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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2014-01213-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2014-01213-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 10 de noviembre de 2016, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: ACEPTAR la renuncia presentada por la abogada Sandra Carolina Monroy Jiménez al poder que le confirió COLJUEGOS. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2014-01213-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 25000 23 41 000 2014 01213 01
Demandante: Diego Gildardo Benavides González1
Demandada: Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio
Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar - COLJUEGOS
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Funciones de COLJUEGOS en la administración, fiscalización, control y
ejercicio de la potestad sancionatoria del monopolio rentístico de los juegos
de suerte y azar.
Decisión: Confirmar la sentencia del 10 de noviembre de 2016 dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A” que
denegó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al
demandante.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala se pronuncia sobre el recurso de apelación interpuesto por el señor Diego
Gildardo Benavides González contra la sentencia del 10 de noviembre de 2016, dictada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A” que
denegó las pretensiones de la demanda y lo condenó en costas.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Diego Gildardo Benavides González, por intermedio de apoderado judicial,
presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo3, en contra de la Empresa Industrial y Comercial del Estado
Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar - COLJUEGOS4,
en la cual formuló las siguientes pretensiones:

1. Que se declare la nulidad de las Resoluciones No. 0462 del 8 de mayo de 2013, y la No.
2009 del 2 de diciembre de 2013 expedidas por el GERENTE DE PROCESO CONTROL A
LAS OPERACIONES ILEGALES, en virtud de las cuales se ordenó el decomiso y
destrucción de elementos de juego de suerte y azar que se encontraban en la carrera 91
No. 135A-03 de Bogotá, relacionados con el Acta de Hechos y Retiros de Bienes No. 09
del 3 de abril de 2013.

1 A Folio 365 del cuaderno ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL-RESERVADO(.pdf) NroActua 33 del

expediente digitalizado que obra en el índice 33 Samai, se aportó copia de la cédula de ciudadanía del señor Diego
Gildardo Benavides González. En consecuencia, aunque en la sentencia de primera instancia figure identificado como
Diego Gildardo Benavidez González, en la presente providencia se le individualizará conforme a los datos consignados
en su documento de identificación.
2 La demanda fue radicada el 21 de julio de 2014. Folios 3 a 60 del cuaderno ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1

PRINCIPAL-RESERVADO(.pdf) NroActua 33 del expediente digitalizado que obra en el índice 33 Samai.
3 En adelante, CPACA.
4 En adelante, COLJUEGOS.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 25000 23 41 000 2014 01213 01
Demandante: Diego Gildardo Benavides González
Demandado: Coljuegos

2. Que como consecuencia de la anterior nulidad de los actos administrativos demandados
y a título del restablecimiento del derecho, se condene a COLJUEGOS- EMPRESA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO
RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR a resarcir y pagar al demandante el
Daño Emergente y Lucro Cesante que comprende los siguientes aspectos:

A. Por daño emergente:

a) Se le condene a la demandada a pagar al actor la perdida y destrucción de las 22
máquinas tragamonedas ante su incautación y posterior destrucción por parte de
COLJUEGOS de acuerdo a la relación y características de las mismas en el ACTA 09 DE
HECHOS Y RETIRO DE BIENES del 03 de abril de 2013, cada una valorada en
$15.000.000, para un total de $330.000.000 como restablecimiento del derecho.

b) Se le condene a la demandada a pagar al actor el daño generado por los gastos e
inversiones que se perdieron en el desarrollo del proyecto salón de máquinas
tragamonedas, representados en arriendos del local, tramite de permisos, concepto previo
de la alcaldía, licencias, solicitud a COLJUEGOS, y que con ocasión del proceder de la
demandada se dio lugar a su perdida, condena e indemnización en restablecimiento del
derecho por $150.000.000.

Para un total de daño emergente de $480.000.000

B. Por LUCRO CESANTE

a) Se le condene a la demandada a pagar al actor en cuanto al daño causado ante la
imposibilidad de poder ejercer el monopolio durante 60 meses que establece la ley se puede
explotar el monopolio con ocasión del contrato de concesión, al ser incautadas y destruidas
sus máquinas que se encontraban en proceso de readecuación para poder solicitar el nuevo
permiso y contrato de concesión, utilidad presupuestada a razón de $10.000.000
mensuales, la cual multiplicada por 60 meses de operación que otorga la licencia da un total
de $600.000.000 como restablecimiento del derecho por este rublo (sic).

Para un total de lucro cesante no menor de $600.000.000.

3. Que como consecuencia de la anterior nulidad de los actos administrativos demandados
y a título del restablecimiento del derecho, se declare que COLJUEGOS- EMPRESA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO
RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR causo (sic) un daño moral y
sicológico a mi representado en los términos expresados en esta demanda.

4. Que con ocasión de la anterior declaración se condene a la demandada a resarcir y pagar
al demandante el Daño moral y sicológico representado en el sufrimiento de no poder haber
dado el sustento a su familia como padre cabeza de familia ante el cierre, retiro y posterior
destrucción de las maquinas, el cual se estima en la suma de $300.000.000.

5. Que se condene a COLJUEGOS - EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL
ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE
SUERTE Y AZAR a pagarle en su condición de demandante a mi cliente, la actualización
de la sumas condenadas en el fallo de acuerdo al IPC desde el momento de la presentación
de la demanda hasta cuando se verifique el pago efectivo de los dineros.

6. Se condene en costas a la Demandada5. (negritas y mayúsculas sostenidas del texto
original).

5 Folios 4 a 6 del cuaderno digitalizado ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL-RESERVADO(.pdf) NroActua

33 que obra en el índice 33 Samai.

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Radicado: 25000 23 41 000 2014 01213 01
Demandante: Diego Gildardo Benavides González
Demandado: Coljuegos

1.2. Hechos probados

De acuerdo con los planteamientos de las partes y las pruebas obrantes en el expediente,
la controversia tiene origen en los siguientes hechos:

1.2.1. El gerente de proceso control a las operaciones ilegales de la vicepresidencia de
desarrollo de mercados de COLJUEGOS, mediante auto comisorio6 del 3 de abril de
2013, comisionó a los señores Eveling Gisell Méndez Sierra, Clara Lozano Gómez,
Germán Francisco Daza Reina y Marlon Hernández Riaño para verificar la existencia y
realización de operaciones ilegales relacionadas con actividades de juegos de suerte y
azar en la carrera 91 No. 135A - 03 de la Ciudad de Bogotá. Asimismo, dispuso que la
diligencia se practicaría con el apoyo de miembros de la Policía Nacional.

1.2.2. En la diligencia se suscribió el acta de hechos y retiro de bienes núm. 9 del 3 de
abril de 20137.

1.2.3. Mediante la Resolución 0462 del 8 de mayo de 20138 COLJUEGOS ordenó el
decomiso y la destrucción de veintidós (22) máquinas electrónicas tragamonedas, las
cuales se encontraban operando sin autorización en el establecimiento JOKER WIN,
ubicado en la carrera 91 No. 135A - 03 de la Ciudad de Bogotá.

1.2.4. A través de la Resolución 2009 del 2 de diciembre de 20139, COLJUEGOS resolvió
el recurso de reposición10 interpuesto por la parte demandante y confirmó el acto
administrativo recurrido.

1.3. Normas invocadas como infringidas y concepto de la violación

1.3.1. El señor Diego Gildardo Benavides González afirmó que los actos administrativos
demandados son nulos, toda vez que fueron expedidos con falsa motivación, por
autoridad incompetente, con desconocimiento del debido proceso y de los derechos de
audiencia y defensa, con desviación de poder y en contravención de las siguientes
normas:

• Los artículos 2, 4, 6, 13, 29, 58, 83, 90, 121, 122, 123, 209, 210, 211 y 336 de la
Constitución Política;
• Los artículos 5, 9, 11 numeral 2, 87, 93, 110, 111, 112, 113 y 114 de la Ley 489 de 1998;
• Los artículos 6, 31 y 33 del Código de Procedimiento Civil11;
• Los artículos 1, 2, 3, 34, 35, 84, 85, 138 del CPACA;
• Los artículos 1, 44, 47, 53 de la Ley 643 de 2001:
• Los artículos 2 y 5 numerales 7 y 8 del Decreto 4142 de 2011;
• El artículo 202 numeral 4 de la Ley 906 de 2004.

1.3.2. En el concepto de la violación el demandante expuso los siguientes cargos:

6 Folio 149 del cuaderno ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL-RESERVADO(.pdf) NroActua 33 del
expediente digitalizado que obra en el índice 33 Samai.
7 Folios 151 a 157 del cuaderno ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL-RESERVADO(.pdf) NroActua 33 del

expediente digitalizado que obra en el índice 33 Samai.
8 Folios 108 a 112 del cuaderno ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL-RESERVADO(.pdf) NroActua 33 del

expediente digitalizado que obra en el índice 33 Samai.
9 Folios 116 a 131 del cuaderno ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL-RESERVADO(.pdf) NroActua 33 del

expediente digitalizado que obra en el índice 33 Samai.
10 Folios 133 a 145 del cuaderno ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL-RESERVADO(.pdf) NroActua 33

del expediente digitalizado que obra en el índice 33 Samai.
11 En adelante, CPC.

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Radicado: 25000 23 41 000 2014 01213 01
Demandante: Diego Gildardo Benavides González
Demandado: Coljuegos

1.3.2.1. Ausencia de competencia legal de Coljuegos para decomisar y destruir
máquinas.

Según el actor, los actos administrativos demandados adolecen de un vicio insubsanable
de nulidad, por cuanto tienen su origen en el ejercicio de facultades de confiscación,
decomiso y destrucción de máquinas de juego que COLJUEGOS se atribuyó sin contar
con habilitación constitucional o legal.

El demandante sostuvo que la actuación de COLJUEGOS se fundamentó en la Ley 643
de 2001, el Decreto 4142 de 2011, el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010, la Ley 1437 de
2011 y la Resolución 027 de 2012. No obstante, afirmó que del examen de dichas
disposiciones y del régimen jurídico de los juegos de suerte y azar no se desprende una
habilitación legal expresa para que la entidad ordenara o ejecutara medidas de decomiso,
confiscación o destrucción de bienes. Por ello, consideró que los actos demandados
fueron expedidos con fundamento en competencias que el ordenamiento jurídico no le
había atribuido a COLJUEGOS.

Sostuvo que el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar comprende las
facultades de explotar, organizar, administrar, operar, controlar, fiscalizar, regular y
vigilar, las cuales fueron distribuidas por el legislador entre distintos órganos y entidades
del Estado. A manera de ejemplo, señaló que la operación de las apuestas permanentes
fue asignada de forma exclusiva a los particulares; la de los juegos localizados, a
personas jurídicas; y la explotación, tanto a COLJUEGOS como a las entidades
territoriales. Por su parte, las funciones de regulación, control y vigilancia fueron
atribuidas al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.

Agregó que la Ley 643 de 2001 asignó expresamente la función de control a organismos
distintos de COLJUEGOS, en particular a la Superintendencia Nacional de Salud, de
conformidad con su artículo 53.

Adujo que el propio régimen de creación de COLJUEGOS reconoció que las actuaciones
coercitivas de control frente a la ilegalidad corresponden a otras autoridades públicas. En
su criterio, la entidad únicamente cuenta con facultades de coordinación y apoyo respecto
de las autoridades competentes para adelantar operativos de control, mas no con
atribuciones para ejecutar directamente medidas restrictivas o sancionatorias.

Manifestó, además, que para la fecha de expedición del Decreto 4142 de 2011 la extinta
ETESA ya no ejercía funciones de vigilancia ni de control, pues dichas competencias
habían sido trasladadas previamente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) y a los entes territoriales.

Destacó que, de las competencias previstas en el artículo 1 de la Ley 643 de 2001, el
ordenamiento jurídico únicamente trasladó cuatro a COLJUEGOS, dentro de las cuales
no se incluyó la función de control. Añadió que ninguna disposición legal le otorgó
facultades de policía judicial ni atribuciones para ordenar el decomiso o la destrucción de
bienes. Por tal razón, consideró que las resoluciones acusadas vulneraron la citada ley y
el artículo 2 del Decreto 4142 de 2011.

Igualmente, sostuvo que las facultades de decomiso y destrucción corresponden
exclusivamente a autoridades judiciales o administrativas investidas de funciones de
policía judicial. Añadió que tales atribuciones son propias de establecimientos públicos
adscritos y no de empresas industriales y comerciales del Estado, cuya naturaleza
jurídica corresponde a entidades vinculadas.

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Demandante: Diego Gildardo Benavides González
Demandado: Coljuegos

Precisó que las resoluciones demandadas también desconocieron el artículo 58 de la
Constitución Política, en la medida en que afectaron el derecho de propiedad sobre las
máquinas de juego mediante decisiones adoptadas por una autoridad carente de
competencia constitucional y legal.

Afirmó que resulta jurídicamente improcedente que una empresa industrial y comercial
del Estado ejerza funciones de policía judicial o adopte medidas administrativas de
carácter coercitivo o sancionatorio. Explicó que los actos de estas entidades se
encuentran vinculados al desarrollo de su actividad industrial o comercial, la cual, en el
caso de COLJUEGOS, se circunscribe a la explotación y operación del monopolio
rentístico de los juegos de suerte y azar. En consecuencia, estimó que la entidad
desconoció lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 489 de 1998.

Añadió que dicha ley reservó las potestades de imperio a las entidades estatales cuyos
actos tienen naturaleza eminentemente pública, como los ministerios, departamentos
administrativos y superintendencias. En contraste, las empresas industriales y
comerciales del Estado fueron concebidas para desarrollar actividades industriales o
comerciales en condiciones de mercado, como ocurre con Ecopetrol, Satena y la propia
COLJUEGOS.

Con fundamento en lo anterior, sostuvo que resultaría contrario al principio de igualdad
admitir que una empresa industrial y comercial del Estado pudiera ejercer facultades
sancionatorias respecto de sus competidores. A modo de ejemplo, señaló que sería
inadmisible que Satena impusiera sanciones a otras aerolíneas por razón de la actividad
económica que desarrollan. A su juicio, una situación equivalente se presentaría si
COLJUEGOS ejerciera potestades de control coercitivo frente a otros operadores de
juegos de suerte y azar.

Finalmente, afirmó que el artículo 2 del Decreto 4142 de 2011 facultó a COLJUEGOS
para operar los juegos que integran el monopolio rentístico, circunstancia que confirma
su condición de operador dentro del mercado y no de autoridad de policía. Por
consiguiente, concluyó que las facultades de control, decomiso y destrucción no solo no
le fueron atribuidas por el legislador, sino que su otorgamiento resultaría jurídicamente
incompatible con los artículos 87 y 93 de la Ley 489 de 1998.

1.3.2.2. Ausencia de competencia del Gerente de proceso para delegar o comisionar
funciones públicas y de aquellos que las recibieron para ejecutarlas.

El actor sostuvo que la actuación de incautación adelantada como medida previa, así
como el acta de hechos y retiro de bienes no fueron ejecutadas directamente por el
gerente de proceso de control a las operaciones ilegales, sino por terceros que actuaron
en virtud de una comisión conferida por dicho servidor, mecanismo que consideró
jurídicamente improcedente.

Afirmó que la comisión no constituye una figura reconocida por la Constitución Política ni
por la Ley 489 de 1998 como instrumento autónomo para la transferencia de funciones
administrativas. En su criterio, la actuación desplegada por COLJUEGOS correspondió
materialmente a una delegación de funciones, pese a la denominación utilizada por la
entidad, razón por la cual debía sujetarse estrictamente a los requisitos previstos en la
Ley 489 de 1998.

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Indicó que el artículo 210 de la Constitución Política consagró de manera taxativa los
mecanismos de distribución de funciones administrativas, a saber, la descentralización,
la desconcentración y la delegación. Añadió que esta interpretación fue acogida por la
Corte Constitucional en la sentencia C-561 de 1999, mediante la cual se examinó la
constitucionalidad de la Ley 489 de 1998. Con fundamento en ello, concluyó que la
denominada comisión carece de existencia autónoma en el ámbito administrativo y
constituye, en realidad, una modalidad de delegación funcional sometida al régimen legal
correspondiente.

El demandante sostuvo que la denominada comisión mediante la cual se ordenó la
diligencia desconoció el régimen de delegación previsto en el artículo 9 de la Ley 489 de
1998, según el cual la facultad de delegar se encuentra reservada a determinadas
autoridades y solo puede recaer en empleados públicos de los niveles directivo o asesor
vinculados al respectivo organismo. En su criterio, la actuación cuestionada fue dispuesta
por un trabajador oficial que no ostentaba la condición de representante legal de
COLJUEGOS y se dirigió a trabajadores oficiales y contratistas de la entidad, quienes no
podían ser destinatarios válidos de una delegación de funciones administrativas. Por ello,
afirmó que se vulneraron las normas que regulan la transferencia de funciones públicas
y que las actuaciones realizadas con fundamento en dicha comisión carecían de sustento
legal.

Sostuvo igualmente que la naturaleza jurídica de los actos administrativos no depende
de la denominación que les otorgue la administración, sino de su contenido material y de
los efectos que producen. Señaló que la jurisprudencia ha reconocido reiteradamente la
posibilidad de controlar actos formalmente denominados de manera distinta cuando
contienen decisiones administrativas de fondo. Bajo esa premisa, afirmó que la
denominada comisión constituyó una verdadera delegación de funciones,
independientemente de la nomenclatura utilizada por COLJUEGOS.

Explicó que la privación de la tenencia y posesión de bienes de particulares, así como el
ingreso a establecimientos de comercio sin autorización de sus titulares, constituyen
manifestaciones del ejercicio de funciones públicas que requieren habilitación legal
expresa y el respeto de estrictas garantías procesales. Por ello, consideró que las
personas comisionadas ejercieron funciones públicas directas al adoptar decisiones
sustanciales durante la diligencia, entre ellas la incautación de las máquinas de juego.

Añadió que ninguna disposición constitucional o legal facultaba al gerente de proceso de
control a las operaciones ilegales para transferir tales atribuciones a terceros, por lo que
la falta de competencia del presunto delegante resultaba evidente.

Indicó que esta circunstancia se corroboraba con la motivación expuesta por
COLJUEGOS en la Resolución 2009 del 2 de diciembre de 2013. Según explicó, la
entidad justificó las facultades del mencionado trabajador oficial mediante las
Resoluciones Internas 355 del 16 de abril de 2013 y 1479 de septiembre de 2013, que
modificaron el manual específico de funciones de los trabajadores oficiales. Sin embargo,
destacó que el auto comisorio, el acta de hechos y la diligencia de incautación fueron
expedidos y ejecutados el 3 de abril de 2013, es decir, antes de la expedición de las
disposiciones invocadas como fundamento de competencia. En consecuencia, afirmó
que la motivación de los actos demandados se sustentó en normas inexistentes para la
fecha de los hechos, circunstancia constitutiva de falsa motivación.

Agregó que, aun si se admitiera hipotéticamente que dichas resoluciones internas
hubiesen estado vigentes con anterioridad al 3 de abril de 2013, el acto de comisión

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seguiría siendo ilegal e inconstitucional. Lo anterior, por cuanto las funciones recibidas
mediante delegación no pueden ser objeto de una nueva transferencia por parte del
delegatario, conforme a la prohibición contenida en el numeral 2 del artículo 11 de la Ley
489 de 1998.

Sostuvo, además, que si se aceptara la tesis según la cual la comisión constituye una
figura distinta de la delegación, la actuación debía sujetarse a lo dispuesto en el artículo
31 del Código de Procedimiento Civil, norma vigente para la época de los hechos.
Recordó que la Corte Constitucional declaró inexequibles las disposiciones que permitían
comisionar a funcionarios del mismo despacho del comitente para la práctica de
diligencias que implicaran la adopción de decisiones reservadas a quien ostentara la
respectiva investidura.

Precisó que, de acuerdo con dicho régimen, las comisiones únicamente podían conferirse
a autoridades legalmente facultadas para decidir, tales como jueces, alcaldes o
inspectores de policía. No obstante, en el presente caso la comisión recayó sobre
contratistas y trabajadores oficiales de la misma entidad, quienes carecían de
competencia legal para adoptar decisiones de esa naturaleza.

Indicó que tampoco se cumplió con lo previsto en el artículo 33 del mismo estatuto
procesal, relativo a la comunicación de la diligencia por estado, lo que configura otra
irregularidad en el procedimiento adelantado.

Por lo anterior, concluyó que la actuación cuestionada vulneró directamente los artículos
31 y 33 del CPC y que dicha irregularidad afectó la validez de las resoluciones
demandadas.

1.3.2.3. Funciones públicas ejercidas por particulares y trabajadores oficiales.

El demandante sostuvo que, como consecuencia del Auto Comisorio 14, expedido de
manera irregular por COLJUEGOS, trabajadores oficiales y contratistas de la entidad
ejercieron materialmente funciones públicas durante la diligencia de incautación, al
disponer y ejecutar el retiro de las máquinas de juego halladas en el establecimiento.

Afirmó que dichas actuaciones constituyeron decisiones sustanciales que sirvieron de
fundamento para la posterior expedición de los actos administrativos demandados, pese
a haber sido adoptadas por personas que, en su criterio, carecían de investidura y
competencia legal para ejercer facultades de control, fiscalización o adopción de medidas
cautelares. Por ello, consideró que la actuación se encontraba afectada por un vicio de
nulidad derivado de la indebida atribución de funciones públicas mediante una comisión
que estimó ilegal.

Indicó que quienes suscribieron el Acta de Hechos y Retiro de Bienes núm. 09 ejercieron
funciones públicas de autoridad al disponer la aprehensión material de las máquinas de
juego. Señaló que, bajo el amparo formal del auto comisorio, tales personas asumieron
facultades de fiscalización y control frente a la ilegalidad previstas en el artículo 44 de la
Ley 643 de 2001, modificado por el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010, y adoptaron
medidas de retiro respecto de los elementos de juego hallados en el establecimiento
inspeccionado.

Agregó que los comisionados también desarrollaron actividades propias de policía
judicial, funciones que, según afirmó, les estaban expresamente vedadas de conformidad
con el numeral 4 del artículo 202 de la Ley 906 de 2004. En consecuencia, sostuvo que

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particulares sin la investidura exigida por el ordenamiento jurídico actuaron como titulares
de potestades públicas, con desconocimiento de los artículos 121, 122 y 123 de la
Constitución Política.

Precisó que, si bien el ordenamiento jurídico admite que los particulares ejerzan
funciones públicas, dicha posibilidad se encuentra sometida al cumplimiento estricto de
los requisitos constitucionales y legales que regulan la materia. En ese sentido, afirmó
que la habilitación respectiva debe provenir de autoridad competente y ajustarse a los
parámetros establecidos en los artículos 121, 122, 123 y 210 de la Constitución Política,
así como en los artículos 110 a 114 de la Ley 489 de 1998. A su juicio, ninguna de estas
exigencias fue observada en el presente caso.

Manifestó que la sola ejecución material de funciones públicas no otorga validez a la
actuación de los particulares que las ejercen. Por el contrario, la eficacia jurídica de sus
decisiones depende de la existencia de una habilitación previa y de la observancia de los
procedimientos previstos por el legislador, presupuestos que, según afirmó, estuvieron
completamente ausentes en la actuación cuestionada.

Señaló igualmente que el artículo 123 de la Constitución Política reconoce la posibilidad
de que particulares desempeñen funciones públicas y los asimila a servidores públicos
para efectos de responsabilidad. Sin embargo, destacó que dicha disposición exige,
como presupuesto para el ejercicio de tales funciones, la prestación del correspondiente
juramento constitucional. Afirmó que los comisionados omitieron esta exigencia, pese a
que ejecutaron medidas de carácter coercitivo que afectaron derechos de terceros.

Añadió que, conforme a lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-866 de
1999 y a lo previsto en el artículo 111 de la Ley 489 de 1998, la atribución de funciones
administrativas a particulares requiere la expedición previa de un acto administrativo
habilitante o la celebración de un convenio que regule el ejercicio de dichas
competencias. En su criterio, ninguno de estos instrumentos existió en el caso concreto.

Sostuvo además que el numeral 1 del artículo 111 de la Ley 489 de 1998 exige, para las
entidades descentralizadas, autorización previa de la junta directiva y aprobación del
Presidente de la República o de la autoridad delegada para tal efecto. Afirmó que
tampoco se acreditó el cumplimiento de este requisito respecto de las funciones públicas
que los comisionados ejercieron durante la diligencia.

De igual forma, indicó que el numeral 2 de la misma disposición exige que la selección
de los particulares encargados de ejercer funciones administrativas sea el resultado de
una convocatoria pública adelantada conforme a los principios y requisitos previstos en
la Ley 80 de 1993. Según el demandante, tampoco existe evidencia de que dicho
procedimiento hubiera sido observado.

Con fundamento en lo anterior, concluyó que la pretendida investidura de los
comisionados carecía de sustento constitucional y legal, puesto que se omitieron todos
los requisitos sustanciales exigidos para la atribución válida de funciones públicas a
particulares. En consecuencia, sostuvo que las actuaciones adelantadas en su contra se
encuentran afectadas por una nulidad insubsanable y carecen de fuerza vinculante dentro
del ordenamiento jurídico.

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Radicado: 25000 23 41 000 2014 01213 01
Demandante: Diego Gildardo Benavides González
Demandado: Coljuegos

1.3.2.4. La tenencia de máquinas de juego no es ilegal

El actor sostuvo que los actos administrativos demandados se encuentran afectados por
falsa motivación, por cuanto calificaron como ilegal una conducta que, en su criterio, se
ajustaba al ordenamiento jurídico vigente. Explicó que, para la fecha de la diligencia, el
establecimiento de comercio y las máquinas tragamonedas se encontraban amparados
por el Contrato de Concesión C-0588 de 2008, cuya terminación acababa de producirse.
Indicó que su representado adelantaba las actuaciones necesarias para iniciar un nuevo
proceso de licenciamiento y que, en ese contexto, el personal únicamente desarrollaba
labores de mantenimiento técnico de los equipos, adecuación de la sala de juego y demás
actividades inherentes a la preparación del establecimiento para una futura operación
autorizada.

Manifestó que el régimen jurídico de los juegos de suerte y azar diferencia la simple
tenencia de elementos de juego de la explotación u operación de actividades de juego
sin autorización. Según afirmó, la conducta sancionable es la operación ilegal de los
juegos de suerte y azar y no la mera propiedad, posesión o custodia de las máquinas.
Agregó que la operación implica la explotación efectiva del juego con fines lucrativos para
el operador y los apostadores, supuesto que, a su juicio, no se configuró en el caso
concreto, dado que las máquinas permanecían en un establecimiento cerrado al público
y no se encontraban destinadas a la recepción de apuestas.

Señaló igualmente que la instalación y adecuación técnica de los equipos constituye una
etapa previa e indispensable para la obtención de una nueva concesión. Explicó que la
normativa aplicable exige que el interesado cuente previamente con el local comercial,
las máquinas y la infraestructura necesaria para la prestación del servicio, información
que debe reportarse al momento de presentar la correspondiente solicitud de
autorización. En consecuencia, sostuvo que la tenencia de los equipos durante dicha
etapa preparatoria obedecía al cumplimiento de exigencias regulatorias y no al desarrollo
de una actividad de juego ilegal.

Adujo que la principal evidencia de la inexistencia de operación efectiva de los juegos se
encuentra en la propia acta de hechos y retiro de bienes. Según indicó, dicho documento
no registró la presencia de jugadores, apostadores o usuarios dentro del establecimiento
ni describió circunstancias que permitieran concluir que las máquinas estaban siendo
explotadas comercialmente.

Agregó que el contenido del acta demuestra que el establecimiento no se encontraba
abierto al público ni desarrollaba actividades de juego. Por el contrario, afirmó que el
inmueble atravesaba una fase de montaje, adecuación y alistamiento para el inicio de
operaciones una vez se obtuviera la correspondiente autorización administrativa.

Destacó que el acta únicamente dejó constancia de la presencia de la persona encargada
de la vigilancia del local y no identificó usuarios de las máquinas ni personas que
realizaran apuestas. Asimismo, señaló que los funcionarios actuantes no registraron
evidencia relacionada con el funcionamiento efectivo de los equipos, ni reportaron la
existencia de monedas, billetes u otros elementos asociados al recaudo de apuestas en
los monederos de las máquinas.

Con fundamento en lo anterior, concluyó que los hechos constatados durante la diligencia
eran incompatibles con la existencia de una operación ilegal de juegos de suerte y azar.
A su juicio, el material probatorio recaudado evidenciaba únicamente actividades de
adecuación, mantenimiento y preparación del establecimiento, circunstancia que

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desvirtúa los fundamentos fácticos que sirvieron de soporte a los actos administrativos
demandados y configura el vicio de falsa motivación alegado.

II. TRÁMITE DE LA DEMANDA

2.1. Mediante auto del 16 de enero de 201512, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, admitió la demanda y ordenó correr
traslado a Coljuegos.

2.2. Coljuegos13 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de esta con base en
los siguientes argumentos:

2.2.1. Defendió la legalidad de los actos administrativos demandados y sostuvo que
contaba con competencia para ordenar el decomiso, el retiro y la posterior destrucción
de las máquinas de juego, de conformidad con las facultades atribuidas por el
ordenamiento jurídico.

Explicó que el Decreto Ley 4142 de 2011 creó a COLJUEGOS como una empresa
industrial y comercial del Estado, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa
y patrimonio independiente. Señaló que, aunque su naturaleza jurídica le permite
desarrollar actividades industriales, comerciales y de gestión económica, su condición de
entidad estatal del orden nacional adscrita al sector administrativo correspondiente la
reviste de las prerrogativas propias de las autoridades administrativas para el
cumplimiento de las funciones asignadas por la ley.

Indicó que el artículo 5 del citado decreto le atribuyó como objeto principal la explotación,
administración, operación y reglamentación de los juegos de suerte y azar del orden
nacional. Según afirmó, el diseño institucional previsto por el legislador tuvo como
finalidad garantizar la administración eficiente del monopolio rentístico y concentró en la
entidad diversas competencias que anteriormente ejercían la extinta ETESA, la
Superintendencia Nacional de Salud y el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.

Manifestó que dentro de dichas atribuciones se encuentran la formulación de iniciativas
regulatorias, la definición de estándares técnicos aplicables a los elementos de juego, la
supervisión de su cumplimiento, el monitoreo de la ilegalidad y la adopción de las medidas
correspondientes. Asimismo, señaló que le corresponde administrar y controlar los
contratos de operación, así como adelantar las actuaciones relacionadas con la
liquidación, recaudo, discusión, cobro, devolución y sanción de las obligaciones
derivadas de los derechos de explotación.

Adujo que el artículo 43 de la Ley 643 de 2001 faculta a las entidades administradoras
del monopolio rentístico para adelantar las investigaciones y actuaciones necesarias para
el cumplimiento de sus funciones. Agregó que el artículo 44 ibidem, modificado por el
artículo 20 de la Ley 1393 de 2010, establece expresamente el régimen sancionatorio
aplicable a la operación ilegal de juegos de suerte y azar. Con fundamento en esta
disposición, sostuvo que cuenta con facultades para imponer el decomiso y la destrucción
de los elementos de juego utilizados en actividades no autorizadas, ordenar el cierre de
establecimientos de comercio, disponer el retiro de las máquinas como medida cautelar,

12 Folios 199 a 201 del cuaderno ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL-RESERVADO(.pdf) NroActua 33

del expediente digitalizado que obra en el índice 33 Samai.
13 Folios 220 a 254 del cuaderno ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL-RESERVADO(.pdf) NroActua 33

del expediente digitalizado que obra en el índice 33 Samai.

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Demandado: Coljuegos

imponer sanciones pecuniarias y poner los hechos en conocimiento de las autoridades
competentes cuando exista mérito para ello.

Señaló que las actuaciones administrativas adelantadas por la entidad se encuentran
sometidas al respeto del debido proceso y de las garantías previstas en el artículo 29 de
la Constitución Política. En consecuencia, afirmó que toda investigación administrativa
relacionada con la operación ilegal de juegos de suerte y azar debe desarrollarse
mediante el procedimiento correspondiente, con observancia de los derechos de defensa
y contradicción de los interesados.

2.2.2. En relación con el cargo de falta de competencia del gerente de proceso de control
a las operaciones ilegales para comisionar a otros servidores y ordenar la práctica de
diligencias de control, así como respecto de la competencia de quienes intervinieron en
ellas, sostuvo que tales actuaciones se encontraban expresamente previstas y
autorizadas por la normativa interna de la entidad, la cual asignaba al mencionado
funcionario las facultades necesarias para coordinar, ordenar y ejecutar las actividades
de investigación, fiscalización y control frente a las operaciones ilegales de juegos de
suerte y azar.

Indicó que las Resoluciones 027 del 17 de mayo de 2012, 355 del 16 de abril de 2013 y
1479 del 24 de septiembre de 2013, mediante las cuales se adoptó y modificó el manual
específico de ocupaciones y perfiles de los trabajadores oficiales de la entidad, asignan
al gerente de proceso de control a las operaciones ilegales la responsabilidad de
coordinar el ejercicio de las funciones de control frente a la operación ilegal de juegos de
suerte y azar. Según explicó, dentro de las funciones propias del cargo se encuentran la
coordinación de los procesos investigativos y sancionatorios, la expedición de autos de
apertura, la emisión de autos comisorios y la orden de práctica de pruebas y demás
diligencias administrativas.

Manifestó que la naturaleza jurídica de COLJUEGOS como empresa industrial y
comercial del Estado determina que la vinculación de la mayoría de sus servidores
corresponda a la categoría de trabajadores oficiales, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 5 del Decreto 3135 de 1968. Señaló que dicha circunstancia responde a la
estructura organizacional definida por el legislador y no limita el cumplimiento de las
funciones institucionales asignadas a la entidad.

Adujo que las actividades de administración, vigilancia, fiscalización y control del
monopolio rentístico son desarrolladas por los servidores vinculados a la entidad, con
independencia de la modalidad de vinculación laboral que ostenten. En ese sentido,
afirmó que la validez de las actuaciones administrativas se fundamenta en las
competencias asignadas mediante el respectivo manual de funciones o en las
obligaciones derivadas del vínculo jurídico existente con la entidad.

Con base en lo anterior, sostuvo que el ejercicio de funciones públicas no se encuentra
reservado exclusivamente a los empleados públicos y que, en consecuencia, los
trabajadores oficiales pueden desarrollar actuaciones administrativas cuando tales
funciones les hayan sido atribuidas válidamente dentro de la estructura organizacional de
la entidad. Por ello, consideró que la naturaleza del vínculo laboral no constituye un factor
que afecte la competencia o la validez de las actuaciones adelantadas por los servidores
de COLJUEGOS.

En cuanto a la figura de la comisión, señaló que esta constituye una situación
administrativa reconocida por el ordenamiento jurídico y que su validez depende del

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cumplimiento de determinados requisitos. Indicó que, en primer lugar, debe existir un acto
administrativo debidamente motivado que la disponga; en segundo término, las funciones
encomendadas deben tener carácter temporal u ocasional; y, finalmente, las actividades
objeto de la comisión deben diferenciarse de los deberes ordinarios de colaboración
inherentes al cargo desempeñado por el servidor.

Con base en tales consideraciones, afirmó que el gerente de proceso de control a las
operaciones ilegales se encontraba facultado para expedir autos comisorios, en virtud de
las competencias asignadas por la reglamentación interna de la entidad. En
consecuencia, concluyó que los servidores que recibieron dichas comisiones y
participaron en las actuaciones de investigación y control actuaron dentro del ámbito de
las funciones que les fueron válidamente encomendadas, por lo que sus actuaciones se
encontraban amparadas por la competencia funcional correspondiente.

2.2.3. En relación con el cargo referente al ejercicio de funciones públicas por particulares
y trabajadores oficiales, precisó que para la fecha de la visita de control practicada en el
establecimiento ubicado en la carrera 91 No. 135A - 03 de Bogotá, la planta de personal
de la gerencia de proceso de control a las operaciones ilegales aún no había sido
aprobada por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Explicó que, ante dicha circunstancia, la entidad acudió a una empresa de servicios
temporales para atender las necesidades operativas asociadas al desarrollo de sus
funciones de control. Indicó que las personas que participaron en la diligencia ostentaban
la calidad de trabajadores en misión vinculados a dicha empresa, quienes prestaban sus
servicios de manera transitoria en las dependencias de COLJUEGOS, bajo las
condiciones previstas en la legislación laboral aplicable.

Señaló que la contratación de trabajadores en misión obedeció a necesidades temporales
del servicio y tuvo por finalidad apoyar el desarrollo de las actividades necesarias para el
cumplimiento de las funciones asignadas a la entidad por el Decreto 4142 de 2011.
Agregó que esta modalidad de vinculación se mantuvo hasta tanto fueron aprobadas la
planta de personal y la estructura de cargos de la Gerencia de Proceso de Control a las
Operaciones Ilegales.

Manifestó que las actividades desarrolladas durante la diligencia correspondían a labores
de carácter ocasional y transitorio. En ese sentido, afirmó que las personas que recibieron
la comisión para participar en los operativos de control actuaban como trabajadores en
misión al servicio de la entidad y prestaban apoyo en el ejercicio de las funciones
relacionadas con la vigilancia y fiscalización de las operaciones ilegales de juegos de
suerte y azar.

Con fundamento en lo anterior, sostuvo que, en su condición de empresa industrial y
comercial del Estado encargada de la administración y fiscalización del monopolio
rentístico de los juegos de suerte y azar, contaba con habilitación legal para vincular
personal temporal destinado al cumplimiento de dichas funciones. En consecuencia,
consideró que la participación de los trabajadores en misión en las actuaciones de control
no afectaba la validez de la diligencia ni de los actos administrativos posteriores.

Finalmente, concluyó que las personas comisionadas para intervenir en el operativo
adelantado en el establecimiento objeto de inspección actuaron dentro del marco de las
funciones que les fueron encomendadas y contaban con la competencia necesaria para
desarrollar las actividades de apoyo requeridas durante la diligencia, razón por la cual
descartó la configuración de los vicios alegados por la parte demandante.

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2.2.4. Finalmente, frente al cargo relativo a que la tenencia de máquinas de juego no
constituye una conducta ilegal, resaltó que no es cierta la afirmación del demandante
según la cual el establecimiento se encontraba en proceso de montaje y adecuación.

Indicó que el registro fílmico aportado con la contestación de la demanda evidencia que
el establecimiento de comercio se encontraba abierto al público al momento de la visita
de control. Señaló, además, que dicha prueba audiovisual permite constatar que las
veintidós (22) máquinas electrónicas tragamonedas estaban encendidas y en
funcionamiento, circunstancia que desvirtúa la hipótesis de mantenimiento técnico
alegada por la parte actora.

Adujo que el argumento del demandante, relacionado con la supuesta etapa de
alistamiento para la presentación de una nueva solicitud de autorización, carece de
respaldo fáctico y jurídico. En tal sentido, precisó que el artículo 44 de la Ley 643 de 2001,
modificado por el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010, prevé la procedencia del decomiso
cuando se acredite la operación de juegos de suerte y azar sin la correspondiente
autorización o contrato de concesión. En consecuencia, afirmó que la sola intención de
adelantar un trámite de licenciamiento no habilita la explotación de los elementos de
juego.

Señaló que la diligencia de control a las operaciones ilegales practicada el 3 de abril de
2013, conforme al acta de hechos y retiro de bienes núm. 09, se adelantó en ejercicio de
las facultades previstas en la Ley 643 de 2001, la Ley 1393 de 2010, el Decreto 4142 de
2011 y las resoluciones internas 027 de 2012, 355 de 2013 y 1479 de 2013. Indicó que
los funcionarios previamente comisionados encontraron los equipos en funcionamiento y
procedieron a su retiro como medida de carácter cautelar.

Añadió que de dicha actuación se derivaron dos procedimientos administrativos
independientes: uno orientado a la imposición de la sanción de decomiso y destrucción
de los elementos de juego, conforme al parágrafo del artículo 20 de la Ley 1393 de 2010;
y otro dirigido a la imposición de la sanción pecuniaria por evasión de derechos de
explotación y gastos de administración, prevista en el literal a) de la misma disposición.

Afirmó que el procedimiento sancionatorio se adelantó con estricta observancia de las
etapas previstas en la normativa aplicable. En particular, señaló que, una vez levantada
el acta de visita y verificada la ausencia de autorización para la operación, esta fue
notificada a quien atendió la diligencia, otorgándose el término legal de quince (15) días
para acreditar el respectivo permiso. Explicó que, ante la falta de prueba de autorización
dentro del término concedido, la entidad expidió la Resolución 0462 del 8 de mayo de
2013, mediante la cual impuso las sanciones de cierre y decomiso, la cual fue confirmada
mediante la Resolución 2009 del 2 de diciembre de 2013 al resolver el recurso de
reposición.

2.2.5. Propuso como excepciones: (i) la ausencia de vicios de nulidad del acto
administrativo demandado; y (ii) la innominada.

III. LA AUDIENCIA INICIAL Y LAS PRUEBAS DECRETADAS Y PRACTICADAS

3.1. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 180 del CPACA, el despacho
sustanciador del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección

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“A”, celebró audiencia inicial el 7 de julio de 201514, a la cual asistieron las partes
demandante, demandada y el Ministerio Público.

El despacho sustanciador del Tribunal fijó el litigio de la siguiente manera:

(…) el Magistrado señala que los puntos sobre los que existe discrepancia son los
siguientes: 1. La competencia de la entidad, 2. La ausencia de competencia del Gerente
de Procesos para delegar la diligencia de decomiso, 3. La tenencia de máquinas no es
motivo de ilegalidad sino la explotación de las maquinas.

3.2. El despacho sustanciador del Tribunal resolvió sobre las solicitudes probatorias
formuladas en la demanda y en la contestación de la demanda.

Frente a las pruebas solicitadas en la demanda resolvió: (i) incorporar en su valor legal
la documentación aportada; (ii) librar oficio a COLJUEGOS para que remitiera la
información solicitada por el demandante; (iii) decretar los dictámenes periciales
solicitados, a saber, uno para que dictamine y evalúe el monto del daño emergente y
lucro cesante ocasionado al demandante con la expedición de los actos demandados y
el otro, para estudiar la existencia del daño moral y psicológico causado al demandante
con el retiro y posterior destrucción de las maquinas.

En relación con los documentos aportados por la parte demandada en la contestación de
la demanda, dispuso su incorporación al proceso para su valoración en la oportunidad
procesal correspondiente.

3.3. Como resultado de la evaluación psicológica practicada al demandante, la perito
concluyó que:

El daño moral sufrido por este señor tiene que ver con la angustia, humillación, la tensión
por la privación de un bien que en este caso era su medio de subsistencia, de sostenimiento
tanto para el como para su familia, afectación de su patrimonio, afectación de su salud física
y psíquica, afectación de su dignidad y su reputación social al no poder pagar las deudas y
compromisos adquiridos y la perdida de la explotación de su negocio entendido esto como
lucre cesante15.

3.4. Por su parte, el perito encargado de determinar el monto del daño emergente y lucro
cesante ocasionado por los actos administrativos atacados señaló que el total de daño
emergente es de $251.477.270 y el total del lucro cesante es de $419.207.040 16.

3.5. El despacho sustanciador del Tribunal corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión.

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Folios 545 a 551 del cuaderno ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL-RESERVADO(.pdf) NroActua 33
del expediente digitalizado que obra en el índice 33 Samai.
15 Folios 571 a 576 del cuaderno ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL-RESERVADO(.pdf) NroActua 33

del expediente digitalizado que obra en el índice 33 Samai.
16 Folios 595 a 598 del cuaderno ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL-RESERVADO(.pdf) NroActua 33

del expediente digitalizado que obra en el índice 33 Samai.

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La demandante17 y la DIAN18 presentaron escritos de alegatos de conclusión. El
Ministerio Público19 rindió concepto en el que solicitó no acceder a las pretensiones de la
demanda.

IV. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 10 de noviembre de 201620, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, resolvió:

PRIMERO. NIÉGANSE las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho incoada por el señor Diego Gildardo Benavidez González, contra la Empresa
Industrial y Comercial del Estado - Coljuegos.

SEGUNDO.- CONDÉNASE en costas al señor Diego Gildardo Benavidez González, por
Secretaria liquídense las mismas de conformidad con el Código General del Proceso,
aplicable por remisión del artículo 188 del C.P.A.C.A.

TERCERO. Por Secretaría, efectúese la liquidación de los gastos del proceso y
devuélvanse los remanentes si a ello hay lugar.

CUARTO. En firme esta providencia archívese el expediente y devuélvanse los anexos sin
necesidad de desglose. (mayúsculas sostenidas y negritas del texto original).

Para el Tribunal, la parte demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de
las Resoluciones 0462 del 8 de mayo de 2013 y 2009 del 2 de diciembre de 2013. Al
respecto expuso las siguientes consideraciones luego de agrupar los argumentos de la
demanda en los cargos de (i) falta de competencia de Coljuegos para expedir los actos
acusados; y (ii) infracción de las normas en que debieron fundarse los actos acusados:

4.1. Frente al cargo de falta de competencia de COLJUEGOS para expedir los actos
acusados, que comprende los argumentos relativos a la ausencia de facultad legal para
ordenar el decomiso y destrucción de máquinas, así como la supuesta incompetencia del
gerente de proceso de control a las operaciones ilegales para comisionar o delegar
funciones a terceros, la entidad sostuvo que las atribuciones de fiscalización y sanción
previstas en la Ley 643 de 2001, inicialmente asignadas a ETESA y posteriormente a la
DIAN, fueron finalmente trasladadas a COLJUEGOS en virtud del marco normativo
vigente.

Indicó que, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010, que modificó el
artículo 44 de la Ley 643 de 2001, COLJUEGOS, en su calidad de entidad pública
administradora del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar del orden nacional, se
encuentra facultada para imponer las sanciones de cierre del establecimiento y decomiso
de los elementos utilizados en la operación ilegal, una vez agotado el procedimiento
previsto en dicha disposición, con el fin de contrarrestar la evasión de los derechos de
explotación.

Adujo que las funciones de custodia de los elementos incautados, atribuidas inicialmente
a la DIAN, fueron asumidas por COLJUEGOS tras la creación de dicha entidad, por lo
17 Folios 43 a 85 del documento digitalizado ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 2 PRINCIPAL- RESERVADO(.pdf)

NroActua 33 que obra en el índice 33 de SAMAI.
18
Folios 38 a 40 del documento digitalizado ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 2 PRINCIPAL- RESERVADO(.pdf)
NroActua 33 que obra en el índice 33 de SAMAI.
19 Folios 29 a 37 del documento digitalizado ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 2 PRINCIPAL- RESERVADO(.pdf)

NroActua 33 que obra en el índice 33 de SAMAI.
20 Folios 86 a 125 del documento digitalizado ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 2 PRINCIPAL- RESERVADO(.pdf)

NroActua 33 que obra en el índice 33 de SAMAI.

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Demandado: Coljuegos

que la decisión relativa a la guarda de los bienes decomisados en poder de ALMAVIVA
no desconoce el ordenamiento jurídico.

Finalmente, señaló que la facultad de policía judicial atribuida a COLJUEGOS se
encuentra prevista en el artículo 3 del Decreto 1905 de 2008, norma que regula el
ejercicio de dichas funciones en el marco de las competencias de control asignadas a la
entidad, así:

“(...) Articulo 3°. Función de Policía Judicial. La Empresa Territorial para la Salud, Etesa,
ejercerá de conformidad con las facultades otorgadas en la Ley 643 de 2001, las funciones
previstas en el numeral 4 del artículo 202 de la Ley 906 de 2004.

Parágrafo. En desarrollo de las funciones contempladas en la Ley 906 dentro del ámbito
de sus competencias, la Empresa Territorial para la Salud, Etesa, deberá realizar las
actividades tendientes a brindar el apoyo necesario a las autoridades de investigación en
la recolección del material probatorio y su aseguramiento para el desarrollo eficaz de la
investigación y actuará coordinadamente con dichas autoridades en los casos que se
considere pertinente (...).”.

Explicó que, si bien la norma citada asignaba dicha función a ETESA, tales competencias
deben entenderse radicadas en COLJUEGOS, en su condición de entidad administradora
del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar.

Señaló que el numeral 4 del artículo 202 de la Ley 906 de 2004 incluye dentro de los
organismos con funciones permanentes de policía judicial a las entidades públicas que
ejercen funciones de vigilancia y control. En ese sentido, afirmó que COLJUEGOS, en
ejercicio de sus funciones de fiscalización y control, está facultada para adelantar
actuaciones de verificación frente a la operación ilegal de juegos de suerte y azar y, una
vez surtido el procedimiento correspondiente, imponer medidas como el decomiso y la
destrucción de los elementos utilizados, sin perjuicio de su deber de apoyo a otras
autoridades en el marco de investigaciones de carácter penal, policivo o administrativo,
conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 643 de 2001.

4.2. Indicó que el demandante no cuestiona directamente la competencia del gerente de
proceso de control a las operaciones ilegales para expedir la Resolución 0462 del 8 de
mayo de 2013, mediante la cual se ordenó el decomiso de los elementos de juego, sino
la legalidad de los actos previos que dieron origen a la actuación administrativa.

Precisó que mediante el Auto Comisorio 14 del 3 de abril de 2013, el gerente de proceso
de control a las operaciones ilegales dispuso la comisión de servidores adscritos a dicha
dependencia para adelantar visita de control en el establecimiento ubicado en la carrera
91 No. 135A - 03 de Bogotá, con el fin de verificar la existencia de operaciones ilegales
de juegos de suerte y azar. Señaló que en dicho acto se ordenó levantar el
correspondiente “Acta de Hechos y Retiro de Bienes” y se indicó que contra el mismo no
procedían recursos, por tratarse de un acto de trámite, conforme al artículo 75 de la Ley
1437 de 2011.

En cuanto a la forma de comunicación del auto comisorio, la entidad sostuvo que este
fue debidamente puesto en conocimiento de los interesados, como corresponde a los
actos de trámite dentro de una actuación administrativa. Agregó que no resulta aplicable
el artículo 33 del CPC invocado por el demandante, en la medida en que dicha disposición
regula la comisión judicial para la práctica de pruebas en sede jurisdiccional, mas no las
actuaciones administrativas adelantadas por autoridades en ejercicio de funciones de
control.

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4.3. Respecto del cuestionamiento relativo a la falta de competencia del gerente de
proceso de control a las operaciones ilegales y de los servidores que intervinieron en la
diligencia por su calidad de trabajadores oficiales o contratistas, señaló que las funciones
correspondientes se encuentran definidas en el manual de funciones de COLJUEGOS,
con independencia de la modalidad de vinculación laboral de quienes las ejecutan.

Indicó que el señor Germán Francisco Daza se encontraba vinculado mediante empresa
de servicios temporales Gente Oportuna S.A.S., bajo contrato por obra o labor
determinada, desempeñándose como técnico de inteligencia. Señaló que, sin embargo,
no era posible realizar un análisis de fondo sobre la naturaleza pública o administrativa
de las funciones atribuidas, en tanto la Resolución 027 del 17 de mayo de 2012 no obra
completa en el expediente y no fue posible su verificación integral, circunstancia frente a
la cual la parte actora no desplegó actividad probatoria suficiente. Agregó que tampoco
fue posible corroborar su contenido en la página web institucional de COLJUEGOS.

De igual forma, indicó que la señora Clara Lozano Gómez se encontraba vinculada a
través de empresa de servicios temporales Gente Oportuna S.A.S., como abogada
profesional en misión. Señaló que, al igual que en el caso anterior, la falta de aportación
íntegra del manual de funciones impidió desvirtuar la validez de las actuaciones
realizadas por el personal interviniente, correspondiendo al demandante la carga de la
prueba de sus afirmaciones.

Con fundamento en lo anterior, el Tribunal concluyó que, conforme al artículo 6 de la
Constitución Política, las autoridades administrativas pueden atribuir a particulares el
ejercicio de funciones públicas en los términos previstos por la ley. En consecuencia,
sostuvo que el gerente de proceso de control a las operaciones ilegales de COLJUEGOS
estaba facultado para disponer la comisión de personal vinculado a la entidad o a terceros
para la práctica de visitas de verificación y control, quienes actuaron dentro del marco de
las competencias asignadas, incluyendo la adopción de medidas como el decomiso de
los elementos de juego ante la ausencia de autorización legal.

4.4. Frente al cargo por infracción de las normas en que debieron fundarse los actos
acusados, sostuvo que la medida de decomiso se adoptó con fundamento en el
incumplimiento de lo previsto en el parágrafo del artículo 20 de la Ley 1393 de 2010, que
modificó el artículo 44 de la Ley 643 de 2001. Señaló que, una vez realizada la visita de
control y levantada el acta de hechos y retiro de bienes el 3 de abril de 2013, no se
acreditó la legalidad de la operación de las máquinas de juego.

Indicó que el argumento del demandante, según el cual se encontraba adelantando un
proceso de licenciamiento para la obtención de un nuevo contrato de concesión, no
desvirtúa la infracción normativa, en la medida en que la norma aplicable exige contar
con la respectiva autorización vigente para la operación de los juegos de suerte y azar,
sin que resulte suficiente la mera intención o el inicio de un trámite administrativo.

Precisó que el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010 no contempla la existencia de
autorizaciones en trámite como habilitación para la explotación de los elementos de
juego, sino la obligación de contar con la autorización efectiva y vigente al momento de
la operación.

Finalmente, señaló que, del análisis de los soportes audiovisuales allegados al
expediente administrativo, particularmente los registros contenidos en los CDs aportados,
se evidencia que el establecimiento de comercio se encontraba en funcionamiento y que

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las máquinas electrónicas tragamonedas estaban siendo utilizadas, circunstancia que se
corrobora con la extracción de dinero de los equipos y su posterior sellamiento durante
la diligencia de control.

4.5. En consecuencia, el Tribunal denegó las pretensiones de la demanda y condenó en
costas a la parte actora.

V. EL RECURSO DE APELACIÓN

El señor Diego Gildardo Benavides González interpuso recurso de apelación21, en el cual
solicitó la revocatoria de la sentencia del 10 de noviembre de 2016, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”.

El actor expuso que los argumentos de la sentencia de primera instancia:

en su conjunto tienen un aspecto común de donde nace las equivocadas conclusiones de
los falladores, y es que no realizan ni un solo análisis del abundante material probatorio
recaudado durante todo el proceso, ósea (sic) no toma en consideración las pruebas
recaudadas que son las que en ultimas demuestran la prosperidad de los cargos formulados
contra los actos administrativos, ya que se limitó a transcribir los errados fundamentos de
las resoluciones aquí demandadas.

Enfatizó en que los argumentos del Tribunal “están totalmente apartados de lo probado
con el material probatorio documentario recaudado en el proceso, el cual fue desconocido
por los honorables Magistrados en su integridad, pues contrario a confrontar los ataque
(sic) a los actos administrativos con las pruebas, se limitaron a enfrentar los cargos con
las resoluciones aquí demandadas”.

Como sustento del recurso, desarrolló los siguientes reparos contra el fallo de primera
instancia:

5.1. Expresó su desacuerdo con la decisión del Tribunal de negar el cargo relacionado
con la falta de competencia de COLJUEGOS para decomisar y destruir las máquinas
tragamonedas. Señaló que, aunque el a quo consideró que dicha entidad ejerce
funciones de control y fiscalización sobre los juegos de suerte y azar del orden nacional
y que, en desarrollo de esas competencias y previo agotamiento del procedimiento
correspondiente, se encuentra facultada para ordenar el decomiso y la destrucción de los
elementos utilizados en la actividad ilegal, tal conclusión desconoce el alcance de las
competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico y carece de sustento legal.

Al respecto, reprochó que el Tribunal no tuvo en cuenta los argumentos de la demanda
sobre los cuales insistió así:

5.1.1. Los actos administrativos demandados adolecen de nulidad por falta de
competencia de COLJUEGOS para ordenar la incautación, el decomiso y la destrucción
de máquinas de juego. Precisó que, las actuaciones administrativas se sustentaron en la
Ley 643 de 2001, el Decreto 4142 de 2011, la Ley 1393 de 2010, la Ley 1437 de 2011 y
la Resolución 027 de 2012, normas que, en su criterio, no confieren a COLJUEGOS
competencia para adoptar medidas de decomiso o destrucción de bienes, ni para ejercer
funciones de policía judicial. Señaló que, al no existir habilitación legal expresa, los actos
demandados se encuentran viciados por falsa motivación, infracción de normas
superiores, desviación de poder y desconocimiento del debido proceso.
21 Folios 133 a 167 del documento digitalizado ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 2 PRINCIPAL- RESERVADO(.pdf)

NroActua 33 que obra en el índice 33 de SAMAI.

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Radicado: 25000 23 41 000 2014 01213 01
Demandante: Diego Gildardo Benavides González
Demandado: Coljuegos

5.1.2. El régimen del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar comprende las
funciones de explotar, organizar, administrar, operar, controlar, fiscalizar, regular y vigilar,
las cuales fueron distribuidas por el legislador entre distintas entidades. Sostuvo que
algunas funciones fueron asignadas a particulares, otras a personas jurídicas
operadoras, y otras a entidades como COLJUEGOS y autoridades de control, sin que
dentro de dichas competencias se encuentre la facultad de decomisar o destruir bienes.

Afirmó que, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 643 de 2001, no todas las funciones
del monopolio fueron asignadas a COLJUEGOS, particularmente la función de control, la
cual, según indicó, fue atribuida a otras autoridades como la Superintendencia Nacional
de Salud. En ese sentido, señaló que la entidad demandada no cuenta con funciones de
policía judicial ni con potestad de decomiso o destrucción de bienes, por lo que los actos
acusados desconocen el marco normativo aplicable y el artículo 336 de la Constitución
Política.

Sostuvo que las facultades de decomiso y destrucción corresponden exclusivamente a
autoridades judiciales o administrativas con funciones de policía judicial, y no a empresas
industriales y comerciales del Estado, cuya naturaleza es de carácter industrial y
comercial. Agregó que la actuación de COLJUEGOS implicó una afectación al derecho
de propiedad sin competencia constitucional o legal, con violación del artículo 58 de la
Constitución Política.

Indicó igualmente que el artículo 202 numeral 4 de la Ley 906 de 2004 no resulta aplicable
a COLJUEGOS, en la medida en que esta no ostenta funciones permanentes de policía
judicial. En consecuencia, afirmó que las resoluciones demandadas se fundamentan en
una falsa motivación al desarrollar competencias inexistentes.

5.2. Cuestionó la decisión del a quo de desestimar el cargo de ausencia de competencia
del gerente de proceso para delegar o comisionar funciones públicas y de aquellos que
las recibieron para ejecutarlas. Indicó no estar de acuerdo con la tesis expuesta por el
Tribunal según la cual el gerente de proceso de control de operaciones ilegales de
COLJUEGOS podía delegar en los comisionados de que se trata, sin importar su tipo de
vinculación.

Desarrolló el anotado reparo a partir de los siguientes planteamientos:

5.2.1. El gerente de proceso de control a las operaciones ilegales no adelantó
directamente la diligencia de incautación, sino que la misma se realizó por terceros en
virtud de una supuesta comisión irregular. Señaló que la denominada comisión no
constituye una figura autónoma en el ordenamiento jurídico, sino una modalidad de
delegación sujeta a los requisitos de la Ley 489 de 1998.

Adujo que, conforme al artículo 210 de la Constitución Política y a la interpretación
contenida en la sentencia C-561 de 1999, las formas de transferencia de funciones
administrativas se limitan a la descentralización, desconcentración y delegación. En ese
sentido, afirmó que la comisión carece de sustento como mecanismo independiente y, en
realidad, constituye una delegación funcional encubierta.

Sostuvo que la delegación solo puede ser realizada por el representante legal de la
entidad y únicamente a favor de empleados públicos de niveles directivo o asesor, por lo
que no resultaba jurídicamente posible que trabajadores oficiales o contratistas
asumieran el ejercicio de funciones públicas de decisión, como la incautación de bienes.

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Radicado: 25000 23 41 000 2014 01213 01
Demandante: Diego Gildardo Benavides González
Demandado: Coljuegos

Afirmó que los actos de delegación o comisión no podían ser objeto de una nueva
transferencia por parte del delegatario, conforme a la prohibición contenida en la Ley 489
de 1998. En consecuencia, indicó que la actuación desplegada por los comisionados
carece de validez jurídica.

5.2.2. Incluso bajo la hipótesis de considerar la comisión como figura distinta de la
delegación, esta debió sujetarse a las reglas del artículo 31 del CPC vigente para la
época, el cual regula la comisión para la práctica de diligencias, y cuya aplicación fue
desconocida. Señaló además que los comisionados no contaban con facultades
decisorias, pese a haber adoptado medidas de incautación de bienes.

Indicó que tampoco se cumplió con lo previsto en el artículo 33 del mismo estatuto
procesal, relativo a la comunicación de la diligencia, lo que configura otra irregularidad en
el procedimiento adelantado.

5.2.3. Como consecuencia del Auto Comisorio 14 de 2013, particulares y trabajadores
oficiales adoptaron decisiones de carácter administrativo que implicaron el retiro de
bienes de propiedad del demandante, sin competencia legal ni habilitación constitucional,
lo que configura una usurpación de funciones públicas.

Adujo que los intervinientes también ejercieron funciones de policía judicial sin ostentar
la investidura requerida, en contravía de lo dispuesto en el artículo 202 numeral 4 de la
Ley 906 de 2004 y los artículos 121, 122 y 123 de la Constitución Política.

Señaló que la transferencia de funciones a particulares exige el cumplimiento de los
requisitos previstos en los artículos 110 a 114 de la Ley 489 de 1998, incluyendo el acto
administrativo previo, convenio y selección mediante convocatoria pública, exigencias
que no fueron satisfechas en el presente caso.

También sostuvo que no existía prueba suficiente de que los señores Germán Francisco
Daza y Clara Lozano contaran con funciones válidas que les permitieran adoptar
decisiones de incautación, y que la entidad no acreditó el contenido completo de la
Resolución 027 de 2012, lo que impide establecer la competencia funcional de los
intervinientes.

5.3. En cuanto a la consideración del Tribunal referente a que el local se encontraba en
operación y las máquinas tragamonedas estaban siendo usadas, adujo que, para la fecha
de los hechos el establecimiento se encontraba en etapa de montaje y adecuación, tras
la terminación del contrato de concesión C-0588 de 2008, con miras a iniciar un nuevo
proceso de licenciamiento. Señaló que no existía explotación de juegos de suerte y azar,
sino únicamente tenencia de equipos y actividades de mantenimiento.

Afirmó que el acta de hechos y retiro de bienes no registra la presencia de apostadores
ni evidencia de apuestas, ni la existencia de dinero en los equipos, lo que, en su criterio,
demuestra que no se estaba desarrollando operación de juego, sino actividades
preparatorias de instalación y mantenimiento.

Concluyó que la operación ilegal sancionable es la explotación de juegos de suerte y azar
sin autorización, y no la simple tenencia de máquinas, por lo que los actos demandados
se fundamentan en una errónea apreciación de los hechos y en una indebida
interpretación del régimen constitucional del monopolio rentístico.

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6. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

6.1. El recurso de apelación fue admitido mediante proveído del 29 de agosto de 201722.

6.2. Luego, mediante auto de 11 de diciembre de 201823, el magistrado sustanciador
corrió traslado a las partes por el término de diez (10) días para que presentaran sus
alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

6.2.1. El demandante presentó escrito de alegatos de conclusión24 en el que reiteró los
argumentos de la demanda y del recurso de apelación.

6.2.2. COLJUEGOS presentó escrito de alegatos de conclusión25 en el que reiteró los
argumentos de la contestación de la demanda.

6.2.3. El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal.

7. CONSIDERACIONES DE LA SALA

7.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, expedido
por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto en segunda instancia.

7.2. Actos demandados

7.2.1. La Resolución 0462 del 8 de mayo de 201326 expedida por el gerente de proceso
control a las operaciones ilegales de la vicepresidencia desarrollo de mercados de
Coljuegos, resuelve lo siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO: DECOMISAR las veintidós (22) máquinas electrónicas
tragamonedas, las cuales se encontraban operando sin autorización, en el establecimiento
JOKER WIN, ubicado en la CARRERA 91 # 135A-03, de la ciudad de Bogotá D.C., las que
se encuentran bajo custodia de ALMAVIVA, tal como consta en el recibo de COLJUE 611-
20130403-015 del 03 de abril de 2013.

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR LA DESTRUCCION de las máquinas electrónicas
tragamonedas, relacionados en el acta de hechos y retiros de bienes No. 9 de fecha 03 de
abril de 2013, conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 20 de la Ley 1393 de
2010, que modifica el artículo 44 de la Ley 643 de 2001, las cuales se relacionan a
continuación:

No. EQUIPO O MARCA MODELO SERIE SELLO
ELEMENTO
1 Met´s WMS GAMMY 550 W1103921 3041

22 Folio 8 del documento digitalizado ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 4 APELACIÓN SENTENCIA -
RESERVADO(.pdf) NroActua 33 que obra en el índice 33 de SAMAI.
23 Folio 32 del documento digitalizado ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 4 APELACIÓN SENTENCIA -

RESERVADO(.pdf) NroActua 33 que obra en el índice 33 de SAMAI.
24
Folios 38 a 73 del documento digitalizado ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 4 APELACIÓN SENTENCIA -
RESERVADO(.pdf) NroActua 33 que obra en el índice 33 de SAMAI.
25 Folios 74 a 91 del documento digitalizado ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 4 APELACIÓN SENTENCIA -

RESERVADO(.pdf) NroActua 33 que obra en el índice 33 de SAMAI.
26 Folios 108 a 112 del cuaderno ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL-RESERVADO(.pdf) NroActua 33

del expediente digitalizado que obra en el índice 33 Samai.

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Radicado: 25000 23 41 000 2014 01213 01
Demandante: Diego Gildardo Benavides González
Demandado: Coljuegos

2 Met´s CIO71291 550 W1102914 3042
3 Met´s FRANCO AMERICA S.A. WPAS 008395 3043
4 Met´s FRANCO AMERICA S.A. WPAS 010117 3044
5 Met´s KUIGAMING CASINO TFT MK6-0001 3045
6 Met´s ARISTOCRAT 540 MUP DV14971V 3046
7 Met´s KONAMI GAMING HEREALITE 000199 3047
K6115
8 Met´s WMS GAMMY 550 W1024167 3048
9 Met´s WMS GAMMY INC 550 W1011195 3049
10 Met´s IGT GAME 02189 04011195 3050
100000
11 Met´s INTERACTIO GAME B5133 239667 3051
TECNO
12 Met´s INTERACTIO GAME IA79CF 444062 3052
TECNO
13 Met´s INTERACTIVE GAME 13189 04030668 3053
100022
14 Met´s IGT INTERACTIVE GAME 04189 20025207 3054
100000

15 Met´s IGT INTERACTIVE GAME 01189100 20021029 3055
022
16 Met´s IGT INTERACTIVE GAME SIN 20021027 3056
17 Met´s IGT INTERACTIVE GAME 20021008 3057
18 Met´s INTERACTIVE 01189 3058
100000
19 Met´s WILLIAM CE 550 3059
20 Met´s WILLIAM CE GAMING 550 3060
21 Met´s GAMING 550 3061
22 Met´s WILLIAM CE GAMING 550 W1096469 3062

ARTICULO TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo, a la Camara de
Comercio de Bogotá D.C. para lo de su competencia, según lo estipulado en el artículo 4
de la Ley 643 de 2001.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a (…) en
concordancia con el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, por la operación ilegal en el
establecimiento denominado JOKER WIN, ubicado en la CARRERA 91 # 135A-03, de la
ciudad de Bogotá D.C, advirtiéndoles que contra la misma procede únicamente el Recurso
de Reposición, dentro de los cinco (5) días siguientes hábiles a su notificación, de
conformidad con el artículo 44 de la Ley 643 de 2001, modificado por el artículo 20 de la
Ley 1393 de 2010. (mayúsculas sostenidas y negritas del texto original).

7.2.2. A través de la Resolución 2009 del 2 de diciembre de 201327, suscrita por la
Gerente de Proceso Control a las Operaciones Ilegales de la Vicepresidencia de Gestión
Contractual de COLJUEGOS, se resolvió:

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No. 0462 del 8 de
mayo de 2013, proferida por el Gerente de Proceso Control a las Operaciones Ilegales de
la Vicepresidencia de Desarrollo de Mercados, de la Empresa Industrial y Comercial del
Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los juegos de Suerte y Azar -
COLJUEGOS, por la cual se ordena el decomiso y destrucción de elementos de juego de
suerte y azar que fueron objeto de la medida cautelar de retiro, adoptada en la acción de
control realizada en el establecimiento denominado “JOKER WIN”, ubicado en la
CARRERA 91 No. 135A-03 de la Ciudad de Bogotá D.C., cuyo desarrollo quedó
detalladamente consignado en el Acta de Hechos y de Retiro de Bienes No. 9 de fecha 3
de abril de 2013.

ARTICULO SEGUNDO: RECONOCER PERSONERIA al doctor JOSE MANUEL JAIMES
GARCIA identificado con Cedula de Ciudadanía No. 91.227.642 de Bucaramanga y Tarjeta

27 Folios 116 a 131 del cuaderno ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL-RESERVADO(.pdf) NroActua 33

del expediente digitalizado que obra en el índice 33 Samai.

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Radicado: 25000 23 41 000 2014 01213 01
Demandante: Diego Gildardo Benavides González
Demandado: Coljuegos

Profesional No. 48.417 de. C.S. de la J., quien actúa en calidad de apoderado del señor
DIEGO GILDARDO BENAVIDES GONZALEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No.
18.183.536 de Puerto Asís - Putumayo, según poder debidamente otorgado.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente providencia al doctor JOSE MANUEL
JAIMES GARCIA, en calidad de apoderado del señor DIEGO GILDARDO BENAVIDES
GONZALEZ, ya identificados, y a la señora MYRIAM LESMES VALLEJO identificada con
Cedula de Ciudadanía No. 52.369.890 de Bogotá D.C., de conformidad con lo previsto en
el artículo 66 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011, advirtiéndole que contra la presente
no procede recurso alguno. (mayúsculas sostenidas y negritas del texto original).

7.3. Análisis del caso

7.3.1. La parte actora solicitó la nulidad de las Resoluciones 0462 del 8 de mayo de 2013
y 2009 del 2 de diciembre de 2013. El demandante sostiene que los actos administrativos
acusados son nulos porque COLJUEGOS carecía de competencia legal para ordenar el
decomiso y la destrucción de las máquinas de juego, así como para ejercer funciones de
control coercitivo y policía judicial, competencias que, en su criterio, no le fueron
atribuidas por el régimen de los juegos de suerte y azar.

Asimismo, afirmó que el gerente de proceso de control a las operaciones ilegales no
podía delegar o comisionar funciones públicas a trabajadores oficiales y contratistas,
quienes además habrían ejercido funciones públicas y de policía judicial sin la habilitación
constitucional y legal correspondiente. Finalmente, sostuvo que la actuación estuvo
sustentada en normas inexistentes o posteriores a los hechos, configurándose una falsa
motivación, y que la tenencia de las máquinas no era ilegal, pues el establecimiento se
encontraba en proceso de adecuación y preparación para obtener una nueva
autorización, sin que existiera prueba de una operación efectiva de juegos de suerte y
azar.

COLJUEGOS defendió la legalidad de los actos administrativos demandados señalando
que contaba con competencia para ordenar el decomiso, retiro y destrucción de máquinas
de juego, conforme al marco normativo del régimen de juegos de suerte y azar. Sostuvo
que el Decreto Ley 4142 de 2011 la configura como empresa industrial y comercial del
Estado encargada de la administración del monopolio rentístico, con funciones de
explotación, regulación, control y fiscalización. En esa línea, indicó que la Ley 643 de
2001 y la Ley 1393 de 2010 le otorgan facultades para investigar la operación ilegal,
imponer sanciones como el decomiso y el cierre de establecimientos, y adoptar medidas
para proteger los derechos de explotación.

Frente a la competencia del gerente de proceso de control a las operaciones ilegales, la
entidad afirmó que el manual de funciones interno (Resoluciones 027 de 2012, 355 de
2013 y 1479 de 2013) le asignó la coordinación de las labores de control, la expedición
de autos de apertura y autos comisorios, y la dirección de los procesos investigativos y
sancionatorios. Señaló que la figura de la comisión es válida como situación
administrativa dentro del ordenamiento, siempre que cumpla requisitos de motivación,
temporalidad y finalidad, por lo que los servidores comisionados actuaron dentro de
competencias válidamente asignadas. Añadió que la naturaleza de trabajador oficial o
contratista no impide el ejercicio de funciones de apoyo cuando estas han sido definidas
en la estructura organizacional.

En cuanto al uso de personal en misión, COLJUEGOS explicó que, ante la ausencia de
planta de personal aprobada para la gerencia encargada del control, se acudió a una
empresa de servicios temporales para atender necesidades operativas transitorias.

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Radicado: 25000 23 41 000 2014 01213 01
Demandante: Diego Gildardo Benavides González
Demandado: Coljuegos

Afirmó que los trabajadores en misión participaron en la diligencia de control como apoyo
técnico y operativo, sin que ello afectara la validez de las actuaciones, pues actuaban
bajo la dirección de la entidad y dentro de las funciones de vigilancia y fiscalización del
monopolio. Por ello, descartó que existiera irregularidad en la intervención de estos
servidores durante el operativo.

Finalmente, la entidad sostuvo que no era cierta la tesis del demandante según la cual el
establecimiento se encontraba en montaje o mantenimiento, pues el material probatorio,
especialmente el registro fílmico, demostraba que el local estaba abierto al público y que
las 22 máquinas tragamonedas se encontraban en funcionamiento. Con base en ello,
concluyó que se configuró la operación ilegal de juegos de suerte y azar sin autorización
vigente, lo que justificó la aplicación del procedimiento sancionatorio previsto en la Ley
643 de 2001 y la Ley 1393 de 2010. En consecuencia, afirmó que las Resoluciones 0462
de 2013 y 2009 de 2013 se expidieron con plena competencia y conforme a derecho.

Por su parte, el Tribunal consideró que el ordenamiento jurídico vigente, especialmente
la Ley 643 de 2001, la Ley 1393 de 2010 y el Decreto 4142 de 2011, otorga a
COLJUEGOS funciones de administración, control y sanción dentro del monopolio
rentístico de juegos de suerte y azar.

En relación con la competencia para ordenar el decomiso, el Tribunal sostuvo que el
artículo 20 de la Ley 1393 de 2010 habilita a COLJUEGOS para imponer medidas como
el cierre del establecimiento y el decomiso de elementos utilizados en la operación ilegal,
siempre que se verifique el incumplimiento de la obligación de contar con autorización
vigente. Añadió que las funciones de control ejercidas por la entidad se enmarcan en sus
competencias legales y que la actuación se desarrolló conforme al procedimiento previsto
en la normativa aplicable.

Frente a la intervención del gerente de proceso de control a las operaciones ilegales y
los servidores comisionados, el a quo consideró que el auto comisorio constituía un acto
de trámite válido dentro de la actuación administrativa. Indicó que la asignación de
funciones al personal, incluso vinculado mediante empresas de servicios temporales, no
implicaba falta de competencia, en tanto las labores de verificación y control se
encuentran previstas en la estructura interna y en los manuales de funciones de la
entidad. Asimismo, señaló que no se acreditó una irregularidad sustancial que afectara
la validez de las actuaciones adelantadas.

Finalmente, respecto del cargo por infracción de normas, el Tribunal concluyó que el
decomiso se fundamentó correctamente en el parágrafo del artículo 20 de la Ley 1393 de
2010, al no haberse acreditado autorización vigente para la explotación de las máquinas
de juego. Señaló que la existencia de un trámite de licenciamiento no equivale a
autorización legal para operar. Con base en el material probatorio, especialmente los
registros audiovisuales, concluyó que el establecimiento estaba en funcionamiento y que
las máquinas eran utilizadas, por lo que se configuró la operación ilegal. En
consecuencia, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al actor.

En el recurso de apelación, la parte demandante insistió en que los actos administrativos
demandados son nulos por falta de competencia de COLJUEGOS para ordenar la
incautación, el decomiso y la destrucción de máquinas de juego. Afirmó que el régimen
del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar no le otorgó a dicha entidad funciones
de policía judicial ni potestad sancionatoria de tal naturaleza, pues estas competencias
corresponden a otras autoridades. En consecuencia, consideró que las decisiones se
fundaron en una falsa motivación, al atribuirle facultades que no se encuentran previstas

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Radicado: 25000 23 41 000 2014 01213 01
Demandante: Diego Gildardo Benavides González
Demandado: Coljuegos

en la Ley 643 de 2001, la Ley 1393 de 2010 ni en el Decreto 4142 de 2011, con
desconocimiento adicional del derecho de propiedad protegido por la Constitución.

De igual forma, afirmó que el Gerente de Proceso de Control a las Operaciones Ilegales
carecía de competencia para delegar o comisionar funciones públicas. Sostuvo que la
denominada comisión no constituye una figura autónoma válida para la transferencia de
funciones administrativas y que, en realidad, encubre una delegación sujeta a las reglas
de la Ley 489 de 1998, la cual no se cumplió. Agregó que los comisionados —
trabajadores oficiales y contratistas— no podían asumir funciones decisorias como la
incautación de bienes, ni se respetaron las exigencias legales sobre delegación,
selección de particulares y transferencia de funciones públicas.

Finalmente, el demandante adujo que se ejercieron funciones públicas y de policía judicial
sin investidura legal. Señaló que no se cumplieron los requisitos constitucionales y
legales para atribuir funciones a particulares y que, además, no se respetaron las reglas
procesales aplicables a la comisión de diligencias. Por último, afirmó que la sanción se
impuso sobre una errónea calificación de los hechos, pues en el establecimiento no se
realizaba operación de juegos de suerte y azar, sino actividades de montaje y
mantenimiento tras la terminación del contrato de concesión, lo que descarta la existencia
de conducta ilegal sancionable.

La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, por cuanto COLJUEGOS es
competente para ejercer las funciones de administración, fiscalización y control del
monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar del orden nacional, así como para
adelantar las actuaciones sancionatorias previstas en el artículo 44 de la Ley 643 de
2001, modificado por el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010. Asimismo, la intervención de
los trabajadores oficiales y del personal de apoyo en la diligencia de control se limitó a
labores materiales, operativas y logísticas, sin ejercicio autónomo de funciones de
autoridad, manteniéndose la dirección y decisión en cabeza del funcionario competente.

Igualmente, con fundamento en el acervo probatorio, se desvirtúa la afirmación del actor
relativa a la no operación de las máquinas, toda vez que el acta de hechos y retiro de
bienes núm. 9 del 3 de abril de 2013, junto con los demás elementos de prueba, acredita
que se encontraban “encendidas y operando” sin autorización vigente.

7.3.2. Para resolver el recurso, la Sala deberá establecer:

(i) Si, tal como lo afirma el actor, los actos administrativos fueron expedidos por
autoridades carentes de competencia, esto es, por COLJUEGOS, por quien los suscribió
y por quienes intervinieron en la actuación administrativa.

(ii) Si los actos administrativos adolecen de falsa motivación, toda vez que las máquinas
tragamonedas no estaban en operación, sino en mantenimiento y adecuación.

7.3.3. Frente a las competencias de COLJUEGOS, la Sala precisa que el régimen
sancionatorio en el sector de los juegos de suerte y azar se encuentra previsto
principalmente en la Ley 643 de 2001 y se estructura en dos grandes categorías de
sanciones administrativas. La primera corresponde a las sanciones por evasión de los
derechos de explotación; la segunda, a las sanciones derivadas del incumplimiento de
las obligaciones relacionadas con el suministro de información, el recaudo y la aplicación
de los recursos destinados a la salud.

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Radicado: 25000 23 41 000 2014 01213 01
Demandante: Diego Gildardo Benavides González
Demandado: Coljuegos

El artículo 44 de la Ley 643 de 2001 regula las sanciones por evasión de los derechos de
explotación y establece el procedimiento que debe adelantarse para su imposición, en
los siguientes términos:

Artículo 44. Sanciones por evasión de los derechos de explotación.

Sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar y de las sanciones administrativas
y aduaneras que impongan las autoridades competentes, y de la responsabilidad fiscal, las
entidades públicas administradoras del monopolio del orden territorial y la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, con el apoyo de la Policía Nacional, cuando las
circunstancias lo exijan, en relación con los derechos de explotación y gastos de
administración de su competencia, podrán imponer las siguientes sanciones por los
siguientes hechos, mediante el procedimiento administrativo consagrado en la parte
primera del Código Contencioso Administrativo, o el que lo modifique o sustituya, previa
solicitud de explicaciones:

a) Cuando detecten personas operando juegos de suerte y azar sin ser concesionarios o
autorizados o siendo concesionarios o autorizados que operen elementos de juego no
autorizados, podrá cerrar los establecimientos, decomisar los elementos de juego y deberá
poner los hechos en conocimiento de la autoridad penal competente.

En estos casos, para los juegos localizados o similares, a los responsables se les proferirá
sanción de multa equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes
por cada máquina tragamonedas; el equivalente a ciento cuarenta (140) salarios mínimos
legales mensuales vigentes por cada mesa de casino; el equivalente a un (1) salario mínimo
legal mensual vigente por cada silla de bingo, sin que en ningún caso sea inferior al
equivalente a 50 sillas si se encuentra operando en municipios de hasta 50.000 habitantes,
a 100 sillas si se encuentra operando en municipios de más de 50.000 y menos de 100.000
habitantes y al equivalente a 200 sillas si es en municipios de 100.000 o más habitantes y
para los juegos de suerte y azar, distintos a los localizados, cuya operación se haga por
autorización, la sanción será de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes; y
para los juegos de suerte y azar, distintos a los localizados, cuya operación se haga
directamente o por contrato de concesión, la sanción será de trescientos (300) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, por cada establecimiento, punto de venta, expendio
o vendedor”.

Las personas a quienes se denuncie por la operación ilegal de juegos de suerte y azar
podrán ser suspendidas en el ejercicio de la actividad mientras se adelanta la respectiva
investigación.

La sanción de multa conlleva una inhabilidad para operar juegos de suerte y azar durante
los cinco (5) años siguientes a la imposición de la sanción.

(…)

Las sanciones a que se refiere el presente artículo se impondrán sin perjuicio de cobro de
las multas o la indemnización contemplada en la cláusula penal pecuniaria pactada en los
contratos de concesión, cuando a ello hubiere lugar, y sin perjuicio del pago total de los
derechos de explotación adeudados.

PARÁGRAFO. El cierre del establecimiento y el decomiso de que trata este artículo, son
sanciones que se impondrán, previo el agotamiento del siguiente procedimiento. Si en la
diligencia de verificación no se acredita la autorización en la operación o en los elementos
de juego se procede a levantar el Acta de Hechos que se notificará personalmente a quien
atiende la diligencia, para que en el término máximo de quince (15) días siguientes
demuestre la previa autorización de la operación y/o de los elementos de juego, en caso
contrario se procederá a imponer estas sanciones mediante acto administrativo
debidamente motivado, el cual se proferirá en un término no superior a treinta (30) días, y

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contra el cual procederá únicamente el recurso de reposición que deberá ser interpuesto
dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación y deberá resolverse en un término
no superior a quince (15) días contados a partir de su interposición. En firme el acto
administrativo que declara el decomiso se procederá a la destrucción de los elementos.

Mientras se surte el procedimiento anterior se decretarán como medidas cautelares el cierre
del establecimiento y el retiro de los elementos, los cuales quedarán bajo la custodia de la
entidad territorial o de la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales –DIAN–, de
conformidad con sus competencias28.

En relación con estas sanciones, la Sala destaca que constituyen una manifestación de
las facultades de fiscalización atribuidas a las entidades administradoras del monopolio
rentístico de los juegos de suerte y azar. Su imposición procede en tres supuestos: (i)
cuando la explotación de los juegos se realiza sin la correspondiente autorización; (ii)
cuando los concesionarios omiten o alteran la información necesaria para la liquidación
de los derechos de explotación, con el fin de efectuar un pago inferior al debido; y (iii)
cuando se presentan errores aritméticos que generan un menor pago de tales derechos.
Estas conductas pueden dar lugar a medidas como el decomiso de los elementos
utilizados para la explotación del juego, el cierre de establecimientos, la imposición de
sanciones pecuniarias y la destrucción de los elementos, sin perjuicio del cobro de los
valores adeudados y de las demás responsabilidades a que haya lugar.

La competencia para imponer estas sanciones ha experimentado una evolución
institucional. Inicialmente, dicha facultad correspondió a la Empresa Territorial para la
Salud (ETESA). Con ocasión de su liquidación, las funciones de fiscalización y sanción
fueron asignadas transitoriamente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN). Posteriormente, mediante el Decreto 4142 de 2011, se creó COLJUEGOS y se
le atribuyeron las funciones de administración, explotación, fiscalización y control del
monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar del orden nacional. En consecuencia,
esta entidad asumió la competencia para adelantar las actuaciones administrativas
correspondientes e imponer las sanciones previstas en la ley.

El segundo grupo de sanciones corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud y
se encuentra relacionado con las funciones de inspección, vigilancia y control sobre el
recaudo y la destinación de los recursos provenientes de la explotación de los juegos de
suerte y azar con destino al sistema de salud. Este régimen sancionatorio tiene por
finalidad garantizar la adecuada administración de dichos recursos y sancionar el
incumplimiento de las obligaciones relativas al suministro de información y a la
transferencia o giro de los recursos legalmente exigidos.

Teniendo en cuenta que el sub judice versa sobre la competencia de COLJUEGOS, la
Sala se referirá a dicha materia, para lo cual tendrá en cuenta que esta Corporación ha
señalado lo siguiente29:

2. Las potestades sancionatorias en el sector de juegos de suerte y azar

28 Modificado por el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.
29 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, sentencia del 14 de febrero de 2013, radicación: 11001-03-06-

000-2012-00092-00(C), C.P. William Zambrano Cetina.

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Además de las sanciones disciplinarias, fiscales30 y penales31 a que se pueden ver
expuestos los diferentes actores del sector de juegos de suerte y azar, la Ley 643 de 2001
prevé dos grupos de sanciones administrativas propias de dicho sector, a saber:

2.1) Las sanciones por evasión de los derechos de explotación del artículo 44. Titular
de la potestad: administradores del monopolio de juegos de suerte y azar

Estas sanciones se encuentran el Capítulo IX “Fiscalización, control y sanciones en relación
con los derechos de explotación” de la ley 643 de 2001.

Luego de señalar las facultades de fiscalización que tienen las empresas, sociedades o
entidades públicas administradoras del monopolio de juegos de suerte y azar para asegurar
el efectivo cumplimiento de las obligaciones a cargo de los concesionarios o destinatarios
de autorizaciones32, el artículo 44 de la Ley 643 de 2001 establece las sanciones que tales
administradores pueden imponer por evasión en los derechos de explotación, las cuales se
circunscriben a tres eventos en particular:

a) Cuando se detecten personas operando juegos de suerte y azar sin ser concesionarios
o autorizadas;

b) Cuando se detecte que los concesionarios o personas autorizadas omiten o incluyen
información en su liquidación privada de los derechos de explotación de las cuales se
origine el pago de un menor valor por concepto de los mismos; y

c) Cuando se detecten errores aritméticos en las declaraciones de derechos de explotación
presentadas por los concesionarios o autorizados, y cuando tales errores hayan originado
un menor valor a pagar por dichos derechos.

En todo caso, el artículo 44 aclara que las sanciones a que se refiere dicho artículo se
impondrán “sin perjuicio del cobro de las multas o la indemnización contemplada en la
cláusula penal pecuniaria pactada en los contratos de concesión, cuando a ello hubiere
lugar y sin perjuicio del pago total de los derechos de explotación adeudados.”

Como se observa, son sanciones que recaen tanto sobre operadores ilegales (literal a)
como legales (literales b y c), y que desde el inicio de la ley corresponde imponerlas a “las
entidades públicas administradoras del monopolio”.

30 Ley 643 de 2001. Artículo 54. Control Fiscal. Los recursos del monopolio son públicos y están sujetos a control fiscal,

el cual será ejercido por el órgano de control que vigile al administrador del monopolio de acuerdo con las normas
especiales sobre la materia.
31 Sin perjuicio de otras conductas penales en que puedan incurrir de los servidores públicos o los particulares, se

consagra un tipo penal especial por la explotación ilegal de juegos de suerte y azar: “Articulo 312. Ejercicio ilícito de
actividad monopolística de arbitrio rentístico. (modificado por el artículo 18 de la Ley 1393 de 2010): El que de cualquier
manera o valiéndose de cualquier medio ejerza una actividad establecida como monopolio de arbitrio rentístico, sin la
respectiva autorización, permiso o contrato, o utilice elementos o modalidades de juego no oficiales, incurrirá en prisión
de seis (6) a ocho (8) años y multa de quinientos (500) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La
pena se aumentará en una tercera parte cuando la conducta fuere cometida por el particular que sea concesionario
representante legal o empresario legalmente autorizado para la explotación de un monopolio rentístico y hasta la mitad,
cuando lo fuere por un servidor público de cualquier entidad titular de un monopolio de arbitrio rentístico o cuyo objeto
sea la explotación o administración de este.”
32 Artículo 43. Facultades de fiscalización sobre derechos de explotación. Las empresas, sociedades o entidades

públicas administradoras del monopolio de juegos de suerte y azar tienen amplias facultades de fiscalización para
asegurar el efectivo cumplimiento de las obligaciones a cargo de los concesionarios o destinatarios de autorizaciones
para operar juegos de suerte y azar. Para tal efecto podrán: a) Verificar la exactitud de las liquidaciones de los derechos
de explotación presentadas por los concesionarios o autorizados; b) Adelantar las investigaciones que estimen
convenientes para establecer la ocurrencia de hechos u omisiones que causen evasión de los derechos de explotación;
c) Citar o requerir a los concesionarios o autorizados para que rindan informes o contesten interrogatorios; d) Exigir del
concesionario, autorizado, o de terceros, la presentación de documentos que registren sus operaciones. Todos están
obligados a llevar libros de contabilidad; e) Ordenar la exhibición y examen parcial de libros, comprobantes y
documentos, tanto del concesionario o autorizado, como de terceros, legalmente obligados a llevar contabilidad; f)
Efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta fiscalización y oportuna liquidación y pago de los derechos
de explotación.

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Inicialmente, en la estructura de la Ley 643 de 2001, tal función de administración y
sancionatoria estuvo en ETESA en el orden nacional y en los departamentos, distritos y
municipios en el nivel territorial33. A raíz de la liquidación de ETESA (Decreto 175 de 2010),
la ley 1393 de 2010 trasladó sus funciones de administración a la DIAN34, a quien, como
consecuencia de ello, también se le asignó la competencia para imponer las sanciones del
artículo 44 de la ley 643 de 2001 en los tres eventos arriba señalados35.

Actualmente, como lo indican los intervinientes, las referidas funciones de administración
de los juegos de suerte y azar del orden nacional se encuentran radicadas en COLJUEGOS
conforme lo establece el Decreto 4142 de 201136, según el cual corresponde a dicha
entidad, entre otras funciones, las siguientes:

“1. Explotar y administrar los juegos de suerte y azar de su competencia” (…)

“11. Administrar con la colaboración de terceros los derechos de explotación y los gastos
de administración sobre los juegos de suerte y azar de su competencia. Esto comprende
su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos
los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los
derechos de explotación y gastos de administración.”

Como consecuencia de lo anterior, las atribuciones de fiscalización y sancionatorias de los
artículos 43 y 44 de la Ley 643 de 2001, que estaban inicialmente en cabeza de ETESA y
que luego se trasladaron a la DIAN, pasaron a ser competencia de COLJUEGOS en cuanto
sucesor de la función de administración de los juegos de suerte y azar del orden nacional,
conforme al objeto y funciones que le asigna el Decreto 4142 de 201137.

Al respecto puede revisarse el documento explicativo de los antecedentes del Decreto 4142
de 2011 (Contrato DNP-445-2011), que expone claramente el nuevo esquema de
funcionamiento de los juegos de suerte y azar, en el que COLJUEGOS asumirá la potestad

33 En tal sentido, el decreto reglamentario 4643 de 2005 señalaba: “Artículo 8°. Facultades de fiscalización y control a

la explotación de juegos de suerte y azar. Sin perjuicio de las facultades propias de la Superintendencia Nacional de
Salud, corresponde a los municipios, al Distrito Capital, a los departamentos y a las demás entidades administradoras
de juegos de suerte y azar de que trata la Ley 643 de 2001, ejercer oportuna y efectivamente las facultades de
fiscalización y control previstas en los artículos 4, 43 y 44 del mencionado estatuto, teniendo en cuenta la competencia
funcional de la respectiva entidad administradora y el ámbito territorial en el cual se opera la respectiva modalidad de
juegos de suerte y azar, así como imponer las sanciones correspondientes, a fin de evitar la explotación ilegal de
juegos de suerte y azar, la proliferación de juegos no autorizados y en general de prácticas contrarias al régimen propio
del monopolio. La omisión o extralimitación en el ejercicio de dichas facultades compromete la responsabilidad personal
e institucional de las referidas entidades de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política y en la Ley.”
34 Artículo 19. Administración de derechos de explotación. La Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales DIAN,

tendrá a su cargo la administración de los derechos de explotación y los gastos de administración sobre los juegos de
suerte y azar explotados por entidades públicas del orden nacional (…)
35 Artículo 20. Sanciones por evasión de los derechos de explotación y gastos de administración. Modifíquese el artículo

44 de la Ley 643 de 2001, que quedará así: Artículo 44. Sanciones por Evasión de los Derechos de Explotación. Sin
perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar y de las sanciones administrativas y aduaneras que impongan las
autoridades competentes, y de la responsabilidad fiscal, las entidades públicas administradoras del monopolio del
orden territorial y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, con el apoyo de la Policía Nacional, cuando
las circunstancias lo exijan, en relación con los derechos de explotación y gastos de administración de su competencia,
podrán imponer las siguientes sanciones por los siguientes hechos, mediante el procedimiento administrativo
consagrado en la parte primera del Código Contencioso Administrativo, o el que lo modifique o sustituya, previa solicitud
de explicaciones (…).
36 Por el cual se crea la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los

Juegos de Suerte y Azar, COLJUEGOS. El artículo 2 del Decreto señala: “Artículo 2. Objeto. La Empresa Industrial y
Comercial del Estado, COLJUEGOS, tendrá como objeto la explotación, administración, operación y expedición de
reglamentos de los juegos que hagan parte del monopolio rentístico sobre los juegos de suerte y azar que por
disposición legal no sean atribuidos a otra entidad. Su domicilio será la ciudad de Bogotá D. C.” (se resalta)
37 Para garantizar ese traslado de funciones a COLJUEGOS, el artículo 25 del mismo decreto 4142 de 2011, derogó

las diversas disposiciones que le habían asignado transitoriamente las tareas de administración y sancionatorias a la
DIAN; particularmente, derogó el inciso 1 del artículo 44 de la Ley 643 de 2001, que con la reforma de la Ley 1393 de
2010, establecía, como ya se dijo, que las sanciones por evasión de los derechos de explotación y gastos de
administración en el orden nacional, estaban en cabeza de la DIAN.

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de fiscalización y sancionatoria que otrora tuvieran ETESA y la DIAN, como administrador
del monopolio en el orden nacional38.

Cabe decir finalmente, en relación con las entidades territoriales, que la competencia
sancionatoria del artículo 44 en cita no ha sufrido modificaciones y, por ende, ha
permanecido en las entidades públicas administradoras del monopolio de los juegos de
suerte y azar en ese nivel. La función que corresponde ejercer al Consejo Nacional de
Juegos de Suerte y Azar respecto de los juegos territoriales no altera dicha circunstancia,
pues conforme al artículo 3º del Decreto 4144 de 2011, sus funciones no son de
administración ni sancionatorias, sino, esencialmente, de regulación y vigilancia de los
juegos locales.

Es del caso señalar que la función de vigilancia que el numeral 7º del artículo 3 del Decreto
4144 de 2011 le atribuye al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar en el orden
local39, solamente le permitiría poner en conocimiento de las autoridades administrativas,
disciplinarias, fiscales o penales, según el caso, los incumplimientos de la normatividad
aplicable de los cuales tenga conocimiento, en la medida que, como se dijo, no se le
asignaron expresamente potestades sancionatorias y las mismas no pueden deducirse
solamente de esa función general de vigilancia.

2.2) Sanciones por incumplimiento en la información, recaudo y aplicación de los
recursos proveniente de la explotación de los juegos de suerte y azar. Titular de la
potestad: Superintendencia Nacional de Salud.

El segundo grupo de sanciones administrativas que consagra la legislación para el sector
de los juegos de suerte y azar está relacionado con el adecuado recaudo y giro de los
recursos que deben destinarse a la salud.

En primer lugar, el artículo 53 de la Ley 643 de 2001 establece que la Superintendencia
Nacional de Salud ejerce la inspección, vigilancia y control del recaudo y aplicación de los
recursos derivados de la explotación de los juegos de suerte y azar; y determina las
sanciones que tal Superintendencia podrá imponer por incumplir con la entrega de
información que dicha entidad requiera para desempeñar su labor40.

(…)

Como se puede observar, las tres facultades sancionatorias que las leyes 643 y 715 de
2001 y 1438 de 2011 le otorgan a la Superintendencia de Salud están relacionadas con sus
funciones legales de inspección, vigilancia y control del sector salud y de los recursos
destinados al mismo, uno de cuyos ejes concretos, según los artículos 37 y 39 de la ley

38 De manera especial, se trasladó a COLJUEGOS la función de administrar los derechos de explotación y de gastos

de administración (función del numeral 11), que se había concedido temporalmente a la DIAN por medio de la Ley
1393. El diseño institucional propuesto contemplaba la asignación de todas las funciones de administración del
monopolio a COLJUEGOS, lo cual implica que las funciones que se habían trasladado a la DIAN debían retornar al
nuevo administrador del monopolio (…) La solución adoptada en el Decreto 4142 que creó COLJUEGOS fue transcribir
textualmente las funciones de administración que tenía la DIAN. El numeral 11 de las funciones de COLJUEGOS
incluye la fiscalización y sanción por el incumplimiento de obligaciones relacionadas con los derechos de explotación.”
(se resalta).
39 Artículo 3. Funciones. Modificase el artículo 47 de la Ley 643 de 2001, el cual quedara así: Artículo 47. Funciones

del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. Le corresponde al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar,
cumplir las siguientes funciones: (…) 7. Vigilar el cumplimiento de la Ley 643 de 2001 y de los reglamentos de las
distintas modalidades de juegos de suerte y azar, cuya explotación corresponda a las entidades territoriales.
40 Artículo 53. Competencia de inspección, vigilancia y control. La inspección, vigilancia y control del recaudo y

aplicación de los recursos del monopolio de juegos de suerte y azar corresponde a la Superintendencia Nacional de
Salud (…) Las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas que en cualquier forma o modalidad administren,
operen o exploten el monopolio de que trata la presente ley, estarán en la obligación de rendir en la forma y oportunidad
que les exijan las autoridades de control y vigilancia, la información que estas requieran. La inobservancia de esta
obligación será sancionada por la Superintendencia Nacional de Salud hasta con suspensión de la autorización,
permiso o facultad para administrar, operar o explotar el monopolio, sin perjuicio de las responsabilidades penales,
fiscales, disciplinarias o civiles a que haya lugar. (se resalta).

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1122 de 2007, es “vigilar por la eficiencia, eficacia y efectividad en la generación, flujo,
administración y aplicación de los recursos del sector salud”.

(…)

Los cambios normativos relacionados con la liquidación de ETESA y la posterior creación
de COLJUEGOS, no modificaron esa circunstancia, pues, como también se explicó, tales
ajustes institucionales se centraron en la definición y estructuración de la entidad encargada
de la administración y explotación de los juegos de suerte y azar a nivel nacional, de lo cual,
en lo que respecta a este conflicto, sólo se derivó un cambio la titularidad de la potestad
sancionatoria prevista en el artículo 44 de la Ley 643 de 2001 (…).

Por su parte, como también se señaló, las funciones de la Comisión Nacional de Juegos de
Suerte y Azar respecto de los juegos de carácter territorial son esencialmente de orientación
y regulación y no comprenden la posibilidad de imponer sanciones.

En este contexto, la Sala concluye que COLJUEGOS sí era competente para ordenar el
decomiso de las veintidós (22) máquinas electrónicas tragamonedas de propiedad del
actor y disponer su destrucción, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley
643 de 2001, modificado por el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.

7.3.4. Además de cuestionar la competencia de COLJUEGOS para ejercer funciones de
vigilancia y control, el actor sostuvo que dicha entidad carece de facultades de policía
judicial. Frente a este planteamiento, resulta pertinente señalar que esta Corporación se
pronunció sobre las funciones de policía judicial atribuidas a ETESA, hoy asumidas por
COLJUEGOS, en los siguientes términos:

3. En lo que se refiere a la función de policía judicial atribuida a ETESA por el artículo 3º del
Decreto 1905 de 2008, cabe advertir que dicha Entidad se encuentra en liquidación en virtud
del Decreto 175 del 25 de enero de 201041. No obstante, la Sala abordará el estudio del
cargo en atención a que las normas que atribuyeron las competencias y/o facultades que
cuestiona el actor se hallan revestidas de legalidad, y por tanto, procede el análisis
propuesto.

Así, cuestiona el actor que esa facultad de policía judicial corresponde, en los términos del
artículo 202 numeral 4º, a las entidades que ejerzan vigilancia y control, perteneciendo tal
función a las Superintendencias, en virtud la Ley 489 del artículo 6642, y que para el caso
de los juegos de suerte y azar, la misma recae en la Superintendencia Nacional de Salud,
según el artículo 53 de la Ley 643 de 200143.

Pues bien, en consideración a que la función de policía judicial se atribuye, en los términos
del artículo 202 numeral 4º, del Código de Procedimiento Penal, a las entidades del Estado
que ejercen funciones de vigilancia y control, debe la Sala dilucidar si a la Empresa

41 Prorrogada por el Decreto 873 de 2012 hasta el 31 de agosto de 2012.
42 Organización y funcionamiento de las superintendencias. Las superintendencias son organismos creados por la ley,

con la autonomía administrativa y financiera que aquella les señale, sin personería jurídica, que cumplen funciones de
inspección y vigilancia atribuidas por la ley o mediante delegación que haga el Presidente de la República previa
autorización legal. La dirección de cada superintendencia estará a cargo del Superintendente.
43 Competencia de inspección, vigilancia y control. La inspección, vigilancia y control del recaudo y aplicación de los

recursos del monopolio de juegos de suerte y azar corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud. Estas
actividades se ejercerán de conformidad con las normas señaladas en la presente ley y las normas y procedimientos
señaladas en las disposiciones que regulan la estructura y funciones de dicha entidad. Lo anterior sin perjuicio de las
funciones de control policivo que es competencia de las autoridades departamentales, distrital y municipales. Las
personas naturales y jurídicas, públicas y privadas que en cualquier forma o modalidad administren, operen o exploten
el monopolio de que trata la presente ley, estarán en la obligación de rendir en la forma y oportunidad que les exijan
las autoridades de control y vigilancia, la información que estas requieran. La inobservancia de esta obligación será
sancionada por la Superintendencia Nacional de Salud hasta con suspensión de la autorización, permiso o facultad
para administrar, operar o explotar el monopolio, sin perjuicio de las responsabilidades penales, fiscales, disciplinarias
o civiles a que haya lugar.

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Territorial para la Salud ETESA, correspondía ese tipo de función y si era posible concederle
la de policía judicial mediante un decreto.

(…)

De lo señalado, cabe colegir que era ETESA en liquidación, la titular y administradora de la
explotación de los juegos de suerte y azar localizados, de otros dispuestos por las normas
legales y de aquellos cuya explotación no fuere atribuida a otra Entidad. Para el efecto,
contaba con funciones controladoras y facultades de fiscalización específicas que la ley 643
de 2001 le confirió, por lo que en estricto sentido, es de inferir que la Entidad cumplía
funciones de vigilancia y control sobre los juegos de suerte y azar cuya explotación le
correspondía.

Sostiene el actor que ETESA, dada su naturaleza de Empresa Industrial y Comercial del
Estado, no puede ejercer la función de policía judicial, frente a lo cual es de advertir que el
artículo 85 de la Ley 489 de 1998, en efecto, dispone que se trata de empresas creadas por
la ley que en esencia ejercen actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a
las reglas de derecho privado, pero seguidamente indica “salvo las excepciones que
consagra la ley”. Ello hace suponer que este tipo de entes públicos pueden desarrollar
funciones diferentes de las estrictamente comerciales o industriales, si existe ley que así lo
disponga, más aún si aquellas se requieren para el cabal ejercicio de su objeto, por lo que
la Sala no comparte la apreciación del actor en el sentido que al haber correspondido
ETESA a la categoría de Empresa Industrial y Comercial del Estado, no se le pudiere
conferir tal atribución.

En lo que refiere a la función de policía judicial, conviene seguir los lineamientos que sobre
esta se han esbozado en las Sentencias C-1024 de 2002 y C-404 de 2003 de la Corte
Constitucional, en las que puntualiza el concepto como:

“…el conjunto de autoridades que colaboran con los funcionarios judiciales en la
investigación de delitos y en la captura de delincuentes. La función de policía judicial
constituye elemento necesario para la investigación judicial y, por ello, queda dentro de la
órbita propia de la función judicial del Estado.
(…)
La Corte ha precisado que aquella debe desempeñarse por servidores públicos
especializados y bajo la dirección, coordinación y responsabilidad funcional de la Fiscalía
General de la Nación, que por mandato de la Constitución forma parte de la rama judicial
del poder público…” (Subrayado fuera de texto).

Ahora, el artículo 202, numeral 4º, del Código de Procedimiento Penal, otorga funciones
permanentes de policía judicial de manera especial y en lo de su competencia a las
entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia y control, las cuales, dicho sea de
paso, no conciernen únicamente a las Superintendencias, como lo pretende hacer ver el
actor, pues la ley puede disponer que otras entidades intervengan o cooperen en la
supervisión o control de ciertas actividades en determinado sector, como en el caso sub
examine.

En este orden de ideas, y de las normas contenidas en los artículos 32, 39 y 43 de la Ley
643 de 2001 es de colegir que las funciones de ETESA en liquidación, eran de vigilancia y
control en los términos del numeral 4º del artículo 202 del Código de Procedimiento Penal,
en lo que hace a la administración y explotación de los juegos de suerte y azar que a ella,
en exclusiva, correspondían. De este modo, no se halla ilegalidad alguna en que se le
hubiere otorgado función de policía judicial, la cual, se resalta, no era desarrollada por
ETESA autónomamente sino bajo la dependencia funcional de la Fiscalía General de la
Nación44, tal como precisa la Jurisprudencia constitucional citada, haciéndose necesaria
dicha funcionalidad a fin de contar con un organismo que, frente a ese sector que ella
44La Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, precisa en su artículo 33 que la dirección,
coordinación y control de las funciones de policía judicial corresponden al Fiscal General de la Nación o sus delegados.

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administraba y explotaba, apoyara al funcionario judicial en orden a recolectar material
probatorio y velar por su veracidad45.

De manera que el cuestionamiento del actor, según el cual la función de policía judicial
correspondería exclusivamente a las entidades que ejercen funciones de vigilancia y
control, particularmente a las superintendencias, como la Superintendencia Nacional de
Salud en materia de juegos de suerte y azar, no tiene vocación de prosperidad, toda vez
que el análisis normativo evidencia que dicha atribución no se limita de manera exclusiva
a esas entidades, en la medida en que el legislador puede asignarla a otras autoridades
que ejerzan funciones de control en sectores específicos.

En el caso concreto, se concluye que COLJUEGOS, en su calidad de entidad
administradora del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, ejerce funciones de
vigilancia y control sobre los juegos bajo su competencia, conforme a la Ley 643 de 2001.
En ese sentido, al tratarse de una entidad con funciones de supervisión en dicho sector,
es jurídicamente viable que se le atribuyeran funciones de policía judicial.

7.3.5. De otra parte, el demandante reprochó que la diligencia de incautación y el acta de
hechos y retiro de bienes no fueron ejecutadas directamente por el gerente de proceso
de control a las operaciones ilegales de COLJUEGOS, sino por terceros a quienes se les
confirió una “comisión” que, en su criterio, constituye en realidad una delegación de
funciones públicas. Afirmó que dicho mecanismo desconoce el régimen previsto en la
Constitución Política y en la Ley 489 de 1998, por cuanto la transferencia de funciones
administrativas solo puede realizarse mediante descentralización, desconcentración o
delegación, sujeta a requisitos estrictos y a sujetos habilitados legalmente.

Añadió que la denominada comisión fue dispuesta por un servidor sin competencia para
delegar y ejecutada por trabajadores oficiales y contratistas que no podían ser
destinatarios válidos de funciones administrativas, por lo que las actuaciones adelantadas
durante la diligencia carecen de sustento legal. Señaló, además, que las decisiones
adoptadas en el marco de la incautación constituyeron el ejercicio material de funciones
públicas —incluida la fiscalización y el retiro de bienes— sin habilitación constitucional ni
legal, con desconocimiento de los artículos 121, 122, 123 y 210 de la Constitución Política
y del régimen de delegación previsto en la Ley 489 de 1998.

Finalmente, sostuvo que la actuación también es ilegal por desconocer el régimen
procesal aplicable, en particular las normas sobre comisión previstas en el CPC, así como
las exigencias de vinculación formal y habilitación previa para el ejercicio de funciones
públicas por particulares. En su criterio, no existió acto administrativo o convenio que
autorizara la asignación de funciones, ni se cumplieron los requisitos legales para tal
efecto, por lo que la intervención de los comisionados carece de validez y compromete la
legalidad de los actos administrativos demandados.

Para la Sala, el gerente de control de operaciones ilegales de COLJUEGOS sí podía
expedir actos administrativos como los cuestionados, tal como consta en la Resolución
027 del 7 de mayo de 201246, en la que se señaló como una función a su cargo la de:

45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 24 de mayo de 2012,
radicación: 11001-03-24-000-2008-00370-00, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.
46 Por la cual se adopta el manual especifico de ocupaciones y perfiles de los trabajadores oficiales de la Empresa

Industrial y Comercial del Estado administradora del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar –
COLJUEGOS. Folios 260 a 286 del cuaderno ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL-RESERVADO(.pdf)
NroActua 33 del expediente digitalizado que obra en el índice 33 Samai.

33

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Demandante: Diego Gildardo Benavides González
Demandado: Coljuegos

8. Coordinación de la realización de los procesos de: Autos de Apertura, Autos Comisorios,
Diligencias, Procedimiento de cadena de custodia, Cierre provisional de establecimientos,
Retiro de equipos y/o elementos de juego, Notificaciones sobre Acta de Hechos, Informes
Penales, Oficios de inicio de investigación por multa, Análisis de Descargos, Resoluciones
de Decomiso y Sanciones de Multa, atención de la gestión de interposición y resolución de
Recursos, Ejecutoria de Actos Administrativos, remisiones a Cartera, traslado a Coactivo47.

El actor cuestionó que COLJUEGOS hubiera invocado las Resoluciones Internas 355 del
16 de abril de 2013 y 1479 de septiembre de 2013, mediante las cuales se modificó el
Manual específico de funciones y perfiles de COLJUEGOS, adoptado por la Resolución
027 del 7 de mayo de 2012, pese a que la diligencia de verificación se realizó el 3 de abril
de 2013. Al respecto, la Sala aclara que la remisión a tales actos administrativos resulta
válida en la medida en que las decisiones acusadas fueron expedidas el 8 de mayo y el
2 de diciembre de 2013, de modo que las modificaciones introducidas en abril y
septiembre de ese mismo año son aplicables como soporte normativo de las funciones
ejercidas y de las decisiones adoptadas.

En todo caso, se advierte que dichas resoluciones, aunque modificaron el Manual
específico de funciones y perfiles de la entidad, mantuvieron en cabeza del citado
Gerente la función de coordinar las actuaciones de control e imponer las decisiones
administrativas de decomiso y sanción vigente desde la Resolución 027 del 7 de mayo
de 2012, por lo que no se evidencia una alteración sustancial de las competencias
previamente asignadas.

Al respecto, se tiene que en la Resolución Interna 355 del 16 de abril de 201348, se incluyó
la siguiente función a cargo del gerente de control de operaciones ilegales de
COLJUEGOS:

Por su parte, en la Resolución Interna 1479 de septiembre de 201349, se indicó:

47 Folio 285 del cuaderno ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL-RESERVADO(.pdf) NroActua 33 del
expediente digitalizado que obra en el índice 33 Samai.
48 Por la cual se ajusta el manual especifico de ocupaciones y perfiles de los trabajadores oficiales de la Empresa

Industrial y Comercial del Estado administradora del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar –
COLJUEGOS. Folios 287 a 315 del cuaderno ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL-RESERVADO(.pdf)
NroActua 33 del expediente digitalizado que obra en el índice 33 Samai.
49 Por la cual se ajusta el manual especifico de ocupaciones y perfiles de los trabajadores oficiales de la Empresa

Industrial y Comercial del Estado administradora del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar –
COLJUEGOS. Folios 316 a 350 del cuaderno ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL-RESERVADO(.pdf)
NroActua 33 del expediente digitalizado que obra en el índice 33 Samai.

34

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Demandante: Diego Gildardo Benavides González
Demandado: Coljuegos

De manera que, para la Sala, conforme a las funciones asignadas al cargo, el gerente de
control de operaciones ilegales de COLJUEGOS sí tenía competencia para expedir los
actos administrativos cuestionados.

7.3.6. Ahora bien, en cuanto a la intervención de los trabajadores oficiales distintos del
gerente de proceso de control a las operaciones ilegales y del personal vinculado
mediante empresa de servicios temporales durante la diligencia del 3 de abril de 2013, la
Sala advierte que esta debe entenderse como una actuación de apoyo operativo, logístico
y técnico dentro de la visita de control, sin que ello implique el ejercicio autónomo de
funciones de autoridad ni la adopción de decisiones administrativas. En efecto, su
participación se limitó a la ejecución material de actividades necesarias para el desarrollo
de la diligencia, tales como el acompañamiento al equipo comisionado, la verificación
física del funcionamiento de los elementos de juego, el registro de la actuación, la
identificación de las máquinas encontradas en el establecimiento y el apoyo en la
implementación de las medidas ordenadas por el funcionario competente.

En ese contexto, la dirección, coordinación y adopción de decisiones permanecieron en
cabeza de la autoridad administrativa investida de competencia para ello, esto es, el
gerente de control de operaciones ilegales de COLJUEGOS, sin que se evidencie
transferencia alguna de potestades decisorias. La sola participación de personal de
apoyo en el desarrollo de una diligencia administrativa no supone, por sí misma, una
delegación de funciones públicas ni una alteración del régimen de competencias previsto
por el ordenamiento jurídico. Por el contrario, en el ejercicio de las actividades de
inspección, vigilancia y control resulta habitual que la autoridad competente se apoye en
personal técnico, operativo o administrativo para la ejecución de actuaciones materiales
que permitan verificar los hechos objeto de control y asegurar los elementos necesarios
para el cumplimiento de sus funciones.

De igual forma, del análisis del auto comisorio y del acta de hechos y retiro de bienes se
desprende que la actuación desarrollada correspondió a la ejecución de una diligencia
de verificación previamente ordenada por la autoridad competente, en ejercicio de las
funciones de fiscalización atribuidas legalmente a COLJUEGOS. En dicho marco, los
funcionarios comisionados fueron habilitados para recaudar elementos probatorios,
constatar las condiciones del establecimiento y ejecutar el retiro de los elementos de
juego cuando se verificara su operación sin autorización vigente. Tales actuaciones no
comportan el ejercicio de potestades sancionatorias ni la definición de la situación jurídica
de los administrados, pues su finalidad consiste exclusivamente en recopilar información,
verificar hechos y asegurar elementos relevantes para la actuación administrativa.

En efecto, la Sala observa que el retiro de las máquinas obedeció a la constatación,
durante la diligencia, de la operación de máquinas electrónicas tragamonedas sin
autorización vigente, circunstancia que habilitaba la adopción de medidas preventivas
dentro del procedimiento de control. Así, la actuación de los intervinientes se limitó a la

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Demandante: Diego Gildardo Benavides González
Demandado: Coljuegos

ejecución material de una medida prevista en el marco de las competencias de
fiscalización de la entidad, sin que ello comportara la imposición de una sanción ni la
adopción de una decisión definitiva sobre la situación jurídica del administrado. La
determinación acerca de la procedencia del decomiso, la eventual destrucción de los
elementos aprehendidos y las demás consecuencias jurídicas derivadas de los hechos
verificados permaneció reservada al gerente de control de operaciones ilegales de
COLJUEGOS, autoridad competente para adoptar tales decisiones mediante la
expedición de los correspondientes actos administrativos.

La anterior distinción entre las actuaciones de verificación y ejecución material, por una
parte, y las decisiones administrativas de carácter definitivo, por otra, resulta
determinante para resolver el reparo formulado por el demandante. Mientras las primeras
pueden ser desarrolladas con el apoyo de personal operativo o técnico bajo la dirección
de la autoridad competente, las segundas corresponden exclusivamente al funcionario
investido de la potestad decisoria. En el presente asunto, no obra prueba alguna que
permita concluir que los trabajadores oficiales o el personal vinculado mediante empresa
de servicios temporales hubieran asumido facultades de dirección, valoración jurídica de
los hechos o adopción de decisiones administrativas.

En el contexto anotado, teniendo en cuenta que el recurrente insistió en que la “comisión”
conferida en el asunto en realidad correspondió a una delegación de funciones públicas,
debe señalarse lo siguiente: la figura de delegación de funciones tiene fundamento en el
artículo 211 de la Constitución Política y se desarrolla en los artículos 9 a 14 de la Ley
489 de 1998. Se trata de un mecanismo mediante el cual una autoridad administrativa,
mediante acto expreso, transfiere el ejercicio de determinadas funciones a sus
colaboradores o a otras autoridades con funciones afines o complementarias, sin
desprenderse de la titularidad de la competencia, la cual permanece en cabeza del
delegante. Para su validez, la delegación requiere autorización constitucional o legal, la
expedición de un acto administrativo que identifique claramente al delegante, al
delegatario, las funciones delegadas y el alcance de la delegación, así como que el
destinatario sea un sujeto legalmente habilitado para ejercer funciones administrativas.
Adicionalmente, solo pueden delegarse aquellas funciones que la Constitución o la ley
permitan, conservando el delegante la facultad de reasumirlas, impartir instrucciones y
ejercer control sobre su ejercicio.

Para la Sala, la actuación cuestionada no corresponde a una delegación de funciones
administrativas, sino a una comisión impartida para la práctica de una diligencia de
verificación dentro de un procedimiento de inspección y control. En efecto, la delegación
supone la transferencia del ejercicio de una competencia administrativa de un órgano o
funcionario a otro expresamente habilitado por la ley, de manera que el delegatario queda
facultado para adoptar decisiones en el ámbito material objeto de la delegación y asume
la responsabilidad por su ejercicio. En contraste, la comisión constituye un mecanismo
de apoyo para la ejecución de actuaciones materiales o instrumentales previamente
ordenadas por la autoridad competente, sin que ello implique el desplazamiento de la
titularidad de la competencia ni de la potestad decisoria. En el presente asunto, el auto
comisorio no atribuyó a los comisionados la facultad de resolver la situación jurídica del
administrado ni de expedir actos administrativos, sino únicamente la de practicar la
diligencia de verificación y documentar los hechos constatados durante su desarrollo.

En ese contexto, la intervención de los comisionados se limitó a ejecutar materialmente
las actividades necesarias para el cumplimiento de la orden impartida por el gerente de
proceso de Control de Operaciones Ilegales de COLJUEGOS, quien conservó en todo
momento la dirección de la actuación administrativa y la competencia para adoptar las

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Demandante: Diego Gildardo Benavides González
Demandado: Coljuegos

decisiones derivadas de la diligencia. Así, el retiro de los elementos de juego, la
elaboración del acta correspondiente y la recolección de los elementos de convicción
constituyeron actuaciones instrumentales encaminadas a asegurar el ejercicio de las
funciones de inspección y control, mientras que la determinación sobre la procedencia
del decomiso y las demás consecuencias jurídicas fue adoptada posteriormente mediante
los actos administrativos expedidos por el funcionario competente. En consecuencia, no
existió transferencia de competencias ni ejercicio autónomo de funciones públicas por
parte de los comisionados, razón por la cual no se configura la alegada vulneración del
régimen constitucional y legal de la delegación administrativa.

En criterio de la Sala se encuentra acreditado que el gerente de proceso de control de
operaciones Ilegales de COLJUEGOS expidió el auto comisorio, ordenó la diligencia y
posteriormente profirió las resoluciones de decomiso, mientras que los comisionados
únicamente practicaron la visita, levantaron el acta y retiraron físicamente las máquinas.
De manera que no hubo delegación en los términos del artículo 211 de la Constitución y
de la Ley 489 de 1998, porque nunca se transfirió la competencia para decidir. Los
comisionados actuaron como ejecutores materiales de una orden administrativa, mientras
que la potestad decisoria permaneció íntegramente en cabeza del gerente.

Por tanto, no se configura el cargo de nulidad por indebida delegación, comisión irregular
de funciones o ejercicio autónomo de potestades públicas por parte de los comisionados
o del personal de apoyo. Las actuaciones cuestionadas se enmarcaron en la ejecución
material de una diligencia de control válidamente ordenada por la autoridad competente,
dentro del ámbito de las funciones de fiscalización atribuidas a COLJUEGOS, sin que se
haya acreditado la transferencia ilegal de competencias, la sustitución del funcionario
investido de la potestad decisoria o la expedición de actos administrativos por personas
carentes de competencia para ello.

En ese contexto, los artículos 31 y 33 del CPC no resultan aplicables al presente asunto.
En efecto, dichas disposiciones regulan la figura de la comisión en el ámbito procesal
judicial y establecen las condiciones bajo las cuales una autoridad investida de
competencia puede encomendar a otra la práctica de determinadas diligencias. Sin
embargo, en el caso bajo examen no se acreditó la existencia de una comisión en ese
sentido, ni la transferencia de facultades decisorias a servidores o particulares carentes
de competencia legal.

Como quedó expuesto, la actuación desarrollada durante la diligencia del 3 de abril de
2013 correspondió a la ejecución material de actividades de verificación y control
previamente ordenadas por la autoridad competente, bajo su dirección y coordinación.
Los trabajadores oficiales y el personal de apoyo no adoptaron decisiones
administrativas, no ejercieron potestades sancionatorias ni definieron la situación jurídica
del demandante, pues tales atribuciones permanecieron radicadas en el funcionario
competente de COLJUEGOS, quien posteriormente expidió los actos administrativos
demandados. Por consiguiente, al no configurarse una comisión en los términos previstos
por los artículos 31 y 33 del CPC, tampoco resultaban exigibles los requisitos y
formalidades contemplados en dichas disposiciones.

7.3.8. Finalmente, el recurrente sostuvo que las máquinas electrónicas tragamonedas
objeto de decomiso y posterior destrucción no se encontraban en operación al momento
de la diligencia, sino en mantenimiento y adecuación con miras a adelantar los trámites
necesarios para la celebración de un nuevo contrato de concesión. En sustento de dicha
afirmación, aduce que el acta de hechos y retiro de bienes núm. 9 del 3 de abril de 2013
no da cuenta de su funcionamiento, ni de la existencia de apostadores, ni de dinero en

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Demandante: Diego Gildardo Benavides González
Demandado: Coljuegos

efectivo u otros elementos asociados al recaudo de apuestas en los monederos de las
máquinas.

Para resolver el reparo, la Sala se remite al material probatorio obrante en el expediente,
así:

(i) Mediante auto comisorio 14 del 3 de abril de 2013, el gerente de proceso control a las
operaciones ilegales de la vicepresidencia de desarrollo de mercados de COLJUEGOS
comisionó a los funcionarios encargados de verificar la existencia de operaciones ilegales
en el establecimiento ubicado en la carrera 91 No. 135A - 03 de Bogotá, con el apoyo de
la Policía Nacional.

En el auto se indicó que:

Los funcionarios comisionados quedan investidos de las amplias facultades de fiscalización
y control a la ilegalidad, previstas en el artículo 44 de la Ley 643 de 2001, modificada por el
artículo 20 de la Ley 1393 de 2010, razón por la cual podrán recaudar los elementos que
sirvan de prueba para demostrar la realización de operaciones ilegales, y adoptar las
medidas cautelares de retiro sobre las máquinas y demás elementos de juegos de suerte y
azar que estén operando sin las debidas autorizaciones o concesiones, expedidas por
COLJUEGOS.

(ii) Con ocasión de la diligencia practicada, el personal comisionado levantó el acta de
hechos y retiro de bienes núm. 9 del 3 de abril de 201350 en la que, contrario a lo sostenido
por el actor, se dejó constancia que las maquinas se encontraron “encendidas y
operando”, así:

50 Folios 151 a 157 del cuaderno ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL-RESERVADO(.pdf) NroActua 33

del expediente digitalizado que obra en el índice 33 Samai.

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(iii) En el acta se consignó que una de las máquinas se encontraba arrumada y que no
había sido utilizada desde tiempo atrás, razón por la cual se determinó dejarla en el
establecimiento:

(iv) En la casilla de manifestación de quien atiende la diligencia, el actor dejó constancia
de que contaban con permiso de COLJUEGOS el cual se venció el 18 de marzo de 2013,
así:

(v) En el acta se incluyó la siguiente advertencia:

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(vi) El acta fue suscrita por el actor en aceptación de su contenido:

(vii) En el expediente obran las siguientes fotografías aportadas por COLJUEGOS con la
contestación de la demanda:

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Demandado: Coljuegos

Con fundamento en el material probatorio reseñado, la Sala concluye que se encuentra
desvirtuada la afirmación del actor según la cual las máquinas electrónicas tragamonedas
objeto de decomiso se encontraban en mantenimiento y adecuación, y no en operación.

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Demandante: Diego Gildardo Benavides González
Demandado: Coljuegos

Por el contrario, en el acta de hechos y retiro de bienes núm. 9 del 3 de abril de 2013 se
dejó constancia expresa de que las máquinas decomisadas se encontraban “encendidas
y operando” al momento de la diligencia. Asimismo, se indicó que una máquina distinta
se hallaba arrumada y sin uso desde tiempo atrás, razón por la cual permaneció en el
establecimiento y no fue objeto de decomiso. Esta circunstancia evidencia que los
funcionarios comisionados distinguieron entre los equipos en operación y aquellos que
no se encontraban en funcionamiento, de manera que el decomiso recayó únicamente
sobre los primeros.

A lo anterior se suma que el propio actor manifestó durante la diligencia llevada a cabo
el 3 de abril de 2013 que el permiso otorgado por COLJUEGOS había vencido el 18 de
marzo de 2013, circunstancia que corrobora la inexistencia de una autorización vigente
para la explotación de los juegos de suerte y azar al momento de la inspección.
Igualmente, el acta fue suscrita por el actor sin que en ella se consignara objeción alguna
frente a la afirmación según la cual las máquinas se encontraban encendidas y en
operación, pese a habérsele brindado la oportunidad de efectuar las observaciones que
estimara pertinentes.

Finalmente, las fotografías y los videos aportados al expediente constituyen un elemento
probatorio adicional que respalda las conclusiones consignadas en el acta. En
consecuencia, la Sala encuentra acreditado que las máquinas electrónicas tragamonedas
objeto de la medida se encontraban en funcionamiento y operaban sin la correspondiente
autorización, por lo que los actos administrativos demandados no se sustentaron en
hechos falsos o inexistentes.

7.4. Conclusión
La Sala concluye que COLJUEGOS es competente para ejercer las funciones de
administración, fiscalización y control del monopolio rentístico de los juegos de suerte y
azar del orden nacional, así como para adelantar las actuaciones sancionatorias previstas
en el artículo 44 de la Ley 643 de 2001, modificado por el artículo 20 de la Ley 1393 de
2010. En consecuencia, se encuentra acreditada su competencia para ordenar el
decomiso de las veintidós (22) máquinas electrónicas tragamonedas de propiedad del
actor y disponer su destrucción, en los términos de la normativa citada.

Tampoco prospera el cargo de nulidad por ausencia de competencia ni por indebida
delegación o comisión de funciones, toda vez que la intervención de los trabajadores
oficiales y del personal de apoyo de COLJUEGOS se limitó a labores materiales,
operativas y logísticas dentro de la diligencia de control, sin que se hubiere acreditado el
ejercicio autónomo de funciones de autoridad ni la adopción de decisiones
administrativas. En todo caso, la dirección, coordinación y decisión de la actuación
administrativa permanecieron en cabeza del funcionario competente de COLJUEGOS,
quien suscribió los actos administrativos demandados en ejercicio de sus funciones.

Finalmente, con fundamento en el material probatorio obrante en el expediente, la Sala
concluye que se encuentra desvirtuada la afirmación del actor según la cual las máquinas
electrónicas tragamonedas objeto de decomiso no estaban en operación. En efecto, el
acta de hechos y retiro de bienes núm. 9 del 3 de abril de 2013 da cuenta de que las
máquinas se encontraban “encendidas y operando” al momento de la diligencia,
circunstancia que se ve corroborada con la suscripción del acta por parte del actor sin
observaciones, su manifestación sobre el vencimiento del permiso el 18 de marzo de
2013 y el material fotográfico y videográfico allegado al expediente. En consecuencia, la
Sala encuentra acreditado que las máquinas operaban sin autorización vigente.

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Demandante: Diego Gildardo Benavides González
Demandado: Coljuegos

De conformidad con lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia
mediante la cual se negaron las pretensiones dirigidas a la declaratoria de nulidad de las
Resoluciones 0462 del 8 de mayo de 2013 y 2009 del 2 de diciembre de 2013.

7.5. Condena en costas

En observancia de los artículos 18851 del CPACA y 36552 del CGP, en especial de su
numeral 8, sobre condena en costas, y a lo expuesto sobre el punto por esta Corporación,
la Sala advierte que esta clase de condenas responde a un criterio objetivo y valorativo.
Es objetivo, en la medida en que no deriva de la temeridad, mala fe o culpa de la parte
condenada, sino de su vencimiento en el proceso o en el recurso interpuesto. Es
valorativo, en cuanto exige del juez la verificación de su causación en el expediente y, en
la medida de su acreditación, su reconocimiento, particularmente respecto de los gastos
ordinarios del proceso y de la actividad efectivamente desplegada dentro de este.

Al respecto, el artículo 361 del CGP establece que las costas se integran por la totalidad
de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en derecho, y solo habrá
lugar a su imposición, de acuerdo con el numeral 8 del artículo 365 ibidem, “cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.

En el presente asunto, se advierte que no se encuentra acreditada la causación de
expensas, gastos procesales ni agencias en derecho. En consecuencia, la Sala se
abstendrá de imponer condena por dichos conceptos en esta instancia.

7.6. Renuncia al poder

La abogada Sandra Carolina Monroy Jiménez mediante memorial renunció al poder que
le confirió COLJUEGOS. Por tanto, como la renuncia cumple con los presupuestos del
artículo 76 del CGP, la Sala la aceptará.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

51 Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá

sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
52 Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya

controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de
excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la
temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente
en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a
pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar
condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés
en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los
gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo, podrán renunciarse
después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción.

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Radicado: 25000 23 41 000 2014 01213 01
Demandante: Diego Gildardo Benavides González
Demandado: Coljuegos

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 10 de noviembre de 2016, dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: ACEPTAR la renuncia presentada por la abogada Sandra Carolina Monroy
Jiménez al poder que le confirió COLJUEGOS.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión del 9 de julio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley.

44

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