Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2015-00182-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2015-00182-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2015-00182-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
6 de febrero de 2025
Radicación: 25 000 23 41 000 2015 00182 01
Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 23 41 000 2015 00182 01
Demandante: JUAN CAMILO SALAZAR RUEDA
Demandado: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Tesis: No incurre en violación de norma superior el fallo que
declaró fiscalmente responsable al actor como miembro
del comité administrativo de los Convenios números 018
de 2008 y 037 de 2009 en calidad de viceministro de
Agricultura y Desarrollo Rural por autorizar la celebración
de unos contratos para la inversión de recursos públicos
del Programa Agro, Ingreso Seguro, que debían utilizarse
en los componentes de ciencia y tecnología.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en
contra de la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2016 por la Sección
Primera, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El señor Juan Camilo Salazar Rueda, actuando por conducto de apoderado
judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
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Radicación: 25 000 23 41 000 2015 00182 01
Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
del derecho previsto por el artículo 138 del CPACA, presentó demanda en
contra de la Contraloría General de la República, para lo cual formuló las
siguientes pretensiones1:
“[…] PRIMERA. Que se declare la nulidad de los siguientes actos: 1) Auto
No. 042 del 21 de abril de 2014, proferido por la Oficina Jurídica de la
Contraloría y específicamente con respecto a los siguientes artículos: El
artículo primero en la medida en que no existió el daño patrimonial
argüido por la Contraloría. Los artículos segundo, tercero, quinto y noveno
en la medida en que obliga a responder solidariamente a mi representado
con los demás culpados condenados en estos artículos. El artículo quinto
en la medida en que falla responsabilidad fiscal contra el señor JUAN
CAMILO SALAZAR RUEDA, por la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS
VEINTINUEVE PESOS ($4.980.430.629,00), por una supuesta culpa grave
que no existió. 2) Auto No. 058 del 30 de mayo de 2014, fijado por estado
el 4 de junio de 2014, proferido por la Oficina Jurídica de la Contraloría, y
por medio del cual se confirma el Auto indicado en el numeral anterior,
específicamente en lo que tiene que ver con la condena a mi representado;
y 3) Auto de fecha 12 de junio de 214 con el No. ORD-80112-0054-2014
proferido por la Contralora General de la República, y notificado por estado
el 17 de junio de 2014, por medio del cual se desató el recurso de
apelación, confirmando en todas sus partes el Auto recurrido, y en lo que
tiene que ver con la apelación impetrada por mi poderdante.
SEGUNDA. Que como consecuencia de la nulidad antes decretada, se
condene a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA a restablecer el
derecho de la parte demandante consistente en la restitución al señor
JUAN CAMILO SALAZAR RUEDA de todos los dineros o bienes que le
han sido congelados, embargados o que haya tenido que pagar o
reconocer como consecuencia de los actas que se solicita sean declarados
nulos y en particular de la condena impuesta por valor de CUATRO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL
SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($4.980.430.629,00).
TERCERA. Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad solicitada
en la pretensión primera se ordene el levantamiento de cualquier embargo
o medida cautelar que se haya realizado en los bienes del señor JUAN
CAMILO SALAZAR RUEDA como consecuencia de los actos que se
solicitan sean declarados nulos.
CUARTA. Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad solicitada
en la pretensión primera se ordene la exclusión del señor JUAN CAMILO
SALAZAR RUEDA del Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría
General de la República.
QUINTA. Que como consecuencia de las anteriores condenas, la
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, deberá pagar los gastos y
costas de este proceso.
[…]” (mayúsculas y negrillas originales).
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Normas invocadas como infringidas
La parte actora afirmó que con la expedición de los actos acusados se
infringieron los siguientes preceptos constitucionales y legales:
Constitución Política, artículos 13, 23, 29, 90, 267 y 268.
Código Civil, artículo 63.
Ley 610 de 2000, artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 53.
Ley 29 de 1990, artículos 1, 2.
Ley 1133 de 2007.
Decreto 591 de 1991, artículos: 2 y 17.
Decreto 393 de 1991, artículos: 1,2 y 7.
Convenios nros. 018 de 2008 y 37 de 2009, celebrado entre el MADR y el
IICA.
Concepto de violación
En la reforma a la demanda se invocaron los siguientes cargos de
violación, a los cuáles se hará referencia más adelante, en lo pertinente:
“a) Violación del derecho al debido proceso y por ende violación del
artículo 29 constitucional”; “b) desconocimiento de la Contraloría respecto
de las previsiones de culpa y dolo y violación del artículo 90 de la
Constitución Nacional y de los artículos 4, 5, 6 y 53 de la Ley 610 de
2000”; “c) violación del principio a la igualdad”; “d) Inexistencia de
gestión fiscal y violación de los artículos 267 y 268 de la Constitución, del
artículo 4 de la Ley 42 de 1993 y los artículos 3, 4, 5, 6, 16 y 53 de la Ley
610 de 2000”; “e) Inexistencia de daño patrimonial y violación de los
artículos 267 y 268 de la Constitución y de los artículos 4, 5, 6, 16 y 53
de la Ley 610 de 2000”.
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2. Contestación de la demanda
La Contraloría General de la República, actuando por conducto de
apoderado, contestó la demanda, manifestando que se oponía a la
prosperidad de las pretensiones.
Al referirse a las normas violadas y al concepto de violación expuso lo
siguiente2:
En cuanto al primer cargo de violación del debido proceso por la no
práctica de pruebas, después de transcribir apartes del fallo de
responsabilidad fiscal, concluyó que no es cierto que al investigado se le
haya impedido la solicitud de medios probatorios tendientes a desestimar
la imputación efectuada en primera instancia, y que en segunda instancia
no se acreditó que se tratara de pruebas sobrevinientes.
En relación con los cargos de falta de comprobación del dolo o la culpa
grave y del desconocimiento del derecho a la igualdad, también citó en
extenso apartes del fallo de responsabilidad de primera instancia para
indicar que estaba claramente demostrado el grado de culpabilidad del
inculpado, la cual derivaba de la calidad de viceministro y miembro del
comité administrativo, y su participación en la verificación y modificación
de los planes operativos de los convenios de los que se desprendió la
contratación estatal.
Frente a los restantes cargos, que resumió en la inexistencia de la gestión
fiscal indirecta y de la calidad de gestor fiscal del investigado, la no
existencia del daño al patrimonio público y la existencia de partidas para
la divulgación del programa según la Ley 1133 de 2007, citó apartes del
fallo de responsabilidad fiscal de primera instancia para indicar que se
demostró la gestión fiscal y el nexo causal.
2
Ibidem.
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Respecto del daño, sostuvo que está estimado por la cuantía invertida en
los contratos publicitarios que se surtieron por contratación directa y que
fueron aprobados por instrucciones del comité administrativo, los cuales
redundaron en la desviación de recursos.
Agregó que “(…) no solo los convenios son los susceptibles de contratación
directa según el decreto 393 de 1991 sino que los contratos reprochados
se derivaron de dichos convenios o ejecutaron en virtud de este además
a la luz de lo establecido en el artículo 1, 2 y 11 del decreto 591 de 1991
dichos contratos también eran exentos de la norma de contratación
estatal general (…)”.
De nuevo transcribió de forma extensa apartes de lo explicado en el fallo
de responsabilidad fiscal de primera instancia frente a los convenios
firmados y a la forma de contratación, y solicitó que conforme a tales
consideraciones fueran denegadas las pretensiones de la demanda, dado
que los actos acusados estaban debidamente sustentados.
Propuso como excepciones las de “inexistencia de causales de nulidad”,
“inepta demanda” y la “innominada”.
Al referirse a la reforma de la demanda hizo alusión de nuevo a los cargos
expuestos y propuso como excepciones las de “inexistencia de causales
de nulidad”, “falta de agotamiento del requisito de procedibilidad y
caducidad del medio de control”.
II. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Primera, Subsección A, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sentencia del 14 de diciembre de 2016 negó las
pretensiones3.
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Para ello, comenzó por referirse a las excepciones de mérito planteadas
en el proceso y señaló que en realidad correspondían a criterios de
defensa.
Manifestó que los cargos endilgados contra los actos acusados no tenían
vocación de prosperidad y debían negarse las súplicas de la demanda
teniendo en cuenta lo siguiente:
Primer cargo. Violación al debido proceso
Hizo alusión a lo expuesto por las partes y explicó que la Ley 610 de 2000
establece de manera clara los períodos en los cuales el investigado o
imputado puede solicitar pruebas y que en este asunto fueron dos las
oportunidades en las que la parte actora solicitó pruebas y le fueron
negadas por la Contraloría; la primera, en el auto nro. 042 de 2014, en
el que la Contraloría resolvió sobre las pruebas pedidas en el escrito de
descargos del actor porque fueron solicitadas por fuera del término legal,
y la segunda, en el auto nro. 058 del 30 de mayo de 2014, en donde se
decidieron unos recursos de reposición y se explicó que las pruebas no
resultaban pertinentes.
Explicó que la negativa de la práctica de un elemento probatorio no
implica per se la vulneración del derecho fundamental al debido proceso,
puesto que las pruebas deben reunir los requisitos de pertinencia y
conducencia, y fueron pedidas de manera extemporánea, por lo que no
era dable que la Contraloría las ordenara.
En relación con el segundo cargo de desconocimiento de la Contraloría de
las previsiones de culpa y dolo y de violación del artículo 90 de la
Constitución Política, así como de los artículos 4, 5, 6 y 53 de la Ley 610
de 2000
Puso de presente lo previsto por el artículo 90 de la Constitución Política,
así como lo señalado por los artículos 4, 5, 6 y 53 de la Ley 610 de 2000,
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y lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C- 840 de 2001.
Manifestó que para efectos de la determinación de la responsabilidad
fiscal en el caso particular la Contraloría debía estudiar la conducta del
actor a partir de la definición de dolo o la culpa grave prevista por el
artículo 63 del Código Civil.
Expuso que, en este caso, el artículo quinto del auto nro. 042 de 2014
determinó fallar con responsabilidad solidaria contra el actor a título de
culpa grave, quien se desempeñó como viceministro de Agricultura y
Desarrollo Rural para la época de los hechos, por las conductas
desplegadas en los Convenios 018 de 2008 y 037 de 2009. Para ello,
transcribió apartes de lo señalado en el auto nro. 042 de 2014.
Destacó que entre los miembros del comité se encontraba el cargo que
desempeñaba para la época de los hechos el demandante y describió las
funciones que tenía dicho comité, previstas en la cláusula quinta del
Convenio 018 de 2008, así como lo declarado en la versión libre rendida
por el mismo demandante.
Con fundamento en ello concluyó que “(…) de lo anterior se infiere con
claridad que el objeto del convenio debía estar destinado a la socialización
y difusión de ciencia y tecnología, sin embargo, tal como lo desarrolló en
el fallo con responsabilidad fiscal, la Contraloría determinó que el hoy
actor participó y suscribió las actas nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, de
las cuales se estableció que los objetos de los contratos allí aprobados
correspondieron en realidad a publicidad, lo que no fue desvirtuado en
esta instancia judicial”. Y agregó que lo mismo había concluido la
Contraloría en relación con el Convenio nro. 037 de 2009.
Por otra parte, respecto de la conducta del actor, manifestó que se había
determinado por la Contraloría la existencia de culpa grave y transcribió
para ello apartes del fallo de responsabilidad fiscal de primera instancia.
En relación con el tercer cargo de violación del principio de igualdad
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Destacó que el actor lo sustentó en que no se les dio el mismo tratamiento
a todos los miembros del comité al exonerar a unos y condenar a otros,
pero no identificó en qué circunstancias y frente a qué personas
investigadas dentro del proceso de responsabilidad fiscal se le vulneró el
derecho a la igualdad, por lo que no era dable establecer unos términos
de comparación que revelaran el trato discriminatorio.
En cuanto a que no era gestor fiscal, recordó la definición de gestor fiscal
y lo que ha señalado la Corte Constitucional en relación con el daño
patrimonial ocasionado al Estado en ejercicio de la gestión fiscal 4; y, en
el caso, en el fallo se determinó que su responsabilidad se derivaba como
gestor fiscal indirecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1
de la Ley 610 de 2000, así como en lo indicado por la Corte Constitucional
en la sentencia C-840 de 2001.
Resaltó que el demandante se desempeñó para la época de los hechos
como viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural y fue presidente del
Comité de Aprobación del Plan Operativo, el cual, de conformidad con lo
establecido en la cláusula tercera del Convenio nro. 018 de 2008, contenía
los objetivos propuestos, las actividades a desarrollar, los resultados o
productos a entregar, los roles institucionales del Ministerio y el IICA y la
relación de costos y gastos por rubros previstos para su ejecución, por lo
que, si bien no manejó de manera directa los recursos del convenio, sí
aprobó la forma en que sería ejecutado el presupuesto, por lo que no dio
prosperidad al cargo.
Frente al cuarto cargo de inexistencia de gestión fiscal y violación de los
artículos 267 y 268 de la Constitución, del artículo 4 de la Ley 42 de 1993
y los artículos 3, 4, 5, 6, 16 y 53 de la Ley 610 de 2000
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Corte Constitucional. Sentencia C- 840 de 2001.
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Manifestó que este cargo no prosperaba y se remitió a lo expuesto en los
cargos anteriores “(…) al indicar que el hoy actor si era gestor fiscal, así
como a lo relacionado con el tema de divulgación y socialización de ciencia
y tecnología, lo que resulta diferente a los contratos derivados de los
Convenios 018 de 2008 y 037 de 2009 celebrados, los que en realidad
correspondían a publicidad, lo que difiere del alcance de dichos
convenios”.
Respecto del quinto cargo, inexistencia de daño patrimonial y violación de
los artículos 267 y 268 de la Constitución, del artículo 4 de la Ley 42 de
1993 y los artículos 3, 4, 5, 6, 16 y 53 de la Ley 610 de 2000
Indicó que, como se había puesto de presente, el daño al patrimonio se
generó con ocasión de la celebración de los Convenios 018 de 2008 y 037
de 2009 por la gestión fiscal inoportuna e ineficaz atribuida al actor, quien,
al ser parte integrante de los comités administrativos y teniendo la función
de realizar la dirección, seguimiento y evaluación de dicho convenio,
coadyuvó en la destinación de recursos del Programa Agro Ingreso Seguro
en gastos distintos a la difusión, divulgación y socialización de ciencia y
tecnología.
Lo señalado, teniendo en cuenta que en las respectivas actas se había
implementado el plan operativo y las modificaciones realizadas al mismo,
en las cuales había sido partícipe, para lo que describió las decisiones del
comité plasmadas en las actas e igualmente citó lo que constaba en los
contratos celebrados en desarrollo del plan, de donde concluyó que los
contratos no corresponden a actividades de ciencia y tecnología.
Argumentó que “(..) no es dable desligar, tal como lo ha pretendido el
actor, el alcance de los convenios en mención de lo señalado en el Decreto
591 de 1991, en tanto, en los mismos términos de referencia una de las
fundamentaciones para su celebración era la aplicación de dicho convenio,
además de la aplicación de lo señalado en el Decreto 393 de 1991, según
los cuales, la Nación y sus entidades descentralizadas pueden celebrar
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convenios especiales de cooperación para adelantar actividades científicas
y tecnológicas, proyectos de investigación creación de tecnología”.
Concluyó que, teniendo en cuenta que los convenios cuestionados
corresponden a una de las modalidades permitidas para la asociación
entre el Estado y los particulares con el fin de desarrollar actividades
científicas y tecnológicas, los contratos que se celebraran dentro del
marco de dichos convenios debían corresponder a su objeto y alcance,
por lo que no era dable suscribir contratos de publicidad en general, como
lo aprobó el comité administrativo del cual hacía parte el actor, por lo que
este cargo tampoco prosperaba.
III. EL RECURSO DE APELACIÓN
Inconforme con lo decidido por el a quo, el apoderado de la parte actora
interpuso recurso de apelación y en sustento arguyó lo siguiente5:
“La razón principal que motiva a presentar la demanda de nulidad de los
actos administrativos proferidos en desarrollo de la investigación fiscal,
es que la Contraría (sic) no dio cumplimiento a las disposiciones de la Ley
610 de 2000, desconoció los preceptos constitucionales que dan origen a
la responsabilidad fiscal en Colombia, toda vez que esta entidad nunca
probó en debida forma los elementos de dicha responsabilidad y
desnaturalizó el alcance de la misma”.
Aseveró “(…) que en las actuaciones investigadas y sancionadas nunca
existió daño patrimonial o gestión fiscal directa o indirecta por parte del
señor Juan Camilo Salazar; así como tampoco se dio una conducta
gravemente culposa de su parte. Y, además, se demuestra efectivamente
que, en desarrollo del proceso de responsabilidad fiscal, la Contraloría
transgredió el principio de igualdad y el derecho al debido proceso de mi
poderdante”.
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Sostuvo que insistía en los cargos expuestos en la demanda y sustentó el
recurso en los siguientes títulos:
“1. De la ausiencia (sic) de los elementos de la responsabilidad fiscal en
los actos administrativos demandados”
“1.1. Inexistencia de daño patrimonial”
“No se cumplen los supuestos del daño patrimonial establecido en la Ley
610 de 2000”
Señaló que, a partir de lo previsto por el artículo 6 de la Ley 610 de 2000,
la responsabilidad fiscal no tiene un carácter sancionatorio sino
resarcitorio y se diferencia de otras acciones como la disciplinaria.
Recordó las características de la responsabilidad fiscal a partir de lo
señalado por la Corte Constitucional en las sentencias C-077 de 2007 y
C- 340 de 2007, derivando de ésta última que en Colombia quedó anulada
cualquier posibilidad que en una investigación fiscal se declare
responsable fiscal a un funcionario por hacer uso indebido de dineros
público sin que efectivamente se demuestre un daño patrimonial o
disminución o deterioro del patrimonio público.
Destacó que a lo largo del fallo de primera instancia de responsabilidad
fiscal se afirmó de manera deliberada que el daño al patrimonio público
se generó por la destinación de recursos del Programa Agro Ingreso
Seguro a gastos distintos a la difusión, divulgación y socialización de
ciencia y tecnología, lo que no es cierto, pero demuestra que la
responsabilidad señalada a Juan Camilo Salazar se limitó al uso indebido
de recursos públicos.
Adujo que, a partir de lo anterior, la Contraloría endilgó un daño
patrimonial al demandante por la suma de $4.336.180.363
correspondiente al valor pagado en 13 subcontratos del Convenio nro. 18
de 2008, y $644.250.266 correspondiente a la suma del valor pagado en
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14 subcontratos del Convenio nro. 37 de 2009, y que, en ese sentido, el
análisis del daño patrimonial que hizo el ente de control se limitó
únicamente a sumar los valores de los contratos mediante los cuales
supuestamente se contrataron servicios de publicidad con destinación
diferente a lo que señalaban los convenios, “pero brilla por su ausencia si
quiera una prueba indiciaria que lleve a pensar que por los dineros
pagados el Estado efectivamente no recibió el servicio contratado”.
“Los subcontratos si cumplen y desarrollan los objetos de los convenios
de ciencia y tecnología”
En este acápite manifestó en concreto que, tanto la Ley 29 de 1990, el
Decreto Ley 393 de 1991 y más específicamente el Decreto 591 de 1991,
y los convenios de ciencia y tecnología, señalaron que el desarrollo de los
mismos se debía enfocar en actividades de divulgación y socialización del
Programa Agro Ingreso Seguro, y que en las consideraciones de cada uno
de los convenios se estableció que el objetivo era desarrollar una campaña
de socialización y divulgación que les permitiera a los productores de todo
el territorio conocer las distintas herramientas dispuestas para el
desarrollo del sector agropecuario y la correcta utilización del programa
y, en ese sentido, se estructuraron cada uno de los convenios en
cumplimiento del numeral 2 del artículo 2 del Decreto 591 de 1991, lo
que le permitió al Ministerio de Agricultura asociarse con el IICA bajo la
modalidad contractual de convenios especiales de cooperación de ciencia
y tecnología.
Explicó que a partir de ello se suscribieron los convenios, y el Ministerio
aportó para su ejecución $5.000.000.000 en el Convenio nro. 18 de 2008
y $6.000.000.000 en el Convenio nro. 37 de 2009, dinero que fue
transferido al IICA.
Alegó que “(…) evidentemente no todos los contratos contienen el
desarrollo de actividades de ciencia y tecnología per se, toda vez que
estos son subcontratos mediante los cuales se apoya el objeto principal
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de cada convenio, por ello algunos son de asesoría y otros de operación,
pero todos tenían el objetivo final de contribuir en el desarrollo del objeto
de los convenios, como es el de socializar y divulgar el programa AIS,
como un proyecto de ciencia y tecnología”.
De lo manifestado ampliamente en el recurso también se destaca la
afirmación de que “(…) es evidente que el daño patrimonial endilgado por
la Contraloría a mi poderdante parte de un supuesto errado y es que los
subcontratos debían cumplir estrictamente con las disposiciones que
regulan los convenios de ciencia y tecnología. Los subcontratos
precisamente son contratos de bienes y servicios para apoyar la ejecución
de los convenios, por lo tanto, no todos contenían estrictamente
actividades de ciencia y tecnología, pero estos si cumplían con el propósito
de realizar la socialización y divulgación del programa AIS, y con ellos el
objeto de cada convenio. Es por ello que quien los proponía y suscribía
era el IICA y la función exclusiva del Comité Administrativo era
únicamente aprobarlos con el propósito de que se cumpliera el Plan
Operativo”.
Añadió que “(…) el principal reproche que se hace frente a los actos
administrativos proferidos por la Contraloría es que nunca entró a explicar
de manera detallada por qué los contratos increpados no cumplían con el
objeto de cada uno de los convenios, sino que lo único que hace es hacer
una lista de los objetos de los contratos, y afirma simplemente que estos
son de mera publicidad. En efecto, la tesis de la Contraloría en cuanto a
que el detrimento patrimonial se encuentra demostrado por el supuesto
de que el comité administrativo del convenio permitió la celebración de
contratos que no eran de ciencia y tecnología, se cae de su propio peso
al revisar brevemente los estudios previos del convenio y en especial el
Plan Operativo de los mismos”.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2015 00182 01
Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
“Desproporcionalidad de la indemnización imputada”
Adujo que, conforme a lo señalado en los puntos anteriores, es evidente
que, al no existir realmente un daño patrimonial, la indemnización que
ordenó la Contraloría por $4.336.180.363 correspondiente al Convenio
nro. 18 de 2008 y por $644.250.266 por el Convenio nro. 37 de 2009,
resultan ser sumas completamente desproporcionadas y no tienen un
origen lógico respecto del daño patrimonial.
Reiteró que la Contraloría simplemente estimó el daño patrimonial
sumando el valor ejecutado de los subcontratos de los convenios
señalados, pese a que el señor Salazar o el comité administrativo no
disponía de los recursos ejecutados en esos contratos; pero, además, se
trata de una suma completamente desproporcionada, que no demuestra
un daño patrimonial, toda vez que los servicios contratados se ejecutaron
efectivamente y la Contraloría nunca probó lo contrario.
“1.1. (sic) Inexistencia de un hecho culpuso (sic) o doloso”
Aseguró que el tribunal no analizó a profundidad el alcance de los
convenios, ni la estructura orgánica, administrativa y de control, tanto del
convenio como del Ministerio de Agricultura, sino que se limitó a repetir
las generalidades de los convenios expuestas por la Contraloría.
Cuestionó que el tribunal reiteró los argumentos por los cuales el ente
fiscal señaló que existió una actuación con culpa grave de su parte,
porque actuó como miembro del comité administrativo de los convenios
cuando aprobó la celebración de los subcontratos; porque fungió como
viceministro entre el 2 de enero de 2008 al 4 de agosto de 2010 y guardó
silencio dentro de los comités cuando aprobaron los subcontratos, con lo
cual pasó por alto que los convenios no fueron suscritos por el señor Juan
Camilo Salazar, y su única relación con los mismos fue su participación
en el comité, de donde consideró que es evidente la falta de conexidad
entre el supuesto daño y la supuesta acción culposa.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2015 00182 01
Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
Anotó que “(…) es importante reiterar una apreciación que se expuso en
la demanda, y es que es evidente que lo que encuentra en el fondo de los
argumentos expuestos por la Contraloría y reiterados por el Tribunal es
un crítica a la naturaleza misma de los convenios; se reprocha que con
recursos de ciencia y tecnología se hayan pagado actividades de difusión,
socialización y divulgación del programa AIS, lo cual era completamente
válido en virtud de la Ley 1133 de 2007 y las normas que regulan los
convenios de ciencia y tecnología. Pero a partir de esa crítica se busca
castigar a un funcionario que no tuvo nada que ver ni influyó en la
concepción del programa o los convenios, actuando de manera irregular
y por fuera de la normatividad vigente”.
Insistió en que el señor Juan Camilo Salazar únicamente ejercía funciones
como viceministro y miembro del comité administrativo de los convenios,
por lo que, acorde con lo señalado por la Ley 610 de 2000, se debe probar
la culpa grave o el dolo, ya que no se trata de una responsabilidad
objetiva, lo que también tiene soporte constitucional en el artículo 90, que
prevé que los agentes estatales solo responden patrimonialmente por su
conducta dolosa o gravemente culposa y, en el artículo 63 del Código Civil
que distinguió entre la culpa grave y el dolo.
Indicó que “con la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
se abre una peligrosa posibilidad de que se comiencen a determinar fallos
de responsabilidad fiscal objetivamente, por el simple hecho de ostentar
unos cargos y suponer ciertos conocimientos, lo cual atentaría con la
naturaleza misma de la responsabilidad fiscal y el artículo 90 de la
Constitución Política”.
Solicitó que, al decidirse el recurso de apelación, se tenga en cuenta que
los contratos reprochados respondían directamente al objeto,
obligaciones y consideraciones de cada convenio, y que el demandante
no podía actuar en contra de éstos; para ello citó cuál era el objeto del
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Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
Convenio nro. 18 de 2008 y algunas de sus consideraciones, así como
también transcribió el objeto del Convenio nro. 37 de 2009.
Concluyó que no es posible endilgarle una actuación irregular al
demandante por aprobar la celebración de los subcontratos, pues estaban
en completa armonía con el objeto y los fines de cada convenio; y
tampoco atribuirle una conducta culposa o dolosa, ya que tampoco fueron
probadas, sino que se quedaron en una simple enunciación, y que la
Contraloría reprochó sin explicaciones el objeto de los subcontratos, pero
se demostró que obedecieron directamente a lo señalado en el objeto y
obligaciones de los convenios y los planes operativos de los mismos.
También resaltó que el demandante ejercía como viceministro y en ese
sentido, tenía conocimientos técnicos frente a las actividades de ciencia y
tecnología, más no contaba con formación o conocimientos jurídicos para
evaluar la pertinencia legal de los subcontratos, ya que es de profesión
zootecnista con especialización en finanzas y administración; y que, por
lo tanto, se transgredieron los artículos 90 de la Constitución Política y 4,
5, 6 y 53 de la Ley 610 de 2000.
“1.2. (sic) Inexistencia de gestión fiscal”
Arguyó que el tribunal repitió lo expuesto en los actos administrativos
acusados y que con la demanda no se pretende negar la existencia del
concepto de gestión fiscal indirecta, pero lo que no se puede es aceptar
la aplicación errada de dicho concepto en este caso.
Indicó que la discutible teoría de la gestión fiscal indirecta proviene de lo
señalado por el artículo 1 de la Ley 610 de 2000 y que, para controvertir
la absurda teoría de la Contraloría, era necesario remitirse a lo que dijo
la Corte Constitucional en la sentencia C- 840 de 2001 respecto de la frase
“con ocasión de ésta”, para lo que transcribió en extenso algunos de sus
apartes.
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Manifestó que, para determinar una gestión fiscal indirecta o con ocasión
de ésta, la Contraloría debía precisar el grado de competencia que le
asistía al demandante respecto de la gestión fiscal, y se debía probar la
conexidad entre la actuación reprochada y la gestión fiscal.
Aseveró que en el caso de los convenios de ciencia y tecnología y los
contratos que se derivan, la gestión fiscal de los recursos estaba dada
desde la planeación y suscripción de los mismos en los que no participó
el demandante, toda vez que desde ahí se dispuso la transferencia de
recursos de cada convenio al IICA, las obligaciones que se debían ejecutar
y las actividades particulares; luego, era responsabilidad del IICA y del
comité interventor realizar y revisar la correcta inversión de los recursos,
pues el comité administrativo no actuaba ni tenía relación en la parte
fiscal de los subcontratos, y la revisión que éste hacía era respecto a la
pertinencia de los mismos frente al objeto, las obligaciones y el plan
operativo de cada convenio, para lo cual mencionó las funciones del
viceministro previstas por el Decreto 2478 de 1999, de donde concluyó
que no ejerció gestión fiscal en la ejecución de los Convenios nros. 018
de 2008 y 037 de 2009.
“2. Violación del principio de igualdad”
En relación con este cargo consideró que el tribunal hizo un simple y corto
análisis de los argumentos expuestos en la demanda y se limitó a
desechar el cargo señalando que la conducta de cada uno de los presuntos
responsables debía ser analizada de manera individual; sin embargo,
reiteró que la Contraloría transgredió el derecho a la igualdad del
demandante, en la medida en que no se le dio el mismo tratamiento a
todos los que intervinieron en el comité administrativo, pues se exoneró
a unos y se condenó a otros.
Agregó que “(…) no es indeterminada la acusación ya que se concentra
en las personas que intervinieron en los comités de cada convenio, lo cual
se (sic) evidentemente se deriva de la indebida imputación de la
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responsabilidad de cada uno. // Se puede demostrar efectivamente que
la Contraloría desentimó (sic) la responsabilidad de varios funcionarios
que paricipaban (sic) de otros comités relacionados en el convenio o en
otros convenios objeto de investigación fiscal, argumentando que no
existía gestión fiscal por parte de ellos, y sin hacer un análisis mayor
frente a las funciones del señor SALAZAR, sobre el que sí afirmó existir
gestión fiscal (…)”.
“3. Violación al debido proceso”
En este punto expuso que los actos administrativos acusados
transgredieron el artículo segundo de la Ley 610 de 2000, dado que en la
actuación adelantada en el curso del proceso de responsabilidad fiscal se
desconoció el debido proceso, y no se respetaron los principios que
inspiran la función pública, ni los de igualdad, imparcialidad y publicidad.
Adujo que “no es cierto lo expuesto por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca al afirmar que para que prospere el cargo de violación al
debido proceso se deba probar debidamente que si la entidad no hubiera
vulnerado dicho principio el resultado del proceso sería diferente, ya que
eso sería imponer una carga de algo imposible de probar. No resulta lógico
que se le cargue al demandante la carga de probar un supuesto, que no
se sabe cómo efectivamente iba a ser el resultado de algo, Si se aceptara
este equivocado concepto, prácticamente ningún cargo por violación al
debido proceso prosperaría”.
Por último, aseveró “(…) llama fuertemente la atención que, para declarar
la responsabilidad fiscal de los enjuiciados, entre ellos mi poderdante, la
Contraloría se tomó la libertad de realizar todas las visitas y demás
actuaciones que consideró pertinentes a fin de recabar, seleccionar y
organizar todas las pruebas que demostraran la supuesta responsabilidad
fiscal. Sin embargo, pero a la hora de decretar las pruebas de los
encartados, la Contraloría se mostró reacia a aceptar las pruebas
solicitadas bajo el argumento de ser éstas inconducentes e innecesarias,
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procediendo así a rechazarlas de plano, lo cual de manera evidente
constituya una flagrante violación del debido proceso, derecho de
audiencias y de defensa que tiene toda persona en virtud de lo previsto
en el artículo 29 de la Constitución Nacional (…)”.
El recurso fue concedido por auto del 6 de abril de 20176.
IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
4.1. El recurso de apelación fue asignado mediante acta individual de
reparto del 18 de agosto de 20177 y admitido en proveído del 14 de marzo
de 20188.
4.2. Por auto del 5 de junio de 2018 se consideró innecesaria la
celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
que rindiera concepto9.
4.2.1. El apoderado de la parte actora, al descorrer el traslado, reiteró
exactamente los mismos argumentos expuestos al interponer el recurso
de apelación10.
Específicamente, la inexistencia del daño patrimonial; que no se
configuraron los supuestos de daño patrimonial señalados en la Ley 610
de 2000; que no se configuró el daño patrimonial respecto de los
contratos o convenios de fomento de actividades científicas y
tecnológicas, e insistió en la desproporcionalidad de la indemnización
imputada; en la inexistencia de gestión fiscal; en el desconocimiento
respecto de las previsiones de culpa y dolo y en la violación del debido
proceso y del principio de igualdad.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
8
Ibidem.
9
Ibidem.
10
Ibidem.
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4.2.2. El apoderado de la Contraloría General de la República solicitó que
se confirme la sentencia de primera instancia11.
De lo señalado se destaca el argumento de que, acorde con lo establecido
por el artículo 320 del Código General del Proceso, el recurso de apelación
debe dirigirse a atacar los razonamientos jurídicos expuestos en la
providencia que se impugna, más no a reiterar lo manifestado en la
demanda y menos aún a la formulación de cargos que allí no fueron
plasmados, lo que supondría que el ad quem deba realizar un análisis
desbordado de la decisión de primera instancia e incurrir en un
desconocimiento de la causa petendi y del límite de competencia sobre el
cual debe decidir.
Que, en este caso, no se plantean cargos en contra de la sentencia de
primera instancia, sino que se reiteran los argumentos expuestos en la
demanda inicial y se incorporan tesis novedosas al proceso.
Con todo, se refirió frente a cada uno de los cargos invocados, y
específicamente respecto del daño patrimonial alegó que el recurrente
pretende desviar su argumento al argüir la inexistencia del daño
patrimonial, ya no enfocado en la inexistencia de culpa grave, sino en que
el uso indebido de recursos no da lugar a responsabilidad fiscal, con el fin
de escudarse en la sentencia C- 340 de 2007, sin que sea esta la
oportunidad para modificar el cargo propuesto. Insistió en que el daño
fiscal no se causó, como quiere hacerlo ver el recurrente, por un uso
indebido de recursos, sino por el detrimento y pérdida de los mismos y el
aprovechamiento a favor de terceros, el cual fue debidamente acreditado.
En relación con el cargo de que los contratos cumplían y desarrollaban el
objeto del convenio, consideró que también se varió la formulación del
cargo y se trata de inducir a error, ya que se afirma que la Contraloría
nunca definió el concepto de ciencia y tecnología, lo que no es cierto, ya
11
Ibidem.
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que en los actos acusados se expuso el concepto de ciencia y tecnología
y además el de divulgación y socialización.
4.2.3. El señor Agente del Ministerio Público no rindió concepto.
4.3. El expediente ingresó para fallo el 23 de julio de 201812.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. Competencia
Atendiendo lo previsto por los artículos 150 del CPACA y 13 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201913 expedido por la Sala Plena de la
Corporación, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 del 10 de
diciembre de 2024, esta Sección es competente para conocer del presente
asunto en segunda instancia.
5.2. Los actos acusados
Corresponden a los siguientes:
5.2.1. El auto nro. 042 con fecha 21 de abril de 2014, “por medio del cual
se profiere fallo con responsabilidad fiscal dentro del proceso de
responsabilidad fiscal No. CD 000243- Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural- AIS”, proferido por la directora de la oficina jurídica de
la Contraloría General de la República, que dispuso14:
“[…] ARTICULO PRIMERO: Tener como daño patrimonial producido al
erario con ocasión de los hechos que son objeto del proceso de
responsabilidad fiscal no. CD 000243, siendo entidad afectada el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural según se expuso en la parte
motiva de esta providencia la suma de DOCE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL
12
Ibidem.
13
Que compiló y actualizó el Reglamento del Consejo de Estado.
14
Visto en el índice 28 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 41 000 2015 00182 01. Expediente digitalizado.
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NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON SETENTA Y SEIS
CENTAVOS ($12.985.084.940, 75) PESOS M/CT. (sic).
(…)
ARTÍCULO QUINTO: (sic) Por las razones expuestas en el aparte
pertinente de la presente providencia FALLAR CON
RESPONSABILIDAD FISCAL solidaria, en los términos y condiciones
que se indican para cada uno de los responsables, contra JUAN CAMILO
SALAZAR RUEDA identificado con cédula (…) quien se desempeñó como
Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural para la época de los
hechos, a título de culpa grave en cuantía de CUATRO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA
MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE
($4.980.430.629.oo), en forma solidaria de la siguiente manera:
Con ocasión al daño cuantificado en CINCO MIL CIENTO ONCE
MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON
CINCUENTA CENTAVOS ($5.111.085.077,50), por las conductas
desplegadas en el Convenio 018 de 2008, responderá de manera
solidaria con los siguientes vinculados en el presente proceso: ANDRES
FELIPE ARIAS LEIVA identificado con (…) y el INSTITUTO
INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN AGROPECUARIA "IICA",
identificado con el NIT (…).
Con ocasión al daño cuantificado en SETECIENTOS CUARENTA Y UN
MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO PESOS ($741.089.554), por las conductas desplegadas en el
Convenio 037 de 2009, responderá de manera solidaria con los
siguientes responsables fiscales: ANDRÉS DARIO FERNÁNDEZ
ACOSTA, identificado con C.C. (…); INSTITUTO INTERAMERICANO
DE COOPERACIÓN AGROPECUARIA "IICA" (…).
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
5.2.2. El auto nro. 058 del 30 de mayo de 2014, “auto por medio del cual
se deciden unos recursos de reposición dentro del proceso de
responsabilidad fiscal No. CD 000243- Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural- AIS”, proferido por la directora de la oficina jurídica de
la Contraloría General de la República, que resolvió15:
“[…] ARTICULO PRIMERO: Por las consideraciones expuestas
REVOCAR PARCIALMENTE la decisión tomada por este Despacho en
el artículo séptimo del resuelve del Auto No. 042 del 21 de abril de 2014,
en lo referente a la cuantía del daño patrimonial fallado en contra de la
responsable fiscal CAROLINA CAMACHO VERGARA, identificada (…),
la cual para todos los efectos será la suma de MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y DOS
CENTAVOS ($1.857.723.674,72).
ARTICULO SEGUNDO: Por las consideraciones expuestas REVOCAR
PARCIALMENTE la decisión tomada por este Despacho en el artículo
décimo del resuelve del Auto No. 042 del 21 de abril de 2014, en cuanto
15
Ibidem.
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22
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a excluir del fallo con Responsabilidad Fiscal la Póliza de Manejo Global
Entidades Estatales No. 2201309032558, con sus respectivos anexos,
certificados modificatorios y prórrogas, POR VALOR DE QUINIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($550.000,000) expedida por MAPFRE
Seguros Generales de Colombia S.A.
ARTICULO TERCERO: Por las consideraciones expuestas CONFIRMAR
ÍNTEGRAMENTE y en lo no revocado, los demás apartes del Auto No.
042 del 21 de abril de 2014 por medio del cual se profirió fallo con
responsabilidad fiscal.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
5.2.3. El fallo nro. ORD- 80112-0054-2014 del 12 de junio de 2014, “por
el cual se resuelven unos recursos de apelación y el grado de consulta
dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. CD 000243”, proferido
por la Contralora General de la República, que dispuso16:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar el artículo once del Fallo No. 042
del 21 de abril de 2014, proferido por la Directora [de la] Oficina Jurídica
de la Contraloría General de la República, (En ejercicio de funciones
delegadas por la Resolución Orgánica 7362 del 20 de diciembre de
2013); por medio del cual falla sin responsabilidad fiscal a favor del
FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO —
FINAGRO identificado con Nit. (…), MARCELA URUEÑA GÓMEZ,
identificada con cédula de ciudadanía N° (…) y JAIRO ALONSO MESA
GUERRA identificado con la cédula de ciudadanía (…); conforme a lo
expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar los Artículos Segundo, Tercero,
Cuarto, Quinto, Séptimo y Octavo del Fallo No. 042 del 21 de abril de
2014, proferido por Directora [de la] Oficina Jurídica de la Contraloría
General de la República, (En ejercicio de funciones delegadas por la
Resolución Orgánica 7362 del 20 de diciembre de 2013); por medio del
cual se falla con responsabilidad fiscal, en forma solidaria de conformidad
con el artículo 53 de la Ley 610 del 2000 dentro del Proceso de
Responsabilidad Fiscal No. CD 000243 en contra de las personas
naturales y jurídicas que se relacionan a continuación, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia:
(…)
4. JUAN CAMILO SALAZAR RUEDA identificado con la cédula (…) quien
se desempeñó como viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural para
la época de los hechos.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales).
16
Ibidem.
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5.3. Lo probado en el proceso
5.3.1. Las actuaciones que dieron origen al proceso de
responsabilidad fiscal
5.3.1.1. Está acreditado que el 4 de enero de 2008 se celebró entre el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura- IICA, el Convenio Especial de
Cooperación Científica y Tecnológica nro. 018 de 2008 con el siguiente
objeto17:
“[…] PRIMERA- OBJETO DEL CONVENIO. El presente Convenio tiene
por objeto la cooperación científica y tecnológica entre EL MINISTERIO y
EL IICA, mediante la unión de esfuerzos, recursos, tecnología y
capacidades, para impulsar la implementación, desarrollo y ejecución del
Programa “Agro, Ingreso Seguro – AIS”, especialmente en lo que
respecta a la integración de una Unidad Coordinadora del Programa, y la
realización de las actividades de socialización y divulgación de dicha
política pública […]”. (mayúsculas y negrillas originales).
Como objetivos específicos en el citado convenio se pactaron18:
“[…]CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. El presente
Convenio tendrá como objetos específicos: 1) Conformar y poner en
marcha la Unidad Coordinadora del Programa “Agro, Ingreso Seguro-
AIS”, que tendrá a su cargo el desarrollo de las actividades necesarias
para el diseño y ejecución de dicha política pública; 2) Realizar las
actividades de socialización y divulgación del Programa "Agro, Ingreso
Seguro - AIS"; 3) Supervisar, junto con la Unidad Coordinadora del
Programa "Agro, Ingreso Seguro - AIS", el desarrollo de las actividades
que sean ejercidas por los operadores que se vinculen para el
cumplimiento del objeto del presente Convenio: y, 4) Promover la
cooperación científica y tecnológica en el ámbito nacional, e
internacional, a través de consultorías especializadas externas en temas
de interés para el correcto desarrollo del Programa "Agro, Ingreso
Seguro - AIS".
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales).
Frente al plan operativo se dispuso:
“[…] CLÁUSULA TERCERA- PLAN OPERATIVO. La ejecución de objeto
del Convenio y, en particular, el desarrollo de las distintas actividades
que se deriven del mismo, se sujetará a un Plan Operativo. Dicho Plan
17
Ibidem.
Visto en el índice 28 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
18
radicado nro. 25000 23 41 000 2015 00182 01. Expediente digitalizado.
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Operativo formara parte integral del Convenio, y en el se detallarán los
objetivos propuestos, las actividades a desarrollar, los resultados o
productos a entregar, los roles institucionales de El MINISTERIO y de EL
IICA, y la relación de costos y gastos por rubros, previstos para la
ejecución del Convenio.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales).
Para ello, se creó un Comité Administrativo encargado de la dirección,
seguimiento y evaluación del convenio, que se conformó así:
“[…] CLÁUSULA CUARTA- CONFORMACIÓN DEL COMITE
ADMINISTRATIVO. La dirección, seguimiento y evaluación del
presente Convenio estará en cabeza de un Comité Administrativo
integrado por el Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su
delegado, quien lo presidirá; el Director de Comercio y Financiamiento
de EL MINISTERIO, o su delegado; y, el Representante de la Oficina de
EL IICA en Colombia, o su delegado. El Comité Administrativo del
Convenio se reunirá por citación de su presidente cuando éste lo estime
conveniente. Las decisiones, al igual que las recomendaciones del
Comité, se harán constar en actas suscitas por sus miembros. Dicho
Comité se reunirá ordinariamente como mínimo cada tres (3) meses, Y
contara con el apoyo de todas las dependencias de EL MINISTERIO y de
EL IICA, cuyos funcionarios podrán ser citados por razón de los asuntos
objeto de estudio.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales, subrayas ajenas).
En el mismo convenio se fijaron como funciones del Comité Administrativo
las siguientes:
“[…] CLÁUSULA QUINTA - FUNCIONES DEL COMITÉ
ADMINISTRATIVO, El Comité Administrativo del Convenio ejercerá las
siguientes funciones: 1) Aprobar toda adición, modificación y prórroga
del Convenio y/o del Plan Operativo; 2) Revisar, analizar y rendir
concepto en relación con los informes que presente el IICA con respecto
a la ejecución del Convenio; 3) Impartir las directrices e instrucciones
para adelantar los procesos de contratación que se requieran para la
correcta ejecución del Convenio; 4) Redistribuir los recursos que han
sido destinados para financiar cada uno de los rubros previstos en el Plan
Operativo y que se ejecuten dentro del marco del Convenio y, 5) Las
demás que se orienten a la correcta y adecuada ejecución del Convenio.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales).
En cuanto al valor del convenio y la forma de pago allí se pactó:
“[…] CLÁUSULA OCTAVA- VALOR DEL CONVENIO. El valor total del
presente convenio, entendido como la suma de dinero que se
comprometen a aportar las partes para la ejecución del objeto del
mismo, asciende a la suma de CINCO MIL TREINTA Y SEIS MILLONES
DE PESOS ($5.036.000.000). CLÁUSULA NOVENA. FORMA DE PAGO
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DEL APORTE. EL IICA dará un aporte en bienes y servicios equivalente
a la suma de treinta y seis millones de pesos ($36.000.000), cuya
distribución se encuentra detallada en la comunicación remitida por EL
IICA al MINISTERIO el 17 de diciembre de 2007, documento que hace
parte integral del presente Convenio. EL MINISTERIO aportará la suma
de cinco mil millones de pesos ($5.000.000,000) del presupuesto de la
vigencia fiscal de 2003.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales).
Según se desprende de las pruebas obrantes en el expediente, el Comité
Administrativo del Convenio nro. 018 de 2008 estuvo conformado por los
siguientes servidores públicos y tenía como funciones:
Período del
Funcionario Cargo ejercicio como Funciones
miembro del
Comité
1.Aprobar toda
Juan Camilo Viceministro de 10/01/08 – adición,
Salazar Rueda Agricultura y 31/12/08 modificación y
Desarrollo Rural prórroga del
Convenio y/o plan
operativo.
2. Revisar, analizar
y rendir conceptos
sobre los informes
que presente el
IICA con respecto a
la ejecución del
Convenio.
3. Impartir
directrices e
instrucciones para
adelantar los
procesos de
contratación que se
requieran para la
correcta ejecución
del convenio. (…)”.
Mario Andrés Soto Director Comercio y 10/01/08 – Las mismas
Angel Financiamiento 31/12/08 señaladas.
Así mismo, se aportaron las actas nro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del
Comité Administrativo del Convenio nro. 018 de 2008, suscritas por el
señor Juan Camilo Salazar Rueda, en calidad de viceministro de
Agricultura y Desarrollo Rural, en las que se plasmaron los objetivos,
desarrollo, compromisos y conclusiones acerca de las autorizaciones
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dadas por el comité administrativo para las modificaciones del plan
operativo y la utilización de recursos.
5.3.1.2. Igualmente, está acreditado que el 14 de enero de 2009 se
celebró entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura- IICA el Convenio
Especial de Cooperación Científica y Tecnológica nro. 037 de 2009 con el
siguiente objeto:
“[…] PRIMERA- OBJETO DEL CONVENIO. El presente Convenio tiene
por objeto la cooperación entre EL MINISTERIO y EL IICA, mediante la
unión de esfuerzos, recursos, tecnología y capacidades, para impulsar la
implementación, desarrollo y ejecución del Programa “Agro, Ingreso
Seguro – AIS”.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales).
En este convenio no se observa que se hayan plasmado objetivos
específicos, pero se previó lo siguiente frente al plan operativo, así19:
“[…] CLÁUSULA SEGUNDA. La ejecución de objeto del Convenio y, en
particular, el desarrollo de las distintas actividades que se deriven del
mismo, se sujetará a un Plan Operativo. Dicho Plan Operativo formara
parte integral del Convenio, y en el se detallarán los objetivos
propuestos, las actividades a desarrollar evaluando los lineamientos del
Comité Intersectorial, los resultados o productos a entregar, los roles
institucionales de El MINISTERIO y de EL IICA, y la relación de costos y
gastos por rubros, previstos para la ejecución del Convenio.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales).
Se conformó un Comité Administrativo para la dirección seguimiento y
evaluación del convenio, integrado de la siguiente manera:
“[…] CLÁUSULA TERCERA. La dirección, seguimiento y evaluación del
presente Convenio estará en cabeza de un Comité Administrativo
integrado por el Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su
delegado, quien lo presidirá; el Director de Comercio y Financiamiento
de EL MINISTERIO, o su delegado; y, el Representante de la Oficina de
EL IICA en Colombia, o su delegado. El Comité Administrativo del
Convenio se reunirá por citación de su presidente cuando éste lo estime
conveniente. Las decisiones, al igual que las recomendaciones del
Comité, se harán constar en actas suscitas por sus miembros. Dicho
Comité se reunirá ordinariamente como mínimo cada tres (3) meses, Y
Visto en el índice 28 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
19
radicado nro. 25000 23 41 000 2015 00182 01. Expediente digitalizado.
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contara con el apoyo de todas las dependencias de EL MINISTERIO y de
EL IICA, cuyos funcionarios podrán ser citados por razón de los asuntos
objeto de estudio. […]”. (mayúsculas y negrillas originales,
subrayas ajenas).
En el mismo convenio se fijaron como funciones del Comité Administrativo
las siguientes:
“[…] CLÁUSULA CUARTA. El Comité Administrativo del Convenio
ejercerá las siguientes funciones: 1) Aprobar toda modificación y
prórroga del Convenio y/o del Plan Operativo; 2) Revisar, analizar y
rendir concepto en relación con los informes que presente el IICA con
respecto a la ejecución del Convenio; 3) Impartir las directrices e
instrucciones para adelantar los procesos de contratación que se
requieran para la correcta ejecución del Convenio; 4) Redistribuir los
recursos que han sido destinados para financiar cada uno de los rubros
previstos en el Plan Operativo y que se ejecuten dentro del marco del
Convenio y, 5) Las demás que se orienten a la correcta y adecuada
ejecución del Convenio.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales).
En cuanto al valor del convenio y la forma de pago allí se pactó:
“[…] CLÁUSULA SÉPTIMA. El valor total del presente convenio,
entendido como la suma de dinero que se comprometen a aportar las
partes para la ejecución del objeto del mismo, asciende a la suma de
SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL
PESOS M/CTE ($6.125.067.000), los cuales se desembolsaran de la
siguiente forma: a) EL IICA dará un aporte en bienes y servicios
equivalente a la suma de CIENTO VEINTICINCO MILLONES
SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($125.067.000), los cuales se
desembolsarán de la siguiente forma (…).
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales).
Según se desprende de las pruebas obrantes en el expediente, el Comité
Administrativo del Convenio nro. 037 de 2009 estuvo conformado por los
siguientes servidores públicos y tenía como funciones:
Período del
Funcionario Cargo ejercicio como Funciones
miembro del
Comité
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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1.Aprobar toda
Juan Camilo Viceministro de 22/01/09 – adición,
Salazar Rueda Agricultura y 31/12/09 modificación y
Desarrollo Rural prórroga del
Convenio y/o plan
operativo.
2. Revisar, analizar
y rendir conceptos
sobre los informes
que presente el
IICA con respecto a
la ejecución del
Convenio.
3. Impartir
directrices e
instrucciones para
adelantar los
procesos de
contratación que se
requieran para la
correcta ejecución
del convenio. (…)”.
Ricardo Sánchez Viceministro de 23/08/10– Las mismas antes
López Agricultura y Actualmente señaladas.
Desarrollo Rural
(…)
Constan las actas nro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del Comité
Administrativo del Convenio nro. 037 de 2009, suscritas por el señor Juan
Camilo Salazar Rueda, en calidad de viceministro de Agricultura y
Desarrollo Rural, en las que se plasmaron los objetivos, desarrollo,
compromisos y conclusiones acerca de las autorizaciones dadas por el
comité administrativo para las modificaciones del plan operativo y la
utilización de recursos.
Por último, está acreditado que la distribución de los recursos para el
mencionado convenio fue la siguiente:
“[…]
1. Unidad Coordinadora del Programa AIS $1.000.000.000
2. Divulgación del Programa AIS $4.100.000.000
2.1. Divulgación del Programa AIS $3.500.000.000
2.2. Línea de atención y call center $500.000.000
2.2. (sic) Viáticos $100.000.000
3. Aporte IICA $125.067.000
3.1. Servicios informáticos $50.000.000
3.2. Equipos Unidad Ejecutora IICA- AIS $75.067.000
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4. Administración operación IICA $258.873.881
5. Imprevistos $641.126.119
TOTAL $6.125.067.000
[…]” (negrillas originales).
5.3.2. Las imputaciones que se hicieron al señor Juan Camilo
Salazar Rueda para declararlo fiscalmente responsable
5.3.2.1. En el auto nro. 042 con fecha 21 de abril de 2014, “por medio
del cual se profiere fallo con responsabilidad fiscal dentro del proceso de
responsabilidad fiscal No. CD 000243- Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural- AIS”, proferido por la directora de la oficina jurídica de
la Contraloría General de la República, se explicó lo siguiente frente al
Programa Agro Ingreso Seguro20:
“[…] Las situaciones inherentes a la apertura económica, avocada por el
Estado de Colombia desde los años 90 hasta la fecha, han llevado a la
Industria agrícola y en especial al campesinado colombiano a escenarios
desfavorables para sus propias economías y en consecuencia para el
área agrícola en general, pues el atraso científico y tecnológico acaecido
por dicho sector en el país, ha generado para el mismo, que al momento
de la reducción y/o desmonte de los aranceles que grababan los
productos agrícolas extranjeros, las precios internos no fueran
competentes con los traídos por la producción agrícola extranjera,
sumado a los estándares de calidad que ofrece dicha industria agrícola,
habida cuenta los estándares científicos y tecnológicos en ella
involucrada, que frente a la producción manejada por el agro colombiano
y el incipiente aporte científico y tecnológico que la ha soportado, hace
que la producción del campo Colombiano resulte insuficiente para
atender las necesidades que avoca la apertura económica y los tratados
de libre comercio y de economía globalizada que desde esa data se
vienen forjando a nivel mundial y de la cual no puede ser ajeno Colombia.
(…)
Ahora bien, la política de reforma agraria, como instrumento para el
desarrollo rural de un Estado como Colombia , implica para su impulso,
la definición de diversos objetivos tales como el "...crecimiento de la
producción y productividad, mejoramiento social y formación de capital
físico... , lo que implícitamente conlleva a que "...el proceso de cambio y
modernización de las zonas rurales atrasadas, tradicionalmente
campesinas, que opera constituyendo a los campesinos, al Estado, a los
empresarios locales y regionales en actores de esa transformación...” .
Así las cosas, el desarrollo rural debe entenderse "… como un proceso
dinámico de cambio acumulativo y de transformación de las sociedades
rurales locales, que, con la participación de los distintos actores sociales,
20
Visto en el índice 28 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 41 000 2015 00182 01. Expediente digitalizado.
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permite diversificar tanto las actividades productivas y de generación de
ingresos, como las formas de organización social y de participación
política, y alcanzar desarrollos tecnológicos en medio de la diversidad
cultural…”.
Sumado a la apertura económica dada en la década de los 90, se
encuentra que, como consecuencia de la misma, se diera paso a la
suscripción, por parte del Gobierno Nacional, de diferentes tratados de
libre comercio con diferentes Estados, entre los cuales se encuentra
aquel suscrito con el Gobierno de Estados Unidos de Norte América, lo
que llevó a que el Estado Colombiano, en aras de asegurar la producción
de alimentos que cubriera las necesidades internas, así como
salvaguardar los ingresos de los productores nacionales, que de una u
otra forma se vieran afectados por la distorsiones derivadas de los
mercados externos y en todo caso asegurar la competitividad de todo el
sector Agropecuario Nacional, promulgara y sancionara la Ley 1133 de
2007, norma ésta que, erigió a norma el ya creado Programa Agro,
Ingreso Seguro — AIS, que si bien es cierto venía siendo tratado como
política agraria, la armonización de dicho sector debía sufrir , con ocasión
de la globalización de las economías de los países adscritos a los citados
tratados.
(…) el Programa Agro, Ingreso Seguro, a partir de la promulgación y
sanción de la Ley 1133 de 2007 (9 de abril de 2007), para efectos de su
desarrollo introdujo dos (2) elementos estructurales, que la misma
norma denominó como "...apoyos económicos directos ..." y "...apoyos
a la competitividad...".
Con los apoyos económicos directos el Estado Colombiano "...busca
proteger los ingresos de los productores durante un período de
transición, en el cual se espera mejorar en competitividad y adelantar
procesos de reconversión ... (destacado del fallo), mientras que, con el
apoyo a la competitividad, lo pretendido es "… preparar el sector
agropecuario ante la internacionalización de la economía, mejorar la
productividad y adelantar procesos de reconversión, en todo el sector
Agropecuario ...”.
(…)
Bajo ese criterio, por demás plausible, pues evidentemente la norma
observó la realidad del agro Colombiano, resulta claro que, al guardar y
cumplir exactamente lo allí mandado y ordenado, se hubiese logrado
capacitar, preparar y tecnificar al campesinado Colombiano, sin importar
la escala de producción en el que cada uno de ellos se encuentre
enmarcado, es decir pequeña, mediana y gran escala de producción, al
permitirle la apropiación del conocimiento técnico y tecnológico, que lo
dotara de elementos que le permitieran utilizar los beneficios económicos
que la norma en cita le otorgaban, cosa que, efectivamente no se dio,
por lo menos en el caso objeto de esta decisión.
Los Apoyos para la Competitividad (APC), de conformidad con la Ley
precitada debieron ser orientados a “… preparar al sector agropecuario
para enfrentar la mayor exposición de la producción nacional a la
competencia de los productos agroalimentarios, derivada de los tratados
de libre comercio que el país se encuentra negociando, de manera
bilateral, con varios países del mundo, mejorando su productividad y
adelantando procesos de reconversión productiva…" (destacado del
fallo), lo que no es otra cosa que el desarrollo legal de los artículos 65 y
66 superiores, los cuales, profundizan sobre los derechos sociales,
económicos y culturales de la población rural (…).
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(…)
Bajo ese entendido, la política pública de Agro Ingreso Seguro,
consagrada en la Ley 1133 de 2007 en especial aquello contemplado en
el artículo 3 de la misma, contempló el desarrollo pleno de lo concebido
constitucionalmente y líneas arriba señalado, en el entendido de que la
conjugación de los dos componentes allí plasmados, es decir, los apoyos
económicos directos y los apoyos a la competitividad, permitirían al
campesinado colombiano ser partícipe del logro de los fines esenciales
del Estado buscados alcanzar a través de ellos, así como obtener la
satisfacción de los intereses que cada uno de ellos pretende con la
explotación agropecuaria, al contar con el debido soporte técnico
representado en la transmisión de conocimiento que los conocedores del
tema, Ministros y Viceministros y funcionarios responsables del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la época de los hechos,
debieron realizar con cargo al presupuesto asignado a dicho programa,
la apropiación de bienes y servicios para la modernización propia del
desarrollo agropecuario pretendido, todo ello previo el apoyo económico
que el mismo programa contempló.
(…)
En desarrollo de la Política Pública de Agro Ingreso Seguro, el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, fundado en las justificaciones
anteriormente plasmadas, suscribió los Convenios de Cooperación Nos.
078 de 2006, 003 de 2007, 018 de 2008, 037 de 2009 con el INSTITUTO
INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA — IICA
(…) bajo la modalidad de "Convenios Especiales de Cooperación", a
efectos de aunar esfuerzos y en ese orden obtener la cooperación en
actividades científicas y tecnológicas.
(…)
La especial preocupación del Gobierno colombiano y de los estamentos
del Estado por la ciencia y la tecnología, tanto el Ejecutivo como el
Legislativo, han dado un tratamiento preferente, especial, excluyente y
privilegiado a los mencionados "Convenio de Cooperación" de ciencia y
tecnología, como lo vemos en la literalidad del artículo 1 del Decreto Ley
393 de 1991 (…).
(…)
Se resalta de la norma transcrita, que los convenios enmarcados como
de ciencia y tecnología, pueden decantar su desarrollo si y solo sí su
objeto y obligaciones se encuentran inmersas en actividades propias de
ciencia y tecnología, sin que la norma en comento observe esguince
alguno que permita a los ordenadores del gasto, vía este tipo de
convenios, comprometer el presupuesto público en objetos y
obligaciones disímiles, o en el peor de los casos, como en el que nos
ocupa, enmarcar el convenio en dichas actividades, pero ejecutar
actividades que no detenten los elementos propios de ciencia y/o
tecnología; más aún, cuando los convenios de cooperación científica y
tecnológica, cuya ejecución motivan la decisión acá tomada, fueron
suscritos, por una parte, por una de las entidades públicas con mayores
obligaciones de orden constitucional para la implementación de ciencia y
tecnología en el sector agropecuario como lo es el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural y un Instituto de raigambre internacional
como lo es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA) (…).
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Radicación: 25 000 23 41 000 2015 00182 01
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(…) Ahora bien, habida cuenta que el tema central de la decisión acá
tomada, se centra en el elemento reiterado de los Convenios de Ciencia
y Tecnología, cuya ejecución se reprocha, y cuya subcontratación se
encargó, según los imputados y sus apoderados, de adelantar
actividades de "difusión" para la "apropiación" de ciencia y tecnología,
es pertinente, para las resultas de este proceso, traer apartes del
documento construido por la máxima autoridad de Ciencia y Tecnología
en Colombia de fecha septiembre de 2013, denominado "...Colciencias
40 años Entre la legitimidad, la normatividad y la práctica...", el cual en
su capítulo 6 trata el tema denominado "...Entre la difusión, la
apropiación y la gobernanza de la ciencia y la tecnología.. ..., capítulo
éste que arroja conceptos que desvirtúan palmariamente los argumentos
de defensa de los apoderados en cuanto a la forma en que se ejecutaron
los recursos públicos destinados dentro del programa Agro Ingreso
Seguro, para la Cooperación Científica y Tecnológica del sector
agropecuario del país, a través de los subcontratos que ejecutaron los
convenios de cooperación suscritos entre el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA), que motivan la decisión hoy aquí tomada, pues como
se ha repetido, la subcontratación difiere del concepto de difusión y
apropiación científica y tecnológica.
(…) En tal sentido, no es admisible interpretación alguna que permita
invalidar la subcontratación reprochada por este Despacho, que esta
desprovista en su totalidad de contenidos científicos o tecnológicos que
permitieran al campesinado apropiarse del conocimiento que les hubiese
dado las herramientas científicas y tecnológicas pretendidas por el
programa Agro, Ingreso Seguro a través de los convenios de cooperación
científica y tecnológica objeto de este Proceso de Responsabilidad Fiscal.
(…)
Demostrado, como queda, que los convenios de cooperación científica y
tecnológica cuentan con un marco normativo, jurisprudencial,
doctrinario, claro que no se presta a ambigüedad alguna y que si, por el
contrario, en un Estado Social de Derecho, son derroteros de imperativo
cumplimiento.
(…)
Así, los Convenios Nos. 078 de 2006, 003 de 2007, 018 de 2008, 037 de
2009 suscritos con el IICA que fueron motivados para lograr los
cometidos o finalidades del Programa "Agro, Ingreso Seguro — AIS" bajo
el enfoque del desarrollo de actividades en ciencia y tecnología, y que
serían desarrollados por medio de contratos, observan en su contenido
los siguientes acuerdos y características, los cuales, no obstante estar
soportados en sus consideraciones, objeto y obligaciones en los
concebido por la normatividad especial que trata la ciencia y la
tecnología, contrarío sensu su ejecución inobservó los postulados y
finalidades buscadas por el legislador para el efecto y por ende se
constituyó en una pérdida patrimonial, como a continuación se evidencia.
[…]”. (destacado original del fallo)
En cuanto al daño patrimonial al Estado, el fallo de responsabilidad fiscal
de primera instancia explicó lo siguiente:
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“[…] por los hechos relevantes que se han descrito en el aparte anterior,
este Despacho ha encontrado que el marco normativo de la figura
contractual (convenios especiales de cooperación científica y
tecnológica) se sujetan a obligaciones que debían observarse por acción
y omisión y al haberse omitido y por la disposición de recursos públicos
por medio de una gestión fiscal inoportuna e ineficaz, ocasionaron la
lesión al patrimonio público.
(…)
De acuerdo con las pruebas obrantes en el presente proceso de
responsabilidad fiscal, y conforme al análisis que en detalle se ha
presentado, este Despacho ha establecido que de manera injustificada y
a través de una serie de hechos y desviaciones de recursos en
subcontrataciones sin fundamento en la finalidad convenida en
propósitos de ciencia y tecnología para los convenios especiales de
ciencia y tecnología números 078 de 2006, 003 de 2007, 018 de 2008 y
037 de 2009, ha sido afectado el patrimonio público en desarrollo de una
gestión fiscal inoportuna e ineficaz, con las cuales se desviaron recursos
públicos que permitieron la disminución, menoscabo y pérdida del
presupuesto destinado para la atención de actividades de ciencia y
tecnología derivadas del Programa "Agro, Ingreso Seguro —AIS”, en las
que no se aplicó el cumplimiento de los cometidos y de los fines
esenciales del Estado buscados en los mismos, por lo menos en la
subcontratación reprochada ya identificada.
(…)
5.1. Daño patrimonial en el caso concreto
Las pruebas obrantes en el proceso permiten determinar que existe un
daño producido al patrimonio del Estado- Entidad Afectada MADR,
derivado de una gestión fiscal que es inoportuna e ineficaz. Una de las
acepciones latas del concepto de inoportunidad, entiende por éste, a
aquello que está por fuera de un propósito; inoportunidad ésta
consagrada en el artículo 6° de la Ley 610 de 2000 (…).
(…) Este Despacho considera que de conformidad con la consagración
legal del daño patrimonial: el mismo se presenta por la lesión del
patrimonio público, representada en la pérdida de Recursos del Programa
AIS por gastos distintos a difusión, divulgación y socialización de ciencia
y tecnología, con cargo a los convenios especiales de cooperación de
ciencia y tecnología números 078 de 2006, 003 de 2007, 018 de 2008 y
037 de 2009 suscritos entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
IICA, producto de una gestión fiscal inoportuna e ineficaz de los entonces
Ministros de Agricultura y Desarrollo Rural Arias Leiva y Fernández
Acosta, así como de las personas miembros del comité administrativo,
como se verá más adelante, junto con el IICA, extraviando los recursos,
que se debían dirigir a inversiones de ciencia y tecnología, en la
adquisición de bienes y servicios con un contenido diferente, que en
términos generales, no se enmarcan dentro de las actividades científicas
y tecnológicas y/o en la divulgación, socialización, difusión y por ende
apropiación del conocimiento científico y tecnológico pertinente para el
sector agropecuario, así como en el cumplimiento de los cometidos y -
fines esenciales del Estado, particularizados en el objetivo funcional y
organizacional del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en asocio
con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, y en
especial a la Política Pública - Programa de Agro Ingreso Seguro- AIS,
las cuales, para el efecto, debieron materializarse a través de los
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Radicación: 25 000 23 41 000 2015 00182 01
Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
convenios líneas arriba citados, pues su contenido convencional y legal
no degeneran en actividades o servicios diferentes a ciencia y tecnología,
términos claramente definidos y delimitados en los Decretos 393 y 591
de 1991, la jurisprudencia y la doctrina, como se evidenció en párrafos
anteriores de esta providencia.
(…)
En el actual control fiscal, el daño patrimonial de derivación
Constitucional; ya no se limita al faltante de fondos, puesto que dado la
finalidad de la administración pública que es propender por el uso
adecuado y eficiente de los recursos públicos, se deberá es verificar si el
uso de esos recursos contribuyó de manera adecuada y concreta con el
cumplimiento de los objetivos del Estado.
(…)
En el presente proceso se puede evidenciar el daño objetivo al patrimonio
público que es cierto, actual, anormal, y cuantificable, causado con la
ejecución de los convenios especiales de cooperación técnica y científica
números 078 de 2006, 003 de 2007, 018 de 2008 y 037 de 2009
suscritos con el IICA, y de manera específica en la ejecución de los
subcontratos derivados de aquellos convenios mediante los cuales se
contrataron bienes y servicios, que no guardan relación con lo que se
debe entender por actividades de ciencia y tecnología […]”.
Específicamente respecto del Convenio nro. 018 de 2008 el fallo expuso:
“[…] En consecuencia, los traslados de los denominados "aportes" se
efectuaron por el señor MINISTRO del MADR. Dr. Andrés Felipe Arias
Leiva al IICA mediante la Orden de Pago No. 3091427 del 15 de febrero
de 2008 por valor de $ 2.000.000.000; Orden de Pago No. 3455303 del
-11 de noviembre de 2008 por valor de $ 2.000.000.000; Orden de Pago
No. 3613380 del 17 de octubre de 2008 por valor de $ 1.421.070.000 y
Orden de Pago No. 3808981 del 22 de diciembre de 2008 por valor de $
252.099.500 (fls. 126 - 129 Carpeta 1 Prueba Anexo No. 3 Convenio
018). Mediante Acta de Liquidación del 11 de agosto de 2008, el MADR
(por medio de su Secretario General) y el IICA (por medio de su
representante legal) indicaron que del valor total del Convenio bajo el
rubro de "Divulgación, socialización y validación" se ejecutaron $
4.210.164.862 (Fls.137 — 138 Carpeta 2 Prueba Anexo No. 3 Convenio
018).
Quedando probado de que el Convenio se ejecutaría para lograr avances
y resultados de ciencia y tecnología, la CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, encontró que durante la ejecución del citado Convenio 018
de 2008 se adquirieron bienes, productos y servicios que no poseen
componente alguno científico o tecnológico, y que pese a ello, estos
bienes servicios y productos ajenos fueron cargados a los recursos del
Convenio Especial de Cooperación Científica y Tecnológica bajo el
concepto de "DIVULGACIÓN DEL PROGRAMA AIS". La relación de los
contratos que fueron de publicidad o de promoción del Programa "Agro,
Ingreso Seguro AIS" fueron21:
21
Dicha relación consta en las páginas 100 a 193 del auto nro. 042 fallo de
responsabilidad fiscal de primera instancia.
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Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
CONTRATO OBJETO VALOR SOPOR APROBACIÓ OTROS
PAGADO TES DE N COMITÉ
PAGO ADMINISTR
ATIVO
1. HERICH Divulgació $42.727.5 (…) Acta nro. 1 Acta
JAVIER n y 00 suscrita liquidaci
FRASSER socializaci JUAN ón
GARCÍA ón de cada CAMILO 31/12/2
(comunicador uno de los SALAZAR 008
social) (…) componen (…).
tes del
Programa
AIS
2. PEDRO Asesorar la $6.750.00 (…) Amplia Acta Acta
FERRÍN comisión 0 nro. 1 (…) liquidaci
ORDOÑEZ consultiva suscrita por ón (…)
de alto JUAN
nivel bajo CAMILO
la SALAZAR
orientació (…)
n de
subcomisi
ón de
terrritorios
3. BISMARK Asesorar a $6.750.00 (…) Amplia con Acta
NICOLÁS la comisión 0 acta nro. 6 liquidaci
CHAVERRA (…). consultiva (…) suscrita ón (…)
de alto por JUAN
nivel, y en CAMILO
particular SALAZAR
al espacio (…)
autónomo
bajo la
orientació
n de la
subcomisi
ón de
territorios
y recursos
naturales
en el
proceso de
socializaci
ón y
concertaci
ón
4. NIGDIA Asesorar a $6.750.00 (…) Acta nro. 4 Acta
GEORGINA DÍAZ la comisión 0 Comité liquidaci
BECERRA (…) consultiva administrati ón (…)
de alto vo (…)
nivel y en suscrita por
particular JUAN
al espacio CAMILO
autónomo, SALAZAR
bajo la (…)
orientació
n de la
subcomisi
ón de
territorios
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y recursos
naturales
en el
proceso de
socializaci
ón y
concertaci
ón
5. ROQUE Asesorar a $6.750.00 (…) Amplia con Acta
ALFREDO la comisión 0 acta nro. 6 liquidaci
RIASCOS consultiva (…) suscrita ón (…)
de alto JUAN
nivel y en CAMILO
particular SALAZAR
al espacio (…)
autónomo,
bajo la
orientació
n de la
subcomisi
ón de
territorios
y recursos
naturales
en el
proceso de
socializaci
ón y
concertaci
ón
6. MARIA ELISA Contribuir $25.600.0 (…) Acta nro. 1
GONZÁLEZ a la 00 (…) suscrita
CLAVIJO divulgació JUAN
n y CAMILO
estrategia SALAZAR
de (…)
comunicac
ión AIS
puntualme
nte desde
el punto de
vista
organizaci
onal
7. ISIS YUMALI Contribuir $12.800.0 (…) Acta nro. 1
DURAN a la 00 (…) suscrita
MORENO divulgació JUAN
n y CAMILO
estrategia SALAZAR
de (…)
comunicac
ión AIS
puntualme
nte desde
el punto de
vista
organizaci
onal,
publicitario
y
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periodístic
o
8. CUARTO Arreglos Valor (…) Acta nro. 1 Acta
PODER OR LTDA logísticos inicial liquidaci
(…) para la $300.000. ón (…)
consulta 000
previa de
la ley de $347.822.
reforestaci 800
ón
9. Adición EPM Soporte Valor (…) Acta de Acta
TELECOMUNICA página $352.640. comité liquidaci
CIONES (…) web de 000 administrati ón (…)
AIS e Adición vo nro. 5
implement por (…) suscrita
ación y $58.000.0 por JUAN
operación 00 CAMILO
del Valor total SALAZAR
servicio de $410.640.
una línea 000
de
atención
gratuita a
nivel
nacional
para
productore
s
interesado
s en el
programa
AIS
10. INITIATIVE Ejecución $ (…) Acta nro. 2 Acta
MEDIA de la 3.200.000 del liquidac
COLOMBIA (…) tercera .000 16/01/2008 (…)
fase del suscrita por
proceso de JUAN
divulgació CAMILO
n y SALAZAR
socializaci (…)
ón de AIS
de sus
componen
tes e
instrument
os
haciendo
especial én
fasis en la
difusión de
la línea
especial de
crédito
para
reconversi
ón y
mejora de
productivi
dad (…)
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11. MARTHA Contribuir $56.970.0 (…) Acta de Acta
HERRERA en 00 comité liquidaci
VASQUEZ divulgació adtivo nro. 1 ón (…)
n, difusión del convenio
y 018 del
socializaci 11/01/08
ón de cada suscrita por
uno de los JUAN
componen CAMILO
tes del AIS SALAZAR
(…)
12. COLOMBIA Preproduc $13.300.5 (…) Acta nro. 3 Acta
MEDIOS EU (…) ción, 94 comité liquida
producción administrati ción (…)
, libreto, vo
edición,
graficación
, locución,
cabezote y
realización
de video
de 5 min.
13. SISTEMAS Suministro $8.635.04 (…) Acta nro. 3 Acta
INTEGRALES DE de equipos 0 comité liquida
INFORMÁTICA de red administrati ción (…)
SISA (…) inalámbric vo suscrita
a, por JUAN
instalación CAMILO
, SALAZAR
configuraci (…)
ón, puesta
en marcha
para la
ejecución
de
actividade
s por parte
de la
Unidad
Coordinad
ora del AIS
VALOR TOTAL $4.145.495.934 m/cte
(…)
En ese orden, el convenio bajo análisis, se celebró para la obtención de
logros en ciencia y tecnología en el sector agropecuario Colombiano, la
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA encontró pruebas que le
permite concluir que durante la ejecución gastos en la adquisición de
bienes del citado Convenio 018 de 2008 se hicieron gastos de bienes,
productos y servicios para la socialización y divulgación que no poseen
contenido alguno de ciencia tecnología, y que fueron cargados a los
recursos del Convenio Especial de Cooperación Científica y Tecnológica
bajo el concepto de Socialización. Así, por contratos por fuera del objeto
del Convenio, que ocasionaron pérdida del patrimonio del Estado que no
corresponden con actividades de ciencia y tecnología, se celebraron trece
(13) contratos por valor de: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 4.145.495.934,00), suma a la que
este Despacho llega, una vez descontado el ítem de Contratos Varios
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"Viáticos, tiquetes" tenido en la imputación de Responsabilidad Fiscal
proferida en el presente proceso, habida cuenta que, no se logró
determinar que lo adquirido con cargo a ese contrato, no guardara
relación con el Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica No. 018
de 2008.
[…]”. (resaltado original)
Frente al Convenio nro. 037 de 2009 el fallo de responsabilidad fiscal de
primera instancia dijo lo siguiente22:
“[…] El traslado de los denominados "aportes" efectuado por el entonces
MINISTRO del MADR, Andrés Felipe Arias Leiva al IICA se hizo mediante
la Orden de Pago No. 3891798 del 10 e febrero de 2009; (fl. 76 - 77
Carpeta 1 Prueba Anexo No. 4 Convenio 037), por valor de DOS MIL
DOCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO VEINTISEIS SETECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 2.206.126.794.00).
Pese a lo dicho y habiendo claridad de que el Convenio se ejecutaría para
lograr avances y resultados de ciencia y tecnología, la CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA, encontró que durante la ejecución del
citado Convenio 037 de 2009 se adquirieron bienes, productos y servicios
que no poseen componente alguno de ciencia y tecnología, y que pese a
ello, estos bienes servicios y productos fueron cargados a los recursos
del Convenio Especial de Cooperación Científica y Tecnológica bajo el
concepto de divulgación y Socialización. La relación de los contratos que
fueron de publicidad o de promoción del Programa "Agro, Ingreso Seguro
AIS" fueron: (…)”.
Acerca del detrimento patrimonial del Convenio nro. 037 de 2009 se
estableció que correspondía a los siguientes contratos en relación con el
señor Juan Camilo Salazar23:
CONTRATO OBJETO VALOR SOPORT ACTA DEL OTROS-
DE BIENES Y CONTRATA PAGADO ES DE COMITÉ OBSER
SERVICIOS DO Y SUS POR EL PAGO ADMINISTRA VA
PARA ACTIVIDAD CONTRAT DEL TIVO QUE CIONES
DIVULGACIÓ ES Y/O O CONTRA APROBÓ LA
N Y PRODUCTO TO CONTRATACI
SOCIALIZAC S ÓN
IÓN ENTREGAD
(PUBLICIDA OS
D) SIN
NINGÚN
CONTENIDO
CIENTÍFICO
Y
22
Dicha relación consta de las páginas 106 a 114 del auto nro. 042 fallo de
responsabilidad fiscal de primera instancia; sin embargo allí se relacionaron 18
contratos.
23
Páginas 618 a 625 del auto nro. 042 fallo de responsabilidad fiscal de primera
instancia; de los 18 contratos citados inicialmente fueron excluidos cuatro que no
figuraban autorizados por el Comité Administrativo.
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TECNOLÓGI
CO
1. CUARTO Realizar la $20.075.4 (…) Acta de Acta
PODER OR gestión 51 Comité liquidac
(…). necesaria Administrativ ión (…)
para apoyar o nro. 7
el Ministerio suscrita JUAN
y al IICA a CAMILO
promover el SALAZAR
programa (…).
AIS en Feria
Agro Futuro
de Medellín
(…).
2. CUARTO Promover $5.924.35 (…) Acta del Acta
PODER OR AIS en Feria 2 Comité liquidac
Gran Administrativ ión (…)
Encuentro o nro. 7 del
de los 25 de junio
Gobiernos de 2009 (…)
en Bogotá
3. Promover $3.480.00 (…) Acta de Acta
FEDERACIÓN AIS en Feria 0 Comité liquidac
COLOMBIAN Gran Administrativ ión (…)
A DE Encuentro o nro. 7 del
MUNICIPIOS de los 25 de junio
Gobiernos de 2009
en Bogotá suscrita por
(…) JUAN
CAMILO
SALAZAR (…)
4. Administrac $10.440.0 (…) Acta de Acta
INFORMACIÓ ión y 00 comité nro. 8 liquidac
N DE mantenimie (…) suscrita ión (…)
NEGOCIOS Y nto del sitio por JUAN
PROCESO web AIS CAMILO
INP (…) SALAZAR (…)
5. Diseño, $35.710.0 (…) Acta del Acta
INFORMACIÓ programaci 00 comité liquidac
N DE ón e Administrativ ión (…)
NEGOCIOS Y implementa o nro. 2 (…)
PROCESO ción de suscrita JUAN
INP página web CAMILO
CONTRATO de AIS SALAZAR (…)
DE ajustado a
PRESTACIÓN la agenda
DE de
SERVICIOS conectivida
PROFESIONA d del
LES Gobierno
INDEPENDIE Nacional
NTS NO.
202/09
6. SIGLO Prestación $21.924.0 (…) Acta de Acta de
DATA de servicios 00 comité liquidac
contrato de profesionale administrativ ión
prestación de s de o nro. 1 (…) (…)
servicios monitoreo suscrita JUAN
(prensa, CAMILO
televisión, SALAZAR (…)
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Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
radio,
revistas e
internet
sobre
acciones del
MADR,
particularm
ente para el
programa
AIS
7. Distribución $961.785 (…) Acta nro. 6 Acta de
INALAMBRIA masiva de (…) suscrita liquidac
S.A. (…) mensajes JUAN ión (…)
de texto de CAMILO
la unidad SALAZAR (…)
coordinador
a de AIS a
todo
operador
(…)
8. SOCIEDAD Montaje de $30.000.0 (…) Acta de Acta
DE stand y en 00 comité liquidac
AGRICULTUR general administrativ ión (…)
ES Y publicidad o nro. 8 del
GANADEROS necesaria 12 de agosto
DEL VALLE para AIS en de 2009
DEL CAUCA Feria Agro suscrita por
(…) del Pacífico JUAN
2009 (…) CAMILO
SALAZAR (…)
9. CENTRO Montaje de $17.999.9 (…) Acta de Acta
DE FERIAS, stand y en 30 comité liquidac
EXPOSICION general administrativ ión (…)
ES, publicidad o nro. 8 (…)
CONVENCIO necesaria suscrita por
NES para AIS en JUAN
BUCARAMAN 60ª Feria CAMILO
GA S.A. (…) Ganadera SALAZAR
de
Bucaraman
ga (…)
10. Ejecución $23.200.0 (…) Acta de Acta
PROYECTOS de la 000 comité liquidac
AGROPECUA tercera fase Administrativ ión (…)
RIOS DE del proceso o nro. 5 del 2
COLOMBIA de de junio de
(…) divulgación 2009 suscrita
y por CAMILO
socializació SALAZAR
n de AIS de
sus
component
es e
instrumento
s haciendo
especial én
fasis en la
difusión de
la línea
especial de
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Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
crédito para
reconversió
n y mejora
de
productivid
a (…)
11. Convenio Aunar $400.000. (…) Acta de Acta
de esfuerzos 000 comité nro. 1 liquidac
Cooperación para (…) suscrita ión (…)
nro. 147 de continuar por JUAN
2009 con CAMILO
posicionami SALAZAR (…)
ento
general del
AIS en
búsqueda
de niveles
de difusión
más
amplios (…)
12. Contrato Contribuir a $61.339.5 (…) Acta del Acta
de prestación la 96 (…) Comité liquidac
de servicios divulgación, Administrativ . (…)
MARTHA socializació o suscrita por
HERRERA n y difusión JUAN
VASQUEZ de cada uno CAMILO
(…) de los SALAZAR
component
es de AIS
13. Contrato Contrato de $34.454.4 (…) Acta del Acta
de prestación prestación 00 (…) Comité liquidac
de servicios de servicios Administrativ . (…)
de LINA profesionale o nro. 1(…)
MARÍA s suscrita por
FLÓREZ independien JUAN
SIERRA (…) tes para CAMILO
divulgación SALAZAR
y estrategia
de
comunicaci
ón AIS (…)
14. HERICH Contribuir $46.004.7 (…) Acta del Acta
JAVIER con la 00 (…) Comité liquidac
FRASSER divulgación, Administrativ . (…)
GARCÍA (…) socializació o nro. 1 (…)
n de cada suscrita por
uno de los JUAN
component CAMILO
es de AIS SALAZAR
VALOR TOTAL $644.250.266 m/cte
[…]”.
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Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
En cuanto a la actuación y responsabilidad de los imputados y
específicamente del señor Juan Camilo Salazar Rueda, el fallo de
responsabilidad fiscal de primera instancia indicó24:
“[…] En el presente acápite se realizará un breve resumen de los
argumentos que soportan la imputación y el desarrollo de los elementos
de responsabilidad fiscal frente a la conducta desplegada por el señor
JUAN CAMILO SALAZAR RUEDA, quien para la época de los hechos se
desempeñaba como Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y quien actuó como miembro
del Comité Administrativo de los Convenios 018 de 2008 y 037 de 2009
(…).
En desarrollo del proceso fiscal y en cumplimiento de lo preceptuado por
el artículo 48 de la Ley 610 de 2000, la Contraloría General de la
República profiere el auto de imputación No. 0101-000650 el 10 de mayo
de 2013, a través del cual, el daño patrimonial se deriva de los
subcontratos realizados con ocasión a los convenios de cooperación de
ciencia y tecnología, suscritos entre el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, y el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura que no tenían en su objeto, ejecución, contenido científico y
tecnológico, objeto central de la imputación de responsabilidad fiscal en
lo que respecta a los convenios 018 de 2008 y 037 de 2009 (…).
(…) algunos de los encartados ostentaron la calidad de Ministro y
Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, que era uno de los
órganos administrativos de COLCIENCIAS, como lo es la junta directiva,
de la cual hizo parte los entonces Ministros y/o Viceministros ARIAS
LEYVA, FERNANDEZ ACOSTA, ARBELAEZ SOTO Y SALAZAR RUEDA, tenía
para la época de los hechos, como función, entre otras, “… 5. Aprobar la
financiación y el apoyo a programas y proyectos de investigación y
demás actividades de ciencia y tecnología que sean de su competencia
(…).
(…) Significa lo anterior que el imputado en calidad de Viceministro del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural debía conocer el contenido
científico y tecnológico de la Política de Agro Ingreso Seguro, la cual sería
objeto de materialización a través de la contratación derivada de los
convenios de cooperación científica y tecnológica, situación que no se
evidencia en la subcontratación de los convenios marco y por lo tanto
agravan su responsabilidad con relación a los demás miembros del
comité.
Respecto a la gestión fiscal desplegada por el señor JUAN CAMILO
SALAZAR RUEDA en desarrollo del Programa AIS, es importante clarificar
que desde la misma Ley 610 de 2000, se da lugar a endilgar
responsabilidad fiscal a gestores fiscales indirectos, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 610 de 2000 (…).
[…]”. (Mayúsculas y destacado original)
24
Folios 568 a 586 del fallo de responsabilidad fiscal de primera instancia.
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Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
En lo que tiene que ver con el Convenio nro. 018 de 2008 el fallo de
responsabilidad fiscal de primera instancia expuso25:
“[…] Convenio 018 de 2008
GESTIÓN FISCAL INOPORTUNA E INEFICAZ POR LA PÉRDIDA DE
RECURSOS DEL PROGRAMA AIS EN GASTOS DISTINTOS A DIFUSIÓN,
DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (O18 de
2008)
El señor JUAN CAMILO SALAZAR RUEDA, (…) quien para la época de los
hechos se desempeñaba como Viceministro de Agricultura y Desarrollo
Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, nombrado
mediante acto administrativo a partir el 2 de enero de 2008 y hasta el
04 de agosto de 2010, quien actuó como miembro del Comité
Administrativo de los convenios 018 de 2008 y 037 de 2009.
(…)
En la cláusula tercera del convenio de Cooperación, se consagró lo
referente al Plan Operativo “… la ejecución de objeto del Convenio y, en
particular, el desarrollo de las distintas actividades que se deriven del
mismo, se sujetará al plan operativo. Dicho Plan operativo formará parte
integral del Convenio, y en él se detallaran los objetivos propuestos, las
actividades a desarrollar, los resultados o productos "a entregar, los roles
institucionales de EL MINISTERIO y de EL IICA, y la relación de costos y
gastos por rubros, previstos para la ejecución del Convenio...".
Significa lo anterior, que el desarrollo del convenio se encontraba
enmarcado en el plan operativo, que para este caso en particular si
formaba parte integral del instrumento contractual.
En la Cláusula cuarta del mencionado Convenio, se creó la figura del
Comité Administrativo manifestando taxativamente que la dirección,
seguimiento y evaluación del presente Convenio estaban en cabeza del
Comité Administrativo. Dicho Comité contractualmente estaba integrado
por: A) El Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado,
quien lo presidía. B) El Director- de Comercio y Financiamiento del
MINISTERIO o su delegado; y C) El Representante de la Oficina del IICA
en Colombia.
(…)
El documento anexo y que hace parte integrante del Convenio No. 018
de 2008, denominado "Plan operativo Convenio MADR-IICA
Implementación, desarrollo y ejecución del Programa "Agro Ingreso
Seguro —AIS” (…) incorpora dentro de sus actividades las siguientes:
" ... Así mismo, EL MINISTERIO está convencido, y así lo ha demostrado
la experiencia vivida durante el año 2007, que el éxito en la demanda y
correcta utilización de los instrumentos del Programa "Agro, Ingreso
Seguro — AIS", depende en gran medida del desarrollo de una campaña
eficaz de socialización y divulgación, que les permita a los productores
de todo el territorio nacional conocer las distintas herramientas
dispuestas para el desarrollo del sector agropecuario, y mediante la cual
25
Folios 588 a 601 del fallo de responsabilidad fiscal de primera instancia.
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se informe acerca de las condiciones, requisitos y procedimientos que se
requieren para acceder a los beneficios propios del Programa.
(…)
5. PRODUCTOS ESPERADOS
5.2. En relación con la realización de las actividades de socialización y
divulgación del Programa "Agro, Ingreso Seguro — AIS"
l. Estrategia de Divulgación y Socialización de (sic) con alcance Nacional
implementada
m. Términos de Referencia para la Campaña Informativa y de
Comunicaciones de MS y de sus componentes e instrumentos.
n. Contratos de los operadores encargados de operar la campaña
informativa y de comunicaciones del Programa AIS ...”.
Observa entonces el operador jurídico que, desde la estructuración del
plan operativo, se incluyó como difusión y divulgación, mera publicidad,
generando la inobservancia del cumplimiento de los fines del Estado
encaminados por medio del Convenio de Cooperación Científica y
Tecnológica que nos ocupa; y una pérdida de los recursos que se
encontraban destinados la divulgación y socialización de ciencia y
tecnología, es decir, apropiación de conocimiento científico en el sector
agropecuario. Bajo esta premisa se desarrolló el Plan Operativo, a través
de una contratación derivada, en la que los miembros del Comité
Administrativo, dentro de los cuales se encontraba el señor Juan Camilo
Salazar, aprobaron la contratación en temas de "Publicidad", que
desbordaba la naturaleza del convenio de ciencia y tecnología del
Programa AIS, de acuerdo a lo dispuesto en el mencionado plan. No
obstante, para el caso sub examine debemos recordar que de
conformidad con el cargo que ostentaba el señor Salazar y su perfil
profesional, éste tenía un conocimiento de la política pública del
Programa Agro Ingreso Seguro, específicamente en ciencia y tecnología.
En consecuencia, debía velar por el cumplimiento de los fines estatales
en lo que este programa representaba para el Agro colombiano.
Así las cosas, la ejecución del Convenio 018 de 2008 se encontraba
radicado en el comité administrativo del cual era miembro el señor Juan
Camilo Salazar Rueda y estaba enmarcado en el plan operativo inserto
al acuerdo de voluntades, como ya se advirtió anteriormente, y que
derivó en contrataciones con objetos distintos al objeto del convenio de
cooperación técnica y científica suscrito entre el MADR y el IICA, el cual
era ciencia y tecnología, regulado en la Ley 29 de 1990; el Decreto
Ley 393 de 1991 expedido en desarrollo de las facultades extraordinarias
concedidas al ejecutivo en la ley antes citada, y el Decreto reglamentario
591 de 1991.
Concluyéndose en el presente caso que los miembros del convenio de
cooperación N° 018 de 2008, desarrollaron el plan operativo y
contrataron campañas publicitarias del programa AIS. Obran en el
proceso medios probatorios, que soportan que el acá vinculado en
ejercicio de sus funciones como miembro de los comités administrativos
de los convenios 018 de 2008 suscribió las actas Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7,8, 9 y 10 (fl. 32 a 47 cuaderno 1 anexo 3).
(…)
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Radicación: 25 000 23 41 000 2015 00182 01
Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
De lo anterior se colige que, si bien las actividades de divulgación y
socialización contratadas hacen referencia a la publicidad, contratos de
prestación de servicios para actividades de comunicación y difusión del
programa AIS, entre otros, se estaba ejecutando el plan operativo anexo
al convenio No. 018 de 2008, por el Comité Administrativo. Es decir, es
clara la existencia de un detrimento patrimonial en una cuantía
correspondiente a la sumatoria de los contratos pagos por concepto de
publicidad en componentes de diferentes a impulsar ciencia y tecnología,
originados en la ejecución del Convenio No. 018 de 2008, por medio del
plan operativo, razón por la cual, en tratándose de los miembros del
Comité administrativo es necesario entrar a analizar la culpa como
elemento para endilgar responsabilidad fiscal.
[…]”. (Mayúsculas y destacado original)
En lo concerniente a la culpa grave imputada al señor Juan Camilo Salazar
Rueda frente al mismo convenio nro. 018, el fallo de responsabilidad fiscal
expuso26:
“[…] Culpa en el caso en concreto — Convenio 018 de 2008
Una vez expuestas las bases, para calificar la conducta del imputado, es
pertinente verificar las situaciones que a continuación se relacionan:
✓ El Sr. JUAN CAMILO SALAZAR, fungió como viceministro en el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a partir del 2 de enero de
2008, y hasta el 4 de agosto de 2010, de conformidad con la certificación
de Talento Humano (…).
✓ El documento precontractual denominado términos de referencia fue
elaborado por CAMILA REYES en calidad de Directora de Comercio y
Financiamiento, para la época de los hechos, en los cuales se sustentó
la celebración de un Convenio No. 018 de 2008 de Cooperación Científica
y Tecnológica, entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el
IICA.
✓ El día 04 de enero de 2008, teniendo como sustento los términos de
referencia precitados, se celebró el convenio especial de cooperación
científica y tecnológica No. 018 de 2008 entre el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural y el IICA, por medio de sus representantes legales.
✓ La cláusula tercera del referido documento contractual, sujetó la
ejecución del objeto del convenio y las actividades que se deriven del
mismo, al PLAN OPERATIVO, que para el caso sub examine, formó parte
integral del convenio de cooperación.
✓ De conformidad con la cláusula cuarta del Convenio No. 018 de 2008,
se designó al Sr. Salazar como miembro del Comité administrativo, con
la función primordial de la ejecución del convenio, para lo cual se
encontraba en su margen de acción la modificación, adición, revisión del
plan operativo y del mencionado acuerdo de voluntades.
✓ El plan operativo, anexo al Convenio No. 018 de 2008, concibió como
difusión de ciencia y tecnología, mera publicidad, desbordando la
normatividad en esta materia (Decreto extraordinario 393 de 1991, en
26
Folios 601 a 606 del fallo de responsabilidad fiscal de primera instancia.
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concordancia con el Decreto 591 de 1993), con lo cual se pretendía traer
innovación tecnológica en el Agro Colombiano.
✓ La ejecución del Convenio No. 018 de 2008, tal como se evidenció
páginas arriba de este capítulo, se realizó con las directrices del Comité
Administrativo bajo los parámetros del Plan Operativo, que se
concibieron con la suscripción del aludido acuerdo negocial.
✓ Si bien es cierto, a través del Plan operativo se desarrolló la ejecución
del convenio 018 de 2008, es de vital importancia para calificar la
conducta del señor Salazar el conocimiento sobre ciencia y tecnología y
el programa Agro Ingreso Seguro, de acuerdo con las calidades y el cargo
que ostentaba el acá encartado; quiere decir esto, que el señor Salazar
en su calidad de Viceministro tenía un conocimiento previo en ciencia y
tecnología (cumplimiento del Decreto 585 de 1991), el cual debía ser
aplicado junto con su experticia en las directrices impartidas como
miembro del Comité Administrativo del Convenio 018 de 2008 en lo que
respecta a la contratación derivada del mismo, situación que no fue
evidenciada, y de acuerdo con el material probatorio obrante en 01
expediente se demuestra que las determinaciones adoptadas por el aquí
enjuiciado fueron, determinantes para la configuración del detrimento
patrimonial.
✓Significa lo anterior, que la actuación del señor Juan Camilo Salazar,
en calidad de miembro del comité administrativo, fue negligente, toda
vez que teniendo un conocimiento previo sobre el fin propuesto en la
celebración del convenio 018. de 2008, guardó silencio y se limitó a
impartir instrucciones para la realización de procesos de contratación
diferentes a ciencia y tecnología, en este entendido el acá encartado
debió adelantar las gestiones necesarias para el cumplimiento del objeto
contractual del precitado convenio; y en consecuencia colaborar en
calidad de funcionario público, para el logro de los cometidos estatales
contenidos en el artículo 209 de la Carta Magna.
Así las cosas, y en consideración a las definiciones de culpabilidad citadas
en el acápite de la "Culpa en responsabilidad fiscal", y los grados de la
misma se infiere diáfanamente que para el caso que nos ocupa, el actuar
del hoy imputado JUAN CAMILO SALAZAR RUEDA se enmarca en culpa
grave, en tanto qué, cómo se ha venido discurriendo en las
consideraciones del presente auto, en su calidad de gestor fiscal
miembro del comité administrativo del Convenio 018 de 2008, evidencia
una conducta desviada a los postulados de la función administrativa, es
decir, su gestión ineficaz se enmarca en actividades que no condujeron
al logro del propósito perseguido por el Ministerio de 'Agricultura y
Desarrollo Rural en el Programa Agro Ingreso Seguro del referido
Convenio, toda vez que se perdieron recursos para invertir en ciencia y
tecnología, no obstante habiéndolo podido prever haciendo uso
adecuado de sus facultades dirección.
[…]”. (destacado original)
En cuanto al nexo causal en relación con el citado convenio, el fallo dijo
lo siguiente27:
“[…] El Despacho indica que en el señalamiento puntual respecto de este
vinculado en su condición de servidor público (persona natural) coadyuvó
27
Folios 605 a 606 del fallo de responsabilidad fiscal de primera instancia.
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Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
con el menoscabo patrimonial y en la desviación de recursos que se
reprocha, se evidencia el NEXO CAUSAL entre el DAÑO patrimonial
causado al Estado y el comportamiento culposo del señor Juan Camilo
Salazar Rueda, quien actuó faltando a la diligencia Y cuidado,
impartiendo instrucciones para ejecutar el convenio de asociación
científica y tecnológica No. 018 de 2008, diferentes a ciencia y
tecnología, en el marco de lo expuesto en el plan operativo, teniendo
MADR previamente conocimiento sobre los fines perseguidos en la
contratación, puesto que como funcionario del MADR y en aplicación del
Decreto 585 de 1991 conocía de la temática científica y tecnológica,
pudiendo verificar que los contratos que aprobaba no eran contratos
propios para el desarrollo de actividades de difusión o socialización de
ciencia y tecnología, desconociendo y desviando la finalidad propia de
este contrato que estaba enmarcada en la materia de CIENCIA Y
TECNOLOGÍA, reguladas en la Ley 29 de 1990; el Decreto Ley 393 de
1991 expedido en desarrollo de las facultades extraordinarias concedidas
al ejecutivo en la ley antes citada, y el Decreto reglamentario 591 de
1991.
(…)
Es decir, como nexo o lazo, el daño causado al tesoro público debe tener
relación CAUSAL con el comportamiento (acción u omisión) del servidor
público o de la entidad que se encontraba en ejercicio de la Gestión Fiscal
(administración y/o manejo de recursos públicos), es decir, haberla
determinado, de forma que de otro modo no había podido producirse el
resultado (daño) o su acaecimiento hubiese sido remoto. La doctrina y
la jurisprudencia antes citada, respecto de la relación CAUSAL, en
especial desde la Teoría del Daño como la Teoría de la Responsabilidad,
es cimiento básico para el análisis adelantado par el Despacho, que de
manera sencilla citan la relación determinante o de causalidad entre la
conducta y el hecho generador del daño, y que permiten concluir como
se precisó anteriormente, en una responsabilidad fiscal a título de culpa
grave que le cabe al señor JUAN CAMILO SALAZAR.
Adicional a lo anterior, el vinculado Juan Camilo Salazar, al momento de
suscribir las actas descritas y señaladas en la primera parte de este
acápite, su conducta nos lleva a concluir que contribuyó al
quebrantamiento de la gestión fiscal en lo que respecta al detrimento
patrimonial del Estado, que consiste para este implicado en la aprobación
de contratos originados en el Convenio 018 de 2008 que desvió los
recursos de Ciencia y Tecnología a publicidad; es decir, aunque como
miembro del comité administrativo desarrolló la ejecución del precitado
convenio con sujeción al plan operativo, éste sujeto procesal
sicológicamente era consciente, es decir, su actuar consistió en la
autorización de la celebración de contratos por parte del operador IICA
con empresas para contratar publicidad lo que ocasionó una pérdida de
recursos al erario público, quedando éste último en manos de terceros
(personas naturales o jurídicas contratadas en su gran mayoría a través
de prestaciones de servicios), sin cumplir la finalidad para la cual fueron
concedidos, es decir se desnaturalizó la esencia de las actividades de
ciencia y tecnología, verbigracia mensajes de texto, plegables, separata
informativa, producción de material impreso, entre otros que en últimas
se traduce en un carácter propagandístico o publicitario, que insistimos
no fueron para la socialización y divulgación de actividades de ciencia y
tecnología sino que incurrieron en cuantiosos gastos de publicidad del
programa AIS, sin que, se opusiera a realizar tales contrataciones, aun
conociendo que en el marco de los convenios científicos y tecnológicos,
las contrataciones derivadas debía circunscribirse a la esencia de esta
clase de contratos, ocasionando la desviación de recursos, que concurrió
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a la causación del daño a título de culpa grave, en la cuantía de CUATRO
MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA
Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($
4.145.495.934,00).
Las sumas por concepto de detrimento patrimonial arriba descritas se
encuentran soportadas en:
PRESUNTO RESPONSABLE FISCAL
JUAN CAMILO SALAZAR RUEDA
No. CONVENI0 VALOR DEL DETRIMENTO
CONVENIO 018/08 $4.145.495.934
VALOR TOTAL DEL $4.145.495.934
DETRIMENTO
[…]”. (Mayúsculas y destacado original)
En lo que tiene que ver con el Convenio nro. 037 de 2009 el fallo de
responsabilidad fiscal de primera instancia señaló28:
“[…] Convenio 037 de 2009
GESTIÓN FISCAL INOPORTUNA E INEFICAZ POR LA PÉRDIDA DE
RECURSOS DEL PROGRAMA AIS EN GASTOS DISTINTOS A DIFUSIÓN,
DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (O37 de
2009)
(…)
En la cláusula segunda del convenio de Cooperación, se consagró lo
referente al Plan Operativo “...La ejecución de objeto del Convenio y, en
particular, el desarrollo de las distintas actividades que se deriven del
mismo, se sujetará al plan operativo. Dicho Plan operativo formará parte
integral del Convenio, y en él se detallaran los objetivos propuestos, las
actividades a desarrollar, los resultados o productos "a entregar, los roles
institucionales de EL MINISTERIO y de EL IICA, y la relación de costos y
gastos por rubros, previstos para la ejecución del Convenio..."
Significa lo anterior, que el desarrollo del convenio se encontraba
enmarcado en el plan operativo, que para este caso en particular si
formaba parte integral del instrumento contractual.
En la Cláusula Tercera del mencionado Convenio, se creó la figura del
Comité Administrativo manifestando taxativamente que la dirección,
seguimiento y evaluación del presente Convenio estaban en cabeza del
Comité Administrativo. Dicho Comité contractualmente estaba integrado
por: A) El Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado,
quien lo presidía. B) El Director de Comercio y Financiamiento del
MINISTERIO o su delegado; y C) El Representante de la Oficina del IICA
en Colombia.
(…)
El documento anexo y que hace parte integrante del Convenio No. 037
de 2009, denominado "Plan operativo Convenio MADR-IICA
28
Folios 607 a 618 del fallo de responsabilidad fiscal de primera instancia.
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Implementación, desarrollo y ejecución del Programa "Agro Ingreso
Seguro —AIS” (…) incorpora dentro de sus actividades las siguientes:
(…)
5. PRODUCTOS ESPERADOS
5.2. En relación con la realización de las actividades de socialización y
divulgación del Programa "Agro, Ingreso Seguro — AIS"
d. Estrategia de Divulgación y Socialización con alcance Nacional.
e. Condiciones para la ejecución de la campaña informativa y de
comunicaciones del programa y de sus componentes e instrumentos.
f. Contratos suscritos con los operadores encargados de ejecutar la
campaña informativa y de comunicaciones del Programa ...”.
Infiere entonces el operador jurídico que desde la etapa precontractual
del Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica No. 037 de 2009,
se tuvo como objetivo el incentivar la innovación tecnológica en el campo
colombiano; no obstante, en la estructuración del plan operativo, se
incluyó como difusión de ciencia y tecnología, mera publicidad,
generando la inobservancia del cumplimiento de los fines del Estado.
Bajo esta premisa se desarrolló el Plan Operativo, a través de una
contratación derivada, en la que los miembros del Comité Administrativo,
dentro de los cuales se encontraba el señor Salazar, aprobaron la
contratación en temas de "Publicidad", que desbordaba la naturaleza del
convenio de ciencia y tecnología del Programa AIS. Percatándose este
Despacho que el acá encartado conoció y suscribió el documento base
para la celebración del acuerdo negocial, toda vez que la Dirección de
Comercio y Financiamiento era el área del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, donde nació la necesidad para la suscripción de ciencia
y tecnología con el IICA y; sin embargo, imparte directrices contrarias a
los fines perseguidos en el Convenio, que esencia corresponden a
"Ciencia y tecnología".
Este convenio marco crea la figura del comité administrativo y la
integración del mismo, para la correcta ejecución del Convenio; dicho
comité tiene funciones de administración coordinación, dirección y
ejecución del precitado acuerdo de Cooperación. No obstante a ello, el
Viceministro debía velar por la observancia y estricto apego a los
documentos precontractuales y el Convenio 037 de 2009, quiere decir
ello, que el Viceministro para la época de los hechos debía dar aplicación
a sus conocimientos en temas científicos y tecnológicos a las funciones
que estaba desempeñando como miembro del Comité Administrativo y
específicamente en tratándose de impartir directrices sobre la
subcontratación del aludido convenio en la que finalmente se iba a
ejecutar la política pública de Agro Ingreso Seguro.
(…)
Concluyéndose en el presente caso que los miembros del convenio de
cooperación N° 037 de 2009, desarrollaron el plan operativo y
contrataron campañas publicitarias del programa AIS. Obran en el
proceso medios probatorios, que soportan que el acá vinculado que será
declarado responsable fiscal, en ejercicio de sus funciones como
miembro del comité administrativo del convenio 037 de 2009 suscribió
las actas Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10 y (fl. 47-64 cuaderno 1 anexo
4), a través de las cuales este funcionario no actuó buscando gestionar
la implementación de nuevas técnicas en sistemas de riesgo, o la
implementación de una asistencia técnica que garantizara la tecnificación
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de los procesos productivo propendiendo en todo caso por la apropiación
de conocimiento científico y tecnológico para el sector agropecuario.
Adicionalmente, se enumeran los contratos suscritos en cumplimiento
del plan operativo, a través de los cuales se prueba la ocurrencia de la
pérdida de los recursos públicos destinados a Ciencia y Tecnología y, en
los cuales tuvo injerencia el acá encartado (…)
[…]”. (Mayúsculas y destacado original)
En lo concerniente a la culpa grave imputada al señor Juan Camilo Salazar
Rueda frente al mismo convenio nro. 037, el fallo de responsabilidad fiscal
expuso29:
“[…] Culpa en el caso en concreto — Convenio 037 de 2009
Una vez expuestas las bases, para calificar la conducta del imputado, es
pertinente verificar las situaciones que a continuación se relacionan:
✓ El Sr. JUAN CAMILO SALAZAR, fungió como viceministro en el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a partir del 2 de enero de
2008, y hasta el 4 de agosto de 2010, de conformidad con la certificación
de Talento Humano (…).
✓ La necesidad de realizar un proceso de contratación, mediante la
modalidad de selección directa, con fundamento en la celebración de un
convenio especial de cooperación científica y tecnológica con un Ente
internacional de amplia trayectoria y reconocimiento, como lo es el ICCA,
(…).
✓ El día 14 de enero de 2009, teniendo como sustento el precitado
documento precontractual, se celebra el convenio especial de
cooperación científica y tecnológica No. 037 de 2009 entre el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural y el IICA, por medio de sus
representantes legales (…).
✓ (…) De conformidad con la cláusula tercera del Convenio no. 037 de
2009 se designó al Sr. Salazar como miembro del Comité administrativo,
con la función primordial de la ejecución del convenio, para lo cual se
encontraba en su margen de acción la modificación, adición, revisión del
plan operativo y del mencionado acuerdo de voluntades.
✓ El plan operativo, anexo al Convenio No. 037 de 2009, concibió como
difusión de ciencia y tecnología, mera publicidad, desbordando la
normatividad en esta materia (Decreto extraordinario 393 de 1991, en
concordancia con el Decreto 591 de 1993.
✓ La ejecución del Convenio No. 037 de 2009, tal como se evidenció
páginas arriba de este capítulo, se realizó con las directrices del Comité
Administrativo bajo los parámetros del Plan Operativo, que se
concibieron con la suscripción del aludido acuerdo negocial (…).
(…)
29
Folios 625 a 631 del fallo de responsabilidad fiscal de primera instancia.
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Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
Significa lo anterior, que la actuación del señor JUAN CAMILO SALAZAR
RUEDA, en calidad de miembro del comité administrativo, fue negligente,
toda vez que teniendo un conocimiento previo de la temática de ciencia,
Tecnología, guardó y se limitó a impartir instrucciones para la realización
de procesos de contratación diferentes a ciencia y tecnología, en este
entendido el acá encartado debió adelantar las gestiones necesarias para
el cumplimiento del objeto contractual del precitado convenio; y en
consecuencia colaborar en calidad de funcionario público, para el logro
de los cometidos estatales contenidos en el artículo 209 de la Carta
Política.
Así las cosas, y en consideración a las definiciones de culpabilidad citadas
en el acápite de la "Culpa en responsabilidad fiscal", y los grados de la
misma se infiere diáfanamente que para el caso que nos ocupa, el actuar
del hoy imputado JUAN CAMILO SALAZAR RUEDA se enmarca en culpa
grave, en tanto qué, cómo se ha venido discurriendo en las
consideraciones del presente auto, en su calidad de gestor fiscal
miembro del comité administrativo del Convenio 037 de 2009, evidencia
una conducta desviada a los postulados de la función administrativa, es
decir, su gestión ineficaz se enmarca en actividades que no condujeron
al logro del propósito perseguido por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural en el Programa Agro Ingreso Seguro del referido
Convenio, toda vez que se perdieron recursos para invertir en ciencia y
tecnología, no obstante habiéndolo podido prever haciendo uso
adecuado de sus facultades dirección.
[…]”. (destacado original)
En cuanto al nexo causal en relación con el citado convenio 037 de 2009,
el fallo explicó lo siguiente30:
“[…] El Despacho indica que en el señalamiento puntual respecto de este
vinculado en su condición de servidor público (persona natural) coadyuvó
con el menoscabo patrimonial y en la desviación de recursos que se
reprocha, se evidencia el NEXO CAUSAL entre el DAÑO patrimonial
causado al Estado y el comportamiento culposo del señor Juan Camilo
Salazar Rueda, quien actuó faltando a la diligencia Y cuidado,
impartiendo instrucciones para ejecutar el convenio de asociación
científica y tecnológica No. 037 de 2009, diferentes a ciencia y
tecnología, en el marco de lo dispuesto en el plan operativo, teniendo
MADR previamente conocimiento sobre los fines perseguidos en la
contratación, puesto que como funcionario del MADR y en aplicación del
Decreto 585 de 1991 conocía de la temática científica y tecnológica,
pudiendo verificar que los contratos que aprobaba no eran contratos
propios para el desarrollo de actividades de difusión o socialización de
ciencia y tecnología, desconociendo y desviando la finalidad propia de
este contrato que estaba enmarcada en la materia de CIENCIA Y
TECNOLOGIA, reguladas en la Ley 29 de 1990; el Decreto Ley 393 de
1991 expedido en desarrollo de las facultades extraordinarias concedidas
al ejecutivo en la ley antes citada, y el Decreto reglamentario 591 de
1991.
(…)
Es decir, como nexo o lazo, el daño causado al tesoro público debe tener
relación CAUSAL con el comportamiento (acción u omisión) del servidor
30
Folios 630 a 632 del fallo de responsabilidad fiscal de primera instancia.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2015 00182 01
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público o de la entidad que se encontraba en ejercicio de la Gestión Fiscal
(administración y/o manejo de recursos públicas), es decir, haberla
determinado, de forma que de otro modo no había podido producirse el
resultado (daño) o su acaecimiento hubiese sido remoto. La doctrina y
la jurisprudencia antes citada, respecto de la relación CAUSAL, en
especial desde la Teoría del Daño como la Teoría de la Responsabilidad,
es cimiento básico para el análisis adelantado par el Despacho, que de
manera sencilla citan la relación determinante o de causalidad entre la
conducta y el hecho generador del daño, y que permiten concluir como
se precisó anteriormente, en una responsabilidad fiscal a título de culpa
grave que le cabe al señor JUAN CAMILO SALAZAR.
Es claro entonces que con su conducta como miembro del Comité
Administrativo del convenio 037 de 2009, al impartir instrucciones y
autorizando contratos de publicidad arriba citados, aprobando contratos
de divulgación que no guardan relación con un contenido científico o
tecnológico, (…) ocasionó la desviación de recursos, que concurrió a la
causación del daño a título de culpa grave, en la cuantía de seiscientos
cuarenta y cuatro millones doscientos cincuenta mil doscientos sesenta
y seis pesos ($ 644,250.266) moneda corriente.
Las sumas por concepto de detrimento patrimonial se encuentran
soportadas en:
PRESUNTO RESPONSABLE FISCAL
JUAN CAMILO SALAZAR RUEDA
No. CONVENI0 VALOR DEL DETRIMENTO
CONVENIO 037/09 $644.250.266
VALOR TOTAL DEL $644.250. 266
DETRIMENTO
[…]”. (Mayúsculas y destacado original)
5.3.2.2. En el fallo nro. ORD- 80112-0054-2014 del 12 de junio de 2014,
“por el cual se resuelven unos recursos de apelación y el grado de consulta
dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. CD 000243”, proferido
por la Contralora General de la República, se dilucidó lo siguiente frente
al recurso de apelación interpuesto por el apoderado del señor Juan
Camilo Salazar Rueda31:
“[…] DE LA ACTIVIDAD DEL SEÑOR CAMILO SALAZAR RUEDA
Adujo que su defendido no tenía la calidad de gestor fiscal precisando
que en si la función del señor Juan Camilo Salazar, en los convenios, fue
de ordenación del gasto, ya que, como muy bien se resalta en el auto de
imputación, la responsabilidad fiscal tiene como condición esencial el ser
una responsabilidad funcional, esto es, que el catálogo legal o la
designación de la administración, le asigne una tarea en relación con la
actividad administrativa y para los efectos de la responsabilidad fiscal,
una labor funcional respecto de la gestión fiscal.
31
Folios 154 a 179 del fallo de responsabilidad fiscal de segunda instancia.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2015 00182 01
Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
Al respecto este despacho discrepa, toda vez que en el fallo se dejó lo
sufrientemente claro que el señor viceministro obraba primero como
delegado del ordenador directo del gasto a través de su participación en
el comité operativo, ente que autorizaba los planes operativos y la
contratación en los rubros diferentes a los que ostentaban o contenían
ciencia y tecnología como se explicó hasta la saciedad.
(…)
La ejecución del Convenio No. 018 de 2008, tal como se evidenció
páginas arriba de este capítulo, se realizó con las directrices del Comité
Administrativo bajo los parámetros del Plan Operativo, que se
concibieron con la suscripción del aludido acuerdo negocial.
Si bien es cierto, a través del Plan operativo se desarrolló la ejecución
del convenio 018 de 2008, es de vital importancia para calificar la
conducta del señor Salazar el conocimiento sobre ciencia y tecnología y
el programa Agro Ingreso Seguro, de acuerdo con las calidades y el cargo
que ostentaba el acá encartado; quiere decir esto, que el señor Salazar
en su calidad de Viceministro tenía un conocimiento previo en ciencia Y
tecnología (cumplimiento del Decreto 585 de 1991), el cual debía ser
aplicado junto con su experticia en las directrices impartidas como
miembro del Comité Administrativo del Convenio 018 de 2008 en lo que
respecta a la contratación derivada del mismo, situación que no fue
evidenciada, y de acuerdo con el material probatorio obrante en el
expediente se demuestra que las determinaciones adoptadas por el aquí
enjuiciado fueron determinantes para la configuración del detrimento
patrimonial.
(…)
NO EXISTE PRUEBA DE LOS PERJUICIOS, POR LA INVERSIÓN DE LOS
RECURSOS EN LOS RUBROS QUE LA CONTRALORÍA DELEGADA
CONSIDERA, EXISTIR DAÑO PATRIMONIAL
Sostuvo el apoderado: La mera infracción de la ley, en los términos del
derecho fiscal, no es fuente del daño y por tanto de tal circunstancia no
pueden derivarse perjuicios, en forma directa, como lo sostiene su
Despacho, pues, esa interpretación desvirtúa la razón de ser de los
juicios de responsabilidad fiscal, que son juicios meramente
indemnizatorios corno lo establece el artículo 4 de la ley 610 de 2000
(…).
(…) Sobre este punto sea necesario reiterar que el fallo fue lo
suficientemente claro cuando determinó que los objetos contractuales de
los contratos reprochados no eran contentivos de las actividades de
difusión de ciencia y tecnología tal como lo describió el articulo 2 el
decreto 591 de 1991, el manual de Oslo e incluso el estudio de los
cuarenta años de Colciencias entidad idónea en nuestro país.
Para el despacho es claro que el mero incumplimiento de la ley no
conlleva per se la existencia de un perjuicio patrimonial o un detrimento,
para el efecto deben demostrarse, determinarse y cuantificarse el daño
y así mismo el nexo causal de la gestión desplegada por el responsable
fiscal.
Es así como este despacho aprecia que, pese a que los contratos
reprochados gozaban incluso de acta de liquidación lo que en principio
les daba apariencia de legalidad, dicha presunción fue desvirtuada
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55
Radicación: 25 000 23 41 000 2015 00182 01
Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
cuando se observaron incluso la normatividad aplicada para la realización
de los mismos.
El haber utilizado la prerrogativa que la legislación daba para la
contratación directa con recursos del programa AIS al presumirse que
los mismos contenían ciencia y tecnología brindaba apariencia de
legalidad a la ejecución de los mismos, apariencia que aún hoy podrían
conservar, pues compete al juez determinarlo y no esta entidad, no
obstante si corresponde la salvaguarda de los recursos del Estado
promoviendo la eficacia de la función pública y principalmente cuando
ella es desarrollada por terceros o particulares.
Para el caso se evidenció y determinó el detrimento con base en las
mismas documentales obrantes al plenario, consistentes en las minutas
de los convenios transcritas en la decisión misma, los objetos de los
contratos plasmados también en las minutas allegadas, las órdenes de
pago y las actas de liquidación.
De allí se derivó la conclusión a la que arribó el a quo y que este despacho
comparte, son estas pruebas solemnes por demás las que determinan
que en efecto esos recursos se imprimieron a finalidades diversas a las
perseguidas por el programa y ordenadas por la ley, razonamiento que
sirvió para desestimar las testimoniales como lo dejó claro el operador
en sendos autos.
La existencia del daño por tanto no se predica de imaginables sino de las
probanzas que reposan en el expediente y que son el sustento para que
se haya adoptado la decisión.
La participación del comité administrativo en la aprobación de los
contratos y las partidas es la génesis de los otros dos elementos de la
responsabilidad misma como incluso en este escrito ya se ha explicado.
[…]”. (Mayúsculas originales)
5.4. Análisis de la Sala
La parte actora en el recurso de apelación insiste en que debe declararse
la nulidad de los actos acusados porque considera que: (i) no están
reunidos los elementos de la responsabilidad fiscal ya que no se demostró
el daño patrimonial, ni el hecho culposo o doloso, y no es gestor fiscal;
(ii) se le violó el derecho a la igualdad, y (iii) se le violó el debido proceso.
Al respecto, la Contraloría General de la República alegó que en el recurso
presentado por la parte actora no se plantean cargos en contra de la
sentencia de primera instancia, sino que se reiteran los argumentos
expuestos en la demanda inicial, y en lo referente al primer cargo, se
varió su formulación.
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Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
Por lo tanto, la Sala, para resolver, se referirá a cada uno de los reproches
expuestos por el recurrente, no sin antes advertir lo siguiente:
Como lo señala la parte demandada, el recurso de apelación tiene como
propósito que el superior funcional examine las razones de disentimiento
del apelante acerca de lo decidido por el a quo. Al efecto, esta Corporación
ha explicado que “(…) el recurso de apelación es un instrumento judicial,
en este caso, para impugnar una sentencia controvirtiéndola con
argumentos que apunten a desvirtuarla total o parcialmente y sirvan de
marco al juez de segunda instancia para llevar a cabo la función revisora
que comporta tramitar y decidir una apelación (…)”32.
Frente a los fines de la apelación, el artículo 320 del Código General del
Proceso dispone que “(…) el recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los
reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior
revoque o reforme la decisión”.
En cuanto a los límites de la apelación, “(…) esta Sección en diversas
oportunidades33ha puesto de presente que34 “[…] el juez de la segunda
instancia está sujeto, al decidir la apelación, a los planteamientos
expuestos en el recurso de alzada sin que esté facultado para
pronunciarse sobre aspectos o puntos de la sentencia de primera instancia
que no fueron objeto de impugnación. Igualmente ha reiterado que no
puede abordar materias o cuestiones que se plantean en la apelación,
pero que no hacen parte del concepto de violación del libelo, ni que la
sentencia de primera instancia estudió”, pues ello atentaría contra los
32
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia
del 26 de noviembre de 2009. Expediente radicación 25000 23 27 000 2007 00024 01
(17272).
33
Sentencia del 7 de mayo de 2015. Expediente 2005-00270 y sentencia del 8 de junio
de 2016. Expediente 2006-00234.
34
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 7 de diciembre de 2017. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente radicación nro.
08001 23 31 000 2009 01122 01.
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Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
principios de lealtad procesal, contradicción, defensa y congruencia que
debe existir entre el recurso, la sentencia cuestionada, el concepto de
violación de la demanda y los argumentos expuestos en la contestación;
por lo tanto, ni el apelante puede exponer nuevos cargos o pretensiones,
ni el ad quem puede abordarlos.
Precisado lo anterior, frente a los motivos de la apelación, la Sala observa:
Primer reproche: “1. De la ausiencia (sic) de los elementos de la
responsabilidad fiscal en los actos administrativos demandados”
“1.1. Inexistencia de daño patrimonial”
“No se cumplen los supuestos del daño patrimonial establecido en la Ley
610 de 2000”
En este punto, el recurrente argumenta que, a partir de lo señalado por
la Corte Constitucional en las sentencias C-077 de 2007 y C- 340 de 2007,
en Colombia quedó anulada cualquier posibilidad de que en una
investigación fiscal se declare responsable a un funcionario por hacer uso
indebido de dineros públicos sin que efectivamente se demuestre un daño
patrimonial o disminución o deterioro del patrimonio público.
Alegó que, a lo largo del fallo, se afirmó que la responsabilidad fiscal del
señor Salazar se fincó en que participó en los comités administrativos de
Cooperación en Ciencia y Tecnología nro. 018 de 2008 y 037 de 2009 y
permitir la celebración de unos subcontratos que para la Contraloría no
tenían contenido científico ni tecnológico. Y que, en ese sentido, el daño
patrimonial para la Contraloría y reiterado por el tribunal, consiste en la
destinación de recursos para la ejecución de esos convenios, por lo que
es evidente que no se probó un daño patrimonial.
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Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
Adujo que la Contraloría le endilgó un daño patrimonial al demandante
por la suma de $4.336.180.363 correspondiente al valor pagado en 13
subcontratos del Convenio nro. 18 de 2008, y $644.250.266
correspondiente al valor pagado en 14 subcontratos del Convenio nro. 37
de 2009, y que el análisis del daño patrimonial se limitó a sumar los
valores de los contratos mediante los cuales supuestamente se
contrataron servicios de publicidad con destinación diferente a lo que
señalaban los convenios, “pero brilla por su ausencia si quiera una prueba
indiciaria que lleve a pensar que por los dineros pagados el Estado
efectivamente no recibió el servicio contratado”.
También alegó que “los subcontratos si cumplen y desarrollan los objetos
de los convenios de ciencia y tecnología”, conforme con la Ley 29 de 1990,
el Decreto Ley 393 de 1991 y el Decreto 591 de 1991, y que en las
consideraciones de cada uno de los convenios se estableció que el objetivo
era desarrollar una campaña de socialización y divulgación que les
permitiera a los productores de todo el territorio colombiano conocer las
distintas herramientas dispuestas para el desarrollo del sector
agropecuario y la correcta utilización del Programa “Agro Ingreso Seguro
• AIS”, lo que le permitió al Ministerio de Agricultura asociarse con el IICA
bajo la modalidad contractual de convenios especiales de cooperación de
ciencia y tecnología.
Añadió que “(…) el principal reproche que se hace frente a los actos
administrativos proferidos por la Contraloría es que nunca entró a explicar
de manera detallada por qué los contratos increpados no cumplían con el
objeto de cada uno de los convenios, sino que lo único que hace es hacer
una lista de los objetos de los contratos, y afirma simplemente que estos
son de mera publicidad. En efecto, la tesis de la Contraloría en cuanto a
que el detrimento patrimonial se encuentra demostrado por el supuesto
de que el comité administrativo del convenio permitió la celebración de
contratos que no eran de ciencia y tecnología, se cae de su propio peso
al revisar brevemente los estudios previos del convenio y en especial el
Plan Operativo de los mismos”.
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La Sala advierte que, en este punto, si bien el apelante insiste en las
razones que ha expuesto para obtener la nulidad de los actos que
demanda, lo hace precisamente porque discrepa de los razonamientos
que llevan al tribunal a concluir de manera distinta, lo que permite
advertir que el reproche debe ser analizado.
Con este propósito la Sala, en aras de determinar si le asistió razón al
tribunal para denegar las pretensiones, comenzará por establecer si el
reproche formulado en la apelación fue expuesto en la demanda, y para
ello es necesario remitirse a lo allí señalado.
En relación con el daño patrimonial, en la demanda se expuso35:
“[…] en cuanto al daño patrimonial, no se entiende cuál es el perjuicio,
detrimento, disminución, pérdida, deterioro o menoscabo de los bienes
o recursos públicos, cuando los dineros legalmente destinados para
contratar la divulgación del Programa, cumplieron su cometido, así lo
quiera desconocer la Contraloría. Ahora bien, si lo que se cuestiona es la
forma o procedimiento como se llevó a cabo esta contratación,
estaríamos frente a otro tipo de acción como es la disciplinaria, de la cual
se podría desprender una sanción disciplinaria, pero ello no puede ser
ventilado en un proceso de responsabilidad fiscal, cuyo objetivo no es de
carácter sancionatorio sino resarcitorio frente a las arcas públicas. En el
caso en estudio, como claramente lo ha indicado la Contraloría, no se
está cuestionando la celebración de los Convenios entre el MADR y el
IICA; lo que se cuestiona son los contratos que se derivaron de ellos y
que tenían como propósito la divulgación del Programa AIS, en los cuales
mi poderdante intervino como miembro del Comité Administrativo. La
realidad que quiere desconocer la Contraloría es que precisamente en
razón de esos contratos fue que más personas, agricultores y
campesinos pudieron conocer del Programa, sacando provecho mismo;
lo anterior, así no lo reconozca la demandada, es absolutamente
demostrable y corroborable lo que concluye en que se procedió con
eficacia, eficiencia y oportunidad. Se cumplió con el objetivo funcional
enmarcado dentro de los diferentes Convenios y de esta manera mi
poderdante ejerció sus funciones dentro del Comité Administrativo en
cumplimiento de los principios de la gestión pública y administrativa […]”
A su vez, en la reforma de la demanda se dijo36:
35
Visto en el índice 28 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 41 000 2015 00182 01. Expediente digitalizado.
36
Ibidem.
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“[…] e) Inexistencia del daño patrimonial y violación de los
artículos 267 y 268 de la Constitución y de los artículos 4, 5, 6,
16 y 53 de la Ley 610 de 2000
(…)
Como se ve, uno de los requisitos necesarios para que pueda declararse
la responsabilidad fiscal es la presencia de un daño patrimonial al Estado.
Este es definido por el artículo 6 de la Ley 610, de la siguiente manera
(…).
La Contraloría no valoró que la publicidad del proyecto fuera un fin
público y que con los subcontratos se lograra el cometido de divulgación
perseguido.
(…)
Se observa entonces que, según la Contraloría, el daño se circunscribe a
utilizar los recursos de ciencia y tecnología para fines diferentes.
Claramente no entró a valorar si los recursos utilizados contenían o no
un fin estatal y si dicho fin fue eficaz en lo que a divulgación del programa
se refería. Así solo se limitó a manifestar que el uso del recurso no fue
destinado a un fin presupuestado.
Con esto, como se vio del análisis de la sentencia de constitucionalidad
del artículo 6 de la Ley 610 de 2000, el juicio de la CGR dejó de ser
patrimonial y se volvió sancionatorio – correspondiendo a otro órgano de
control tal reproche. En efecto, decidió que había daño porque los
recursos se destinaron a fines distintos al presupuestado.
(…)
Así entonces, es claro que no se configuró daño al patrimonio público,
en los términos de la Corte Constitucional, pues no se puede derivar que
la destinación de recursos de ciencia y tecnología a otros fines estatales
es una lesión al erario […]”.
Acorde con lo anterior, se tiene que, desde la reforma de la demanda, la
parte actora ha sostenido que no hubo detrimento patrimonial por darle
una destinación distinta a los recursos y que este elemento de la
responsabilidad no estaba configurado.
Sobre el particular, el tribunal señaló que los convenios celebrados
correspondían a una de las modalidades permitidas para la asociación
entre el Estado y los particulares, con el fin de desarrollar actividades
científicas y tecnológicas, y que, a su vez, los contratos que se celebraran
dentro del marco de dichos convenios debían corresponder a su objeto y
alcance, por lo que no era dable suscribir contratos de publicidad en
general, como lo aprobó el comité administrativo del cual hacía parte el
actor.
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La Sala estima que le asiste razón al a quo y en este punto no dará
prosperidad al reparo, teniendo en cuenta lo siguiente:
(i) En el caso concreto, acorde con lo que consta en el proceso de
responsabilidad fiscal y la parte actora no cuestiona, se pagó la suma de
$4.145.495.934 correspondiente a 13 subcontratos del Convenio nro. 18
de 2008, y la suma de $644.250.266 por 14 subcontratos del Convenio
nro. 37 de 2009, que fue el daño patrimonial que se le endilgó al
recurrente, y lo que éste reprocha, es que “(…) en ningún caso ese uso
indebido puede generar un daño patrimonial si no se prueba
efectivamente el deterioro o disminución del patrimonio público”37.
(ii) Se recuerda que, en el proceso de responsabilidad fiscal, se reprochó
al apelante la forma en que se utilizaron los recursos públicos destinados
al Programa Agro, Ingreso Seguro, para la cooperación científica y
tecnológica del sector agropecuario del país a través de los subcontratos
que ejecutaron los Convenios Especiales de Cooperación nro. 018 de 2008
y 037 de 2009 suscritos entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura -
IICA, bajo la consideración que la subcontratación difiere del concepto de
difusión y apropiación científica y tecnológica.
Ello, por cuanto la contratación estuvo desprovista de contenidos
científicos o tecnológicos que permitieran al campesinado apropiarse del
conocimiento que les hubiese dado las herramientas pretendidas por el
Programa Agro, Ingreso Seguro, para el logro de avances y resultados de
ciencia y tecnología.
(iii) La imputación de responsabilidad fiscal al señor Juan Camilo Salazar
y el daño patrimonial “(…) se deriva de los subcontratos realizados con
ocasión a los convenios de cooperación de ciencia y tecnología, suscritos
entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y el Instituto
37
Cita textual de la página 11 del recurso de apelación.
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Interamericano de Cooperación para la Agricultura que no tenían en su
objeto, ejecución, contenido científico y tecnológico, objeto central de la
imputación de responsabilidad fiscal en lo que respecta a los convenios
018 de 2008 y 037 de 2009”38, daño que la Contraloría estimó “(…) en la
sumatoria de los contratos pagos por concepto de publicidad en
componentes diferentes a impulsar ciencia y tecnología (…)”39.
(iv) Lo anterior, dado que, en su condición de miembro del comité
administrativo -lo presidía-, el demandante tenía a su cargo la dirección,
seguimiento y evaluación del convenio, así como aprobar la adición,
modificación y prórroga del convenio y del plan operativo e impartir las
instrucciones para adelantar los procesos de contratación para la correcta
ejecución del convenio, y suscribió las correspondientes actas que
impartieron directrices para la celebración de los contratos, que por
tratarse de ciencia y tecnología, contaban con la prerrogativa legal de la
contratación directa.
(v) La Contraloría también afirmó que el daño patrimonial se concretó
“(…) por la lesión del patrimonio público, representada en la pérdida de
Recursos del Programa AIS por gastos distintos a difusión, divulgación y
socialización de ciencia y tecnología, con cargo a los convenios especiales
de cooperación de ciencia y tecnología números (…) 018 de 2008 y 037
de 2009 suscritos entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA,
producto de una gestión fiscal inoportuna e ineficaz de los entonces
Ministros de Agricultura y Desarrollo Rural (…), así como de las personas
miembros del comité administrativo, (…), junto con el IICA, extraviando
los recursos, que se debían dirigir a inversiones de ciencia y tecnología
(…)”40, y que el señor Salazar conocía la temática científica y tecnológica,
por lo que pudo verificar “que los contratos que aprobaba no eran
38
Tal como se señaló en el fallo de responsabilidad fiscal de primera instancia.
39
Cita tomada del fallo de responsabilidad fiscal de primera instancia en el análisis de
actuación y responsabilidad de los imputados.
40
Cita tomada del fallo de responsabilidad fiscal de primera instancia en el análisis del
daño patrimonial en el caso concreto numeral 5.1.
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contratos propios para el desarrollo de actividades de difusión o
socialización de ciencia y tecnología”41.
(vi) El recurrente argumenta que, a partir de lo señalado por la Corte
Constitucional en las sentencias C- 077 de 2007 y C- 340 de 2007, en
Colombia quedó anulada cualquier posibilidad de que en un proceso fiscal
se declare responsable a un funcionario por hacer uso indebido de dineros
públicos, sin que se demuestre un daño patrimonial o la disminución o
deterioro del patrimonio público.
Alegó que, en este evento, la responsabilidad fiscal del señor Salazar se
fincó en que participó en los comités administrativos de cooperación en
ciencia y tecnología de los Convenios nro. 018 de 2008 y 037 de 2009,
por permitir la celebración de unos subcontratos que para la Contraloría
no tenían contenido científico ni tecnológico, por lo que el daño
patrimonial para la Contraloría y reiterado por el tribunal consiste en la
destinación de recursos para la ejecución de esos convenios, siendo
evidente que no se probó un daño patrimonial, ya que los contratos
celebrados se ejecutaron y nunca se explicó de manera detallada por qué
no cumplían con el objetivo de los convenios, sino que se cuestionó que
eran de mera publicidad.
(vii) Atendiendo a que el recurrente sustenta su tesis en lo señalado por
la Corte Constitucional en las referidas sentencias, revisado su contenido,
se observa lo siguiente:
En la sentencia C- 077 de 2007 la Corte, al estudiar la exequibilidad del
artículo 38 del Código Disciplinario Único, que estableció “otras
inhabilidades para desempeñar cargos públicos”, entre ellas, el haber sido
declarado responsable fiscalmente, explicó las diferencias y semejanzas
del proceso fiscal y el proceso disciplinario y destacó las características
del proceso de responsabilidad fiscal, así:
41
Cita tomada del fallo de responsabilidad fiscal de primera instancia en el análisis del
nexo causal.
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“[…] a) Es de naturaleza administrativa por estar orientado hacia al
establecimiento de la responsabilidad de los servidores públicos o a los
particulares que ejercen funciones públicas, por el manejo irregular de
bienes o recursos públicos;
b) Es igualmente de naturaleza patrimonial, porque como
consecuencia de su declaración, el imputado debe resarcir el daño
causado por la gestión fiscal irregular, mediante el pago de una
indemnización pecuniaria, que compensa el perjuicio sufrido por la
respectiva entidad estatal;
c) No tiene un carácter sancionatorio ni penal, siendo en consecuencia
una responsabilidad independiente y autónoma, distinta de la
disciplinaria o de la penal que pueda corresponder por la comisión de los
mismos hechos;
d) Está regido por el debido proceso, o sea en el juicio de
responsabilidad fiscal también se deben observar las garantías
sustanciales y procesales.
[…]”. (negrillas originales de la providencia)
A su vez, en la sentencia C- 340 de 2007, la Corte Constitucional, al
declarar la exequibilidad de la expresión “o a los intereses patrimoniales
del Estado” contenida en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, y la
inexequibilidad de las expresiones “uso indebido” e “inequitativo” de la
misma disposición, expuso lo siguiente:
“[…] el uso indebido puede darse en situaciones que, ni generen un
detrimento apreciable en los bienes o en los recursos del Estado, ni
produzcan una afectación de sus intereses patrimoniales por el
aprovechamiento indebido de tales bienes o recursos. Tal sería el caso
cuando se destinan recursos del Estado a fines oficiales distintos de aquel
para el que estaban presupuestados, o cuando el uso indebido consiste
en una mera infracción de reglamentos, órdenes o directivas, pero sin
lesión ni aprovechamiento privado de los recursos públicos. En estos
casos, puede existir responsabilidad penal o disciplinaria, pero no
responsabilidad fiscal, por ausencia de daño.
Es claro que, en la primera hipótesis, hay un daño susceptible de ser
cuantificado, atribuible al detrimento de los bienes, o a la pérdida de
utilidad, o al valor de los recursos inutilizados o enterrados en obras
improductivas, etc. También sería cuantificable la afectación del
patrimonio público que se deriva del aprovechamiento indebido de bienes
o recursos del Estado. Cabría establecer, en ciertas hipótesis, que hay
un detrimento patrimonial cuando el valor generado por el uso indebido
de los bienes del Estado no entra a su patrimonio, sino que permanece
en el de un tercero.
Pero es claro, también, que en esas hipótesis la afectación de los
intereses patrimoniales del Estado no se produce por el uso indebido per
se, sino que sería necesario acreditar, además, el detrimento de los
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bienes y recursos o, eventualmente, su aprovechamiento indebido, o, en
general, la afectación de los intereses patrimoniales del Estado, eventos
en los cuales serían éstos -detrimento, aprovechamiento indebido o
afectación- y no aquel -uso indebido- los elementos constitutivos del
daño y la fuente de la responsabilidad fiscal, y el uso indebido, una
modalidad de la conducta dolosa o culposa que da lugar a la
responsabilidad.
Al incluir la norma demandada el concepto de uso indebido como
categoría autónoma representativa de la lesión al patrimonio público,
paralela a otras expresiones de daño como menoscabo, disminución,
perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro, desnaturaliza el concepto de
daño […]”. (negrillas ajenas a la providencia)
De esta última sentencia C- 340 de 2007 la Sala considera pertinente
destacar lo siguiente:
-) El uso indebido puede darse en situaciones que no generen un
detrimento en los bienes o recursos del Estado o que no afecten los
intereses patrimoniales del erario, eventos en los cuales la
responsabilidad podría ser de otra naturaleza, verbigracia, penal o
disciplinaria, pero no fiscal.
-) Para que haya lugar a la responsabilidad fiscal, no solo debe producirse
el uso indebido de recursos públicos, sino que es necesario acreditar,
además, el detrimento de los bienes y recursos o que el aprovechamiento
indebido haya dado lugar a la afectación de los intereses patrimoniales
del Estado, eventos en que será el detrimento, aprovechamiento indebido
o afectación la fuente de la responsabilidad fiscal, y el uso indebido, una
modalidad de la conducta dolosa o culposa que da lugar a la
responsabilidad.
-) La Corte Constitucional declaró inexequible la expresión “uso indebido”
e “inequitativo” contenida en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, por
haberse incluido como categoría autónoma representativa de la lesión al
patrimonio público, lo que no significa que el uso indebido acompañado
del detrimento, aprovechamiento indebido o afectación del patrimonio
público no pueda ser constitutivo de responsabilidad fiscal.
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(viii) En el asunto bajo examen, está acreditado que los Convenios
Especiales de Cooperación Científica y Tecnológica nro. 018 de 2008 y
037 de 2009, celebrados entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura-
IICA, tuvieron como objeto la cooperación científica y tecnológica para
impulsar la implementación, desarrollo y ejecución del Programa “Agro,
Ingreso Seguro – AIS”, de manera que, la realización de las actividades
de socialización y divulgación de dicha política pública debían estar
orientadas a la difusión científica y tecnológica, lo que implica
información, publicación, divulgación y asesoría en ciencia y tecnología;
lo anterior con fundamento en la Ley 1133 del 9 de abril de 2007, “por
medio de la cual se crea e implementa el programa “Agro, Ingreso
Seguro- AIS”.
(ix) En efecto, conforme con el artículo 3 de la citada Ley 1133 de 2007,
los componentes del programa “Agro, Ingreso Seguro”, son: (i) el de
apoyo económico directo, dirigido a proteger los ingresos de los
productores durante un período de transición con el fin de mejorar la
competitividad y adelantar procesos de reconversión, y (ii) el componente
de apoyo a la competitividad, cuyo propósito es preparar al sector
agropecuario “(…) ante la internacionalización de la economía, mejorar la
productividad y adelantar procesos de reconversión, en todo el sector
agropecuario”.
(x) También es relevante señalar que, acorde con el Decreto 393 del 8 de
febrero de 1991, “por el cual se dictan normas sobre asociación para
actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y
creación de tecnologías”, los convenios de cooperación se rigen por las
normas del derecho privado (artículo 7); por lo tanto, para su celebración
y validez no requieren requisitos distintos de los propios de la contratación
entre particulares (parágrafo del artículo 8)42.
42
Acerca de las disposiciones aplicables a esta clase de convenios el Consejo de Estado
ha explicado que “(…) se rigen por las normas del derecho privado, es decir, en armonía
con lo dispuesto en los artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993, por las disposiciones
comerciales y civiles pertinentes, salvo lo expresamente regulado en la ley de
contratación pública y, por supuesto, en las normas especiales en materia de ciencia y
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(xi) Comoquiera que los Convenios de Cooperación Especial nro. 018 de
2008 y 037 de 2009 se suscribieron para impulsar la implementación,
desarrollo y ejecución del Programa “Agro, Ingreso Seguro – AIS”, es
importante precisar qué se entiende por actividades científicas y
tecnológicas, y al respecto, el artículo 2 del Decreto 591 del 26 de febrero
de 199143 dispuso:
“[…]Artículo 2º.- Para los efectos del presente Decreto, entiéndese por
actividades científicas y tecnológicas las siguientes:
1. Investigación científica y desarrollo tecnológico, desarrollo de nuevos
productos y procesos, creación y apoyo a centros científicos y
tecnológicos y conformación de redes de investigación e información.
2. Difusión científica y tecnológica, esto es, información, publicación,
divulgación y asesoría en ciencia y tecnología.
3. Servicios científicos y tecnológicos que se refieren a la realización de
planes, estudios, estadísticas y censos de ciencia y tecnología; a la
homologación, normalización, metodología, certificación y control de
calidad; a la prospección de recursos, inventario de recursos terrestres
y ordenamiento territorial; a la promoción científica y tecnológica; a la
realización de seminarios, congresos y talleres de ciencia y tecnología,
así como a la promoción y gestión de sistemas de calidad total y de
evaluación tecnológica.
4. Proyectos de innovación que incorporen tecnología, creación,
generación, apropiación y adaptación de la misma, así como la creación
y el apoyo a incubadoras de empresas, a parques tecnológicos y a
empresas de base tecnológica.
5. Transferencia tecnológica que comprende la negociación, apropiación,
desagregación, asimilación, adaptación y aplicación de nuevas
tecnologías nacionales o extranjeras.
6. Cooperación científica y tecnológica nacional e internacional.
[…]”.
(xii) Según lo establecido en los Convenios de Cooperación Especial nro.
018 de 2008 y 037 de 2009, la dirección, seguimiento y evaluación estaba
en cabeza de un comité administrativo, presidido por el viceministro de
Agricultura y Desarrollo Rural, quien tenía entre sus funciones “impartir
tecnología (decretos 393 y 591 de 1991)”. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 11 de febrero de 2009. Expediente
radicación nro. 25 000 23 31 000 2001 13018 01.
43
“Por el cual se regulan las modalidades específicas de contratos de fomento de
actividades científicas y tecnológicas”.
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Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
las directrices e instrucciones para adelantar los procesos de contratación
que se requieran para la correcta ejecución del convenio”.
(xiii) Está acreditado que el señor Juan Camilo Salazar Rueda, en calidad
de viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, presidió el comité
administrativo del Convenio nro. 018 de 2008 entre el 10 de enero de
2008 y el 31 de diciembre de 2008, y el Convenio nro. 037 de 2009 entre
el 22 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009.
(xiv) También se comprueba que suscribió las actas del comité
administrativo del Convenio nro. 018 de 2008, en calidad de viceministro
de Agricultura y Desarrollo Rural, y las del Convenio nro. 037 de 2009,
igualmente en calidad de viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
en las que se plasmaron las autorizaciones dadas por el comité
administrativo para modificar el plan operativo cuyos rubros mayoritarios
no estaban dirigidos a la implementación del programa o a la Unidad
Coordinadora del mismo, sino a la divulgación.
(xv) Las decisiones adoptadas en las reuniones en las que participó el
señor Juan Camilo Salazar en el comité administrativo frente al Convenio
nro. 018 de 2008 en calidad de viceministro de Agricultura y Desarrollo
Rural, relevantes para el caso, fueron las siguientes44:
Acta nro. 2, se afirma que el comité interventor rindió concepto para
modificar el plan operativo, así:
“[…]
1. Unidad Coordinadora del Programa AIS $835.400.000
2. Divulgación del Programa AIS $4.171.070.000
2.1. Divulgación del Programa AIS $4.071.070.000
2.2. Viáticos $100.000.000
3. Aporte IICA $36.000.000
4. Administración operación IICA $231.737.000
5. Imprevistos $182.863.000
TOTAL $5.457.070.000
“[…]
44
Las actas constan dentro de las pruebas obrantes en el proceso de responsabilidad
fiscal y fueron debídamente consultadas.
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Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
Acta nro. 3, el comité administrativo aprobó una modificación al plan
operativo del convenio, así:
“[…]
1. Unidad Coordinadora del Programa AIS $823.400.000
2. Divulgación del Programa AIS $4.150.606.000
2.1. Divulgación del Programa AIS $4.050.606.000
2.2. Viáticos $100.000.000
3. Aporte IICA $36.000.000
4. Administración operación IICA $252.201.000
5. Imprevistos $194.863.000
TOTAL $5.457.070.000
[…]” (negrillas originales).
Acta nro. 8, el comité aprobó un movimiento de $39.360.000 para
efectuar una modificación al plan operativo del convenio y autorizó la
contratación de una abogada asesora de la Unidad Coordinadora del
Programa AIS, por lo tanto, el plan operativo aprobado quedó así:
“[…]
1. Unidad Coordinadora del Programa AIS $835.400.000
2. Divulgación del Programa AIS $4.150.606.000
2.1. Divulgación del Programa AIS $4.011.246.000
2.2. Viáticos $139.360.000
3. Aporte IICA $36.000.000
4. Administración operación IICA $252.201.000
5. Imprevistos $182.863.000
TOTAL $5.457.070.000
[…]” (negrillas originales).
Acta nro. 9, el comité administrativo aprobó que se suscribiera una
modificación al convenio con el propósito de ampliar su monto,
adicionándolo en $129.550.145 en el rubro divulgación del programa AIS;
en $100.000.000 para viáticos; en $12.252.035 el rubro administración
y operación y $10.297.320, con el propósito de adelantar, durante lo que
restaba del año 2008, las labores de divulgación de la convocatoria
pública de riego y drenaje y de adquirir los equipos necesarios para el
sistema de manejo documental ORFEO, así:
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Radicación: 25 000 23 41 000 2015 00182 01
Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
“[…]
1. Unidad Coordinadora del Programa AIS $835.400.000
2. Divulgación del Programa AIS $4.380.156.145
2.1. Divulgación del Programa AIS $4.140.796.145
2.2. Viáticos $239.360.000
3. Aporte IICA $36.000.000
4. Administración operación IICA $264.453.035
5. Imprevistos $193.160.320
TOTAL $5.709.169.500
[…]” (negrillas originales).
(xvi) Contratos suscritos con ocasión del Convenio nro. 018 de
2008:
Para analizar los contratos suscritos con ocasión del Convenio nro. 018 de
2008, la Sala recuerda que el mismo se trató de un convenio especial de
cooperación científica y tecnológica, el cual tenía por objeto “la
cooperación científica y tecnológica entre el Ministerio y el IICA mediante
la unión de esfuerzos, recursos, tecnología y capacidades, para impulsar
la implementación, desarrollo y ejecución del Programa Agro Ingreso
Seguro- AIS”, especialmente en lo que respecta a la integración de una
unidad coordinadora del programa y la realización de las actividades de
socialización y divulgación de dicha política pública”.
Adicionalmente, valga destacar que, acorde con los términos de referencia
que el demandante debía conocer, para la suscripción del Convenio
Especial de Cooperación Científica y Tecnológica nro. 018 de 2008
celebrado entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura- IICA, se
planteó como justificación lo siguiente:
“[…] De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2478 de 1999. el
Ministerio Agricultura y Desarrollo Rural (EL MINISTERIO) tiene como
objetivos primordiales la formulación y adopción de planes, programas y
proyectos de desarrollo rural través del ejercicio de funciones tales como
la creación de instrumentos, incentivos y estímulos para el
financiamiento y la inversión en áreas de competencia.
Teniendo en cuenta el proceso de internacionalización e integración de
la economía Colombiana, el Congreso de la República expidió la Ley
1133, mediante la cual se creó el Programa "Agro, Ingreso Seguro - AIS",
que se enmarca dentro de las acciones previstas por el Gobierno Nacional
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Radicación: 25 000 23 41 000 2015 00182 01
Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
para enfrentar dicha realidad, y que tiene como objetivos principales
mejorar la competitividad de sector agropecuario nacional, y proteger
los ingresos de los productores que resulten afectados ante las
distorsiones derivadas de los mercados externos.
Este Programa comprende dos grandes componentes principales,
consistentes en apoyos para la competitividad y apoyos económicos
directos, los cuales a su vez están integrados por distintos instrumentos
tales como apoyos a través de crédito apoyos a la comercialización e
incentivos a la productividad, entre los cuales se encuentra la
cofinanciación de infraestructura de riego y drenaje, una línea Especial
de Crédito, el Incentivo a la Capitalización Rural – ICR, y el Incentivo a
la Asistencia Técnica - IAT, a través de los cuales, el Gobierno Nacional
quiere fomentar la inversión y la introducción de nuevas tecnologías.
A efectos de garantizar el correcto desarrollo de las actividades
relacionadas con la adecuada implementación y ejecución de los distintos
instrumentos del Programa "Agro, Ingreso Seguro - AIS" EL MINIST ERIO
considera indispensable la integración de un equipo técnico, compuesto
por un conjunto de profesionales consultores que participen activamente
en el diseño, seguimiento y ejecución de dicha política pública
introducida mediante la ley 1133 de 2007.
Así mismo, EL MINISTERIO está convencido, y así lo ha demostrado la
experiencia vivida durante el año 2007, que el éxito en la demanda y
correcta utilización de los instrumentos del Programa Agro, Ingreso
Seguro – AIS depende en gran medida del desarrollo de una campaña
eficaz de socialización y divulgación, que les permita a los productores
de todo el territorio nacional conocer las distintas herramientas
dispuestas para el desarrollo del sector agropecuario, mediante la cual
se informe acerca de las condiciones, requisitos y procedimientos que se
requieren para acceder a los beneficios propios del Programa.
Partiendo de las consideraciones anteriores y valorando el tipo de
actividades que se requiere desarrollar para alcanzar los objetivos
propuestos. EL MINISTERIO estima necesario que a través de la
celebración de un convenio, se cuente con la cooperación científica y
tecnológica de un organismo de reconocida idoneidad y experiencia, para
que mediante la unión de esfuerzos se asegure la correcta
implementación y ejecución del Programa "Agro, Ingreso Seguro - AIS",
con el fin de materializar los propósitos de dicha política pública.
Tal cooperación resulta posible de conformidad con lo previsto en el
artículo 1 de Decreto Extraordinario 393 de 1991, en concordancia con
lo dispuesto en el Decreto 591 de 1991, según los cuales la Nación y sus
entidades descentralizadas pueden celebrar convenios especiales de
cooperación para adelantar actividades científicas y tecnológicas,
proyectos de investigación creación de tecnología. Así mismo, tal
facultad está consagrada en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, que
establece que las entidades estatales pueden celebrar convenios de
asociación con personas jurídicas particulares, que tengan por objeto el
desarrollo de actividades relacionadas con los cometidos y las funciones
que les han sido asignadas. Valga recordar que según el literal d) del
articulo 24 de la Ley 80 de 1993, los convenios que tengan por objeto el
desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas no requieren
de la escogencia de contratista a través de licitación o concurso públicos.
Expuesto lo anterior, resulta procedente indicar que la realización de las
actividades relacionadas con la adecuada implementación y ejecución de
los instrumentos del Programa "Agro, Ingreso Seguro - AIS", persigue
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impulsar el desarrollo tecnológico del sector agropecuario Colombiano, a
través de la implementación de nuevas técnicas en sistemas de riego, la
implementación de una asistencia técnica integral que garantice la
tecnificación de los procesos productivos y la realización de las
inversiones necesarias para lograr una profunda transformación del
aparato productivo agropecuario. La consecución de los propósitos
anteriormente mencionados, dada su naturaleza, solo resulta posible si
EL MINISTERIO se vale de la colaboración científica y tecnológica de una
organización con personal calificado, que disponga de una amplia
experiencia en las diferentes disciplinas involucradas en la
implementación de esta política pública y que cuente con las
herramientas adecuadas para garantizar la oportunidad, confiabilidad y
eficacia en la obtención de resultados positivos […]”.
En este punto, tal y como se explicó en acápites precedentes, al
suscribirse el convenio para la cooperación científica y tecnológica debía
tenerse en cuenta lo previsto por los Decretos 393 de 1991 y 591 de
1991, tal como se desprende de sus consideraciones y de los términos de
referencia. A estos efectos, se trae a colación nuevamente el artículo
segundo del Decreto 591 de 1991, que enlistó las actividades que tienen
una connotación científica y tecnológica, y en el numeral segundo se
señala la “difusión científica y tecnológica, esto es, información,
publicación, divulgación y asesoría en ciencia y tecnología”.
A su turno, para el análisis de los contratos celebrados a raíz del Convenio
nro. 018 de 2008, no puede perderse de vista que lo que le reprochó la
Contraloría al demandante es que el mencionado convenio estaba
enmarcado como de ciencia y tecnología, por lo que los contratos que lo
desarrollaban debían circunscribir su objeto y obligaciones a actividades
propias de ciencia y tecnología; sin embargo, los contratos celebrados al
amparo del convenio no tenían ninguna relación con tales componentes.
En aras de determinar si los contratos guardaban consonancia con el
propósito del Convenio nro. 018, es decir, si el objeto contractual
desarrollaba actividades de ciencia y tecnología, la Sala pasa a examinar
cada uno de ellos:
1. “Contrato de prestación de servicios profesionales independientes no.
04/2008 derivado del convenio 018/2008 IICA – MADR”, suscrito entre el
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura- IICA y el
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señor Herich Javier Frasser García, con el siguiente objeto según la
cláusula primera del contrato: “EL CONTRATISTA se compromete a
contribuir en la divulgación, difusión y socialización de cada uno de los
componentes del Programa Agro Ingreso Seguro, de acuerdo con los
términos de Referencia adjuntos y con el Acta No. 1 del Comité
Administrativo del Convenio 018/2008 IICA-MADR, documentos que
hacen parte integral del presente contrato”. Valor del contrato: la suma
total de $42.727.500 (cláusula quinta).
Respecto de este contrato, lo que la Sala observa es que la mera
divulgación, difusión y socialización de los componentes del Programa
Agro, Ingreso Seguro, no guarda relación con actividades de ciencia y
tecnología, y, además, la parte actora tampoco probó que la divulgación,
socialización y difusión haya sido de contenido científico y/o tecnológico
en los términos del numeral segundo del artículo segundo del Decreto 591
de 1991.
2. “Contrato de prestación de servicios profesionales independientes no.
09/2008 derivado del convenio 018/2008 IICA – MADR”, suscrito entre el
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura- IICA y la
señora María Elisa González Clavijo, con el siguiente objeto según la
cláusula primera del contrato: “LA CONTRATISTA se compromete a
prestar sus servicios profesionales independientes para contribuir en la
divulgación y en la estrategia de comunicación del Programa Agro Ingreso
Seguro (AIS) y en particular en la estrategia de comunicación desde el
punto de vista organizacional, publicitario y periodístico según términos
de referencia anexos y con el Acta No. 1 del Comité Administrativo del
Convenio 018/2008 IICA-MADR, documentos que hacen parte integral del
presente contrato”. Valor del contrato, la suma de $38.400.000.
Respecto de este contrato, la Sala considera que tampoco cumple con el
propósito del Convenio nro. 018 de 2008, toda vez que el precitado
contrato tuvo como objeto una estrategia de comunicación desde el punto
de vista organizacional, publicitario y periodístico; mientras que el
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convenio tenía por objeto la cooperación científica y tecnológica entre el
Ministerio y el IICA y, si bien, se pactó dentro del objeto contractual que
se adelantarían actividades de socialización y divulgación del Programa
AIS, no puede perderse de vista que dicha difusión debía tener un carácter
científico y tecnológico, conforme lo dispuesto por el numeral segundo del
artículo segundo del Decreto 591 de 1991.
3. “Contrato de prestación de servicios profesionales independientes no.
010/2008 derivado del convenio 018/2008 IICA – MADR”, suscrito entre
el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura- IICA y la
señora Marta Herrera Vásquez, con el siguiente objeto, según la cláusula
primera del contrato: “LA CONTRATISTA se compromete a contribuir en
la divulgación, difusión y socialización de cada uno de los componentes
del Programa Agro Ingreso Seguro, de acuerdo con los términos de
referencia adjuntos y con el Acta No. 1 del Comité Administrativo del
Convenio 018/2008 IICA-MADR, documentos que hacen parte integral del
presente contrato”. Valor del contrato, la suma de $56.970.000 (cláusula
quinta).
Al igual que los contratos anteriores, la Sala advierte que la sola
divulgación y socialización de los componentes del Programa Agro Ingreso
Seguro no tenía un componente científico y tecnológico dirigido a la
apropiación del conocimiento del sector agropecuario en dichas áreas, por
lo que este contrato no cumple con los cometidos por los que se suscribió
el Convenio Especial de Cooperación Científica y Tecnológica nro. 018 de
2008 celebrado entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura- IICA, en el
que se planteó como justificación, entre otras, que “(…) la realización de
las actividades relacionadas con la adecuada implementación y ejecución
de los instrumentos del Programa "Agro, Ingreso Seguro - AIS", persigue
impulsar el desarrollo tecnológico del sector agropecuario Colombiano, a
través de la implementación de nuevas técnicas en sistemas de riego, la
implementación de una asistencia técnica integral que garantice la
tecnificación de los procesos productivos y la realización de las inversiones
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necesarias para lograr una profunda transformación del aparato
productivo agropecuario (…)”.
4. “Contrato prestación de servicios profesionales independientes no.
1097/2008 derivado del convenio 018/2008 IICA – MADR”, suscrito entre
el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura- IICA e Isis
Yumali Durán Moreno, con el siguiente objeto según la cláusula primera
del contrato: “LA CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios
profesionales independientes para contribuir en la divulgación y en la
estrategia de comunicación del Programa Agro Ingreso Seguro (AIS),y en
particular, en la estrategia de comunicación desde el punto de vista
organizacional, publicitario y periodístico según los términos de referencia
anexos y con el Acta No. 6 del Comité Administrativo del Convenio
018/2008 IICA-MADR, documentos que hacen parte integral del presente
contrato”. Valor del contrato, la suma de $12.800.000 (cláusula quinta).
La Sala, respecto de este contrato, observa que igualmente difiere del
objeto y el propósito del Convenio nro. 018 de 2008, comoquiera que el
objeto contractual era una estrategia de comunicación organizacional,
publicitaria y periodística, y una vez revisado los términos de referencia
del contrato, las actividades que se debían desarrollar eran las siguientes:
a) Diseñar e implementar estrategias de comunicación para el Programa
“Agro Ingreso Seguro-AIS”.
b) Ejecutar campañas de comunicación institucional, mediante las cuales
se integren las políticas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
incluyendo el Programa “Agro Ingreso Seguro-AIS”.
c) Participar en la ejecución de las campañas de comunicación para
fortalecer el posicionamiento de los distintos componentes e instrumentos
del Programa “Agro Ingreso Seguro-AIS”.
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d) Otras actividades inherentes a la profesión que se requieran para la
correcta y exitosa ejecución del Programa AIS.
Adicionalmente, el perfil profesional requerido era el de comunicador
social y periodista con experiencia en comunicación organizacional.
En el contexto descrito, las actividades de socialización y divulgación no
tuvieron un carácter científico o tecnológico y, por lo tanto, no
desarrollaron el propósito para el que suscribió el Convenio nro. 018.
5. “Contrato de prestación de servicios no. 116/2008 derivado del
convenio 018/2008 IICA – MADR”, suscrito entre el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura- IICA y EPM
Telecomunicaciones S.A. ESP, con el siguiente objeto según la cláusula
primera del contrato: “Llevar a cabo las labores necesarias para brindar
soporte a la página web del programa AGROINGRESO SEGURO, y para la
implementación y operación del servicio de una línea de atención gratuita
a nivel nacional para productores interesados en el programa AIS,
conforme a los términos de referencia y a la aprobación consignada en el
Acta nro. 002 de fecha 16 de enero de 2008 del Comité Administrativo
del Convenio 0018/2008 IICA -MADR, documentos que hacen parte
integral del presente CONTRATO, que EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
ESP declara conocer y aceptar”. Valor del contrato, la suma de
$352.640.000 (cláusula quinta).
Al igual que lo señalado anteriormente, el precitado contrato tampoco
desarrolla la divulgación de tipo científico o tecnológico y, por ende, no
está en consonancia con el propósito del Convenio nro. 018 de 2008. Lo
dicho, por cuanto revisados los términos de referencia del contrato las
actividades que se debían desarrollar se concretan principalmente en dos,
la primera, suministrar un servicio de contact center para atender las
inquietudes que surjan en todo el país respecto del Programa AIS y, por
otra parte, suministrar un servicio de web hosting en el que se debía alojar
la página web del programa.
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Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
6. “Contrato de prestación de servicios no. 117/2008 derivado del
convenio 018/2008 IICA – MADR”, suscrito entre el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura- IICA e Initiative Media
Colombia S.A., con el siguiente objeto según la cláusula primera del
contrato: “En virtud del presente contrato, INITIATIVE MEDIA COLOMBIA
S.A. se compromete a desarrollar las labores necesarias para ejecutar la
tercera fase del proceso de divulgación y socialización del Programa Agro
Ingreso Seguro – AIS”, de sus componentes y de sus instrumentos
haciendo especial énfasis en la difusión de la Línea Especial de Crédito
para reconversión y mejora de la productividad para pequeños
productores, del incentivo a la productividad para el fortalecimiento de la
Asistencia Técnica, del Incentivo a la Capitalización Rural – ICR y del
Mecanismo Concursal de Riego para el año 2008. Adicionalmente, la
estrategia de difusión y socialización deberá comprender el
posicionamiento de “Agro Ingreso Seguro – AIS”, la difusión de
información específica y la consolidación de los instrumentos del
programa. De acuerdo con las instrucciones del Acta del Comité
Administrativo nro. 002 de 16 de enero de 2008 del Convenio MADR- IICA
INITIATIVE MEDIA COLOMBIA S.A., además de la divulgación de los
instrumentos de riego, crédito e ICR incluidos en la primera fase del
proceso de divulgación, deberá hacer énfasis en el trabajo publicitario y
de ambientación de los apoyos que se otorgarán durante el año 2008 y la
continuidad del posicionamiento del programa a nivel nacional, regional y
local, con un enfoque especialmente dirigido hacia los pequeños
productores rurales. Valor del contrato, la suma de tres mil doscientos
millones de pesos ($3.200.000.000), incluido el IVA.(cláusula quinta).
Acorde con los términos de referencia de este contrato las actividades que
debía desarrollar el contratista eran las siguientes:
“[…] 1. Desarrollar la campaña informativa y de comunicaciones de Agro,
Ingreso Seguro - AIS" y de los componentes e instrumentos respectivos,
con un enfoque educativo y participativo, que implique la creación de
canales de comunicación eficientes y adecuados para cada tipo de
productor agropecuario, destinatario de las distintas herramientas del
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Programa. La campaña informativa y de comunicaciones deberá hacer
especial énfasis en la difusión de la Línea Especial de Crédito para
reconversión y mejora de la productividad para pequeños productores,
del Incentivo a la Productividad para el Fortalecimiento de la Asistencia
Técnica, del Incentivo Capitalización Rural - ICR, Ciencia y Tecnología y
del Mecanismo concursal de Riego para el año 2008. Dicha campaña
deberá comprender la difusión de información a los productores
agropecuarios de todo el territorio nacional respecto del objeto, alcance
y requisitos de acceso, correspondientes a cada instrumento.
2.Definir y desarrollar un plan de medios para difundir los instrumentos
objeto de la campaña, a través de medios masivos y alternativos, de
acuerdo con las necesidades del Programa. El plan de medios deberá
incluir el diseño y elaboración de piezas informativas, así como la
producción y contratación de los medios que serán utilizados. Todas las
actividades que se ejecuten en desarrollo del plan de medios, deberán
contar con al aprobación previa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural.
3. Organizar eventos en los cuales se provea información y capacitación,
en todo el territorio nacional, con el propósito de dar a conocer el
Programa “Agro, Ingreso Seguro - AlS", sus componentes e
instrumentos. La organización de tales eventos incluirá la realización de
todas las labores logisticas de organización y convocatoria a los mismos.
gualmente, la organización de este tipo de actividades, sujeta a la
aprobación previa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
4. Realizar las actividades necesarias para la producción de los medios
que serán utilizados para la difusión y socialización del programa, sus
componentes e instrumentos, incluyendo el mantenimiento y
actualización de la página Web, la elaboración de cartillas, la producción
de publicidad radial, la producción de medios impresos de apoyo tales
como afiches y volantes, entre otros.
5. Realizar las actividades necesarias para la divulgación del Programa
"Agro, Ingreso Seguro - AIS", sus componentes e instrumentos, a través
de medios masivos de comunicación, y mediante la organización de
actividades tales como boletines, ruedas de prensa, recorridos de medios
y monitoreo […]”.
En cuanto a los productos esperados eran:
“[…] 1. Campaña informativa y de comunicaciones del Programa “Agro,
Ingreso Seguro – AIS”, sus componentes e instrumentos.
2. Plan de medios.
3. Organización de eventos de información y capacitación.
4. Organización y realización de actividades publicitarias.
5. Las piezas informativas de la campaña.
[…]”.
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Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
7. Carta contrato A3CO/23051 del 4 de abril de 2008 suscrita por el
representante legal del IICA en Colombia y el representante legal de
Colombia Medios EU, con el objeto de “proceder a la preproducción,
producción, libreto, edición, gratificación, locución, cabezote y realización
de un video de cinco minutos sobre reforestación, en el marco de la
realización de la consulta previa del proyecto de ley forestal que será
presentado a consideración del Congreso de la República, según Acta nro.
03 de Comité Administrativo del Convenio 0180/8 (sic)”. Valor del
contrato: $13.300.594 incluido IVA.
Frente al precitado contrato, se tiene que el mismo no está relacionado
con los componentes fundamentales el Convenio nro. 018 de 2008. Ello,
se reitera, en la medida en que dicho convenio tenía por objeto la
cooperación científica y tecnológica para impulsar la implementación,
desarrollo y ejecución del Programa Agro Ingreso Seguro, el cual,
conforme con el artículo tercero de la Ley 1133 de 2007, tenía dos
componentes, el de apoyos económicos directos, que buscaba proteger
los ingresos de los productores durante un período de transición, y el de
apoyo a la competitividad, que tenía como finalidad preparar el sector
agropecuario ante la internacionalización de la economía, mejorar la
productividad y adelantar procesos de reconversión en todo el sector
agropecuario.
8. “Contrato prestación de servicios no. 308/2008 derivado del convenio
018/2008 IICA – MADR”, suscrito entre el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura- IICA y Sistemas Integrales de
Informática S.A. SISA S.A., con el siguiente objeto según la cláusula
primera del contrato ”suministro de equipos de red inalámbrica,
instalación, configuración y puesta en marcha, para la correcta ejecución
de actividades por parte de la Unidad Coordinadora del Programa AIS, en
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, conforme a los Términos
de referencia y la propuesta presentada, documentos que hacen parte del
presente CONTRATO, que SISA declara conocer y aceptar. Valor del
contrato, la suma $8.635.040, incluido el IVA.(Cláusula quinta).
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Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
En relación con dicho contrato, la Sala no desconoce que el Convenio nro.
018 de 2008, había previsto la integración de una unidad coordinadora
del Programa AIS; no obstante, como quiera que ella funcionaba en el
ministerio, la logística para su funcionamiento no podía desarrollarse con
los recursos del programa, pues el suministro propuesto lo es en general
para el uso de las instalaciones en donde funciona la entidad.
9. “Contrato prestación de servicios profesionales independientes no.
326/2008 convenio IICA – MADR 018/08”, suscrito entre el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura- IICA y Pedro Enrique
Ferrín Ordóñez, con el siguiente objeto, según la cláusula primera del
contrato, ”asesorar a la Comisión Consultiva del Alto Nivel, y, en
particular, al espacio autónomo, bajo la orientación de la Subcomisión de
Territorios y Recursos Naturales, en el proceso de socialización y
concertación del capítulo VII de la Ley 70 de 1993, y del proyecto de ley
de reforestación comercial, de acuerdo con los términos de referencia
elaborados para el efecto, que hacen parte del presente contrato y que el
CONTRATISTA declara conocer y aceptar. Valor del contrato, la suma
$13.500.000. (cláusula quinta).
Frente a este contrato se reitera lo señalado cuando se analizó la Carta
contrato A3CO/23051 del 4 de abril de 2008 en el sentido que el mismo
no guarda relación con el Convenio nro. 018 de 2008. Ello en la medida
que dicho convenio tenía por objeto la cooperación científica y tecnológica
para impulsar la implementación, desarrollo y ejecución del Programa
Agro Ingreso Seguro, el cual, conforme con el artículo tercero de la Ley
1133 de 2007, tenía dos componentes; el de apoyos económicos directos,
que buscaba proteger los ingresos de los productores durante un período
de transición, y el de apoyo a la competitividad, que tenía como finalidad
preparar el sector agropecuario ante la internacionalización de la
economía, mejorar la productividad y adelantar procesos de reconversión
en todo el sector agropecuario.
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Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
10. “Contrato prestación de servicios profesionales independientes no.
327/2008 convenio 018/08 IICA – MADR”, suscrito entre el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura- IICA y Bismark
Nicolas Chaverra Rojas, con el siguiente objeto, según la cláusula primera
del contrato, ”asesorar a la Comisión Consultiva del Alto Nivel, y, en
particular, al espacio autónomo, bajo la orientación de la Subcomisión de
Territorios y Recursos Naturales, en el proceso de socialización y
concertación del capítulo VII de la Ley 70 de 1993, y del proyecto de ley
de reforestación comercial, de acuerdo con los términos de referencia
elaborados para el efecto, que hacen parte del presente contrato y que el
CONTRATISTA declara conocer y aceptar. Valor del contrato, la suma
$13.500.000. (cláusula quinta).
Aquí nuevamente se reitera lo que se explicó cuando se analizó la Carta
contrato A3CO/23051 del 4 de abril de 2008 y el “Contrato prestación de
servicios profesionales independientes no. 326/2008 convenio IICA –
MADR 018/08”, esto es, que el mismo no guarda relación con el Convenio
nro. 018 de 2008, por cuanto, se reitera, dicho convenio tenía por objeto
la cooperación científica y tecnológica para impulsar la implementación,
desarrollo y ejecución del Programa Agro Ingreso Seguro, el cual,
conforme con el artículo tercero de la Ley 1133 de 2007, tenía dos
componentes, el de apoyos económicos directos, que buscaba proteger
los ingresos de los productores durante un período de transición, y, el de
apoyo a la competitividad, que tenía como finalidad preparar el sector
agropecuario ante la internacionalización de la economía, mejorar la
productividad y adelantar procesos de reconversión en todo el sector
agropecuario.
11. “Contrato prestación de servicios profesionales independientes no.
328/2008 convenio 018/08 IICA – MADR”, suscrito entre el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura- IICA y Nigdia
Georgina Díaz Becerra, con el siguiente objeto según la cláusula primera
del contrato ”asesorar a la Comisión Consultiva del Alto Nivel, y, en
particular, al espacio autónomo, bajo la orientación de la Subcomisión de
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Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
Territorios y Recursos Naturales, en el proceso de socialización y
concertación del capítulo VII de la Ley 70 de 1993, y del proyecto de ley
de reforestación comercial, de acuerdo con los términos de referencia
elaborados para el efecto, que hacen parte del presente contrato y que el
CONTRATISTA declara conocer y aceptar. Valor del contrato, la suma
$13.500.000. (cláusula quinta).
Al respecto, la Sala nuevamente se remite a lo que ha venido señalando
en líneas precedentes, puesto que, en este caso, el proceso de
concertación del capítulo VII de la Ley 70 de 1993, referido a la planeación
y fomento del desarrollo económico y social de las comunidades negras
no se explica por qué tiene relación con el Programa Agro Ingreso Seguro,
ni tampoco el proyecto de ley de reforestación comercial. A lo dicho se
suma que tampoco la parte interesada expuso la razón por la que, el
referido contrato sí debía suscribirse bajo los criterios del Convenio nro.
018 de 2008.
12. “Contrato prestación de servicios profesionales independientes no.
329/2008 convenio 018/08 IICA – MADR”, suscrito entre el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura- IICA y Roque Alfredo
Riascos Trujillo, con el siguiente objeto según la cláusula primera del
contrato ”asesorar a la Comisión Consultiva del Alto Nivel, y, en particular,
al espacio autónomo, bajo la orientación de la Subcomisión de Territorios
y Recursos Naturales, en el proceso de socialización y concertación del
capítulo VII de la Ley 70 de 1993, y del proyecto de ley de reforestación
comercial, de acuerdo con los términos de referencia elaborados para el
efecto, que hacen parte del presente contrato y que el CONTRATISTA
declara conocer y aceptar. Valor del contrato, la suma $13.500.000.
(cláusula quinta).
Acerca del precitado contrato la Sala observa que éste no guarda relación
con el Convenio nro. 018 de 2008, en la medida que, como se ha dicho
reiteradamente, el convenio tenía por objeto la cooperación científica y
tecnológica para impulsar la implementación, desarrollo y ejecución del
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Programa Agro Ingreso Seguro, el cual conforme con el artículo tercero
de la Ley 1133 de 2007, constaba de dos componentes, el de apoyos
económicos directos, que buscaba proteger los ingresos de los
productores durante un período de transición, y, el de apoyo a la
competitividad, cuya finalidad era preparar al sector agropecuario ante la
internacionalización de la economía, mejorar la productividad y adelantar
procesos de reconversión en todo el sector agropecuario.
13. “Contrato prestación de servicios no. 747/2008 convenio 018/08 IICA
– MADR”, suscrito entre el Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura- IICA y Cuarto Poder OR Ltda, con el siguiente objeto según
la cláusula primera del contrato ”acompañar al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, en el proceso de consulta previa de la ley de
reforestación comercial, en todo lo relativo a los arreglos logísticos. Valor
del contrato, la suma trescientos millones de pesos m/cte ($300.000.000.
(cláusula quinta).
Dicho contrato tampoco guarda relación con el Convenio nro. 018 de
2008, según lo explicado frente al contrato precedente.
En conclusión, los contratos que fueron suscritos con ocasión del Convenio
de Cooperación Especial nro. 018 no desarrollaron actividades propias de
ciencia y tecnología. En este punto se destaca que, dentro del objeto del
convenio, estaba la realización de actividades de socialización y
divulgación del Programa AIS, no obstante, como aquel tenía una
naturaleza especial, dicha divulgación debía ser científica y tecnológica,
conforme el numeral segundo del artículo segundo del Decreto 591 de
1991.
Adicionalmente, dentro de los términos de referencia del Convenio nro.
018 de 2008, se estableció que los objetivos principales del Programa AIS
era mejorar la competitividad del sector agropecuario y proteger los
ingresos de los productores que resulten afectados ante las distorsiones
derivadas de los mercados externos. Para ello, el programa contenía dos
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componentes, el de apoyos económicos directos y el de apoyos a la
competitividad. De acuerdo con los términos de referencia del convenio
los apoyos directos estaban integrados por distintos instrumentos, tales
como cofinanciación de infraestructura de riego y drenaje, una línea
especial de crédito, el incentivo a la capitalización rural y el incentivo a la
asistencia técnica, a través de los cuales el gobierno nacional buscaba
fomentar la inversión y la introducción de nuevas tecnologías.
En el escenario descrito por los términos de referencia del convenio, la
Sala advierte que los contratos que se celebraron al amparo de éste, al
no tener dentro de su objeto contractual el desarrollo de actividades de
ciencia y tecnología, tampoco contribuyeron con el propósito que
perseguía el convenio.
(xvii) Las decisiones adoptadas en las reuniones en las que participó el
señor Juan Camilo Salazar en el comité administrativo frente al Convenio
nro. 037 de 2009, en calidad de viceministro de Agricultura y Desarrollo
Rural y que sean relevantes para el caso, fueron las siguientes45:
Acta nro. 1, el comité administrativo autorizó al IICA para adelantar los
procesos que permitieran contratar la realización de la cuarta fase de
divulgación del Programa “Agro Ingreso Seguro – AIS”, la prestación de
los servicios de call center y web hosting que permitiera contratar una
firma que realizara el monitoreo de medios del Programa Agro Ingreso
Seguro – AIS, así como hacer las contrataciones para integrar la unidad
coordinadora del Programa Agro Ingreso Seguro – AIS y también se
autorizó la contratación de consultores, profesionales y los asistentes allí
relacionados.
Acta nro. 5, el comité administrativo autorizó la contratación del director
y un técnico de la Unidad Coordinadora del Programa AIS y modificaciones
al plan operativo, así:
45
Las actas constan dentro de las pruebas obrantes en el proceso de responsabilidad
fiscal y fueron debidamente consultadas.
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Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
“[…]
1. Unidad Coordinadora del Programa AIS $1.100.000.000
2. Divulgación del Programa AIS $4.440.000.000
2.1. Divulgación del Programa AIS $3.740.000.000
2.2. Línea de atención y call center $500.000.000
2.3. Viáticos $200.000.000
3. Aporte IICA $125.067.000
3.1. Servicios informáticos $50.000.000
3.2. Equipos Unidad Ejecutora IICA- AIS $75.067.000
4. Administración operación IICA $258.873.881
5. Imprevistos $291,126,119
TOTAL $6.125.067.000
[…]” (negrillas originales)
Acta nro. 10, el comité administrativo ajustó el rubro destinado a la
divulgación del programa reduciéndolo en $3.793.873.206 millones de
pesos.
(xviii) Contratos suscritos con ocasión del Convenio nro. 037 de
2009
La Sala advierte que el Convenio nro. 037 de 2009 también se trató de
un convenio especial de cooperación científica y tecnológica y aunque en
su objeto se plasmó: “El presente Convenio tiene por objeto la
cooperación entre EL MINISTERIO y EL IICA, mediante la unión de
esfuerzos, tecnología y capacidades, para impulsar la implementación,
desarrollo, divulgación, socialización y ejecución del Programa Agro
Ingreso Seguro- AIS”, en las consideraciones del mismo consta como
justificación para su celebración lo siguiente, que valga indicar, está en
consonancia con la justificación técnica, aportado como anexo46:
“[…] 1) Que de conformidad con el Decreto 2478 de 1999, EL
MINISTERIO tiene como objetivos primordiales la formulación y adopción
de planes, programas y proyectos de desarrollo rural, a través del
46
“Justificación técnica para suscribir un convenio especial de cooperación científica y
tecnológica con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura -IICA,
para impulsar la implementación, desarrollo y ejecución del Programa “Agro, Ingreso
Seguro – AIS”. Visible en anexo 1 de 3. Archivo 619059. Lina María Tamayo PFR 00243
Agro Ingreso Seguro Anexo 1 de 3 (7-9). Pdf.
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Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
ejercicio de funciones tales como la creación de instrumentos, incentivos
y estímulos para el financiamiento y la inversión en áreas de su
competencia; 2) Que el Gobierno Nacional viene implementando una
política para promover la productividad y competitividad, reducir la
desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para
enfrentar el reto de la internacionalización de la economía; 3) Que como
consecuencia de dicha realidad, el Congreso de la República expidió la
Ley 1133 de 2007, mediante la cual se creó el Programa "Agro, Ingreso
Seguro-AIS, que tiene por objeto mejorar la competitividad de todo el
sector agropecuario nacional, y proteger los ingresos de los productores
que resulten afectados ante las distorsiones derivadas de los mercados
externos, con ocasión de la internacionalización de la economía; 4) Que
el Programa "Agro, Ingreso Seguro-AIS" comprende dos grandes
componentes, a saber: los apoyos para la competitividad y los apoyos
económicos directos; 5) Que el componente de apoyos para la
competitividad está integrado por distintos instrumentos tales como
apoyo a través de crédito, apoyos a la comercialización e incentivos a la
productividad, entre los cuales se encuentra la cofinanciación de
proyectos de riego y drenaje, una Línea Especial de Crédito, el Incentivo
a la Capitalización Rural - ICR, y el Incentivo a la Asistencia Técnica -
IAT, entre otros; 6) Que el Gobierno Nacional, a través de El
MINISTERIO, dentro del marco del Programa "Agro, Ingreso Seguro -
AIS", quiere fomentar la inversión y la introducción de nuevas
tecnologías; 7) Que para garantizar el correcto desarrollo de las
actividades relacionadas con la adecuada implementación y ejecución de
los distintos instrumentos de Programa "Agro, Ingreso Seguro - AIS"',
resulta indispensable la integración de un equipo técnico en EL
MINISTERIO, compuesto por un conjunto de profesionales que participen
activamente en el diseño, seguimiento y ejecución de dicha política
pública introducida mediante la Ley 1133 de 2007; 8) Que para
garantizar el éxito en la demanda y correcta utilización de los
instrumentos del Programa "Agro, Ingreso Seguro - AIS", es
fundamental continuar desarrollando una campaña de socialización y
divulgación que les permita a los productores del territorio nacional
conocer las distintas herramientas dispuestas para el desarrollo del
sector agropecuario, y mediante la cual se informe acerca de las
condiciones, requisitos y procedimientos que se requieren para acceder
a los beneficios propios del Programa; 9) Que corresponde a EL
MINISTERIO, directamente o a través de contratos o convenios, realizar
las actividades tendientes: adecuar el sector agropecuario, pesquero y
de desarrollo rural Colombiano, de conformidad con lo establecido para
el efecto en el Decreto 2478 de 1999 y la Ley 1133 de 2007; 10) Que EL
IICA es el organismo especializado en la agricultura y el bienestar rural
del Sistema Interamericano, que promueve el desarrollo sostenible de la
agricultura, la seguridad alimentaria y la prosperidad en las comunidades
rurales de las Américas; 11) Que EL IICA tiene como misión apoyar a los
Estados miembros en su búsqueda del progreso y de la prosperidad en
el hemisferio, por medio de la modernización del sector rural, de la
promoción de la seguridad alimentaria y del desarrollo de un sector
agropecuario competitivo, tecnológicamente preparado, ambientalmente
administrado y socialmente equitativo para los pueblos de las Américas,
por lo que entre sus objetivos se encuentra el de apoyar el desarrollo
agroindustrial y de los agronegocios, mediante la adopción de nueva
tecnología y prácticas modernas de negocios, para elevar la
competitividad de las empresas y desarrollo de un ambiente global
favorable para los agronegocios;
12) Que el IICA ha venido
contribuyendo la reactivación del sector agropecuario y pesquero
Colombiano, y a su consolidación como fuente de crecimiento y progreso
social a través del fortalecimiento de su capacidad institucional; 13) Que
EL IICA es una entidad especializada, que tiene como fines
fundamentales el desarrollo agrícola y el bienestar rural, con recursos
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humanos de reconocida idoneidad y experiencia en el contexto
latinoamericano y local, capaces de asegurar resultados eficientes, en
materias de asesoría en el campo, como a las que se refiere al presente
Convenio; 14) Que en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 591
de 1991, la Nación y sus entidades descentralizadas pueden celebrar
convenios especiales de cooperación para adelantar actividades
científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de
tecnología;15) Que la realización de las actividades relacionadas con la
adecuada implementación y ejecución de los instrumentos del Programa
"Agro, Ingreso Seguro - AIS", persiguen impulsar el desarrollo
tecnológico del sector agropecuario Colombiano, a través de la
implementación de nuevas técnicas en sistemas de riego, la
implementación de una asistencia técnica integral que garantice la
tecnificación de los procesos productivos y la realización de las
inversiones necesarias para lograr una profunda transformación del
aparato productivo agropecuario; 16) Que para lograr este propósito, EL
MINISTERIO requiere contar con la colaboración científica y tecnológica
de una organización con personal calificado, que disponga de amplia
experiencia en las diferentes disciplinas involucradas en la
implementación de esta política pública, y que cuente con las
herramientas adecuadas para garantizar la oportunidad, confiabilidad y
eficacia en la obtención de resultados positivos; 17) Que teniendo en
cuenta lo anterior, EL MINISTERIO y EL IICA aúnan esfuerzos para la
ejecución del presente Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica,
habida cuenta de su amplia experiencia en el manejo de proyectos
técnicos y científicos relacionados con el sector agropecuario, pesquero
y de desarrollo rural.
[…]”. (mayúsculas originales)
Deviene de lo anterior que este convenio especial de cooperación
científica y tecnológica también tuvo como fundamento lo previsto por la
Ley 1133 de 2007 y por el Decreto 591 de 1991, para el mejoramiento
de la competitividad de todo el sector agropecuario nacional, así como
fomentar la inversión y la introducción de nuevas tecnologías, y por ello
se celebró con un organismo especializado en la agricultura y el bienestar
rural del Sistema Interamericano, para lograr resultados eficientes en
materia de asesoría en el campo y la adecuada implementación y
ejecución de los distintos instrumentos de Programa "Agro, Ingreso
Seguro – AlS”.
Atendiendo lo explicado, la Sala examinará los contratos que fueron
suscritos con ocasión del Convenio nro. 037 de 2009, en aras de
determinar si los mismos guardaban consonancia con el propósito de
este:
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Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
1. Carta contrato A3CO/29477 del 22 de mayo de 2009 suscrita por el
representante legal del IICA en Colombia y el representante legal de
Cuarto Poder O R Ltda., con el objeto de “realizar la gestión necesaria
para apoyar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR y al
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA a
promover el Programa Agro Ingreso Seguro AIS en la feria AGROFUTURO
que tendrá lugar en la ciudad de Medellín los días 4 y 5 de junio de 2009”.
Valor del contrato: $20.075.451 incluido IVA.
La Sala considera que este contrato no guarda relación con el propósito
del Convenio nro. 037 de 2009, ya que, si bien, se pactó dentro de su
objeto contractual que se adelantarían actividades de socialización y
divulgación del Programa AIS, dicha difusión debía tener un carácter
científico y tecnológico, conforme con lo dispuesto por el numeral segundo
del artículo segundo del Decreto 591 de 1991; ello, por cuanto el convenio
era de naturaleza especial para la cooperación científica y tecnológica.
2. Carta contrato A3CO/30072 del 25 de junio de 2009 suscrita por el
representante legal del IICA en Colombia y el representante legal de
Cuarto Poder O R Ltda., con el objeto de “realizar la gestión necesaria
para apoyar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR y al
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA a
promover el Programa Agro Ingreso Seguro AIS en la feria Gran
Encuentro de los Gobiernos, que tendrá lugar en la ciudad de Bogotá los
días 1, 2 y 3 de julio de 2009”. Valor del contrato: $5.924.352 incluido
IVA.
Al igual que lo señalado en la carta contrato anterior, la Sala estima que
la mera promoción del Programa Agro Ingreso Seguro no guarda relación
con el propósito del Convenio nro. 037 de 2009, ya que, se reitera, si bien
se pactó dentro de su objeto contractual que se adelantarían actividades
de socialización y divulgación del Programa AIS, dicha difusión debía tener
un carácter científico y tecnológico, conforme con lo dispuesto por el
numeral segundo del artículo segundo del Decreto 591 de 1991.
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Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
3. Carta contrato A3CO/30073 del 25 de junio de 2009 suscrita por el
representante legal del IICA en Colombia y el representante legal de la
Federación Colombiana de Municipios, con el objeto de “realizar la gestión
necesaria para apoyar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
MADR y al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
IICA a promover el Programa Agro Ingreso Seguro AIS y demás en la
feria Gran Encuentro de los Gobiernos, que tendrá lugar en la ciudad de
Bogotá los días 1, 2 y 3 de julio de 2009”. Valor del contrato: $3.480.000
incluido IVA.
Respecto de este contrato, la Sala considera que no guarda relación con
el propósito del Convenio nro. 037 de 2009, dado que, éste tenía por
objeto la cooperación científica y tecnológica entre el Ministerio y el IICA
y, si bien, se pactó dentro del objeto contractual que se adelantarían
actividades de socialización y divulgación del Programa AIS, dicha difusión
debía tener un carácter científico y tecnológico, conforme lo dispuesto por
el numeral segundo del artículo segundo del Decreto 591 de 1991.
4. “Contrato de prestación de servicios profesionales e independientes no.
202/2009 derivado del convenio 037/2009 IICA – MADR”, suscrito entre
el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura- IICA e
Información de Negocios y Procesos INP Ltda., con el siguiente objeto
según la cláusula primera del contrato: “INP se obliga a prestar sus
servicios profesionales independientes para el diseño, programación e
implementación de la página web del Programa ”Agro, Ingreso Seguro-
AIS”, ajustándose a los requerimientos de la agenda de conectividad
impulsada por el gobierno nacional”. Valor del contrato, la suma de
$35.710.000 (cláusula quinta).
Así como en los contratos señalados en precedencia, la Sala advierte que
el mismo tampoco desarrolla divulgación de tipo científico o tecnológico,
y por lo tanto, no está en consonancia con el propósito del Convenio nro.
037de 2009, en la medida que el diseño, programación e implementación
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de la página web del programa no se traduce en una divulgación científica
o tecnológica, que, además, desarrolle el propósito por el cual se celebró
el convenio y, por ende, la finalidad que el Programa AIS perseguía.
5. Contrato nro. 150/09 derivado del convenio “037/2009 MADR-IICA”,
suscrito entre el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura- IICA y Siglo Data Ltda., con el siguiente objeto según la
cláusula primera del contrato: “por medio del presente contrato SIGLO
DATA se obliga a prestar sus servicios profesionales de monitoreo de
medios de comunicación (prensa, televisión, radio, revistas a e internet)
sobre las acciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
particularmente con respecto al Programa Agro Ingreso Seguro – AIS” y
a las acciones de las demás entidades del sector Agropecuario.
PARÁGRAFO: ALCANCE DEL OBJETO Y COBERTURA: El objeto contratado
deberá incluir la siguiente cobertura:1) Prensa nacional y regional; 2)
Canales de televisión nacional y regional (…); 3) Cadenas de radio
nacional (…); 4) Revistas de circulación nacional (…). En desarrollo de
tales actividades, el contratista deberá allegar diariamente los resultados
del monitoreo en los formatos a que haya lugar. Además deberá
suministrar los reportes de otros medios y programas que le sean
solicitados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”. Valor del
contrato, la suma de $21.924.000. (cláusula quinta).
De lo expuesto se desprende que las actividades contratadas no
guardaban relación con la finalidad perseguida con el Convenio nro. 037
de 2009, frente a su carácter científico o tecnológico, por lo que hacer un
monitoreo a medios de comunicación sobre las “acciones del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, particularmente con respecto al Programa
Agro Ingreso Seguro – AIS” y a las acciones de las demás entidades del
sector Agropecuario”, en nada se relacionaba con el propósito del
convenio.
6. “Contrato prestación de servicios profesionales independientes no.
565/2009 convenio 037/09 IICA – MADR”, suscrito entre el Instituto
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Interamericano de Cooperación para la Agricultura- IICA y el
representante legal de Inalambria International S.A., con el siguiente
objeto, según la cláusula primera del contrato: ”EL CONTRATISTA se
compromete a prestar sus servicios profesionales independientes para
realizar la distribución masiva de los mensajes de texto de la Unidad
Coordinadora del Programa “Agro, Ingreso Seguro- AIS a todo operador
(Comcel, Movistar, Tigo, Avantel), de acuerdo a la cantidad de
suscripciones y a la programación que se realice para el envío de dichos
mensajes, dentro del marco señalado en los términos de referencia
anexos y con el acta nro. 6 del Comité Administrativo del Convenio
037/2009 IICA- MADR, documentos que hacen parte integral del presente
contrato”. Valor del contrato, la suma $10.000.000. (cláusula quinta).
La Sala advierte que éste no guarda relación con el Convenio nro. 037 de
2009, en la medida en que, se insiste, el mismo tenía por objeto la
cooperación científica y tecnológica para impulsar la implementación,
desarrollo y ejecución del Programa Agro Ingreso Seguro, conforme con
los elementos previstos por el artículo tercero de la Ley 1133 de 2007. De
tal manera que la divulgación y socialización del programa debía ser de
naturaleza científica y tecnológica, por lo que no se trataba de cualquier
tipo de difusión del programa.
7. Carta contrato A3CO/30700 del 18 de agosto de 2009 suscrita por el
representante legal del IICA en Colombia y el representante legal de la
Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca- SAG, con el
objeto de “realizar la gestión necesaria para la participación del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural y el IICA por medio del Programa Agro
Ingreso Seguro en la feria denominada Agro del Pacífico 2009 que tendrá
lugar en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, del 22 al 28 de
agosto de 2009 con el montaje del stand y en general publicidad necesaria
para promover el Programa Agro Ingreso Seguro AIS- IICA- MADR”. Valor
del contrato: $30.000.000 incluido IVA.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2015 00182 01
Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
Frente a dicho contrato, se reitera que el convenio a partir del cual se
suscribió tenía una naturaleza especial por cuanto era de cooperación en
temas de ciencia y tecnología para la implementación, desarrollo y
ejecución del Programa AIS, por lo que, bajo el amparo de dicho convenio
no había lugar a contratar mera publicidad para promover el programa.
8. Carta contrato A3CO/30844 del 31 de agosto de 2009 suscrita por el
representante legal del IICA en Colombia y el representante legal del
Centro de Ferias Exposiciones y Convenciones de Bucaramanga S.A.
CENFER S.A., con el objeto de “realizar la gestión necesaria para la
participación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el IICA por
medio del Programa Agro Ingreso Seguro en la 60ª Feria Ganadera de
Bucaramanga que tendrá lugar en la ciudad de Bucaramanga, del 16 al
20 de septiembre de 2009, con el montaje de un stand y en general
publicidad necesaria para promover el Programa Agro Ingreso Seguro
AIS- IICA- MADR”. Valor del contrato: $17.999.930 incluido IVA.
Este contrato tampoco guarda relación con el Convenio nro. 037 de 2009.
Ello en la medida que se trató de mera publicidad y no divulgación de
contenido científico y tecnológico que permitiera la implementación de los
componentes del Programa AIS, los cuales conforme con el artículo
tercero de la Ley 1133 de 2007, eran, los de apoyos económicos directos,
que buscaba proteger los ingresos de los productores durante un período
de transición, y, el de apoyo a la competitividad, que tenía como finalidad
preparar el sector agropecuario ante la internacionalización de la
economía, mejorar la productividad y adelantar procesos de reconversión
en todo el sector agropecuario, por lo que el montaje de un stand y la
publicidad del programa no tiene relación con los componentes
fundamentales del convenio.
9. Carta contrato A3CO/29476 del 22 de mayo de 2009 suscrita por el
representante legal del IICA en Colombia y el representante legal de
Proyectos Agropecuarios S.A, con el objeto de “realizar la gestión
necesaria para apoyar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
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Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
MADR y al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
IICA a promover el Programa Agro Ingreso Seguro AIS en la feria
AGROFUTURO que tendrá lugar en la ciudad de Medellín los días 4 y 5 de
junio de 2009”. Valor del contrato: $23.200.000 incluido IVA.
Este contrato no guarda relación alguna con el Convenio nro. 037 de
2009, en la medida que, se reitera, dicho convenio tenía por objeto
impulsar la implementación, desarrollo y ejecución del Programa Agro
Ingreso Seguro, en los componentes previstos por el artículo tercero de
la Ley 1133 de 2007, y el objeto contractual pactado no implica la
divulgación de tipo científico o tecnológico que permitiera la consecución
de los objetivos del programa.
10. “Convenio de Cooperación no. 147/2009 derivado del Convenio
037/2009 IICA – MADR”, suscrito entre el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura- IICA y EPM Telecomunicaciones S.A.
ESP, con el siguiente objeto según la cláusula primera del contrato: ”por
medio del presente Convenio las partes se comprometen a aunar
esfuerzos para continuar con el posicionamiento general del Programa
“Agro, Ingreso Seguro- AIS”, en la búsqueda de niveles de difusión más
amplios de sus componentes e instrumentos, para lo cual EPM
TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, se compromete a llevar a cabo las
labores necesarias para brindar soporte a la página web del Programa
Agro Ingreso Seguro- AIS, y para la implementación y operación del
servicio de una línea de atención gratuita a nivel nacional para
productores interesados en el programa AIS, conforme a los términos de
referencia la propuesta comercial presentada por EPM
TELECOMUNICACIONES S.A. ESP y a la aprobación consignada en el Acta
No. 001 de fecha 16 de enero de 2009 del Comité Administrativo del
Convenio 037/2009 IICA- MADR, documentos que hacen parte integral
del presente CONVENIO, que EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
declara conocer y aceptar”. Valor del convenio, la suma cuatrocientos
millones de pesos (cláusula quinta).
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Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
La Sala estima que el mismo no está relacionado con el propósito del
Convenio nro. 037 de 2009, el cual se reitera, tenía por objeto la
cooperación científica y tecnológica entre el Ministerio y el IICA y, si bien,
se pactó dentro del objeto contractual que se adelantarían actividades de
socialización y divulgación del Programa AIS, dicha difusión debía tener
un carácter científico y tecnológico conforme lo dispuesto por el numeral
segundo del artículo segundo del Decreto 591 de 1991.
Por último, en la relación de contratos derivados del Convenio nro. 037
de 2009 están incluidos los contratos de prestación de servicios con los
señores Martha Herrera Vásquez, por valor de $61.339.596; con la señora
Lina María Flórez Sierra por valor de $34.454.400 y con el señor Herich
Javier Frasser García por valor de $46.004.700, todos con el objeto de
contribuir a la divulgación, socialización y difusión de cada uno de los
componentes del Programa AIS, que como se ha venido indicando, no
guardan relación con el convenio, por cuanto no era una actividad de
divulgación de carácter científico o tecnológico que permitiera alcanzar los
propósitos por los cuales se celebró el convenio y, en esa línea, los
objetivos del Programa AIS, que como se ha explicado en las
consideraciones de esta providencia, estaban destinados a proteger los
ingresos de los productores y a mejorar la competitividad en el sector
agropecuario, precisamente implementando el uso de nuevas tecnologías,
por lo que la obligación de divulgación que se pactó en el mencionado
convenio debía desarrollarse conforme a la naturaleza del mismo y a los
propósitos señalados por el programa.
Corolario de lo señalado, la Sala concluye respecto de la contratación para
desarrollar los Convenios nro. 018 de 2008 y 037 de 2009, lo siguiente:
-) El propósito de los Convenios Especiales de Cooperación números 018
de 2008 y 037 de 2009 era el de aunar esfuerzos y obtener la cooperación
en actividades científicas y tecnológicas.
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Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
-) En el proceso de responsabilidad fiscal se cuestionó que, pese a que el
elemento central de los convenios especiales de cooperación celebrados
entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el IICA era el
desarrollo de actividades propias de ciencia y tecnología y la
subcontratación debió hacerse para adelantar actividades de difusión para
la apropiación de ciencia y tecnología, ella difería del concepto de difusión
y apropiación científica y tecnológica, puesto que estuvo “desprovista en
su totalidad de contenidos científicos o tecnológicos que permitieran al
campesinado apropiarse del conocimiento que les hubiese dado las
herramientas científicas y tecnológicas pretendidas por el programa agro,
ingreso seguro a través de los convenios de cooperación científica y
tecnológica”.
-) La Sala comparte la anterior conclusión, toda vez que, en los
mencionados convenios, se ejecutaron recursos públicos para fines
distintos de la difusión y socialización de ciencia y tecnología, lo que
conllevó a que se distorsionara su finalidad.
Ello constituye uso indebido de recursos que estaban destinados para
finalidades de ciencia y tecnología, que se tradujo en la afectación del
patrimonio público y en la pérdida de recursos públicos, como quiera que
la destinación de estos en nada contribuyó al cumplimiento de los
propósitos que se buscaban. Y, aunque, como lo advierte el demandante,
los contratos fueron ejecutados, ello no implica que el recurso no se haya
perdido, pues tal ejecución tiene como consecuencia que el patrimonio
destinado a preparar al país en el sector agrícola con el propósito de
competir en entornos de economía abierta se malgaste en el pago de una
publicidad que no contribuyó con él, pues no hay prueba alguna en el
expediente de que lo haya hecho.
No es entonces de recibo lo alegado por el recurrente, en el sentido que
solo se trató de un uso indebido que no ocasionó detrimento patrimonial,
pues la contratación de actividades diferentes a aquellas que eran propias
del convenio no contribuyó a que se cumplieran los propósitos por los
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Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
cuales éstos se celebraron y favoreció simplemente a los contratistas
respectivos.
Por ende, como lo dijo esta Sección en un caso similar47, “(…) el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural apropió recursos públicos para el
cumplimiento del programa de Agro, Ingreso Seguro, previsto en la Ley
1133, lo cual justificó la suscripción del Convenio (…) el cual tenía como
propósito la cooperación científica y tecnológica en el sector agropecuario,
sin embargo, dichos recursos fueron destinados al pago de unos contratos
que no guardaban relación con los lineamientos y finalidades del convenio
suscrito con el IICA”; ya que “(…) la entrega de recursos públicos por
parte de una entidad está condicionada a que sean utilizados para el
objeto para el cual estaban destinados, a efectos de garantizar la
adecuada protección de los recursos públicos invertidos”.
Por lo tanto, este reproche no prospera.
Segundo reparo. “Desproporcionalidad de la indemnización
imputada”
El recurrente alegó que, a partir de lo señalado en los puntos anteriores,
no existe un daño patrimonial, y la indemnización que ordenó la
Contraloría por la suma de $4.336.180.363 correspondiente a los recursos
ejecutados del Convenio nro. 18 de 2008 y por la suma de $644.250.266
por los recursos ejecutados del Convenio nro. 37 de 2009 resultan ser
sumas completamente desproporcionadas y “no tienen un origen lógico
respecto del daño patrimonial”.
Reiteró que la Contraloría simplemente estimó el daño patrimonial
sumando el valor ejecutado de los subcontratos de los convenios
señalados, pese a que el señor Salazar o el comité administrativo no
47
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 26 de septiembre de 20204. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente radicación
nro. 25000234100020150034202.
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Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
disponía de los recursos ejecutados en esos contratos; pero, además,
resulta ser una suma completamente desproporcionada, y que no
demuestra un daño patrimonial, toda vez que los servicios contratados se
ejecutaron efectivamente y la Contraloría nunca probó lo contrario.
A partir de lo anterior, la Sala advierte que la parte actora alega que no
se configuró un daño por cuanto los servicios que se contrataron fueron
efectivamente prestados; además, conforme las sentencias de la Corte
Constitucional citadas en precedencia, argumentó que la indebida
destinación de los dineros públicos no da lugar a la responsabilidad fiscal,
salvo que esa indebida destinación conlleve un detrimento al patrimonio.
Al respecto, se reitera que la sentencia C- 340 de 2007 proferida por la
Corte Constitucional, declaró, entre otras expresiones, la inexequibilidad
de “uso indebido” contenida en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, en el
entendido que:
“[…] al incluir la norma demandada el concepto de uso indebido como
categoría autónoma representativa de la lesión al patrimonio público,
paralela a otras expresiones de daño como menoscabo, disminución,
perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro, desnaturaliza el concepto de
daño, con implicaciones no sólo desde el punto de vista de la técnica
legislativa -lo cual no es objeto de control de constitucionalidad- sino
desde la perspectiva de su conformidad con la Constitución, puesto que,
ciertamente, como se señala en la demanda, se afecta la posibilidad de
desvirtuar la responsabilidad fiscal acreditando la ausencia de daño, con
lo cual el juicio fiscal se tornaría en sancionatorio, porque la condena no
tendría efecto reparatorio o resarcitorio, sino meramente punitivo, lo
cual implicaría, a su vez, atribuir a las contralorías una competencia
para investigar conductas indebidas e imponer las correspondientes
sanciones, lo cual, como lo ha señalado esta corporación, no puede hacer
el legislador, puesto que no está a su alcance, más allá de la distribución
de competencias realizada por la Constitución, atribuir a las contralorías
el ejercicio de un control disciplinario que de acuerdo con la Carta
corresponde a otros órganos.
Con base en las anteriores consideraciones, la Corte habrá de declarar
la inexequibilidad de la expresión “uso indebido” contenida en el artículo
6° de la Ley 610 de 2000, sin que, por otra aparte, ello implique que no
se pueda derivar responsabilidad fiscal por el uso indebido de los bienes
o recursos del Estado, porque, en la medida en que de tal uso se derive
un daño al patrimonio del Estado, entendido como la lesión del
patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución,
perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos
públicos o de los intereses patrimoniales del Estado, producida en los
términos de la Ley 610 de 2000, el agente será fiscalmente responsable.
[…]”.
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Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
De lo anterior se desprende que es posible endilgar responsabilidad fiscal
cuando existe un uso indebido de los recursos públicos, siempre y cuando
de tal uso se derive en un daño patrimonial, entendido como la lesión al
patrimonio público representada en el menoscabo, disminución, perjuicio,
detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos o de los
intereses patrimoniales del Estado.
A partir de las consideraciones precedentes, y conforme se indicó con
anterioridad, la Sala considera que, en este caso, sí hubo un daño
patrimonial, en la medida en que la parte actora no probó que el uso
indebido de los recursos reflejara un beneficio para el Estado. Como se
indicó en líneas anteriores, el recurso destinado indebidamente implica
detrimento, en cuanto menoscaba el programa y la política pública
propuesta en perjuicio de sus potenciales beneficiarios, para beneficiar a
contratistas seleccionados directamente, sin procesos previos de
contratación, que, de conformidad con la política pública a emprender, no
eran los llamados a recibir tales beneficios.
En el caso del Convenio nro. 018, los dineros públicos estaban destinados
para que, en el marco de una cooperación científica y tecnológica, se
integrara una unidad coordinadora del Programa AIS y se desarrollaran
las actividades de socialización y divulgación de dicha política pública con
el propósito de mejorar las condiciones de competitividad del sector
agropecuario, especialmente en la implementación de nuevas
tecnologías, por lo que el hecho de usar los recursos en actividades
distintas a la implementación del Programa AIS, a partir de los elementos
científicos y tecnológicos, se tradujo en una pérdida de los mismos,
porque no se aplicaron para alcanzar el fin previsto.
A su vez, en el Convenio nro. 037 de 2009, ocurrió una situación similar,
por cuanto también se pactó en el marco de una cooperación especial con
un organismo interamericano especializado en agricultura para lograr la
implementación del Programa AIS nuevamente bajo los elementos de
ciencia y tecnología, por lo que, al desarrollar las contrataciones al
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Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
amparo de dicho convenio respecto de actividades que no tenían ninguna
relación con aspectos de ciencia y tecnología, se produjo una lesión al
patrimonio representada en la pérdida de los recursos, tal como lo indica
la sentencia C- 340 de 2007.
Ahora frente al argumento de la parte demandante consistente en que la
suma de dinero que se le imputó como responsabilidad fiscal fue
desproporcionada y no resulta razonable respecto del daño patrimonial,
se tiene que, como se acreditó en el acápite precedente, la totalidad de
los contratos celebrados para el desarrollo de los convenios no guardaban
relación con actividades de ciencia y tecnología, por lo que la Sala no
advierte, y la parte interesada tampoco lo desvirtuó, que el daño
patrimonial endilgado no correspondiera a la totalidad de los contratos.
Por lo señalado esta razón de disentimiento no prospera.
Tercer reparo. “1.1. (sic) Inexistencia de un hecho culpuso (sic) o
doloso”
En este punto se recuerda que el recurrente aseguró que el tribunal no
analizó a profundidad el alcance de los convenios, ni la estructura
orgánica, administrativa y de control, tanto del convenio como del
Ministerio de Agricultura, sino que se limitó a repetir las generalidades de
los convenios expuestas por la Contraloría.
Alegó que el tribunal repitió los argumentos por los cuales el ente fiscal
señaló que existió una actuación con culpa grave de su parte, esto es,
porque actuó como miembro del comité administrativo de los Convenios
nro. 18 de 2008 y nro. 037 de 2009 cuando se aprobó la celebración de
los subcontratos; fungió como viceministro entre el 2 de enero de 2008
al 4 de agosto de 2010 y guardó silencio dentro de los comités cuando
aprobaron los subcontratos reprochados, y que se desestimó que los
convenios no fueron suscritos por el señor Juan Camilo Salazar, y su única
relación fue su participación en el comité, de donde consideró que es
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Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
evidente la falta de conexidad entre el supuesto daño y la supuesta acción
culposa.
Indicó que “con la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
se abre una peligrosa posibilidad de que se comiencen a determinar fallos
de responsabilidad fiscal objetivamente, por el simple hecho de ostentar
unos cargos y suponer ciertos conocimientos, lo cual atentaría con la
naturaleza misma de la responsabilidad fiscal y el artículo 90 de la
Constitución Política”.
Concluyó que no es posible endilgarle una actuación irregular al
demandante por aprobar la celebración de los subcontratos, pues estaban
en completa armonía con el objeto y los fines de cada convenio, y
tampoco atribuirle una conducta culposa o dolosa, y que la Contraloría
reprochó sin explicaciones el objeto de los subcontratos, que obedecieron
a lo señalado en el objeto y obligaciones de los convenios y los planes
operativos de los mismos.
La Sala no dará prosperidad a este reproche atendiendo lo siguiente:
(i) Como se determinó en los hechos probados, el objeto de los Convenios
Especiales de Cooperación nro. 018 de 2008 y 037 de 2009, celebrados
entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura- IICA, estaba
circunscrito a materias específicas de cooperación científica y tecnológica.
(ii) La imputación de responsabilidad fiscal al señor Juan Camilo Salazar
Rueda radicó en que, en calidad de viceministro de Agricultura y
Desarrollo Rural, fue miembro del comité administrativo, tanto del
convenio nro. 018 de 2008, como del convenio nro. 037 de 2009; y, tanto
la dirección, como el seguimiento y evaluación de los mismos, estaba en
cabeza del comité administrativo que integró, el cual tenía la
responsabilidad de que las distintas actividades que se derivaran de
aquellos se sujetaran a un plan operativo, que debía cumplirse en el
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marco del programa de ciencia y tecnología; de tal manera que,
precisamente, su participación en las decisiones del comité administrativo
constituye la causa eficiente por la que se le endilgó responsabilidad a
título de culpa grave.
En ese escenario, puede concluirse que la actuación del recurrente fue
intencional y contraria al ordenamiento jurídico, sin que esté justificada.
Ahora bien, cabe agregar que, si lo que alega el demandante es que, como
no era abogado, no tenía por qué conocer la ley, basta indicar que, acorde
con nuestro ordenamiento, la ignorancia de la ley no sirve de excusa, en
los términos de los artículos 6 y 95 de la Constitución Política, y 9 y 18
del Código Civil, salvo que se trate de un error invencible, pues en estos
eventos bastaría con alegar simple y llanamente la ignorancia de la ley
para exonerarse de responsabilidad, lo que es a todas luces inconducente
en un estado de derecho, que se soporta en el estricto cumplimiento de
ella para garantizar el orden y la convivencia de los ciudadanos, como se
advierte de las disposiciones citadas en precedencia.
Pero, es más, en su carácter de viceministro, no cabe duda alguna de que
el demandante bien conoce de la materia, y tiene plena capacidad de
discernir sobre la conexión que existe entre una contratación que autoriza
y el objeto del programa que desarrolla, que es precisamente lo que se
pretende que haga cuando participa en el comité. Entonces, en ese
entorno, bien puede cuestionar la decisión que se está tomando y votar
negativamente, o abstenerse, o asesorarse al respecto, para adoptar la
adecuada a los intereses de la política. No obstante, en vez de ello, votó
positivamente, con plena conciencia sobre los resultados de su actuación.
(iii) Al respecto, advierte la Sala que, en los términos del artículo 63 del
Código Civil, la culpa grave está ligada a la diligencia debida para el
desarrollo de determinada actividad, y al señor Juan Camilo Salazar se le
endilgó responsabilidad fiscal en calidad de miembro del comité
administrativo por su negligencia y gestión ineficaz, “(…) toda vez que
teniendo un conocimiento previo sobre el fin propuesto en la celebración
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del convenio 018 de 2008, [así como del nro. 037 de 2009] guardó
silencio y se limitó a impartir instrucciones para la realización de procesos
de contratación diferentes a ciencia y tecnología (…)”.
(iv) Ahora bien, frente a lo que manifiesta el recurrente en el sentido que
no hay conexidad entre el daño patrimonial y su acción culposa, se tiene
que el nexo causal se ha definido “(…) como la relación necesaria y
eficiente entre la conducta imputada y probada o presumida, según el
caso, con el daño demostrado o presumido (…)”48; y, se reitera, en el caso
concreto se demostró que las autorizaciones que hizo el comité
administrativo del cual hizo parte el hoy demandante en calidad de
viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural para la ejecución de los
recursos de los convenios nro. 018 de 2008 y 037 de 2009 condujeron a
un detrimento patrimonial; por lo tanto, su actuación fue determinante
para la configuración del daño patrimonial.
(v) Por último, frente a lo argumentado por el recurrente, en el sentido
que solo tenía conocimientos técnicos frente a las actividades de ciencia
y tecnología, más no contaba con formación o conocimientos jurídicos
para evaluar la pertinencia legal de los subcontratos, ya que es de
profesión zootecnista, con especialización en finanzas y administración,
reitera la Sala que el desempeño del cargo de viceministro del actor y
miembro del respectivo comité de seguimiento le exigía que se enterara
de los alcances y las limitaciones de las decisiones en las que participaba,
más aun cuando correspondía a su experticia, y podía evaluar los
resultados de las mismas y su correspondencia con las metas que se
pretendía alcanzar, con capacidad e idoneidad; de manera que la falta de
“conocimientos jurídicos para evaluar la pertinencia legal de los
subcontratos” solo confirma su negligencia y culpa grave, pues tenía la
capacidad de establecer si ellos estaban en consonancia con los fines que
se buscan con la política pública y, además, estaba en el deber de
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia
48
del 11 de diciembre de 2002, M.P.: María Elena Giraldo Gómez, expediente nro. 05001-
23-24-000-1993-00288-01 (13818).
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Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
asesorarse adecuadamente, o al menos abstenerse de votar, cuando
tenga alguna duda sobre el particular.
De tal manera que, precisamente, la participación del recurrente en las
decisiones del comité administrativo constituye la causa eficiente por la
que se le endilgó responsabilidad a título de culpa grave.
Cuarto reparo. “1.2. (sic) Inexistencia de gestión fiscal”
En este punto el recurrente argumenta que el tribunal repitió lo expuesto
en los actos administrativos acusados y que con la demanda no se
pretende negar la existencia del concepto de gestión fiscal indirecta, pero
lo que no se puede es aceptar la aplicación errada de dicho concepto en
este caso.
Indicó que la discutible teoría de la gestión fiscal indirecta proviene de lo
señalado por el artículo 1 de la Ley 610 de 2000 y dijo que, para
controvertir la absurda posición de la Contraloría, era necesario remitirse
a lo que dijo la Corte Constitucional en la sentencia C- 840 de 2001
respecto de la frase “con ocasión de ésta”, para lo que transcribió en
extenso algunos de sus apartes, por lo que, para determinar una gestión
fiscal indirecta o con ocasión de ésta, la Contraloría debía precisar el grado
de competencia que le asistía al demandante respecto de la gestión fiscal,
y su conexidad con la actuación reprochada.
Aseveró que en el caso de los convenios de ciencia y tecnología y los
contratos que se derivan, la gestión fiscal de los recursos estaba dada
desde la planeación y suscripción de los mismos, en los que no participó
el demandante, toda vez que desde ahí se dispuso la transferencia de
recursos de cada convenio al IICA, las obligaciones que se debían ejecutar
y las actividades particulares; luego, era responsabilidad del IICA y del
comité interventor realizar y revisar la correcta inversión de los recursos,
ya que el comité administrativo no actuaba ni tenía relación en la parte
fiscal de los subcontratos, y la revisión que éste hacía era respecto a la
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pertinencia de los mismos frente al objeto, las obligaciones y el plan
operativo de cada convenio, para lo cual mencionó las funciones del
viceministro previstas en el Decreto 2478 de 1999, de donde concluyó
que no ejerció gestión fiscal en la ejecución de los convenios nro. 018 de
2008 y 037 de 2009.
La Sala desestimará también este reproche atendiendo lo siguiente:
(i) En el caso se le imputó al demandante la calidad de gestor fiscal
indirecto atendiendo a que contribuyó a la producción del daño, el cual se
derivó “(…) de los subcontratos realizados con ocasión a los convenios de
cooperación de ciencia y tecnología, suscritos entre el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, y el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura que no tenían en su objeto, ejecución,
contenido científico y tecnológico, objeto central de la imputación de
responsabilidad fiscal en lo que respecta a los convenios 018 de 2008 y
037 de 2009 (…)”, dada su participación en el comité operativo.
(ii) Ahora bien, la Sala destaca que, como lo señaló la Corte Constitucional
en la citada sentencia C-840 de 2001, “[…] la gestión fiscal no se puede
reducir a perfiles económico-formalistas, pues, en desarrollo de los
mandatos constitucionales y legales el servidor público y el particular,
dentro de sus respectivas esferas, deben obrar no solamente
salvaguardando la integridad del patrimonio público, sino, ante todo,
cultivando y animando su específico proyecto de gestión y
resultados. Proceder éste que por entero va con la naturaleza propia de
las cosas públicas, por cuanto la efectiva realización de los planes y
programas de orden socio-económico, al tiempo que se sustenta y
fortalece sobre cifras fiscales, funge como expresión material de éstas y
de la acción humana, por donde la adecuada preservación y utilización de
los bienes y rentas del Estado puede salir bien librada a instancias de la
vocación de servicio legítimamente entendida, antes que de un plano y
estéril cumplimiento normativo, que no por obligatorio garantiza sin más
la realización práctica de las tareas públicas”.
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Conforme con lo anotado, no es de recibo lo afirmado por el recurrente
en el sentido que en los contratos que se derivaron de los Convenios de
Cooperación Especial de Ciencia y Tecnología nro. 018 de 2008 y 037 de
2009, “la gestión fiscal estaba dada desde la planeación y suscripción de
los mismos, en los que no participó”, puesto que, en calidad de presidente
del comité administrativo, le correspondía impartir la autorización para la
ejecución de los recursos en el marco de actividades propias de ciencia y
tecnología, esto es, mejorar la competitividad de sector agropecuario
nacional, y proteger los ingresos de los productores que resultaran
afectados ante las distorsiones derivadas de los mercados externos.
Quinto reparo. “2. Violación del principio de igualdad”
En este reproche el recurrente se limitó a manifestar que el tribunal hizo
un simple y corto análisis de los argumentos expuestos en la demanda y
desechó el cargo señalando que la conducta de cada uno de los presuntos
responsables debía ser analizada de manera individual, y reiteró que la
Contraloría transgredió el derecho a la igualdad del demandante, en la
medida en que no se le dio el mismo tratamiento a todos los que
intervinieron en el comité administrativo, pues se exoneró a unos y se
condenó a otros.
La Sala advierte que, como lo ha explicado la Corte Constitucional49, el
principio de igualdad posee un carácter relacional, lo que significa que
deben establecerse dos grupos o situaciones de hecho susceptibles de ser
contrastadas, determinarse si esos grupos o situaciones se encuentran en
situación de igualdad desde un punto de vista fáctico, la existencia de un
trato diverso a partir de un parámetro de comparación
constitucionalmente relevante y la existencia de razones válidas que
justifiquen ese tratamiento.
49
Corte Constitucional. Sentencia C- 178 del 26 de marzo de 2014.
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En el caso concreto, el recurrente solo afirmó que “(…) se puede
demostrar efectivamente que la Contraloría desentimó (sic) la
responsabilidad de varios funcionarios que paricipaban (sic) de otros
comités relacionados en el convenio o en otros convenios objeto de
investigación fiscal, argumentando que no existía gestión fiscal por parte
de ellos, y sin hacer un análisis mayor frente a las funciones del señor
SALAZAR, sobre el que sí afirmó existir gestión fiscal (…)”, sin identificar
de qué funcionarios específicamente se trató, por qué estaban en
situación de igualdad del señor Juan Camilo Salazar, en qué consistió el
trato diferencial y cuáles razones justificaban el mismo tratamiento; de
manera que, como lo afirmó el a quo, se trata de meras manifestaciones
que no tienen la virtualidad de afectar la legalidad de los actos acusados.
Por lo tanto, este reproche tampoco prospera.
Sexto reparo. “3. Violación al debido proceso”
En este reproche el recurrente reiteró que los actos administrativos
acusados transgredieron el artículo segundo de la Ley 610 de 2000 dado
que en la actuación adelantada en el curso del proceso de responsabilidad
fiscal se desconoció el debido proceso, y tampoco se respetaron los
principios que inspiran la función pública, ni los de igualdad, imparcialidad
y publicidad.
Cuestionó que “no es cierto lo expuesto por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca al afirma que para que prospere el cargo de violación al
debido proceso se deba probar debidamente que si la entidad no hubiera
vulnerado dicho principio el resultado del proceso sería diferente, ya que
eso sería imponer una carga de algo imposible de probar. No resulta lógico
que se le cargue al demandante la carga de probar un supuesto, que no
se sabe cómo efectivamente iba a ser el resultado de algo, Si se aceptara
este equivocado concepto, prácticamente ningún cargo por violación al
debido proceso prosperaría”.
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Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
La Sala advierte que el reproche planteado por el recurrente no permite
evidenciar la violación del debido proceso, ya que no especifica de manera
concreta las razones por las cuales se inobservaron las garantías mínimas
del debido proceso administrativo, esto es, que se le haya impedido el
ejercicio del derecho de defensa y contradicción, así como solicitar,
aportar y controvertir pruebas50. Al respecto cabe de nuevo destacar que,
en los términos del artículo 167 del Código General del Proceso, y
contrario a lo que entiende el recurrente, sí tenía la carga de demostrar
por qué se vulneraron los principios que inspiran la función pública, o
cuáles pruebas no le fueron tenidas en cuenta.
Corolario de lo explicado, será confirmada la decisión de primera instancia
que denegó las pretensiones de la demanda, por no estar desvirtuada la
legalidad de los actos acusados en cuanto atribuyeron responsabilidad
fiscal a la parte actora.
5.5. Costas procesales en segunda instancia
El artículo 188 del CPACA prevé que, salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas y para su liquidación se tendrán en cuenta las normas del Código
General del Proceso.
A su turno el artículo 365 del Código General del Proceso previó que se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso, las cuales proceden cuando
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
En el caso concreto, se condenará en costas en esta instancia a la parte
vencida, esto es, a la parte actora, dado que le será resuelto
desfavorablemente el recurso.
50
Corte Constitucional. Sentencia T-105 del 18 de abril de 2023.
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Demandante: Juan Camilo Salazar Rueda
En cuanto a las agencias en derecho, se comprueba que la Contraloría
General de la República acudió a este proceso por conducto de apoderado.
En consecuencia, se dará aplicación a lo previsto por el Acuerdo nro. 1887
del 27 de agosto de 200351, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, que estableció las tarifas de las agencias en derecho para los
procesos Contencioso Administrativos, en el capítulo tercero del artículo
sexto, y se impondrá por este concepto a su favor y a cargo de la parte
actora, el pago de la suma equivalente a un salario mínimo mensual legal
vigente52.
Por último, dado que no está acreditada la causación de gastos procesales,
esta Sala no condenará en costas por dicho concepto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de diciembre de
2016 por la Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la parte actora a pagar por concepto de
agencias en derecho la suma equivalente a un salario mínimo legal
mensual vigente a favor de la Contraloría General de la República.
51
Gaceta de la judicatura. Consultado en actosadministrativos.ramajudicial.gov.co.
52
Atendiendo a que la disposición establece que en los procesos de segunda instancia con
cuantía se impondrá hasta el cinco por ciento del valor de las pretensiones reconocidas o
negadas en la sentencia.
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TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada la presente providencia.
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en
sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
Aclara voto
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclara voto Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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