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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2014-01615-01

Fecha
23 de junio de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2014-01615-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 7 de octubre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2014-01615-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

23 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2014-01615-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actora: DIRECTV COLOMBIA LTDA.

TESIS: NO EXISTIÓ TRATO DISCRIMINATORIO POR PARTE DE LA
ANTV A LOS OPERADORES DE TELEVISIÓN SATELITAL AL EXPEDIR
LAS RESOLUCIONES, POR MEDIO DE LAS CUALES SE FIJÓ LA
TARIFA MES POR SUSCRIPTOR QUE DETERMINA EL COMPONENTE
VARIABLE DE LAS PRÓRROGAS A LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN
DE TELEVISIÓN.

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: A LA
LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA, AL ACCESO A LOS SERVICIOS
PÚBLICOS Y A QUE SU PRESTACIÓN SEA EFICIENTE Y OPORTUNA,
Y LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el señor

FELIPE NÚÑEZ FORERO y DIRECTV COLOMBIA LTDA. contra la

sentencia de 7 de octubre de 2021, proferida por el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección

“B”1, que denegó las pretensiones de la demanda.

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2014-01615-01
Actor: DIRECTV COLOMBIA LTDA.

I.- ANTECEDENTES

I.1- La Demanda

El ciudadano FELIPE NÚÑEZ FORERO, actuando en nombre propio

y en representación de DIRECTV COLOMBIA LTDA., en ejercicio de

la acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19982, presentó

demanda ante el Tribunal en contra de la AUTORIDAD NACIONAL

DE TELEVISIÓN3, tendiente a que se protegieran los derechos

colectivos a la libre competencia económica, al acceso a los servicios

públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, y los

derechos de los consumidores y usuarios.

I.2. Hechos

Indicó que por medio de la Ley 182 de 20 de enero de 19954, el

Congreso de la República reglamentó el servicio de televisión, frente

al cual, en el artículo 1º se estableció que era un servicio público

2
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
3
En adelante ANTV.
4
Por la cual se reglamenta el servicio de la televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se
democratiza el acceso a éste, se conforman la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la
industria y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se
reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones.

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3

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Actor: DIRECTV COLOMBIA LTDA.

sujeto a la titularidad, reserva, control y regulación del Estado, cuya

prestación le correspondía, a través de concesión, a las entidades

públicas señaladas en la misma Ley, a los particulares y a las

comunidades organizadas en los términos del artículo 365

Constitucional.

Señaló que conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la norma, el

servicio de televisión podía clasificarse, entre otros, en función de la

tecnología, caso en el cual, según el artículo 19, atendía al medio

utilizado para distribuir la señal de televisión al usuario del servicio,

la cual, a su vez, se dividía en: i. televisión radiodifundida; ii.

televisión cableada y cerrada, y; iii. televisión satelital.

Precisó, frente a la clasificación en función de los usuarios, que

atendía a la destinación de las señales emitidas; y que según el

artículo 20 de la Ley 182, se clasificaba en: i. televisión abierta y; ii.

televisión por suscripción.

Afirmó que la COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN5 expidió el

Acuerdo núm.10 de 2006, por medio del cual reglamentó el servicio

5
En adelante CNTV.

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de televisión por suscripción y se estableció, en el parágrafo 1° del

artículo 2º, que por televisión por suscripción se entendía tanto la

televisión cableada como satelital (DBS).

Puso de presente que la CNTV celebró con la SOCIEDAD CARVAJAL

S.A. el contrato de concesión núm. 057 de 1996, con el siguiente

objeto:

“[…] “Carvajal S.A. se obliga a crear una compañía colombiana
especialmente constituida para desarrollar y ejecutar la autorización
conferida para colocar en el comercio y proporcionar a todas las
personas que lo requieran en el territorio nacional el uso e instalación
de los equipos de recepción de señales de televisión directa por
satélite provenientes del segmento GALAXY, así como a efectuar el
recaudo de los derechos de autor a que hubiere lugar por el disfrute
de dichas señales y representar a GALAXY en Colombia, sociedad que
estará sujeta al cumplimiento estricto de las normas establecidas en
la Resolución No._ (sic) del _ (sic) de noviembre de 1996 y obligada
al pago de los derechos y del canon derivados de la autorización
conferida […]”.

Manifestó que el contrato de concesión fue pactado por el término de

10 años, prorrogables por un término igual, conforme a lo estipulado

en la cláusula cuarta; asimismo, que mediante otrosí núm.4, se

acordó que la razón social del concesionario sería DIRECTV

COLOMBIA LTDA., empresa que presta el servicio de televisión por

suscripción.

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Actor: DIRECTV COLOMBIA LTDA.

Expuso que la concesión previó dos tipos de pagos a favor de la

CNTV. El primero, se denominó “derechos a favor de la comisión”,

por concepto de la autorización otorgada en el contrato por la suma

de $1.000.000.000; y el segundo, equivalente al 10% de los ingresos

brutos percibidos exclusivamente de los pagos provenientes de la

recepción de las señales que realizaran las personas que han utilizado

el sistema en el territorio nacional.

Informó que la CNTV celebró con la sociedad VALOR EN FINANZAS

LTDA. – VALFINANZAS, el contrato de asesoría núm.059 el 8 de

septiembre de 2006, faltando dos meses para que expirara el plazo

de los 10 años del contrato de concesión núm.057 de 1996; el objeto

del contrato de asesoría fue:

“[…] CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- Por medio del
presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a prestar su servicios
(sic) de asesoría como compañía especializada en Banca de Inversión
para LA COMISIÓN, en la determinación del valor de la prórroga de la
licencia del actual operador de televisión satelital en el país y del canon
de entrada de un nuevo concesionario satelital y la respectiva tarifa
de compensación destinada al Fondo de Desarrollo para la Televisión
(en adelante FDTV) de conformidad con las especificaciones y
requisitos exigidos por LA COMISIÓN y la propuesta presentada por
EL CONTRATISTA […]”.

Aseguró que sin que se hubiese culminado la valoración de la

prórroga por parte de VALFINANZAS, se celebró el otrosí núm.7 al

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contrato núm.057 de 1996, en el que se acordó prorrogar el contrato

por un término de 10 años, contados a partir del 14 de noviembre de

2006; sobre el valor, se estipularon 3 meses para establecerlo, pero,

posteriormente, a través de la cláusula primera del otrosí núm.8 del

contrato 057, se amplió el término hasta el 30 de abril de 2007.

Arguyó que la Junta Directiva de la CNTV celebró sesión el 12 de

diciembre de 2006 en la que dio por recibido el informe de la firma

VALFINANZAS; posteriormente, el 12 de diciembre de 2007, se

suscribió el otrosí núm.9 al contrato de concesión núm. 057, el cual,

en la cláusula primera, modificó y adicionó la cláusula segunda del

otrosí núm.7, en el sentido de señalar lo siguiente:

“[…] el valor de la prórroga correspondiente a la contraprestación que
el concesionario se compromete a pagar por su otorgamiento equivale
a una tarifa constituida por los siguientes componentes:

a. Un componente fijo equivalente a la suma de $1.951 millones
diferida en un plazo de 2 años contados a partir de la fecha de inicio
de la prórroga establecida en el Otrosí No. 7.

b. Un componente variable calculado como el resultado de multiplicar
el número de suscriptores reportados mensualmente por el
concesionario por la suma de $677 pesos que corresponde al valor por
suscriptor mes. Esta suma, según lo dispone la Cláusula Primera del
Otrosí No. 9, “… será revisada cada año en aras a determinar si dicho
componente variable requiere ajustes” […]”.

Estimó que el componente variable era un valor reportado

mensualmente por usuario que debía pagar el operador, lo que

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implicaba que la revisión de la suma de ese componente se haría en

función del número de usuarios promedio por año de televisión por

suscripción registrados ante la CNTV; adicionalmente, se acordó que

los resultados de la revisión por parte de la Comisión serían fijados a

más tardar el 20 de febrero de cada año o el día hábil siguiente; y

que la suma del componente variable sería actualizada de acuerdo

con el Índice de Precios al Consumidor – IPC, con vigencia a partir

del 1o. de enero del respectivo año calendario, sin efectos

retroactivos, todo lo cual se haría con base en el documento

denominado “anexo metodológico”.

Resaltó que según el documento “Metodología de Valoración

Concesión TV Satelital con Dos Operadores” y “Metodología de

Valoración con Tres Operadores”, para establecer el valor de la

licencia de los nuevos operadores de TV satelital y de sus prórrogas

se debían tener en cuenta tres variables: i. usuarios del servicio de

televisión por suscripción; ii. costos de la televisión pública e; iii.

ingresos totales de la CNTV.

Afirmó que con lo establecido en el mencionado documento, para la

valoración de la concesión (con dos o tres operadores) se contempló

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el déficit de la televisión pública, que buscaba financiarse con los

recursos de las concesiones de televisión por suscripción.

Enunció que la ANTV en los años 2013 y 2014, al fijar el valor por

suscriptor por mes, el cual servía de base para establecer el

componente variable de las concesiones por suscripción, trató a los

operadores satelitales, en especial a DIRECTV, de forma menos

favorable que a los operadores por cable, quienes eran competidores

directos de la empresa en el mercado de la televisión paga.

Dijo que la ANTV estableció para los años 2012 a 2014, como

componente variable de las concesiones de televisión por

suscripción, tanto cableada como satelital, así como para la licencia

única, establecida por medio de la Resolución ANTV 179 de 1o. de

noviembre de 2012, lo siguiente:

Año Satelital Cable Licencia Única

2012 $658,296 $658,297 658.298
2013 $674,359 $649,1910 $649,1911

6
Ver Anexo 20
7
Ver Anexo 21
8
Ver Anexo 22
9
Ver Anexo 23
10
Ver Anexo 24
11
Ver Anexo 24

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2014 $711,9412 $643,3413 $643.3414

Puntualizó que en el 2012 se fijó el mismo valor por concepto del

componente variable tanto para los operadores satelitales como para

los operadores por cable, no obstante, para los años 2013 y 2014,

se señalaron valores mayores para la tecnología satelital.

Destacó que la ANTV expidió la Resolución núm.0179 de 31 de

octubre de 2012, mediante la cual se estableció la licencia única para

la prestación del servicio de televisión por suscripción a nivel

nacional, la cual, según lo dicho por la autoridad de televisión,

buscaba la igualdad entre los diferentes operadores del servicio y así

garantizar la competencia y eficacia en la prestación del servicio; y

que el artículo 3º de la Resolución señaló las reglas para que los que

ostentaban una licencia para la prestación del servicio de televisión,

accedieran a la licencia única, y en el artículo 6º se indicó el valor de

la licencia y de la concesión, por su parte, la forma de actualización

de este último valor se estableció en el anexo 2 y se dispuso que los

12
Ver Anexo 25
13
Ver Anexo 26
14
Ver Anexo 26

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operadores del servicio de televisión por suscripción que obtuvieran

la mencionada licencia, debían cancelar las sumas por concepto de

compensación y comercialización establecidos en la Resolución ANTV

045 de 2012.

Indicó que, pese a que para el año 2012 se tuvo en cuenta la

recomendación efectuada por el consultor CGI, producto de la

consultoría adelantada por la autoridad de televisión, y a la existencia

de la licencia única, los operadores satelitales de televisión fueron

tratados “en forma menos favorable” que los operadores por cable,

en lo que se refiere al componente variable de la concesión.

Afirmó que la ANTV en la Resolución núm. 346 de 2013 aumentó el

valor del componente variable para los operadores satelitales más

que para los operadores por cable, motivo por el que el 7 de octubre

de ese año solicitó a la autoridad de televisión revocar de forma

directa el referido acto administrativo para equiparar la suma entre

los operadores satelitales y por cable, pues, a su juicio, se vulneraron

los principios de igualdad y trato no discriminatorio, además de ir en

contravía de los estudios previos que motivaron la fijación de un valor

igual para el año anterior, petición que fue resuelta de forma

negativa, a través de la Resolución núm.1471 de 2014.

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Sostuvo que para el año 2014 la ANTV nuevamente estableció un

mayor valor por el componente variable para los operadores

satelitales que para los operadores por cable, por medio de la

Resolución núm.1370 de 2014.

Concluyó que lo expuesto evidenciaba un trato diferenciado por parte

de la ANTV a los operadores de televisión satelital frente a los

operadores por cable, en lo referente al valor por el componente

variable, pese a que ambos prestaban exactamente el mismo servicio

final a los usuarios, televisión paga, y participaban en el mismo

mercado relevante, lo cual, a su juicio, se ha traducido en que los

usuarios de la televisión satelital paguen un valor mayor al que les

correspondería pagar, si la autoridad de televisión tratara a ambos

operadores igualitariamente.

I.3. Pretensiones

Solicitaron lo siguiente:

“[…] 1. Que se declare que la ANTV, con las actuaciones descritas en
esta demanda, ha vulnerado los derechos e intereses colectivos a la
libre competencia económica, al acceso a los servicios públicos y a que
su prestación sea eficiente y oportuna, y los derechos de los
consumidores y usuarios

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2. Que en consecuencia se ordene a la ANTV:

a. Que para efectos de la fijación del “Valor por Suscriptor Mes” que
sirve de base para determinar el valor del componente variable de las
concesiones de televisión por suscripción y del de sus prórrogas, dé a
los operadores de televisión satelital el mismo tratamiento que a los
demás operadores de televisión por suscripción que se encuentren en
condiciones equivalentes -especialmente a los de cable-, sin importar
la tecnología que se utilice para la prestación del servicio.

b. Tomar todas las medias necesarias, incluyendo la expedición de
actos administrativos generales y particulares, y la modificación de
contratos, inclusive el suscrito con Directv o con otros operadores de
televisión por suscripción, para garantizar que el “Valor por Suscriptor
Mes” que sirve de base para determinar el componente variable de las
concesiones de televisión por suscripción, sea igual para todos los
operadores de televisión por suscripción que se encuentren en
condiciones equivalentes, según el mandato del literal g) del artículo
5 de la Ley 182 de 1995, sin importar la tecnología mediante la cual
se presta el servicio.

3. Que se ordene a la ANTV que en los sucesivo se abstenga de
continuar o persistir en actos semejantes o equivalentes a las
acreditados como violatorios de derechos colectivos, y en particular,
que según lo establecido en las leyes que regulan el servicio público
de televisión por suscripción, dé a todos los operadores de televisión
por suscripción que se encuentren en condiciones equivalentes, el
mismo tratamiento sin importar la tecnología mediante la cual se
presta el servicio, y que en adelante establezca el mismo “Valor por
Suscriptor Mes” para efectos del componente variable para todos los
operadores de televisión por suscripción sin importar la tecnología
mediante la cual se presta el servicio […].”

I.4. Defensa

La ANTV se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la acción,

para lo cual arguyó, en síntesis, que:

El servicio público de televisión está sujeto a inspección, vigilancia y

control del Estado, pero no es esencial para la vida de los ciudadanos,

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salvo la televisión abierta que de acuerdo con el literal a) del artículo

20 de la Ley 182, sí debe ser garantizada.

Que la televisión por suscripción está destinada a ser recibida

únicamente por personas autorizadas para su recepción, motivo por

el que el legislador hizo una diferenciación clara entre la televisión

abierta y por suscripción, pues la primera es recibida libremente por

cualquier persona y la segunda está destinada a quienes estén

autorizados para recibirla; de manera que el usuario elige si está en

la capacidad de solicitar y pagar el servicio de acuerdo con los planes

de mercadeo y servicios autorizados.

Que conforme a lo estipulado en los contratos suscritos con los

operadores de televisión satelital, la ANTV revisa anualmente el

componente variable del valor de la concesión, con base en el

número de suscriptores registrados mensualmente por el

concesionario ante la entidad, por la suma que corresponda al valor

por suscriptor por mes; de manera que teniendo en cuenta el

documento “metodología de valoración”, la revisión se hace

únicamente en función del número de usuarios promedio año de

televisión por suscripción registrados ante la Comisión.

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Que para el caso de la Resolución núm. 0139-4 de 21 de febrero de

2011, luego de aplicar la metodología prevista en los contratos y

teniendo en cuenta las cifras reportadas por la Subdirección

Administrativa y Financiera, la Oficina de Planeación de la CNTV

informó a la Junta Directiva el valor de la suscripción por mes que

debía regir los contratos de televisión satelital durante el año 2011.

Que de igual forma ocurrió con las resoluciones núms. 000201-4 y

346 de 20 de febrero de 2012, y 1371 de 11 de febrero de 2014.

Que por medio del Acuerdo núm. 005 de 1996, la CNTV ingresó al

país el sistema de televisión directa por satélite; y a través de la

Resolución núm. 017 de 15 de enero de 1997, la Junta Directiva

autorizó a la sociedad CTH Colombia S.A. (SKY), colocar en el

comercio y proporcionar a todas las personas del territorio nacional

el uso e instalación de los equipos de recepción de señal de televisión

directa por satélite; asimismo, se estableció en el artículo 4º el canon

por comisión para ejercer la autorización otorgada.

Que, en cumplimiento de lo establecido en los actos administrativos

mencionados, la CNTV suscribió el contrato de concesión núm. 057

de 1996 el cual señaló que la compañía conformada por DTH

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Colombia S.A., para ejercer la autorización, debía cancelar a la

comisión un canon equivalente al 10% de los ingresos brutos

percibidos exclusivamente de los pagos provenientes por la recepción

de señales que realizaran personas que hacían uso de los sistemas

en el territorio nacional.

Que el 18 de marzo de 2005 las empresas SKY y GALAXY,

concesionarias del servicio de televisión directa, le solicitaron a la

CNTV la integración de las operaciones de las empresas, lo que

incluía la terminación y liquidación del contrato núm. 073 de 1997,

suscrito entre la Comisión y SKY; de manera que, mediante la

Resolución núm. 372 de 8 de junio de 2005, la CNTV determinó no

objetar la integración solicitada, previo el cumplimiento de las

condiciones señaladas en el artículo 1º del acto administrativo;

posteriormente, por medio de la escritura pública núm. 035 de 17 de

abril de 2006, GALAXY DE COLOMBIA cambió su nombre por el de

DIRECTV COLOMBIA LTDA.

Que la parte motiva de los actos administrativos que fijaron el valor

del componente variable de la concesión de los operadores de

televisión por suscripción satelital sirvió de base para su

determinación sin mayores dificultades, pues se evidenciaba que

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tales actos estuvieron conforme a lo pactado en el contrato de

concesión con DIRECTV, tal y como se estableció en los otrosíes

núm. 7 y 9; por lo tanto, a su juicio, el planteamiento de la demanda

fue equivocado y la acción es improcedente.

Que las resoluciones cuestionadas lo que hicieron fue ajustar las

proyecciones de los usuarios para los años 2011 y siguientes,

manteniendo los parámetros constantes y determinando una tarifa

de concesión por usuario, con base en los contratos suscritos por los

operadores con la CNTV.

Que aun cuando podría asegurarse que los operadores de televisión

satelital y cableada pertenecían al mismo mercado, lo cierto es que

existen por lo menos dos diferencias: la primera, relacionada con los

costos; y la segunda, con los precios, motivo por el que no puede

aseverarse que sean iguales.

Que no existe discriminación en contra de DIRECTV, pues lo que

hizo la autoridad de televisión fue dar aplicación a lo pactado en el

contrato de concesión en relación con la determinación del valor del

componente variable del mismo, de manera que la metodología de

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actualización del cargo se determinó en función del momento en el

que se definió, mas no de la tecnología utilizada por el operador.

Por último, expuso que, previo a la presentación de esta acción, se

promovieron dos demandas contra la Resolución núm. 0139-4 de 21

de febrero de 2011, proferida por la CNTV, una que se tramita ante

el Consejo de Estado bajo el radicado número 2011-00035 (41447);

y otra que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -

Sección Primera – Subsección “C”, en Descongestión, bajo el número

de radicación 2011-00940, en la cual funge como demandante la

misma sociedad actora del presente proceso.

Propuso como excepciones, las siguientes:

• «IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN IMPETRADA POR LA INEXISTENCIA DE

ACCIONES U OMISIONES ATRIBUIBLES A LA ANTV QUE VULNEREN O

AMENACEN LOS DERECHOS COLECTIVOS ALEGADOS»: afirmó que de

acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la Ley 472, las

acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer

cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los

derechos e intereses colectivos, por lo que no puede tratarse de una

acción encaminada a reparar el eventual perjuicio generado a una o

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varias personas; por lo tanto, su naturaleza preventiva es lo que la

diferencia de otras acciones, como la de grupo que busca reparar un

daño ya causado a una colectividad de personas individualizadas.

Señaló que no existía omisión que le fuera atribuible y que ameritara

reproche en los términos del artículo 18 de Ley 472, además, que no

existía medio probatorio alguno que apuntara a lo afirmado por el

accionante.

• «IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POPULAR POR INEXISTENCIA DE UN DAÑO

CONTINGENTE O ACTUAL A UN DERECHO COLECTIVO»: adujo que

atendiendo a la naturaleza preventiva de la acción popular, el juicio

de reproche se encaminaba a determinar la violación de un derecho

colectivo; en esa medida, aseguró que contrario a lo dicho por el

accionante, la entidad era respetuosa de sus deberes

constitucionales y legales, por lo que ha adelantado todas las

actuaciones relacionadas con el desarrollo de la televisión por

suscripción.

• «PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÍON No. 139 DE 21 DE

FEBRERO DE 2011; RESOLUCIÓN No. 000201-4 DE 20 DE FEBRERO DE 2012;

RESOLUCIÓN No. 346 DEL 20 DE FEBRERO DE 2013 Y RESOLUCIÓN No. 1371

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DE 11 DE FEBRERO DE 2014»: indicó que, de acuerdo con el artículo 238

de la Constitución Política, los actos que profiere la Administración

gozan de presunción de legalidad y, por lo tanto, tienen carácter

ejecutivo y ejecutorio, ya que son suficientes, por sí mismos, para

que sean ejecutados, por lo que estimó que la presunción que

cobijaba los mencionados actos administrativos estaba incólume,

pues el fundamento de los mismos fue el otrosí núm. 9,

complementario del otrosí núm.7 del contrato de concesión núm. 057

de 1996, es decir que se ajustó únicamente en función del número

de usuarios promedio año de televisión por suscripción registrados

ante la Comisión por parte de los concesionarios.

• «INEPTA DEMANDA»: La respaldó en que como los actos

administrativos objeto de discusión y que fijaron el componente

variable de la concesión de los operadores de televisión por

suscripción satelital, se basaron en los otrosíes núm.7 y 9 del

contrato de concesión núm. 057 de 1996, resultaba evidente que lo

que la parte accionante ha debido cuestionar eran esos otrosíes, en

especial lo relacionado con el modelo de valoración propuesto por la

CNTV.

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Indicó, además, que si los datos de los usuarios reportados por los

operadores de televisión satelital que fueron certificados por la

Subdirección Administrativa y Financiera – SAFI de la CNTV, y que

sirvieron de fundamento a las resoluciones cuestionadas, no eran

exactos, la parte accionante debió demandar ese acto de certificación

o el registro correspondiente, con base en el artículo 84 del CCA,

pues era allí donde radicaría la supuesta inexactitud.

I.5.- Pacto de cumplimiento

La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 14 de abril

de 2015, la cual se declaró fallida por no existir ánimo conciliatorio

de las partes.

I.6. Coadyuvancia

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P. coadyuvó la

demanda, por medio de escrito de 24 de octubre de 2016, la cual fue

aceptada por parte del Tribunal, mediante auto de 17 de noviembre

de 2017.

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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, en sentencia de 7 de octubre de 202115, declaró probadas

las excepciones de “improcedencia de la acción popular por

inexistencia de acciones u omisiones atribuibles a la ANTV que

vulneren o amenacen los derechos colectivos alegados” e

“improcedencia de la acción popular por inexistencia de un daño

contingente o actual a un derecho colectivo”, y denegó las

pretensiones de la demanda.

Como fundamento de la decisión, adujo lo siguiente:

En primer lugar, señaló que las excepciones formuladas por la

demandada se referían a argumentos del fondo del asunto, pues

estaban dirigidas a cuestionar la ausencia de mérito de las

pretensiones de la demanda, motivo por el que serían examinadas

con la decisión de fondo; y frente a la excepción de inepta demanda,

afirmó que lo pretendido por el actor no era la declaratoria de nulidad

del acto administrativo contractual o de certificación o registro

proferido por la Subdirección Administrativa y Financiera de la CNTV,

15
Expediente digital, índice 2, página 591.

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que sirvió de fundamento para actualizar el valor de la concesión

otorgada a DIRECTV, sino que se declarara la vulneración de

algunos de los derechos colectivos previstos en la Ley 472; y que, en

consecuencia, se ordenara a la ANTV que diera el mismo tratamiento

a los operadores de televisión satelital y a los de cableado, en cuanto

a la fijación del componente variable de la concesión y que servía de

base para la fijación del valor por suscriptor por mes.

Adujo que de acuerdo con el inciso 2° del artículo 144 del CPACA,

cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenía

de la actividad de una entidad pública podía demandarse su

protección, incluso si la conducta presuntamente vulnerante derivaba

de un acto administrativo o contrato, sin que esto implicara la

anulación del mismo. En ese orden de ideas, aseguró que la

excepción de inepta demanda no estaba llamada a prosperar, por

cuanto no se solicitó la declaratoria de nulidad de ningún acto

administrativo y, además, como el CPACA preveía la posibilidad de

que la conducta vulneradora proviniera de un acto administrativo,

era posible adoptar las medidas necesarias para conjurarlo.

Después de referirse a los derechos e intereses colectivos

presuntamente vulnerados, a la tacha de falsedad de uno de los

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testigos dentro del proceso, a las pruebas relevantes para el proceso

y al servicio público de televisión, el a quo analizó el caso concreto y

estimó que estaba probado que el 14 de noviembre de 1996 la CNTV

y la Sociedad CARVAJAL S.A. celebraron el contrato de concesión

núm. 057 de 1996 que tenía por objeto la creación de una compañía

para poner en el comercio y proporcionar a todas las personas que

lo necesitaran, el uso e instalación de los equipos para la recepción

de señal de televisión directa por satélite, por un término de 10 años,

prorrogables por un término igual.

Explicó que en la cláusula segunda del contrato se pactaron los

derechos a favor de CARVAJAL S.A. o la compañía que se creara

para desarrollar el objeto contractual, en el sentido de señalar que

se debía pagar a la CNTV, por concepto de la autorización otorgada,

la suma de $1.000.000.000; por su parte, la cláusula tercera estipuló

el canon para la comisión, equivalente al 10% de los ingresos brutos

percibidos por los pagos provenientes por la recepción de las señales

que realizaran las personas que hicieran uso de los sistemas en el

territorio nacional.

Indicó que revisado el contrato de concesión observó que se

establecieron dos tipos de pagos que se causarían a favor de la

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entonces CNTV: i. Derechos por concepto de la autorización otorgada

en el contrato, por valor de $1.000.000.000; y ii. Canon equivalente

al 10% de los ingresos brutos percibidos por la recepción de señales

que realizaran las personas que hicieran uso del sistema en el

territorio nacional.

Señaló que la CNTV celebró el contrato de asesoría núm. 059 de 8

de septiembre de 2006, con la sociedad VALFINANZAS, con el

objeto de determinar el valor de la prórroga de la licencia del

operador de televisión satelital y la respectiva tarifa de compensación

destinada al Fondo de Desarrollo para la Televisión, en virtud de lo

cual la CNTV expidió el documento denominado “Metodología de

valoración concesión TV satelital con dos operadores”.

Puso de presente que el 10 de noviembre de 2006, se suscribió el

otrosí núm. 7 al contrato de concesión núm. 057 y en la cláusula

primera se señaló que se prorrogaba por 10 años, contados a partir

del 14 de noviembre de 2006; posteriormente, el otrosí núm. 9 al

referido contrato, se celebró como complemento al otrosí núm.7 y en

la cláusula primera se dispuso que el valor de la prórroga

correspondiente a la contraprestación que el concesionario se

comprometió a pagar por su otorgamiento equivalía a una tarifa

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constituida por un componente fijo y uno variable, en el que este

último se calculaba como resultado de multiplicar el número de

suscriptores reportados mensualmente por la tarifa mes por

suscriptor, de acuerdo con el documento “Metodología de

valoración”, pactada en el contrato.

Aseveró que la ANTV, antes CNTV, expidió los actos administrativos

a través de los cuales se fijó el valor por suscriptor por mes, que

serviría de base para determinar el componente variable de

concesión de los operadores de televisión por suscripción satelital

para el 2012, por medio de la resolución núm. 2012-380000201-1.

Anotó que la ANTV expidió la Resolución núm. 0179 de 31 de octubre

de 2012, por medio de la cual se estableció la licencia única para la

prestación del servicio de televisión por suscripción, en la que en el

anexo 2 se señaló su valor con base en dos componentes, el fijo y el

variable. En el componente variable, se indicó que sería definido

como el resultado de multiplicar el número de suscriptores

reportados mensualmente por el concesionario, por el factor “tarifa

de la concesión variable TVC”, el cual se actualizaría anualmente

mediante una resolución; así las cosas, luego de expedido el referido

acto administrativo, la autoridad de televisión fijó los valores

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actualizados del factor variable suscriptor por mes de las prórrogas

de las concesiones de los operadores por suscripción y de la licencia

única, mediante las resoluciones núms. 345 de 20 de febrero de 2013

y 1370 de 11 de febrero de 2014.

Expresó que para el año 2012, la ANTV fijó en la suma de $674.35

la tarifa por “valor por suscriptor por mes”, el cual servía de base

para determinar en el año 2013 el componente variable de las

concesiones de los operadores por televisión por suscripción satelital,

cableada y para la licencia única, de manera que para el año 2013 se

fijó la suma en $674.35 para operadores satelitales y en $649.19

para los operadores de cable; y en el año 2014, el valor para los

operadores satelitales fue de $711.94, mientras que para los

operadores de cable de $643.34.

Consideró que de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 182, la

concesión del servicio de televisión por suscripción cableada se

otorgaba por medio de licitación pública, mientras que, conforme a

lo establecido por el artículo 21 de la Ley 335 de 20 de diciembre de

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199616, el servicio de televisión digital DBS o televisión directa al

hogar debía prestarse por permiso otorgado por la extinta CNTV.

Con base en lo dicho, aseguró que existía diferencia entre la forma

en que uno y otro operador accedían a la operación, además de que

cada uno de ellos debía efectuar diferente tipo de inversión en

tecnología para brindar el servicio.

Estimó que no se probó la vulneración de los derechos colectivos a

la libre competencia económica, al acceso a los servicios públicos y

al derecho de los consumidores y usuarios, debido a que existen

diferencias entre los operadores de televisión por cable y satelitales,

por cuanto los primeros acceden a la operación por medio de

licitación pública y los segundos mediante permiso otorgado por la

autoridad de televisión, sumado al hecho de que los servicios no son

prestados por medio de la misma tecnología por lo que sus costos

son diferentes. Además, advirtió el a quo que, de acuerdo con la

cláusula primera del otrosí núm.7 al contrato de concesión núm. 056

de 1996 y con los testimonios recibidos en el proceso, es posible

observar que el valor de la suscripción por mes que sirve de base

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Por la cual se modifica parcialmente la Ley 14 de 1991 y la Ley 182 de 1995, se crea la televisión
privada en Colombia y se dictan otras disposiciones.

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para determinar el componente variable de la concesión de los

operadores por suscripción satelital es fijado con base en lo

estipulado en el contrato de concesión.

Agregó que de acuerdo con el literal g) del artículo 5º de la Ley 182,

la ANTV tenía la facultad de fijar los derechos, tasas y tarifas por

concepto del otorgamiento y explotación de las concesiones para la

operación del servicio de televisión, así como las que correspondían

a los contratos de televisión de los espacios de televisión, entre otros.

Por último, resaltó que no se aportó ningún medio probatorio que

acreditara efectivamente que la ANTV al fijar el valor del

componente variable de las concesiones de los operadores de

televisión por suscripción satelital y su respectiva actualización, haya

otorgado un trato discriminatorio respecto de los operadores

satelitales, pues la suma señalada correspondió a lo acordado

contractualmente, razón por la que consideró que no se vulneraron

los derechos colectivos alegados.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora interpuso recurso de apelación y alegó que la decisión

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Actor: DIRECTV COLOMBIA LTDA.

del Tribunal incurrió en los siguientes errores de apreciación:

1. Se incurrió en una grave equivocación al desconocer la existencia

del principio de “neutralidad tecnológica”, pues de acuerdo con lo

dicho por el a quo, el hecho de que existieran diferencias entre la

tecnología y los costos utilizados por los operadores satelitales y por

cable justificó un trato diferente por parte de la ANTV; no obstante,

aseguró que si bien en la mayoría de los mercados existían oferentes

que vendían el mismo bien o servicio con tecnologías y costos

diferentes, esta sola circunstancia no justifica el trato diferenciado

desde el punto de vista de la regulación económica, pues ese aspecto

nada tiene que ver cuando se estaba ante un mercado en

competencia, como es el caso de la televisión por suscripción.

Afirmó que en los mercados existe la posibilidad de prestar un mismo

servicio con diferentes tecnologías en igualdad de condiciones, por lo

cual se ofrecen diferentes alternativas para un mismo servicio, siendo

los usuarios y consumidores los que deciden de acuerdo con sus

preferencias.

Aseguró que la acción popular pretende que la regulación no

diferencie entre las tecnologías de prestación del servicio, pues son

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los usuarios quienes deben tomar la decisión libremente, de manera

que si se discrimina entre una y otra tecnología se altera el mercado

y se distorsiona la capacidad del consumidor de elegir.

Manifestó que el derecho a la libre competencia es también un

derecho a favor de los consumidores, razón por la que la actuación

de la ANTV afectó no solo a los oferentes en el mercado de televisión,

sino también a los usuarios y consumidores.

2. La sentencia incurrió en error porque no explicó cómo la forma en

la que se otorgó la prestación del servicio, concesión o permiso,

justifica un tratamiento regulatorio diferente y su incidencia en el

valor del componente variable.

3. La sentencia incurrió en error al concluir que la existencia del

contrato de concesión entre DIRECTV y la ANTV impide dar a los

operadores satelitales y de cable el mismo tratamiento regulatorio

para efectos del componente variable, al ignorar dos aspectos

trascendentales en la controversia; el primero es que si bien la

autoridad de televisión tiene la calidad de parte contratante en los

contratos de concesión, no puede desconocer que también es la

encargada de garantizar la competencia, de manera que la existencia

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de contratos no es excusa para dar un trato discriminatorio; lo

segundo es que para el año 2012 los operadores de televisión

satelital y por cable sí recibieron el mismo trato, de manera que el

supuesto trato desigual resultaría justificado para unos años pero

para otros no.

4. La sentencia incurrió en error grave en relación con el tipo de

conductas que podían afectar la libre competencia en el mercado,

debido a que calificó en forma equivocada los efectos del

comportamiento de la ANTV, considerando que la determinación del

componente variable no se restringió a la existencia de pluralidad de

competidores, no se conformó un monopolio para la prestación del

servicio de televisión, no se limitó la prestación del servicio y no se

observaron prácticas dominantes; sin embargo, en criterio del

recurrente, tales razones se presentan inocuas, si se tiene en cuenta

que ninguno de los raciocinios expuestos fueron mencionados en la

demanda como la causa o efecto de la violación.

Reiteró que el trato menos favorable que recibieron los operadores

satelitales respecto de los operadores por cable, entre los años 2013

y 2016 consistió en la distorsión del mercado, inducida por la ANTV,

al someter a los prestadores satelitales a una carga superior en el

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mercado, lo que se tradujo en una afectación de los precios que

recibió el consumidor y en la capacidad de elegir de los usuarios.

IV.- CONCEPTO MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público prohijó la sentencia de 12 de diciembre de

201917, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado y

solicitó confirmar el fallo apelado, ya que, a su juicio, no existió

vulneración de los derechos e intereses colectivos a la libre

competencia económica, acceso a los servicios públicos y a que su

prestación sea eficiente y oportuna y los derechos de los

consumidores y usuarios, con ocasión de la fijación del componente

variable del valor de las concesiones que ha otorgado la ANTV a los

operadores de televisión satelital respecto de los operadores por

cable.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 199818, tiene como

17
Número de radicación 25000- 23-41-000-2016-00564-01. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
18
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”

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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2014-01615-01
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finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos cuando

estos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o

un daño contingente por la acción o la omisión de las autoridades

públicas o de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar

a la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para la protección de sus derechos.

Conforme se advirtió en precedencia, los hechos que dieron origen a

la presente acción tuvieron su génesis en el contrato de concesión

núm. 057 de 1996, celebrado entre la CNTV y la SOCIEDAD

CARVAJAL S.A., - hoy, DIRECTV COLOMBIA LTDA., con el objeto

de "colocar en el comercio y proporcionar a todas las personas que

lo requieran en el territorio nacional el uso e instalación de los

equipos de recepción de señales de televisión directa por satélite”.

El referido contrato de concesión previó dos tipos de pagos a favor

de la CNTV: derechos a favor de la comisión y el equivalente al 10%

de los ingresos brutos percibidos exclusivamente de los pagos

provenientes de la recepción de las señales que realizaran las

personas que utilizan el sistema en el territorio nacional.

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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2014-01615-01
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El contrato fue prorrogado por un período igual al inicialmente

pactado; no obstante, no se definió el valor de la prórroga, debido a

que la empresa con la que la autoridad de televisión celebró el

contrato de asesoría núm. 059 de 2006 para la estimación de dicho

valor (VALFINANZAS) no había presentado el respectivo informe.

Es así como, una vez cumplido el objeto del contrato de asesoría, las

partes suscribieron otrosí en el que pactaron que el valor de la

prórroga correspondiente a la contraprestación que el concesionario

se comprometió a pagar por su otorgamiento equivalía a una tarifa

constituida por dos componentes, uno fijo y otro variable; este último

correspondería al resultado de multiplicar el número de suscriptores,

reportados mensualmente por el concesionario, por la suma de $677

pesos correspondientes al valor por suscriptor mes, suma que sería

revisada cada año, así como actualizada de acuerdo con el IPC.

Así las cosas, de acuerdo con lo dicho por la accionante, al fijar el

valor por suscriptor para los años 2013 y 2014, la ANTV -entidad

que reemplazó a la CNTV- dio un trato a los operadores satelitales,

en especial a DIRECTV, de forma menos favorable que a los

operadores por cable, pues fijó valores mayores para la tecnología

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satelital, pese a que en el año 2012, se había establecido el mismo

valor para ambos operadores.

En criterio de la parte accionante, la ANTV otorgó un trato

diferenciado a los operadores de televisión satelital frente a los

operadores por cable, en lo referente al valor por el componente

variable, pese a que ambos prestaban el mismo servicio final a los

usuarios y participaban en el mismo mercado relevante,

circunstancia que en su criterio se tradujo en un aumento del valor a

pagar por parte de los usuarios de la televisión satelital.

La acción fue conocida en primera instancia por la Sección Primera -

Subsección B - del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en

sentencia de 7 de octubre de 2021 declaró probadas las excepciones

de “improcedencia de la acción popular por inexistencia de acciones

u omisiones atribuibles a la ANTV que vulneren o amenacen los

derechos colectivos alegados” e “improcedencia de la acción popular

por inexistencia de un daño contingente o actual a un derecho

colectivo”, y denegó las pretensiones de la demanda.

En síntesis, para el a quo no se probó la vulneración de los derechos

colectivos a la libre competencia económica, al acceso a los servicios

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públicos y al derecho de los consumidores y usuarios, debido a que

existen diferencias entre los operadores de televisión por cable y

satelitales, por cuanto los primeros acceden a la operación por medio

de licitación pública y los segundos mediante permiso otorgado por

la autoridad de televisión, sumado al hecho de que los servicios no

son prestados por medio de la misma tecnología, por lo que sus

costos son diferentes. Además, para el a quo, de la cláusula primera

del otrosí núm. 7 al contrato de concesión núm. 056 de 1996, así

como de los testimonios recibidos en el proceso, es posible observar

que el valor de la suscripción por mes que sirve de base para

determinar el componente variable de la concesión de los operadores

por suscripción satelital es fijado con base en lo estipulado en el

contrato de concesión.

Inconforme con la anterior decisión, el señor FELIPE NÚÑEZ

FORERO, en nombre propio y en representación de DIRECTV

COLOMBIA LTDA., interpuso recurso de apelación en el que reiteró

que el valor establecido para el componente variable del contrato de

concesión de los operadores de televisión satelital fue mayor que el

de los operadores por cable, motivo por el que la ANTV creó en el

mercado una distorsión injustificada en perjuicio de los operadores

satelitales.

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Adicionalmente, expuso que la sentencia impugnada incurrió en

cuatro errores, relacionados con el desconocimiento del principio de

“neutralidad tecnológica”, la falta de justificación del tratamiento

regulatorio diferente a los operadores, no reconocer el deber de

garantía de la libre competencia por parte de la autoridad de

televisión y no tener en cuenta que al someter a los prestadores

satelitales a una carga superior en el mercado, lo que se tradujo en

la afectación de los precios que recibió el consumidor y de la

capacidad de elección de los usuarios.

Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, corresponde a la Sala determinar si

la ANTV es responsable de la presunta vulneración de los derechos

colectivos a la libre competencia económica, al acceso a los servicios

públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, y los

derechos de los consumidores y usuarios, por incurrir en un supuesto

trato discriminatorio al establecer el valor del componente variable

de las concesiones otorgadas a los operadores satelitales de la

televisión por suscripción, en perjuicio de los derechos de los

consumidores y usuarios.

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El derecho colectivo a la libre competencia económica

El derecho colectivo a la libre competencia tiene su fundamento en

el modelo económico establecido en la Constitución Política en el

artículo 333, el cual dispone que la libre competencia económica es

un derecho:

“ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son
libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie
podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone
responsabilidades.

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que
implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones
solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se
restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso
que personas o empresas hagan de su posición dominante en el
mercado nacional.

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la
Nación”.

En desarrollo del mencionado mandato constitucional, la Ley 472 en

el literal i) del artículo 4º estableció el derecho colectivo a la libre

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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2014-01615-01
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competencia económica, el cual fue definido por esta Sección en la

sentencia de 12 de diciembre de 201919, en los siguientes términos:

“[…] consiste en la prerrogativa que tienen los empresarios
de orientar sus esquemas, factores empresariales y de
producción, al descubrimiento de un mercado en igualdad de
condiciones en la que también el Estado, a través de su
reglamentación, impone límites a las prácticas
comerciales con el fin de evitar la competencia desleal y
proteger el mercado.

33. De conformidad con las normas referidas supra y la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, el mercado es el
escenario preferente para el despliegue de los derechos y
libertades económicas y de la libre competencia. En ese
sentido, la Corte Constitucional ha señalado que “[…] el núcleo
esencial del derecho a la libre competencia económica consiste
en la posibilidad de acceso al mercado por parte de los
oferentes sin barreras injustificadas […]”20 (Resalta la Sala).

34. Asimismo ha identificado los contenidos del derecho a la libre
competencia económica, en los siguientes términos:

“[…]

La libre competencia, por su parte, consiste en la facultad que
tienen todos los empresarios de orientar sus esfuerzos, factores
empresariales y de producción a la conquista de un mercado, en
un marco de igualdad de condiciones. Según la jurisprudencia
constitucional, esta libertad comprende al menos tres
prerrogativas: (i) la posibilidad de concurrir al mercado,
(ii) la libertad de ofrecer las condiciones y ventajas
comerciales que se estimen oportunas, y (iii) la
posibilidad de contratar con cualquier consumidor o
usuario. En este orden de ideas, esta libertad también es una
garantía para los consumidores, quienes en virtud de ella pueden
contratar con quien ofrezca las mejores condiciones dentro del
marco de la ley y se benefician de las ventajas de la pluralidad
de oferentes en términos de precio y calidad de los bienes y
servicios, entre otros […]” (Resalta la Sala).

19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 12 de
diciembre de 2019, núm. radicación 25000-23-41-000-2016-00564-01(AP), M.P: Hernando Sánchez
Sánchez.
20
Corte Constitucional, sentencia C-228 de 24 de marzo de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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Actor: DIRECTV COLOMBIA LTDA.

35. Se observa, por un lado, que la libre competencia
económica es un derecho ciudadano y una garantía
intrínseca al sistema de mercado, y por el otro, es un
derecho que presupone responsabilidades y está sujeto a
los límites que impongan las leyes y los reglamentos.

36. A su vez, la Sección Primera del Consejo de Estado, en
sentencia de 26 de junio de 201321, refirió que este derecho:

“[…] busca evitar los monopolios, prevenir los abusos de las
empresas con posición dominante y, en últimas, permitir que los
agentes económicos disputen de manera libre e igual la
preferencia de los consumidores o usuarios con el fin de
garantizar a la comunidad los beneficios que se derivan de un
mercado competitivo […]”.

37. La ley 1340 de 24 de julio de 200922 estableció la protección
del derecho colectivo a la libre competencia económica en el
territorio nacional, con el fin de adecuar las condiciones actuales
de los mercados, facilitar a los usuarios su correcto
funcionamiento y optimizar las herramientas constitucionales,
legales y reglamentarias para garantizar su protección.

38. De acuerdo con lo anterior, el texto constitucional y las leyes
que lo reglamentan fueron dispuestos para una sociedad de
mercado, es decir, para un tipo de organización que desarrolla
procesos ágiles de intercambio, que buscan no sólo la
satisfacción de necesidades básicas, sino también la obtención
de ganancia, bajo el supuesto según el cual, la actividad
económica debe ser dinámica y estar en crecimiento, todo
ello en un escenario (el mercado) fundado en la libertad
de acción de los individuos (las libertades económicas),
en el que las leyes de producción, distribución,
intercambio y consumo se sustraen a la reglamentación
consiente y planificada de los individuos, cobrando vida
propia […]” (Destacado de la Sala).

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 26
de junio de 2013, proceso identificado con número único de radicación 25000-23-24-000-2011-00318-
01, C.P. Guillermo Vargas Ayala.
22
Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia.

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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2014-01615-01
Actor: DIRECTV COLOMBIA LTDA.

De acuerdo con lo anterior, la libre competencia económica es (i) un

derecho ciudadano y una garantía intrínseca al sistema de mercado;

(ii) presupone responsabilidades y está sujeta a los límites que

impongan las leyes y los reglamentos; y (iii) no es un derecho

absoluto ni tampoco impide la intervención del Estado con miras a

evitar la conformación de monopolios, las prácticas restrictivas de la

competencia y eventuales abusos de posiciones dominantes.

Derecho al acceso a los servicios públicos y a que su

prestación sea eficiente y oportuna

Este derecho colectivo está previsto en el literal j) del artículo 4º de

la Ley 472 para la protección de los derechos de los usuarios de

servicios públicos, en lo referente a la calidad, precio y cobertura,

frente a lo cual, el Estado, además, debe ejercer sus facultades

regulatorias y de control, en aras de que los mencionados elementos

se garanticen.

Al respecto, la jurisprudencia de esta Sección ha señalado lo

siguiente23:

23
CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 7 de
febrero de 2019. Radicación: 85001-23-33-000-2017-00075-01(AP). M.P: Roberto Augusto Serrato
Valdés.

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“[…] En relación con este derecho colectivo, la jurisprudencia de
la Corporación ha establecido que:

“EL DERECHO COLECTIVO AL ACCESO A LOS SERVICIOS
PÚBLICOS Y A SU PRESTACIÓN EFICIENTE no se está frente al
desarrollo de una función administrativa en los términos del
artículo 209 Constitucional, sino de una actividad económica
intervenida por el Estado, cuya prestación debida se
relaciona directamente con la consecución de sus fines
(art. 2 C. N.). El modelo constitucional económico de la Carta
Política de 1991 está fundado en la superación de la noción
“francesa” de servicio público, conforme a la cual éste era
asimilable a una función pública, para avanzar hacia una
concepción económica según la cual su prestación está sometida
a las leyes de un mercado fuertemente intervenido; así se
deduce del artículo 365 constitucional cuando dispone
que es deber del Estado asegurar la prestación eficiente
de los servicios públicos y que estos pueden ser prestados
por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades
organizadas o por particulares.

Nótese que la norma es clara en señalar que el Estado debe
asegurar la prestación (no prestar forzosamente) al tiempo que
permite la concurrencia de Agentes (públicos, privados o mixtos)
en su prestación. De acuerdo con tal disposiciones se destaca,
jurídicamente, que los servicios públicos “son inherentes a la
finalidad social del Estado”, pues contribuyen al bienestar y
mejoramiento de la calidad de vida de la población (arts. 2 y 366
ibídem.) y es por ello que su prestación comporta la concreción
material de la cláusula Estado Social de Derecho (art. 1 ibídem);
así lo ha indicado la jurisprudencia del Consejo de Estado y de
la Corte Constitucional, como mecanismo auxiliar en la
administración de Justicia (art. 230). De manera que los
derechos colectivos que se involucran en la prestación de
los servicios públicos no aluden a la función pública
propia del Estado, sino a una actividad económica que por
implicar el tráfico de servicios inherentes a la finalidad
social del Estado, que la doctrina colombiana, con base en
expresión foránea, llama “bienes meritorios”, exige la
intervención del mismo a través de los instrumentos
tradicionales de policía administrativa: regulación y control
(inc. 2 art. 365 C. N). En otras palabras, el bien jurídico
colectivo por proteger no refiere a la función
administrativa, sino a los derechos propios de los
consumidores y usuarios particularmente en lo relativo a

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la calidad del servicio y a su precio […]”. (Subrayado fuera
de texto)”24

Así pues, procede la protección de este derecho colectivo cuando la

actividad económica que implica la prestación de los servicios

públicos, afecta a los consumidores y/o usuarios, bien sea porque no

existe calidad en el servicio, el precio sobrepasa los límites

legalmente establecidos o su cobertura no es oportuna ni eficiente.

Derechos de los consumidores y usuarios

Acerca de los derechos de los consumidores y usuarios, la

jurisprudencia de la Sala se ha pronunciado en el siguiente sentido:25

“[…] Pese a que el artículo 88 de la Constitución no alude
expresamente a los derechos de los consumidores como
susceptibles de protección por vía de las acciones populares, el
Consejo de Estado ha reconocido y amparado tal derecho con
base en “el desarrollo de la habilitación al legislador para
reconocer otros derechos de esta índole contenida en esta
disposición, el literal n) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998”.
Al respecto, este Tribunal ha sostenido que:

“[…]

Se trata, con todo, de una decisión legal que tiene un firme
sustento constitucional. El reconocimiento que hacen los
artículos 78 y 369 de la Constitución, de los consumidores y

24
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Radicación 25000-23-
25-000-2003-00254-01(AP) de fecha 10 de febrero de 2005. Consejera Ponente: María Elena Giraldo
Gómez.
25
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 7 de febrero
de 2019, núm. radicación: 85001-23-33-000-2017-00075-01(AP). M.P: Roberto Augusto Serrato
Valdés.

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usuarios como un segmento específico de la población, al cual
se reconoce un conjunto de derechos y en relación con el cual
se encomienda al Estado y a los productores y distribuidores de
bienes y servicios una serie de responsabilidades y deberes,
envuelve una decisión del constituyente estructurante del orden
constitucional económico, a la par que ofrece cobertura
suficiente y explica esta determinación del legislador. Su
finalidad, en últimas, es hacer de la acción popular un canal más
para la protección de los intereses de un colectivo tan
significativo dentro del funcionamiento del sistema económico
social de mercado instaurado por la Constitución como los
consumidores y usuarios, caracterizado por su vulnerabilidad y
posición de desigualdad en las relaciones de consumo. De aquí
que como ha sido señalado por la jurisprudencia de esta
Sala de Decisión “los instrumentos que el ordenamiento
jurídico contempla para la protección de los derechos de
los consumidores, pueden ser individuales o colectivos”.26

De acuerdo con lo previsto por el artículo 78 Superior:

“Artículo 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y
servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la
información que debe suministrarse al público en su
comercialización.

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la
producción y en la comercialización de bienes y servicios,
atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado
aprovisionamiento a consumidores y usuarios.

El Estado garantizará la participación de las organizaciones de
consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que
les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones
deben ser representativas y observar procedimientos
democráticos internos.”

En este orden de ideas, se tiene que el reconocimiento de este
derecho colectivo busca establecer una suerte de contrapeso a
la libertad de empresa proclamada por la Carta como uno de
los pilares del sistema económico, en tanto que apunta a
focalizar la atención de las autoridades no solo en la
promoción de la libre competencia y el eficiente

26
Sentencia de 3 de junio de 2010, Rad. No. 19001-23-31-000-2005-01737-01(AP). C.P.: María Claudia
Rojas Lasso. Respecto de la legítima coexistencia de mecanismos de amparo de derechos individuales
con acciones populares, véase la sentencia del 23 de mayo de 2013, Rad. No. 15001 23 31 000 2010
01166 01. C.P.: Guillermo Vargas Ayala.

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funcionamiento del mercado, sino también en este
segmento de la población que por sus características (lego,
y, por lo tanto, desprovisto de información y conocimiento
profundo del bien o servicio que se adquiere) y la posición que
ocupa (carente de un poder de negociación significativo en el
mercado) tiende a ser la parte débil de las transacciones
que tienen lugar con productores, comercializadores y
distribuidores de bienes y servicios. La proclamación del
Estado social y democrático de Derecho resulta incompatible con
una visión del sistema económico que centre la protección
constitucional de las relaciones económicas solo en dirección de
amparar la libertad de emprender, de contratar y la libre
competencia. A causa de la desigualdad propia de las relaciones
de consumo, la consideración de la comunidad de personas a
quienes se dirige la actividad desarrollada por los sujetos que
actúan en ejercicio de las libertades que proclama el artículo 333
de la Constitución y de sus particularidades resulta imperativa.27

Dada su posición de inferioridad y necesidad de protección el
artículo 78 Superior es explícito en señalar ámbitos que
involucran a consumidores y usuarios en los cuales el Estado
debe centrar su atención. Es el caso de la regulación del control
de calidad de bienes y servicios ofrecidos a la comunidad y de la
información que se debe suministrar al público en su
comercialización, así como del régimen de responsabilidad
imputable a quienes atenten contra la salud, la seguridad o el
adecuado abastecimiento de los consumidores y usuarios en la
producción y comercialización de bienes y servicios. De aquí el
carácter tuitivo del Derecho del Consumo y su preocupación por
modular principios clásicos del Derecho Privado como la igualdad
y la autonomía de la voluntad, que aun cuando aplicables, son
permeados y atemperados por las normas constitucionales que
sustentan esta materia.

La protección de los consumidores no es, pues, un asunto que
constitucionalmente pueda resultar indiferente para las
autoridades. En desarrollo de esta responsabilidad se han
expedido normas como el Decreto 3466 de 1982 o,
recientemente, la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor),
en virtud de las cuales se establece que los consumidores y
usuarios tienen, entre otros, derecho a: (i) que los productos
no causen daño en condiciones normales de uso y a la

27
Consejo de Estado, Sección Primera. Consejera Ponente: María Elizabeth García González. Rad. No.
25000-23-24-000-2010-00617-01(AP). También, de esta misma Sala de Decisión, ver la sentencia de
20 de junio de 2013. Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala. Rad. 25000-23-24-000-2010-00618-
01.

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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2014-01615-01
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protección contra las consecuencias nocivas para la salud, la vida
o la integridad de los consumidores28; (ii) a obtener
información completa, veraz, transparente, oportuna,
verificable, comprensible, precisa e idónea, respecto de los
productos que se ofrezcan o se pongan en circulación29; o (iii) a
recibir protección contra la publicidad engañosa30.
Igualmente, y en paralelo con este último derecho, se ha
establecido la prohibición de publicidad engañosa,31 entendida
como “[a]quella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o
sea insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error,
engaño o confusión”;32 y se ha impuesto una especial carga de
advertencia en cabeza de los productores y distribuidores de
bienes nocivos para la salud de las personas33. El
desconocimiento de estas reglas y de todas aquellas estatuidas
en aras de proteger a este grupo conlleva una afectación del
derecho colectivo proclamado por el literal n) del artículo 4º de
la Ley 472 de 1998 susceptible de ser amparado en sede de
acción popular”. (Resaltado fuera el texto original).

Hechos probados

-. A través del Acuerdo núm. 005 de 14 de noviembre de 1996 la

CNTV autorizó el ingreso al país del sistema de televisión directa por

satélite.

28
Artículo 3.1.2 del Estatuto del Consumidor.
29
Artículo 3.1.3 ídem.
30
Artículo 3.1.4 ibídem.
31
ARTÍCULO 30. PROHIBICIONES Y RESPONSABILIDAD. Está prohibida la publicidad engañosa. // El
anunciante será responsable de los perjuicios que cause la publicidad engañosa. El medio de
comunicación será responsable solidariamente solo si se comprueba dolo o culpa grave. En los casos
en que el anunciante no cumpla con las condiciones objetivas anunciadas en la publicidad, sin perjuicio
de las sanciones administrativas a que haya lugar, deberá responder frente al consumidor por los daños
y perjuicios causados. (El apartado subrayado fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la
sentencia C-592 de 2012)
32
Artículo 5.13 del Estatuto del Consumidor.
33
ARTÍCULO 31. PUBLICIDAD DE PRODUCTOS NOCIVOS. En la publicidad de productos que por su
naturaleza o componentes sean nocivos para la salud, se advertirá claramente al público acerca de su
nocividad y de la necesidad de consultar las condiciones o indicaciones para su uso correcto, así como
las contraindicaciones del caso. El Gobierno podrá regular la publicidad de todos o algunos de los
productos de que trata el presente artículo. PARÁGRAFO. Lo dispuesto en este artículo, no podrá ir en
contravía de leyes específicas que prohíban la publicidad para productos que afectan la salud.

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-. Mediante la Resolución núm. 286 de 14 de noviembre de 1996 la

Comisión autorizó que la Sociedad CARVAJAL S.A. colocara en el

comercio y proporcionara a todas las personas en el territorio

nacional el uso e instalación de los equipos de recepción de señales

de televisión directa por satélite provenientes del segmento espacial

GALAXY.

Además, con base en lo establecido en el referido acto

administrativo, la CNTV y la Sociedad CARVAJAL S.A. suscribieron

el contrato de concesión núm. 057 de 14 de noviembre de 1996, por

el término de 10 años, prorrogables por un término igual y sucesivo,

el cual tenía por objeto lo siguiente:

“[…] PRIMERO. OBJETO: CARVAJAL S.A. se obliga a creas una
compañía colombiana especialmente constituida para desarrollar
y ejecutar la autorización conferida para colocar en el comercio y
proporcionar a todas las personas que lo requieran en el territorio
nacional el uso e instalación de los equipos de recepción de
señales de televisión directa por satélite provenientes del
segmento especial GALAXY, así como a efectuar el recaudo de los
derechos de autor a que hubiere lugar por el disfrute de dichas
señales y representar a GALAXY en Colombia, sociedad que estará
sujeta al cumplimiento estricto de las normas establecidas en la
Resolución No. __ del __ de noviembre de 1996 y obligada al pago
de los derechos y del canon derivados de la autorización conferida
[…]”.

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En cuanto al pago de derechos a favor de la Comisión, éste se dividió

en tres: i. Un valor en dinero en efectivo, que se canceló por una sola

vez al momento de la celebración del contrato; ii. un valor único y

definitivo representado en 200 equipos de recepción de señales de

televisión directa por satélite; y iii. un valor representado en el uso

de la capacidad en el satélite para transmitir la señal del canal de

televisión cultural en el territorio nacional y en América Latina.

Por concepto de canon para la Comisión, se pactó el equivalente al

10% de los ingresos brutos percibidos exclusivamente de los pagos

provenientes de la recepción de las señales que realizaran las

personas que hicieran uso de los sistemas en el país.

-. Posteriormente, la CNTV expidió el Acuerdo núm. 014 de 20 de

noviembre de 1997, por medio del cual reglamentó el servicio de

televisión por suscripción y se adoptó el plan de promoción y

normalización del mismo.

-. Por otra parte, ante la inminencia del cumplimiento del plazo de

las concesiones otorgadas a los operadores de televisión, la CNTV

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profirió el Acuerdo núm. 010 de 24 de noviembre de 200634, mediante

el cual se expidió una nueva reglamentación del servicio de televisión

por suscripción, el cual estableció las condiciones para la prórroga de

los contratos, en los siguientes términos:

“Artículo 36. Condiciones para la prórroga de los contratos de
concesión. De conformidad con lo dispuesto en la ley, la
Comisión Nacional de Televisión podrá prorrogar los contratos
de concesión del servicio de televisión por suscripción, siempre
y cuando, los concesionarios presenten ante la Comisión
Nacional de Televisión una solicitud de prórroga que deberá
cumplir los siguientes requisitos […]

Parágrafo. - La Comisión Nacional de Televisión verificará el
cumplimiento de los requisitos anteriores a efectos de decidir
sobre el otorgamiento de la prórroga. En caso de ser otorgada
la prórroga, el concesionario deberá suscribir con la
Comisión el respectivo otrosí al contrato de concesión, en
el cual manifestará expresamente su voluntad de
sujetarse íntegramente a las disposiciones previstas en el
presente Acuerdo, las cuales manifestará también que
conoce y acepta”. (Destacado de la Sala).

“Articulo 37.- Valor y pago de la Prórroga. La Junta Directiva
de la Comisión Nacional de Televisión dará inicio a los procesos
de selección contractual que tengan por objeto realizar los
estudios y valorar las prórrogas de los contratos de concesión de
televisión por suscripción con antelación de dos (2) años al
vencimiento del plazo de los mismos o de sus prórrogas.

Los concesionarios deberán pagar a la Comisión Nacional de
Televisión el valor por concepto de la prórroga del contrato de
concesión en los términos que establezca la Comisión.

PARÁGRAFO. El cálculo del valor de la prórroga atenderá los
criterios establecidos en el literal g) del artículo 5o de la Ley 182
de 1995” (Destacado de la Sala).

34
Modificado por el Acuerdo núm. 005 de 26 de diciembre de 2011.

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-. Es así como la CNTV y DIRECTV35 celebraron el Otrosí núm. 9 de

12 de diciembre de 2007, complementario del otrosí núm.7 que

prorrogó el contrato de concesión de televisión núm. 057 de 1996,

en los siguientes términos:

“[…] CUARTA: Que para efectos de definir el valor de la prórroga
del Contrato No.057 de 1997, la Junta Directiva de LA COMISIÓN
en sesión ordinaria del 9 de marzo de 2006, que consta en el
Acta No.1230, ordenó la contratación de una firma especializada
en Banca de Inversión.

QUINTA: Que como resultado del proceso contractual realizado
a efecto de dar cumplimiento con la determinación de Junta
Directiva enunciada en la consideración anterior, LA COMISIÓN
celebró con la firma VALFINANZAS LTDA, el Contrato de
prestación de servicios No.059 del 8 de septiembre de 2006, con
el objeto de “prestar asesoría en la determinación del valor de
la prórroga de la licencia del actual operador de televisión
satelital en el país y del canon de entrada de un nuevo
concesionario satelital y la respectiva tarifa de compensación
destinada al fondo para el Desarrollo de la televisión…”

SEXTA: Que la firma VALFINANZAS LTDA, entregó el informe
objeto del contrato de asesoría a la Junta Directiva, la cual lo dio
por recibido en sesión ordinaria del 12 de diciembre de 2006,
que consta en el Acta No.1297.

[…]

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: Adiciónase (sic) la Cláusula Segunda del
Otrosí No.07 de noviembre de 2006, que prorrogó el contrato
No.057 de 1997, celebrado entre LA COMISIÓN y DIRECTV, la
cual quedará así:

“CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DE LA PRÓRROGA: El valor de
la presente prórroga correspondiente a la
contraprestación que EL CONCESIONARIO se

35
Razón social adoptada por la Sociedad CARVAJAL S.A.

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compromete a pagar por su otorgamiento, equivale a una
tarifa constituida por los siguientes componentes:

a) Un componente fijo equivalente a la suma de MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE
($1.951.000.000) diferida en un plazo de dos años, contados a
partir de la fecha de inicio efectivo de la prórroga establecida en
el Otrosí No.07 del contrato de concesión No.057 de 1996, es
decir, a partir del 14 de noviembre de 2006.

b) Un componente variable calculado como el resultado de
multiplicar el número de suscriptores reportados
mensualmente por EL CONCESIONARIO la suma de
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($677) que
corresponde al valor por suscriptor por mes.

Esta suma será revisada cada año en aras a determinar si
dicho componente variable requiere ajustes.

De conformidad con la “Metodología de Valoración” adoptada por
la COMISIÓN, la revisión de la suma de que trata el presente
literal se hará únicamente en función del número de usuarios
promedio año de televisión por suscripción registrados ante la
COMISIÓN por parte de los concesionarios de televisión por
suscripción, en la forma que se determina en el “Anexo
metodológico”, sin que dicha revisión comporte la modificación
de variable o parámetro distinto al número de usuarios promedio
año de televisión por suscripción. Los resultados de dicha
revisión serán fijados por LA COMISIÓN a más tardar el día 20
de febrero de cada año o el siguiente día hábil en caso de ser
éste no hábil, teniendo en cuenta los usuarios del año
inmediatamente anterior registrados ante la Comisión Nacional
de Televisión. Durante el término de la concesión, la suma de
que trata el presente literal será actualizada de acuerdo con las
variaciones del IPC, en la forma que se determina en el Anexo
Metodológico que hace parte integral del presente Otrosí.

La tarifa podrá ser revisada al alza o a la baja de acuerdo
con el comportamiento de la variable usuarios promedio
año de televisión por suscripción. En ningún caso la revisión
tendrá efecto retroactivo para vigencias anuales anteriores. La
tarifa revisada tendrá vigencia a partir del 1º de enero del
respectivo año calendario […] (Destacado de la Sala).

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Por su parte, el Anexo Metodológico de fecha 17 de diciembre de

2007, al cual se hizo referencia en el Otrosí transcrito, establecía lo

siguiente:

“[…] 1. Revisión de las estimaciones de usuarios

La actualización de la serie se realizará cada año dentro de los
dos primeros meses, incorporado la información de los usuarios
reportados por los operadores a la CNTV durante el transcurso
del año inmediatamente anterior. De esta manera, la serie del
modelo econométrico se actualiza y, en consecuencia, se ajustan
las proyecciones de los usuarios promedio por año de los
siguientes periodos, como resultado del promedio de los
escenarios con tasas de crecimiento al 100% y 85%.

[…] 3. Revisiones subsecuentes

Cuando en el periodo anterior haya procedido una revisión de la
tarifa, el intervalo de referencia para determinar si en periodos
subsecuentes habrá nuevas revisiones será construido sobre el
número promedio de usuarios estimado resultante de la serie
ajustada obtenida para calcular la última revisión.

La fórmula que se utilizará para calcular los límites
superior e inferior, la cual no será modificada durante la
vigencia del contrato y será aplicada a la variable
proyectada con base en los cuales se determinará si habrá
revisión, es:

LI =0.996568113310961 –(usuarios promedio¡) >
usuarios promedio¡ < LS = 1.00346606564958 (usuarios
promedio¡) con i = año de revisión

El resultado obtenido al actualizar la serie (número de usuarios
promedio estimado para el año en curso) se comparará con el
intervalo y si está por fuera, procede la revisión, en caso
contrario la tarifa vigente al momento de la revisión se
mantendrá.

Cuando no proceda la revisión, la serie proyectada se
mantendrá por el número de periodos durante el cual se
refleje el comportamiento del mercado.

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4. Formula a aplicar

Cuando proceda la revisión, la formula a aplicar es:

La variable promedio usuarios año ¡ corresponde al dato
estimado ajustado, entre los promedios de usuarios estimados
al 100% al 85%, resultante de incorporar la información
disponible hasta el periodo anterior, en el modelo de
suavizamiento exponencial con tendencia.

[…] La fórmula refleja un comportamiento inverso entre las
variables tarifa y número de usuarios, de tal forma que un
incremento en el número de usuarios promedio año en
relación con las proyecciones implicará reducciones en la
tarifa y una disminución en el número de usuarios
promedio año en relación con las proyecciones implicará
incremento en la tarifa.

5. Actualización por inflación

El modelo utilizado para determinar la tarifa fue calculado a
precios constante del año 2007. En consecuencia, las tarifas
resultantes de aplicar la formula descrita están expresadas en
precios del año 2007. Por lo cual, a continuación se describe la
metodología para su actualización.

5.1. Año 2008

La actualización procederá aplicando únicamente la inflación
objetivo determinada por el Banco de la República para el año
2008 a la tarifa que la CNTV determine como resultado del
proceso de revisión señalado en este anexo.

Teniendo en cuenta lo anterior, se aplicará el 4% de inflación
objetivo definido como metal puntual para efectos legales por
parte de la Junta Directiva del Banco de la República (23 de
noviembre de 2007).

5.2. Periodos subsecuentes

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La metodología para la actualización por inflación de la tarifa que
la CNTV determine como resultado del proceso de revisión
señalado en este anexo correspondiente a los años
comprendidos entre el periodo 2009-2016 será:

a) Inflación observada: con base en la serie a diciembre del IPC
observado desde 2008 hasta el año inmediatamente anterior al
de la revisión, se actualizará por inflación la tarifa que se
determine por el periodo de revisión.

b) Inflación esperada: a la tarifa resultante del literal a) se le
aplicará la inflación objetivo determinada por el Banco de la
República para el año de revisión de la tarifa […]”. (Resaltado
fuera del texto original).36

-. Teniendo en cuenta lo expuesto, la CNTV expidió la Resolución

núm. 2012-380-000201-4 de 20 de febrero de 2012, a través de la

cual se fijó el valor por suscriptor por mes que serviría de base para

determinar el componente variable de la concesión de los operadores

de televisión por suscripción satelital para ese año, en la suma de

$658.29 pesos.

-. El documento “análisis compensación televisión por suscripción y

estimación de la tarifa de compensación”, elaborado por la ANTV,

esbozó la metodología de cobro de la compensación y el esquema de

actualización de lo que en ese momento era el proyecto por medio

del cual se pretendía modificar la mencionada tarifa y destacó lo

siguiente:

36 Cfr. Expediente digital, índice 2 (cuaderno de pruebas).

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“[…] 4. Metodología para el cobro de la compensación por la
prestación del servicio

Para revertir los posibles problemas de sub reporte y
subfacturación (con las anotaciones hechas), se hace necesario
adoptar medidas para revertir este comportamiento o por lo
menos desestimular estas prácticas a nivel regulatorio,
garantizando los recursos para financiar la TV pública nacional y
regional. En este sentido, se han planteado tres metodologías de
aplicación del cobro de la compensación así:

• Costo medio de referencia: Corresponde a la estimación de los
costos por la prestación de un operador eficiente, el cual se
calculó a partir del modelo Greenfield y arrojó un valor $413.134
de 2012. El valor de la compensación correspondería a la tarifa
de compensación por el mayor valor entre el costo medio de
referencia antes indicado y el ARPU real de los operadores, por
el número de suscriptores mensuales. La senda de la tarifa de
compensación propuesta para reducirla del 7% al 2.2% en diez
años, equiparando con esto los factores de compensación del
sector de las comunicaciones […]

• Tarifa de referencia: Propuesta presentada por Telmex, UNE
EPM Telecomunicaciones y Colombia Telecomunicaciones,
mediante la cual se estima una tarifa de referencia de $25.017,
que es calculada con base en el gasto promedio por hogar por
estrato y el pago de la tarifa de compensación del 4.9%. Con lo
anterior, el valor de la compensación de los operadores por
televisión por suscripción correspondería al 4.9% del mayor
valor del ARPU real de los operadores y la tarifa de referencia,
multiplicado por el número de suscriptores mensuales.

Los ingresos de compensación provenientes de los operadores
de televisión por suscripción para el año 2012 ascenderían a
$72.034 millones, lo cual implica una reducción de más del 25%
de la compensación a pagar en las actuales condiciones.

• Tarifa mes por suscriptor: Valor a pagar por cada suscriptor
reportado por los operadores a la ANTV, de acuerdo con los
ingresos y necesidades de caja proyectados. Esta tarida se
ajusta en cada vigencia con la variación del Índice de Precios al
Consumidor (IPC) con el comportamiento de los usuarios del año
inmediatamente anterior.

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[…] Entre las principales ventajas de esta metodología, se tienen
las siguientes:

• Protege los ingresos de la ANTV, cumpliendo los criterios
establecidos en el literal g) del artículo 5 de la Ley 182 de
1995.
• No afecta el régimen tarifario vigilado que tiene en la
actualidad el servicio.
• Disminuye la simetría regulatoria con otros servicios de
telecomunicaciones, sin afectar la caja de la Entidad ni las
finanzas de los operadores.
• Las funciones de inspección, vigilancia y control por parte
del ente regulador se centran en el correcto reporte de los
usuarios, tanto para la compensación como para la
concesión.

5. Desarrollo de la metodología “Tarifa mes por usuario”

Para el cálculo de la tarifa mes por usuario, se estiman tanto los
ingresos anuales provenientes de las diferentes fuentes de
financiación del Fondo para el desarrollo de la Televisión y los
contenidos, sin incluir la compensación por la prestación del
servicio de televisión por suscripción, como las necesidades
anuales de la televisión pública que deben atender lo estipulado
en la Ley 1507 de 2012.

Así mismo, se proyectan los usuarios del servicio de televisión
por suscripción anuales para el periodo analizado.

El déficit entre los ingresos y las necesidades se divide por el
número de usuarios proyectados y se obtiene la tarifa mes por
suscriptor.

El periodo que se proyectará corresponde a los años 2012 a
2018, considerando las condiciones de operación de los
diferentes concesionarios y la finalización del despliegue de la
red pública de la Televisión Digital Terrestre (TDT).

5.1. Supuestos

Las proyecciones se estiman a precios constantes de 2012 y los
ingresos que se perciben por concesión se distribuyen en el
periodo de proyección.

[…] El crecimiento del producto interno bruto (PIB se toma de
los supuestos económicos presentados por la Dirección de

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Estudios Económicos del Departamento Nacional de Planeación
2012-2015. A partir de 2016, se mantiene el crecimiento 2015.

En relación con la tasa de cambio proyectada, y considerando
que el mayor de las inversiones se realizará en la
implementación de la Televisión Digital Terrestre, se mantiene
la tasa proyectada para la financiación de la primera etapa de
ese proyecto.

[…] El ajuste en la compensación de este servicio, además del
comportamiento de los usuarios, se realizará cuando se
presenten los siguientes cambios en los supuestos:

• Caprecom certifique el ingreso por concepto del dividendo
digital que será destinado al pago de la deuda pensional
de los ex trabajadores de Inravisión.
• La CNTV en liquidación transfiera la totalidad de los
recursos del portafolio.

[…]

5.3. Proyección de los usuarios 2012 – 2018

[…] Como se puede observar el comportamiento de los usuarios
del servicio de televisión por suscripción presenta tres
tendencias de crecimiento en igual número de periodos de
tiempo así:

• Entre 2000 y 2006, los usuarios de televisión por suscripción
cableada registran una tendencia ascendente con una tasa
promedio de crecimiento anual del 13%, mientras que los
usuarios de televisión por suscripción satelital describen una
tendencia lineal constante en el tiempo con pequeñas
variaciones (gráfica 6)

[…] – Entre 2006 y 2008, la pendiente de televisión por
suscripción cableada aumenta describiendo una curva
exponencial, mientras que el comportamiento de la televisión
por suscripción satelital es constante.

Al respecto, es importante mencionar que por la autorización
para la prestación del servicio de televisión por suscripción
cableada a nivel nacional, mediante la expedición del Acuerdo
010 de 2006 de la Comisión Nacional de Televisión (hoy en
liquidación), se presentaron procesos de integración entre los
operadores, en especial en el año 2007, que incidieron en el

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comportamiento descrito. Hacia finales de 2008 esta tendencia
se detiene.

• En 2009 el comportamiento del crecimiento de los usuarios del
servicio de televisión por suscripción cableada se estabiliza y a
partir del 2010 registra nuevamente una tendencia lineal
creciente como el que venía presentando entre los años 2000 y
2006. Por su parte, el servicio de televisión por suscripción
cambia su comportamiento (constante lineal) y toma una
tendencia creciente que se mantiene hasta la fecha.

[…] Teniendo en cuenta que el comportamiento de los usuarios
del servicio de televisión por suscripción cableada observado
entre 2006 y 2008 no se repite en el tiempo y que a partir de
2009 tanto el servicio cableado como el satelital presentan un
comportamiento creciente, las dos curvas se adicionan para
estimar los usuarios 2012 y 2018.

[…] Para la proyección de usuarios para el periodo 2012 a 2018,
se calcula a partir de los usuarios reportador por los operadores
a la CNTV (hoy en liquidación) en el mes de enero de 2012
(3.917.351) y se ajusta con el porcentaje de variación obtenido
en la proyección de 2006 a 2012.

[…] El crecimiento promedio anual de los usuarios durante 2012
a 2018 es del 5.1%, el cual es inferior al crecimiento promedio
anual observado entre 2009 y 2011 (7.9%).

Al comparar los usuarios promedio mes con los hogares
estimados por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, DANE, se observa que la penetración pasaría del
31.4% al 42.4% en los siete años de proyección […]

5.4 Estimación tarifa mes por suscriptor anual

Teniendo en cuenta el promedio de los ingresos y las
necesidades de la televisión pública, así como los usuarios
promedio proyectados para el periodo 2012-2018, la tarifa mes
por suscriptor es de $1.857,08.

Con el propósito de asegurar los ingresos para la financiación de
la televisión pública en los términos señalados en la Ley 1507 de
2012, se considera que la tarifa mes por suscriptor que se cobre
en la compensación debe corresponder al valor resultante de
dividir el déficit promedio mes por el número de usuarios
promedio mes de cada año.

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[…] De acuerdo con lo anterior, para 2012, la tarifa mes por
suscriptor es $1.874,34 y la compensación del servicio de
televisión por suscripción será el resultado de multiplicar el
número de usuarios reportado a la ANTV por la tarifa mes por
suscriptor y se pagará mes vencido.

5.5. Revisión tarifa mes por suscriptor anual

A partir del 2013, la tarifa mes por suscritor correspondiente a
cada año deberá ser ajustada de acuerdo con la variación del
Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportado por el DANE a
31 de diciembre de cada vigencia, así:

Habrá lugar a revisar la tarifa mes por suscriptor en la
medida en que el valor absoluto de la variación entre los
usuarios promedio reportados a la ANTV en el año
inmediatamente anterior y los usuarios proyectados
promedio en el modelo para ese año sea mayor o igual al
2%. En este caso, el ajuste corresponderá a la misma
proporción en que varían los usuarios, con la siguiente
fórmula:

[…]” (Destacado de la Sala).

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-. Posteriormente, la ANTV expidió la Resolución núm. 045 de 4 de

julio de 201237, por medio de la cual se modificó la tarifa de

compensación que debían cancelar los operadores del servicio de

televisión por suscripción y estableció el componente variable de la

compensación y la fórmula de actualización:

“Artículo 2º. Valor de la compensación. El valor de la
compensación que los operadores del servicio de televisión por
suscripción deben pagar por la explotación del servicio a la
Autoridad Nacional de Televisión, a partir del 1o de octubre de
2012, será el resultado de multiplicar el número de suscriptores
del mes inmediatamente anterior por la tarifa mes por suscriptor
correspondiente para cada año.

La tarifa mes por suscriptor a la que se refiere la presente
Resolución se determina para la vigencia 2012 en 1.874,34
pesos.

La tarifa mes por suscriptor se actualizará con base en la serie
de diciembre del Índice de Precios al Consumidor publicado por
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
y será ajustada de acuerdo con el número de suscriptores
reportados a la Autoridad Nacional de Televisión, en el año
inmediatamente anterior y de conformidad con la metodología
que se describe en el Anexo 1.

Parágrafo 1. Los suscriptores reportados a la Autoridad Nacional
de Televisión corresponderán al número mensual de suscriptores
que haya reportado el concesionario para la autoliquidación del
valor de la compensación de cada mes.

Parágrafo 2. Los suscriptores del concesionario a quienes se les
preste el servicio en cumplimiento de la obligación de instalar en
forma gratuita y proveer durante la vigencia del contrato, el
paquete básico de programación a entidades sin ánimo de lucro
con personería jurídica o debidamente autorizadas por autoridad
competente según sea el caso, cuyo objeto sea la protección al
menor o al anciano o escuelas, hospitales, o centros de salud
públicos, que se encuentren ubicados en el área de cobertura de

37 Cfr. Expediente digital, índice 2 (cuaderno de pruebas).

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la respectiva concesión, no se tendrán en cuenta para el cálculo
del valor de la compensación. No obstante, estos suscriptores
deberán ser informados y discriminados en la respectiva
autoliquidación por parte del concesionario correspondiente, y
deberán referirse exclusivamente a ellos […]”.

-. La ANTV expidió la Resolución núm. 346 de 20 de febrero de

201338, en la que se fijó el valor por suscriptor por mes que serviría

de base para determinar el componente variable de la concesión de

los operadores de televisión por suscripción satelital para ese año,

en la suma de $674.35, con base en la siguiente motivación:

“[…] Que la Ley 1507 de 2012 dispuso la transferencia de
funciones y facultades que en su momento fueron encargadas a
la Comisión Nacional de Televisión (hoy en liquidación) a la
Autoridad Nacional de Televisión –ANTV–, y estableció además
a su cargo una competencia residual, en los asuntos no
expresamente asignados.

Que el literal f) del artículo 6o de la mencionada ley, dispone que
es función de la Autoridad Nacional de Televisión fijar los
derechos, tasas y tarifas que deba percibir por concepto del
otorgamiento y explotación de las concesiones para la operación
del servicio de televisión, así como por la adjudicación,
asignación y uso de las frecuencias.
Que el valor de las concesiones de televisión por suscripción
satelital vigentes tiene un componente variable que se calcula
como el resultado de multiplicar el número de suscriptores
reportados mensualmente por el concesionario por la
tarifa “valor por suscriptor por mes”, de acuerdo con la
“Metodología de Valoración”, pactada contractualmente.

Que en las concesiones de televisión por suscripción satelital
vigentes se pactó contractualmente, que la citada tarifa “valor
por suscriptor por mes” se revisa anualmente por la Comisión
Nacional de Televisión (hoy en liquidación) de acuerdo con el

38 Cfr. Expediente digital, índice 2 (cuaderno de pruebas).

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comportamiento de la “variable usuarios promedio año de
televisión por suscripción” de la citada “Metodología de
Valoración”.

Que de conformidad con la “Metodología de
Valoración” mencionada, la revisión de la citada tarifa “valor por
suscriptor por mes” se realiza únicamente en función del número
de usuarios promedio año de televisión por suscripción
registrados ante la Autoridad Nacional de Televisión por parte de
los concesionarios de televisión por suscripción, sin que dicha
revisión comporte la modificación de variable o parámetro
distinto al número de suscriptores promedio año de televisión
por suscripción.

Que luego de aplicar la “Metodología de Valoración” prevista en
los contratos y teniendo en cuenta las cifras de usuarios
reportadas a la Autoridad Nacional de Televisión, se aplicó la
metodología de actualización prevista y se concluyó que la
tarifa/mes/usuario, base para el cálculo del pago por concesión
en el año 2013, es de seiscientos setenta y cuatro pesos con
treinta y cinco centavos ($674,35) m/cte., conforme al
Memorando 02-156 del 18 de febrero de 2013, que hace parte
del presente acto.

Que la Junta Nacional de Televisión, en sesión del día 20 de
febrero de 2013, según consta en el Acta número 037 previo
análisis, determinó adoptar la citada tarifa, en virtud de los
estudios realizados […]”.

-. La ANTV expidió la Resolución núm. 1371 de 11 de febrero de

2014, en la que se fijó el valor por suscriptor por mes que serviría de

base para determinar el componente variable de la concesión de los

operadores de televisión por suscripción satelital para ese año, en la

suma de $711.94.

-. La ANTV expidió la Resolución núm. 0115 de 19 de febrero de

2015, en la que se fijó el valor por suscriptor por mes que serviría de

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base para determinar el componente variable de la concesión de los

operadores de televisión por suscripción satelital para ese año, en la

suma de $764.00.

Caso concreto

Como se puede apreciar de los hechos probados, la entonces CNTV

y la sociedad CARVAJAL S.A., cuya razón social es DIRECTV

COLOMBIA LTDA. suscribieron el contrato de concesión núm. 057

de 1996, con el fin de colocar en el comercio y proporcionar a todas

las personas que lo requirieran, el uso e instalación de los equipos de

recepción de señales de televisión directa por satélite provenientes

del segmento especial GALAXY, así como efectuar el recaudo de los

derechos de autor a que hubiere lugar por el disfrute de dichas

señales y representar a GALAXY en Colombia, por el término inicial

de 10 años.

Luego de transcurridos los 10 años iniciales de la concesión, la

Comisión profirió el Acuerdo núm. 010 de 24 de noviembre de 2006,

modificado por el Acuerdo núm. 005 de 26 de diciembre de 2011, en

el que dispuso que los concesionarios debían solicitar la prórroga de

los contratos para la prestación del servicio de televisión por

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suscripción y, en caso de obtener respuesta favorable, debían

suscribir un otrosí al contrato de concesión, en el cual, se

manifestara expresamente la voluntad de sujetarse

íntegramente a las condiciones previstas en el mencionado

Acuerdo.

Sobre el valor de la prórroga, se estableció que la Junta Directiva de

la CNTV efectuaría un proceso de contratación para realizar los

estudios y determinar el valor de las mismas, de manera que los

concesionarios debían pagar a la entidad el valor que se estableciera,

luego de la ejecución de dicho contrato.

En cumplimiento de lo anterior, la CNTV suscribió contrato de

prestación de servicios con la firma VALFINANZAS LTDA., la cual

entregó a la Junta Directiva de la Comisión, el informe en el que se

señaló la metodología para la determinación del valor de la prórroga

de la concesión de televisión.

Así las cosas, DIRECTV y la Comisión suscribieron el otrosí núm. 9

de 12 de diciembre de 2007, complementario del otrosí núm.7, que

prorrogó el contrato de concesión de televisión núm. 057 de 1996,

en el que se estipuló que la contraprestación que se debía cancelar

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por parte del concesionario equivalía a una tarifa constituida por dos

componentes, uno fijo y otro variable. El componente variable era

el resultado de multiplicar el número de suscriptores reportados

mensualmente por el concesionario, por el valor por suscriptor por

mes señalado por la CNTV, siendo este último valor el que sería

revisado cada año en aras de establecer si dicho componente variable

requería ajustes, revisión que se hacía de conformidad con lo

establecido en el documento “Metodología de Valoración”, entregado

por la firma VALFINANZAS LTDA, adoptado por la Junta Directiva

de la entidad.

Es decir que, de acuerdo con lo pactado por las partes, la revisión

se haría únicamente en función del número de usuarios

promedio por año reportados a la CNTV, por parte del mismo

concesionario de televisión, sin atender a ningún otro aspecto; de

manera que, como se estipuló en el mismo otrosí, la tarifa podría

modificarse al alza o a la baja, de acuerdo con el comportamiento de

los usuarios promedio por año de la televisión por suscripción.

Ahora, en cuanto a la metodología utilizada, el documento

“Metodología de Valoración”, que hacía parte integrante del otrosí,

dispuso que cuando hubiese lugar a revisar la tarifa por el

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comportamiento de los usuarios durante determinado año, la fórmula

dispuesta se aplicaba para calcular los límites superior e inferior,

luego de lo cual se comparaba con el intervalo y si era superior,

procedía la revisión, en caso contrario, la tarifa se mantendría por el

número de períodos durante el cual se reflejara ese comportamiento.

En los casos que procedía la revisión, se daba aplicación a la fórmula

señalada en el anexo metodológico y era esta la forma de establecer

el valor, con base en criterios objetivamente señalados y pactados

por las partes.

Por otra parte, la Sala encuentra que una vez creada la ANTV, como

entidad encargada de sustituir las funciones de la CNTV, expidió la

Resolución núm. 045 de 2012 en la que modificó la tarifa de

compensación que debían cancelar los operadores del servicio de

televisión por suscripción y, en esa medida, estableció el componente

variable de la compensación, pues señaló la fórmula con base en la

cual se actualizaría el componente variable, en el sentido de indicar

que sería el resultado de multiplicar el número de suscriptores del

mes inmediatamente anterior por la tarifa mes por suscriptor

correspondiente para cada año.

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Es así como la tarifa mes por suscriptor, que era la que determinaba

el valor del componente variable de la prórroga, se actualizaría con

base en el IPC publicado por el Departamento Administrativo

Nacional de Estadística (DANE) y sería ajustado de acuerdo con el

número de suscriptores reportados a la ANTV en el año

inmediatamente anterior.

Conforme a los hechos probados y las alegaciones de las partes,

procede la Sala a resolver los cuestionamientos planteados por la

recurrente.

El reproche central de la sociedad apelante es la vulneración de los

derechos colectivos a la libre competencia económica, al acceso a los

servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, y

los derechos de los consumidores y usuarios, con ocasión del trato

discriminatorio que para efectos de la fijación del “componente

variable” del valor de las concesiones ha dado la ANTV a los

operadores de televisión satelitales respecto de los operadores de

televisión por cable.

Para resolver lo pertinente, la Sala destaca, en relación con el

derecho colectivo a la libre competencia, que para que se

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predique su afectación es preciso que se impacte negativamente el

derecho del empresario a acceder libremente al mercado debido a la

presencia de conductas que afectan la competencia leal y/o el

funcionamiento del mismo, o los derechos del ciudadano o

consumidor de escoger libremente.

Pues bien, la Sala no advierte que en el caso concreto se cumplan los

mencionados presupuestos, pues quedó debidamente acreditado en

el proceso que la fijación de los valores para determinar el

componente variable de la prórroga de los contratos de concesión

objeto de discusión obedeció a la aplicación de la metodología

pactada por las partes.

En efecto, los actos administrativos por medio de los cuales se fijó el

valor por suscriptor por mes que serviría de base para determinar el

componente variable de la concesión de los operadores de televisión

por suscripción satelital para los años 2013 y 2014 obedeció a la

metodología que fue establecida en su momento por la CNTV para

el efecto, la cual fue plenamente aceptada por los operadores de

televisión satelital al suscribir el otrosí de prórroga contractual que

así lo estipulaba.

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De manera que el concesionario estaba en la libertad de aceptar o

no las condiciones impuestas en su momento por la CNTV para la

prestación del servicio, pues así quedó evidenciado tanto en el

clausulado contractual como en las resoluciones que otorgaron los

permisos de operación y de regulación del servicio.

Asimismo, y en cuanto a la transgresión del principio de “neutralidad

tecnológica”, la Sala considera necesario precisar que éste no pudo

haberse visto afectado, pues el aspecto determinante para la fijación

de la tarifa objeto de debate no fue la forma de prestación del servicio

de televisión, cableada o satelital, como lo alega la accionante, sino

la metodología claramente estipulada en el otrosí núm. 9 al contrato

de concesión núm. 057 de 1996.

Así pues, la Sala considera que la ANTV no discriminó entre una y

otra tecnología al momento de señalar la metodología para

determinar el componente variable, sino que estableció que sería el

comportamiento del mercado el que fijaría la fluctuación de la suma

a pagar, aspecto que desde ninguna óptica implicó o podría implicar

un trato discriminatorio en contra de los operadores satelitales, ya

que obedeció a la naturaleza de la economía de mercado adoptada

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en la Constitución Política que, en consecuencia, se traduce en una

garantía del derecho colectivo a la libre competencia.

En cuanto a la presunta vulneración del derecho al acceso a los

servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y

oportuna, la Sala insiste en que para que proceda su protección es

necesario que la actividad económica que implica la prestación de los

servicios afecte a los consumidores y/o usuarios, bien sea porque no

existe calidad en el servicio, el precio sobrepasa los límites

legalmente establecidos o su cobertura no es oportuna ni eficiente.

Por lo que respecta a estos presupuestos, tampoco están acreditados

en el caso sub lite, dado que la fijación de la tarifa mes por suscriptor

para establecer el componente variable no implicó: i. La suspensión

o interrupción del servicio de televisión; ii. No se demostró que la

posibilidad de acceso de los consumidores o usuarios al servicio de

televisión fue truncado o impedido, por el contrario, debido al

aumento en la tarifa, es viable inferir que el número de clientes

también creció gradualmente, al ser ese el único factor que la

modificaba; y iii. No hay evidencia que el precio de la televisión por

suscripción sobrepasó los límites legalmente establecidos o que el

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valor fijado por la autoridad de televisión afectó su cobertura,

haciéndola inoportuna o ineficiente.

En cuanto a la vulneración de los derechos de los consumidores

y usuarios, la recurrente sostiene que los usuarios se vieron

afectados con el trato desigual de que fueron objeto los operadores

de televisión satelital frente a los operadores por cable; sin embargo,

la Sala no encuentra ningún elemento material probatorio que así lo

demuestre, pues no existe registro de que, por ejemplo, las

afiliaciones disminuyeron debido a la diferencia, por lo cual no es

posible basarse en conjeturas para fundamentar la vulneración de los

derechos de los consumidores y usuarios.

Aunado a ello, debe destacarse que este derecho propende por la

protección de la parte débil de las transacciones dentro de la

economía de mercado, para lo cual se previeron mecanismos de

protección como el Estatuto del Consumidor, el cual supone, entre

otros aspectos, que los productos no causen daño en condiciones

normales de uso, que se proteja al consumidor de las consecuencias

nocivas para la salud, vida o integridad, a que tengan acceso a

información completa, veraz, oportuna, precisa e idónea frente a los

productos o servicios que adquieran, entre otras, de manera que el

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desconocimiento de todas o algunas de esas pautas o reglas,

implicaría la vulneración del derecho colectivo.

Analizada la problemática planteada en la presente acción, la Sala no

encuentra relación de la misma con el derecho alegado, motivo por

el que tampoco es dable afirmar que fue afectado por la fijación de

la tarifa mes por suscriptor por parte de la ANTV, pues esta decisión

se relaciona directamente con el prestador del servicio de televisión

satelital, quien debía pagar al Estado por la concesión que le fue

otorgada.

Son estas las razones que conducen a la Sala a estimar que asistió

razón al a quo al concluir que en el presente caso no existieron

acciones u omisiones atribuibles a la ANTV que vulneren o amenacen

los derechos colectivos alegados, motivo por el cual se confirmará la

sentencia apelada como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

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FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 7 de octubre de 2021

proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección

Primera – Subsección B, por las razones expuestas en esta

providencia.

SEGUNDO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente

al Tribunal de origen.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de junio de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
Ausente en comisión

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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