usada y reembolsable dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha del
conocimiento de embarque. Dicho documento fue aprobado por la autoridad competente
mediante el correspondiente visto bueno.
(iii) Se registró el endeudamiento externo 02007031009, radicado el 9 de marzo de 2007,
informado al Banco de la República y sujeto a reembolso, lo cual implica la declaración
de una obligación que afecta la balanza cambiaria y, por ende, el orden público
económico.
(iv) La factura GM-06.010 del 5 de mayo de 2006, soporte de la operación de comercio
exterior, aunque contiene la expresión “value customs purposes only”, no permite concluir
que produzca efectos distintos en el ámbito aduanero o tributario. En ese sentido, la
consideración de que la mercancía no era reembolsable no exonera su correcta
declaración dentro del régimen aduanero aplicable, el cual establece requisitos, formas y
términos diferenciados, como ocurre en el caso de donaciones o importaciones sin valor
comercial.
(v) La certificación de la firma Ernst & Young de fecha 26 de noviembre de 2012 expedida
para el asunto IM20112012659 de la DIAN, señala:
(…) mediante comprobante de contabilidad número 0016479 del 19 de septiembre de 2006
se registró la factura No. GM- 06-010 del 5 de mayo de 2006 por US $350.272
correspondiente a la compra de terminales de interfaz a GTECH FOREIGN HOLDING
CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA Corporation Sucursal Mexico, como se detalla a
continuación...
Adicionalmente, manifestaciones de la Gerencia del 26 de noviembre de 2012, indican que
la causa de la extinción de la deuda fue UN COMUN ACUERDO entre GTECH Corporation
Sucursal Mexico y GTECH Sucursal Colombia y que esta deuda fue castigada mediante el
comprobante de contabilidad Número 0035374 del 5 de julio de 2011, como se detalla a
continuación (…)”.
(vi) La certificación del proveedor del 28 de junio de 2011 indica: “(...) Le escribimos en
respuesta a su amable solicitud y confirmamos que GTECH FOREIGN HOLDING
CORPORATION, sucursal Colombia, no tiene ninguna obligación pendiente con GTECH
Sucursal México a junio 28 de 2011. El saldo actual en nuestros registros entre las dos
entidades es cero”.
Frente a esta prueba, la DIAN advirtió que en ella no se estableció que la obligación no
haya existido; por el contrario, lo que podría inferirse es que, aun existiendo obligaciones,
estas ya habrían sido canceladas.
(vii) En cuanto a la certificación “dirigida a quien corresponda” del 29 de enero de 2013,
en la que se indicó: “(...) me permito aclarar que la factura del 5 de mayo de 2006 número
GM-06-010 se emitió para efectos aduaneros; por lo tanto, la obligación de pago nunca
existió y, en consecuencia, GTECH México S.A. de C.V. nunca registró cuenta por cobrar
(...)”, la DIAN destacó que resultó más persuasivo el conjunto del acervo probatorio
previamente referido que una prueba expedida con posterioridad a la formulación de los
cargos.
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Demandado: DIAN
2.2.3. En relación con la imposibilidad de dar cumplimiento a la obligación en los eventos
previstos por el régimen cambiario (fuerza mayor, caso fortuito, inexistencia o
inexigibilidad, entre otros), la demandada afirmó que la carga probatoria no consiste en
acreditar contablemente o a nivel corporativo el procedimiento interno mediante el cual la
sociedad dio por terminada la obligación, sino en demostrar las razones que justificaron
la inejecución del pago.
En ese sentido, la sociedad GTECH FOREIGN HOLDING CORPORATION SUCURSAL
COLOMBIA, debió acreditar los motivos por los cuales GTECH México Ltda. habría
concluido que no existía obligación pendiente, lo cual no se desprende ni de la
certificación del revisor fiscal ni de la comunicación del proveedor, en tanto en ellas no se
expusieron las razones exigidas por el régimen cambiario para acreditar la imposibilidad
jurídica del pago. Más aún, cuando la propia empresa informó que la extinción de la
supuesta deuda obedeció a un mutuo acuerdo.
2.2.4. Tampoco le asiste razón al demandante al afirmar que la sección 5.1.7 de la
Circular Reglamentaria DCIN-83 no consagra de manera taxativa las causales que
justifican la no canalización de divisas, pues si bien utiliza la expresión “entre otras”, ello
no exime la obligación de demostrar la ocurrencia de la causal invocada. En efecto, aun
tratándose de situaciones como la fuerza mayor, estas deben ser acreditadas para que
puedan ser reconocidas como justificación válida dentro del régimen cambiario.
2.2.5. En esa medida, si la sociedad pretendió enmarcar la inexistencia de la deuda
dentro de las causales previstas en la norma, debió acreditar de manera suficiente las
razones que sustentaron dicha conclusión. Sin embargo, en el presente caso no se
pusieron en conocimiento de la autoridad los motivos que justificaron la extinción de la
supuesta obligación por mecanismos no contemplados en el régimen cambiario, ni se
demostró ninguna de las causales que habilitan la cancelación del endeudamiento
externo.
2.3. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 180 del CPACA, el despacho
sustanciador del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
“B”, celebró audiencia inicial el 13 de mayo de 201522, a la cual asistieron las partes
demandante y demandada y el Ministerio Público.
El Despacho fijó el litigio de la siguiente manera:
El problema jurídico dentro de la presente acción se contrae a determinar si con la
expedición de los actos administrativos contenidos en: a) Resolución No. 1-03-241-433-
601-224-1264 del 23 de septiembre de 2013 y b) Resolución No. 03-236-408-610-1015 del
23 de diciembre de 2013, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), vulneró
las normas contenidas en: los artículo 29 y 228 de la Constitución Política, el numeral 5.1.7
de la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 del Banco de la República, los artículos 10
y 23 de la Resolución Externa No. 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República,
y el artículo 25 del Decreto 2245 de 2011. Incurriendo en falsa motivación, inexistencia de
la obligación de pago, indebida aplicación normativa, indebida imputación de la infracción,
y violación del debido proceso.
El Despacho agotó las distintas etapas de la audiencia y corrió traslado para alegar de
conclusión.
22 Folios 156 a 161 del cuaderno 1 del expediente digitalizado que obra en el índice 33 Samai.
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2.4. La demandante23 y la DIAN24 presentaron escritos de alegatos de conclusión. El
Ministerio Público rindió concepto25 en el que solicitó que se negaran las pretensiones de
la demanda.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante sentencia del 17 de septiembre de 201526, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, resolvió:
1°) Deniéganse las pretensiones de la demanda.
2°) Condénase en costas a la sociedad GTECH Foreign Holdings Corporation Sucursal
Colombia, conforme a lo establecido en los artículos 392 y 393 del Código de Procedimiento
Civil aplicables por la remisión legal expresa contenida en el artículo 188 de la Ley 1437 de
2012.
3°) Por Secretaría, liquídense las costas a que haya lugar en los términos señalados en la
parte motiva de esta providencia.
4°) Notifíquese esta providencia en los términos establecidos en el artículo 203 del Código
Contencioso Administrativo.
5°) Devuélvase a la parte actora el remanente que hubiese a su favor por concepto del
depósito de expensas para atender los gastos ordinarios del proceso.
6°) Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente previas las constancias
secretariales de rigor. (negritas del texto original).
Para el Tribunal, la parte demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de
las Resoluciones 1-03-241-433-601-224-1264 del 23 de septiembre de 2013 y 03-236-
408-610-1015 del 23 de diciembre de 2013, mediante las cuales la DIAN la sancionó con
multa de seiscientos doce millones ciento sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho
pesos ($612.168.658) por extinguir un endeudamiento externo por medios distintos de
los autorizados por el régimen cambiario. Esta conclusión se fundamentó en las
siguientes consideraciones:
3.1. A partir de las pruebas recaudadas en la investigación administrativa cambiaria
adelantada por la DIAN, se estableció que la sociedad GTECH FOREIGN HOLDING
CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA, realizó una operación de endeudamiento
externo registrada como importación con sticker 07500290032979 del 22 de agosto de
2006, la cual figuró como reembolsable y con forma de pago mediante giro directo.
En la contabilidad de la sociedad demandante consta la existencia de una obligación
derivada de una operación de comercio internacional, registrada ante la DIAN, el Banco
de la República y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Tal circunstancia se
corrobora con la declaración de importación, la licencia previa, el registro del
endeudamiento, los motivos de su cancelación, la contabilidad aportada, las
certificaciones de la firma auditora y la fecha de cancelación de la obligación. En
consecuencia, el valor correspondiente debió canalizarse a través del mercado
cambiario.
23 Folios 163 a 175 del cuaderno 1 del expediente digitalizado que obra en el índice 33 Samai.
24 Folios 176 a 179 ibidem.
25 Folios 180 a 192 ibidem.
26 Folios 194 a 245 ibidem.
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3.2. Del análisis de los documentos obrantes en el expediente administrativo, advirtió que
existió endeudamiento externo y que la obligación se extinguió por acuerdo entre las
partes. La cancelación se efectuó como resultado de un castigo de cartera, registrado
mediante comprobante de contabilidad 0035374 del 7 de julio de 2011, según
certificación de la firma Ernst & Young en su calidad de revisor fiscal, con base en los
estados financieros auditados del año gravable 2011.
Asimismo, en la certificación del revisor fiscal sobre el trámite de la operación cambiaria
—aportada en el informe del representante legal suplente de la sociedad— se explicaron
los valores castigados y los movimientos por diferencia en cambio durante el período
comprendido entre septiembre de 2006 y junio de 2011. En dicho documento se indicó
que la deuda se extinguió por acuerdo entre GTECH sucursal México, y su sucursal en
Colombia, y que el castigo se registró mediante el comprobante de contabilidad 0035374
del 5 de junio de 2011.
También se tuvo en cuenta la solicitud presentada ante el Banco de la República para la
cancelación del endeudamiento externo, sustentada en una carta del proveedor del 28
de junio de 2011, la cual dio lugar al castigo de la cuenta por cobrar.
3.3. En ese orden, la obligación cambiaria derivada del endeudamiento externo se
extinguió por un medio distinto de los autorizados por el régimen cambiario, en particular
por fuera de lo previsto en el numeral 5.1.7 de la Circular Reglamentaria Externa DCIN-
83, al no haberse acreditado la canalización de la operación a través del mercado
cambiario.
3.4. No resulta procedente considerar la solicitud de cancelación presentada ante el
Banco de la República como prueba de inexistencia de la obligación de canalizar el
endeudamiento externo 02007031009. Conforme al parágrafo 2 del numeral 5.1.7 de la
Circular Reglamentaria Externa DCIN-83, las circunstancias que impidan o hayan
impedido el cumplimiento del pago deben acreditarse ante la autoridad de control y
vigilancia del régimen cambiario. En el presente caso, la sociedad únicamente informó el
trámite de la operación cuando fue requerida dentro de la investigación administrativa.
En consecuencia, aún bajo la hipótesis planteada por la demandante sobre la inexistencia
de la obligación o la exención de canalización, dicha situación debió ser oportunamente
informada y demostrada ante la DIAN.
3.5. En materia cambiaria rige un régimen de responsabilidad objetiva, por lo cual no es
procedente alegar la ausencia de culpa o la existencia de un error involuntario en el
registro de la obligación. La infracción se configura por la sola inobservancia de las
normas cambiarias, sin que se requiera la demostración de un daño o un elemento
subjetivo.
En ese sentido, destacó que tampoco prospera el argumento según el cual se trató de un
registro erróneo de una cuenta por pagar inexistente, ni su posterior reversión contable o
la cancelación del endeudamiento ante el Banco de la República, pues tales actuaciones
no desvirtúan la infracción.
Precisó que, la posterior corrección no constituye subsanación del error, sino una
modificación del registro de la operación, sin efectos retroactivos.
3.6. La imposibilidad de cumplimiento de la obligación, en los términos del régimen
cambiario, no se acredita con la sola descripción del procedimiento utilizado para la
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extinción de la supuesta deuda, sino mediante la demostración de las razones que
justifican la inejecución del pago.
En consecuencia, resaltó que la sociedad debió acreditar los motivos que sustentaron la
inexistencia o extinción de la obligación con GTECH México Ltda., lo cual no se satisface
con la certificación del revisor fiscal, especialmente cuando en ella se indicó que la
extinción obedeció a un acuerdo entre las partes.
3.7. En consecuencia, denegó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la
actora en su condición de parte vencida en esta instancia.
IV. EL RECURSO DE APELACIÓN
GTECH FOREIGN HOLDING CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA interpuso
recurso de apelación27, en el cual solicitó que se revoque la sentencia del 17 de
septiembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “B”, con base en los siguientes reparos:
4.1. La tesis del Tribunal conduce, en aras de una interpretación estricta del régimen
cambiario, a desconocer los deberes de los administradores y a propiciar un
enriquecimiento sin causa en favor de los proveedores del exterior.
En efecto, tanto la DIAN como el Tribunal pretendieron que el representante legal de
GTECH FOREIGN HOLDING CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA, incumpliera los
deberes propios de su cargo, al exigirle realizar pagos sin causa jurídica y en contravía
de la voluntad del proveedor extranjero.
4.2. Contrario a lo afirmado en la sentencia, la sociedad nunca contrajo una obligación
de pago al exterior, pues la factura con la que se nacionalizó la mercancía indicó
expresamente que se trataba de una “factura para efectos aduaneros”, lo cual excluye su
carácter como título que genere exigibilidad de pago.
4.3. En ninguna de las actuaciones la actora sostuvo que el régimen cambiario fuera de
responsabilidad subjetiva ni invocó eximentes como la culpa. Aclaró que el registro de un
endeudamiento externo, posteriormente cancelado porque el proveedor certificó que la
obligación nunca existió, no constituye alegación de error como eximente de
responsabilidad, sino la corrección de un registro efectuado equivocadamente. Aclaró
que la corrección realizada no implicó la extinción de una obligación por medios no
autorizados por el régimen cambiario.
4.4. Reprochó que, para el Tribunal, constituyen prueba suficiente de la existencia de la
obligación la clasificación de la importación como reembolsable y el registro del
endeudamiento externo. Sin embargo, dicha conclusión desconoce el acervo probatorio
que no fue valorado en conjunto conforme a la sana crítica, dentro del cual se encuentran:
(i) La factura GM-06.010 del 5 de mayo de 2006, en la que se indica que su finalidad fue
exclusivamente aduanera y que la obligación de pago era inexistente.
(ii) La certificación del proveedor del 28 de junio de 2011, en la que consta la inexistencia
de obligaciones pendientes y la ausencia de obligación de pago.
27 Folios 255 a 272 del expediente digitalizado que obra en el índice 33 Samai.
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(iii) La certificación del revisor fiscal del 22 de julio de 2011, en la que se deja constancia
de la inexistencia de obligaciones contables con el proveedor.
(iv) La certificación del proveedor del 29 de enero de 2013, en la que, en alcance de la
comunicación del 28 de junio de 2011, precisó que la factura fue emitida para efectos
aduaneros, que la obligación de pago nunca existió y que la compañía mexicana no
registró cuenta por cobrar alguna.
(v) La certificación del revisor fiscal del 30 de enero de 2013, que da cuenta del
tratamiento tributario de la operación y del reconocimiento de ingresos, sin perjuicio fiscal
para el Estado.
Destacó que el análisis integral de dichas pruebas permite concluir que la obligación de
pago no existió y, por ende, no debió registrarse como endeudamiento externo ante el
Banco de la República.
4.5. Frente al argumento del Tribunal según el cual la DIAN garantizó las distintas etapas
procesales, precisó que la controversia se centra en la indebida valoración probatoria
realizada por la administración y por el a quo, con desconocimiento del derecho de
defensa de la empresa.
4.6. Resaltó que el numeral 5.1.7 de la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 del
Banco de la República establece la obligación de canalizar las operaciones de
endeudamiento externo a través del mercado cambiario o de cuentas de compensación.
No obstante, dicha disposición admite la no canalización cuando no exista obligación
jurídica de pago, como ocurre en los eventos de inexistencia o inexigibilidad.
Mencionó que la norma también exige que tales circunstancias sean acreditadas ante la
autoridad de control. En el presente caso, la inexistencia de la obligación se encuentra
demostrada con el acervo probatorio aportado, especialmente con base en la factura y
en las certificaciones del proveedor. Sin embargo, el Tribunal omitió su valoración
conjunta.
4.7. Aclaró que no es cierto que la inexistencia de la obligación debiera informarse
previamente a la DIAN como requisito de validez. Lo exigido por la normativa es su
demostración dentro de la actuación administrativa, lo cual ocurrió en el presente caso.
Asimismo, la Circular no impone la carga de que el proveedor explique las razones de la
inexistencia de la obligación.
4.8. Conforme al artículo 228 de la Constitución Política, debe prevalecer lo sustancial
sobre lo formal. En el caso concreto, lo sustancial es la inexistencia de la obligación,
acreditada por el proveedor. Lo formal corresponde a los errores involuntarios
evidenciados en la clasificación aduanera, el registro contable y en la inscripción del
endeudamiento externo, sin existencia real de la obligación.
4.9. La infracción prevista en el numeral 3 del artículo 3 del Decreto 2245 de 2011
sanciona la extinción de obligaciones mediante medios no autorizados de canalización.
Dicha conducta presupone la existencia de una obligación válida y su pago sin
canalización de divisas. La inexistencia de la obligación excluye la configuración del tipo
sancionatorio, al no existir giro ni extinción de obligación alguna.
4.10. En consecuencia, la DIAN desconoció el numeral 5.1.7 de la Circular DCIN-83 al
no aplicar las excepciones previstas para la canalización de divisas cuando el pago es
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jurídicamente imposible. En el presente caso no existía obligación exigible, por lo que no
era procedente exigir su canalización ni imponer sanción alguna, pues ello conduciría a
un enriquecimiento sin causa y a la aplicación indebida del régimen sancionatorio
cambiario.
V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
5.1. El recurso de apelación fue admitido mediante proveído del 15 de enero de 201628.
5.2. Luego, mediante auto de 11 de diciembre de 201829, el magistrado sustanciador
corrió traslado a las partes por el término de diez (10) días para que presentaran sus
alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que rindiera concepto.
5.4.1. La DIAN presentó escrito de alegatos de conclusión30 en el que reiteró los
argumentos de la contestación de la demanda.
5.4.3. GTECH FOREIGN HOLDING CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA guardó
silencio y el Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, expedido
por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto en segunda instancia.
6.2. Actos demandados
6.2.1. La Resolución 1-03-241-433-601-224-1264 del 23 de septiembre de 2013 expedida
por la jefe de División de Gestión de Liquidación de la DIAN, resuelve lo siguiente:
ARTICULO PRIMERO: Imponer a la sociedad GTECH FOREIGN HOLDING
CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA con NIT 830.065.974-9, una multa a favor de la
Nación Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por la suma de SEISCIENTOS
DOCE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
PESOS ($612,168,658), por violación a lo establecido en los artículos 10 y 23 de la
Resolución 8 del 5 de mayo de 2000 y su modificación resolución externa 2 del 17 de
diciembre de 2010 de la Junta Directiva del Banco de la República, en concordancia con el
numeral 5.1.7 de la Circular Reglamentaria DCIN 83 de 24 de febrero de 2011 y sus
modificaciones del Banco de la República, por extinguir obligaciones por medios diferentes
a los autorizados por el régimen cambiario, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
ARTICULO SEGUNDO: Informar que la sanción se reducirá al 75% si se cumplen los
requisitos del numeral 3 del artículo 23 del Decreto 2245 de 2011.
ARTICULO TERCERO: Notificar por correo esta resolución a la sociedad GTECH
FOREIGN HOLDING CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA con NIT 830.065.974-9, a
través de su apoderado especial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del
Decreto 2245 de 2011.
28 Folio 6 del cuaderno 2 de expediente digitalizado y que obra en el índice 33 de Samai.
29 Folio 55 ibidem.
30 Folios 61 a 65 ibidem.
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Demandado: DIAN
ARTICULO CUARTO: Informar que contra la presente Resolución procede recurso de
reconsideración, el cual deberá dirigirse a la División de Gestión Jurídica de la Dirección
Seccional de Aduanas de Bogotá y radicarse en el Grupo Correspondencia y Notificaciones
de la División Gestión Administrativa y Financiera de esta Dirección, dentro del mes
siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto
2245 de 2011.
ARTICULO QUINTO: Remitir copia en firme de la presente providencia, por parte del Grupo
Correspondencia y Notificaciones de la División de Gestión Administrativa y Financiera a la
División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes
Contribuyentes, para que inicie el respectivo proceso de cobro.
ARTICULO SEXTO: Archivar el expediente No. 119120112012659, una vez se incorpore
copia ejecutoriada de la presente providencia31 (mayúsculas sostenidas del texto original).
6.2.2. La DIAN a través de la Resolución 03-236-408-610-1015 del 23 de diciembre de
2013, suscrita por la jefe División de Gestión Jurídica, resolvió:
ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución. No. 1-03-241-
433-601-224-1264 del 23 de septiembre de 2013 proferida por la División de Gestión de
Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, de conformidad en las
razones expuestas en la parte motiva de la presente Resolución.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al
doctor NICOLAS POTDEVIN STEIN, en calidad de apoderado especial de la sociedad
GTECH FOREIGN HOLDING CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 2245 de 2011 en concordancia con el articulo
19 ibidem.
ARTICULO TERCERO: REMITIR por el G.l.T Notificaciones y Correspondencia una vez
notificada la presente providencia, copia de la misma y de la Resolución impugnada a la
División de Gestión Control Cambiario para lo de su conocimiento y a la División de Gestión
de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, para que se inicie el
respectivo proceso de cobro.
ARTICULO CUARTO: ARCHIVAR el Expediente No. IM 2011 2012 659 una vez
ejecutoriado el presente acto administrativo por parte de esta División de Gestión Jurídica.
ARTICULO QUINTO: CONTRA el presente acto administrativo no precede recurso
alguno32 (mayúsculas sostenidas y negritas del texto original).
6.3. Análisis del caso
6.3.1. La parte actora solicitó la nulidad de las Resoluciones 1-03-241-433-601-224-1264
del 23 de septiembre de 2013 y 03-236-408-610-1015 del 23 de diciembre de 2013,
expedidas por la DIAN, al considerar que no es cierto que hubiera extinguido un
endeudamiento externo por medios distintos de los autorizados por el régimen cambiario;
precisó que la obligación no se extinguió, por cuanto nunca existió.
Para la DIAN, la declaración de importación, la licencia previa, el registro del
endeudamiento externo, los motivos de su cancelación, la contabilidad aportada, las
certificaciones de la firma auditora y la fecha de cancelación del registro para efectos
31 Folios 147 a 155 cuaderno de antecedentes administrativos del expediente digitalizado que obra en el índice 33
Samai.
32 Folios 176 a 188 ibidem.
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estadísticos —aproximadamente cinco (5) años después— corroboran que la operación
existió en los términos en que fue registrada ante la DIAN, el Banco de la República, el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y en la contabilidad de la empresa.
Según la entidad demandada, aunque por decisiones internas las empresas dieron de
baja la deuda, al no configurarse ninguna de las excepciones previstas en la normativa
aplicable para su cancelación, la sociedad GTECH FOREIGN HOLDING
CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA incumplió los requisitos establecidos para
extinguir válidamente la obligación cambiaria; en consecuencia, concluyó que esta fue
extinguida por un medio distinto de los autorizados.
Por su parte, el Tribunal consideró que las pruebas acreditan la existencia de un
endeudamiento externo registrado ante las autoridades competentes, el cual, pese a que
debió canalizarse a través del mercado cambiario, fue extinguido por acuerdo entre las
partes mediante un castigo de cartera no demostrado por la sociedad demandante.
Asimismo, el a quo sostuvo que ni la corrección contable ni la solicitud de cancelación del
registro ante el Banco de la República desvirtúan la infracción, en tanto la sociedad no
acreditó oportunamente las razones que justificaran la imposibilidad de cumplir la
obligación ni informó tales circunstancias a la autoridad cambiaria. Finalmente, destacó
que no es válido alegar error en el registro, toda vez que en esta materia rige el principio
de responsabilidad objetiva.
Según la recurrente, no incurrió en la contravención consistente en extinguir una
obligación sujeta a canalización obligatoria por un medio distinto de los autorizados por
el régimen cambiario, en la medida en que, se configuró una situación de inexistencia y,
por ende, de inexigibilidad de la obligación, lo cual impedía jurídicamente realizar el pago
exigido por la entidad demandada.
La Sala confirmará la sentencia del 17 de septiembre de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, que denegó las
pretensiones de la demanda porque el material probatorio obrante en el expediente
permite concluir que la obligación sí existió y que su extinción obedeció a un acuerdo de
voluntades entre las compañías intervinientes, el cual derivó en un castigo de cartera que
no fue debidamente soportado por la demandante ante la DIAN, de acuerdo con lo que
se explicará a continuación:
6.3.2. A efectos de determinar si se configuró o no la infracción cambiaria sancionada por
la DIAN por el desconocimiento de los presupuestos establecidos en la normativa para la
extinción de las obligaciones sujetas a canalización obligatoria, resulta necesario analizar
cuáles son dichas obligaciones y cuál es el medio autorizado por el régimen cambiario
para su válida extinción.
Para tal efecto, es pertinente referirse a la normativa que regula las operaciones
canalizables a través del mercado cambiario.
De acuerdo con los artículos 371 y 372 de la Constitución Política, corresponde a la Junta
Directiva del Banco de la República, entre otras funciones, regular los cambios
internacionales de acuerdo con la ley. Para tal fin, dicha autoridad expidió la Resolución
Externa 8 de 200033, mediante la cual compiló el régimen aplicable a los cambios
internacionales.
33 Por la cual se compendia el régimen de cambios internacionales.
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Sobre la normativa que regula lo atinente a las “operaciones canalizables a través del
mercado cambiario”, el artículo 1 del Decreto 1735 de 199334 prevé que son operaciones
de cambio todas las comprendidas dentro de las categorías señaladas en el artículo 4 de
la Ley 9 de 1991, y específicamente, entre otras, “1. Importaciones y exportaciones de
bienes y servicios (y) 4. Operaciones de endeudamiento externo celebradas por
residentes en el país”35.
Por su parte, el artículo 4 ibidem, establece que: “Únicamente las operaciones de cambio
que a continuación se indican deberán canalizarse a través del mercado cambiario: 1.
Importaciones y exportaciones de bienes; 2. Operaciones de endeudamiento celebradas
por residentes en el país, así como los costos financieros inherentes a las mismas; (…)”.
En concordancia con esta última disposición, el artículo 6 ejusdem dispone:
[e]l mercado cambiario está constituido por la totalidad de las divisas que deben canalizarse
obligatoriamente por conducto de los intermediarios autorizados para el efecto o a través
del mecanismo de compensación previsto en esta resolución. También formarán parte del
mercado cambiario las divisas que, no obstante estar exentas de esa obligación, se
canalicen voluntariamente a través del mismo.
En su artículo 7 la Resolución en comento precisó que: “Las siguientes operaciones de
cambio deberán canalizarse obligatoriamente a través del mercado cambiario: 1.
Importación y exportación de bienes. 2. Operaciones de endeudamiento externo
celebradas por residentes en el país, así como los costos financieros inherentes a las
mismas …”.
Por su parte, en el artículo 23 de la Resolución se explicó lo siguiente:
Artículo 23. Crédito externo y canalización. Los créditos entre residentes o intermediarios
del mercado cambiario y no residentes son créditos externos. También son créditos
externos los créditos entre residentes e intermediarios del mercado cambiario o entre
intermediarios del mercado cambiario desembolsados en moneda extranjera.
Estos créditos deben canalizarse a través del mercado cambiario, de conformidad con la
presente resolución y con la reglamentación de carácter general que señale el Banco de la
República.
Parágrafo 1. El declarante deberá presentar al intermediario del mercado cambiario con el
cual efectúe la operación, constancia de la constitución del depósito de que trata el artículo
26 de la presente resolución. Dicho intermediario verificará la constitución del depósito en
los términos que señale el Banco de la República.
Parágrafo 2. Las personas naturales no residentes no podrán otorgar créditos externos a
residentes ni a intermediarios del mercado cambiario.
Parágrafo 3. Los residentes y los no residentes podrán obtener créditos en moneda
extranjera de los intermediarios del mercado cambiario directamente o con cargo a recursos
de las entidades públicas de redescuento
De la normativa citada se deriva que, en el régimen cambiario, existen determinadas
operaciones —entre ellas la importación y exportación de bienes y las operaciones de
endeudamiento externo celebradas por residentes en el país— que están sujetas a
canalización obligatoria, esto es, deben efectuarse o negociarse a través del mercado
34 Por el cual se dictan normas en materia de cambios internacionales.
35 Norma compilada por el artículo 2.17.1.1. del Decreto 1068 de 2015.
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cambiario, ya sea por conducto de los intermediarios autorizados o mediante el
mecanismo de compensación, cuando este resulte procedente.
6.3.3. Ahora bien, sobre la cancelación del endeudamiento externo, el artículo 5.1.7. de
la Resolución Externa 8 de 2000 del Banco de la República, señala:
5.1.7. Cancelación del endeudamiento externo otorgado a residentes. Las obligaciones
originadas en operaciones de endeudamiento externo se extinguen mediante la
canalización del pago en divisas a través del mercado cambiario, para lo cual, el residente
debe suministrar la información de los datos mínimos de las operaciones de cambio por
endeudamiento externo (Declaración de Cambio) al IMC que canalice la operación o ante
el BR cuando se efectúe el pago directamente en el exterior por parte del titular de una
cuenta de compensación.
Cuando se restituya el depósito en dólares de que trata el artículo 26 de la R.E. 8/00 J.D,
el deudor podrá utilizar total o parcialmente los recursos para la amortización del crédito
externo. Para lo cual, debe suministrar la información de los datos mínimos de excepciones
a la canalización al IMC.
En las situaciones que impidan o hayan impedido jurídicamente a los deudores el
cumplimiento de la obligación de pago de operaciones de endeudamiento externo (fuerza
mayor, caso fortuito, inexistencia o inexigibilidad, entre otras), no será exigible la
canalización del mismo a través del mercado cambiario. Estas situaciones deben ser
demostradas ante la autoridad de control y vigilancia del régimen cambiario. La
compensación de obligaciones no es admisible en estas operaciones.
5.1.7.1. Dación en pago
Las obligaciones de créditos informados o registrados como endeudamiento externo podrán
extinguirse mediante dación en pago. En estos casos, debe suministrarse la información de
los datos mínimos de excepciones a la canalización al IMC o transmitirla directamente por
el titular de cuenta de compensación al DCIN del BR a fin de aplicar el monto que se
entiende pagado.
Cuando se trate de un residente persona jurídica deudora o acreedora de un crédito
informado o registrado como endeudamiento externo por concepto de capital de trabajo
deberá utilizarse el código No. 33 “Dación en pago de crédito de capital de trabajo – persona
jurídica”. Cuando se trate de un residente persona natural deudora o acreedora de un
crédito informado o registrado como endeudamiento externo por concepto de capital de
trabajo, deberá utilizarse el código No. 34 “Dación en pago de crédito de capital de trabajo
– persona natural”
Cuando se trate de un residente persona jurídica o natural deudora o acreedora de un
crédito informado o registrado como endeudamiento externo por concepto de financiación
de importaciones o exportaciones de bienes, deberá utilizarse el código No. 35 “Dación en
pago de crédito de financiación de comercio exterior”.
El BR enviará esta información a título informativo a la autoridad de control y vigilancia del
cumplimiento del régimen cambiario. Los documentos que acrediten la transacción deberán
conservarse para el evento en que los solicite la autoridad de control y vigilancia del régimen
cambiario.
5.1.7.2. Castigo de cartera
En el caso que el IMC castigue la deuda contra las provisiones realizadas, a efectos de
cancelar el informe de deuda externa, el IMC deberá transmitir la declaración de cambio a
nombre propio como quiera que la cancelación proviene del castigo de su provisión en
pesos colombianos, utilizando el numeral cambiario 4500 “Amortización de créditos - deuda
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privada- otorgados por intermediarios del mercado cambiario o entidades públicas de
redescuento a residentes en el país” o 4615 “Amortización créditos -deuda pública-
otorgados por intermediarios del mercado cambiario o entidades públicas de redescuento
a entidades del sector público”.
Respecto de las obligaciones insolutas no castigadas pero catalogadas como de difícil
cobro o incobrables la cancelación del registro o informe de endeudamiento externo
requiere necesariamente que se canalicen las divisas por el mercado cambiario y por lo
tanto, debe suministrarse la información de los datos mínimos de las operaciones de cambio
por endeudamiento externo (Declaración de Cambio), utilizando numeral cambiario 4500
“Amortización de créditos - deuda privada - otorgados por intermediarios del mercado
cambiario o entidades públicas de redescuento a residentes en el país” o 4615
“Amortización créditos – deuda pública- otorgados por intermediarios del mercado
cambiario o entidades públicas de redescuento a entidades del sector público”. Tanto la
canalización como el suministro de la información (Declaración de Cambio) puede ser
realizada por el IMC o por el deudor como resultado de una nueva relación de crédito
autorizada por éstos denominada en moneda legal colombiana.
5.1.7.3. Imposibilidad de pago
Cuando los deudores o acreedores se encuentren en imposibilidad jurídica de cumplir la
obligación de pago de las operaciones de endeudamiento externo (fuerza mayor, caso
fortuito, inexistencia o inexigibilidad, entre otras), la canalización no será exigible.
El informe del crédito se deberá cancelar suministrando la información de los datos mínimos
de excepciones a la canalización, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5.3. de este
Capítulo. Cuando la operación se realice por conducto de un IMC, adicionalmente se deberá
suministrar ante éste el certificado del revisor fiscal o contador público, si a ello hay lugar,
en el que conste la cancelación de la cuenta por pagar o de la cuenta por cobrar. Si es
titular de cuenta de compensación, deberá conservarlo para cuando las autoridades de
control y vigilancia lo requieran.
El BR enviará esta información a título informativo a la autoridad de control y vigilancia del
cumplimiento del régimen cambiario. Los documentos que justifiquen la no canalización
total o parcial de los créditos se deberán conservar con el fin de demostrar la imposibilidad
jurídica de cumplir la obligación de pago de las operaciones de endeudamiento externo
(fuerza mayor, caso fortuito, inexistencia o inexigibilidad, entre otras) a la autoridad de
control y vigilancia del régimen cambiario.
Es así como el régimen prevé la posibilidad de que se presenten situaciones que impidan
o hayan impedido jurídicamente a los deudores cumplir la obligación de pago derivada
de operaciones que, en principio, debían canalizarse a través del mercado cambiario. La
normativa contempla expresamente como supuestos en los que no resulta exigible dicha
canalización la fuerza mayor, el caso fortuito, la inexistencia o la inexigibilidad de la
obligación, entre otros.
Se destaca que la normativa dispone que dichas circunstancias deben ser debidamente
acreditadas ante la autoridad de control y vigilancia del régimen cambiario.
6.3.4. Por otra parte, sobre las infracciones cambiarias, el Decreto Ley 2245 de 201136,
en su artículo 2, las define como la contravención administrativa de las disposiciones que
integran el régimen cambiario vigentes al momento de la transgresión, a la cual
corresponde una sanción orientada a garantizar el cumplimiento de dichas normas y la
protección del orden público económico.
36 Por el cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo Cambiario a seguir por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
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Por su parte, en el artículo 3 de esta norma se prevé lo siguiente:
Artículo 3. Sanciones. Las personas naturales o jurídicas y demás entidades asimiladas a
estas que infrinjan el régimen cambiario respecto de operaciones y obligaciones cuya
vigilancia y control sea de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, serán sancionadas con la imposición de multa que se liquidará de la siguiente
forma:
(…)
Operaciones canalizables a través del mercado cambiario.
2. Por pagar o recibir pagos a través del mercado no cambiario por concepto de operaciones
obligatoriamente canalizables a través del mercado cambiario, se impondrá una multa del
ciento por ciento (100%) del monto dejado de canalizar.
3. Por extinguir las obligaciones sujetas a obligatoria canalización por medios diferentes a
los autorizados por el régimen cambiario, se impondrá una multa del ciento por ciento
(100%) del monto extinguido.
4. Por canalizar a través del mercado cambiario un valor inferior al consignado en los
documentos de aduana o los que hagan sus veces, se impondrá una multa del ciento por
ciento (100%) de la diferencia entre el valor canalizado y el consignado en tales
documentos.
No habrá infracción cambiaria en el evento de canalizarse valores inferiores a los
consignados en la declaración aduanera de importación o de exportación o los que hagan
sus veces, o en el evento en que se pruebe que el valor de la obligación es el efectivamente
canalizado, o en los casos en que la Entidad de Control establezca con fundamento en el
análisis integral de la información, que el valor canalizado corresponde al monto de la
obligación contraída con o desde el exterior; siempre y cuando en tales eventos las
diferencias obedezcan a causas justificadas fundamentadas en los documentos
conservados por el investigado.
5. Por no canalizar a través del mercado cambiario el valor real de la operación
efectivamente realizada, se impondrá una multa del ciento por ciento (100%) de la
diferencia entre el valor canalizado y el valor real de la operación establecido por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
6. Por reintegrar el valor de la operación obligatoriamente canalizable a través del mercado
cambiario por fuera del plazo general de reintegro señalado por la normatividad aplicable,
se impondrá una multa equivalente a cuarenta (40) Unidades de Valor Tributario (UVT) por
cada mes o fracción de mes de retardo, sin exceder del equivalente a cuatrocientas (400)
Unidades de Valor Tributario (UVT), por cada reintegro realizado por fuera del término legal.
En este orden, constituye infracción cambiaria la extinción de obligaciones sujetas a
canalización obligatoria por medios distintos de los autorizados por el régimen cambiario,
salvo que se presenten situaciones que impidan o hayan impedido jurídicamente a los
deudores cumplir la obligación de pago derivada de tales operaciones y que estas hayan
sido debidamente acreditadas ante la autoridad de control y vigilancia del régimen
cambiario.
6.3.5. Así, la regulación admite, como excepción a la regla general, que cuando se
presentan situaciones que impidan jurídicamente el cumplimiento de la obligación de
pago al exterior a través del mercado cambiario —tales como fuerza mayor, caso fortuito,
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inexistencia o inexigibilidad de la obligación, entre otras— no resulta exigible la
canalización del pago.
Sobre la extinción de las obligaciones cambiarias y la taxatividad de las causales
enlistadas por el numeral 5.1.7 de la Resolución Externa 8 de 2000 del Banco de la
República, esta Corporación expresó:
(…) [E]l régimen cambiario no consagra una relación taxativa o restringida de las
situaciones que impiden jurídicamente a los deudores el cumplimiento de su obligación de
pago de las operaciones de endeudamiento externo a través del mercado cambiario, sino
que establece un listado meramente enunciativo conformado por la fuerza mayor, el caso
fortuito, la inexistencia y la inexigibilidad, y en seguida utiliza la expresión “entre otras” y no
expresiones tales como “solamente” , “únicamente” o “exclusivamente” , lo cual permite
entender con total claridad que además de tales situaciones pueden existir “otras” que así
mismo tengan la virtualidad de imposibilitar el cumplimiento de la mencionada obligación.
En segundo lugar, es evidente que los conceptos de “inexistencia” e “inexigibilidad” de la
obligación de pago son unos conceptos amplios y abiertos, que pueden comprender
válidamente distintas causas legales que den lugar a que una obligación deje de existir o
de ser exigible37.
Es claro el citado pronunciamiento al establecer que, en materia cambiaria, resultan
admisibles las formas de extinción de obligaciones previstas en la legislación civil
colombiana, con excepción de la prohibición expresa de la compensación en operaciones
de comercio exterior, conforme a lo dispuesto de manera expresa por el numeral 5.1.7
de la Resolución Externa 8 de 2000 del Banco de la República.
De forma que, si bien las obligaciones derivadas de las operaciones de importación y
exportación de bienes o de endeudamiento externo están sujetas a canalización
obligatoria a través del mercado cambiario, está claro que la infracción no se configura
cuando se demuestra válidamente ante la autoridad de control y vigilancia del régimen
cambiario alguna de las situaciones impeditivas del cumplimiento de la obligación de
pago, pues en tales eventos no resulta jurídicamente exigible la canalización de la
operación, razón por la cual no puede predicarse su extinción por un medio no autorizado.
6.3.6. En el sub judice, la parte actora fundó sus pretensiones en la tesis según la cual la
obligación cambiaria no resultaba exigible dada su inexistencia, la cual soportó en (i) la
Factura GM-06-010 del 5 de mayo de 2006, por valor de 350.272 dólares en la que se
incluyó la expresión “value for customs purposes only”; y (ii) en la certificación del 29 de
enero de 2013 mediante la cual el proveedor del exterior manifestó lo siguiente:
Dando alcance a la certificación emitida el día 28 de junio de 2011, mediante la cual se
indica que GTECH FOREIGN HOLDING CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA Foreign
Holdings Corp - Sucursal Colombia no tiene ninguna obligación con GTECH FOREIGN
HOLDING CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA Mexico, S.A de C.V, me permito
aclarar que lo anterior se debe a que la factura del 5 de mayo de 2006 número GM-06-010
se emitió para efectos aduaneros como consta en la referida factura, por lo tanto la
obligación de pago nunca existió y en consecuencia GTECH Mexico SA de CV nunca
registró una cuenta por cobrar38.
En este contexto, la sociedad demandante, de manera reiterada sostuvo que la obligación
nunca existió y que lo ocurrido correspondió a un error en el registro del endeudamiento
externo.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 15 de diciembre de 2016,
radicado 25000-23-41-000-2014-00113-01, C.P. Guillermo Vargas Ayala.
38 Folio 109 ibidem.
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6.3.6.1. Ahora bien, frente a la Factura GM-06-010 del 5 de mayo de 2006 que incluye la
expresión “value for customs purposes only”, resulta necesario recordar que el
Decreto 2245 de 201139, en su artículo 25 dispone lo siguiente:
Artículo 25. Valoración Probatoria. Las pruebas se valorarán en su conjunto conforme con
las reglas de la sana crítica, atendiendo la naturaleza administrativa de la infracción
cambiaria y la índole objetiva de la responsabilidad correspondiente.
La valoración de las pruebas que fueron aportadas al expediente o practicadas dentro del
período probatorio se hará en la resolución sancionatoria, en la que resuelva el recurso de
reconsideración que procede contra esta última, o en la de terminación de la actuación
administrativa cambiaria, según corresponda.
Para la práctica y valoración de las pruebas serán admisibles todos los medios de prueba
y la aplicación de todos los procedimientos y principios consagrados para el efecto, en los
artículos 168 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, 174 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil y específicamente en los artículos 742 a 749 y demás
disposiciones concordantes del Estatuto Tributario, o en las normas que los adicionen o
sustituyan. (Subrayado de la Sala).
A su vez, el artículo 40 del CPACA señala que:
Artículo 40. Pruebas. Durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera
la decisión de fondo se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del
interesado sin requisitos especiales. Contra el acto que decida la solicitud de pruebas no
proceden recursos. El interesado contará con la oportunidad de controvertir las pruebas
aportadas o practicadas dentro de la actuación, antes de que se dicte una decisión de fondo.
Los gastos que ocasione la práctica de pruebas correrán por cuenta de quien las pidió. Si
son varios los interesados, los gastos se distribuirán en cuotas iguales.
Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento
Civil. (Subrayado de la Sala).
Con base en lo anterior, en este caso resultaba aplicable lo dispuesto por el artículo 251
del Código General del Proceso40, cuyo texto reza:
Artículo 251. Documentos en idioma extranjero y otorgados en el extranjero. Para que los
documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba
se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por
el juez. En los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados
directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traducción, el
juez designará un traductor.
Vistas las normas procesales en comento, para la Sala es claro que el documento que
se encuentra en idioma extranjero debió aportarse con su respectiva traducción oficial al
idioma castellano para que pudiese ser valorado como prueba, en los términos en que
pretendía la demandante. Con todo, la traducción requerida no fue allegada a la
actuación.
39 Por el cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo Cambiario.
40 En adelante, CGP.
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En oportunidades anteriores, esta Sala ha dilucidado en relación con el alcance y la
finalidad de las exigencias que presentan las normas procesales para la valoración de
los documentos que han sido otorgados en idioma extranjero, en el siguiente sentido:
Frente a este asunto, debe puntualizarse que la no valoración de los documentos allegados
en idioma distinto al castellano que carecen de la respetiva traducción oficial no puede ser
calificada como una exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un
mandato legal, conforme lo precisó la Sección Primera en la sentencia de 6 de noviembre
de 2020, al sostener: La Sala considera que no le asiste la razón a la parte demandante,
toda vez que la decisión, de la parte demandada, referente a la no valoración de los
documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecieren de la respetiva
traducción oficial, tuvo sustento legal en los artículos 8 de la Decisión 486 y 260 del Código
de Procedimiento Civil, por lo que contrario sensu, no puede ser calificada dicha decisión
como una exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un mandato
legal41.
En consideración a lo anterior, la Sala encuentra que la factura GM-06-010 del 5 de mayo
de 2006, no puede ser valorada como prueba ante la ausencia de la traducción oficial
que exige el artículo 251 del CGP para su apreciación.
6.3.7. En contraste, la declaración de importación, la licencia previa, el registro del
endeudamiento externo, los motivos de la solicitud de cancelación y las certificaciones
de la firma auditora dan cuenta de un endeudamiento y un mutuo acuerdo entre Gtech
Corporation Mexico y GTECH FOREIGN HOLDING CORPORATION SUCURSAL
COLOMBIA para la extinción de la obligación a través de un castigo de cartera.
Para la Sala, la valoración conjunta del material probatorio que obra en el expediente,
permite concluir que la obligación cuestionada existió y que su extinción obedeció a un
acuerdo entre las partes que implicó un castigo de cartera, lo cual se sustenta
principalmente en lo siguiente:
(i) El representante legal de GTECH FOREIGN HOLDING CORPORATION SUCURSAL
COLOMBIA, el 21 de julio de 2011, al solicitar al Banco de la República la cancelación
del endeudamiento externo, fundamentó su petición expresamente en que “la compañía
del exterior no reconoce la existencia por castigo de esta cuenta por cobrar…”42
(subrayas y negritas del despacho).
(ii) La Revisora Fiscal en la certificación del 26 de noviembre de 2012, certificó lo
siguiente:
He auditado, de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia,
los estados financieros de Gtech Foreign Holdings Corporation (Sucursal Colombia), Nit
830.065.974-9, al 31 de diciembre de 2006 y 2011, no incluidos aquí, y emitido mis informes
sobre los mismos el 5 de marzo de 2007 y 6 de marzo de 2012, respectivamente.
Mediante comprobante de contabilidad número 0016479 del 19 de septiembre de 2006, se
registró la factura número GM-06-010 del 5 de mayo de 2006 por US$ 350,272
correspondiente a la compra de terminales de interfaz a Gtech Corporation – Sucursal
México, como se detalla a continuación:
(…)
41 Consejo de Estado; Sección Primera, sentencia de 23 de septiembre de 2021, radicado
11001032400020120002900, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
42 Folio 5 del cuaderno de antecedentes administrativos del expediente digitalizado que obra en el índice 33 Samai.
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Adicionalmente, manifestaciones de la Gerencia del 26 de noviembre de 2012, indican
que la causa de la extinción de la deuda fue un común acuerdo entre Gtech Corporation
– Mexico y Gtech Foreign Holdings Sucursal Colombia y que esta deuda fue castigada
mediante el comprobante de contabilidad número 0035374 del 5 de julio de 2011,
como se detalla a continuación:
(…)
Se expide la siguiente certificación en respuesta al asunto IM20112012659 de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN43. (subrayas y negritas del despacho).
(iii) Lo anterior indica que, entre el 9 de marzo de 2007, fecha en la cual la parte actora
informó al Banco de la República la existencia de un endeudamiento externo, y el 26 de
noviembre de 2012, fecha de suscripción de la certificación de la Revisoría Fiscal, la
compañía reconoció la existencia de la deuda y consideró que su extinción obedeció a
un castigo de cartera.
Está acreditado que la empresa demandante no solo diligenció la documentación
requerida para registrar el endeudamiento externo, sino que también efectuó los registros
y ajustes contables necesarios para su extinción como consecuencia de un castigo de
cartera. Así mismo, solicitó la cancelación del endeudamiento con fundamento en dicho
castigo.
(iv) No obstante, con ocasión del escrito de la sociedad mexicana del 29 de enero de
2013, pasó a sostener que la deuda nunca existió, afirmación que resulta contradictoria
frente a las actuaciones previas, las cuales evidencian el reconocimiento del
endeudamiento y de su posterior castigo.
Para la Sala, a pesar de que la sociedad actora y el proveedor sostienen que la factura
GM-06-010 del 5 de mayo de 2006 se expidió únicamente para efectos aduaneros, que
la obligación de pago nunca existió y que no se registró cuenta por cobrar alguna, el
acervo probatorio demuestra que, tal como lo señalaron la DIAN y el Tribunal, la
operación sí existió en los términos en que fue reportada ante la DIAN, el Banco de la
República, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y en la contabilidad de la
empresa.
En consecuencia, queda desvirtuada la alegada inexistencia de la obligación, pues
resulta incompatible sostener el castigo de una deuda que nunca existió. En efecto, en
sentido técnico-contable y jurídico, el castigo de cartera presupone la existencia previa
de una obligación válida que posteriormente se torna incobrable o se extingue por
decisión del acreedor, lo que implica la eliminación de una cuenta por cobrar que formaba
parte del activo. Por ello, aseverar simultáneamente que la obligación es inexistente y
que fue objeto de castigo resulta contradictorio, en tanto este último hecho confirma su
existencia y posterior extinción.
6.3.8. Finalmente, se advierte que, si bien tanto la inexistencia de la obligación como el
castigo de cartera pueden constituir, en el régimen cambiario, circunstancias que
excluyen la exigibilidad de la canalización de divisas, en el presente caso la demandante
fundamentó los cargos de nulidad de los actos administrativos cuya legalidad se debate,
en la supuesta inexistencia de la deuda, la cual quedó desvirtuada con el material
probatorio que ella misma aportó durante la actuación administrativa y el proceso judicial
que nos atañe.
43 Folios 71 y 72 del cuaderno de antecedentes administrativos del expediente digitalizado que obra en el índice 33
Samai.
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Adicionalmente, conviene reiterar que el artículo 5.1.7 de la Resolución Externa 8 de 2000
del Banco de la República, prevé que las las situaciones que impidan o hayan impedido
jurídicamente a los deudores el cumplimiento de la obligación de pago de operaciones
de endeudamiento externo, deben ser demostradas ante la autoridad de control y
vigilancia del régimen cambiario. La norma también prevé el trámite a seguir en caso de
que se presente un castigo de cartera, así:
5.1.7.2. Castigo de cartera
En el caso que el IMC castigue la deuda contra las provisiones realizadas, a efectos de
cancelar el informe de deuda externa, el IMC deberá transmitir la declaración de cambio a
nombre propio como quiera que la cancelación proviene del castigo de su provisión en
pesos colombianos, utilizando el numeral cambiario 4500 “Amortización de créditos - deuda
privada- otorgados por intermediarios del mercado cambiario o entidades públicas de
redescuento a residentes en el país” o 4615 “Amortización créditos -deuda pública-
otorgados por intermediarios del mercado cambiario o entidades públicas de redescuento
a entidades del sector público”.
En el presente caso no se encuentra acreditado que la parte actora hubiera adelantado
el procedimiento correspondiente. En consecuencia, aunque en el recurso se cuestiona
la valoración probatoria efectuada en sede administrativa y en la primera instancia, bajo
el entendido de que la obligación cambiaria era inexistente y que se trató de un error en
el registro del endeudamiento externo, para la Sala el análisis integral del material
probatorio conduce a concluir que la obligación sí existió y que su extinción obedeció a
un acuerdo entre las partes, el cual derivó en un castigo de cartera respecto de la
obligación a cargo de GTECH FOREIGN HOLDING CORPORATION SUCURSAL
COLOMBIA, sin que dicho supuesto hubiera sido debidamente demostrado ante la DIAN.
De igual forma, si bien la empresa mexicana certificó que la factura GM-06-010 del 5 de
mayo de 2006 se expidió únicamente para efectos aduaneros, que la obligación de pago
no existió y que no se registró cuenta por cobrar alguna, tales manifestaciones no logran
desvirtuar el contenido de los demás documentos obrantes en el expediente, los cuales
acreditan la existencia del endeudamiento externo y su posterior extinción mediante
castigo de cartera.
Con base en lo expuesto, la Sala advierte que los actos administrativos demandados no
desconocieron la realidad económica de la operación ni se dirigieron a generar un
enriquecimiento sin causa a favor del proveedor extranjero, toda vez que el demandante
no logró desvirtuar la existencia de la operación ni acreditar su extinción conforme a las
exigencias legales.
6.4. Conclusión
La normativa cambiaria dispone que, cuando se presentan circunstancias como fuerza
mayor, caso fortuito, inexistencia o inexigibilidad de la obligación, no resulta exigible la
canalización del pago de un endeudamiento externo. En todo caso, el importador debe
conservar los documentos que justifiquen la no canalización o las diferencias, con el fin
de acreditarlas ante la autoridad de control y vigilancia.
Para la Sala, el material probatorio permite concluir que, contrario a la tesis que
fundamentó las pretensiones de la parte demandante, la obligación alegada sí existió y
que su extinción obedeció a un acuerdo de voluntades entre las compañías intervinientes,
el cual derivó en un castigo de cartera.
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Radicado: 25000 23 41 000 2014 01041 01
Demandante: Gtech Foreign Holding Corporation Sucursal Colombia
Demandado: DIAN
En ese orden, al encontrarse la sanción impuesta por la DIAN debidamente sustentada
en los planos fáctico y jurídico, hay lugar a confirmar la decisión de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda.
6.5. De la condena en costas
En observancia de los artículos 18844 del CPACA y 36545 del CGP, en especial de su
numeral 8, sobre condena en costas, y a lo expuesto sobre el punto por esta Corporación,
la Sala advierte que esta clase de condenas responde a un criterio objetivo y valorativo.
Es objetivo, en la medida en que no deriva de la temeridad, mala fe o culpa de la parte
condenada, sino de su vencimiento en el proceso o en el recurso interpuesto. Es
valorativo, en cuanto exige del juez la verificación de su causación en el expediente y, en
la medida de su acreditación, su reconocimiento, particularmente respecto de los gastos
ordinarios del proceso y de la actividad efectivamente desplegada dentro de este.
Al respecto, el artículo 361 del CGP establece que las costas se integran por la totalidad
de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en derecho, y solo habrá
lugar a su imposición, de acuerdo con el numeral 8 del artículo 365 ibidem, “cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
En el presente asunto, se advierte que no se encuentra acreditada la causación de
expensas, gastos procesales ni agencias en derecho. En consecuencia, la Sala se
abstendrá de imponer condena por dichos conceptos en esta instancia.
6.6. Reconocimiento de personería
Mediante memorial visible en el índice 42 del proceso de segunda instancia en Samai, la
abogada Leidy Nataly Hernández Pacheco allegó el poder que le confirió la DIAN. Por
tanto, la Sala le reconocerá personería para actuar en representación de la entidad, de
conformidad con lo previsto en el artículo 74 del CGP.
44 Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
45 Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de
excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la
temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente
en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a
pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar
condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés
en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los
gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo, podrán renunciarse
después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción.
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Radicado: 25000 23 41 000 2014 01041 01
Demandante: Gtech Foreign Holding Corporation Sucursal Colombia
Demandado: DIAN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 17 de septiembre de 2015, dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Leidy Nataly Hernández Pacheco,
para actuar en representación de la DIAN, en los términos y para los fines del poder a
ella otorgado.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión del 14 de mayo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley.
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