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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2014-01533-01

Fecha
18 de julio de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2014-01533-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de mayo de 2016, por la Sección Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda, según las razones explicadas en la parte motiva. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente providencia. La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2014-01533-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

18 de julio de 2024

Radicación: 25 000 23 41 000 2014 01533 01
Demandante: Serfinco S.A..

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25 000 23 41 000 2014 01533 01
Demandante: SERFINCO S.A.
Demandado: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Tesis: No se vulneró el debido proceso, no fueron expedidos con
infracción manifiesta de las normas en que debían
fundarse o con falsa motivación, ni la Contraloría General
de la República carecía de competencia para proferir el
fallo que declaró fiscalmente responsable de manera
solidaria a la parte actora por contribuir como
comisionista de bolsa en la causación del daño
patrimonial a raíz de los dineros públicos que le entregó
el municipio de Arauca y que tenían como única
destinación que fueran invertidos en TES clase B.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en
contra de la sentencia proferida el 12 de mayo de 2016 por la Sección
Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
negó las pretensiones de la demanda.

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Radicación: 25 000 23 41 000 2014 01533 01
Demandante: Serfinco S.A

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La sociedad Serfinco S.A., actuando por conducto de apoderado judicial,
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto por el artículo 138 del CPACA, presentó demanda contra la
Contraloría General de la República, para lo cual formuló las siguientes
pretensiones1:

“[…] PRIMERA.- Que se declare la nulidad del fallo de responsabilidad
fiscal 000045 del 14 de enero de 2014 de la Contraloría General de la
República, en lo relacionado con la imposición de responsabilidad fiscal
solidaria contra SERFINCO.

SEGUNDA.-Que se declare la nulidad del Auto No. 000635 del 20 de
febrero de 2014 en el que el Despacho de primera instancia confirmó
íntegramente el fallo inicialmente proferido, al desatar los recursos de
reposición interpuestos por vinculados diferentes a SERFINCO, en lo
relacionado con la imposición de responsabilidad fiscal solidaria contra
SERFINCO.

TERCERA.- Que se declare la nulidad del fallo de responsabilidad fiscal
0026 del 17 de marzo de 2014 de la Contraloría General de la República,
en el que el Despacho de segunda instancia confirmó el fallo inicialmente
proferido, al desatar los recursos de apelación interpuestos por vinculados
diferentes a SERFINCO, aunque modificó el monto del mismo, invocando
el artículo 45 de la Ley 1474 de 2011, en lo relacionado con la imposición
de responsabilidad fiscal solidaria contra SERFINCO.

CUARTA.-. Que como consecuencia de la prosperidad de la prosperidad
de las pretensiones primera, segunda y tercera se disponga, como
restablecimiento del derecho, el reembolso a SERFINCO S.A.
COMISIONISTA DE BOLSA, de la la (sic) suma de OCHO MIL
NOVECIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($8.904,877.387), que esta
pagó según la liquidación hecha por la propia CONTRALORÍA y que
SERFINCO S.A. COMISIONISTA DE BOLSA pagó efectivamente el día 26
de marzo de 2014.

QUINTA.-.Que se condene a la parte demandada al reconocimiento, a
favor de SERFINCO S.A COMISIONISTA DE BOLSA, de ajuste por inflación
o corrección monetaria, respecto del valor pagado por la responsabilidad
fiscal que ilegalmente le fue impuesta y a cuya restitución sea condenada
la Contraloría General de la República, de acuerdo con la pretensión
cuarta.

1
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Cuaderno 1. Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Expediente digitalizado.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2014 01533 01
Demandante: Serfinco S.A

SEXTA.-. Que se condene a la parte demandada al reconocimiento, a
favor de SERFINCO S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, de intereses respecto
de los valores cuyo reembolso se ordene, de acuerdo con la pretensión
cuarta, a la misma tasa fijada en la regulación vigente para el caso en que
SERFINCO S.A. COMISIONISTA DE BOLSA no hubiere consignado el
monto determinado como responsabilidad fiscal a su cargo, descontando
de la suma de intereses a que se pide condenar el efecto del
reconocimiento del ajuste por inflación que se ordene de acuerdo con la
pretensión quinta.

SÉPTIMA.- Que se condene a la parte demandada al reconocimiento y
pago de la suma equivalente a 100 salarios legales mínimos mensuales
vigentes, por concepto de los perjuicios inmateriales sufridos por
SERFINCO S.A. COMISIONISTA DE BOLSA en atención al daño causado a
su imagen y buen nombre como comisionista de bolsa, generados como
consecuencia de los fallos de responsabilidad fiscal 000045 del 14 de
enero de 2014 y 0026 del 17 de marzo de 2014 proferidos por la
Contraloría General de la República.

OCTAVA.- Que se condene a la parte demandada al reconocimiento y
pago de SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y
UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS ($728.231.038), por concepto del daño
emergente sufrido por SERFINCO S.A. COMISIONISTA DE BOLSA,
consistente en todos los gastos de defensa jurídica que debió asumir con
ocasión de la defensa frente a la vinculación de que fue sujeto en el
proceso de responsabilidad fiscal que derivó en la producción de los fallos
de responsabilidad fiscal 000045 del 14 de enero de 2014 y 0026 del 17
de marzo de 2014, proferidos por la Contraloría General de la República y
que son objeto de esta demanda.

NOVENA.- Que se condene a la parte demandada al reconocimiento, a
favor de SERFINCO S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, de ajuste por inflación
o corrección monetaria, respecto del valor que se reconozca a su favor
conforme a la pretensión precedente, entre la fecha de la demanda y la
fecha de la sentencia.

DÉCIMA.- Que se condene a la parte demandada al reconocimiento, a
favor de SERFINCO S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, de intereses
moratorios, a la tasa de ley, desde la fecha de la ejecutoria de la sentencia
y hasta la fecha del pago.

UNDÉCIMA.- Que se condene a la parte demandada al pago de las costas
del proceso.

PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN CUARTA
PRINCIPAL. En todo caso y en forma subsidiaria A LO PEDIDO en la
pretensión cuarta principal, el reconocimiento de la devolución parcial de
la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO
PESOS ($4.783.749.825), resultante de la corrección errónea de la
liquidación en que se incurrió por la Contraloría General de la República al
fijar el monto de la responsabilidad fiscal a cargo de los imputados.

[…]” (mayúsculas y negrillas originales).

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Demandante: Serfinco S.A

1.2. Normas invocadas como infringidas y el concepto de violación

La parte actora afirmó que, con la expedición de los actos acusados, la
Contraloría General de la República vulneró los siguientes preceptos
constitucionales: 6, 29, 119, 121 y 267.

Adujo que también se infringieron las siguientes disposiciones legales: del
CCA los artículos 2, 3, 34, 35; del CPACA los artículos artículo 3, incisos
primero y segundo y numeral 10, y 9 inciso primero y numeral 14, y de
la Ley 610 de 2000, los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 36, 48 y 53.

Como cargos de violación manifestó que los actos acusados fueron
expedidos con: (i) desconocimiento del derecho de audiencia y defensa;
(ii) falta de competencia; (iii) infracción manifiesta de las normas en las
que debían fundarse y (iv) falsa motivación.

1.2.1. En cuanto al desconocimiento del derecho de audiencia y
defensa

La parte actora sostuvo que esta garantía debe ser estudiada a la luz de
los artículos 29 de la Constitución Política, 2, 3, 34 y 35 del Código
Contencioso Administrativo y en consonancia con el mandato del artículo
2 de la Ley 610 de 2000.

Aseguró que los actos acusados se expidieron con manifiesta violación del
derecho al debido proceso de Serfinco S.A. por las siguientes razones:

a) “La Contraloría General de la República al proferir los actos
demandados violó el principio de investigación integral, pues incumplió el
deber de investigar todas aquellas cosas que favorecían a SERFINCO, y
no solo aquellas que presuntamente lo perjudicaban”.

Indicó que, acorde con lo señalado por el artículo 66 de la Ley 610 de
2000, en los aspectos no previstos se aplican las disposiciones del CCA,
del CPC y del Código de Procedimiento Penal. En esa medida, el artículo
20 de la Ley 600 de 2000, vigente para el momento en que se expidió la

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Ley 610 de 2000 en relación con la investigación, dispuso el deber del
funcionario judicial de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable
a los intereses del imputado, lo que igualmente está en concordancia con
los artículos 15, 125 y 142 de la Ley 906 de 2004.

Alegó que, pese a que las disposiciones antes citadas resultan plenamente
aplicables al proceso de responsabilidad fiscal, la Contraloría tuvo como
fundamento para proferir los actos demandados el hecho falso de que el
municipio de Arauca supuestamente había entregado en administración a
Serfinco S.A. $16.000.000.000 por intermedio de Probolsa S.A., a
sabiendas de que el municipio de Arauca, con plena determinación y
entendimiento del alcance de su acto, le entregó a Probolsa S.A. la suma
mencionada, consignándola en la cuenta de Serfinco S.A. para que le
fuera abonada a la citada sociedad.

Agregó que “si bien fue girado un cheque a la orden de SERFINCO S.A.,
hecho en que se basa la declaración de responsabilidad fiscal, según se
viene a decir en el fallo de segunda instancia, dicho giro no se hizo por el
municipio de Arauca para que el dinero quedara bajo la administración o
manejo de SERFINCO, supuesto necesario para que pudiera deducirse
responsabilidad fiscal contra mi representada, sino que se hizo la
consignación de un cheque de gerencia emitido por el Banco de Bogotá,
el cual, al tener ese carácter, se libra por el propio establecimiento de
crédito como obligado cambiario”.

Señaló que, como quedó probado en el juicio de responsabilidad fiscal,
los recursos con los cuales el municipio de Arauca adquirió el cheque de
gerencia fueron entregados directamente por dicho municipio a Probolsa
S.A., en desarrollo del negocio de nota estructurado entre ambas
entidades y consignados para ser abonados en la cuenta bursátil de
Probolsa S.A. en Serfinco S.A.

Aludió que Serfinco S.A., en cumplimiento de sus deberes legales y de las
estipulaciones contractuales contenidas en el contrato celebrado con
Probolsa S.A., estaba compelido a atender estrictamente las instrucciones
del recibo de consignación, el cual se hizo a favor de Probolsa S.A., con

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pleno conocimiento y expresa aquiescencia del municipio, que nunca
reclamó a Serfinco S.A. por haber realizado dicho abono ni siquiera
cuando se supo que Probolsa S.A. no había cumplido sus compromisos
por la nota estructurada con la entidad territorial.

b) “La Contraloría General de la República se negó a practicar pruebas
pertinentes y conducentes que le fueron pedidas, a pesar de haberlas
decretado, y se negó a evaluar todas las que fueron invocadas para
sustentar los argumentos de defensa”.

Lo que sustentó en que, como lo ha sostenido el Consejo de Estado, el
proceso contencioso administrativo no es una tercera instancia de
cualquier proceso seguido por la administración, pero ello no le impide
que se analice de fondo el acervo probatorio que estuvo a disposición de
la administración con el fin de establecer si la autoridad desconoció o no
las garantías procesales fundamentales, y que en el caso concreto, la
Contraloría vulneró el derecho al debido proceso de Serfinco S.A. al omitir
la práctica de varias pruebas que a todas luces resultaban pertinentes y
conducentes, puesto que ya las había decretado.

Adujo que las pruebas pedidas y no practicadas por la Contraloría fueron:
(i) oficiar a la Superintendencia Financiera para que certificara sobre qué
es y cómo está compuesto el mercado público de valores; (ii) recibir
testimonio al director de operaciones de la Bolsa de Valores de Colombia,
y (iii) recibir la ampliación de versión libre y espontánea del representante
legal de la sociedad Serfinco S.A. Al respecto, dijo que la Contraloría en
la imputación de cargos hizo disquisiciones sobre el mercado de valores
que riñen con la realidad; que el testimonio del funcionario de la Bolsa de
Valores estaba encaminado a demostrar que los TES emitidos por la
Nación son títulos sólidos, rentables y líquidos y que la ampliación de la
versión libre tenía por objeto que se escuchara al representante legal de
Serfinco S.A. en relación con los hechos base de la imputación.

Añadió que, concretamente en la respuesta de la imputación, se pidió
tener en cuenta 27 medios de prueba, todos los cuales obran en el
expediente administrativo, y que la primera instancia no hizo análisis

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alguno de las pruebas invocadas, ni las controvirtió y “se limitó a
introducir una “fórmula” según la cual se había analizado en conjunto el
material probatorio (…) no obstante lo cual y como fluye de la lectura del
fallo, el mismo no envuelve análisis alguno de los argumentos de defensa
de mi representada, ni de las pruebas que en su favor se invocaron al
responder la imputación”.

Aseveró que la Contraloría hizo la imputación de responsabilidad fiscal
basándose en la afirmación no probada de que los TES adquiridos por
Serfinco S.A., supuestamente para el municipio de Arauca, aunque en
realidad se compraron para Probolsa S.A., carecían de los atributos de
solidez, seguridad y rentabilidad; y, por haber sido objeto de
“desocupamiento”, resultaba ser una actuación anómala desde el punto
de vista de la responsabilidad fiscal, por lo que, según afirmó, las pruebas
decretadas y recaudadas en el sentido de oficiar a la Bolsa de Valores y
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público eran relevantes para sustentar
los argumentos de defensa de Serfinco S.A. y para desvirtuar el acto de
imputación.

c) “La Contraloría General de la República atribuyó responsabilidad fiscal
a SERFINCO con base en una mención difusa a chats, emails y
grabaciones telefónicas (ocurridos entre los días 27, 30 y 31 de octubre,
1, 4, 5, 8, 26 y 27 de noviembre y 23 de diciembre de 2008 y 28 de enero
de 2009) entre la gerente de inversión de SERFINCO y el gerente de
PROBOLSA”.

Lo que sustentó en que, en una clara vulneración al debido proceso y al
derecho de defensa, la Contraloría confundió el juicio de responsabilidad
fiscal con un proceso administrativo sancionatorio, y que, faltando a su
deber de lealtad procesal, falló con base en una serie de comunicaciones
que supuestamente obraban en la actuación administrativa, sin advertir
de forma concreta y específica cuáles de ellas probaban la gestión fiscal
de Serfinco S.A.

d) “La Contraloría General de la República violó la presunción de inocencia
de Serfinco S.A. al señalar en el fallo con responsabilidad fiscal 0045 que
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“a través de su actitud como entidad financiera dio paso a través de ella
para llevar a cabo una operación ABIERTAMENTE ILEGAL y artificiosa
buscando distraer el verdadero origen y naturaleza de los recurso[s]”.

Que sustentó en que no existe prueba en el proceso de responsabilidad
fiscal que permita afirmar que Serfinco S.A. hizo alguna operación ilegal
en relación con el manejo de los recursos públicos del municipio de Arauca
que la entidad territorial le confió a Probolsa S.A. en un negocio que solo
esa sociedad le ofreció, luego si el mismo “revestía tinte ilegal, el mismo
no le podía ser atribuido a SERFINCO”.

Anotó que “el hecho de que a una sociedad comisionista le sea depositada
una suma de dinero, representada en un cheque de gerencia, para ser
abonada en la cuenta de un cliente no encierra ninguna ilegalidad, muy
por el contrario, es una actividad que a diario se repite muchas veces por
parte de las sociedades comisionistas de bolsa”, y que “lo que la
Contraloría hizo de manera ilegal fue invertir la carga de la prueba y
obligar a SERFINCO S.A. a demostrar que la operación de compra de TES
para PROBOLSA (no para el Municipio de Arauca) no fue ilegal”.

e) “La Contraloría General de la República quebrantó el debido proceso y
le negó a SERFINCO su derecho de defensa al no respetar el principio de
congruencia que debe existir entre el respectivo auto de imputación y el
fallo definitivo de responsabilidad fiscal”.

Al efecto, adujo que el título usado en el auto de imputación fue el de
contribución, es decir, el de una presunta colaboración, ayuda o
concurrencia con Probolsa S.A. que sí fue gestor fiscal, pero de manera
sorpresiva y violando abiertamente su derecho de defensa en los fallos de
responsabilidad fiscal le adjudicó a Serfinco S.A. responsabilidad fiscal en
calidad de gestor fiscal, lo que encierra un giro y un cambio estructural
en la imputación formulada.
Señaló que “la Contraloría General de la República en el fallo demandado
entremezcla los hechos que investiga con actuaciones cumplidas por

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SERFINCO para otras entidades públicas, en relación con la adquisición
de TES para estas, que son materia de investigación y en relación con las
cuales no hay pruebas en el proceso (…)”.

Aseveró que “SERFINCO S.A. no tuvo la oportunidad procesal alguna de
controvertir la imputación como gestor fiscal basado en haber recibido la
consignación del dinero que el Municipio de Arauca puso a su disposición
de Probolsa, que le hizo la Contraloría General de la República, puesto
que se trató de un hecho nuevo del que mi representada tuvo
conocimiento únicamente a partir del fallo mediante el cual fue declarada
fiscalmente responsable (…)”.

f) “La Contraloría General de la República violó el debido proceso al no
respetar y aplicar el precedente judicial”.

Reiteró que la Contraloría en el auto de imputación utilizó como título de
la responsabilidad fiscal atribuida a Serfinco S.A. su contribución con
Probolsa S.A. - quien sí era gestor fiscal-, a la producción del daño; sin
embargo, la Corte Constitucional, en la sentencia C- 840 de 2000, fijó el
alcance del artículo 6 de la Ley 610 de 2000, por lo que, si Serfinco S.A.
no tenía la calidad de gestor fiscal ya que no poseía fondos o bienes
públicos del municipio de Arauca a su disposición, no podía ejercer ningún
poder decisorio sobre ellos y su presunta participación a título de
contribución en la causación del daño no podía ser investigada y mucho
menos sancionada.

1.2.2. La Contraloría General de la República carecía de
competencia para proferir los actos demandados

Argumentó que la Contraloría General de la República solo puede ejercer
vigilancia en la gestión fiscal llevada a cabo por la administración y por
los particulares que manejen fondos o bienes de la Nación y que, como
se señaló en el cargo anterior, la Contraloría violó el derecho fundamental
al debido proceso de Serfinco S.A. “porque no respetó el principio de

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congruencia que debe existir entre el acto de imputación y el fallo de
responsabilidad fiscal esta afirmación sirve también de fundamento para
probar que la Contraloría General de la República carecía de competencia
para investigar y sancionar a SERFINCO por los hechos relacionados con
este caso concreto”.

Adujo también que “la Contraloría General de la República, en un intento
fallido por sanear el vicio de ilegalidad del que adoleció el auto de
imputación, en el fallo de primera instancia con responsabilidad fiscal No.
000045 del 14 de enero de 2014 y en aquel que lo confirmó […] sostuvo
que mi representada era responsable al haber desarrollado una gestión
fiscal irregular, que se dice fue hecha “a guisa de contribución”.

1.2.3. Los actos administrativos demandados se expidieron con
infracción manifiesta de las normas en que debían fundarse

Cargo que sustentó en que la Contraloría General de la República debió
actuar con estricto apego y cumplimiento de los preceptos
constitucionales y legales y que en el caso concreto no lo hizo, pues los
actos demandados resultan contrarios a la Constitución y a la ley.

Aseguró que los actos acusados se profirieron con flagrante vulneración
del derecho al debido proceso, ya que no se practicaron la totalidad de
las pruebas decretadas, no se tomaron en cuenta las pruebas obrantes
en el proceso que Serfinco S.A. había invocado en su defensa, no examinó
las que Serfinco S.A. pidió que se practicaran para sustentar las razones
de su defensa en la etapa del juicio, no concretó las que pretendió invocar
como sustento de su decisión, alteró las bases de la imputación formulada
cambiándola de forma sustancial, cerró irregularmente el período
probatorio sin dar oportunidad de controvertir la decisión y privando a
Serfinco S.A. de la posibilidad de alegar de conclusión, para demostrar
que las pruebas recaudadas revelaban la validez de su defensa.

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Además, que la Contraloría actuó con evidente falta o ausencia de
competencia material y, en ese sentido, las disposiciones constitucionales
y legales en que el órgano de control debía fundarse y no lo hizo son la
Constitución Política, artículos 6, 29, 119, 121, 267; Código Contencioso
Administrativo artículos 3, 34 y 35; y la Ley 610 de 2000, artículos 1 a 6,
23, 24, 36, 48 y 53.

1.2.4. Los actos administrativos demandados se profirieron
mediante falsa motivación

En relación con este cargo alegó que los actos demandados resultan nulos
porque los motivos por los que se expidieron, tanto de hecho como de
derecho, en algunos casos no eran ciertos, o no eran pertinentes, o no
tenían el mérito suficiente para que la Contraloría justificara sus
decisiones, por lo siguiente:

a) Serfinco S.A. no es una entidad financiera y por su conducto no se llevó
a cabo una operación abiertamente ilegal y artificiosa, y menos se puede
sostener que con alguna actuación suya se buscara distraer el verdadero
origen y naturaleza de los recursos.

b) El municipio de Arauca no fue cliente de Serfinco S.A. por lo cual no
tenía el deber de asesoría con dicha entidad territorial, y en todo caso, la
asesoría de una sociedad comisionista a un cliente no se puede extender
a operaciones que éste haya realizado antes con otra persona.

c) Serfinco S.A. no manejó ni administró recursos públicos del municipio
de Arauca. Lo que sustentó en que “los recursos públicos del Municipio de
Arauca adquirieron la connotación de privados mediante el acto de
disposición que dicho Municipio hizo al aceptar la oferta de Nota
Estructurada que le ofreció exclusivamente Probolsa y al hacer, él como
entidad territorial, la consignación del cheque de gerencia obtenido en el
Banco de Bogotá, con la instrucción expresa de que dichos recursos fueran
consignados en la cuenta bursátil de Probolsa en SERFINCO S.A.”.

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d) La atribución de responsabilidad fiscal a Serfinco S.A. a título de
contribución a la generación del daño es ilegal. Para lo que reiteró que la
Contraloría vulneró el debido proceso de Serfinco S.A. al cambiar la
imputación que hizo en el acto de imputación al de gestor fiscal en el fallo,
razón suficiente para que se declare la nulidad de los actos acusados.

f) (sic) Serfinco no estaba habilitada para incumplir las órdenes de
Probolsa en relación con la adquisición de TES.

Para ello consideró que los actos demandados parten de una premisa
falsa, pues, a juicio de la Contraloría, el daño fue provocado por la
adquisición de títulos TES que carecían de atributos de seguridad, solidez
y rentabilidad, como si Serfinco S.A. hubiera podido incumplir las
instrucciones de Probolsa S.A. en cuanto a la adquisición de TES “y como
si pudiera haber títulos TES seguros, sólidos y rentables y otros carentes
de esas características”.

g) (sic) La adquisición de TES por parte de Serfinco S.A. no generó
detrimento patrimonial alguno.

Alegó que la afirmación en que se basó la Contraloría en relación con que
Serfinco S.A. causó un detrimento patrimonial por la compra de títulos
TES carentes de rentabilidad, con cero solidez y seguridad, es falsa y
contraria a la realidad de la deuda pública en Colombia y evidencian una
falsa motivación, pues parten de considerar que los títulos de deuda
pública de la Nación colombiana son el peor referente que se puede
encontrar en el mercado para hacer una inversión.

Aseveró que “la ostensible dimensión del error en que se incurre al
sostener la "cero" rentabilidad de la inversión que se hizo en los TES que
compró Probolsa, usando los servicios de SERFINCO se advierte, sin
mayor esfuerzo, al confrontar el valor que se pagó por los TES comprados,
que fue $7.987.941.321,64 (hoja 38 del FALLO 45), y el valor que se
recibirá por los TES al vencimiento de los mismos, o sea $13.864.194.000

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(hoja 38 del FALLO 45). La diferencia entre los dos valores anotados es
la rentabilidad que el inversionista tendrá si mantiene el título hasta el
vencimiento. Resulta inexplicable que la Contraloría identifique
rentabilidad con intereses, sin reparar en que estos últimos son solo una
modalidad que puede revestir la obtención de una rentabilidad para el
inversionista en el mercado de TES”.

Por último, manifestó que la inversión del municipio en la nota
estructurada podía tener dos de las tres características que la Contraloría
en la imputación y en los fallos con responsabilidad le asignó a los TES,
específicamente la falta de seguridad y solidez, pero que la rentabilidad
en cambio sí era consistente con el riesgo que envolvía invertir en una
nota estructurada concebida para que solo una parte de los recursos se
invirtiera en deuda pública, con miras a conformar la garantía ofrecida.

II. TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL EN PRIMERA INSTANCIA

2.1. La demanda fue radicada en el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 12 de septiembre de 20142 y correspondió en reparto al
despacho del magistrado Fredy Ibarra Martínez, quien, por auto del 25 de
septiembre de 2014, la inadmitió, y, luego de subsanado lo solicitado, por
auto del 22 de enero de 2015 la admitió y ordenó la notificación personal
a la parte demandada, así como al señor agente del Ministerio Público y
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado3.

2.2. Contestación de la demanda

Mediante escrito radicado en oportunidad, la Contraloría General de la
República, por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda y
se opuso a las pretensiones. Expuso que los actos constitutivos del fallo
con responsabilidad fiscal fueron expedidos con el lleno de los requisitos

2
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Cuaderno 2. Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Expediente digitalizado.
3
Ibídem.
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legales y se observaron todas las etapas procesales, otorgándole a la
parte actora los medios de defensa y las garantías previstas en la
normatividad que regula el proceso de responsabilidad fiscal4.

Al referirse a cada uno de los cargos formulados indicó lo siguiente:

(i) En lo que tiene que ver con el presunto desconocimiento del derecho
de audiencia y defensa de Serfinco S.A. y la alegada expedición de los
actos administrativos con infracción manifiesta de las normas en que
debían fundarse:

Agrupó en uno solo estos dos cargos y al efecto sostuvo que la Contraloría
tiene la potestad de acoger y denegar los distintos medios de prueba que
considerara pertinentes para llegar a la mayor certeza posible sobre el
caso. Citó la sentencia proferida por esta Corporación el 10 de febrero de
20115 de la que destacó que la utilidad “radica en que el hecho que se
pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro
medio probatorio”, así como la sentencia C- 382 de 2008 de la Corte
Constitucional, para indicar que el proceso de responsabilidad fiscal está
sometido al debido proceso con los matices que le son propios de esa
función y le son aplicables las garantías sustanciales y procesales.

Alegó que, analizado lo planteado por la parte actora, se observa que
durante el desarrollo de todo el proceso de responsabilidad fiscal tuvo
oportunidad de controvertir todas las pruebas del proceso y que las
existentes se consideraron por la Contraloría como suficientes para
demostrar la participación de Serfinco S.A. en el detrimento patrimonial.

Adujo que “(…) la relación existente entre la Comisionista de Bolsa con
PROBOLSA S.A., de acuerdo al acervo probatorio obrante dentro del
expediente, era la de cliente de la Comisionista y que aprovechando tal

4
Ibídem.
5
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 10 de febrero
de 2011. C.P. Hugo Fernando Bastidas Barcenas. Expediente radicación nro. 11001 03
27 000 2007 00051 00 (16914).
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calidad, en asocio y colaboración de JUANITA IRAGORRI LOPEZ, Gerente
de Inversión de SERFINCO S.A., idearon la dinámica y la modalidad del
esquema estructural financiero desde el mismo momento del giro de los
recursos del Municipio de Arauca en cuantía de $16.000.000.000. (…) y
como se evidencia en las diligencias efectuadas de inspección consignadas
en el informe Nro. 544 del 5 de marzo de 2009 de la Superintendencia
Financiera de Colombia, que en el analisis probatorio, se registraron los
Chats, email y grabaciones telefónicas para el período cuestionado del 27,
30, 31 de octubre, 1, 4, 5, 8, 26 y 27 de noviembre, 23 de diciembre de
2003 y 28 de enero de 2009, entre Juanita (Gerente de Inversion) y Jairo
(Gerente de Probolsa S.A.), en las que se evidenció la forma en la que
PROBOLSA S.A. y SERFINCO S.A. convinieron que los valores de las
entidades públicas serian puestos a su disposición a través de un traslado
de los mismos desde la subcuenta de PROBOLSA S.A, acordando la
mecánica y el procedimiento que debían seguir ante estos agentes para la
realización de la inversión, manipulando los recursos públicos en contra de
los intereses del Estado y con plena transgresión de los principios que rigen
el Mercado de Valores (…)”.

(ii) En relación con el cargo de falta de competencia de la Contraloría
General de la República para proferir los actos demandados:

Respecto de la afirmación de que Serfinco S.A. no era gestor fiscal dijo
que, partiendo de lo establecido por el artículo 6 de la Ley 610 de 2000,
se entiende que su conducta contribuyó a la generación del daño que dio
origen al proceso de responsabilidad fiscal y se pudo determinar que el
accionar desarrollado por la sociedad comisionista de bolsa fue
determinante para la concreción del daño patrimonial, “pues a través de
su aptitud como entidad financiera, dio paso a través de ella para llevar a
cabo una operación abiertamente ilegal y artificiosa, buscando distraer el
verdadero origen y naturaleza de los recursos”.

Añadió que esa participación le dio la condición de gestor fiscal de los
recursos como persona de derecho privado al momento de recibir el

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desembolso del valor girado por el municipio de Arauca. Y que, reforzado
con la interpretación dada a esta definición por la Corte Constitucional en
sentencia C- 529 de 1993, la gestión fiscal es la administración o el manejo
de bienes públicos en sus diferentes y sucesivas etapas de recaudo,
conservación, adquisición, enajenación, gasto, inversión y disposición,
titularidad que implica el deber de establecer si las diferentes operaciones,
transacciones y acciones jurídicas, financieras y materiales en las que se
traduce la gestión fiscal se cumplieron; y, acorde con los hechos, se
vislumbraron irregularidades cometidas por esta sociedad en calidad de
gestor fiscal, lo que generó unas consecuencias negativas que se
materializaron en el detrimento patrimonial.

Luego de hacer referencia al negocio celebrado entre las partes, consideró
que Serfinco S.A., en su calidad de mandataria y gestora profesional, tenía
la responsabilidad de administrar con diligencia los recursos que se le
entregaron con el fin de que el inversionista recibiera los mayores
beneficios de acuerdo con la política de inversiones y el perfil general del
riesgo, y que contribuyó en la causación del daño patrimonial en la compra
y venta de los títulos de tesorería TES a nombre del municipio de Arauca.

(iii) En relación con el cargo de falsa motivación de los actos acusados:

Al respecto arguyó que las actuaciones de la Contraloría General de la
República están enmarcadas en la legalidad y que sus actuaciones no
generaron falsa motivación.

Para ello explicó que Probolsa S.A. en liquidación actuó como
“intermediaria de valores” con la participación de la comisionista de bolsa
Serfinco S.A., a través de su gerente de inversión, lo que generó un daño
que se inició desde el momento en que se presentó una propuesta irregular
con un esquema financiero de alto riesgo para el municipio de Arauca, sin
la aptitud ni legitimación para realizarlo, el cual se hizo efectivo en el
desembolso de los $16.000.000.000, de los cuales solo se invirtieron

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$8.329.722.133, generando desde ese momento un detrimento
patrimonial por la suma de $8.768.901.468.79.

Propuso como excepciones las de “inexistencia del derecho pretendido”,
que sustentó en que el proceso de responsabilidad fiscal se adelantó en
cumplimiento de los postulados constitucionales y legales; “ineptitud
sustancial de la demanda”, por cuanto, pese a que se esgrimió el concepto
de violación, no se expuso ningún argumento que constituya sustento
fáctico de las causales que generan la nulidad de los actos acusados, y la
de “improcedencia de la pretensión por falta de causal de nulidad de los
actos y por inexistencia del derecho a establecer”, y que no hay evidencia
alguna que conlleve a la nulidad de los actos acusados.

2.3. El 15 de julio de 20156, el magistrado de conocimiento llevó a cabo la
audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, donde
declaró no probada la excepción de inepta demanda; manifestó que los
demás medios exceptivos serían resueltos cuando se profiriera la decisión
de fondo; fijó el litigio; indagó la posibilidad de conciliación la cual se
declaró fallida ante la falta de ánimo conciliatorio; abrió a pruebas el
proceso, y decretó las pruebas pedidas por las partes.

2.4. La audiencia de pruebas se practicó el 19 de agosto de 20157; allí se
tuvieron como pruebas las documentales recibidas y se requirió para que
fueran aportadas las faltantes. Atendiendo al dictamen pericial aportado
con la demanda, se recibió la declaración del perito contador para que
expresara las razones y conclusiones del dictamen rendido. En dicha
diligencia igualmente se recibieron los testimonios de los señores Augusto
Acosta, Alberto Velandia, Juan Carlos Olmos Carreño, Juan Gonzalo
Hurtado Uribe. Por último, en relación con el testimonio ordenado del señor
Celso Guevara, representante legal de la Bolsa de Valores de Colombia,
quien se había excusado de asistir a la audiencia por motivos de viaje,

6
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Cuaderno 2. Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Expediente digitalizado. Folios 403 a 408.
7
Ibídem. Folios 446 a 450.
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consideró que con los medios de prueba practicados estaban
suficientemente ilustrados los hechos y que no se recibiría dicha
declaración, por lo que tuvo por evacuada la totalidad de los testimonios
ordenados y se fijó como fecha para continuar la audiencia el 25 de
septiembre de 2015.

2.5. En la continuación de la audiencia de pruebas celebrada el 25 de
septiembre de 20158 se dejó constancia que fueron allegadas al proceso
la totalidad de los documentos solicitados. Acto seguido se consideró
innecesaria la audiencia de alegaciones y juzgamiento y se corrió traslado
a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público
para rendir concepto.

III. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en sentencia del 12 de mayo de 2016, negó las
pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente9:

En relación con los cargos de violación del debido proceso y la
falsa motivación

Resaltó que pese a que se habían formulado cuatro cargos, el primero y
el cuarto serían resueltos de manera conjunta por cuanto se desenvolvían
bajo el mismo eje argumentativo respecto de la valoración probatoria, el
vínculo de Serfinco S.A. con el municipio de Arauca y la firma Probolsa
S.A. y el grado de participación en la gestión fiscal.

• En lo que tiene que ver con la valoración probatoria, luego de relacionar
los medios probatorios obrantes en el proceso de responsabilidad fiscal
nro. CD 000173, aseveró que “la Contraloría General de la República
realizó una investigación profunda, puesto que recaudó diferentes medios

8
Ibídem. Folios 575 a 576.
9
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Cuaderno 2. Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Expediente digitalizado. Folios 695 a 775.
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probatorios y además acudió a entidades públicas y privadas en aras de
recopilar información que permitiera esclarecer los hechos.

Concluyó que la Contraloría adelantó una investigación integral, toda vez
que recopiló diferentes medios de prueba con el propósito de establecer
la verdad de los hechos, incluidos aquellos que le pudiesen ser favorables
a Serfinco S.A., por lo que no eran de recibo los argumentos “de la parte
actora frente a una posible vulneración del derecho del debido proceso”.

• En lo atinente a las pruebas que alegó Serfinco S.A. se dejaron de
practicar y que alegó como fundamentales para desvirtúa la imputación,
tales como oficiar a la Superintendencia Financiera, recibir el testimonio
al señor Celso Guevara para que declarara técnicamente sobre la
inversión de TES y recibir la ampliación de versión libre del representante
legal de Serfinco S.A., aseveró que para que una prueba sea decretada
se requiere que sea conducente, pertinente y útil, y que en el caso la
Contraloría explicó las razones por las cuales algunas no se practicaron y
se cerró el período probatorio, dado que el representante legal de Serfinco
S.A. y el señor Celso Guevara no comparecieron en la fecha citada, ni
justificaron su falta de comparecencia; está acreditado que se recibió la
versión libre de la representante legal de Serfinco S.A. y dentro del
expediente administrativo existía suficiente material sobre los hechos que
se querían probar, tal como lo reconoció la parte actora.

• En lo concerniente a que se violó el debido proceso a la parte actora
porque la Contraloría General de la República falló con base en unas
pruebas ocultas que supuestamente obran en otra actuación
administrativa consistentes en unos chats, e-mail y grabaciones
telefónicas, sostuvo que, “respecto de las pruebas contenidas en chats,
correos electrónicos y grabaciones telefónicas se observa en el folio 1010
del expediente administrativo que la Contraloria General de la República
efectuó una visita especial a la Superintendencia Financiera el día 1 de
julio de 2009 diligencia en la que se recopilaron documentos que obraban
dentro del proceso administrativo sancionatorio que adelantaba la
Superintendencia en contra de Serfico SA, entre los cuales se encuentran,
en especial, el informe 544 de 2009 en el cual se consignó la visita

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realizada por la Superintendencia Financiera a Serfinco entre los días 5 al
16 de enero de 2008”, y que en dicho informe obraban las grabaciones
telefónicas, correos electrónicos y chats a los que alude la parte actora,
pruebas trasladadas recopiladas por parte de la Superintendencia
Financiera de Colombia que sirvieron de fundamento para establecer la
responsabilidad fiscal de Serfinco S.A.; por lo tanto, no se trató de medios
probatorios ocultos, puesto que la parte actora los conoció y tuvo la
oportunidad de contradecirlos.

• En cuanto al cargo de violación del debido proceso por la vulneración
del principio de presunción de inocencia, expuso que en el caso concreto
la Contraloría desplegó una serie de actividades encaminadas a obtener
material probatorio que permitiera identificar un posible detrimento
patrimonial y los responsables. Adicionalmente, valoró integralmente y en
debida forma las pruebas obrantes y concluyó que la sociedad Serfinco
S.A. era fiscalmente responsable por la pérdida patrimonial que sufrió el
municipio de Arauca con ocasión de la inversión en los TES, concluyendo
del análisis de las pruebas que Serfinco S.A. sí era gestor fiscal, carga que
estuvo en cabeza de la Contraloría, por lo que no era cierto que Serfinco
S.A. debió probar la legalidad de sus actuaciones en el negocio de
inversión de los TES.

• Respecto del cargo de que no se respetó el principio de congruencia
entre el auto de imputación y el fallo definitivo porque se le imputó en
grado de contribución y se le declaró responsable como gestor fiscal,
aseveró que el artículo 41 de la Ley 610 de 2000 enumeró el contenido
mínimo que debe tener el auto de apertura de investigación y que, en
cumplimiento de ello, la Contraloría dio apertura al proceso de
responsabilidad fiscal a través del auto nro. 000169 del 27 de marzo de
2009.

Agregó que, por auto nro. 0000260 del 8 de marzo de 2011, se imputaron
cargos a los funcionarios del municipio, a Probolsa S.A. y a Serfinco S.A.
de manera individual, en el que se determinó que Serfinco S.A. había
contribuido a la causación del daño patrimonial en la compra y venta de
títulos de tesorería TES a nombre del municipio de Arauca, y finalmente,

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que en el fallo de responsabilidad fiscal nro. 00045 del 14 de enero de
2014 se le había declarado fiscalmente responsable.

En consecuencia, desde la apertura de la investigación y hasta el fallo de
responsabilidad fiscal se tuvo claridad y coherencia en que los hechos que
motivaron el proceso fue la inversión por parte del municipio de Arauca
en unos TES y que “en la imputación de cargos y en el fallo se le acusó a
Serfinco de haber facilitado, gracias a su aptitud como comisionista de
bolsa, un negocio entre Probolsa SA y el municipio de Arauca que no
ofrecía condiciones mínimas de solidez, seguridad y rentabilidad lo que a
la postre conllevó a la pérdida de recursos públicos del municipio de
Arauca”.

• En cuanto a la violación del debido proceso por la supuesta inaplicación
del precedente establecido en la sentencia C- 840 de 2000 de la Corte
Constitucional, consideró que ese motivo de censura tampoco estaba
llamado a prosperar, ya que, según la interpretación de la Corte, el sujeto
pasivo del proceso de responsabilidad fiscal es el servidor público y la
persona de derecho privado que maneje o administre recursos o fondos
públicos tendientes a cumplir los fines esenciales del Estado, bien sea
directamente o con ocasión de la gestión fiscal, y en este caso, la
Contraloría General de la República había declarado fiscalmente
responsable a Serfinco S.A. en consideración a que participó en la compra
de unos TES por parte del municipio de Arauca que a la postre conllevó a
un detrimento patrimonial.

Concluyó que existía “una conexidad próxima y necesaria entre las
actividades desplegadas por Serfinco y la gestión fiscal en cabeza del
municipio de Arauca en atención a que Serfinco en calidad de comisionista
de bolsa participó en la adquisición de unos TES con recursos provenientes
de regalías del municipio de Arauca, por lo tanto, en la medida que la
compra de los TES se efectuó con recursos públicos en desarrollo de una
gestión fiscal de inversión es claro que con ocasión de esa gestión fiscal
Serfinco participó en la compra”.

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-En lo referente a la indebida valoración probatoria y el cargo de falsa
motivación, que se sustentó en que Serfinco S.A. no tuvo una relación
contractual con el municipio de Arauca y no participó en la propuesta de
nota estructurada presentada por Probolsa S.A. a Serfinco S.A.; que
Serfinco S.A. no adquirió los TES para el municipio de Arauca y no tenía
el deber de asesorarlo porque no fue cliente; tampoco realizó una
operación ilegal y que adquirió los TES según las instrucciones impartidas
por su cliente; la adquisición de TES no generó detrimento patrimonial y
Serfinco S.A. no fue gestor fiscal y es ilegal atribuirle responsabilidad a
título de contribución, luego de analizar las pruebas obrantes en el
expediente, concluyó que la gerencia de inversión de Serfinco S.A.
conocía el esquema de negocio que Probolsa S.A. le ofreció a sus clientes,
el cual era contrario a los mandatos legales. Por ende, que había quedado
plenamente establecido que Serfinco S.A intervino en la inversión de los
TES por parte del municipio de Arauca, por lo que se descartaba que le
hubiese sido ajena la propuesta presentada por Probolsa S.A. al
municipio.

Así mismo, consideró que estaba acreditado que Serfinco S.A., a través
de su gerente de inversión, conoció el verdadero origen de los
$16.000.000.000 consignados el 30 de octubre de 2008 a nombre de
Probolsa S.A., y pretendió justificar el origen de los recursos ante el área
de riesgo con el propósito de que los dineros quedaran a plena disposición
de Probolsa S.A., de manera que, en su condición de comisionista de
bolsa, permitió realizar una operación que causó un detrimento
patrimonial.

Añadió que la parte actora aportó un dictamen técnico rendido por
contador público, en el que se indica que en el sistema de información
contable de Serfinco S.A. no se observaron transacciones u operaciones
a nombre del municipio de Arauca, pero que naturalmente Serfinco S.A.
no tenía información contable por operaciones con el municipio de Arauca,
puesto que lo rechazó como cliente sin ninguna justificación válida; y,
aunque el municipio de Arauca no fue cliente formal suyo, la comisionista
de bolsa permitió que los recursos públicos del municipio de Arauca fueran
puestos a disposición de Probolsa S.A., que destinó gran parte de ellos a

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asuntos diferentes a la adquisición de TES, dinero que nunca regresó a
las arcas del municipio.

Hizo alusión al testimonio recibido al señor Augusto José Acosta Torres,
economista, especialista en temas bursátiles y financieros, de lo que
coligió que “la inversión de TES en sí misma, en la que Serfinco participó
como comisionista de bolsa, no produjo el detrimento patrimonial puesto
que los títulos que se trasladaron al municipio de Arauca eran sólidos y
rentables”, y afirmó que compartía lo expuesto en el fallo de
responsabilidad fiscal “en cuanto a que Serfinco participó en el negocio de
venta con pacto de recompra propuesto por Probolsa al municipio de
Arauca, el cual representó una propuesta riesgosa sin solidez ni
rentabilidad”, y que, “al margen de todo lo anterior, también se le atribuyó
a Serfinco la omisión de investigar el origen de los recursos previamente
a invertir, máxime cuando la consignación fue por la considerable suma
de $16.000.000.000”.

Agregó que “si Serfinco se hubiese documentado oportunamente acerca
del origen de los recursos por valor de $16.000.000.000, como era su
deber, hubiera identificado que en la Resolución 0991 de 2008 por medio
de la cual se autorizó el origen de los recursos estaba involucrado en una
alianza con Probolsa para realizar unas inversiones con los recursos
públicos del municipio de Arauca”.

• En cuanto a la calidad de gestor fiscal atribuida a Serfinco S.A. con base
en lo establecido por el artículo 3 de la Ley 610 de 2000, consideró que
era indudable que en su condición de comisionista de bolsa hizo
actividades económicas tendientes a la inversión de unos recursos
públicos en la adquisición de unos TES, su actividad comportaba la
naturaleza de gestión fiscal, “dado que entre sus actuaciones estuvo,
entre otras, la participación en la negociación y posterior adquisición de
unos TES, además que recibió recursos del municipio de Arauca en la
cuenta de un tercero a sabiendas que eran recursos públicos”.

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Frente al cargo de falta de competencia

Expuso que este reproche se funda en que Serfinco S.A. no ejerció gestión
fiscal y, por ende, la Contraloría General de la República carecía de
competencia para vincularla a juicio o para declararla fiscalmente
responsable.

Consideró que, conforme a las competencias otorgadas en los artículos
119, 267 y 268 de la Constitución Política y el artículo 1 de la Ley 610 de
2000, la Contraloría General de la República tenía plena competencia para
vincular en la actuación administrativa a Serfinco S.A. en consideración a
que tenía la facultad y obligación de establecer las responsabilidades
derivadas de la gestión fiscal, por lo que, una vez determinado que
Serfinco S.A. había sido gestor fiscal para invertir recursos públicos
provenientes del municipio de Arauca y participar en un negocio que
conllevó al detrimento patrimonial, el cargo tampoco estaba llamado a
prosperar.

Frente al cargo de infracción en las normas en que debían
fundarse

Concluyó que, teniendo en cuenta que el cargo se basaba en la
vulneración del derecho al debido proceso y la falta de competencia, este
motivo de acusación estaba resuelto de manera negativa bajo las mismas
consideraciones expuestas en los cargos anteriores.

Por último, el tribunal se pronunció sobre la pretensión subsidiaria,
consistente en la devolución parcial de la suma de $4.783.749.825,
resultante de la corrección por la errónea liquidación en que se alegó
incurrió la Contraloría General de la República al fijar el monto de la
responsabilidad de los imputados, dado que, en criterio de la parte actora,
el valor del daño se debió liquidar a la fecha del fallo de segunda instancia
en $4.783.749.825 y no en $8.849.002.101, como lo determinó la
Contraloría, aplicando la fórmula: Valor indexado de la inversión

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($18.647.943.825), menos el valor de los TES en poder del municipio
($13.864.194.000), igual al valor del daño patrimonial padecido por el
municipio de Arauca ($4.783.749.825).

El a quo consideró que en el proceso quedó demostrado que con los
$16.000.000.000 girados por el municipio de Arauca se adquirieron TES
por la suma de $7.987.941.332 (principales y cupones), los cuales tenían
un valor nominal de $13.864.194.000, y que el resto del dinero fue
utilizado por Probolsa S.A. que dispuso de éste desde su cuenta bursátil,
dinero que jamás retornó a las arcas del municipio.

Aseveró que, respecto de la manera como se debe calcular el daño, debe
tenerse en cuenta lo explicado por la Corte Constitucional en la sentencia
C- 840 de 2001, pues al momento de calcular el daño se debe valorar no
solo el daño emergente sino también el lucro cesante, y que “en el
presente asunto no es posible aplicar la fórmula que pretende el
demandante porque al valor del daño no se le puede restar la ganancia
que generó la adquisición de TES, puesto que dicho dinero es el resultado
de la ganancia que en condiciones normales generaba la inversión. Aplicar
la fórmula propuesta sería desconocer que el municipio tenía la proyección
y el derecho a tener unos rendimientos o ganancias de su inversión”.

Por las razones anotadas negó las pretensiones de la demanda.

IV. EL RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con lo decidido por el a quo, el apoderado de la parte actora
interpuso recurso de apelación y como sustento del mismo reiteró lo
expuesto en la demanda y además arguyó lo siguiente10:

10
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Cuaderno 2. Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Expediente digitalizado. Folios 785 a 823.
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En cuanto a los cargos primero y cuarto sobre violación al debido
proceso y falsa motivación

En relación con la violación al debido proceso

• Frente al desconocimiento del principio de investigación integral,
manifestó que equivocadamente el tribunal consideró que el cumplimiento
del mismo se verificó por el número y diversidad de pruebas allegadas al
proceso de responsabilidad fiscal, “desconociendo gravemente que la
motivación del Acto Administrativo mediante el cual la Contraloría adopta
el fallo con Responsabilidad Fiscal, adolece manifiestamente de la
ausencia de responsabilidad en cabeza de SERFINCO, tales como su no
participación en la relación negocial entre el municipio de Arauca y
Probolsa, la inexistencia de un vínculo legal con dicho municipio y la
imposibilidad jurídica de oponerse a los actos de disposición de los
recursos por parte de su cliente Probolsa”.

Alegó que, en la sentencia, se sostiene que hubo una profunda
investigación porque se recogieron pruebas y se visitó a varias entidades,
elementos que nada tienen que ver con la alegada profundidad de la
investigación, y que en el numeral 7.2.1. literal a) de la demanda se
relacionaron 11 medios probatorios que demostraban irrefutablemente la
ausencia se responsabilidad de Serfinco S.A.

• En cuanto a la violación del debido proceso por no haberse practicado
todas las pruebas decretadas para desvirtuar las imputaciones alegadas,
afirmó que el tribunal consideró que los testimonios de los representantes
legales de Serfinco S.A. y del señor Celso Guevara no se practicaron por
cuanto no se presentaron en la fecha para la cual fueron citados sin
justificación alguna, y que el representante de Serfinco S.A. ya había
rendido versión libre por estos hechos. Al respecto, estimó que el tribunal
incurrió en una flagrante vulneración del derecho a la prueba de Serfinco
S.A. “al avalar la decisión de la Contraloría de no practicar
infundadamente la ampliación de la versión libre de su representante legal

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y de un Testigo experto, pruebas oportuna y debidamente decretadas,
por cuanto para llegar a la conclusión de que tales pruebas eran
“innecesarias, realiza, ese sí, un innecesario análisis sobre la conducencia,
pertinencia y utilidad de las mismas”.

Anotó que “el solo hecho de la negativa a la práctica de tales pruebas con
el argumento insostenible de que los citados no concurrieron a la primera
convocatoria sin justificación carece de toda veracidad por cuanto los
citados manifestaron su imposibilidad de hacerlo y lo procedente era
señalar una nueva fecha para ello, omisión que claramente configuró una
efectiva vulneración del debido proceso y una grave afectación del
derecho de defensa de SERFINCO”.

-Con respecto a la violación al debido proceso referido a la adopción del
fallo con responsabilidad fiscal con base en pruebas “ocultas”,
consistentes en unos chats, e-mails y grabaciones telefónicas existentes
en otra actuación administrativa, indicó que el tribunal afirmó que tales
pruebas se recaudaron como consecuencia de una visita de la
Superintendencia Financiera el 1 de julio de 2009 y que reposaban en una
actuación contra Serfinco S.A, las cuales fueron incorporadas al proceso
fiscal y puestas a consideración de Serfinco S.A., y que se trató de una
prueba trasladada.

Consideró que, para que el derecho de contradicción pueda ejercitarse,
se requiere que quien recaude la prueba la ponga a disposición de la parte
afectada, lo que no sucedió en este caso, por cuanto, si bien la Contraloría
y el tribunal afirman se trató de una prueba trasladada cuya viabilidad no
se discute, realmente dicho traslado no se produjo dado que los chats, e-
mails y grabaciones telefónicas no fueron trasladados de forma específica
al proceso de responsabilidad fiscal, sino que su contenido es reproducido
parcial y selectivamente, como parte del denominado informe 544 de
2009.

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Alegó que en ese orden, se desvió el tribunal cuando, frente al cargo
formulado, respondió sobre la viabilidad de la prueba trasladada, al
indicar que los elementos probatorios se pusieron a disposición de
Serfinco S.A., y al dejar de pronunciarse sobre la relación vinculante entre
el contenido de tales elementos con la conducta de Serfinco S.A.,
transgresión que consideró se torna más contraria a derecho y violatoria
del debido proceso en la medida que, pese a todas las manifestaciones de
Serfinco S.A. en tal sentido, en el proceso de responsabilidad fiscal la
Contraloría jamás dio por concluida la etapa probatoria, como tampoco
concedió traslado para alegar de conclusión, tal como lo exigen los
artículos 51 y 52 de la Ley 610 de 2000.

• En relación con la violación del debido proceso por transgresión a la
presunción de inocencia, alegó que, según lo manifestado por el tribunal,
la Contraloría no presumió la responsabilidad de Serfinco S.A., de manera
que la carga probatoria siempre estuvo en cabeza del órgano fiscalizador.

Al respecto, consideró que la presunción de inocencia no se respetó y que
basta con revisar el texto de los actos impugnados desde el inicio del
proceso de responsabilidad fiscal para constatar sin mayor esfuerzo que
la Contraloría calificó la conducta de Serfinco S.A. como ilegal, así como
contrarias a derecho las operaciones que se realizaron con los recursos
del municipio de Arauca, determinándolas como causantes del daño
patrimonial al municipio a manera de culpa grave, cuando jurídicamente
todo eso es lo que debía probarse a través del desarrollo del proceso y
como conclusión final del mismo.

Añadió que, “sin embargo, en su sentencia el Tribunal no solo desconoce
que el planteamiento de la Contraloría produjo ilegalmente la inversión
de la carga de la prueba, sino que igualmente incurre en el mismo error
al no responder las formulaciones de la demanda en el cargo
correspondiente, con lo cual termina avalando la vulneración del
postulado de la presunción de inocencia y consecuentemente el debido
proceso”.

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• Sobre la vulneración del debido proceso al desconocerse el principio de
la congruencia, en tanto que la imputación se le formuló a Serfinco S.A.
como contribuyente a la ocurrencia del daño fiscal y en el fallo se le
condenó como responsable en calidad de gestor fiscal, alegó que el
tribunal consideró que, para garantizar el derecho de defensa del
investigado, debe existir una identidad entre los hechos que se le imputan
y el fallo de responsabilidad fiscal y que ello sucedió en este caso, dado
que, en el auto de imputación se le atribuyó a Probolsa el carácter de
gestor fiscal y a Serfinco S.A. el de contribuir al daño fiscal generado por
aquella; y que, por lo tanto, olvidaron tanto la Contraloría como el
tribunal, que etimológicamente no es lo mismo ocasionar un daño que
contribuir a ello, y que tal diferencia la recoge el régimen de
responsabilidad fiscal adoptado mediante la Ley 610 de 2000.

Añadió que, “al cambiar intempestivamente la imputación de
contribuyente a la de Gestor Fiscal, la Contraloría colocó a SERFINCO en
una posición de total indefensión, sorprendiéndola con la sustitución de la
imputación inicial con base en la cual esta había desarrollado el ejercicio
de su derecho de defensa”.

• En lo atinente a la violación del debido proceso por la inaplicación del
precedente judicial, al desconocerse lo dispuesto por la sentencia C- 840
de 2000 proferida por la Corte Constitucional relativa a la responsabilidad
que recae sobre el gestor fiscal, consideró que el tribunal afirmó que la
Contraloría declaró responsable a Serfinco S.A. en consideración a que
participó en la compra de unos TES por parte del municipio de Arauca, lo
que a la postre conllevó un detrimento patrimonial, por lo que existía “una
conexidad próxima y necesaria entre las actividades desplegadas por
Serfinco y la gestión fiscal en cabeza del municipio de Arauca”.

Al respecto, luego de mencionar apartes de la sentencia C- 840 de 2001
sobre el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, relacionado con el daño fiscal,
consideró que la Contraloría no solo desconoció el acervo probatorio
existente en el expediente administrativo en relación con las actuaciones

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de Serfinco S.A, sino que además desatendió lo dispuesto por la Corte
Constitucional en la referida sentencia, yerro grave en el que también
incurrió el tribunal, por cuanto no existe en el proceso de responsabilidad
fiscal prueba alguna mediante la cual se determine que entre el municipio
de Arauca y Serfinco S.A. existió un vínculo de carácter legal o
convencional, motivo por el cual era jurídicamente imposible predicar de
Serfinco S.A. titularidad alguna para manejar fondos o bienes del Estado,
motivo por el cual no era posible aperturarle un proceso de
responsabilidad fiscal ni como contribuyente ni como gestor fiscal.

Respecto a la falsa motivación

• En relación con el hecho de que Serfinco S.A. no tuvo ninguna relación
contractual con el municipio de Arauca y no participó en la presentación
de la propuesta de la nota estructurada formulada por Probolsa S.A.,
quien era cliente de Serfinco, pero ello no la hacía responsable de las
operaciones de aquella.

Alegó que, tal como obra en el expediente administrativo, está
debidamente probado que Probolsa S.A. le formuló al municipio de Arauca
una propuesta denominada “venta con pacto de retroventa” y como
consecuencia de dicha negociación el municipio de Arauca expidió la
Resolución nro. 0991 de 2008, y que la consignación de los recursos se
efectuó por parte del municipio mediante cheque de gerencia el 30 de
octubre de 2009, pero que también está probado que el depósito se hizo
en la cuenta que Probolsa S.A. tenía en Serfinco S.A., con la expresa
autorización del municipio, lo que demuestra que, ni al momento de la
expedición de la Resolución nro. 0991 de 2008, ni con anterioridad, existió
una relación negocial entre el municipio de Arauca y Serfinco S.A.

• En relación con el hecho de que Serfinco no adquirió TES para el
municipio de Arauca

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Alegó que, como lo reconoce el tribunal, la intervención de Serfinco S.A.
en la adquisición y las condiciones obtenidas con los TES efectivamente
se hizo con Probolsa S.A., sin que en dicha operación se encontrara
ilegalidad alguna; y, en cuanto a que parte de los recursos fueron
utilizados por Probolsa S.A. para fines diferentes a los convenidos y nunca
regresaron al municipio, aludió que Serfinco S.A. no tuvo ninguna
incidencia en tales actuaciones, ni directa ni indirectamente, como
tampoco existe prueba alguna que así lo determine.

• Acerca de que el municipio hubiera iniciado un trámite de vinculación
como cliente que nunca se concretó, de lo cual no emerge una gestión
fiscal, ni guarda relación con la pérdida de los recursos, aludió que la
razón por la cual los recursos se consignaron a favor de Probolsa S.A. fue
la determinación expresa del municipio de Arauca, como real propietario
de los mismos, sin que en ello tuviera intervención alguna Serfinco S.A.,
“motivo por el cual ello tampoco puede inferirse, como lo hace el Tribunal,
de las conversaciones que existieron entre funcionarios de Probolsa y
SERFINCO, después de haberse celebrado el denominado negocio de
“venta con pacto de recompra”.

Aseguró que “no se desconoce la intervención de SERFINCO en la
adquisición de los TES a nombre de Probolsa y por solicitud de esta, pero
se reitera que tal operación se hizo conforme a las previsiones legales que
la regulan, sin perjuicio de la inicial calificación como insegura, poco
rentable y no útil hecha por la Contraloría, que posteriormente fue
rectificada (…)”.

Argumentó que no corresponde a la verdad la afirmación del tribunal en
el sentido que con su conducta Serfinco S.A. permitió realizar una
operación que causó un daño patrimonial, en tanto que la adquisición de
los TES en la que intermedió dicha sociedad la realizó Probolsa S.A. sin la
intervención o acompañamiento de Serfinco S.A., y que la posición del
tribunal resulta contradictoria “al admitir, con fundamento en la posición
de la Superintendencia Financiera, por un lado, que los Comisionistas de

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Bolsa deben acatar estrictamente las instrucciones de sus clientes, lo que
le impedía a SERFINCO hacer caso omiso de las instrucciones de Probolsa
y, por el otro, al considerar que los que la Contraloría le endilgo a
SERFINCO fue el haber participado con Probolsa en la adquisición de los
TES, cuando en la misma sentencia se expresa que dicha operación no
presentó ningún riesgo para el patrimonio público”.

• Acerca de la inexistencia del deber de conducta exigible en el
Reglamento General de la BCB, respecto de la operación de nota
estructurada no celebrada por Serfinco S.A. y ajena al campo de las
operaciones de bolsa, alegó que el tribunal comparte con la Contraloría
que Serfinco S.A. debió informar y asesorar al municipio de Arauca como
si fuese su cliente; sin embargo, ni la Contraloría, ni el tribunal, señalaron
nunca en qué consistió el defecto de asesoría que se le hubiere podido
brindar al municipio de Arauca como potencial cliente antes de su
vinculación, ni la incidencia que ese supuesto defecto de asesoría hubiere
podido tener en que, por ello, se hubiere asumido una obligación de
gestión fiscal de recursos que nunca le fueron puestos a su disposición
por el municipio, y que, en todo caso, cualquiera fuere el alcance que se
le quisiera dar al pretendido deber de asesoría, lo cierto es que no existía
una relación vinculante entre la supuesta inobservancia de ese deber y el
poder de disposición que adquirió Probolsa sobre los dineros que el
municipio le entregó y en cuyo manejo no podía incidir Serfinco S.A.

• En relación con el inexistente poder que se le atribuye a Serfinco S.A.
de impedir que Probolsa S.A. dispusiera de los recursos que el municipio
le entregó, reiteró que el tribunal se equivocó en considerar que Serfinco
S.A. participó en la negociación que concluyó con la aceptación del
municipio de Arauca de la propuesta presentada por Probolsa, cargo que
no formuló la Contraloría, participación de la que no existe prueba alguna
“y que corresponde a una inferencia que sin fundamento fue elaborada
por el juzgador de primera instancia”.

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Aseveró que también se equivocó el tribunal al afirmar que con la
intervención del gerente de inversiones de Serfinco S.A. propuso y ejecutó
el negocio denominado “venta con pacto de recompra”, por cuanto, como
aparece probado en el expediente, dicho negocio fue ofrecido por Probolsa
S.A. al municipio y celebrado exclusivamente entre éste y el municipio de
Arauca; y que, salvo la compra de los TES en los que intervino Serfinco
S.A., las demás operaciones fueron ejecutadas por Probolsa S.A. sin su
intervención.

• En relación con la supuesta e inexistente omisión legal en averiguar
sobre el origen de los recursos consignados por el municipio a favor de
Probolsa S.A., aseveró que “el tribunal, en un acto de intromisión en las
funciones de la Contraloría, determinó en el fallo de primera instancia que
la omisión de investigar la fuente de los recursos comporta Culpa Grave.
El argumento que se menciona no se invocó en el fallo de Responsabilidad
Fiscal, como tampoco aparece en el Acto que resolvió la Apelación del
mismo. Es un hecho nuevo que se alega ahora en la sentencia y sobre el
cual SERFINCO obviamente no tuvo la oportunidad de pronunciarse en la
actuación administrativa”.

Añadió que, en todo caso, Serfinco S.A. sí investigó el origen de los
fondos, una vez consignados, pero que tal indagación y su resultado no
alcanza el umbral necesario para declararlo cómplice de la conducta de
Probolsa S.A., y no por investigar el origen de los fondos se podía impedir
que aquella hiciera uso de los recursos.

• En relación con la ausencia de gestión fiscal atribuible a Serfinco S.A.,
reafirmó que el hecho de que el municipio de Arauca, en ejercicio de las
atribuciones que le son propias, hubiera convenido con un tercero en
depositar unos recursos suyos en la cuenta que éste tenía en Serfinco
S.A., autorizándolo expresamente para disponer de los mismos, y en
desarrollo de la atribución dispositiva haya participado en la adquisición
de unos TES, no lo convierte en gestor fiscal.

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Dentro de lo argumentado en este punto, se destaca que manifestó que
la adquisición de los TES en manera alguna fue una operación artificiosa
y, por el contrario, en la sentencia el tribunal terminó por reconocer que
fue exitosa desde el punto de vista de seguridad, rentabilidad y utilidad
para el municipio.

Sobre el segundo cargo relativo a la incompetencia de la
Contraloría para investigar a Serfinco por cuanto esta no ejerció
gestión fiscal

Señaló que el tribunal alegó que, de conformidad con los artículos 119,
267 y 268 de la Constitución Política y el artículo 1 de la Ley 610 de 2000,
la Contraloría tiene competencia para adelantar procesos de
responsabilidad fiscal y vincular a los sujetos que desarrollen gestión
fiscal; sin embargo, como se expuso desde la demanda, Serfinco S.A. no
tuvo el carácter de gestor fiscal, razón por la cual no era posible que
contra ella se adelantara un proceso de responsabilidad fiscal, y que al
hacerlo vulneró las mismas normas que el tribunal citó como atributivas
de competencia.

En cuanto al tercer cargo relativo a la infracción de las normas en
las que los actos acusados debían fundarse

Alegó que el juzgador de instancia aseveró que, como este cargo se
sustentaba en la vulneración del derecho al debido proceso y en la falta
de competencia de la Contraloría, habían sido resueltos negativamente
bajo las consideraciones expuestas en los dos cargos anteriores, lo que
vulnera el artículo 187 del CPACA, que dispone que la sentencia debe ser
motivada y contener un análisis crítico de las pruebas e impone la
respuesta y definición de los asuntos planteados en la demanda y en la
contestación; por lo que consideró que resolver por mera remisión con
base en supuestos contenidos en otros apartes de la sentencia constituye
una clara denegación de justicia.

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A lo dicho agregó que, en los hechos 3.2.24. y 3.2.25., se puso de
presente el vicio de nulidad de la Contraloría derivado del hecho de haber
emitido un primer fallo de primera instancia con responsabilidad fiscal,
que fue revocado íntegramente por el despacho de primera instancia, y
profirió un segundo fallo de responsabilidad fiscal, y que el tribunal
inexplicablemente guardó silencio y no se pronunció sobre ese asunto,
“con lo cual avaló la violación al debido proceso” de Serfinco S.A.

Sobre la procedencia de la pretensión subsidiaria

Por último, en cuanto a la pretensión subsidiaria relativa a la devolución
de la suma de $4.783.749.825 resultante de la corrección por errónea
liquidación en que incurrió la contraloría al fijar el monto de la
responsabilidad fiscal de los imputados que el tribunal consideró
improcedente, sostuvo que el tribunal omitió tener en cuenta que,
conforme a la misma sentencia de la Corte Constitucional C- 840 de 2001,
para la determinación del monto del daño debe tenerse en cuenta si la
administración obtuvo o no algún beneficio.

Concluyó que, “(…) si al valor que los TES (principales y cupones) tenían
en la fecha del 17 de marzo de 2014, que es la fecha del fallo de segunda
instancia, el cual ascendía a la suma de $13.623.095.666, se le resta el
valor que esos mismos títulos tenían en la fecha de valoración tomada en
cuenta por la Contraloría al emitir el fallo de primera instancia
($8.688.616.114.51 el 19 de septiembre de 2009), da como resultado un
mayor valor ganado de $6.601.716.449”, y que desconocer ese mayor
valor de la inversión respecto del que tenía en septiembre de 2009, fecha
en la que se hizo la última valoración por parte de la Contraloría,
constituiría un enriquecimiento sin causa, “puesto que se le cobró a
SERFINCO y, al propio tiempo, lo obtuvo el Municipio, como mayor valor
de su inversión”.

El recurso fue concedido por auto del 23 de junio de 201611.

11
Ibídem. Folios 831 y 832 cuaderno 2 tribunal.
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V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

5.1. El recurso de apelación fue asignado mediante acta individual de
reparto del 21 de octubre de 201612 y admitido en proveído del 12 de
mayo de 201713.

5.2. Por auto del 18 de septiembre de 2017 se corrió traslado para alegar
de conclusión14.

5.2.1. El apoderado de la parte actora, al descorrer el traslado, reafirmó
los argumentos expuestos al interponer el recurso de apelación15.

Insistió en que la sentencia impugnada omitió tener en cuenta el alcance
fáctico y jurídico de la relación contractual entre Serfinco S.A. con
Probolsa S.A. y la ausencia de relación contractual de Serfinco S.A. con el
municipio de Arauca, y concluyó, luego de las consideraciones esbozadas,
que “queda claramente establecida cuál era la relación jurídica entre
SERFINCO y PROBOLSA, pero igualmente queda demostrado que nunca
existió vínculo jurídico entre la aquí Demandante y el Municipio de
ARAUCA (…), es decir, que SERFINCO nunca administró recursos públicos,
ni directa, ni indirectamente para el Municipio de Arauca”.

Reiteró que era incongruente la calificación de la conducta que fue objeto
de imputación fiscal y la decisión adoptada en el fallo con responsabilidad
fiscal, que fue desconocida por la sentencia de primera instancia, puesto
que no se les imputó a los investigados un eventual daño patrimonial al
erario público, sino que directamente se les endilgó la sindicación
condenatoria de ser responsables fiscales, lo que estimó constitutivo de
la vulneración del derecho de defensa de Serfinco S.A.; agregó que la

12
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Cuaderno principal. Expediente
digitalizado.
13
Ibídem.
14
Ibídem.
15
Ibídem.
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sindicación que se le formuló fue contribuir con su conducta a la causación
del daño al patrimonio público; sin embargo, en el último fallo de primera
instancia se le endilgó la responsabilidad a título de gestor fiscal. Por
último, insistió en la inexistencia de los elementos determinantes de la
responsabilidad fiscal.

5.2.2. A su vez, el apoderado de la Contraloría General de la República
solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia16.

Sostuvo que el recurso de apelación interpuesto por la parte actora se
limitó a desestimar los argumentos del fallo impugnado sin dirigir ataque
alguno a lo expuesto por el a quo y, contrario sensu, lo que pretende es
cambiar la teoría del caso y ampliar los argumentos de defensa
presentados en la demanda, por lo que la inconformidad no tiene respaldo
jurídico ni probatorio.

Estimó que el fallo de responsabilidad fiscal no afectó el debido proceso
de la parte actora ni adolece de falta de motivación y que “(…) en el
proceso de responsabilidad fiscal se determinó y probó la relación
existente entre la Comisionista de Bolsa con PROBOLSA S.A. de acuerdo
al acervo probatorio obrante, era la de cliente de la Comisionista y que
aprovechando tal calidad … idearon la dinámica y la modalidad del
esquema estructural financiero desde el mismo momento del giro de los
recursos del Municipio de Arauca en cuantía de $16.000.000.000. El
vínculo jurídico que se pudo establecer entre estas dos entidades, no se
limitó a la simple custodia de valores, sino que se derivó de un contrato
de comisión para la compra y venta de valores con los cuales compraron
y vendieron los títulos de tesorería TES a nombre del referido Municipio y
la apertura de la cuenta, tal y como se evidencia en las diligencias
efectuadas de inspección consignadas en el informe Nro. 544 del 5 de
marzo de 2009 de la Superintendencia Financiera de Colombia (…)”.

16
Ibídem.
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Demandante: Serfinco S.A

Afirmó además que la calidad de gestor fiscal siempre se le mantuvo a lo
largo del proceso y lo que se ratificó en el fallo es que correspondía su
contribución en la generación del daño.

5.2.3. El señor Agente del Ministerio Público no rindió concepto.

5.3. El expediente ingresó para fallo el 14 de noviembre de 201717.

5.4. Por auto del 6 de julio de 2022 se negó la sucesión procesal solicitada
por la parte actora Serfinco S.A.18.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Competencia

Atendiendo lo previsto por los artículos 150 del CPACA y 13 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201919 expedido por la Sala Plena de la
Corporación, esta Sección es competente para conocer del presente
asunto en segunda instancia.

6.2. Planteamiento de la controversia

La Sala observa que, en el asunto bajo examen, la Contraloría General de
la República falló con responsabilidad fiscal de manera solidaria en cuantía
de “OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS
UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y
NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 8.768.901.468.79)”, en
contra del alcalde, el secretario de hacienda, el coordinador del área de
rentas, tesorería y pagaduría y del jefe de la oficina jurídica del municipio
de Arauca para la época de los hechos, así como también en contra de

17
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Cuaderno principal. Expediente
digitalizado.
18
Visto en el índice 32 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01.
19
Que compiló y actualizó el Reglamento del Consejo de Estado.
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Demandante: Serfinco S.A

Serfinco S.A. y Probolsa S.A. en liquidación, cuyo daño al patrimonio
estatal se les endilgó que se generó desde el mismo momento que fueron
girados los recursos por parte del municipio de Arauca a Serfinco S.A.
($16.000.000.000), comisionista de bolsa, con el fin de ser entregados al
corredor Probolsa S.A., motivado por la “estructuración” de las
operaciones que se ejecutaron, según se lee en el fallo con
responsabilidad fiscal.

Serfinco S.A. formuló en la presente demanda cuatro cargos con los que
pretende se declare la nulidad parcial del fallo de responsabilidad fiscal
nro. 000045 del 14 de enero de 2014 proferido por el contralor delegado
intersectorial nro. 2 de la unidad de investigaciones especiales contra la
corrupción de la Contraloría General de la República, así como del auto
nro. 000635 del 20 de febrero de 2014 proferido por el mismo funcionario
que lo confirmó al desatar el recurso de reposición, y del fallo nro. 0026
de 17 de marzo de 2014 expedido por la contralora general de la
República, mediante el cual se decidió el recurso de apelación,
específicamente en lo que tiene que ver con la imposición de
responsabilidad fiscal solidaria impuesta a Serfinco S.A.

Los cargos que se formularon en la demanda y que se insiste en el recurso
de apelación, son los de (i) violación al debido proceso; (ii) falsa
motivación; (ii) falta de competencia de la Contraloría General de la
República para investigar a Serfinco S.A, y (iv) la infracción manifiesta de
las normas en que debían fundarse, los cuales fueron negados por el a
quo.

Con el fin de resolver las inconformidades de la parte recurrente, la Sala
estima necesario examinar (i) los hechos que dieron origen al proceso de
responsabilidad fiscal; (ii) las irregularidades denunciadas que motivaron
la apertura del proceso de responsabilidad fiscal; (iii) el trámite del
proceso de responsabilidad fiscal; (iv) los actos administrativos acusados,
para, con fundamento en todo lo anterior, abordar el (v) examen de los
cargos.

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Demandante: Serfinco S.A

6.2.1. Los hechos que dieron origen al proceso de responsabilidad
fiscal

Acorde con los antecedentes administrativos obrantes en el expediente se
comprueba lo siguiente20:

(i) Mediante comunicación del 17 de octubre de 2008 del gerente general
de Probolsa S.A., Héctor Jairo Bonilla López, le presentó la siguiente
propuesta de inversión al señor Andrés Herrera, en calidad de tesorero
del municipio de Arauca21:

“[…] La presente es para manifestar claridad en el manejo de las
inversiones que podremos realizar como asesores financieros del
Municipio de Arauca.

PROBOLSA S.A. sería el gestor de la compra de títulos TES con
calificación AAA y riesgo crediticio cero (Nación), títulos que se
comprarían a nombre del Municipio de Arauca con el DCV (Deposito
Centralizado de Valores de Colombia) en su DCV en el Banco de la
República, por intermedio de nuestra firma Comisionista aliada
SERFINCO S.A.

Teniendo como PLUS este manejo, que la rentabilidad sería optima y
fija, pactada al término que el Municipio de Arauca, tenga destinado
el uso de los recursos financieros. Y también realizando desembolsos de
rendimientos en los periodos que se necesiten o se establezcan.

[…]”.

Así mismo, en el anexo se lee22:

“[…] OPCIONES PARA INVERSIÓN PROBOLSA S.A.:

1. CHEQUE A NOMBRE DE PROBOLSA S.A. NIT (…)

2. TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE PROBOLSA S.A. (…)

3. TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE SERFINCO (…)

[…]”.

20
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 2.
21
Ibídem.
22
Ibídem.
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40

Radicación: 25 000 23 41 000 2014 01533 01
Demandante: Serfinco S.A

(ii) En comunicación del 17 de octubre de 2008, firmada por los señores
Héctor Jairo Bonilla López en calidad de gerente general de Probolsa S.A.
y José Fernando Naranjo, asesor comercial de la misma sociedad
corredora de valores, dirigida al señor Andrés Herrera, tesorero del
municipio de Arauca, se precisó la propuesta de inversión en el siguiente
sentido23:

“[…] ASUNTO: PROPUESTA DE INVERSIÓN EN TITULOS DE TESORERIA
(TES).

A continuación, detallamos nuestra propuesta de inversión en títulos de
Tesorería TES clase B, por medio de una operación de Venta con pacto
de Recompra.

TITULO TES PRINCIPAL CLASE B
VENCIMIENTO DEL TITULO SEPTIEMBRE 12 DE 2.014
VALOR DE VENTA (INVERSION) $16.000.000.000.00
RENTABILIDAD 12 % Е.A. (*)
PAGO DE RENDIMIENTOS MES VENCIDO
RENDIMIENTOS DEL PERIODO $151.820.687.00
PLAZO DE LA INVERSION 180 DÍAS
VALOR DE RECOMPRA $16.000.000.000.00

(*) La rentabilidad de esta propuesta es NETA, FIJA durante el período
de la inversión.

La garantía se depositará en su cuenta DECEVAL BANCO DE LA
REPUBLICA.

[…]”.

(iii) Por escrito del 23 de octubre de 2008, dirigido por el coordinador del
área de rentas tesorería y pagaduría del municipio de Arauca al alcalde
del mismo municipio, William Alfonso Reyes Cadena, le informó que “(…)
el saldo a la fecha en bancos de las cuentas por recursos de Regalías
Petroleras asciende a VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS UN PESOS CON
NOVENTA Y CINCO CTVS MCTE”24.

(iv) En el expediente obra el concepto favorable para la inversión de
recursos en TES clase B, emitida por el secretario de hacienda del

23
Ibídem.
24
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado.
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Demandante: Serfinco S.A

municipio de Arauca25 y por el jefe de la oficina asesora jurídica
municipal26; y, mediante la Resolución nro. 0991 del 27 de octubre de
2008 firmada por el alcalde del municipio de Arauca, William Alfonso
Reyes Cadena, se autorizó un desembolso para la constitución de un título
TES clase B, así:

“[…] 1. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 del Estatuto
Orgánico del Presupuesto, y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 29
del Decreto 359 de 1995, los establecimientos públicos del orden
nacional y las entidades estatales del orden nacional a las cuales se les
apliquen las disposiciones de orden presupuestal de aquellos, deben
Invertir sus excedentes de liquidez originados en sus recursos propios,
administrados, y los de los Fondos Especiales administrados por ellos,
en Títulos de Tesorería TES, Clase “B” del mercado primario adquiridos
directamente en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

2. Que de Acuerdo a la Circula (sic) Externa No. 002 de 2008, emanada
del Departamento Nacional de Planeación en su numeral 1 imparte la
siguiente instrucción:

*Las entidades territoriales beneficiarias de regalías y compensaciones
sólo podrán invertir sus excedentes de liquidez asi: i) En Titulos de
Tesorería TES Clase B, tasa fija o indexados a la UVR del mercado
primario directamente ante la Dirección General de Crédito Público y del
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o en el
mercado secundario en condiciones de mercado...”

3. Que el Municipio de Arauca según certificación expedida por la
Tesorería Municipal de Arauca No. 131.08.1736 calendado 23 de octubre
de los corrientes, contempla la disponibilidad de recursos (excedentes
de liquidez) por valor de $24.332.880.201,95.

4. Que previa planificación y análisis de las inversiones y gastos del
Municipio correspondientes se procederá a la inversión mediante la
compra de títulos TES por valor de $16.000.000.000,00, los cuales serán
adquiridos ante la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

5. Que el artículo 25 de la Ley 1150 de 2007 expresa:

“… La selección de las sociedades fiduciarias a contratar, sea pública
o privada se hará con rigurosa observancia del procedimiento de
licitación o concurso previsto en esta ley. No obstante, los
excedentes de tesorería de las entidades estatales, se podrán
invertir directamente en fondos comunes ordinarios
administrados por sociedades fiduciarias, sin necesidad de
acudir a un proceso de licitación pública”. previa planificación y
análisis de las inversiones y gastos del Municipio correspondientes se
procederá a la inversión mediante la compra de títulos TES por valor
de $16.000.000.000,00, los cuales serán adquiridos ante la Dirección
General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público. (destacado original del acto)

25
De fecha 21 de octubre de 2008.
26
De fecha 22 de octubre de 2008.
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Demandante: Serfinco S.A

6. Que para la selección de agentes de bolsa el art. 16 del Decreto 1525
de 2008 expresa que los agentes deben estar legalmente facultados para
realizar la administración de tales recursos y calificados en la actividad
de administración de recursos o de fondos por al menos una firma
calificadora debidamente autorizada.

7. Que SERFINCO S.A en alianza con PROBOLSA S.A., cumplen con las
exigencias requeridas en el decreto mencionado anteriormente, como
intermediarios para la compra de títulos TES ante Dirección General de
Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.

Que con fundamento a las anteriores normas y considerandos,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar el desembolso por valor de DIECISEIS
MIL MILLONES DE PESOS (16.000.000.000,00) M/CTE a efectos de
comprar a nombre del Municipio de Arauca Títulos de Tesorería TES
(Títulos del Tesoro de la Nación), Clase "B" del mercado primario.

ARTÍCULO SEGUNDO: Gírese el valor mencionado en el artículose
anterior a favor SERFINCO S.A NIT: 890905375-0, para que realice la
compra a favor del Municipio de Arauca de Títulos de Tesorería TES
(Títulos del Tesoro de la Nación), Clase "B” […]”.

(v) En el expediente obra el siguiente cheque girado a nombre de
Serfinco27:

Así como el siguiente comprobante de consignación por la suma de
$16.000.000.000 de fecha 30 de octubre de 2008, desde el Banco de

27
Ibídem.
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Demandante: Serfinco S.A

Bogotá a la cuenta de Serfinco S.A. y dirigido a “Probolsa S.A. para
compra de TES”28:

(vi) El 5 de noviembre de 2008 el señor Héctor Jairo Bonilla López, quien
firmó como representante legal de Probolsa S.A., le dirigió una
comunicación al señor William Alfonso Reyes Cadena, alcalde del
municipio de Arauca, en la que le explicó lo siguiente29:

“[…] 1. Teniendo en cuenta que la Administración Municipal de Arauca
que usted dirige realizó por medio de nuestra empresa el compromiso
de invertir recursos de excedentes de regalías en títulos TES Clase B a
nombre del Municipio de Arauca Nit: 800.102.504-0 Por valor de
DIECISEIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($16.000.000.000.00) ante
el Banco de la Republica a través de la firma SERFINCO S.A. quienes
Actúan como un puesto de Bolsa Vigilado por la Superfinanciera y que
serán los encargados de custodiar los mismos.

2. Que la empresa PROBOLSA S.A. Luego de verificar la consignación
hecha por el Municipio de Arauca por valor de DIECISEIS MIL MILLONES
DE PESOS M/CTE ($16.000.000.000.00) en la cuenta Corriente No.
007096035 a nombre de SERFINCO S.A. la cual se realizó con el Cheque
de Gerencia No. 2886291 de la Cuenta No. 137-777-777 del Banco de
Bogotá el día 30 de Octubre de 2008.

3. Que se hizo necesario para surtir el respectivo tramite la suscripción
de los siguientes documentos y se realizaron las siguientes gestiones:

• Se diligencio el Formato único de conocimiento suscrito entre
PROBOLSA y el municipio.

28
Ibídem.
29
Ibídem.
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• Se diligenció el formulario de apertura y actualización de personas
jurídicas tipo F-10-7 con SERFINCO S.A.

4.La constitución de Títulos de Tesorería tipo TES clase B ante el Banco
de la República se encuentran enmarcados de conformidad con el
Decreto 1525 de 2008 emanado por el ministerio de hacienda y crédito
público.

5. Que la totalidad del Monto de los recursos dispuestos por el Municipio
de Arauca provienen del rubro de regalías petroleras.

6.Que la firma PROBOLSA S.A. de acuerdo a la propuesta presentada
dispone de una rentabilidad para el Municipio del 12% efectivo anual lo
que refleja un rendimiento de mes vencido de CIENTO CINCUENTA Y UN
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE
PESOS M/CTE ($151.820.687.00). Dicha inversión tiene un plazo de 180
días que van del 30 de octubre de 2008 al 30 de abril de 2009 fecha en
la cual el valor de los $16.000.000.000.00 retornarán al municipio,
dentro de los términos pactados, de tal modo que no hay lugar a que se
presente detrimento patrimonial para el mismo. (Esta negociación se
realizó con pacto de recompra) y la seguridad de ello es del 100%.

7. Por lo anterior expuesto, PROBOLSA S.A, se compromete al reintegro
del 100% del capital invertido junto a los rendimientos pactados y
proyectados dentro de los términos establecidos.

Por último[,] me permito comunicarle, que en los próximos días le
estaremos allegando la información detallada de la compra de los títulos
TES clase B […]”.

(vii) El 19 de noviembre de 2008 el señor Héctor Jairo Bonilla López, quien
firmó como representante legal de Probolsa S.A., le informó al señor
William Alfonso Reyes Cadena, alcalde del municipio de Arauca30:

“[…] Por medio de la presente nos permitimos dar nuestros
agradecimientos por la confianza depositada en nuestra compañía
PROBOLSA S.A. y ofrecemos disculpas, por que a la fecha no se ha
realizado el traslado de TITULOS TES CLASE B por valor de
$16.000.000.000.00.

Lo anterior debido a que se esta realizando proceso de apertura de
cuenta DCV en BANCOLOMBIA lo cual es de su conocimiento.

De igual forma adjuntamos fotocopia de DCV donde se encuentran los
TITULOS para su respectivo traslado tan pronto este la apertura de la
cuenta DCV en BANCOLOMBIA a nombre del MUNICIPIO DE ARAUCA.
[…]”.

(viii) El 15 de diciembre de 2008 el señor José Fernando Naranjo
Zambrano, de Probolsa S.A., corredores de valores, le dirigió

30
Ibídem.
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45

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comunicación al alcalde del municipio de Arauca William Alfonso Reyes
Cadena, donde le indicó31:

“[…] La presente es para informar que los vínculos que tenía con la
compañía PROBOLSA S.A. como ASESOR COMERCIAL se terminaron a
partir del día 15 de diciembre de 2008.

Por lo anterior la cuenta del municipio de Arauca queda en el manejo
exclusivo del Gerente General Dr. HECTOR JAIRO BONILLA LÓPEZ […]”.

(ix) El 22 de diciembre de 2008 el alcalde del municipio de Arauca, William
Alfonso Reyes Cadena, mediante oficio TRD 100.08.1348, dirigido al señor
Héctor Jairo Bonilla López, le hizo la siguiente solicitud32:

“[…] Con toda atención me permito solicitarle se sirva TRASLADAR de
carácter Urgente los TÍTULOS DE TESORERÍA TES a nombre del
Municipio de Arauca … por valor de DIEZ Y SEIS MIL MILLONES DE
PESOS M/CTE (16.000.000.000) que fueron adquiridos ante el banco de
la República por intermedio de ustedes a la cuenta D.C.V. No. 7-7-1697-
8 aperturada ante BANCOLOMBIA a fin de ser custodiados en adelante
por ellos.

Le solicito además la cancelación de los intereses pactados generados
que se encuentran pendientes […]”.

(x) El 22 de diciembre de 2008 el alcalde del municipio de Arauca William
Alfonso Reyes Cadena, mediante oficio TRD 100.08.1349, dirigido a
Bancolombia le pidió33:

“[…] Con toda atención me permito solicitarle se sirva recibir de
PROBOLSA S.A. (en la cuenta D.C.V. No. 7-7-1697-8 aperturada ante
ustedes a nuestro nombre) los Títulos de Tesorería TES a nombre del
Municipio de Arauca … por valor de DIEZ Y SEIS MIL MILLONES DE
PESOS M/CTE (16.000.000.000) que fueron adquiridos ante el banco de
la República por intermedio de dicha firma.

Lo anterior con el fin de que en adelante sean ustedes quiénes se
encarguen de la CUSTODIA de los mismos y nos brinden la asesoría
específica […]”.

(xi) Por oficio del 26 de diciembre de 2008 con radicado nro. 2000062161-
026-000, la superintendente delegada para supervisión de riesgos de

31
Ibídem.
32
Ibídem.
33
Ibídem.
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mercados e integridad de la Superintendencia Financiera de Colombia 34 le
informó al señor William Alfonso Reyes Cadena, alcalde del municipio de
Arauca35:

“[…] En desarrollo de algunas investigaciones que actualmente se
encuentra adelantando esta Superintendencia respecto de Probolsa S.A.
identificada con el NIT No. 900041129-1 y representada por el señor
Héctor Jairo Bonilla López, con ocasión de información contable de esa
entidad allegada el 5 de diciembre de 2008 mediante comunicación
20080621161, se evidenció que la entidad que usted representa ha
mantenido una relación comercial con esa sociedad.

En atención a lo anterior, reiterando la información solicitada el pasado
23 de diciembre de 2008 y las llamadas que este despacho ha realizado
sin obtener respuesta, de manera atenta me permito advertir lo
siguiente:

• Probolsa S.A. no se encuentra sometido a la inspección y vigilancia
de esta Superintendencia ni está ni ha estado inscrita en el Registro
Nacional del Mercado de Valores - -RNAMV.

• Las medidas adoptadas por la Superintendencia Financiera de
Colombia no han contemplado el bloqueo, inmovilización o
congelación de recursos de la sociedad Probolsa S.A. (…).

Esta Superintendencia a la fecha no se encuentra tramitando ni ha
recibido ninguna solicitud de autorización de Probolsa S.A. (…) o de
Héctor Jairo Bonilla López para constituir en Colombia una oficina de
representación de una entidad del exterior para el ofrecimiento de
sus productos o servicios financieros o del mercado de valores, ni se
ha expedido ninguna autorización en ese sentido.

Igualmente, me permito informarle que los soportes de las
actuaciones adelantadas por esta Superintendencia han sido
remitidos a la Contraloría General de la Nación, a la Procuraduría
General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, para los
fines propios de la competencia de esas entidades […]”.

(xii) El 29 de diciembre de 2008 el representante legal de Probolsa S.A.
en liquidación le dirigió una comunicación al alcalde del municipio de
Arauca William Reyes Cadena, en donde le informó36:

“[…] Por medio de esta comunicación me permito informarle que en la
fecha le estamos trasfiriendo a su cuenta DCV en BANCOLOMBIA No.
7-7-1697-8 del MUNICIPIO DE ARAUCA con Nit- 800.102.504-0

34
Firmado por Diana Patricia Valderrama Alvarado. Superintendente delegada para
supervisión de riesgos de mercados e integridad de la Superintendencia Financiera de
Colombia. Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Carpeta nro. 2 (folios 58 a 59).
Antecedentes administrativos. Expediente digitalizado.
35
Ibídem.
36
Ibídem.
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títulos por valor NOMINAL de ($13.864.194,000) con las siguientes
características:

PRINCIPALES SEPTIEMBRE DEL 12 DE 2014 POR VALOR
NOMINAL $13.416.388.000.

CUPONES DE SEPTIEMBRE DEL 12 DE 2014 POR VALOR NOMINAL
$ 447.806.000

Igualmente les informo que en los próximos días las estaré explicando
la operatividad para cambiar estos títulos por valor NOMINAL de $
19.500.000.000 aproximadamente con vencimiento en el 2.018.

Lo anterior era labor nuestra, pero nos vimos impedidos por
disposiciones de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)

(xiii) El 30 de diciembre de 2008 el alcalde municipal de Arauca, William
Alfonso Reyes Cadena, solicitó al señor Juan Gonzalo Hurtado, gerente de
Riesgos de Serfinco S.A., lo siguiente37:

“[…] El municipio de Arauca realizo una negociación con la firma
denominada PROBOLSA S.A con el fin de invertir recursos de excedentes
de regalías en títulos TES Clase B por lo cual se suscribieron los
siguientes documentos y se realizaron las siguientes gestiones:

• Se diligencio el Formato único de conocimiento suscrito entre
PROBOLSA y el municipio.

•Se diligencio el formulario de apertura y actualización de personas
jurídicas tipo F-10-7 con SERFINCO S.A.

•Lo anterior con el objeto de que se constituyeran unos títulos de
tesorería tipo B ante el banco de la república a los cuales hace referencia
el Decreto 1625 de 2008 emanado por el ministerio de hacienda y crédito
público.

•El valor girado para la compra de los citados títulos fue la suma de
dieciséis mil millones de pesos ($16.000.000.000.00) provenientes de
recursos del rubro de regalías petroleras los cuales fueron consignados
en la cuenta corriente No. 007096035 del banco de Bogotá a nombre de
SERFINCO S.A, el día 30 de Octubre de 2008 atendiendo instrucciones
de la firma PROBOLSA S.A. dichos recursos fueron girados a través de
cheque de gerencia No. 2886291 del Banco de Bogotá, cuyo número de
cuenta corresponde al 137-777-777.

•Es de anotar que la firma PROBOLSA S.A, en su propuesta estableció
una rentabilidad del 12% efectivo anual lo que refleja un rendimiento de
mes vencido de $ 151.820.687 dicha inversión tiene un plazo de 180
días que van del 30 de octubre de 2008 al 30 de abril de 2009 fecha en
la cual el valor de los $16.000.000.000.00 retornarían al municipio
determinando así que no existiría detrimento presupuestal para el
mismo. (Esta negociación se realizó con pacto de recompra).

37
Ibídem. En los antecedentes no se observa nota de respuesta.
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48

Radicación: 25 000 23 41 000 2014 01533 01
Demandante: Serfinco S.A

•El día 3 de diciembre de 2008 se recibió por parte de PROBOLSA
consignación a la cuenta de regalías por valor de $ 151.820.687.

• Según conversaciones sostenidas con el gerente general de la Empresa
PROBOLSA S.A. dichos títulos se encuentran en la Actualidad a nombre
del municipio de Arauca Nit. 800.102.504-0 bajo la custodia de
SERFINCO S.A. pero a la fecha no hemos recibido el Físico de los Títulos
a nuestro Nombre, situación que nos ha generado mucha incertidumbre
y desconfianza toda vez que dicha entidad entro en liquidación días
después de haberse realizado la consignación por parte de nuestra
administración.

Así las cosas[,] me permito solicitar su orientación, Asesoría e
Intervención, a fin de que dichos recursos sean retenidos y devueltos a
nuestro municipio de ser posible y le solicitamos que se abstengan de
hacer cualquier tipo de transacción ordenada por PROBOLSA S.A.

Lo anterior hasta tanto no se tenga seguridad y certeza de parte nuestra,
respecto del tema en mención.

[…]”.

A la anterior solicitud se aportó copia del formulario de apertura y
actualización de cuenta de personas jurídicas del que se destaca:

[…]”

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Radicación: 25 000 23 41 000 2014 01533 01
Demandante: Serfinco S.A

6.2.2. Las irregularidades denunciadas que motivaron la apertura
del proceso de responsabilidad fiscal

(i) Por oficio nro. 2009WE6529 del 3 de febrero de 2009 la subdirectora
de procedimientos correctivos del Departamento Nacional de Planeación
informó a la Contraloría General de la República, Contraloría Delegada
para el Sector de Minas y Energía, que, “obrando de conformidad con lo
previsto en el artículo 8 de la Ley 610 de 2000 y en cumplimiento del
numeral 6 del artículo 9 del Decreto No. 4355 de noviembre 25 de 2005,
por medio de la presente me permito dar traslado a su Despacho de la
información correspondiente a algunos hechos constitutivos de presuntas
irregularidades sobre las cuales, en principio, ese organismo de control
tendría competencia investigativa y sancionatoria”, así38:

“[…] 1. DESCRIPCIÓN DE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES:

Los hechos cuyo conocimiento corresponde, en principio, a su Despacho,
se describen así:

a) Ente ejecutor: Municipio de Arauca, Departamento de Arauca.

b) Fecha de ocurrencia: Vigencia 2008.

Tipo de recursos: Recursos provenientes de regalías y compensaciones.

d) Normas presuntamente infringidas: Se tienen, en principio, como
posibles normas violadas las de carácter presupuestal y las relacionadas
con contratación pública.

e) Concepto de las presuntas irregularidades: Del Informe realizado por
la firma de interventoría administrativa y financiera “Consultoría
Colombiana (BDO)” contratada para el cumplimiento de la función de
vigilancia y control de la correcta utilización y administración de los
recursos de regalías y compensaciones del Municipio de Arauca,
Departamento del Arauca, en la vigencia 2008, se observa, en principio,
que el Municipio, habría incurrido en la siguiente irregularidad de tipo
contractual y presupuestal:

Irregularidad 943072

Presunto hecho constitutivo de irregularidad

En certificado expedido por el tesorero municipal se consignó una
falsedad ideológica.

38
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado.
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50

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El 18 de noviembre de 2008 el Asistente de Coordinación de la Regional
Arauca, Hever Castro Casillo, solicitó telefónicamente al Secretario de
Hacienda del Municipio de Arauca, Sr. José Andrides Córdoba, que
certificase la existencia de inversiones temporales durante las vigencias
2006, 2007 y 2008, a lo cual el ente a través del Sr. Andrés Aníbal
Herrera Bernal, Profesional Universitario con funciones de Tesorero
Municipal de Arauca expidió certificación el 19 de noviembre donde se
menciona que la entidad para dichas vigencias no efectuó inversiones
temporales en CDTS, CDATS, TES o en cualquier otra modalidad de
Inversión, en entidades financieras vigiladas por la Superintendencia
Financiera o en cualquier otra entidad similar.

La IAF en el mes de diciembre de 2008 recibió el extracto bancario de la
cuenta de ahorros del BANCO BOGOTA a nombre del municipio de Arauca
número 137-15764-0, autorizada como cuenta única de regalías ante el
Departamento Nacional de Planeación. En el proceso de revisión se
observó una nota débito por valor de $16.000.000.000. Una vez
consultado el libro auxiliar de bancos en el cual la entidad describió:

Serfinco constitución de títulos tesorería. En virtud de lo anterior, el 9 de
enero de 2009, mediante oficio IAF-896-AR-001-2009 se solicitó a la
entidad allegar todo lo concerniente al débito de los $16.000.000.000 así
como el detalle de la inversión realizada, finalmente el 19 de enero en
las horas de la tarde se le hizo entrega del oficio TRD 131.09.0021
mediante el cual el Municipio informa la inversión y la colocación en TES
de $13.864.000.000, la cual fue autorizada mediante la resolución 0991
del 27/10/2008; así mismo, la entidad informó acerca de la consignación
mediante cheque realizada por una entidad denominada PROBOLSA S.A
(quien trabajaba en asocio con SERFINCO) por valor de $2.287.000.000
el cual fue rechazado por el banco por insuficiencia de fondos.

En virtud de lo anterior, la IAF teniendo en cuenta la inconsistencia entre
lo certificado por el municipio y la información recopilada y relacionada
con la inversión remitió varios oficios solicitando información
complementaria respecto de la inversión en TES y remitió el oficio IAF-
896-AR-008-2009 del 26 de enero, donde se le solicitó al Municipio,
entre otros documentos relacionados con la inversión Probolsa-Serfinco,
copia del acto administrativo mediante el cual se hace el nombramiento
del Tesoro Municipal y aclaraciones respecto a la certificación mediante
la cual se afirma que la entidad no efectuó inversiones temporales,
documentos e información que a la fecha la entidad no ha hecho entrega
a la Interventoría.

(…)
Irregularidad 941244

Presunto hecho constitutivo de Irregularidad

La IAF evidenció que el Municipio de Arauca, realizó inversiones
temporales con recursos de regalías a través de una firma sin
reconocimiento para efectuar operaciones de intermediación.

La lAF evidenció un débito el día 30 de octubre de 2008 de la cuenta de
ahorros del BANCO BOGOTA número 137-15764-0 autorizada como
cuenta única de regalías ante el Departamento Nacional de Planeación
según oficio DIFP-SP 507 de 2004, por valor de $16.000.000.000
registrado en libro auxiliar de bancos como Serfinco constitución de
títulos tesorería.

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Radicación: 25 000 23 41 000 2014 01533 01
Demandante: Serfinco S.A

Evidenciado dicho hecho, la Interventoría procedió a recopilar la
información pertinente mediante los oficios IAF-896-AR-001-2009 del 9
de enero de 2003, 1AF-896-AR-004-2009 del 19 de enero de 2009, LAF-
896-AR-007-2009 y IAF-896-006-2009 del 23 de enero de 2009 y lAF-
896-AR-008-2009 del 26 de enero de 2009. Los resultados fueron los
siguientes: El municipio de Arauca a través de la firma Probolsa S.A
procedió a invertir sus excedentes de liquidez en TES clase B en una
supuesta operación de venta con pacto de recompra con rendimientos
del 12% E.A, rendimientos de $151.820,687 mes vencido, en donde la
garantía se depositaria en una cuenta deceval del Banco de la República
y cuyo intermediario sería la firma comisionista de Bolsa Serfinco S.A.
para tal efecto el municipio, previo concepto favorable de la Oficina
Jurídica y la Secretaría de Hacienda, expidió la resolución N° 0991 del
27 de octubre de 2008 autorizando el giro y desembolso a nombre de
Serfinco S.A de $16.000.000.000 para la compra de TES a nombre del
Municipio. Ahora bien, verificado el extracto DCV del Banco de la
República del 13 de noviembre de 2008, se observa un saldo de
$14.916.388.000 en valor nominal y $1.665.500.000 en cupones a
nombre de Probolsa S.A: el día 2 de noviembre de 2008 Probolsa S.A
informa su decisión de cambiar el custodio anterior (Serfinco) en virtud
de las ventajas que dicha operación le generaría al Municipio y mediante
comunicación del 13 de noviembre manifiesta que se efectuará la
colocación de títulos por valor nominal de $13.864,194.000 y que el
saldo pendiente de $2.135,806.000 será invertido cuando las
condiciones del mercado lo permitan, o en su defecto procederá a su
devolución, el 3 de diciembre el municipio recibe los primeros
$151.820,687 por concepto de rendimientos mensuales, y el 29 de
diciembre de 2008 la firma ya en liquidación, confirma la transferencia
en la cuenta DCV de Bancolombia a nombre del Municipio de títulos por
valor nominal principales de $13.416.383.000 y $447.806.000 en
cupones, tal como se observa en el extracto DCV del banco de la
República que data del 05 de enero de 2009. Esta IAF dentro de la
documentación aportada por el ente observó un cheque emitido por
Probolsa S.A. a favor del municipio de Arauca por valor de
$2.287.000.000, consignado en la cuenta única de regalías el cual fue
devuelta por la entidad bancaria por fondos insuficientes, situación que
evidencia un presunto detrimento patrimonial. Cabe anotar que la IAF
investigó en la Superintendencia Financiera y evidenció que la firma
Probolsa S.A no se encontraba legitimada para adelantar operaciones de
Intermediación. Dentro de la documentación aportada por el ente se
evidenció un contrato de comisión que se suscribió únicamente por el
Alcalde de Arauca, un certificado expedido por la tesorería del municipio
donde a corte del 19 de noviembre se menciona que la entidad para
dichas vigencias no efectuó inversiones temporales en CDTS, CDATS,
TES o en cualquier otra modalidad de inversión, irregularidad que si
encuentra cargada en el sistema bajo el código 943072 por presunta
falsedad ideológica […]”.

(ii) Por oficio nro. 2009IE15689 del 31 de marzo de 2009 la contralora
delegada para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva de la
Contraloría General de la República informó a un profesional universitario
de la misma área sobre el plan de instrucción procesal: municipio de
Arauca- Arauca. Inversiones en Serfinco y Probolsa, para que procediera
a ordenar la apertura del proceso de responsabilidad fiscal, en el que se
relacionaron como presuntos responsables por los hechos que se
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cuestionan a: William Alfonso Reyes Cadena, alcalde de Arauca; Carlos
Roberto Mojica Cerquera, jefe de la oficina jurídica; José Andrides
Córdoba García, secretario de hacienda; Anibal Herrera Bernal, tesorero;
Serfinco, comisionista de bolsa, y Probolsa S.A. en liquidación, corredores
de valores; en dicho informe se lee39:

“[…] GESTIÓN FISCAL

2.1. Cuál fue

En el entendido que la gestión fiscal es presupuesto sustancial para
endilgar responsabilidad fiscal, se observa que WILLIAM ALFONSO
REYES CADENA en su condición de Alcalde del Municipio de Arauca para
la época de los hechos, CARLOS ROBERTO MOJICA CERQUERA, en su
condición de Jefe de la Oficina Jurídica del Municipio de Arauca para la
época de los hechos, JOSE ANDRIDES CORDOBA GARCIA, en su
condición de Secretario de Hacienda del Municipio de Arauca para la
época de los hechos, ANIBAL HERRERA BERNAL, en su condición de
Tesorero para la época de los hechos, previo a la inversión de los
recursos en SERFINCO y PROBOLSA, no realizaron los estudios
necesarios para establecer la viabilidad y conveniencia de la inversión,
para garantizar que estos no se perdieran. Por su parte SERFINCO y
PROBOLSA, recibieron unos recursos del Municipio de Arauca para
invertirlos en Títulos TES, lo que no hicieron y por ende al entrar
PROBOLSA en liquidación los recursos se pierden. Esto denota una
gestión fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente, contraria a los fines
esenciales del Estado […]”.

6.2.3. El trámite del proceso de responsabilidad fiscal

Del amplio material de actuaciones obrantes en el proceso de
responsabilidad fiscal nro. CD 000173 (en total 28 carpetas contentivas
de todas las actuaciones y las pruebas recaudadas en el proceso de
responsabilidad fiscal), se desprende lo siguiente:

(i) Por auto nro. 000169 del 27 de marzo de 2009 la contralora delegada
para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva asumió por
competencia prevalente el conocimiento del proceso de responsabilidad
fiscal nro. CE 000173 y lo declaró abierto, el cual se inició en contra de
William Alfonso Reyes Cadena, alcalde del municipio de Arauca; Carlos
Roberto Mojica Cerquera, jefe de la oficina jurídica del municipio de
Arauca; José Andrides Córdoba García, secretario de hacienda del

39
Ibídem.
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municipio de Arauca; Aníbal Herrera Bernal, tesorero; Serfinco S.A.
comisionista de bolsa y Probolsa S.A. en liquidación corredores de valores.
Cuantía: $16.445.462.061.0040. Como irregularidades encontradas se
describen:

“[…] las irregularidades que dieron origen a la apertura de las presentes
diligencias, se centran en que el Municipio de Arauca, recibió en el año
2008 un total de TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS
MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS
($36.596.513.151,00) M/CTE, por concepto de regalías petroleras de
conformidad con el presupuesto para el año 2008.

De la anterior suma, el municipio de Arauca realizó un giro de DIECISEIS
MIL MILLONES DE PESOS ($16.000.000.000.00) M/CT (sic), a nombre
de SERFINCO S.A. en alianza con PROBOLSA S.A., como intermediarios
para la compra de Títulos de Tesorería, según Resolución No. 0991 de
octubre 27 de 2008, a una tasa de 12% EA mes vencido, con un plazo
de 180 días.

En cumplimiento de lo anterior, PROBOLSA S.A., informa que constituyó
títulos (TES) por valor de TRECE MIL OCHOCIENTOS SESETA (sic) Y
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS
($13.864.194.000.00) y que el saldo de DOS MIL CIENTO TREINTA Y
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESI (sic) MIL PESOS
($2.135.806.000.00), se encontraba pendiente por invertir, o de lo
contrario serían reembolsados al municipio. (Folio 264)

Sin embargo, con oficio dirigido a SERFINCO, de fecha diciembre 30 de
2008, el doctor WILLIAM ALFONSO REYES CADENA, Alcalde Municipal de
Arauca, informa que no se han recibido los títulos a nombre del Municipio
de Arauca, por valor de TRECE MIL OCHOCIENTOS SESETA (sic) Y
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS
($13.864.194.000.00) y que el cheque girado por PROBOLSA a favor del
Municipio para completar el saldo de la inversión realizada por la suma
de DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS
MIL PESOS ($2.135.806.000.00), fue devuelto por fondos insuficientes.
(Folios 288 y 289).

Esto significa que el Municipio erogó la suma DIECISEIS MIL MILLONES
DE PESOS ($16.000.000.000.00) Mcte, para invertir en Títulos de
Tesorería TES, de los cuales no ha recibido título ni suma alguna, lo que
genera un detrimento al patrimonio del Estado.

Es de anotar, que la firma PROBOLSA S.A., en su propuesta estableció
una rentabilidad del 12% EA, lo que refleja un rendimiento de mes
vencido por valor de CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
($151.820.687.00), de los que a la fecha solo se ha verificado el pago
de un mes, por lo que la cuantía establecida anteriormente se aumentará
en el valor de los meses adeudados, más lo que se llegaren a generar en
el transcurso del proceso, es decir, al estar pendiente el pago de tres
meses vencidos de rendimientos financieros la cuantía del daño

40
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 2. Página 186 a 192.

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Radicación: 25 000 23 41 000 2014 01533 01
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patrimonial se ve incrementada en la suma CUATROCIENTOS CUARENTA
Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y
UN PESOS ($445.462.061.00), para un total a la fecha de DIECISEIS
MIL CUARENTA CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y UN PESOS (sic)
($16.445.462.061). (Folios 269 y 270) […]”.

(ii) Mediante escrito del 11 de mayo de 2009 el apoderado de la sociedad
Serfinco S.A., comisionista de bolsa, solicitó la nulidad de la vinculación
de dicha sociedad al proceso de responsabilidad fiscal 41, en el que alegó,
en síntesis, la falta de competencia del ente de control para adelantar una
investigación contra un particular que no ejerció control fiscal42.

(iii) Por auto nro. 000313 del 17 de junio de 2009 el contralor delegado
(e) para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva de la
Contraloría General de la República decretó la práctica de pruebas dentro
del proceso de responsabilidad fiscal nro. CD 000173. Al efecto dispuso43:

“[…] PRIMERO: Decretar la pr[á]ctica de las siguientes pruebas:

1.- Visita Especial, sobre los procesos que por los mismos hechos ha
iniciado la Superintendencia Financiera, para efectos de incorporar al
presente proceso de responsabilidad fiscal, como prueba trasladada, las
piezas procesales pertinentes y conducentes, que nos ayuden a
esclarecer las irregularidades que aquí se investigan. Diligencia que se
iniciará el 1 de julio del presente año a las nueve de la mañana 9:00
A.M.

2- Visita Especial al proceso de actual conocimiento de la Fiscalía 14 de
la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública, para efectos de
incorporar al proceso, como prueba trasladada, las piezas procesales
pertinentes y conducentes, que nos ayuden a esclarecer las
irregularidades que aquí se investigan. Diligencia que se iniciará el 6 de
julio del presente año a las nueve de la mañana 9:00 A.M.

3- Visita Especial sobre los procesos disciplinarios que adelanta la
Procuraduría General de la Nación, Grupo de Asesores de Presupuesto,
Regalías y Salud, por estos mismos hechos, para efectos de incorporar
al presente proceso de responsabilidad fiscal, como prueba trasladada,
las piezas procesales pertinentes y conducentes, que nos ayuden a
esclarecer las irregularidades que aquí se investigan. Diligencia que se

41
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 3 (folios 160 a 178).
42
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 3 (folios 160 a 178).
43
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 4.
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iniciará el 8 de julio del presente año a las nueve de la mañana 9:00
A.M.

4- Oficiar a la Alcaldía Municipal de Arauca, para que dentro de los cinco
(5) días siguientes al recibo de la solicitud allegue a este Despacho copia
de las funciones del Alcalde Municipal, Secretaría de Hacienda Municipal
y Tesorero, así como las pólizas que amparan a estos funcionarios.

5- Oficiar a la Secretaria de Hacienda Municipal de Arauca, para que
dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la solicitud allegue a
este Despacho el correspondiente registro de contabilidad de los títulos
TES comprados por PROBOLSA a su nombre, la fecha de adquisición,
adjuntando el comprobante de contabilidad, el auxiliar de la cuenta y los
estados financieros que reflejen el valor por el cual fueron contabilizados,
para efectos de constatar el valor nominal y el valor real de los TES y si
se contabilizaron de conformidad con las normas que rigen la materia.

6- Oficiar a la Oficina principal de Bancolombia con sede en la ciudad de
Medellín, para que dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la
solicitud allegue a este Despacho en medio magnético los extractos
bancarios de las cuentas corrientes y de ahorro cuyo titular es la sociedad
PROBOLSA S.A., y/o JAIRO BONILLA, para de verificar (sic) y constatar
el manejo y destino de los recursos provenientes de regalías.

7- Oficiar a la Superintendencia de Sociedades, regional Cali, para que
dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la solicitud allegue a
este Despacho copia del informe de la visita practicada a la sociedad
PROBOLSA S.A. en liquidación, relacionado con el manejo de los recursos
de las regalías, con los cuales se compararon los títulos TES que se
investigan.

8- Oficiar a la firma PROBOLSA S.A. en liquidación, para que dentro de
los cinco (5) días siguientes al recibo de la solicitud allegue a este
Despacho certificación sobre el destino de los cinco mil setenta y cuatro
millones de pesos ($5.074.000.000,00), que fueron invertidos en la
compra de dólares, divisas y girados a bancos extranjeros.

SEGUNDO: Comisionar a las (sic) doctora YOLANDA CASTILLO DÍAZ,
Profesional Universitario de este Despacho, para que practique las
pruebas decretadas en la presente providencia. Las visitas se realizarán
en compañía de al (sic) doctora MARTHA RINCÓN FINO.

TERCERO: Notificar el contenido de esa decisión, de conformidad con lo
establecido en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil a William
Reyes Cadena, Carlos Alberto Mojica Cerquera, Jose Andredis Córdoba,
Aníbal Herrera Bernal y a las sociedades Serfinco S.A. y Probolsa S.A. en
liquidación. A los notificados se les hace saber que contra la presente
decisión no procede recurso alguno […]”.

(iv) En el acta de visita especial practicada el 1 de julio de 2009 a la
Superintendencia Financiera de Colombia, por las funcionarias
comisionadas de la Contraloría General de la República, se dejó la
siguiente constancia44:

44
Ibídem.
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Demandante: Serfinco S.A

“[…] encontrándonos en las dependencias administrativas de la
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, para efectos de
llevar a cabo VISITA ESPECIAL, sobre los procesos que por los mismos
hechos de la presente investigación, ha iniciado la Superfinanciera, para
efectos de incorporar al proceso de responsabilidad fiscal No. 000173 y
para que obren como prueba trasladada, las piezas procesales
pertinentes y conducentes, que ayuden a esclarecer las irregularidades
que aquí se investigan. Una vez enterada la Superfinanciera del objeto
de esta diligencia, fuimos atendidas por la doctora PAOLA GARCIA
ARISTIZABAL, identificada con la cédula de ciudadanía(…), en su
condición de Directora legal de la Delegatura para la Supervisión de
Negocios de Mercado e Integridad de la Superintendencia Financiera de
Colombia (e) y el doctor VLADIMIR ALEXANDER MONCADA CAMACHO,
identificado con la cédula de ciudadanía (…), en su condición de
Profesional Especializado de esta Dirección, quienes enterados del objeto
de la diligencia, pusieron a disposición del Despacho las 18 carpetas que
contienen las diligencias y actuaciones adelantadas por la
Superfinanciera, por los hechos que son materia del presente proceso de
responsabilidad fiscal. Una vez examinada en su integridad la
documentación, observamos que esta Superintendencia profirió Pliego
de Cargos dentro de los procesos sancionatorios administrativos contra
la Comisionista de bolsa SERFINCO S.A. y JUANITA IRRAGORRI LOPEZ,
Gerente de Inversión de Serfinco, decisiones, una de carácter
institucional y la otra personal, así como los documentos que soportan
el informe No. 544 del 5 de marzo de 2009, remitido a este Despacho y
que hace parte de la investigación fiscal, solicitando respetuosamente
copia autenticada de los siguientes folios: Del 1 al 228 del Folder Az,
numero 1, Carpeta de actuaciones de la investigación No. 2009026604-
000-000, que corresponde al proceso seguido contra JUANITA
IRRAGORRI LOPEZ, Gerente de Inversión de SERFINCO S.A. Folios 2 al
162 del Fólder AZ, numero 2, Carpeta de actuaciones de la investigación
No. 2009021141-000-000, que corresponde al proceso seguido contra la
sociedad Comisionista de Bolsa SERFINCO S.A. De la carpeta No. 3, folios
del 548 al 609. De la carpeta No. 5, de los folios 969 al 986. De la carpeta
No. 6, copia de los DVD'S y los folios 1431 y 1440. De la Carpeta No. 12,
folios 2427 al 2433; 2531 al 2536. De la carpeta No. 13, folios 2744 al
2751: 2819 al 2842; 2890 al 2894, de la Carpeta No. 16, folios 3730 al
3733, 3912, 3921, 3966, 3967, 3969, 3970, 3973,3974, 3975 y 3994.
Culminado el objeto de la diligencia de la Visita Especial, las suscritas
funcionarias devuelven en su integridad la documentación examinada.

[…]”.

(v) En el acta de visita especial practicada el 6 de julio de 2009 a la
Superintendencia Financiera de Colombia por las funcionarias
comisionadas de la Contraloría General de la República, se dejó la
siguiente constancia45:

“[…] encontrándonos en las dependencias administrativas de la Delegada
para Intermediarios de Valores y Otros Agentes de la
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, para efectos de
llevar a cabo VISITA ESPECIAL, sobre los procesos que por los mismos
hechos de la presente investigación, ha iniciado la Superfinanciera, para

45
Ibídem.
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57

Radicación: 25 000 23 41 000 2014 01533 01
Demandante: Serfinco S.A

efectos de incorporar al proceso de responsabilidad fiscal No. 000173 y
para que obren como prueba trasladada, las piezas procesales
pertinentes y conducentes, que ayuden a esclarecer las irregularidades
que aquí se investigan. Una vez enterada la Superfinanciera del objeto
de esta diligencia, fuimos atendidas por la doctora ANGELA MARIA
FLOREZ CARDONA, identificada con la cédula de ciudadanía (…) en su
Directora legal para intermediarios de valores y otros agentes (e) y el
doctor SANTIAGO ALEJANDRO TELLEZ CAÑAS (…), en su condición
de Profesional Universitario de esta Delegatura, quienes enterados del
objeto de la diligencia, pusieron a disposición del Despacho los
documentos que integran el proceso sancionatorio administrativo contra
HECTOR BONILLA LOPEZ, representante legal de la sociedad
PROBOLSA, en liquidación, el cual una vez examinado, la comisión
investigadora solicita respetuosamente copia auténtica de los siguientes
folios. De la carpeta folios del 23 al 33: folios 79 al 92, folios 112 al 17,
123 a 130: 135 al 143; 201 a 203; 237 al 245; folios 320 al 328. De la
carpeta No.2, folios 43 al 56, que corresponde al pliego de cargos. Folios
75 al 77. Culminado el objeto de la diligencia de la Visita Especial, las
suscritas funcionarias devuelven en su integridad la documentación que
fue examinada […]”.

(vi) Por auto nro. 000362 del 28 de julio de 2009 la contralora delegada
para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva de la
Contraloría General de la República decretó la práctica de otras pruebas,
previas las siguientes consideraciones46:

“[…] Teniendo en cuenta la especificidad del tema controvertido y su
connotación económico-financiera, como los resultados de las Visitas
Especiales ordenadas en el Auto No. 00313 del 17 de junio de 2009, y
por encontrarse dentro del presente proceso como presunta responsable
fiscal, la sociedad Comisionista de Bolsa, SERFINCO S.A., este Despacho
considera necesario practicar Visitas Especiales en la Bolsa de Valores de
Colombia BVC y el órgano Autorregulador del Mercado de Valores AMV,
instituciones privadas que impulsan el desarrollo y crecimiento del
mercado de activos financieros del país, así como la regulación y
supervisión de las operaciones ejecutadas por las Comisionistas de
Bolsa, para efectos de incorporar al presente proceso de responsabilidad
fiscal, las piezas procesales pertinentes y conducentes que integran los
procesos y/o actuaciones que se han adelantado por los mismos hechos
que aquí se investigan, para que obren como prueba trasladada.

De la misma forma, y como quiera que le corresponde a la Dirección
Nacional de Planeación DNP, la dirección, supervisión, y coordinación de
las actividades en materia de regalías, este Despacho considera
necesario practicar Visita Especial en el DNP, para efectos de incorporar
la documentación que en materia de seguimiento y evaluación se han
llevado a cabo por la inversión de los 16 mil millones de regalías del
Municipio de Arauca, en la compra de los TES, así como las piezas
procesales pertinentes y conducentes de los procesos que ha iniciado esa
Dirección, para que obren como prueba trasladada.

46
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
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58

Radicación: 25 000 23 41 000 2014 01533 01
Demandante: Serfinco S.A

En mérito de lo expuesto, la Delegada para Investigaciones, Juicios
Fiscales y Jurisdicción Coactiva,

RESUELVE

PRIMERO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas:

1. Visita Especial al Autorregulador del Mercado de Valores AMV, para lo
cual se fija el día 29 de julio de 2009, a las 9:00 a.m.

2. Visita Especial a la Bolsa de Valores de Colombia BVC, para lo cual se
fija el día 04 de agosto de 2009, a las 9:00 a.m.

3. Vista Especial en la Dirección Nacional de Planeación DNP, para lo
cual se fija el día 06 de agosto de 2009, a las 9:00 a.m.

Las diligencias de visita especial tendrán por objeto determinar los
aspectos mencionados en la parte considerativa.

[…]” (mayúsculas y negrillas originales).

(vii) Por auto nro. 000434 del 4 de septiembre de 2009 la contralora
delegada para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva
denegó la petición de nulidad pedida por el apoderado de Serfinco S.A.47
Para ello explicó que “la situación jurídica planteada por el señor
apoderado de SERFINCO S.A. como constitutiva de nulidad, no encuadra
taxativamente en ninguna de las causales de nulidad establecidas en el
artículo 36 de la Ley 610 de 2000; en este momento procesal, no tiene la
trascendencia necesaria para afectar las garantías procesales de su
representada, y el peticionario no ha demostrado que la única forma de
enmendar el presunto agravio es la declaratoria de nulidad de la actuación
procesal”; contra dicha decisión la misma parte interpuso recurso de
reposición y en subsidio de apelación48. El recurso de reposición fue
resuelto por auto nro. 000510 del 7 de octubre de 2009 que confirmó la

47
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 9 (folios 147 a 162) .
48
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 9 (folios 138 a 145).
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59

Radicación: 25 000 23 41 000 2014 01533 01
Demandante: Serfinco S.A

decisión49 y mediante auto del 0035 – fecha ilegible- el Contralor General
de la República confirmó la decisión50.

(viii) Por auto nro. 00258 del 29 de abril de 2010, la contralora delegada
para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva, “por el cual
se ordena la práctica de unas pruebas”, dispuso que, “teniendo en cuenta
que la investigación está encaminada a verificar el valor de las
operaciones, manejo, seguimiento, estado y destino de los recursos
girados por el Municipio de Arauca para la compra de títulos de tesorería
TES, a través de las firmas PROBOLSA S.A, en liquidación y la
Comisionista de Bolsa SERFINCO, el Despacho considera pertinente y
conducente practicar Visita Especial sobre el Portafolio de la Contabilidad
dentro del proceso liquidatorio de la firma PROBOLSA S.A., en liquidación,
para analizar financiera y contablemente los registros correspondientes
que demuestren la utilización en cuanto al concepto, cuantía, naturaleza
y destino que PROBOLSA S.A. dio a los recursos públicas entregados por
el Municipio de Arauca y consignados en la Cuenta Básica de PROBOLSA
S.A., en SERFINCO S.A., período 30 de octubre a diciembre de 2008. Así
mismo, para incorporar los correspondientes comprobantes de egreso y
las piezas procesales que soporten el estado del reconocimiento de las
acreencias a favor del Municipio de Arauca, dentro del proceso liquidatorio
por las operaciones materia de investigación, visita esta que se adelantará
con acompañamiento de Apoyo técnico de la Profesional MARTHA RINCÓN
FINO”51. De la prueba se corrió traslado a los implicados por auto nro.
00195 del 8 de abril de 201052.

49
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 10 (folios 72 a 80).
50
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 9 (folios 86 a 107) .
51
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 11 (folios 46 a 48).
52
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 11 (folios 50 a 52).

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60

Radicación: 25 000 23 41 000 2014 01533 01
Demandante: Serfinco S.A

(ix) Mediante “informe de apoyo técnico contable visitas especiales”, en
el proceso de responsabilidad fiscal nro. 00173 municipio de Arauca,
constan “los resultados del análisis y evaluación de los documentos físicos
y registro de las operaciones realizadas con los recursos consignados el
día 30 de octubre de 2008, por el municipio de Arauca en Serfinco S.A.
en la cuenta básica de PROBOLSA S.A. para la adquisición de los TÍTULOS
DE TESORERÍA “CLASE B” y sobre los soportes documentales de los
procesos que adelantan diferentes entidades del Estado y particulares”,
del cual se corrió traslado a los implicados fiscales53. El cual fue aclarado
por solicitud del apoderado de Serfinco S.A. y de la aclaración y
complementación se corrió traslado a los presuntos responsables y sus
garantes, por auto nro. 000564 del 6 de septiembre de 201054.

(x) Por auto nro. 000553 del 3 de septiembre de 2010, “por medio del
cual se decide petición de pruebas”, la contralora delegada para
investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva dispuso “(…) negar
las pruebas solicitadas por el doctor (…) apoderado de confianza de la
firma comisionista de bolsa SERFINCO S.A. contenidas en el numeral 12)
del escrito de solicitud de adiciones y complementación al informe rendido
por la doctora MARTHA RINCÓN FINO, dentro del proceso de
Responsabilidad Fiscal No. CD 000173”55.

En dicho auto se precisó que el apoderado de Serfinco S.A. solicitó se
practicara “inspección judicial a la sucursal Banco de Bogotá en la
población de Arauca y a la Administración municipal de ese mismo
municipio, para verificar la correspondencia y la documentación que con
relación a los negocios investigados obran en estas dos instituciones, así
como las circunstancias de consignaciones y retiros, en orden a incorporar

53
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 12 (folios 7 a 38) .
54
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 12 (folios 151 a 38)
55
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 12 (folios 180 a 184)
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61

Radicación: 25 000 23 41 000 2014 01533 01
Demandante: Serfinco S.A

aquellos documentos que obren en el mismo”, y la razón de la negativa
se motivó en que “precisamente por ser conducente y pertinente para el
esclarecimiento de los hechos investigados, el Grupo de Reacción
inmediata la practicó constituyendo medio de prueba para el inicio del
presente proceso de Responsabilidad Fiscal”.

(xi) Por auto nro. 000931 del 22 de diciembre de 2010, “mediante el cual
se resuelve recursos (sic) de reposición y decide sobre objeción por error
grave del informe técnico”, expedido por el contralor delegado para
investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva, se rechazó de
plano el recurso de reposición porque no se interpuso en término y se
rechazó de plano la objeción por error grave del informe técnico,
explicándose que no era un dictamen pericial sino un informe técnico 56.

(xii) Por auto nro. 000936 de 2010, “mediante el cual se resuelve recursos
(sic) de reposición y decide sobre objeción por error grave del informe
técnico”, expedido por el contralor delegado para investigaciones, juicios
fiscales y jurisdicción coactiva, se negó la solicitud de nulidad del acto de
traslado del auto nro. 000564 del 6 de septiembre de 2010 formulada por
el apoderado de Serfinco S.A. y no se accedió “a la corrección de error
por omisión, relacionada con el pronunciamiento de los ordinales 6.2. y
6.3. del numeral 6 del escrito de aclaraciones y complementaciones del
informe técnico, solicitado por el (…) apoderado de la firma Comisionista
de Bolsa SERFINCO S.A.57.

(xiii) Por auto nro. 000260 del 8 de marzo de 2011, expedido por el
contralor delegado para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción

56
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 13 (folios 9 a 17).
57
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radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 13 (folios 26 a 28).
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62

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coactiva, “por medio de cual se imputa responsabilidad fiscal”, se
dispuso58:

“[…] PRIMERO: IMPUTAR RESPONSABILIDAD FISCAL, de
conformidad con el artículo 48 de la ley 610 de 2000 y de acuerdo con
lo expuesto en la parte motiva del presente proveído, en forma solidaria
en cuantía de OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO
CUARENTA Y UN PESOS CON QUINCE CVOS MDA/CTE
(58.539.586.141,15), a cargo de los responsables fiscales WILLIAM
ALFONSO REYES CADENA, en su condición de Alcalde del Municipio de
Arauca, identificado con la cédula (…), JOSE ANDRIDES CORDOBA
GARCIA, en su condición de Secretario de Hacienda, identificado con la
cédula de ciudadanía (…), ANDRES ANIBAL HERRERA BERNAL, en su
condición de Coordinador del Área de Rentas y Tesorería y Pagaduría del
Municipio de Arauca, identificado con la cédula (…) y CARLOS ROBERTO
MOJICA CERQUERA, Jefe de la Oficina Jurídica del Municipio de Arauca,
identificado con (…), a la Sociedad PROBOLSA S.A, en liquidación, NIT
900041129-1, representada legalmente por HECTOR JAIRO BONILLA
LOPEZ, identificado (…) y la Comisionista de Bolsa SERFINCO S.A., NIT
890905375-0, representada legalmente por el doctor JOSE MANUEL
VELEZ LONDOÑO, identificado (…).

SEGUNDO: IMPUTAR RESPONSABILIDAD FISCAL, de conformidad
con el artículo 48 de la ley 610 de 2000 y de acuerdo con lo expuesto en
la parte motiva del presente proveído, contra la sociedad PROBOLSA
S.A. en liquidación, N/T 900041129-1, representada legalmente por
HÉCTOR JAIRO BOVLLA LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía
(…) en la cuantía de TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLON
SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y SEIS PESOS MDA
/CTE (33.571 631.036,00). Valor que se deberá ser indexado en el
Fallo Definitivo.

[…]” (mayúsculas y negrillas originales).

Del auto se destaca:

“[…] Que es un título de tesorería TES: Son títulos de deuda pública
emitidos por la Tesorería General de la Nación (en pesos, en URV's-
Unidades de valor Real Constante o en pesos ligados a la TRM) que son
subastados por el Banco de la República. Se caracterizan por ser una de
las mayores fuentes de financiación del Gobierno. Ofrecen una
remuneración sobre el dinero así invertido, tienen características
variadas no sólo en cuanto a la forma de pago de la remuneración, sino
en cuanto a su liquidez, en cuanto a la periodicidad de los pagos, etc., lo
que lleva consigo el que se tome riesgos.

Son títulos a la orden, libremente negociables en el mercado secundario.
El plazo se determina de acuerdo con las necesidades de regulación del
mercado monetario y de los requerimientos presupuestales de tesorería
y fluctúa entre 1 y 10 años. El rendimiento de los títulos lo determina el
Gobierno Nacional de acuerdo con las tasas del mercado para el día de
emisión de los mismos.

58
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radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 13 (folios 60 a 135).
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Demandante: Serfinco S.A

De acuerdo a sus características, encontramos los TES Clase B, que
están conformados por el principal y cupones anuales (intereses que
genera un título en el caso de los TES tasa fija. Se pueden negociar los
intereses en forma independiente del capital). Devengan intereses
período vencido.

(…)

De conformidad con el informe técnico, soportado en el análisis y
evaluación de los documentos físicos, notas débito y registros de las
operaciones realizadas, así como de la documentación recopilada en
físico y en medio magnético en las Visitas Especiales practicadas en los
diferentes organismos de Control y Vigilancia sobre las entidades que
conforman el Sistema Financiero en Colombia que aprehendieron el
conocimiento de los mismos hechos, la Superintendencia Financiera de
Colombia SFC-Delegada para la Supervisión de Riesgos de Mercado e
Integridad, la Procuraduría General de la Nación PGN, el Autorregulador
de Mercado de valores AMV, la Bolsa de Valores de Colombia BVC, así
como el Departamento Nacional de Planeación DNP-Dirección Nacional
de Regalías y de las Visitas Especiales practicadas en las Oficinas de
PROBOLSA S.A., en liquidación y de Sociedad Comisionista de Bolsa
SERFINCO, Sede Principal y Regional, este Despacho determina:

(…)

Que de conformidad con la información suministrada por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público-Subdirección de Financiamiento Interno de la
Nación Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional a través
del Oficio Nro. 2.2009.0122497 del 8 de mayo de 2009 que como
consecuencia a la consulta elevada ante el Depósito Central de Valores
DCV del Banco de la República por el Municipio de Arauca sobre las
inversiones en TES a nombre de este Ente Territorial, se encontraron las
siguientes inversiones:

TES Tasa Fija Principal (Sin Cupones) con vencimiento al 12 de
septiembre de 2014 por valor nominal de $13.416.388.000.

Cupón de TES Tasa Fija (Sin Principal) con vencimiento el 12 de
septiembre de 2014 por valor nominal de $447.806.000. (según la
consulta de saldos en el Depósito Central de Valores DCV)

(…)

1º. Del Daño al Patrimonio Estatal

(…)

La compra de los títulos de tesorería TES por la firma PROBOLSA S.A., a
través de la sociedad SERFINCO S.A., Comisionista de Bolsa, revisten de
unas características financieras de alto riesgo, sin rentabilidad ni
seguridad ni solidez, por cuanto se compraron títulos independientes
provenientes de un TES, es decir, que se dividió el TES en sus
componentes para venderlos por separado, pues de un lado compraron
el Principal y de otro los cupones, factores que en términos de proyección
económica-financiera implicó que no se les permitió a los títulos de
tesorería TES adquiridos, reconocer en su período de maduración, el
efecto de la inflación y la tasa de interés que les establece un nuevo
costo dentro del rango de plazo de vencimiento, es decir, los (i) que es
la rentabilidad que se generaría en los años 2009, 2010, 2011, 2012,
2013 y 2014, no los (sic) dichos títulos, porque fueron adquiridos

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solamente como Principal y no Completo (Principal + Cupón) como debe
ser esta clase de documento para que resulte ganancia al capital
invertido.

De tal manera que tanto los cupones como el capital son negociables por
separado, convirtiéndose cada uno en títulos en independientes con un
solo pago al vencimiento, cuya rentabilidad proviene de la diferencia
entre el precio de compra y el valor nominal, toda vez que no pagan
intereses, además de ser emitidos a diez años (año 2014) con cupones
del 13.5%.

Con todo, el Municipio de Arauca recibió los títulos a través de una
compraventa libre de pago, en donde los rendimientos de los títulos, el
principal y el ultimo cupón que son independientes, depende de los
precios de negociación o tasa de descuento a la que fueron adquiridos,
pagaderos ambos, hasta el 12 de septiembre de 2014.

En otras palabras, al interior del mundo bursátil-financiero no se le
permitió a los TES adquiridos por el Municipio de Arauca, la aplicación de
la metodología para el cálculo de los índices, conforme al promedio
geométrico que se describe a continuación y que cobijaba el rango de 1
a 180 días, plazo de los TES a nombre del Municipio de Arauca (…).

Lo anterior para significar que la compra de títulos de tesorería debe
someterse a un tratamiento matemático financiero o esquematizado y
estratégico que le es brindado por el mercado de valores, precisamente
para obtener rentabilidad y liquidez, buscando varias alternativas que le
permitan al inversionista capitalizar su inversión.

(…)

Referente éste que permitió al apoyo técnico establecer el precio o valor
de mercado de los títulos TES, el cual depende de la fecha en que se
saquen al Mercado. De tal suerte que se pueden presentar las siguientes
situaciones:

1). Si el Municipio de Arauca decide vender los Títulos de tesorería TES
Clase B, antes del vencimiento pactado, es decir, del 12 de
septiembre de 2014, la cuantía del daño estaría reflejada en la diferencia
entre el giro de los 16.000 000.000 y el precio de venta de los títulos,
más la indexación del capital y los intereses dejados de percibir,
indexados mes a mes desde la fecha del giro (octubre 30 de 2008) hasta
la fecha de venta de los Títulos.

2). Si el Municipio de Arauca decide esperar a la fecha de redención de
los títulos TES comprados, esto es, hasta el 12 de septiembre de 2014,
la cuantía del daño sería el valor indexado del capital girado desde
octubre de 2008 hasta septiembre de 2014, la diferencia entre el valor
del giro y el valor nominal de los títulos, más los intereses causados mes
a mes una vez indexados.

Por lo anterior, el Municipio de Arauca a septiembre 17 de 2009, de la
inversión realizada a través de Probolsa S.A., se refleja el daño al
Patrimonio Estatal, de la siguiente manera:

GIRO REALIZADO EL 30 DE OCTUBRE DE 2008 POR $16.000.000.000
EL MUNICIPIO DE ARAUCA
VALOR TES DEL 2014 A SEPT. 17 DE 2009 8.688.616.114,51
VALOR CUPONES DEL 2014 A SEPT. 17 DE 2009 290.004.614.34

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DIFERENCIA 7.021.379.217.15
INTERESES CAUSADOS A SEPT. DE 2009 1.518.206.870
TOTAL 8.539.586.141.15

• Estas cifras varían de acuerdo al valor del mercado. (Ver folios 2205 a
2235 del expediente).

Bajo este criterio integrador de valoración el Daño al Patrimonio Estatal
está más que causado y probado, pues se generó aún desde el mismo
momento en que se giran los recursos motivado por una “estructuración”
de las operaciones ejecutada en los términos y condiciones anotadas.

[…]” (mayúsculas y negrillas originales).

En relación con la sociedad comisionista de bolsa Serfinco S.A. en dicho
auto se analizó:

“[…]De la Sociedad Comisionista de Bolsa SERFINCO S.A., NIT
890905375-0
El objeto social de la sociedad lo constituye la celebración de contratos
o negocios jurídicos de comisión para la compra y venta de valores; no
obstante, podrá realizar las actividades de intermediación en la
colocación de títulos, administrar valores, realizar operaciones de
corretaje entre otros, previa autorización de al Superintendencia de
Valores, hoy Superintendencia Financiera de Colombia.

La intervención de esta Comisionista de Bolsa, funge desde la
perspectiva normativa contemplada en el inciso segundo del artículo 6°
de la Ley 610 de 2000, que estipula:

(…)

Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores
públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en
forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al
detrimento al (sic) patrimonio público.

(…)

Ahora bien, como antecedentes cardinales de la intervención de esta
Sociedad en los hechos materia de investigación se evidencia:

1ª Que la relación existente entre esta Comisionista de Bolsa con la
pretendida sociedad de "Corretaje de Valores", PROBOLSA S.A.,
conforme al acervo probatorio obrante dentro del plenario, era la de ser
cliente de la Comisionista de Bolsa SERFINCO S.A., que aprovechando
tal calidad, en asocio y colaboración de JUANITA IRAGORRI LÓPEZ,
Gerente de Inversión de SERFINCO S.A., "orquestaron" la dinámica y
modalidad del esquema estructural financiero desde el mismo momento
del giro de los recursos del Municipio de Arauca en cuantía de
$16.000'000.000,oo en la cuenta de SERFINCO S.A. con los cuales
compraron y vendieron los títulos de tesorería a nombre del referido
Municipio y de la apertura de la cuenta, tal y como se evidencia de las
diligencias efectuadas de inspección consignadas en el informe Nro. 544
del 5 de marzo de 2009 de la Superintendencia Financiera de Colombia,
que como ya se dijera en el análisis probatorio, se registraron los Chats,
email y grabaciones telefónicas para el periodo cuestionado del 27, 30,

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31 de octubre, 4, 5,1 8, 26, 27 de noviembre, 23 de diciembre de 2008
y 28 de enero de 2009, entre Juanita (Gerente de Inversión) y Jairo
(Gerente de Probolsa S.A.), para el manejo de los recursos públicos en
contra de los intereses del erario municipal y con plena transgresión de
los principios que rigen el Mercado de Valores, pruebas que sostienen los
Pliegos de Cargos proferidos por la Superintendencia Financiera contra
la Sociedad Comisionista de Bolsa SERFINCO S.A., a título institucional
y contra JUANITA IRAGORRI LOPEZ, Gerente de Inversión de SERFINCO,
por cuanto omitieron el deber de asesorar e informar en cuanto a la
naturaleza jurídica, las características de los títulos valores, los
productos o instrumentos financieros alternos para minimizar el riesgo y
la mejor toma de decisiones a la hora de invertir.

2° Respecto al diligenciamiento del Formulario de apertura y
actualización de personas jurídicas, del informe técnico se desprende que
fue girado por el Alcalde de Arauca como cliente y por Juanita Irragorri
como Gerente de Inversión de Serfinco S.A., registrándose como fecha
de visita al cliente, el 17 de octubre de 2008 y en la casilla "lugar de
visita", aparece enmendada y corregida: "Caracas con calle 42 Oficina”.
Ver folios 1841 y 1842 de esta ciudad, sin ninguna documentación,
cuando se requiere que sea en el lugar de domicilio del cliente. Sin
embargo fue rechazado como cliente el 30 de diciembre de 2008, fecha
para la cual ya se había desplegado el manejo irregular de los 16 mil
millones de recursos de regalías, consignados a la cuenta de SERFINCO
S.A., circunstancia que en manera alguna le resta fuerza para haberlo
considerado como "cliente" en los términos del procedimiento
administrativo, pues se le dio a este "cliente" un tratamiento que
benefició intereses netamente particulares, con inobservancia plena del
régimen especial a los que estaba destinado los recursos girados a la
cuenta de SERFINCO S.A. aunado al hecho de que la Comisionista de
Bolsa SERFINCO S.A., no devolvió el formulario al Municipio de Arauca
ni le fue comunicado las razones de su no devolución. Diligencia que no
responde a las exigencias del procedimiento establecido por la Sociedad
Comisionista de Bolsa SERFINCO S.A., por cuanto no es claro el por qué
SERFINCO se reunió con el "cliente", el Alcalde del Municipio de Arauca
en la "Caracas con 42" de la ciudad de Bogotá.

3° En cumplimiento de la labor de supervisión que le correspondió al
Autorregulador del Mercado de valores de Colombia AMV, según el
artículo 20 de la Ley 964 de 2005 y el decreto 1565 de 2006, se tiene
como antecedentes, la participación de Juanita Iragorri López,
exfuncionaria de Serfinco en la realización de las operaciones que
generaron un detrimento patrimonial para el Municipio de Arauca, en las
cuales Probolsa S.A., cliente de Serfinco, actuó como intermediario con
la participación de la operadora de Serfinco S.A., quien habría incumplido
normas del Reglamento del AMV de Colombia y de la Bolsa de Valores
de Colombia BVC: " La conducción de los negocios con lealtad, claridad,
precisión, probidad comercial, seriedad y cumplimento en el mejor
interés de la integridad del mercado y de las personas que participan en
él...".

Bajo esta óptica integradora, tenemos que la Sociedad Comisionista de
Bolsa SERFINCO S.A., en su calidad de mandataria y gestora profesional
de quien se predica la responsabilidad de administrar con diligencia
Gerencial dado su carácter profesional a los recursos que se le entreguen
con el fin de que el inversionista reciba los mayores beneficios de
acuerdo con la Política de Inversiones el perfil general de riesgo,
contribuyó a la causación del daño patrimonial del Estado en la compra
y venta de títulos de tesorería TES a nombre del Municipio de Arauca, a
través de un agente suyo, la Gerente de Inversión que para la época de

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los hechos estuvo a cargo de la señora JUANITA IRAGORRI LÓPEZ,
identificada con la cédula (…), quien ejecutó las operaciones con total
inobservancia de las principales responsabilidades que le competían
dada la naturaleza de las funciones su cargo, tales como:

(…)

En suma, lo referente al deber de una asesoría e información que integra
la lealtad, claridad, precisión, probidad comercial, seriedad y
cumplimiento en el mejor interés de la integridad del mercado y de las
personas que acudan a él dentro del marco general de la Responsabilidad
Gerencial, aunado a las competencias corporativas de la Gerencia de
Inversión, cual es la orientar al cliente y como competencias técnicas
está la toma de decisiones, la capacidad de análisis y la de negociación.

De tal forma, que la Comisionista de Bolsa SERFINCO S.A., a través de
su Gerente de Inversión, manejó y administró los recursos girados el 30
de octubre de 2008 por el Municipio de Arauca, en una cuenta corriente
de SERFINCO S.A., y que la (sic) esta sociedad registra su ingreso en el
extracto de PROBOLSA (cuenta Básica), que en virtud de las
competencias técnicas que le asistían a su Gerente de Inversión, la de
tener la capacidad de análisis y toma de las decisiones en la negociación,
vende los títulos de tesorería TES, a nombre del Municipio de Arauca con
las características financieras de alto riesgo, a largo plazo, sin ningún
criterio de rentabilidad ni solidez ni seguridad ni liquidez y ni en las más
mínimas condiciones de mercado, además de no brindar la asesoría en
el tipo de negociación, si se trataba de TES principales, completos, si
tenía o no cupones, las implicaciones financieras de tener o no cupones
en índice de rentabilidad, diferencias entre el valor nominal y el precio
del mercado o valor de la transacción en un TES principal, el estado de
las operaciones, su evolución y tendencia de las mismas en el Mercado
de valores.

Operaciones abiertamente desprovistas de toda orientación y asesoría
integral que hubiera garantizado que el producto fuera concebido dentro
de un análisis de rentabilidad optima sin generar la pérdida de capital
que en últimas fue lo que ocurrió con el giro de los $16.000'000.000,00,
según se comprueba del análisis efectuado, a través del informe técnico
practicado por este Despacho.

Variables y factores predicables per se de esta intermediaria de valores,
a quien le competía obrar con transparencia, honestidad, lealtad,
imparcialidad idoneidad y profesionalismo, esto es, que los
intermediarios de valores deben proceder como expertos prudentes y
diligentes, en cumplimiento estricto de la obligaciones normativas y
contractuales inherentes a la actividad que desarrollan, máxime cuando
se trataba de recursos públicos cuyo régimen de inversiones es
encuentra reglamentado por la Constitución y la Ley.

Tal intervención se califica y es atribuible a título de CULPA GRAVE, que
de conformidad con el artículo 6 de la Ley 678 del 3 de agosto de 2001,
por medio del cual se reglamenta la determinación de la responsabilidad
patrimonial de los agentes del estado, la conducta es culposa, cuando el
daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o la Ley
o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las
funciones y se presume que la conducta es gravemente culposa, cuando
se obra con violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho,
por carencia o abuso de competencia para proferir decisión anulada,
determinada por error inexcusable, por Omisión de las formas
sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos

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determinada por error inexcusable y por Violar el debido proceso en lo
referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales
con detención física o corporal.

Ingrediente subjetivo que desplegó en los términos y características de
los Títulos TES, pues como se ha reiterado no revestían de criterios de
solidez. rentabilidad, segundad, liquidez y en condiciones de mercado
que para la fecha de la compra de los mismos le eran aplicables, al punto
que no desplegó ni la más mínima asesoría profesional que
obligatoriamente, por su condición de intermediario de valores
profesionales, le correspondía, tal y como lo instituye el Reglamento de
la Bolsa de Valores de Colombia BVC, ya que expresamente señala que
se debe tomar todas las precauciones en orden a lograr el correcto
entendimiento sobre la naturaleza, alcance y condiciones del negocio en
especial el claro entendimiento del producto o clase de negocio que se
propone, incluyendo si fuere el caso si la sociedad comisionista actúa en
posición propia o por cuenta de terceros.

Entonces, PROBOLSA S.A., en liquidación en contacto directo actúo como
"intermediaría de valores" con la participación de la Comisionista de
Bolsa SERFINCO S.A., a través de su Gerente de Inversión, Juanita
Iragorri López. que de manera coordinada sistemática y cohonestada,
fraguaron las etapas de su "inter criminis" desde el mismo momento en
que se idearon y "estructuraron".

Del nexo de causalidad entre los dos elementos anteriores, el daño
patrimonial causado al Estado y las conductas desplegadas por las
personas naturales o jurídicas, que de un lado que ejercen gestión fiscal
de forma irregular y de otro por la intervención que contribuye a la
causación del daño al patrimonio Estatal.

Entre la conducta desplegada o entre la acción omitida, y el daño
producido debe existir una relación determinante y condicionante de
causa efecto, nexo cuya ruptura se produce cuando opera la llamada
causa extraña que albergue la fuerza mayor y el caso fortuito, es decir,
los imprevistos a que no es posible resistir.

Está demostrado que efectivamente el daño al patrimonio del Estado,
fue producido por el actuar de los funcionarios que representaron las
finanzas públicas de la administración del Municipio de Arauca, corto de
la intervención directa de PROBOLSA S.A., en liquidación y la
intervención a guisa de contribución de la Comisionista de Bolsa
SERFINCO S.A., fueron determinantes en la producción del daño al
patrimonio Estatal, al comprarse y venderse los títulos de tesorería TES
en las condiciones ya analizadas.

[…]” (mayúsculas y negrillas originales).

(xiv) Por auto nro. 001184 de 20 de octubre de 2011, el despacho de la
contralora delegada para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción
coactiva abrió a pruebas el proceso y decretó las pruebas solicitadas por
el apoderado de Serfinco S.A. al descorrer el traslado del auto de
imputación de cargos, consistentes en (i) oficiar a la Bolsa de Valores de
Colombia; (ii) oficiar al Sistema Proveedor de Información para valoración

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a precios de mercado de la Bolsa de Valores de Colombia; (iii) oficiar al
Ministerio de Hacienda; (iv) oficiar a la Superintendencia Financiera de
Colombia; (v) oficiar al Autorregulador del Mercado de Valores; (vi) oficiar
a Bancolombia S.A.; (vii) oficiar al municipio de Arauca para los fines que
se enlistaron en el auto frente a cada una de las pruebas; (viii) decretó la
práctica de las siguientes pruebas testimoniales solicitadas por la sociedad
Serfinco S.A.: al señor Juan Carlos Olmos Carreño, director de la unidad
de riesgo operacional de Serfinco S.A y del señor Celso Guevara, director
de operaciones de la Bolsa de Valores de Colombia, para los fines
señalados en el auto; (ix) recibir la ampliación de versión libre de la
señora Paula Paucar de Villegas, en representación la sociedad Serfinco
S.A..

En el citado auto se rechazaron las siguientes pruebas pedidas por la
sociedad Serfinco S.A. por las razones que allí se explicaron59: (i) la
prueba pericial solicitada y, en su lugar, se dispuso oficiar a la
Superintendencia Financia de Colombia, para los fines ahí señalados; (ii)
la inspección judicial solicitada al municipio de Arauca, y en su lugar, se
dispuso oficiar al ente territorial para que remitiera los documentos que
se relacionaron; (iii) la inspección judicial con exhibición de documentos
a Probolsa S.A. y, en su lugar, se dispuso oficiar a dicha sociedad para los
fines ahí señalados; (iv) la inspección judicial previa exhibición de
documentos a la sucursal del Banco de Bogotá en Arauca y, en su lugar,
se dispuso oficiar a dicho banco para los fines ahí señalados; (v) por
improcedentes, los oficios solicitados a la sucursal del Banco de Bogotá
del municipio de Arauca; (vi) rechazar por inútiles los testimonios de los
señores Augusto Acosta, quien se desempeñó como Superintendente
Financiero de Colombia y Alberto Velandia, vicepresidente jurídico de la
bolsa de valores de Colombia.

59
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 16 (folios 91 a 136).
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(xv) Por escrito radicado el 31 de octubre de 2011, el apoderado de
Serfinco S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación
contra decisión sobre las pruebas rechazadas60.

(xvi) Mediante auto nro. 030 del 8 de noviembre de 2011, la contralora
general de la República declaró como de impacto nacional los hechos
investigados en el proceso de responsabilidad fiscal CD 000173 y ordenó
a la contraloría delegada para investigación, juicios fiscales y jurisdicción
coactiva de la Contraloría General de la República el envío inmediato del
expediente a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la
corrupción61.

(xvii) Por auto nro. 001245 del 9 de noviembre de 2011 la contralora
delegada para investigación, juicios fiscales y jurisdicción coactiva de la
Contraloría General de la República cumplió lo ordenado por la contralora
general de la República en el auto nro. 030 de 201162.

(xviii) Por auto del 30 de noviembre de 2011 el contralor delegado
intersectorial nro. 11 de la Contraloría General de la República avocó el
conocimiento del proceso nro. CD 00173 municipio de Arauca63.

(xix) Por auto del 26 de marzo de 2012 el contralor intersectorial de la
unidad de investigaciones especiales contra la corrupción resolvió la
solicitud de nulidad planteada por el investigado José Andrides Córdoba
García contra el auto de imputación nro. 000260 del 6 de marzo de 2011,
en el sentido de negarla64, decisión que fue confirmada por auto del 13

60
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 16 (folios 146 a 171).
61
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 16 (folio 172).
62
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 16 (folio 176 a 178).
63
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 16 (folios 187 a 188).
64
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 16 (folios 204 a 209).
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Radicación: 25 000 23 41 000 2014 01533 01
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de abril de 2012 proferido por el mismo funcionario 65, y en apelación, por
auto nro. 0040 el 6 de junio de 2012, por la contralora general de la
República66.

(xx) Por auto del 8 de junio de 2012 la contralora delegada intersectorial
accedió a una sustitución de medida cautelar solicitada por Serfinco
S.A.67.

(xxi) Por auto del 14 de junio de 2012 el delegado intersectorial nro. 1 de
la unidad de investigaciones especiales contra la corrupción, decidió los
recursos de reposición interpuestos, entre otros, por el apoderado de
Serfinco S.A. contra el auto nro. 1184 del 20 de octubre de 2011, que
denegó algunas pruebas solicitadas, en el sentido de modificarlo, y en su
lugar, ordenó oficiar a la Procuraduría General de la Nación, a la bolsa de
valores de Colombia y al Departamento Nacional de Planeación, al
depósito centralizado de valores del banco de la República, y decretar la
práctica del informe técnico por parte de la Superintendencia Financiera
de Colombia, para los fines señalados en el auto, y se concedió el recurso
de apelación en lo demás68.

(xxii) Por auto nro. 0072 del 31 de julio de 2012 la contralora general de
la República decidió el recurso de apelación interpuesto, entre otros, por
el apoderado de Serfinco S.A. contra el auto nro. 1184 del 20 de octubre
de 2011 que había denegado algunas pruebas solicitadas69.

65
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 16 (folios 220 a 222).
66
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 16 (folios 226 a 242).
67
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 17 (folios 4 a 6).
68
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 17 (folios 7 a 15).
69
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 17 (folios 20 a 51).
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Radicación: 25 000 23 41 000 2014 01533 01
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(xxiii) El Superintendente Financiero allegó al contralor delegado
intersectorial nro. 2 de la unidad de investigaciones especiales contra la
corrupción de la Contraloría General de la República el informe técnico
solicitado en el auto de pruebas; de lo explicado se destaca70:

“[…] 3.1. “(…) Determinar si los TES clase B con vencimiento septiembre
12 de 2014 fueron adquiridos en condiciones de mercado en la fecha
correspondiente y cual (sic) fue la forma de adquisición de los mismos”.

(…)

En el caso particular que nos ocupa, los nemotécnicos relacionados son
producto de la descomposición de un bono convencional, cupones y
principal en varios bonos cero cupón.

Ahora bien, los títulos en mención con nemotécnicos TFIP10120914 y
TFIC10120914, fueron adquiridos entre el 4 de noviembre y 3 de
diciembre de 2008, en operaciones registradas por Serfinco S.A. por
cuenta de Probolsa S.A., a través del Sistema Centralizado de Operación
de la Bolsa de Valores de Colombia, tal y como se evidencia en el
expediente que reposa en esa Contraloría en los folios 1811 a 1833 del
cual su Despacho suministró copia el día 18 de septiembre de 2012,
correspondientes a comprobantes de liquidación de operaciones. Es
decir, las operaciones a las que se refieren las pruebas que obran en el
expediente fiscal, son operaciones realizadas con la intermediación de
Serfinco S.A. por cuenta de Probolsa S.A. en calidad de cliente.

De conformidad con la información recibida de esa Contraloría el 23 de
noviembre de 2012, relacionada en el numeral 4 del acta de entrega de
documentos, consistente en un CD que contiene precios y tasas de cierre
para los nemotécnicos TFIP10120914 y TFC10120914, a continuación,
se muestra un cuadro el comportamiento de las operaciones objeto del
presente informe técnico […]” (subrayas originales).

(xxiv) En fallo nro. 000013 del 14 de enero de 2013, el contralor delegado
intersectorial nro. 2 de la unidad de investigaciones especiales contra la
corrupción de la Contraloría General de la República falló con
responsabilidad fiscal en el asunto, en el que dispuso71:

“[…] ARTICULO PRIMERO. Fallar con responsabilidad fiscal
solidariamente de conformidad con el artículo 53 de la Ley 610 de 2000,
en cuantía de OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO
MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
OCHO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA

70
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 17 (folios 196 a 207).
71
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 18 (folios 6 a 51).
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73

Radicación: 25 000 23 41 000 2014 01533 01
Demandante: Serfinco S.A

CORRIENTE ($ 8.768.901.468.79), monto que deberá ser actualizado
al momento de hacerse efectivo el pago del mismos, en contra de las
siguientes personas:

WILLIAM ALFONSO REYES CADENA, identificado con (…), en su
condición de Alcalde del Municipio de Arauca, para la época de los
hechos.

JOSE ANDRIDES CÓRDOBA GARCÍA, identificado con (…), en su
condición de Secretario de Hacienda, para la época de los hechos.

ANIBAL HERRERA BERNAL, identificado con (…) en su condición de
Coordinador del Área de Rentas y Tesorería y Pagaduría del Municipio de
Arauca, para la época de los hechos.

CARLOS ROBERTO MOJICA CERQUERA, identificado con (…) Jefe de
la Oficina Jurídica del Municipio de Arauca, para la época de los hechos.

SERFINCO S.A., NIT 890905375-0, representada legalmente por el
doctor JOSE MANUEL VÉLEZ LONDOÑO, identificado con (…) o por quien
haga sus veces al momento de la notificación de la presente decisión.

PROBOLSA S.A., en liquidación, NIT 900041120-1 […]”.(mayúsculas
y negrillas originales).

(xxv) Comoquiera que el apoderado del señor Carlos Roberto Mojica
Cerquera, vinculado al proceso en calidad de jefe de la oficina asesora
jurídica del municipio de Arauca, había solicitado la nulidad de lo actuado
alegando que se vulneró su derecho a la defensa técnica, “(…) ya que el
ente de control de manera autónoma y sin contar con mi autorización
asignó defensor de oficio, sin que antes se me hubiese solicitado el
nombramiento de un defensor de confianza (…)72”, por auto nro. 000421
del 5 de abril de 2013, dispuso que, “(…) en atención a que se profirió
fallo con responsabilidad fiscal, sin que se hubiera estudiado y decidido la
solicitud de nulidad, que formulara el 20 de septiembre de 2012 el doctor
CARLOS ROBERTO MOJICA CERQUERA (…) es pertinente revocar el fallo
proferido por este mismo despacho (…)”, y, en consecuencia, allí se
dispuso “revocar en su totalidad el fallo con responsabilidad fiscal No.
00013 del 14 de enero de 2013” 73.

72
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 19 (folios 94 a 95).
73
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 19 (folios 133 a 53).
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74

Radicación: 25 000 23 41 000 2014 01533 01
Demandante: Serfinco S.A

(xxvi) Mediante fallo nro. 000477 del 15 de abril de 2013, expedido por
el contralor delegado intersectorial nro. 2 de la unidad de investigaciones
especiales contra la corrupción de la Contraloría General de la República,
se dispuso74:

“[…] ARTICULO PRIMERO. Fallar con responsabilidad fiscal
solidariamente de conformidad con el artículo 53 de la Ley 610 de 2000,
en cuantía de OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO
MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
OCHO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA
CORRIENTE ($ 8.768.901.468.79), monto que deberá ser actualizado
al momento de hacerse efectivo el pago del mismos, en contra de las
siguientes personas:

WILLIAM ALFONSO REYES CADENA, identificado con (…), en su
condición de Alcalde del Municipio de Arauca, para la época de los
hechos.

JOSE ANDRIDES CÓRDOBA GARCÍA, identificado con (…), en su
condición de Secretario de Hacienda, para la época de los hechos.

ANIBAL HERRERA BERNAL, identificado con (…) en su condición de
Coordinador del Área de Rentas y Tesorería y Pagaduría del Municipio de
Arauca, para la época de los hechos.

CARLOS ROBERTO MOJICA CERQUERA, identificado con (…) jefe de
la Oficina Jurídica del Municipio de Arauca, para la época de los hechos.

SERFINCO S.A., NIT 890905375-0, representada legalmente por el
doctor JOSE MANUEL VÉLEZ LONDOÑO, identificado con (…) o por quien
haga sus veces al momento de la notificación de la presente decisión.

PROBOLSA S.A., en liquidación, NIT 900041120-1.

[…]” (mayúsculas y negrillas originales).

(xxvii) Por auto nro. 001074 del 2 de julio de 2013 del contralor delegado
intersectorial nro. 2 de la unidad de investigaciones especiales contra la
corrupción de la Contraloría General de la República, “por el cual se
resuelven los recursos de reposición interpuestos contra el fallo con
responsabilidad fiscal nro. 000477 del 15 de abril de 2013 dentro del
proceso con responsabilidad fiscal CD 00173”, se decidió no reponer el
fallo nro. 000477 del 15 de abril de 2013 y se concedió el recurso de
apelación subsidiariamente interpuesto por los señores José Andrides

74
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 19 (folios 148 a 204) y carpeta 20 (folios 1 a 21).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
75

Radicación: 25 000 23 41 000 2014 01533 01
Demandante: Serfinco S.A

Córdoba García y Carlos Roberto Mojica y por el garante La Previsora S.A.
compañía de seguros75.

(xxviii) Por auto nro. 0208 de 2013 la contralora general de la República
resolvió76:

“[…] ARTICULO PRIMERO. Declarar la nulidad de lo actuado desde el
auto nro. 013 del 14 de enero de 2013, dentro del proceso CD 00173,
de conformidad con los argumentos y fundamentos expuestos en la parte
motiva de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO. Declarar la nulidad del Auto No. 421 del 05 de
abril de 2013, del fallo 477 del 15 de abril de 2013 y del Auto nro. 1074
del 02 de julio de 2013, de conformidad con los argumentos y
fundamentos expuestos en la parte motiva. […]” (mayúsculas y negrillas
originales).

En dicho auto se explicó que “(…) comparece una situación que hace
imperativa la declaratoria de nulidad, por violación al debido proceso, por
cuanto las pruebas que se decretaron mediante distintos autos, esto es,
el Auto No. 109 de marzo 27 de 2009, el Auto No. 313 de junio 17 de
2003, el Auto No. XXXX de agosto 11 de 2011, el Auto No. 1184 de
octubre 20 de 2011 y el Auto 72 de julio 31 de 2012, no fueron practicadas
en su totalidad, lo que conlleva una afectación grave al derecho de
defensa; por consiguiente, al debido proceso, por lo cual se declarará la
nulidad de las decisiones de fondo, es decir, de los fallos adoptados, que
fueron proferidos sin haber podido considerar las pruebas debidamente
ordenadas, pero no practicadas. Las decisiones comprometidas como
consecuencia de la concurrencia del vicio detectado son: Fallo de
responsabilidad Fiscal No. 013 del 14 de enero de 2013, Auto No. 421 del
5 de abril de 2013, Fallo No. 477 de abril 15 de 2013 y Auto No. 1074 del
2 de julio de 2013”.

75
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 21 (folios 109 a 242).
76
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 21 (folios 162 a 192).
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76

Radicación: 25 000 23 41 000 2014 01533 01
Demandante: Serfinco S.A

(xxix) En las siguientes piezas procesales consta que el proceso siguió su
curso con el propósito de recaudar las pruebas faltantes, verbigracia, en
constancia del 18 de diciembre de 2013, se dejó la siguiente nota77: “(…)
la ciudad de Bogotá, D.C, hoy 18 de Diciembre de 2013 en las
instalaciones de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la
Corrupción de la Contraloría General de la República, siendo las 2:45 pm
el Contralor Delegado Intersectorial No. 2 de esta Unidad, se permite
levantar acta de no comparecencia de la señora NATALIA CARDENAS,
representante legal de SERFINCO S.A, quien fue debidamente citada a
esta Contraloria Delegada Intersectorial, mediante oficio con radicación
No 2013EE0163814 el día 12 de diciembre de 2013, con el fin de
escucharla en ampliación de versión libre, a solicitud de su apoderado,
dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No CD 000173, cuya entidad
afectada es el Municipio de Arauca”.

6.2.4. Los actos administrativos acusados

(i) Mediante fallo nro. 000045 del 14 de enero de 2014, el contralor
delegado intersectorial nro. 2 de la unidad de investigaciones especiales
contra la corrupción de la Contraloría General de la República fallo con
responsabilidad fiscal, así78:

“[…] ARTICULO PRIMERO. Fallar con responsabilidad fiscal
solidariamente de conformidad con el artículo 53 de la Ley 610 de 2000,
en cuantía de OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO
MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
OCHO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA
CORRIENTE ($ 8.768.901.468.79), monto que deberá ser actualizado
al momento de hacerse efectivo el pago del mismos, en contra de las
siguientes personas:

WILLIAM ALFONSO REYES CADENA, identificado con (…), en su
condición de Alcalde del Municipio de Arauca, para la época de los
hechos.

77
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 24 (folio 186).
78
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 24 (folios 214 a 266) y carpeta 25 (folios 2 a 33).
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77

Radicación: 25 000 23 41 000 2014 01533 01
Demandante: Serfinco S.A

JOSE ANDRIDES CÓRDOBA GARCÍA, identificado con (…), en su
condición de Secretario de Hacienda, para la época de los hechos.

ANIBAL HERRERA BERNAL, identificado con (…) en su condición de
Coordinador del Área de Rentas y Tesorería y Pagaduría del Municipio de
Arauca, para la época de los hechos.

CARLOS ROBERTO MOJICA CERQUERA, identificado con (…) Jefe de
la Oficina Jurídica del Municipio de Arauca, para la época de los hechos.

SERFINCO S.A., NIT 890905375-0, representada legalmente por el
doctor JOSE MANUEL VÉLEZ LONDOÑO, identificado con (…) o por quien
haga sus veces al momento de la notificación de la presente decisión.

PROBOLSA S.A., en liquidación, NIT 900041120-1.

ARTICULO SEGUNDO. Declarar como tercero civilmente responsable a
la compañía de seguros LA PREVISORA S.A. (…) en su condición de
Tercero civilmente responsable, por la póliza de manejo global sector
oficial nro. 1001369. Cuyo valor asegurado es la suma de
$200.000.000.00 (folios 1964 y 1965) y cuya vigencia fue del 22 de
noviembre de 2007 al 22 de noviembre de 2008).

[…]” (mayúsculas y negrillas originales).

Allí se hizo una relación de las actuaciones procesales y de las pruebas
recaudadas, así como la valoración probatoria; de lo allí consignado se
resalta lo siguiente79:

“[…] sea esta la oportunidad para que esta delegatura se pronuncie
acerca de ciertos medios de prueba que hubiesen sido oportunamente
solicitados y decretados, y como son la ampliación de versión libre de la
Representante Legal de SERFINCO S.A. y de la Prueba Testimonial
consistente en la declaración del señor CELSO GUEVARA CRUZ, quien
funge como Gerente de Operaciones de la Bolsa de Valores de Colombia,
personas que a pesar de haber sido citadas por este ente de control no
concurrieron a las diligencias programadas para la práctica de dichas
pruebas, sin que tampoco allegaran prueba sumaria que justificara su
inasistencia, puesto que solo arrimaron a esta delegada intersectorial
memoriales en los que indicaban su imposibilidad de comparecer.
Circunstancia que contraviene los expresos mandatos de los artículos
209 y 225 del Estatuto Procedimental civil -normas aplicables por la
remisión normativa expresa contenida en la Ley 610 de 2000 que en lo
relacionado con el interrogatorio de parte y el testimonio preceptúa la
obligación de justificar la inasistencia de quien deba declarar,
circunstancia que se reitera no fue acreditada ni por la señora NATALIA
CARDENAS VELASQUEZ, ni el señor CELSO GUEVARA CRUZ.

[…]” (mayúsculas originales).

79
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 24, folio 233.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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78

Radicación: 25 000 23 41 000 2014 01533 01
Demandante: Serfinco S.A

En cuanto al daño patrimonial estatal en general se reiteró lo expuesto en
el auto de imputación en el siguiente sentido:80:

“[…] La compra de los títulos de tesorería TES por la firma PROBOLSA
S.A., a través de la sociedad SERFINCO S.A., Comisionista de Bolsa,
revisten de unas características financieras de alto riesgo, sin
rentabilidad ni seguridad ni solidez, por cuanto se compraron títulos
independientes provenientes de un TES, es decir, que se dividió el TES
en sus componentes para venderlos por separado, pues de un lado
compraron el Principal y de otro los cupones, factores que en términos
de proyección económica-financiera implicó que no se les permitió a los
títulos de tesorería TES adquiridos, reconocer en su período de
maduración, el efecto de la inflación y la tasa de interés que les
establece un nuevo costo dentro del rango de plazo de vencimiento, es
decir, los (i) que es la rentabilidad que se generaría en los años 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, no los (sic) dichos títulos, porque fueron
adquiridos solamente como Principal y no Completo (Principal + Cupón)
como debe ser esta clase de documento para que resulte ganancia al
capital invertido.

De tal manera que tanto los cupones como el capital son negociables por
separado, convirtiéndose cada uno en títulos en independientes con un
solo pago al vencimiento, cuya rentabilidad proviene de la diferencia
entre el precio de compra y el valor nominal, toda vez que no pagan
intereses, además de ser emitidos a diez años (año 2014) con cupones
del 13.5%.

Con todo, el Municipio de Arauca recibió los títulos a través de una
compraventa libre de pago, en donde los rendimientos de los títulos, el
principal y el ultimo cupón que son independientes, depende de los
precios de negociación o tasa de descuento a la que fueron adquiridos,
pagaderos ambos, hasta el 12 de septiembre de 2014. En otras palabras,
al interior del mundo bursátil-financiero no se le permitió a los TES
adquiridos por el Municipio de Arauca, la aplicación de la metodología
para el cálculo de los índices, conforme al promedio geométrico que se
describe a continuación y que cobijaba el rango de 1 a 180 días, plazo
de los TES a nombre del Municipio de Arauca (…).
(…)

Según apoyo técnico el cual pudo establecer el precio o valor de mercado
de los títulos TES, el cual depende de la fecha en que se saquen al
Mercado. De tal suerte que se pueden presentar las siguientes variables:

1). Si el Municipio de Arauca decide vender los Títulos de tesorería TES
Clase B, antes del vencimiento pactado, es decir, del 12 de
septiembre de 2014, la cuantía del daño estaría reflejada en la diferencia
entre el giro de los 16.000 000.000 y el precio de venta de los títulos,
más la indexación del capital y los intereses dejados de percibir,
indexados mes a mes desde la fecha del giro (octubre 30 de 2008) hasta
la fecha de venta de los Títulos.

2). Si el Municipio de Arauca decide esperar a la fecha de redención de
los títulos TES comprados, esto es, hasta el 12 de septiembre de 2014,
la cuantía del daño sería el valor indexado del capital girado desde

80
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 24, folio 280 y siguientes.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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79

Radicación: 25 000 23 41 000 2014 01533 01
Demandante: Serfinco S.A

octubre de 2008 hasta septiembre de 2014, la diferencia entre el valor
del giro y el valor nominal de los títulos, más los intereses causados mes
a mes una vez indexados.

Por lo anterior, el Municipio de Arauca a septiembre 17 de 2009 (enero
09 de 2012), de la inversión realizada a través de Probolsa S.A., se
refleja el daño al Patrimonio Estatal, de la siguiente manera:

GIRO REALIZADO EL 30 DE OCTUBRE DE 2008 POR $16.000.000.000
EL MUNICIPIO DE ARAUCA
VALOR TES DEL 2014 A SEPT. 17 DE 2009 8.688.616.114,51
VALOR CUPONES DEL 2014 A SEPT. 17 DE 2009 290.004.614.34
DIFERENCIA 7.021.379.217.15
INTERESES CAUSADOS A SEPT. DE 2009 1.518.206.870
TOTAL 8.539.586.141.15

• Estas cifras varían de acuerdo al valor del mercado. (Ver folios 2205 a
2235 del expediente).

Bajo este criterio integrador de valoración el Daño al Patrimonio Estatal
está más que causado y probado, pues se generó aún desde el mismo
momento en que se giran los recursos motivado por una “estructuración”
de las operaciones ejecutada en los términos y condiciones anotadas,
que a la fecha representan otros valores, deducidos por indexación.

[…]” (mayúsculas y negrillas originales).

En relación con la determinación de la responsabilidad fiscal y
específicamente frente a la sociedad comisionista de bolsa Serfinco S.A.
en dicho fallo se analizó lo siguiente81:

“[…] DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL

Considera este fallador luego de verificar el acervo probatorio obrante
en el paginario y analizar los fundamentos fácticos y jurídicos que sirven
de sustento a las presentes actuaciones, que la tipología negocial
fraguada entre funcionarios del ente territorial y funcionarios PROBOLSA
S.A. y la sociedad comisionista de bolsa SERFINCO S.A. abrió el camino
para hacer transitar recursos públicos en negocios carentes de garantías
y sin el debido respeto por principios constitucionales y reglamentarios
que cobijan la inversión de los recursos de esta naturaleza, lo que trajo
como resultado a la fecha existe un daño patrimonial al Estado en un
valor de la cuantía estimada de la presente investigación.

(…)

Así las cosas, observa este despacho que se efectuaron inversiones en
títulos de deuda pública, pero se echan de menos el conjunto de
actividades encaminadas a evitar el resultado dañino que se concreta en
el daño patrimonial demostrado en las presentes diligencias, conforme
al cual se evidencia que la suma invertida jamás retornó a las arcas de

81
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 24, folios 261 y 262.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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80

Radicación: 25 000 23 41 000 2014 01533 01
Demandante: Serfinco S.A

la administración municipal, por la desatención de la destinación
específica de los recursos.

De conformidad con los argumentos expuestos anteriormente se puede
inferir que en efecto existió una participación activa de los funcionarios
de la administración, como de los particulares intervinientes en la
estructuración del negocio jurídico y se tenía pleno conocimiento de las
operaciones que realizaban, sin que se hubiera detenido en la
procedencia de los recursos del Estado.

(…)

Determinación de la Responsabilidad de cada uno (sic) de las
personas vinculadas al presente poseso (sic) de Responsabilidad
fiscal

(…)

DE LOS AGENTES INTERMEDIARIOS PARA LA COMPRA Y COLOCACIÓN
DE LOS TÍTULOS DE TESORERÍA A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE ARAUCA

(…)

Determinación de la Responsabilidad de la Sociedad Comisionista
de Bolsa SERFINCO S.A. NIT 890905375-082

Para dar inicio a la argumentación referente a la responsabilidad fiscal
de esta comisionista de bolsa dentro del presente proceso, es necesario
partir de lo establecido en el artículo sexto de la ley 610 de 2000, para
poder determinar el reproche de este procedimiento administrativo como
consecuencia de la conducta realizada por esta persona jurídica, que a
efectos de la normatividad fiscal especial se da como consecuencia de
una gestión fiscal irregular que a guisa de contribución generó un daño
patrimonial al Estado de acuerdo a lo establecido en el artículo sexto y
tercero de la ley 610 de 2000.

(…)

En concordancia con lo anterior, se pudo determinar que el accionar
desarrollado por la sociedad comisionista de bolsa a juicio de este
fallador fue determinante para la concreción del detrimento patrimonial
reprochado, pues a través de su aptitud como entidad financiera, dio
paso a través de ella para llevar a cabo una operación abiertamente ilegal
y artificiosa, buscando distraer el verdadero origen y naturaleza de los
recursos.

Esta participación le da la condición de gestor fiscal de los recursos
públicos como persona de derecho privado al momento de recibir el
desembolso del valor girado por el municipio de Arauca. Lo anterior
reforzados en la interpretación dada a esta definición según la Corte
Constitucional en sentencia C-529 de 1993, con ponencia del Magistrado
Eduardo Cifuentes Muñoz, donde se establece que la gestión fiscal es la
administración o el manejo de bienes públicos, en sus diferentes y
sucesivas etapas de recaudo o percepción, conservación, adquisición,
enajenación, gasto, inversión y disposición, tal como se pudo evidenciar
de los hechos que dieron origen a este procedimiento administrativo. De

82
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 25 (Folios 17 a 20).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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81

Radicación: 25 000 23 41 000 2014 01533 01
Demandante: Serfinco S.A

la misma jurisprudencia se extrae que esta titularidad implica el deber
de establecer si las diferentes operaciones, transacciones y acciones
jurídicas, financieras y materiales en la que se traduce la gestión fiscal
se cumplieron de acuerdo con las normas prescritas por las autoridades
competentes, los principios de contabilidad universalmente aceptados,
los criterios de eficiencia y eficacia aplicables a las entidades que
administran recursos públicos, que de acuerdo a los hechos generadores
del presente proceso, donde se vislumbraron irregularidades por parte
de este particular en su condición de gestor fiscal, no se tuvieron en
cuenta dentro de las inversiones realizadas, lo que genero unas
consecuencias negativas naturalmente lógicas, que se materializan en el
presente detrimento patrimonial. Situación que a todas luces contraria
principios del artículo 209 Constitucional.

Teniendo en consideración lo argumentado precedentemente, el
despacho insiste en sustentar jurisprudencialmente el tópico de la
gestión fiscal desplegada por las personas de derecho privado, tal es el
caso de la sentencia C- 840 de 2001 (…).

(…)

Después de las anteriores aproximaciones del concepto de gestión fiscal
en las personas privadas, se puede concluir que éste elemento otorga
tipicidad administrativa al régimen de responsabilidad fiscal de acuerdo
a lo establecido en el artículo 268.5 de la Constitución Política.

(…)

Ahora bien, adentrándonos a la conducta desplegada por la sociedad
comisionista, se observa su contribución en el detrimento patrimonial al
Estado de la siguiente forma:

La relación existente entre esta Comisionista de Bolsa con PROBOLSA
S.A. de acuerdo al acervo probatorio obrante dentro del expediente, era
la de cliente de la comisionista y que aprovecho tal calidad, en asocio y
colaboración de JUANITA IRAGORRI LÓPEZ, Gerente de Inversión de
SERFINCO S.A., idearon la dinámica y modalidad del esquema
estructural financiero desde el mismo momento del giro de los recursos
del Municipio de Arauca en cuantía de $16.000'000.000,oo. El vínculo
jurídico que se pudo establecer entre estas dos entidades, no se limitó a
la simple custodia de valores[,] sino que se derivó de un contrato de
comisión para la compra y venta de los valores con las cuales compraron
y vendieron los títulos de tesorería TES a nombre del referido Municipio
y de la apertura de la cuenta, tal y como se evidencia de las diligencias
efectuadas de inspección consignadas en el informe Nro. 544 del 5 de
marzo de 2009 de la Superintendencia Financiera de Colombia, que en
el análisis probatorio, se registraron los Chats, email y grabaciones
telefónicas para el periodo cuestionado del 27, 30, 31 de octubre, 4, 5,1
8, 26, 27 de noviembre, 23 de diciembre de 2008 y 28 de enero de 2009,
entre Juanita (Gerente de Inversión) y Jairo (Gerente de Probolsa
S.A.), en las que se evidenció la forma en la que PROBOLSA S.A. y
SERFINCO S.A. convinieron que los valores de las entidades públicas
serían puestos a su disposición a través de un traslado de los mismos
desde la subcuenta de PROBOLSA S.A. acordando la mecánica y el
procedimiento que debían seguir ante estos agentes para la realización
de la inversión, manipulando los recursos públicos en contra de los
intereses del Estado y con plena transgresión de los principios que rigen
el mercado de valores, pruebas que sostienen los pliegos de cargos
proferidos por la Superintendencia Financiera contra la Sociedad
Comisionista de Bolsa SERFINCO S.A. a título institucional y contra

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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82

Radicación: 25 000 23 41 000 2014 01533 01
Demandante: Serfinco S.A

JUANITA IRRAGORRI LÓPEZ, Gerente de Inversión de SERFINCO, por
cuanto omitieron el deber de asesora e informar en cuanto a la
naturaleza jurídica, las características de los títulos valores, los
productos o instrumentos financieros alternos para minimizar el riesgo y
la mejor forma de decisiones a la hora de invertir.

En lo que tiene que ver con el diligenciamiento del Formulario de
apertura y actualización de personas jurídicas, del informe técnico se
infiere que fue firmado por el Alcalde de Arauca como cliente y por
Juanita Irragorri como Gerente de Inversión de Serfinco S.A.,
registrándose como fecha de visita al cliente, el 17 de octubre de 2008
en la ciudad de Bogotá, cuando se requería que fuera en el lugar de
domicilio del cliente. Sin embargo fue rechazado como cliente el 30 de
diciembre de 2008, fecha para la cual ya se había desplegado el manejo
irregular de los 16 mil millones de recursos de regalías, consignados a la
cuenta de SERFINCO S.A., circunstancia que no le restó fuerza para
haberlo considerado como "cliente" en los términos del procedimiento
administrativo, pues se le dio a éste un tratamiento que benefició
intereses netamente particulares, con inobservancia del régimen
especial a los que estaban destinados los recursos girados a la cuenta de
SERFINCO S.A. asociado a la situación de que la Comisionista de Bolsa
SERFINCO S.A., no devolvió el formulario al Municipio de Arauca ni le
comunicaron las razones de su no devolución. Diligencia que no responde
a las exigencias del procedimiento establecido por la Sociedad
Comisionista de Bolsa SERFINCO S.A.

En cumplimiento de la labor de supervisión que le correspondió al
Autorregulador del Mercado de valores de Colombia AMV, según el
artículo 20 de la Ley 964 de 2005 y el decreto 1565 de 2006, se tiene
como antecedentes, la participación de Juanita Iragorri López, ex-
funcionaria de Serfinco en la realización de las operaciones que
generaron un detrimento patrimonial para el Municipio de Arauca, en las
cuales PROBOLSA S.A., cliente de Serfinco, actuó como intermediario
con la participación de la operadora de SERFINCO S.A., quien habría
incumplido normas del Reglamento del AMV de Colombia y de la Bolsa
de Valores de Colombia BVC.

(…) se determina como consecuencia del material probatorio obrante en
el expediente que la sociedad comisionista adquirió títulos para la
entidad pública cuyo valor nominal TES principales, si bien coincidía con
el valor entregado por las entidades públicas para la inversión el valor
del giro que efectuaba Serfinco para la adquisición de estos era mucho
menor, como se observa con el valor depositado en la subcuenta de
Arauca en Bancolombia o como también se observa en la segunda
modalidad, donde se adquirían títulos para el portafolio de Probolsa S.A.
y cuando se requería trasladar unos de esos títulos a las entidades
públicas, lo que se hacía era un traslado de valores nominales con el
valor en pesos entregado por las entidades públicas para la inversión.
Esta probado dentro de este proceso y con apoyo en la resolución de la
Superfinanciera de Colombia que las entidades públicas se encontraban
vinculadas en calidad de clientes de SERFINCO, debido a que Probolsa
no podía adquirir TES, pues solo una sociedad habilitada por el Estado
para intermediar en el mercado de valores, podría realizar operaciones
de compra y venta de estos títulos, por esta razón se infiere
razonablemente que la comisionista de bolsa facilitó, colaboró y permitió
que Probolsa se quedara con gran parte de los recursos.

Así las cosas, se reprocha a la sociedad comisionista por no haber
indicado sobre la naturaleza jurídica de la forma como comisionista de
bolsa, las características de las operaciones de intermediación que se

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estaban contratando y las características generales de los valores,
productos o instrumentos financieros ofrecidos o promovidos.

(…)

DAÑO

PROBOLSA S.A., en liquidación en contacto directo actúo como
"intermediaria de valores" con la participación de la Comisionista de
Bolsa SERFINCO S.A., a través de su Gerente de Inversión, Juanita
Iragorri López, lo cual generó un daño que se inició desde el momento
en que se presenta una propuesta irregular, con un esquema financiero
de alto riesgo para el municipio de Arauca y sin la aptitud, ni legitimación
para realizarlo, el cual se hace efectivo en el desembolso de los
DIECISEIS MIL Millones de pesos ($16.000.000.000), de donde solo se
invirtieron $8.329.722.133 millones de pesos, generando desde ese
momento hasta la fecha un detrimento patrimonial en una suma que
asciende a $8.768.901.468.79 de pesos.

CONDUCTA Y NEXO CAUSAL

La Comisionista de Bolsa SERFINCO S.A., a través de su Gerente de
Inversión, manejó y administró los recursos girados el 30 de octubre de
2008 por el Municipio de Arauca, en una cuenta corriente de SERFINCO
S.A., y que esta sociedad registra su ingreso en el extracto de PROBOLSA
S.A.(cuenta Básica), que en virtud de las competencias técnicas que le
asistían a su Gerente de Inversión, la de tener la capacidad de análisis y
toma de decisiones en la negociación, vender los títulos de tesorería TES
a nombre del Municipio de Arauca con las características financieras de
alto riesgo y a largo plazo, sin ningún criterio de rentabilidad ni solidez
ni seguridad ni liquidez y ni en las más mínimas condiciones de mercado,
además de no brindar la asesoría en el tipo de negociación, si se trataba
de TES principales, completos, si tenía o no cupones, las implicaciones
financieras de tener o no cupones en índice de rentabilidad, diferencias
entre el valor nominal y el precio del mercado o valor de la transacción
en un TES principal, el estado de las operaciones, su evolución y
tendencia de las mismas en el Mercado de Valores. Operaciones
abiertamente desprovistas de toda orientación y asesoría Integral que
hubiera garantizado que el producto fuera concebido dentro de un
análisis de rentabilidad optima sin generar la pérdida de capital que en
ultimas fue lo que ocurrió con el giro de los $16.000'000.000,00, según
se comprueba del análisis efectuado, a través del informe técnico
practicado por este Despacho.

Variables y factores predicables de esta intermediaria de valores, a quien
le competía obrar con transparencia, honestidad, lealtad, imparcialidad,
idoneidad y profesionalismo, esto es, que los intermediarios de valores
deben proceder como expertos prudentes y diligentes, en cumplimiento
estricto de la obligaciones normativas y contractuales inherentes a la
actividad que desarrollan, máxime cuando se trataba de recursos
públicos cuyo régimen de inversiones es encuentra reglamentado por la
Constitución y la Ley.

Conforme a la argumentación anteriormente expuesta se califica la
conducta de SERFINCO S.A a título de CULPA GRAVE, que de
conformidad con el artículo 6 de la Ley 678 del 3 de agosto de 2001, se
presume que la conducta es gravemente culposa, cuando se obra con
violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, por
carencia o abuso de competencia para proferir decisión anulada,
determinada por error inexcusable. por Omisión de las formas

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sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos
determinada por error injustificable y por Violar el debido proceso.

[…]” (mayúsculas y negrillas originales).

(ii) Por auto nro. 000635 del 20 de febrero de 2014 el contralor delegado
intersectorial nro. 2 de la unidad de investigaciones especiales contra la
corrupción de la Contraloría General de la República decidió los recursos
de reposición interpuestos en contra del fallo de responsabilidad fiscal nro.
000045 del 14 de enero de 2014, en el que decidió83:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: “no revocar el fallo con responsabilidad
fiscal No. 00045 del 14 de enero de 2013 (sic) impetrada por Luis
Francisco Vargas Osorno obrando como apoderado del señor Carlos
Roberto Mojica Cerquera, Carlos Roberto Mojica Cerquera en nombre
propio, Manuel Alexander Pérez Rueda actuando como apoderado de
José Andrides Córdoba y Andrés Aníbal Herrera Bernal en nombre propio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el recurso de apelación presentado de
manera subsidiaria al de reposición por parte de los doctores Lhuis (sic)
Francisco Vargas Osorno obrando como apoderado del señor Carlos
Roberto Mojica Cerquera, Carlos Roberto Mojica Cerquera en nombre
propio, Manuel Alexander Pérez Rueda actuando como apoderado de
José Andrides Córdoba y Andrés Aníbal Herrera Bernal en nombre propio.

ARTÍCULO TERCERO: Conceder el recurso de apelación presentado de
manera directa por el doctor Fernando Silva García, obrando como
apoderado de la Sociedad SERFINCO S.A. Comisionista de Bolsa.

[…]” (mayúsculas y negrillas originales).

(iii) Mediante fallo nro. 0026 del 17 de marzo de 2014, expedido por la
contralora general de la República, “fallo por el cual se decide una
consulta, unos recursos de apelación y se rechazan unas nulidades,
dentro del proceso de responsabilidad fiscal nro. CD000173”, decidió los
recursos de reposición interpuestos en contra del fallo de responsabilidad
fiscal nro. 000045 del 14 de enero de 2014, en el que decidió84:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en grado de consulta el Fallo con
Responsabilidad Fiscal No. 00045 del 14 de enero de 2014, proferido por
el Contralor Delegado Intersectorial No. 2 de la Unidad de

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Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 27 (Folios 133 y siguientes).
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Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 27 (Folios 133 a 262).
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Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General
de la República, con respecto de los señores ANDRÉS ANÍBAL
HERRERA BERNAL, identificado con la cédula de (…) en su condición
de Coordinador del Área de Rentas y Tesorería y Pagaduría del Municipio
de Arauca, para la época de los hechos, y PROBOLSA S.A., en
liquidación, identificada con NIT 900041129-1, conforme con lo expuesto
en la parte motiva de este fallo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Rechazar por improcedentes las solicitudes de
nulidad interpuestas por CARLOS ROBERTO MOJICA CERQUERA y JOSÉ
ANDRIDES CÓRDOBA GARCÍA, ANDRES ANIBAL HERRERA BERNAL y
SERFINCO S.A., conforme con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.

ARTÍCULO TERCERO: Confirmar el Artículo Primero del Fallo con
Responsabilidad Fiscal No. 000045 del 14 de enero de 2014, en cuanto
a los señores JOSE ANDRIDES CÓRDOBA GARCÍA, identificado la
cédula (…) en su condición de Secretario de Hacienda, para la época de
los hechos, CARLOS ROBERTO MOJICA CERQUERA, identificado con
la cédula (…) Jefe de la Oficina Jurídica del Municipio de Arauca, para la
época de los hechos, ANDRES ANIBAL HERRERA BERNAL,
identificado con la cédula de ciudadanía (…) Coordinador del Área de
Rentas y Tesorería y Pagaduría del Municipio de Arauca, para la época
de los hechos, SERFINCO S.A., identificada con NIT 890905375-0,
quienes interpusieron recursos de apelación, conforme con lo expuesto
en la parte motiva de este fallo.

ARTÍCULO CUARTO: Corregir, de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, el cálculo de la indexación contenido
en el acápite de la ACTUALIZACIÓN DEL DAÑO del fallo con
responsabilidad fiscal No. 00045 del 14 de enero de 2014 en el que se
señaló que el monto actualizado del daño era de $8.768.901.468.79,
siendo lo correcto $8.849.002.101 según el IPC vigente para enero de
2014.

ARTÍCULO QUINTO: Por Secretaría Común de la Unidad de
Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General
de la República, notificar por estado la presente decisión conforme al
artículo 106 de la Ley 1474 de 2011.

ARTÍCULO SEXTO: Ordenar a quien corresponde se adelante auditoria
relacionada con las inversiones realizadas a través de los TES, a partir
de la fecha de la redención de los títulos.

[…]” (mayúsculas y negrillas originales).

Entre los argumentos expuestos en dicho fallo, en lo que tiene que ver
específicamente, con los reparos formulados por Serfinco S.A., se explicó
frente a cada censura lo siguiente:

(i) “Los fundamentos de hecho son notoriamente incompletos y
manifiestamente imprecisos, lo que vicia el proceso de análisis que
después se formulará”; al respecto, en síntesis se le explicó que “(…) no
debe entenderse que el fallador de primera instancia al momento de

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realizar el estudio de fondo del asunto, solo se basó en el acápite de
hechos que menciona el impugnante, pues su decisión es el resultado del
análisis de las pruebas allegadas al proceso, el marco normativo aplicable
al caso y los argumentos que al respecto presentaron los imputados”;

(ii) “Existe falta de congruencia entre el acto de imputación y el fallo de
responsabilidad fiscal. Los títulos de imputación son diferentes la
imputación de responsabilidad fiscal contra SERFINCO no tiene base
constitucional, ni legal”, al respecto, se consideró en síntesis que,
“contrario al cargo formulado, se evidencia que el fallo con
responsabilidad fiscal sí es congruente con el auto de imputación, pues
desde ese momento además de señalar que SERFINCO contribuyó al
daño, también se indicó que era gestor fiscal, en tanto administró los
recursos públicos que consignó el municipio de Arauca a su favor”.

Al respecto se agregó que “(…) conviene precisar que, mencionar que
SERFINCO contribuyó a la configuración del daño, no lo excluye de ser
gestor fiscal, pues tanto las personas a quienes se le atribuye la
administración de los recursos públicos, como las personas que en el
marco de los estatutos correspondientes y la ley, tengan a su cargo la
funciones de planeación, conservación, administración, custodia,
explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y
disposición de recursos públicos, son partícipes de la función pública de
gestión fiscal de los recursos asignados”.

(iii) “Existe falta de congruencia en el fallo entre el fundamento que se
expone para sostener la responsabilidad de PROBOLSA S.A. y de los
servidores públicos y el fundamento que se expone para sostener la
responsabilidad de SERFINCO S.A. (como si se tratara de casos
diferentes”. Al respecto, se explicó que no se podía pretender que los
argumentos y las pruebas para establecer la responsabilidad de Serfinco
S.A. fueran los mismos para Probolsa S.A., ya que no se había
demostrado en el trámite del proceso que su situación jurídica fuese igual.

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(iv) “SERFINCO no fue gestor fiscal de recursos del Municipio de Arauca -
los recursos entregados a PROBOLSA quedaron exclusivamente bajo la
órbita de manejo de PROBOLSA, el municipio no fue cliente de SERFINCO.
La imputación contra SERFINCO además de no tener base constitucional
ni legal, se desvirtúa con lo expuesto en el propio fallo”. Al efecto explicó
que, en múltiples oportunidades, ese despacho había aceptado la
existencia de gestión fiscal indirecta derivada de la modulación del artículo
1 de la Ley 610 de 2000 que surgía de la interpretación que la Corte
Constitucional le dio a la locución “o con ocasión de esta” en la sentencia
C- 840 de 2001, y en esas condiciones, la Contraloría, dentro de sus
atribuciones constitucionales y legales, podía investigar y establecer
responsabilidad fiscal a funcionarios y particulares, cuando su proceder
se hubiera efectuado bajo “circunstancia u oportunidad para ejecutar o
conseguir algo a costa de los recursos públicos, causando un daño al
patrimonio estatal”, y la forma de responder era dentro del proceso de
responsabilidad fiscal.

Añadió que en la citada sentencia la Corte analizó la locución “o
contribuyan” incluida en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, haciendo
referencia a la gestión fiscal como presupuesto para establecer la
responsabilidad fiscal de los servidores públicos y los particulares, y que,
en este caso, frente a la responsabilidad fiscal atribuida a Serfinco S.A.
estaba acreditado que en la cuenta corriente de esa sociedad se le había
consignado el 30 de octubre de 2008 la suma de $16.000.000.000,
proveniente de la inversión que hizo el municipio de Arauca con el objeto
de comprar los TES, por lo que no podía negar que los dineros que se
pusieron a su disposición eran públicos y que salieron de Serfinco S.A.
como titular de la cuenta a la que se le consignó la suma “de allí que al
disponer de recursos públicos tenga el carácter de gestor fiscal y por
consiguiente le concierna la responsabilidad en el presente asunto, en el
que se estableció que con (sic) contribuyó inequívocamente al daño
ocasionado”.

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(v) “No hay conducta desplegada por SERFINCO que guarde relación con
la generación del daño que se investiga, el cual no pudo ser provocado
por SERFINCO, quien nunca tuvo a su cargo el manejo de recursos
públicos que le hubiera encomendado el municipio y no tuvo ninguna
participación en su concreción”. Frente a este reparo concluyó que, “de
conformidad con las declaraciones de los funcionarios municipales de
Arauca, anteriormente transcritas, la negociación efectuada entre el
Municipio de Arauca y la firma PROBOLSA S.A. no habría podido
efectuarse, por cuanto PROBOLSA no llenaba los requisitos exigidos por
la ley, pues dicha firma no se encontraba legalmente reconocida como
comisionista de Bolsa. Solamente se llega al convencimiento de que la
operación es legalmente factible, cuando la firma SERFINCO S.A. se hace
presente a través de su Gerente de Inversión, avalando la negociación
hecha por PROBOLSA, e indicando que la consignación de los valores se
haría en una cuenta de la cual era titular SERFINCO S.A., razones que
conllevaron a que se les encargara la gestión fiscal”.

(vi) “Los elementos estructurales de la responsabilidad fiscal están
probados en el proceso, pero el daño investigado no se causó por la
inversión en TES sino por la inversión en nota estructurada ofrecida por
PROBOLSA. SERFINCO no ejerció gestión fiscal alguna sobre los recursos
del Municipio”.

Al respecto, se explicó que “el daño patrimonial no se refirió a la compra
de TES, sino que la referencia a los mismos, es imprescindible para un
mejor entendimiento de las diferentes operaciones ilegales que se
efectuaron por los gestores fiscales funcionarios y particulares”. // “Por
medio de las Visitas Especiales que constituyen el soporte del informe de
apoyo técnico contable que hace parte del expediente, de las diferentes
operaciones comerciales y bursátiles efectuadas con los recursos públicos
del Municipio de Arauca, se encontró que con los mismo (sic) se
efectuaron compra de dólares, inversiones en el exterior y depósitos en
cuentas extranjeras, compra de títulos TES principales y cupones, Giros y
Traslados realizados por SERFINCO S.A.”.

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Adicionalmente, que “las inversiones realizadas, diferentes a las indicadas
en el párrafo anterior (compra de dólares, inversiones en el exterior y
depósitos en cuentas extranjeras y traslados), quebrantaron las
directrices proferidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en
comunicado de prensa 037 del 12 de mayo de 2008, así como la circular
externa No. 002 del 4 de marzo de 2008 que instruye sobre los
lineamientos inversión de los excedentes de liquidez, disposición expedida
siguiendo las previsiones contenidas en la Ley 819 de 2003 y en el Decreto
538 de 2008, las cuales establecen que los excedentes de liquidez solo se
podrán invertir en Títulos de Tesorería TES Clase B, tasa fija indexada a
la UVR del mercado primario adquiridos directamente ante el Ministerio
de Hacienda o en el mercado secundario en condiciones de mercado”.

“Así las cosas, y dada la desatención a la destinación específica de los
recursos por parte de los funcionarios públicos y particulares que
manejaron los dineros públicos confiados, se evidencia inversiones
diferentes a las autorizadas por la normatividad vigente para la época de
los hechos, los cuales se encuentran perdidos toda vez que no existen
inversiones ciertas o recuperables para el ente Municipal, es decir, no
existe una inversión en TES u otro título o bien que permita su
recuperación en la actualidad o en un tiempo determinado”.

También se indicó que, “para la cuantificación del daño se acudió entonces
al señalado informe de apoyo técnico de fecha 25 de septiembre de 2009,
conforme al cual, por medio del informe No. 544 de marzo 5 de 2009 que
fue allegado a la Contraloría General de la República por la
Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos de Mercado e
integridad de la Superintendencia Financiera de Colombia, se efectuó
Visita Especial en las instalaciones de PROBOLSA S.A. y sobre la
documentación solicitada a SERFINCO S.A., relacionada con las
inversiones realizadas entre otros por el Municipio de Arauca, informe que
determinó que de los recursos girados por el Municipio
($16.000.000.000), se invirtieron por parte de los particulares acá

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vinculados la suma de $8.329.722.133 en Títulos de Tesorería – TES,
valor que corresponde a la liquidación hecha a diciembre 31 de 2008 por
la misma entidad, con base en los precios que suministra el Sistema de
Información de Valores INFOVAL para valoración. De suerte que el daño
en el presente Proceso de Responsabilidad Fiscal corresponde entonces a
los valores que no retomaran a las arcas públicas dada la desatención a
la destinación especifica de los recursos cuya cuantía esta suministrada,
como lo señaló el A quo por la operación aritmética resultante de restar
el valor de los títulos TES ($8.329.722.133) de los valores girados
efectivamente por el Municipio de Arauca a SERFINCO S.A.
($16.000.000.000), cuyo resultado es $7.670.277.867, los cuales están
sujetos a indexarse”. (subrayas originales)

(vii) “La persistencia en la afirmación, en que se basó la imputación, de
la realización de una inversión en TES (que el municipio no hizo con
participación de SERFINCO) carente de rentabilidad, cero solidez y cero
seguridad es falsa y revela una profunda e inquietante ignorancia en la
realidad de la deuda pública de la nación colombiana, a la vez que pone
en evidencia una falsa motivación en relación con la responsabilidad que
se le pretende atribuir a SERFINCO”. Al respecto se le indicó, entre otros
puntos, que “el impugnante solo se quedó con una afirmación del a quo
que no completó y que tiene su explicación y razón de ser de acuerdo a
las consideraciones realizadas en la decisión impugnada”, remitiéndose a
varios de los apartes analizados en el fallo de primera instancia.

(viii) “En la descripción de “operaciones financieras efectuadas con los
recursos de regalías” y en la exposición “del daño al patrimonio estatal”
se incurre en graves imprecisiones conceptuales y en omisiones que son
materiales para la comprensión y adecuada valoración del caso bajo
examen”. Al respecto el a quem se remitió al “informe de apoyo técnico
contable visitas especiales” y a los análisis que allí se hicieron.

(ix) Por último, en relación con el reparo sobre la violación del debido
proceso por el cierre irregular del período probatorio, la omisión en la

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práctica de pruebas, la falta de evaluación de lo argumento de defensa de
Serfinco S.A., expuso el fallo de responsabilidad fiscal que “el despacho
no realizará mayores consideraciones pues en esta instancia procesal –
sede de apelación- se analizan las inconformidades del apelante en contra
del fallo de primera instancia, no las irregularidades de las que piensa el
actor se encuentra viciado (sic) la actuación procesal en general, máxime
cuando tuvo la oportunidad para alegarlas ante el fallador de primera
instancia”.

6.2.5. Examen de los cargos

En el recurso de apelación, el recurrente insistió en que está configurado
el (i) cargo de violación al debido proceso, en el que enlistó seis motivos
de inconformidad; (ii) el cargo de falsa motivación, en el que aludió a siete
reproches; (iii) el cargo de falta de competencia de la Contraloría para
investigar a Serfinco S.A. por cuanto no era gestor fiscal, y (iv) el cargo
de infracción en las normas que debía fundarse. Por último, controvirtió la
procedencia de la pretensión subsidiaria que formuló en la demanda
relativa a que se ordenara la devolución de $4.783.749.825 como
resultado de la corrección por la errónea liquidación en que incurrió la
Contraloría.

6.2.5.1. Respecto al cargo de violación del debido proceso

(i) En este cargo, el primer reproche que formula el apelante consiste en
que la Contraloría desconoció el principio de investigación integral, puesto
que se incumplió el deber de investigar todas aquellas cosas que
favorecían a Serfinco S.A. y no solo aquellas que presuntamente lo
perjudicaban. Alegó que el tribunal tuvo por cumplido este principio por
el número de pruebas allegadas al proceso de responsabilidad fiscal.

Frente a este punto, la Sala considera que no le asiste razón al recurrente,
toda vez que, como quedó visto en el recuento de la actuación
administrativa, la Contraloría decretó diversas pruebas con la finalidad de

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esclarecer las circunstancias del giro de los recursos efectuados por el
municipio de Arauca, sin que sea razonable considerar que las pruebas
que se decretaron tuvieran por objeto acreditar hechos que solo
perjudicaran a Serfinco S.A., como lo afirma el recurrente.

Prueba de ello es que, en el auto que abrió a pruebas el proceso de
responsabilidad fiscal, se ordenaron las solicitadas por Serfinco S.A., y si
bien algunas de ellas fueron negadas porque, en concepto del ente
investigador, eran inútiles, innecesarias o que lo que se pretendía probar
ya estaba acreditado en el proceso con los demás medios probatorios
obrantes en el expediente, el demandante no explica las razones por las
cuales su práctica hubiera llevado a una conclusión contraria, de manera
que no se advierte que la negativa para decretarlas haya obedecido a un
comportamiento arbitrario por parte de la Contraloría.

Aunado a lo dicho, debe tenerse en cuenta que el reproche planteado por
el recurrente no conduce a la violación del debido proceso, dado que,
dentro de las garantías mínimas del debido proceso administrativo, se
encuentra el ejercicio del derecho de defensa y contradicción, así como
solicitar, aportar y controvertir pruebas85, que, como se advirtió en el
trámite de actuación administrativa, no se restringió o limitó a Serfinco
S.A.

Por último, vale la pena traer a colación la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia sobre el principio de investigación integral al que
alude el recurrente. En ella se ha precisado que dicho principio no implica
que el funcionario se vea compelido a recaudar todas las pruebas
imaginables, sino solo aquellas necesarias para acreditar la existencia del
comportamiento reprochable o las que demuestren la inocencia; además
ha sostenido que, cuando se alega el incumplimiento de dicho deber, al
interesado no solo le corresponde relacionar las pruebas que se dejaron
de practicar, sino también especificar el poder suasorio de las mismas y

85
Corte Constitucional. Sentencia T-105 del 18 de abril de 2023.
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a demostrar de manera concreta la trascendencia de las pruebas omitidas
en la decisión86.

Una vez ilustrado el contenido del principio de investigación integral, la
Sala reitera que, en el recurso de apelación, el recurrente no sustentó las
razones por las cuales los once medios probatorios que afirmó
“demostraban irrefutablemente la ausencia de responsabilidad de
Serfinco S.A.” tuvieran la potencialidad de cambiar el sentido de la
decisión.

Por lo expuesto, el primer motivo de disenso no tiene vocación de
prosperidad.

(ii) El segundo reproche en este cargo tiene que ver con la violación al
debido proceso por no haberse practicado todas las pruebas decretadas.
Alegó que la contraloría dejó de practicar la ampliación de la versión libre
del representante legal de Serfinco S.A. y de su testigo experto, pese a
que fueron decretadas oportunamente. Agregó que el negarse a practicar
tales pruebas con el argumento de que los citados no comparecieron a la
primera convocatoria sin justificación, no es cierto, por cuanto éstos
manifestaron la imposibilidad de asistir, por lo que lo procedente era
señalar una nueva fecha para el efecto, omisión que consideró constituye
una vulneración al debido proceso.

Al respecto, se tiene que en el fallo nro. 000045 del 14 de enero de
201487, se hizo una relación de las actuaciones procesales, de las pruebas
recaudadas, así como la valoración probatoria. De lo allí consignado se
resalta88:

86
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 24 de julio de 2013.
Expediente radicado nro. 31244.
87
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radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 24 (folios 214 a 266) y carpeta 25 (folios 2 a 33).
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radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 24, folio 233.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2014 01533 01
Demandante: Serfinco S.A

“[…] [S]ea esta la oportunidad para que esta delegatura se pronuncie
acerca de ciertos medios de prueba que hubiesen sido oportunamente
solicitados y decretados, y como son la ampliación de versión libre de la
Representante Legal de SERFINCO S.A. y de la Prueba Testimonial
consistente en la declaración del señor CELSO GUEVARA CRUZ, quien
funge como Gerente de Operaciones de la Bolsa de Valores de Colombia,
personas que a pesar de haber sido citadas por este ente de control no
concurrieron a las diligencias programadas para la práctica de dichas
pruebas, sin que tampoco allegaran prueba sumaria que justificara su
inasistencia, puesto que solo arrimaron a esta delegada intersectorial
memoriales en los que indicaban su imposibilidad de comparecer.
Circunstancia que contraviene los expresos mandatos de los artículos
209 y 225 del Estatuto Procedimental civil -normas aplicables por la
remisión normativa expresa contenida en la Ley 610 de 2000 que en lo
relacionado con el interrogatorio de parte y el testimonio preceptúa la
obligación de justificar la inasistencia de quien deba declarar,
circunstancia que se reitera no fue acreditada ni por la señora NATALIA
CARDENAS VELASQUEZ, ni el señor CELSO GUEVARA CRUZ.

[…]” (mayúsculas originales).

En consecuencia, no le asiste razón al recurrente, por cuanto lo que
censura la Contraloría es que, aunque manifestaron que no podían asistir
a la diligencia, los citados no allegaron prueba para justificar su
inasistencia, carga que debía cumplirse, conforme con los artículos 209 y
225 del Código de Procedimiento Civil, y más, cuando se trataba de
ampliar la versión libre del representante legal de la imputada y recibir el
testimonio solicitado por su apoderado, pues un actuar diligente de su
parte con la debida demostración de la fuerza mayor que le hubiere
impedido asistir a diligencias que ahora señala como imprescindibles,
hubiese sido lo mínimo requerido para reprochar la conducta del ente
investigador; por lo tanto, este segundo motivo de inconformidad
tampoco prospera.

(iii) La tercera inconformidad radica en que el recurrente considera que
se vulneró el debido proceso porque el fallo con responsabilidad fiscal se
adoptó con fundamento en pruebas ocultas consistentes en unos chats,
e-mails y grabaciones telefónicas existentes en otra actuación
administrativa. Aduce que, si bien tanto la Contraloría como el tribunal
manifestaron que se trataba de una prueba trasladada, dicho traslado no
se produjo, dado que los chats, e-mails y grabaciones telefónicas no
fueron trasladados, sino que su contenido fue reproducido parcial y
selectivamente como parte del denominado informe 544 de 2009.

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Radicación: 25 000 23 41 000 2014 01533 01
Demandante: Serfinco S.A

En relación con este punto, la Sala advierte que no es cierto, como lo
señala el recurrente, que el fallo con responsabilidad fiscal se haya
adoptado con fundamento en pruebas ocultas, puesto que, como quedó
visto en el trámite de la actuación administrativa, las pruebas que
sustentaron los actos administrativos acusados fueron decretadas por la
Contraloría e incorporadas al expediente.

En efecto, debe tenerse en cuenta que, por auto nro. 000313 del 17 de
junio de 2009, la Contraloría decretó la práctica, en particular, de una
visita especial “sobre los procesos que por los mismos hechos ha iniciado
la Superintendencia Financiera, para efectos de incorporar al presente
proceso de responsabilidad fiscal, como prueba trasladada, las piezas
procesales pertinentes y conducentes que nos ayuden a esclarecer las
irregularidades que aquí se investigan”, diligencia que se llevó a cabo el
1 de julio de 2009.

Igualmente, reposa el acta de la visita especial practicada el 1 de julio de
2009 a la Superintendencia Financiera de Colombia ordenada en el
precitado auto, de donde se desprende que los funcionarios de la
Superintendencia pusieron a disposición las 18 carpetas que contenían las
diligencias y actuaciones que se adelantaron por dicha entidad y, además,
se solicitó copia auténtica de algunas actuaciones para que obraran en el
proceso que adelantaba la Contraloría, así como el informe nro. 544 del
5 de marzo de 2009.

Bajo dicho contexto, este reproche no tiene vocación de prosperidad, por
cuanto en sede administrativa las pruebas a las que alude el recurrente
se incorporaron al proceso como una prueba trasladada, sin que frente a
dicha decisión se haya reprochado por parte de Serfinco S.A. lo que ahora
alega en sede judicial, consistente en que no se trataba de una prueba
trasladada.

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Radicación: 25 000 23 41 000 2014 01533 01
Demandante: Serfinco S.A

Por último, en este motivo de disenso, el recurrente alegó que la
Contraloría no dio por concluida la etapa probatoria, ni tampoco concedió
el traslado para alegar de conclusión.

En lo concerniente a que la Contraloría no dio por concluida la etapa de
pruebas, se observa que, precisamente por no haberse agotado la
totalidad de la etapa probatoria, la Contralora General de la República,
por auto nro. 0208 de 2013, declaró la nulidad del fallo nro. 000477 del
15 de abril de 2013 que había expedido el contralor delegado
intersectorial nro. 2 de la unidad de investigaciones especiales contra la
corrupción de la Contraloría General de la República89, bajo la
consideración que se había vulnerado el debido proceso, “(…), por cuanto
las pruebas que se decretaron mediante distintos autos, esto es, el Auto
No. 109 de marzo 27 de 2009, el Auto No. 313 de junio 17 de 2003, el
Auto No. XXXX de agosto 11 de 2011, el Auto No. 1184 de octubre 20 de
2011 y el Auto 72 de julio 31 de 2012, no fueron practicadas en su
totalidad, lo que conlleva una afectación grave al derecho de defensa; por
consiguiente al debido proceso, por lo cual se declarará la nulidad de las
decisiones de fondo, es decir, de los fallos adoptados, que fueron
proferidos sin haber podido considerar las pruebas debidamente
ordenadas, pero no practicadas”, irregularidad que fue subsanada con la
práctica de las pruebas.

En lo que se refiere al argumento de que el ente de control omitió la
oportunidad de alegar de conclusión, además de que no se invocó en sede
administrativa, se observa que la Ley 610 de 2000 tampoco previó la
etapa de alegatos, por lo que no se trata de un yerro con la potencialidad
de viciar de nulidad la decisión que aquí se cuestiona.

(iv) En este cuarto motivo de disenso, Serfinco S.A. argumenta que se
vulneró el debido proceso en la medida que la Contraloría no respetó la

89
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 19 (folios 148 a 204) y carpeta 20 (folios 1 a 21).
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Radicación: 25 000 23 41 000 2014 01533 01
Demandante: Serfinco S.A

presunción de inocencia, dado que, desde el inicio del proceso fiscal, la
Contraloría calificó la conducta de Serfinco S.A. como ilegal, así como
contrarias a derecho las operaciones que se efectuaron con los recursos
del municipio de Arauca.

En relación con esta inconformidad, la Sala estima que tampoco le asiste
razón al recurrente, por cuanto la investigación que dio origen a la
apertura del proceso de responsabilidad fiscal se fincó en dos informes
rendidos el 3 de febrero de 2009 por la subdirectora de procedimientos
correctivos del departamento nacional de planeación y el 31 de marzo de
2009 por la contralora delegada para investigaciones, juicios fiscales y
jurisdicción coactiva de la contraloría general de la República.

En ellos se pone de presente que Serfinco S.A. y Probolsa S.A. recibieron
unos recursos del municipio de Arauca para invertirlos en títulos TES clase
B, que aparentemente no lo habían hecho, y que al entrar Probolsa S.A.
en liquidación tales recursos se habían perdido. Por lo tanto, no es
razonable afirmar, como lo hace el recurrente, que no se garantizó la
presunción de inocencia, porque no es cierto que desde el inicio se le haya
endilgado responsabilidad fiscal a Serfinco S.A.; circunstancia distinta es
que el proceso se inició por unas irregularidades denunciadas, de las que
se advertía podría tener responsabilidad con ocasión del negocio que
había celebrado el municipio de Arauca.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 8 de la Ley 610 de
2000 establece que el proceso de responsabilidad “podrá iniciarse de
oficio, como consecuencia del ejercicio de los sistemas de control fiscal
por parte de las propias contralorías, de la solicitud que en tal sentido
formulen las entidades vigiladas o de las denuncias o quejas presentadas
por cualquier persona u organización ciudadana”.

Igualmente, el artículo 40 ibidem prevé que, “cuando de la indagación
preliminar, de la queja, del dictamen o del ejercicio de cualquier acción
de vigilancia o sistema de control, se encuentre establecida la existencia

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Radicación: 25 000 23 41 000 2014 01533 01
Demandante: Serfinco S.A

de un daño patrimonial al Estado e indicios serios sobre los posibles
autores del mismo, el funcionario competente ordenará la apertura del
proceso de responsabilidad fiscal”. (Se destaca)

Adicionalmente, el artículo 41 ibidem señala que el auto de apertura del
proceso de responsabilidad fiscal deberá contener, entre otros requisitos,
los fundamentos de hecho, de derecho, la identificación de la entidad
estatal afectada y de los presuntos responsables fiscales, así como la
determinación del daño patrimonial.

Bajo dicho contexto, de la manera como el legislador previó el proceso de
responsabilidad fiscal, se desprende que, para proferir el auto de
apertura, es necesario que esté establecida la existencia de un daño
patrimonial e indicios serios sobre los posibles autores; asimismo, en el
auto de apertura se debe identificar a los presuntos responsables fiscales
y, cumplida la actuación, los implicados podrán ejercer el derecho de
defensa, por lo que en este caso el motivo de inconformidad tampoco
prospera.

(v) El quinto reparo se sustenta en que se vulneró el debido proceso
porque se desconoció el principio de congruencia. Lo anterior, por cuanto,
en la imputación se indicó que Serfinco S.A. había contribuido a la
ocurrencia del daño, mientras que en el fallo se le condenó como
responsable en calidad de gestor fiscal.

Frente al mismo, tampoco le asiste razón al recurrente, comoquiera que
por auto nro. 000260 del 8 de marzo de 2011, expedido por el contralor
delegado para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva, “por
medio de cual se imputa responsabilidad fiscal”90, entre otros a Serfinco
S.A., en relación con la sociedad comisionista de bolsa Serfinco S.A. en
dicho auto se analizó:

90
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 13 (folios 60 a 135).
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Radicación: 25 000 23 41 000 2014 01533 01
Demandante: Serfinco S.A

“[…]De la Sociedad Comisionista de Bolsa SERFINCO S.A., NIT
890905375-0

El objeto social de la sociedad lo constituye la celebración de contratos
o negocios jurídicos de comisión para la compra y venta de valores; no
obstante, podrá realizar las actividades de intermediación en la
colocación de títulos, administrar valores, realizar operaciones de
corretaje entre otros, previa autorización de la Superintendencia de
Valores, hoy Superintendencia Financiera de Colombia.

La intervención de esta Comisionista de Bolsa, funge desde la
perspectiva normativa contemplada en el inciso segundo del artículo 6°
de la Ley 610 de 2000, que estipula:

(…)

Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores
públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en
forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al
detrimento al (sic) patrimonio público.

(…)

Del nexo de causalidad entre los dos elementos anteriores, el daño
patrimonial causado al Estado y las conductas desplegadas por las
personas naturales o jurídicas, que de un lado que ejercen gestión fiscal
de forma irregular y de otro por la intervención que contribuye a la
causación del daño al patrimonio Estatal.

Entre la conducta desplegada o entre la acción omitida, y el daño
producido debe existir una relación determinante y condicionante de
causa efecto, nexo cuya ruptura se produce cuando opera la llamada
causa extraña que albergue la fuerza mayor y el caso fortuito, es decir,
los imprevistos a que no es posible resistir.

Está demostrado que efectivamente el daño al patrimonio del Estado,
fue producido por el actuar de los funcionarios que representaron las
finanzas públicas de la administración del Municipio de Arauca, corto de
la intervención directa de PROBOLSA S.A., en liquidación y la
intervención a guisa de contribución de la Comisionista de Bolsa
SERFINCO S.A., fueron determinantes en la producción del daño al
patrimonio Estatal, al comprarse y venderse los títulos de tesorería TES
en las condiciones ya analizadas.

[…]” (mayúsculas y negrillas originales).

Mientras que, en el fallo nro. 000045 del 14 de enero de 2014, expedido
por el contralor delegado intersectorial nro. 2 de la unidad de
investigaciones especiales contra la corrupción de la Contraloría General
de la República que falló con responsabilidad fiscal, en relación con la

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Radicación: 25 000 23 41 000 2014 01533 01
Demandante: Serfinco S.A

determinación de la responsabilidad fiscal y específicamente frente a la
sociedad comisionista de bolsa Serfinco S.A. se analizó lo siguiente 91:

“[…] DE LOS AGENTES INTERMEDIARIOS PARA LA COMPRA Y
COLOCACIÓN DE LOS TÍTULOS DE TESORERÍA A NOMBRE DEL
MUNICIPIO DE ARAUCA

(…)
Determinación de la Responsabilidad de la Sociedad Comisionista
de Bolsa SERFINCO S.A. NIT 890905375-092

Para dar inicio a la argumentación referente a la responsabilidad fiscal
de esta comisionista de bolsa dentro del presente proceso, es necesario
partir de lo establecido en el artículo sexto de la ley 610 de 2000, para
poder determinar el reproche de este procedimiento administrativo como
consecuencia de la conducta realizada por esta persona jurídica, que a
efectos de la normatividad fiscal especial se da como consecuencia de
una gestión fiscal irregular que a guisa de contribución generó un daño
patrimonial al Estado de acuerdo a lo establecido en el artículo sexto y
tercero de la ley 610 de 2000.

(…)

En concordancia con lo anterior, se pudo determinar que el accionar
desarrollado por la sociedad comisionista de bolsa a juicio de este
fallador fue determinante para la concreción del detrimento patrimonial
reprochado, pues a través de su aptitud como entidad financiera, dio
paso a través de ella para llevar a cabo una operación abiertamente ilegal
y artificiosa, buscando distraer el verdadero origen y naturaleza de los
recursos.

Esta participación le da la condición de gestor fiscal de los recursos
públicos como persona de derecho privado al momento de recibir el
desembolso del valor girado por el municipio de Arauca. Lo anterior
reforzados en la interpretación dada a esta definición según la Corte
Constitucional en sentencia C-529 de 1993, con ponencia del Magistrado
Eduardo Cifuentes Muñoz, donde se establece que la gestión fiscal es la
administración o el manejo de bienes públicos, en sus diferentes y
sucesivas etapas de recaudo o percepción, conservación, adquisición,
enajenación, gasto, inversión y disposición, tal como se pudo evidenciar
de los hechos que dieron origen a este procedimiento administrativo. De
la misma jurisprudencia se extrae que esta titularidad implica el deber
de establecer si las diferentes operaciones, transacciones y acciones
jurídicas, financieras y materiales en la que se traduce la gestión fiscal
se cumplieron de acuerdo con las normas prescritas por las autoridades
competentes, los principios de contabilidad universalmente aceptados,
los criterios de eficiencia y eficacia aplicables a las entidades que
administran recursos públicos, que de acuerdo a los hechos generadores
del presente proceso, donde se vislumbraron irregularidades por parte
de este particular en su condición de gestor fiscal, no se tuvieron en
cuenta dentro de las inversiones realizadas, lo que genero unas

91
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 24, folios 261 y 262.
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Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 01533 01. Antecedentes administrativos.
Expediente digitalizado. Carpeta 25 (Folios 17 a 20).
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Radicación: 25 000 23 41 000 2014 01533 01
Demandante: Serfinco S.A

consecuencias negativas naturalmente lógicas, que se materializan en el
presente detrimento patrimonial. Situación que a todas luces contraria
principios del artículo 209 Constitucional.

Teniendo en consideración lo argumentado precedentemente, el
despacho insiste en sustentar jurisprudencialmente el tópico de la
gestión fiscal desplegada por las personas de derecho privado, tal es el
caso de la sentencia C- 840 de 2001 (…).
(…)

Después de las anteriores aproximaciones del concepto de gestión fiscal
en las personas privadas, se puede concluir que este elemento otorga
tipicidad administrativa al régimen de responsabilidad fiscal de acuerdo
a lo establecido en el artículo 268.5 de la Constitución Política.

(…)

Ahora bien, adentrándonos a la conducta desplegada por la sociedad
comisionista, se observa su contribución en el detrimento patrimonial al
Estado de la siguiente forma:

[…]” (mayúsculas y negrillas originales, subrayas ajenas).

Bajo el escenario descrito, la Sala concluye que no le asiste razón al
recurrente, porque entiende que son contradictorios los conceptos de
gestor fiscal con el hecho de que a Serfinco S.A. se le haya imputado
responsabilidad fiscal a guisa de contribución, cuando no lo son.

En efecto, el artículo 5 de la Ley 610 de 2000 establece que los elementos
de la responsabilidad fiscal son: una conducta dolosa o culposa atribuible
a una persona que realiza gestión fiscal; un daño patrimonial al Estado y
el nexo causal entre los dos elementos anteriores.

Por su parte, el artículo 6 ibidem prevé que el daño patrimonial al Estado
podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por
la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o
culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al
patrimonio público.

En ese sentido, del contenido del fallo de responsabilidad fiscal se
desprende que la Contraloría analizó cada uno de los elementos
mencionados para establecer la existencia de responsabilidad. Al
respecto, explicó las razones por las cuales Serfinco S.A. se consideraba

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gestor fiscal y así mismo indicó que, como gestor fiscal, había contribuido
al daño patrimonial causado, por lo que no se advierte incongruencia
entre la imputación y el fallo.

(vi) En este sexto reparo el recurrente alegó que se vulneró el debido
proceso porque se desconoció lo dispuesto en la sentencia C- 840 de 2000
proferida por la Corte Constitucional.

En relación con este aspecto, la Sala considera que dicho argumento no
encuadra dentro de la afectación al debido proceso, por cuanto las
garantías mínimas del contenido de dicho derecho están relacionadas
con93: (i) ser oído durante toda la actuación; (ii) la notificación oportuna
y de conformidad con la ley; (iii) que la actuación se surta sin dilaciones
injustificadas; (iv) que se permita la participación en la actuación desde
su inicio hasta su culminación; (v) que la actuación se adelante por la
autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias
previstas en el ordenamiento jurídico; (vi) gozar de la presunción de
inocencia; (vii) el ejercicio del derecho de defensa y contradicción; (viii)
solicitar, aportar y controvertir pruebas; (ix) impugnar las decisiones y
promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación al debido
proceso.

Sin perjuicio de lo dicho, en el fallo de responsabilidad fiscal se advierte
que la Contraloría explicó las razones por las cuales Serfinco S.A era
gestor fiscal. En efecto, la Contraloría indicó que dicha sociedad tenía la
calidad de gestor fiscal porque, como persona de derecho privado, recibió
los dineros públicos desembolsados por el municipio de Arauca, y para
ello citó la sentencia C- -840 de 2001 con el fin de sustentar la gestión
fiscal desplegada por las personas de derecho privado, por lo que la sala
no observa que el ente investigador haya violado por este aspecto el
debido proceso.

93
Corte Constitucional. Sentencia T-105 de 2023.
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6.2.5.2. Frente al cargo de falsa motivación

En este cargo, el recurrente formuló siete motivos de disenso que tienen
que ver con que: (i) Serfinco S.A. no tuvo relación contractual con el
municipio de Arauca y que el depósito de los recursos se hizo en la cuenta
que Probolsa S.A. tenía en Serfinco S.A.; (ii) la adquisición y las
condiciones obtenidas con los TES se hizo con Probolsa S.A. y que frente
a la parte de los recursos que fueron utilizados por Probolsa S.A. para
fines diferentes, Serfinco S.A. no tuvo ninguna incidencia; (iii) no le asiste
razón al tribunal cuando consideró que Serfinco S.A. permitió hacer una
operación que causó un daño patrimonial, en tanto que la adquisición de
los TES, en la que intermedió dicha sociedad, la hizo Probolsa S.A. sin la
intervención o acompañamiento de Serfinco S.A.; (iv) el tribunal
comparte con la contraloría que Serfinco S.A. debió informar y asesorar
al municipio de Arauca como si fuese su cliente; sin embargo, no se señaló
en qué consistió el defecto de asesoría; (v) el tribunal se equivocó en
considerar que Serfinco S.A. participó en la negociación que concluyó con
la aceptación del municipio de Arauca de la propuesta presentada por
Probolsa S.A; (vi) el tribunal determinó que la omisión de investigar la
fuente de los recursos comportaba culpa grave, argumento que no se
invocó en el fallo de responsabilidad fiscal y (vii) la ausencia de gestión
fiscal atribuible a Serfinco S.A.

(i) Frente al primer motivo de inconformidad, consistente en que Serfinco
S.A. no tuvo relación contractual con el municipio de Arauca y que el
depósito de los recursos se hizo en la cuenta que Probolsa S.A. tenía en
Serfinco S.A., la Sala considera que no le asiste razón al recurrente por
cuanto, con las pruebas recaudadas en el proceso de responsabilidad
fiscal, es posible establecer con claridad que el municipio de Arauca
consignó la suma de $16.000.000.000 a Serfinco S.A con la finalidad de
que Probolsa S.A. comprará los TES, clase B.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, mediante la Resolución nro.
0991 del 27 de octubre de 2008, el alcalde municipal de Arauca autorizó

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el desembolso para la constitución de un título TES, clase B, y en la parte
considerativa de dicho acto se indicó “7. Que SERFINCO S.A en alianza
con PROBOLSA S.A., cumplen con las exigencias requeridas en el decreto
mencionado anteriormente, como intermediarios para la compra de títulos
TES ante Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público” y, por consiguiente, ordenó el
giro de la suma de dinero a “favor SERFINCO S.A NIT: 890905375-0, para
que realice la compra a favor del Municipio de Arauca de Títulos de
Tesorería TES (Títulos del Tesoro de la Nación), Clase "B” (…)”. Entonces,
resulta evidente que la participación de SERFINCO S.A. en la negociación
era imprescindible, pues de lo contrario el municipio no hubiere podido
ejecutarla, lo que vincula a la comisionista de manera directa al negocio.

(ii) En cuanto a los disensos enlistados en los numerales segundo y
tercero, relativos a que la adquisición y las condiciones obtenidas con los
TES se hizo con Probolsa S.A. y que Serfinco S.A. no tuvo ninguna
incidencia frente a la parte de los recursos que fueron utilizados para fines
diferentes, y que no le asiste razón al tribunal cuando consideró que
Serfinco S.A. permitió hacer una operación que causó un daño
patrimonial, en tanto la adquisición de los TES, en la que intermedió dicha
sociedad, la hizo Probolsa S.A. sin la intervención o acompañamiento de
Serfinco S.A., la Sala estima que tampoco le asiste razón al recurrente,
pues fue precisamente la firma comisionista la que se prestó para gestar
la operación, a sabiendas de que se trataba de recursos públicos. A estos
efectos se observa que en el proceso de responsabilidad fiscal quedó
acreditado que Probolsa S.A no tenía la capacidad para adquirir
directamente los TES, en la medida que solo una sociedad habilitada por
el Estado para intermediar en el mercado de valores podría hacer
operaciones de compra y venta de estos títulos, por lo que, como lo indicó
la Contraloría, Serfinco S.A. “facilitó, colaboró y permitió que Probolsa se
quedara con gran parte de los recursos”, dado que Probolsa S.A. era
cliente de Serfinco S.A. (comisionista de bolsa).

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Sumado a ello, las pruebas que analiza la Contraloría sobre el punto que
es objeto de debate y que el demandante no cuestiona señalan que “el
vínculo jurídico que se pudo establecer entre estas dos entidades, no se
limitó a la simple custodia de valores[,] sino que se derivó de un contrato
de comisión para la compra y venta de los valores con las cuales
compraron y vendieron los títulos de tesorería TES a nombre del referido
Municipio y de la apertura de la cuenta, tal y como se evidencia de las
diligencias efectuadas de inspección consignadas en el informe Nro. 544
del 5 de marzo de 2009 de la Superintendencia Financiera de Colombia,
que en el análisis probatorio, se registraron los Chats, email y grabaciones
telefónicas para el período cuestionado del 27, 30, 31 de octubre, 4, 5,1
8, 26, 27 de noviembre, 23 de diciembre de 2008 y 28 de enero de 2009,
entre Juanita (Gerente de Inversión) y Jairo (Gerente de Probolsa S.A.),
en las que se evidenció la forma en la que PROBOLSA S.A. y SERFINCO
S.A. convinieron que los valores de las entidades públicas serían puestos
a su disposición a través de un traslado de los mismos desde la subcuenta
de PROBOLSA S.A. acordando la mecánica y el procedimiento que debían
seguir ante estos agentes para la realización de la inversión (...)”.

Dentro de tal contexto, afirmar entonces que el culpable de lo sucedido
con los recursos públicos fue Probolsa S.A. porque ella hizo la compra de
los títulos, y que, sobre los demás recursos, la imputada no tuvo
incidencia, es desconocer lo que las pruebas dicen, pues es evidente que
el dinero fue depositado en cuentas que la comisionista manejaba y con
el pleno conocimiento del origen de los recursos.

(iii) El cuarto motivo de disenso enlistado por el recurrente tiene que ver
con que el tribunal comparte con la Contraloría que Serfinco S.A. debió
informar y asesorar al municipio de Arauca como si fuese su cliente; sin
embargo, ni la contraloría ni el tribunal señalaron en qué consistió el
defecto de tal asesoría.

En este aspecto, tampoco le asiste razón al recurrente, pues la Contraloría
sí señaló el defecto de la asesoría. A este efecto, se lee en el fallo que se

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demanda que “omitieron el deber de asesorar e informar en cuanto a la
naturaleza jurídica, las características de los títulos valores, los productos
o instrumentos financieros alternos para minimizar el riesgo y la mejor
forma de decisiones a la hora de invertir”. Y agregó que “se reprocha a la
sociedad comisionista por no haber indicado sobre la naturaleza jurídica
de la forma como comisionista de bolsa, las características de las
operaciones de intermediación que se estaban contratando y las
características generales de los valores, productos o instrumentos
financieros ofrecidos o promovidos”.

Pero, es más, que la imputada pretenda desprenderse de la
responsabilidad argumentando que la directa lesionada en el recurso
público no era su cliente no es para la Sala de recibo, pues sabía de
antemano que era la destinataria final de las operaciones que se
realizarían y que ella había servido de intermediaria necesaria para
llevarlas a cabo. Luego, es claro que el negocio involucraba los recursos
de la entidad del Estado lesionada, y tratar de reducirlo a un negocio entre
particulares, como pretende hacerlo el demandante, no es más que
desconocer la realidad de lo ocurrido.

(iv) En el reproche enlistado en el numeral quinto el recurrente alega que
el tribunal se equivocó en considerar que Serfinco S.A. participó en la
negociación que concluyó con la aceptación del municipio de Arauca de la
propuesta presentada por Probolsa S.A., cargo que no formuló la
Contraloría y que corresponde a una inferencia formulada por el juzgador
de primera instancia. A su vez, la inconformidad relacionada en el numeral
sexto radica en que el tribunal “en un acto de intromisión en las funciones
de la Contraloría, determinó en el fallo de primera instancia que la omisión
de investigar la fuente de los recursos comporta culpa grave. El
argumento que se menciona no se invocó en el fallo de responsabilidad
fiscal (…) es un hecho nuevo que se alega ahora en la sentencia”.

Frente a este punto, la Sala advierte que los reproches están encaminados
a cuestionar las consideraciones de la sentencia de primera instancia; sin

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embargo, no puede perderse de vista que los mismos fueron enlistados
en el cargo de falsa motivación el cual se analiza respecto de los actos
acusados y no frente a la decisión del a quo.

Precisado lo anterior, la Sala destaca que en el fallo con responsabilidad
fiscal la conducta de Serfinco S.A. sí se calificó a título de culpa grave.

(v) Finalmente, el recurrente enlistó el séptimo motivo de disentimiento
consistente en que Serfinco S.A. no fue gestor fiscal. Frente a este aspecto
la Sala considera que le asiste razón a la Contraloría al señalar que
Serfinco S.A. tuvo la condición de gestor fiscal por cuanto, como persona
de derecho privado, fue el que recibió los recursos públicos girados por el
municipio de Arauca, que era el destinatario final de la suerte de las
operaciones que se llevaran a cabo, condiciones todas ellas que Serfinco
S.A. conocía bien.

6.2.5.3. El cargo de falta de competencia de la Contraloría para
investigar a Serfinco S.A.

En este cargo el recurrente afirmó que Serfinco S.A. no ejerció gestión
fiscal y, por ende, la Contraloría General de la República carecía de
competencia para vincularla al proceso o declararla fiscalmente
responsable.

La Sala considera que, como lo anotó el a quo, la Contraloría General de
la República sí tenía competencia para investigar a Serfinco S.A. por
tratarse de la comisionista de bolsa que recibió del municipio de Arauca
los dineros públicos que tenían un propósito especificó, cual era invertirlos
en títulos de deuda pública TES clase B, lo que le daba el carácter de
gestor fiscal.

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6.2.5.4. El cargo relativo a la infracción de las normas en las que
los actos acusados debían fundarse

En la apelación se cuestiona que el a quo expuso que, como este cargo
se sustentaba en la vulneración del derecho al debido proceso y en la falta
de competencia de la Contraloría, se hayan resuelto negándolos con base
en las consideraciones de los dos cargos anteriores. Circunstancia que
estima vulnera el artículo 187 del CPACA, que dispone que la sentencia
debe ser motivada y contener un análisis crítico de las pruebas e impone
la definición de los asuntos planteados en la demanda y en la
contestación, por lo que resolver por mera remisión a contenidos de otros
apartes de la sentencia constituye una clara denegación de justicia.

Sobre este punto, la Sala advierte que, contrario a lo sostenido por el
recurrente, la decisión de primera instancia contiene un análisis crítico de
las pruebas, con fundamento en los asuntos planteados tanto en la
demanda como en la contestación, por lo que no se traduce en denegación
de justicia la remisión a aspectos ya analizados en la providencia; máxime
si se observa que el cargo que denominó violación de las normas en que
debía fundarse contiene los mismos reparos que los cargos de violación
del debido proceso y falsa motivación.

Ahora bien, el recurrente alega que el tribunal no examinó los hechos
3.2.24. y 3.2.25. en los que puso de presente el vicio de nulidad de la
Contraloría derivado de haber emitido un primer fallo de primera instancia
con responsabilidad fiscal, que fue revocado íntegramente por el
despacho de primera instancia, y proferir un segundo fallo de
responsabilidad fiscal.

Al respecto, la Sala observa que, precisamente la razón por la cual la
Contralora General de la República declaró la nulidad de los fallos de
responsabilidad fiscal inicialmente proferidos en el caso, fue porque no se
garantizó la defensa técnica de uno de los implicados (fallo nro. 00013 de
2013) y el recaudo de la totalidad de las pruebas que habían sido

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ordenadas (fallo nro. 000477 de 2013), por lo que, una vez subsanado lo
anterior se profirió el fallo con responsabilidad fiscal (nro. 00045 de
2014), de manera que sanear los vicios encontrados no se traduce en la
ilegalidad del acto acusado.

Adicionalmente, el artículo 36 de la Ley 610 de 2000 establece que las
causales de nulidad en el proceso de responsabilidad fiscal son la falta de
competencia del funcionario para conocer y fallar; la violación del derecho
de defensa del implicado o la comprobada existencia de irregularidades
sustanciales que afecten el debido proceso.

En ese sentido, la Sala no advierte los motivos por los que, una vez se
declara la nulidad de un fallo con responsabilidad fiscal, no sea posible
que, una vez subsanadas las razones que conllevaron a la nulidad, el
funcionario correspondiente deba abstenerse de proferir la decisión a que
haya lugar.

6.2.5.5. En relación con la procedencia de la pretensión
subsidiaria formulada en la demanda

Por último, en cuanto a la pretensión subsidiaria relativa a la devolución
de la suma de $4.783.749.825 resultante de la corrección por errónea
liquidación en que se afirma incurrió la contraloría al fijar el monto de la
responsabilidad fiscal de los imputados, se prohíja lo considerado por el
tribunal en cuanto a su improcedencia, en la medida en que, al momento
de calcular el daño, se debe valorar no solo el daño emergente sino
también el lucro cesante, y que “en el presente asunto no es posible
aplicar la fórmula que pretende el demandante porque al valor del daño
no se le puede restar la ganancia que generó la adquisición de TES, puesto
que dicho dinero es el resultado de la ganancia que en condiciones
normales generaba la inversión. Aplicar la fórmula propuesta sería
desconocer que el municipio tenía la proyección y el derecho a tener unos
rendimientos o ganancias de su inversión”.

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Corolario de lo explicado, se confirmará la decisión de primera instancia
que denegó las pretensiones de la demanda, como quiera que no se
desvirtuó la legalidad de los actos acusados.

Por último, no se condenará en costas en esta instancia, por cuanto no se
demostró su causación, lo anterior atendiendo lo previsto por el artículo
188 del CPACA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de mayo de 2016,
por la Sección Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda, según las
razones explicadas en la parte motiva.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada la presente providencia.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en
sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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