Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2015-00773-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2015-00773-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2015-00773-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
10 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Núm. único de radicación: 250002341000201500773-01
Actor: Inversiones y Asesorías Urbanas S.A.S.
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y Rodríguez
Franco y Cía. S C S Organización Nacional de Comercio Onl Y1
Asunto: Resuelve el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia
proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos
SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la sociedad
Rodríguez Franco y Cía. S C S Organización Nacional de Comercio Onl Y contra la
sentencia de 31 de enero de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. Inversiones y Asesorías Urbanas S.A.S. presentó demanda2 contra la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la sociedad Rodríguez Franco
y Cía. S C S Organización Nacional de Comercio Onl Y, en ejercicio del respectivo
medio de control, con el objeto de obtener la protección de los derechos e intereses
colectivos: i) a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su
1 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_CARATULA(.PDF) NroActua 2.
2 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_01CUADERNOPRINCIPA(.PDF) NroActua 2. Páginas 37-41.
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conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales
y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los
ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la
comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; y
ii) al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público.
Pretensiones
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Se declare que la sociedad RODR[Í]GUEZ FRANCO Y CIA S. en C.
ORGANIZACIÓN DE COMERCIO ONLY, sociedad legalmente constituida, con
domicilio principal en Bogotá, D.C., identificada con matrícula mercantil número
56232 del 21 de enero de 1.975 expedida por la Cámara de Comercio de Bogotá, y
NIT 860036892-9, representada legalmente por JOSE CLODOVEO RODRIGUEZ
FRANCO […] al construir espolones o espigones de hexágonos de grandes
dimensiones y alto ángulo sobre la margen izquierda del río Bogotá, en el lindero
que colinda con dicha fuente hídrica el predio denominado ‘Casablanca’ de su
propiedad, vulneró o agravió gravemente los intereses colectivos a que hacen
referencia los literales c) y d) del artículo 4º de la ley 675 de 1998, afectando y
modificando bruscamente la dinámica normal del r[í]o, causando erosión en los
derechos de la margen izquierda, de propiedad de mi mandante, afectando
gravemente la biodiversidad y el medio ambiente de la región.
2. Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la sociedad
accionada, restituir el cauce del río a su estado anterior a la construcción ilegal de
los espolones o espigones de hexágonos a que se hizo referencia en el numeral
anterior, ordenándosele además realizar las acciones necesarias para mitigar el
daño ecológico causado en los elementos aire, tierra (suelo y subsuelo), agua, flora
y fauna con ocasión de la construcción de las obras ilegales antes descritas y la
desviación de la franja del río Bogotá.
3. Se declare que la accionada CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA - CAR, es culpable de los daños y perjuicios que se han
ocasionado al medio ambiente de la región, por retardar injustificadamente las
funciones propias de su cargo, por una parte, al no ejercer control sobre la medida
preventiva materia de la [R]esolución OPAM N° 107 de fecha 30 de octubre de
2.013, proferida dentro del proceso administrativo sancionatorio de carácter
ambiental que allí cursa bajo el radicado número 44512; y por la otra, por la
negligencia en que ha incurrido en las actuaciones materia del mismo expediente,
al pretermitir los términos descritos en el Título IV de la ley 1333 de 2.009.
4. Se condene a las accionadas a la correspondiente indemnización de perjuicios a
favor de la Entidad Pública que tenga a su cargo los derechos e intereses colectivos
descritos en los literales c) y d) del artículo 4º de la ley 675 de 1998 […]”3.
Presupuestos fácticos
3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:
3 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_01CUADERNOPRINCIPA(.PDF) NroActua 2. Páginas 37-38.
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3.1. Manifestó que el predio que pertenece al accionante se denomina Alejandría,
el cual colinda al norte y al oriente con el río Bogotá, ubicado en la margen derecha
del cuerpo hídrico.
3.2. Señaló que la sociedad Rodríguez Franco y Cía. S C S Organización
Nacional de Comercio Onl Y instaló hexágonos y espolones sobre la margen
izquierda del río Bogotá en el predio que es de su propiedad, denominado
Casablanca, el cual colinda por el sur y el occidente con las riberas del río Bogotá.
3.3. Adujo que dicha construcción afectó en gran medida la dinámica normal del
río Bogotá debido a que se tiende a direccionar las líneas de flujo hacia la otra orilla
ocasionando erosión en los terrenos de la margen derecha. Además, que no se
conoce si la sociedad que construyó contaba con el permiso o la licencia para llevar
a cabo dichas obras.
3.4. Informó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca que se
estaban generando daños ecológicos con las citadas obras y, en respuesta, la
autoridad ambiental indicó que en el sistema aparecía registrado un trámite
sancionatorio identificado con número de expediente 44512, dentro del cual se
generó el Informe Técnico núm. 383 de 16 de julio de 2013 que conceptuó que la
construcción de los espolones o espigones de hexágonos están causando erosión
en los terrenos de la margen derecha por ser obras que modifican la dinámica del
río Bogotá.
3.5. Asimismo, agregó que la autoridad ambiental realizó visita técnica el 13 de
mayo de 2014, respecto a la cual se expidió el Informe Técnico núm. 447 de 28 de
mayo de 2014, donde se determinó que las obras construidas obedecen a
espolones de grandes dimensiones y alto ángulo con respecto a la margen en que
fueron ubicados, así fueron definidos como obras que afectan y modifican la
dinámica del río Bogotá.
3.6. Indicó que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca impuso una
medida preventiva y, a pesar de ello, se siguen construyendo obras hidráulicas
sobre la margen izquierda sin ningún control incluso cuando, para la fecha de la
presentación de la acción, se encontraban vencidos todos los términos para que se
tomara decisión de fondo en el proceso sancionatorio ambiental.
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Contestaciones de la demanda
4. Sociedad Rodríguez Franco y Cía. S C S Organización Nacional de
Comercio Onl Y4 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas
con fundamento en los siguientes argumentos5:
4.1. Señaló que no ha sido vulnerador de los derechos colectivos, además, que
el accionante pretende la protección de derechos particulares, por lo cual sería
improcedente la acción popular.
4.2. Indicó que “[…] no ha construido espolones o espigones de hexágonos de
grandes dimensiones y alto ángulo sobre la margen izquierda del río Bogotá, sin
estar demostrado este hecho […]”.
4.3. Advirtió que volver las cosas a su estado anterior a la presunta vulneración
no es posible, es imposible morfológicamente recuperar el suelo intervenido y
desgastado por acción de la misma naturaleza.
4.4. Manifestó que el Oficio núm. 03142101824 de 30 de mayo de 2014 hace
alusión al predio denominado “Las Julias” y no a “Casablanca”, ubicados en la
vereda Manuel Sur del Municipio de Ricaurte; además, que el mismo no constituye
prueba de la autoría de la sociedad en la construcción de los espolones.
4.5. Señaló que la sociedad cuenta con autorización ambiental para la defensa,
protección y ocupación de cauce del río Bogotá a la altura de los predios de su
propiedad Casablanca, mediante Resolución 0030 de 15 de enero de 2013
expedida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, y que el
proceso sancionatorio ambiental núm. 44512 no ha determinado ninguna
responsabilidad o establecido daño ecológico alguno debido a que se encuentra en
curso.
4.6. Afirmó que le corresponde a la autoridad ambiental demostrar que la
sociedad haya sobrepasado los niveles mínimos permitidos por las normas vigentes
y, en consecuencia, exista alteración, afectación, intervención o contaminación
sobre los recursos naturales renovables. Además, que no se ha probado el estado
inicial de los recursos naturales para determinar la condición actual, posterior a la
endilgada conducta constitutiva de infracción ambiental.
4 Por intermedio de apoderado.
5 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_01CUADERNOPRINCIPA(.PDF) NroActua 2. Páginas 513-572.
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4.7. Informó que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca no había
dado respuesta a una serie de solicitudes que le habían presentado relacionadas,
entre otras, con petición de prórroga del término para construir las obras autorizadas
por haber sido arrastradas por el río Bogotá o porque no habían podido ser
realizadas por la ola invernal o informando la construcción de obras provisionales o
de obras de protección como jarrillones y realces de taludes.
4.8. Indicó que en la parte baja del río Bogotá hubo gran incidencia del fenómeno
de La Niña, las precipitaciones han causado, entre otras, inundaciones, pérdida de
terreno y erosión.
4.9. Aseveró que la Sección Primera del Consejo de Estado ya había ordenado
la descontaminación del río Bogotá, ratificó la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en la cual se declaró la “[…] [c]atástrofe Ecológica
del Río Bogotá y la contaminación de los ríos y quebradas afluentes […]”, señalando
como responsables a la Nación – Ministerio de Minas y Energía, a la Nación –
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a la Nación – Ministerio de
Protección Social, a la Nación – Ministerio de Agricultura, a la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca, al Distrito Capital de Bogotá, el
Departamento Administrativo del Medio Ambiente - DAMA, Empresa de Acueducto
y Alcantarillado, Empresa de Energía Eléctrica, el Departamento de Cundinamarca
y los Municipios de Villapinzón, Chocontá, Suesca, Sesquilé, Gachancipá,
Tocancipá, Zipaquirá, Sopó, Cajicá, Chía, Cota, Funza, Mosquera, Soacha, Madrid
y Sibaté.
4.10. Presentó las excepciones denominadas “falta de legitimación en la causa por
pasiva”; “inexistencia de responsabilidad ambiental”; “la sociedad Rodríguez Franco
y CIA SCS Organización Nacional de Comercio Only, (sic) cuenta con autorización
ambiental y su actividad está legalmente amparada y/o autorizada”; “inexistencia
del supuesto daño ecológico causado en los elementos aire, tierra, suelo, subsuelo,
agua, flora y fauna”; “daños ambientales ocasionados por la misma naturaleza como
eximentes de responsabilidad”; “corresponde a la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca – CAR, velar por la conservación y protección del río Bogotá”;
“carencia de una adecuada fundamentación normativa que soporte la acción
pública”; “acatamiento de medida preventiva, por lo tanto, infundada pretensión de
orden la cesación de obras hidráulicas” y “cosa juzgada. Los intereses y derechos
colectivos de los literales c) y d) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 han sido
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amparados por la Sección Cuarta, Subsección ‘B’ del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y por el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo”.
5. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca6 contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones formuladas con fundamento en los
siguientes argumentos7:
5.1. Solicitó que se declare la nulidad de la actuación adelantada en el presente
proceso, a partir del auto admisorio de la demanda, por falta de competencia y se
ordene remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que
conozca en primera instancia la acción popular promovida por Inversiones y
Asesorías Urbanas S.A.S. debido a que la autoridad ambiental es una entidad
pública de orden nacional.
5.2. Manifestó que ha velado por la protección de un ambiente sano en el territorio
de su jurisdicción, a través de actuaciones administrativas sancionatorias, que
proceden ante el incumplimiento de las normas ambientales, y que se hace con el
cumplimiento de los requisitos legales, sin que se vulnere el derecho a la defensa y
al debido proceso.
5.3. Advirtió que los hechos constitutivos de la vulneración son atribuidos
únicamente a la sociedad Rodríguez Franco y Cía. S. en C. Organización de
Comercio Onl Y, frente a la cual está tramitando unos procesos sancionatorios
ambientales en cumplimiento del trámite establecido.
5.4. Señaló que la vulneración se deriva de la instalación de espolones o
espigones de hexágonos de grandes dimensiones y alto ángulo sobre la margen
izquierda del río Bogotá, los cuales fueron instalados en el predio denominado
“Casablanca”, ubicado en la vereda Manuel Sur del Municipio de Ricaurte,
propiedad de la sociedad Rodríguez Franco y Cía S. en C. Organización de
comercio Onl Y.
5.5. Indicó que, desde el momento en que tuvo conocimiento de la problemática
planteada en la acción popular, inició los trámites pertinentes para corroborar la
existencia del hecho, los presuntos responsables y las afectaciones ambientales.
6 Por intermedio de apoderado.
7 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_01CUADERNOPRINCIPA(.PDF) NroActua 2. Páginas 192-202, 204-214.
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6. Argumentó que, con fundamento en las quejas presentadas ante esa
autoridad ambiental, se dio apertura a dos procesos sancionatorios ambientales
identificados con radicaciones núms. 38541 y 44512.
6.1. Presentó las excepciones denominadas “falta de legitimación en la causa por
pasiva”, “inexistencia de violación de derechos colectivos por parte de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca” y “falta de competencia del
Juez Primero Administrativo Oral de Girardot”.
Audiencia de pacto de cumplimiento
7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró la audiencia de Pacto de
Cumplimiento el día 25 de enero de 20168, sin que existiera acuerdo, por lo cual
declaró fallida la posibilidad de pacto de cumplimiento.
Sentencia proferida, en primera instancia
8. La Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 31 de enero de 2019, resolvió:
“[…] PRIMERO: DECLÁRANSE NO PROBADAS las excepciones propuestas de
falta de legitimación en la causa por activa y cosa juzgada, alegadas por las partes
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda, frente a la protección
del derecho colectivo denominado "la existencia del equilibrio ecológico y el manejo
y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las
especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia
ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás
intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio
ambiente" por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO.- PROTÉJASE el derecho colectivo denominado "al goce del espacio
público y la utilización y defensa de los bienes de uso público" por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia, y en consecuencia: (1) ORDÉNASE
al representante legal de la sociedad RODRÍGUEZ FRANCO Y CIA S. en C.
ORGANIZACIÓN DE COMERCIO ONL Y para que en el término de un mes, contado
a partir de la notificación de esta providencia, remueva de manera definitiva los
hexápodos instalados en la margen oriental izquierda del río Bogotá del predio
denominado LAS JULIAS, se advierte, que esas estructuras no podrán ser
reemplazadas por ningún otro tipo de estructura. Para la remoción de los hexápodos
mencionados, deberá observarse los requerimientos técnicos que para el efecto
determine la CAR, con el propósito de establecer el procedimiento de remoción, la
destrucción de los mismos si fuere necesario y la disposición de escombros, sin
afectar el entorno ambiental y derechos de terceros. En el evento de que en el plazo
mencionado no se hubiese efectuado la remoción ordenada, la misma deberá ser
efectuada por [la] CAR a costa de la sociedad obligada; (2) ORDÉNASE a la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA que en un plazo
8 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_01CUADERNOPRINCIPA(.PDF) NroActua 2. Páginas 640-643.
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máximo de un (1) mes culmine los procesos administrativos de naturaleza
sancionatoria iniciados por los hechos que versa la presente previdencia; y, (3)
CONDÉNASE a la sociedad RODRÍGUEZ FRANCO Y CIA S. en C.
ORGANIZACIÓN DE COMERCIO ONL Y para que se abstenga de ejecutar actos
materiales que impongan el uso de la margen oriental izquierda del río Bogotá del
predio denominado LAS JULIAS, sin previa autorización o permiso otorgado por la
autoridad ambiental competente.
CUARTO.- CONFÓRMASE el Comité de Verificación el cual estará integrado por el
demandante, un delegado de la CAR, el representante legal de la sociedad
RODRÍGUEZ FRANCO Y CIA S. en C. ORGANIZACIÓN DE COMERCIO ONLY y el
Agente del Ministerio Público, el cual será presidido por el Magistrado Ponente.
QUINTO.- REMÍTASE copia de esta sentencia al Registro Público centralizado de
acciones populares y de grupo de la Defensoría del Pueblo.
SEXTO.- Ejecutoriada esta providencia y previa las constancias del caso
ARCHÍVESE el expediente […]”9.
Consideraciones del Tribunal
9. El Tribunal planteó el siguiente problema jurídico:
“[…] [D]eterminar si la construcción de espolones en la margen izquierda del río
Bogotá en el sector denominado CASABLANCA afecta los derechos colectivos a la
existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la
protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados
en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad
relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; y al goce del
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público […]”10.
10. El Tribunal adujo que la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva no prospera debido a que, así el asunto verse sobre un predio privado, deben
respetarse las normas para una convivencia armoniosa y protección del medio
ambiente. Además, señalo que ser sujeto pasivo en las acciones populares no
ocurre únicamente cuando la parte actúa vulnerando los derechos colectivos sino
también cuando se omite el cumplimiento del deber que la ley haya otorgado.
11. Igualmente, señaló que el cauce del río Bogotá se ha erosionado muy rápido
en todas las direcciones, teniendo que la margen izquierda es la que más ha sufrido
pérdidas; en ese sentido, las obras de protección construidas por la demandada han
sido con la intensión de defender el terreno y que la supuesta erosión ocurrida en la
margen derecha obedece al desconocimiento de la dinámica fluvial del cauce.
9 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_02CUADERNOPRINCIPA(.PDF) NroActua 2. Páginas 553-594.
10 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_02CUADERNOPRINCIPA(.PDF) NroActua 2. Página 583.
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12. El Tribunal precisó que los procesos sancionatorios ambientales que la
autoridad ambiental inició no han culminado y, a la fecha, no hay sanciones
relacionadas con los mismos. Igualmente, las obras realizadas han sido autorizadas
por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca que, como garantía de
protección del medio ambiente, ordenó una reforestación con la siembra de 600
árboles.
13. Además, manifestó que no se ha probado la vulneración al derecho colectivo
de la existencia del equilibrio ecológico debido a que la modificación al cauce del río
Bogotá surgió a partir de fenómenos naturales y las intenciones del accionante eran
de índole particular en cuanto alegaba que las construcciones afectaban la
propiedad del mismo.
14. Agregó que la autoridad ambiental ha prohibido la ocupación del espacio
público con la instalación de los hexápodos y, a pesar de ello, la sociedad accionada
los ha instalado, teniendo en cuenta que son de considerable altura y sobresalen la
altura del río Bogotá, vulnerando también el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Recurso de apelación
15. Rodríguez Franco y Cía. S C S Organización Nacional de Comercio Onl
Y11 interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera
instancia, en el que solicitó la revocatoria del ordinal tercero con fundamento en los
siguientes argumentos:
15.1. Señaló que para el Tribunal las actuaciones de la sociedad no
contravinieron las disposiciones legales ambientales ni acarrearon una vulneración;
por lo cual, la parte resolutiva de la sentencia proferida, en primera instancia, está
en abierta contradicción con las conclusiones de la parte considerativa, sobre todo
teniendo en cuenta la manifestación del Tribunal en cuanto, luego de examinar el
material probatorio, resaltó que no había afectación intencional al medio ambiente
debido a que las construcciones contaban con la autorización de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca y que no hay evidencia de una vulneración a
los derechos e intereses colectivos al goce del medio ambiente y a la existencia del
equilibrio ecológico.
11 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_02CUADERNOPRINCIPA(.PDF) NroActua 2. Páginas 611-615.
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15.2. Agregó que ninguna parte logró probar la vulneración al derecho colectivo
al goce del medio ambiente debido a que el cambio del cauce se dio por fenómenos
naturales y que la orden relacionada con que se deben retirar materiales del río a la
altura del predio “Las Julias” debe ser revocada por ser considerada como hecho
superado, debido a que el dictamen pericial reveló que “[…] actualmente no queda
rastro de ellas por haber sido removidas por el río […]”.
15.3. Indicó que para la orden de remover los hexápodos impartida en la
sentencia proferida, en primera instancia, se tuvo como fundamento el Informe
Técnico DRAM 0841 de 30 de octubre de 2017, expedido por la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca; sin embargo, dicho documento no puede
tenerse en cuenta porque no corresponde al lugar de los hechos objeto de la
presente acción popular, las coordenadas “[…] 974056 y E;923102 […]” allí
señaladas corresponden a la margen del río a la altura del predio denominado El
Diluvio, propiedad de la sociedad Inversiones Gico & Cía Ltda. S.C.A. a quien se le
negó su vinculación mediante auto de 7 de septiembre de 2016.
15.4. Advirtió que los procesos sancionatorios identificados con núms. 38541 y
44512 se encuentran en trámite y que las pruebas allí practicadas, tendientes a
desvirtuar los cargos presentados en defensa del recurrente, ocurrieron con
posterioridad a la etapa probatoria de la presente acción popular.
15.5. Manifestó que ha venido adelantando, con anuencia de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca, una propuesta de “[…] OBRAS PARA
MITIGAR EL IMPACTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y AUTORIZADOS
POR LA CAR EN LA RESOLUCIÓN 030 DEL 15 DE ENERO DE 2013 […]” que
involucran las fincas “Las Julias” y “Casablanca” de su propiedad.
Actuaciones en segunda instancia
16. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
profirió auto de 9 de noviembre de 202112 mediante el cual se concedió el recurso
de apelación interpuesto por la sociedad Rodríguez Franco y Cía. S C S
Organización Nacional de Comercio Onl Y contra la sentencia proferida, en primera
instancia.
12 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_02CUADERNOPRINCIPA(.PDF) NroActua 2. Página 704.
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17. El Despacho sustanciador, en segunda instancia, profirió auto de 3 de
diciembre de 202113 mediante el cual admitió el recurso de apelación presentado
por la sociedad Rodríguez Franco y Cía. S C S Organización Nacional de Comercio
Onl Y contra la sentencia de 31 de enero de 2019 proferida, en primera instancia,
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
18. Posteriormente, el Despacho sustanciador profirió auto de 12 de julio de
202414 mediante el cual decretó como prueba los documentos aportados por la
sociedad Rodríguez Franco y Cía. S C S Organización Nacional de Comercio Onl
Y, indicados en el acápite “[…] SOLICITUD DE PRUEBAS […]” del recurso de
apelación presentado contra la sentencia proferida, en primera instancia.
19. Más adelante, el Despacho sustanciador profirió auto de 12 de agosto de
202415 mediante el cual ordenó correr traslado para la presentación de los alegatos
de conclusión, los cuales fueron presentados por la sociedad Rodríguez Franco y
Cía. S C S Organización Nacional de Comercio Onl Y y por la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
20. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
colectivo al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso
público; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés
colectivo a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales
y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los
ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la
comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; vi)
el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la carencia de objeto por hecho
superado; vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las facultades
del juez popular y viii) el análisis del caso concreto.
13 Cfr. índice 4 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION_ADMITEAPE(.PDF) NroActua 4.
14 Cfr. índice 21 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 34Auto que
decret_APa201577301Inversio(.pdf) NroActua 21.
15 Cfr. índice 27 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 39Auto que corre
_APa201577301Inversio(.pdf) NroActua 27.
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Competencia de la Sala
21. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201916, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre la
distribución de asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el 15017 de
la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; esta
Sección es competente para conocer de los recursos de apelación que se presenta
contra la sentencia proferida en primera instancia, por los Tribunales Administrativos
en el trámite de las acciones populares.
22. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.
23. En ese orden, la Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los
argumentos expuestos por el Distrito Especial de Santiago de Cali en el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia de 31 de enero de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con los artículos 32018 y
32819 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201220, norma aplicable al presente caso, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472.
Problemas jurídicos
24. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos del recurso de
apelación, determinar:
24.1. Si la sociedad recurrente es o no responsable de la vulneración del derecho
e interés colectivo al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes
de uso público por la construcción de hexágonos en la margen del río Bogotá a la
altura de los predios “Las Julias” y “Casablanca” ubicados en el Departamento de
Cundinamarca.
16 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
17 Modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 “[...] [p]or medio de la cual se expide el
Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones [...]”.
18 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
19 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.
20 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
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24.2. Si en los documentos decretados como prueba en segunda instancia se
demuestra que ya no se encuentran los hexágonos o construcciones realizadas en
la margen izquierda del río Bogotá y, de esa forma, si se configura o no el hecho
superado.
25. En consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
la sentencia de 31 de enero de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en primera instancia.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
26. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
27. El legislador, en desarrollo de esta norma constitucional, expidió la Ley 472
que, en su artículo 2.º, definió las acciones populares como “[…] los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se
ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
28. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.
29. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.
30. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
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“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”21.
31. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
32. Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los
derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 472; al tiempo que, le corresponde al actor popular la carga de
acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al goce del
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público
33. Vistos: los artículos i) 63, 82 y 315 numeral 1.° de la Constitución Política; ii)
el artículo 5.º de la Ley 9.° del 11 de enero de 198922 y el artículo 2.° de la Ley 769
de 6 de julio de 200223; y, iii) el artículo 5.° del Decreto 1504 de 4 de agosto de
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, sentencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 250002327000200190479-01(AP).
22 “[…] Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes
y se dictan otras disposiciones […]”.
23 “[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones […]”.
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Núm. único de radicación: 250002341000201500773-01
199824 y el Decreto 1538 de 17 de mayo 2005 25, sobre el uso y goce del espacio
público.
34. La protección del derecho al goce del espacio público y la utilización y
defensa de los bienes de uso público encuentra sustento en normas anteriores a la
Constitución Política de 1991. Esto, en tanto el marco normativo sobre los bienes
de uso público se remite al Código Civil. El artículo 674 ibidem establecía que los
bienes de uso público corresponden a aquellos cuyo "[…] uso pertenece a todos los
habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos […]”.
35. Por su parte, el artículo 5.º de la Ley 9.° de 1989, incorporó el concepto de
espacio público al definirlo como el conjunto de inmuebles destinados por su
naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de las necesidades urbanas
colectivas que trascienden a los límites de los intereses individuales, tal como se
trascribe a continuación:
“[…] [A]rtículo 5º. Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados,
destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los
intereses individuales de los habitantes.
Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la
circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública,
activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de
las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y
similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios
públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del
amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras
de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y
artísticos, para la conservación, y preservación del paisaje y los elementos naturales
del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las
playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos
vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o
debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y
conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute
colectivo […]".
36. Posteriormente, el Constituyente de 1991 consideró necesario brindar una
protección expresa de rango constitucional al espacio público, compatible con el
Estado Social de Derecho. Al respecto, la Corte Constitucional26 consideró que “[…]
[s]in duda, una de las manifestaciones del principio constitucional que identifica a
Colombia como un Estado Social de Derecho guarda relación con la garantía de
una serie de derechos sociales y colectivos como la recreación (artículo 52 C.P.),
24 “[…] Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial […]”.
25 “[…] Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997 […]”.
26 Corte Constitucional, Sala Plena (16 de abril de 2002). Sentencia C-265 de 2002. MP Manuel José Cepeda
Espinosa.
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el aprovechamiento del tiempo libre (Ibíd.), y el goce de un medio ambiente
sano (artículo 79 C.P.) que dependen de la existencia de un espacio físico a
disposición de todos los habitantes […]” (Destacado fuera del texto).
37. El artículo 63 de la Constitución Política señala que “[…] [L]os bienes de uso
público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras
de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables […]”.
38. Por su parte, el artículo 82 de la Constitución Política, prevé que el derecho
al goce del espacio público implica el deber del Estado de “[…] velar por la
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común,
el cual prevalece sobre el interés particular […]”.
39. Asimismo, el artículo 88 ibidem establece que “[…] La ley regulará las
acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos,
relacionados con (…) el espacio […]”.
40. En tal sentido, el derecho constitucional al espacio público, instituido
expresamente en los artículos 82 y 88 de la Constitución Política bajo el título de los
“Derechos Colectivos y del Ambiente” impone al Estado y, por ende, a sus
autoridades, el deber de proteger la integridad del espacio público y su destinación
al uso común. A su vez, le exige ejercer la facultad reguladora en materia de
ordenamiento territorial.
41. En oportunidades anteriores, la Sala se ha referido a los elementos que
componen el espacio público y al deber que surge de los municipios de garantizar
la circulación libre y segura a nivel peatonal y vehicular, por lo cual, ha indicado lo
siguiente: “[…] tanto las calles, carreras, y en general las vías públicas, como los
andenes, constituyen espacio público, respecto del cual el Estado tiene la obligación
de resguardar, preservar al uso común, y mantener en óptimas condiciones, tarea
que a nivel territorial compete a los municipios en pro de garantizar la libre y segura
circulación tanto peatonal como vehicular por las respectivas zonas, y su utilización
para los fines previstos, de conformidad con su particular reglamentación27 […]”.
42. En lo que respecta al andén como un elemento puntual del espacio público,
el artículo 2.° de la Ley 769, lo define como la “[…] franja longitudinal de la vía
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García
González, providencia de 7 de abril de 2011, núm. único de radicación 25000-23-25-000-2005-00458-01(AP).
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Núm. único de radicación: 250002341000201500773-01
urbana, destinada exclusivamente a la circulación de peatones, ubicada a los
costados de ésta […]”.
43. Sobre el particular, la Sala ha considerado que los municipios deben
garantizar la circulación de los peatones al transitar por los andenes, dado que son
zonas de uso público. Así, ha precisado que: “[…] Es claro que los andenes son
zonas de uso público destinadas al tráfico peatonal, cuyo uso y goce adecuado
están garantizados por el Estado y a nivel territorial le[s] corresponde a los
municipios garantizar la libre y segura circulación peatonal por la respectiva zona,
por lo cual forman parte del derecho colectivo al espacio público […]28”.
44. De acuerdo con lo expuesto, es dable concluir que, a los alcaldes, como
primera autoridad de policía de sus municipios, les corresponde proteger el uso y
goce del espacio público, que incluye la utilización de andenes, en el marco de las
normas constitucionales de los artículos 82 y 315 numeral 1.°, legales –entre otras,
el artículo 5.° de la Ley 9 de 1989– y reglamentarias –como el artículo 5.° del Decreto
1504 de 1998 y el Decreto 1538 de 2005–.
45. De igual manera, es oportuno señalar que el buen uso, el libre acceso y la
preservación del espacio público son aspectos que en una sociedad contribuyen a
mejorar la calidad de vida y a garantizar la existencia de un escenario de
convivencia libre que acerca a todos los habitantes de una ciudad en condiciones
de igualdad.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de los derechos e intereses
colectivos al goce de un ambiente sano y a la existencia del equilibrio
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales
Marco normativo internacional en materia de Derecho Ambiental
46. En el orden internacional existen una serie de instrumentos normativos que
forman parte del derecho ambiental y tienen por objeto proteger el ambiente y los
recursos naturales.
47. Dentro de los primeros instrumentos se encuentran la Declaración de
Estocolmo, adoptada en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el
Medio Humano, el 16 de junio de 1972, y la Carta Mundial de la Naturaleza,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio de la
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont
Pianeta, providencia de 25 de marzo de 2010, núm. único de radicación 680012315000200301471-01(AP).
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Resolución 37/7 de 1982 “[…] como norma ética con respecto a la protección del
medio humano y a la conservación de los recursos naturales […]”.
48. Con la formación del nuevo orden jurídico internacional ambiental, los
principios se encuentran en la Declaración de Río de Janeiro, adoptada el 14 de
junio de 1992, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, la cual establece en su preámbulo, que su objeto es
instituir una alianza mundial y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de
cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las
personas; y procurar alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los
intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo
mundial y, en la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible que
tiene fundamento en los principios de los Derechos Humanos universales y tiene
por objeto impulsar el desarrollo sostenible desde diversas perspectivas
(económica, social y ambiental).
49. Los principios de la Declaración de Río de Janeiro se aplican en el
ordenamiento jurídico colombiano, por virtud de lo dispuesto en el artículo 9.º de la
Constitución Política, según el cual “[…] [l]as relaciones exteriores del Estado se
fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los
pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados
por Colombia […]”; al igual que lo señalado en el artículo 226 ibidem dado que el
Estado colombiano debe promover la internacionalización de las relaciones
ecológicas sobre las bases de la equidad, reciprocidad y conveniencia y, por cuanto
los aceptó como vinculantes por virtud de lo dispuesto en el numeral 1.º del artículo
1.º de la Ley 99.
Tratados internacionales
50. En este mismo sentido, se tienen una serie de tratados internacionales
fundamentales con vocación universal, con el objeto de proteger el medio ambiente
y los recursos naturales, como la Convención de Viena para la protección de la capa
de ozono29; la Convención sobre diversidad biológica30; la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático31 y el Convenio de Basilea sobre el control
29 Adoptada el 22 de marzo de 1985, aprobada por el Congreso Nacional, mediante la Ley 30 de 1990, con
decreto de promulgación núm. 114 de 1992 y en vigor para Colombia desde el 14 octubre 1990.
30 Adoptada el 5 de junio de 1992, aprobada por el Congreso Nacional, mediante la Ley 165 de 9 de noviembre
de 1994, declaradas exequibles por la Corte Constitucional por medio de la Sentencia C- 519 de 1994.
31 Adoptada el 9 de junio de 1992, aprobada por el Congreso Nacional, mediante la Ley 164 de 1994, declaradas
exequibles por la Corte Constitucional por la Sentencia C-073 de 1995, promulgada por el Decreto 2081 de
1995 y en vigor para Colombia desde el vigor 22 de marzo de 1995.
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de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación32;
tratados internacionales que han sido complementados por una serie de protocolos,
enmiendas y acuerdos, entre los cuales se pueden mencionar el Protocolo de
Montreal de 198633 relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono; el
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la
Diversidad Biológica, hecho en Montreal, el 29 de enero de 200034; el Protocolo de
Kioto de 199735 relacionado con la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero que causan calentamiento global, y el Acuerdo de París de 201536,
instrumentos que tienen vocación de universalidad.
Marco constitucional, legal y desarrollo jurisprudencial en materia de derecho
ambiental
51. La Constitución Política de 1991 es una Constitución Ecológica comoquiera
que más de 30 disposiciones Constitucionales desarrollan la materia, entre las
cuales se destacan los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95 que prevén: i) la obligación del
Estado y de las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación; ii) la
función ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar de un ambiente sano y el
deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando
las áreas de especial importancia ecológica y fomentando la educación para el logro
de estos fines; y iv) el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Así como de prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.
52. Estos preceptos previamente referidos concentran los atributos principales
en relación con el medio ambiente que se manifiestan en otros artículos
constitucionales, de ahí que el análisis de este bien jurídico superior se efectúe
desde tres perspectivas: i) como un derecho de las personas; ii) un servicio público;
32 Adoptada el 16 de septiembre de 1989, aprobada por el Congreso Nacional mediante la Ley 253 de 9 de
enero de 1996, declarados condicionalmente exequibles por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-
377 de 1996, promulgado por el Decreto 2061 de 1999 y en vigor para Colombia desde el 31 de marzo de 1997.
33 Aprobado por Colombia mediante la Ley 29 de 28 de diciembre de 1992. Declarados exequibles por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-379 de 1993. Este instrumento comprende las siguientes: i) Enmienda de
Londres de junio 29 de 1990; ii) Enmienda de Copenhague de 25 de noviembre de 1992; iii) Enmienda de
Montreal de 17 de septiembre de 1997; y iv) Enmienda de Beijing de 3 de diciembre de 1999.
34 Su aprobación se surtió por medio de la Ley 740 de 24 de mayo de 2002, promulgada por el Decreto 132 de
21 de enero de 2004 y declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-071 de 2003.
35 Colombia aprobó el Protocolo de Kioto mediante la Ley 629 de 27 de diciembre de 2000, declarados
exequibles por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-860 de 15 de agosto de 2001 y en vigor para
Colombia.
36 Adoptado el 12 de diciembre de 2015, aprobado por Colombia mediante la Ley 1844 de 14 de julio de 2017
y declarados exequibles por la Corte Constitucional por medio de la sentencia C-021 de 2018.
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y iii) un principio que permea el ordenamiento jurídico en su integridad, dado que
asigna facultades e impone compromisos a las autoridades así como a los
particulares, en aras de su protección adquiriendo, de esa forma, un carácter de
objetivo social.
53. El marco legal en materia ambiental encuentra sus inmediatos orígenes en la
Ley 23 de 19 de diciembre de 197337 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de
197438, cuyos artículos 1.° y 2.°, establecen respectivamente que i) el medio
ambiente es un patrimonio común cuya preservación y manejo es una obligación
exigible al Estado y a los particulares y ii) el Código de Recursos Naturales y
Protección al Medio Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación
y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional
de los recursos naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos
de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos
y regular la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva, así como
la actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que emanan
del aprovechamiento y conservaciones del medio ambiente.
54. La Ley 99 prevé como principios que la política ambiental debe seguir
haciendo remisión específica a los postulados universales y de desarrollo sostenible
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio
Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, procura la protección de la biodiversidad en
Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad, el derecho de los
seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza,
resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en cuenta el
resultado del proceso de investigación científica.
55. Acerca del medio ambiente sano como derecho colectivo, la Corte
Constitucional39 ha resaltado su importancia "[…] ya que los derechos colectivos y
del ambiente no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos
por el interés universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados
derechos humanos de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las
generaciones que están por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene
37 Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de
Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.
38 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
39 Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el
Estatuto General de Pesca”. M.P. Diana Fajardo Rivera, 18 de octubre de 2017.
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derecho a que se le conserve, el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la
dignidad del hombre como sujeto universal del derecho […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la carencia de objeto por
hecho superado
56. Visto el artículo 9 de la Ley 472, sobre la procedencia del medio de control
de protección de los derechos e intereses colectivos establece que “[…] [l]as
acciones populares proceden contra toda acción u omisión de las autoridades
públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e
intereses colectivos […]”.
57. Teniendo en cuenta que, en mayor medida, el concepto de hecho superado
ha sido desarrollado desde la jurisprudencia, la Corte Constitucional ha señalado
que se presenta cuando “[…] por la acción u omisión […] del obligado, se supera la
afectación de tal manera que ‘carece’ de objeto el pronunciamiento del juez. La
jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado […] en el
sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del
contexto de la satisfacción de lo pedido […][.] En efecto, si lo pretendido con la
acción […] era una orden de actuar o dejar de hacerlo y, previamente al
pronunciamiento del juez […], sucede lo requerido, es claro que se está frente a un
hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de vulneración
de los derechos constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se
satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de
proferirse el fallo, con lo cual ‘la posible orden que impartiera el juez caería en el
vacío’ […]”40 (Destacado fuera de texto).
58. Esta Sección41 ha reiterado el criterio jurisprudencial y sostuvo que la
carencia de objeto puede presentarse cuando se ha superado la afectación de los
derechos e intereses colectivos y no es necesario ordenar la restitución de las cosas
a su estado anterior; o cuando acaece un daño consumado y no es posible acudir
a la restitución. En la ocurrencia de tales supuestos, la orden judicial sería inocua y
carecería de sentido exigir que se efectuara o se omitiera algo que ya se cumplió.
40 Corte Constitucional, sentencia SU-540 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de febrero de
2018, número único de radicación: 250002341000201300817-01(AP), M.P. María Elizabeth García González.
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Núm. único de radicación: 250002341000201500773-01
59. En otra oportunidad, la Corte Constitucional42 determinó que mientras
permanezcan vigentes los hechos que han dado lugar a la presentación de la
demanda, no se configura la carencia de objeto. Lo anterior ocurre, por ejemplo,
cuando la autoridad ha adelantado alguna actuación tendiente a la superación de la
situación que ocasiona la vulneración o amenaza de los derechos, sin que ello
implique que cesó la conducta o los hechos que dieron lugar al reclamo de amparo
de dichos derechos.
60. De esa misma forma, esta Sección se pronunció cuando en el marco de una
acción popular se ha encontrado que la vulneración de los derechos e intereses
colectivos invocados persiste, a pesar que el demandado, o las autoridades
judiciales de conocimiento consideran que la situación conculcadora cesó; por
ejemplo, en sentencia de 30 de junio de 201743 se consideró que no había lugar a
declarar carencia actual de objeto en la medida en que “[…] no se probó que hubiese
desaparecido la situación de transgresión de los derechos colectivos cuyo amparó
se perseguía, la Sala considera que no hay lugar a su declaración […]".
61. Al respecto, esta Sección ha mantenido de forma reiterada que, pese al
argumento de superación de la situación que dio lugar a la instauración de la
demanda, es necesario que se pruebe tal circunstancia y que el juez “verifique el
cese de la amenaza o vulneración de los derechos colectivos aducidos por el actor
popular”44 y, en caso de encontrar que la amenaza o la vulneración subsiste, no es
posible declarar el hecho superado45.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las facultades del juez
popular
62. Visto el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia de la acción popular,
que establece “[…] La sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una
acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago
de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en
favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la
42 Corte Constitucional, sentencia T-366 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En este caso, dicha
Corporación decidió que en el caso bajo estudio no se había configurado la carencia actual de objeto, por cuanto
el Seguro Social, al momento del fallo, sólo había expedido una orden escrita para la práctica del examen
requerido por la accionante, sin embargo, la misma seguía a la espera de su práctica, de manera que la
vulneración de su derecho a la salud no había cesado.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de junio de
2017, número único de radicación: 170012333000201300259-02(AP), M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de julio de 2013,
número único de radicación: 2010-00650-01(AP), M.P. María Elizabeth García González.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de enero de
2014, número único de radicación: 410012331000201100356-01(AP), M.P. María Elizabeth García González.
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Núm. único de radicación: 250002341000201500773-01
realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la
vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible.
La orden de hacer o de no hacer definirá de manera precisa la conducta a cumplir
con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo amenazado o vulnerado y de
prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para
acceder a las pretensiones del demandante […]”.
63. La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia46, ha
considerado que el juez de la acción popular deberá adoptar “[…] las órdenes de
hacer o de no hacer, definiendo de manera precisa la conducta a cumplir, condenar
al pago de perjuicios cuando se haya causado daño y, en fin, exigir la realización de
las conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración
del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible (Artículo 34
Ley 472 de 1998), de manera tal que se garantice la eficacia de los derechos
vulnerados, como lo exige el artículo 88 constitucional […]”.
64. A su vez, ha señalado que “[…] en la sentencia que ampara los derechos
colectivos el juez está facultado para adoptar las medidas que, conforme a la
situación fáctica probada, sean conducentes y pertinentes para obtener la
protección de dichos derechos […]47”.
Análisis del caso concreto
65. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.
66. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca amparó el derecho e interés
colectivo al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso
público, luego de considerar que se probó la ocupación del espacio público con la
instalación de hexápodos en la orilla del río; en ese sentido, ordenó: i) a la sociedad
Rodríguez Franco y Cía. S C S Organización Nacional de Comercio Onl Y que, en
el término de un mes, removiera de manera definitiva los hexápodos advirtiendo que
las estructuras no podrán ser reemplazadas por ningún otro tipo de estructura y se
46 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco
Antonio Velilla Moreno, sentencia de 18 de marzo de 2014, radicado número 25000-23-27-000-2001-90479-
01(AP). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, sentencia de 21 de agosto de 2020, radicado número 13001-23-33-000-2017-00987-01 (AP).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala,
sentencia de 15 de mayo de 2014, radicado número 25000-23-24-000-2010-00609-01(AP).
47 Ibidem.
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Núm. único de radicación: 250002341000201500773-01
abstuviera de ejecutar actos que involucren el uso de la margen izquierda del río
Bogotá sin previa autorización; y ii) a la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca que, en un máximo de un (1) mes, culmine los procesos
administrativos sancionatorios iniciados por los hechos del presente proceso.
67. Contra esta decisión, la sociedad Rodríguez Franco y Cía. S C S
Organización Nacional de Comercio Onl Y interpuso recurso de apelación que
fundamentó en que, por un lado, no contravino las disposiciones legales
ambientales; por otro lado, no encontró coherencia entre el análisis de las pruebas
y la parte resolutiva de la sentencia; y, por último, se configuró la carencia de objeto
por hecho superado sustentado en que el dictamen pericial indicó que no queda
rastro de los hexápodos por haber sido removidos como consecuencia de la
actividad del río Bogotá.
68. Ahora bien, la Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso
sub examine son las siguientes48:
68.1. Copia del Informe Técnico núm. 855 de 28 de noviembre de 201449,
expedido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en respuesta a
un requerimiento ordenado por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Girardot
que llevaba el curso de la acción popular identificada con radicación “[…] 2014-
00448 […]”. En dicho escrito debía analizarse el nivel de afectación al cauce y la
zona de ronda del río Bogotá a la altura del predio denominado “Casablanca”
ubicado en la vereda Los Manueles en el Municipio de Ricaurte.
68.1.1. Para este informe se realizaron dos recorridos, el primero de ellos se
realizó sobre la margen derecha del río Bogotá, jurisdicción de la vereda Barzaloza
en el Municipio de Girardot, sobre el predio del accionante denominado “Hacienda
Alejandría” en donde “[…] se observa la perdida de una gran extensión de terreno,
por presentar socavación lateral acelerada del talud del margen, dicho fenómeno se
presenta por que este predio se ubica en una curva externa de un meandro donde
se observa también la construcción de obras consistentes en espigones
conformados por hexápodos, llantas y tierra, (Predios Las Julias y Casablanca de
propiedad de la Sociedad. Rodriguez Franco y Cía. S.C.S- Organización Nacional
de Comercio ONLY) […] los cuales dirigen el flujo al margen derecho del rio donde
se ubica el predio Alejandría […]”. Como evidencia aportó la siguiente imagen:
48 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Anotación denominada: EXPEDIENTE DIGITAL
49 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_01CUADERNOPRINCIPA(.PDF) NroActua 2. Páginas 58-63.
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Núm. único de radicación: 250002341000201500773-01
68.1.2. Agregó que las obras realizadas en la margen izquierda del río Bogotá
“[…] corresponden a obras ofensivas, debido a que re direccionan las líneas de flujo
hacia la margen derecha, generando la modificación de la dinámica del r[í]o en este
sector, socavación acelerada con pérdida de terrenos y[,] por ende, la pérdida de la
franja arbórea de protección de esta margen […]”.
68.1.3. En el segundo recorrido, realizado sobre la margen izquierda del río
Bogotá, jurisdicción de la vereda Manuel Sur en el Municipio de Ricaurte, donde se
encuentran los predios de la accionada, denominados “Las Julias” y “Casablanca”,
“[…] se evidencian las obras identificadas con anterioridad, obras situadas dentro
del cauce del río en forma de espigones, conformadas con hexápodos en concreto,
que son recubiertas con llantas usadas y cobertura en tierra, obtenida de manera
mecánica utilizando retro excavadoras, extrayendo la capa superior orgánica del
suelo cercano a la zona de ronda del río […]”.
68.1.4. Adujo que los propietarios de los predios deberían tener en cuenta los
Acuerdos núms. 036 de 29 de diciembre de 200050 y 029 de 26 de diciembre de
200051, los cuales establecen la obligatoriedad de conservar una zona de protección
de 30 metros paralelos al cuerpo hídrico definida como suelo de protección con uso
compatible de recreación pasiva y contemplativa.
68.1.5. Igualmente, indicó que la morfología del río podría dar explicación a la
dinámica que ha presentado sin descartar la influencia de las estructuras hidráulicas
“[…] enclavadas sobre el cauce del río, como las evidenciadas en este tramo sobre
la margen izquierda en los predios de la Sociedad Rodr[í]guez Franco y C[í]a. S.C.S
• Organización Nacional de Comercio ONLY […]”.
50 “[…] Por medio del cual se adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Ricaurte […]”.
51 “[…] Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Girardot […]”.
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Núm. único de radicación: 250002341000201500773-01
68.1.6. Advirtió que el río “[…] presenta un régimen torrencial, también se
caracteriza por que el flujo tiene una velocidad alta, poca pendiente por estar cerca
de su desembocadura y una sinuosidad alta, convirtiéndolo en meándrico […] se
presenta socavación lateral la cual se evidencia por la tendencia del rio a moverse
hacia la parte externa y aguas abajo de las curvas, esta actividad es de tipo
permanente y ocurre principalmente en las curvas del río en que la capacidad de
arrastre de los sólidos es mayor en la parte externa que en la parte interna […] [l]a
socavación en esa área es de tipo permanente y se acentúa con eventos
extremos o crecientes y con la construcción de obras agresivas como las que
se evidenciaron en la visita […]” (Destacado fuera de texto).
68.2. Copia de la Resolución 0030 de 15 de enero de 201352, expedida por la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, mediante la cual se concedió el
término de seis (6) meses para que la sociedad accionada procediera con “[…] la
construcción de obras hidráulicas de ocupación de cauce del río Bogotá para la
defensa de sus taludes marginales y evitar daños o inundaciones en los
predios ribereños, consistentes en terraplenes conformados por gaviones
dentro de las coordenadas Este: 923005 Norte: 972500 y Este: 923400 Norte:
973156; correspondiente a cuatro (4) terraplenes sobre la margen izquierda del
cauce del río […] a la altura de los predios Casablanca, identificado con matrícula
inmobiliaria No. 307-173 y con número catastral 00-00-0006-0192-00 […] Las
Julias, identificado con matrícula inmobiliaria No. 307-11925 y con número catastral
00-00-0006-0014-00 […]” (Destacado fuera de texto).
68.3. Copia del Informe Técnico núm. 861 de 30 de diciembre de 201553,
expedido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, mediante el
cual se hace un análisis del cumplimiento de la Resolución núm. 0030 de 15 de
enero de 2013 que autoriza construcciones en el río Bogotá a la altura de los predios
“Las Julias” y “Casablanca”, señalando lo siguiente:
“[…] [E]n el recorrido la comisión verific[ó] las obras hidráulicas y de ocupación de
cauce autorizadas por la Corporación ‘cuatro (4) terraplenes conformados en
gaviones […] en los predios Casa Blanca […] y Las Julias, […] sobre la marguen
izquierda del cauce del Rio Bogotá […] en donde se observaron algunos terraplenes
que no concuerdan con las especificaciones establecidas en la RESOLUCIÓN No.
0030 de 15 de Enero de 2013, y los gaviones que se pudieron identificar en el tramo,
ya mencionado presentan un cubrimiento de sedimentos del Rio Bogotá, y cobertura
vegetal.
52 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_02CUADERNOPRINCIPA(.PDF) NroActua 2. Páginas 13-34.
53 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_02CUADERNOPRINCIPA(.PDF) NroActua 2. Páginas 263-274.
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Núm. único de radicación: 250002341000201500773-01
[…]
[N]o se observaron terraplenes, ni gaviones con las especificaciones establecidas
en la RESOLUCIÓN No. 0030 de 15 de Enero de 2013, lo que se evidenci[ó] en los
puntos ya mencionados fueron unos espolones de gran dimensión que están
conformados de llantas usadas, hex[á]podos, tierra y material de escombros […]
3. Que en el recorrido realizado, no se observó la siembra de los seiscientos (600)
[á]rboles de especies protectoras de fuentes h[í]dricas en las zonas de ronda del
R[í]o Bogotá, el señor […] informa que se realizó la siembra de los árboles sobre la
ribera del r[í]o y que estos fueron derribados por una creciente, para lo cual optaron
por llevar a cabo dicha actividad dentro del mismo predio, lo cual no corresponde a
una medida de protección de la fuente hídrica.
[…]
En el momento de la vista se observó, que, no se encuentran en su gran mayor[í]a
establecidos los cuatro (4) terraplenes sobre la m[á]rguen izquierda del cauce del
Rio Bogotá y a los que se identificaron se encuentra el regular estado, por otra parte
de catorce (14) terraplenes sobre la m[á]rguen derecha del Rio Bogotá,
mencionados en el presente art[Í]culo, no se identificaron.
[…]
En el momento de la vista se observó que no se realizó (sic) las características del
terraplén según lo estipulado en el presente art[í]culo [2].
[…]
[Sobre el artículo 2-3 de la Resolución núm. 0030 de 15 de enero de 2013]
relacionado con mantener en óptimas condiciones las obras construidas para
preservación del Cauce del Río Bogotá […] [e]n el momento de la vista se observó
que la gran mayor[í]a de obras no se encuentran en las ubicaciones autorizadas y
el restante se encuentra e[n] regular estado […]”.
68.4. Copia del dictamen pericial de 26 de agosto de 201654, suscrito por un
ingeniero forestal, realizado a partir de las visitas en campo realizadas los días 3 y
21 de julio y 6 de agosto de 2016 en los predios “Las Julias” y “Alejandría”. En dicho
escrito se señaló la existencia de estructuras en concreto localizadas en el predio
“Alejandría”, las cuales estaban siendo invadidas por pasto estrella y algunos
rastrojos, más abajo por el mismo cauce del río se evidenciaron estructuras
similares con llantas cubiertas por la caña de castilla, así:
54 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_02CUADERNOPRINCIPA(.PDF) NroActua 2. Páginas 4-12.
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Núm. único de radicación: 250002341000201500773-01
68.4.1. En el mismo documento agregó que, en estricto sentido, no se evidencian
obras hidráulicas y que las estructuras encontradas no demuestran condiciones
técnicas por las cuales se pueda determinar que afectan la dinámica natural del río
Bogotá.
68.4.2. Respecto a los sitios de pérdida de terreno e identificación de la causa
indicó que “[…] no se pueden identificar, para esto se requiere un estudio técnico-
ambiental […]”. Asimismo, adjuntó una imagen señalando que en la orilla del río en
la parte del accionante también se encontraba una serie de estructuras:
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Núm. único de radicación: 250002341000201500773-01
68.4.3. Finalmente, agregó la siguiente imagen de localización de los predios objeto
de la demanda, “Alejandría” y “Las Julias”, en el río Bogotá:
68.5. Copia del Informe Escrito de 1 de marzo de 201755, presentado por la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en el cual se indicó que ya se
había realizado un análisis suficientemente claro con el Informe Técnico núm. 855
de 28 de noviembre de 2014, allegado en respuesta a un requerimiento del Juzgado
Primero Administrativo Oral de Girardot que llevaba el curso de la acción popular
identificada con radicación “[…] 2014-00448 […]”; por lo tanto, dicho documento se
utilizó como base para contestar el presente informe.
55 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_02CUADERNOPRINCIPA(.PDF) NroActua 2. Páginas 79-87.
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68.5.1. Respecto a la pregunta de si las obras han afectado el cauce del río Bogotá
la autoridad ambiental respondió señalando lo siguiente:
“[…] Las mencionadas obras hidráulicas no abarcan la totalidad del cauce del r[í]o
Bogotá, es decir[,] no inician en una orilla llegando hasta la otra en forma de dique
o represa, constituyen un obstáculo artificial que intercepta parcialmente el cauce y
por su orientación dirigen el flujo de las aguas sobre el margen contrario del r[í]o,
debido a que son estructuras consolidadas que resisten el embate de las aguas y
se definen como obras agresivas, las cuales modifican bruscamente la dinámica
normal del río, y tienden a direccionar las líneas de flujo hacia la otra orilla […]”.
68.5.2. Con respecto a determinar quiénes son los responsables de la
construcción de las citadas obras, señaló que se trataba presuntamente de los
propietarios de los predios. Asimismo, manifestó que las obras construidas
benefician a los predios de las orillas en las cuales están ubicadas las estructuras
debido a que “[…] interceptan el cauce de las aguas, desviando su flujo normal,
cambiando su dirección, evitando que socaven el margen propio[,] pero afectando
el margen contrario, es decir la otra orilla que progresivamente pierde terreno
a causa de la erosión […] donde se ubica el predio conocido como Hacienda
Alejandría […]” (Destacado fuera de texto).
68.5.3. Cuando se consultó por las acciones que ha emprendido la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca para mitigar cualquier impacto que las obras
puedan generar sobre el ecosistema de la región, la autoridad ambiental advirtió
que ha iniciado los correspondientes trámites administrativos sancionatorios
ambientales, entre los que se encuentra el expediente núm. 44512, en el cual se
impuso medida preventiva a la sociedad Rodríguez Franco y Cía. SCS Organización
Nacional del Comercio Onl Y de suspender inmediatamente la construcción de
obras hidráulicas de ocupación del cauce, de espigones o espolones que no
corresponden a las autorizadas en Resolución núm. 0030 de 15 de enero de 2013
y de uso de llantas que son dispuestas directamente sobre el cauce del río Bogotá.
68.5.4. Adicionalmente, informó que la Dirección Regional Alto Magdalena de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ordenó abrir tres (3)
expedientes sancionatorios: i) el proceso identificado con número 38541 iniciado
contra el representante legal de la sociedad Rodríguez Franco y Cía SCS
Organización Nacional del Comercio Onl Y que se encontraba en sede de revisión
de la Resolución que decide el procedimiento administrativo; ii) el proceso
identificado con número 44512 iniciado contra la citada sociedad y se había
proferido auto DRAM 640 de 19 de diciembre de 2016 que ordenó práctica de visita
para determinar si se levantaba o no una medida preventiva que se había impartido;
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Núm. único de radicación: 250002341000201500773-01
y iii) el proceso identificado con número 52226, iniciado contra la citada sociedad,
se encontraba en sede de revisión del auto que formula cargos.
68.5.5. Finalmente, insistió en “[…] la necesidad de obtener los respectivos
permisos ambientales, basados en diseño estructurados que permitan su correcta
evaluación […]”.
68.6. Copia del Informe Técnico núm. 0111 de 23 de febrero de 2017 56,
expedido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, mediante el
cual se hace un análisis de las condiciones fácticas consecuencia de la medida
preventiva de 25 de junio de 2014, consistente en la suspensión de actividad de
construcción de 49 hexápodos en concreto fundidos en sitio ubicados en la margen
izquierda del río Bogotá, disposición de llantas usadas en el cauce del río Bogotá.
68.6.1. Al momento de la visita observaron que “[…] no existen tales hexápodos,
y el terreno se encuentra sin llantas depositadas en la zona. Según lo manifestado
por el señor [representante legal de la sociedad propietaria del predio “Las Julias”]
[…] en creciente presentada en el mes de diciembre de 2016, estos hexápodos
des[a]parecieron, como también las llantas […] [d]entro del cauce y en el espejo de
agua, se observan algunas aristas de hexápodos que fueron arrastrados hasta el
lugar, también se observan algunas llantas dentro del cauce, las cuales quedaron
depositadas en algunas ramas de árboles caídos, estas alteran el curso normal del
río […]”.
68.6.2. Y se concluyó que, para definir acciones necesarias en aras de restaurar
el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje se “[…] deberá ordenar el
retiro de todas las estructuras (Hex[á]podos, llantas, etc.) que se encuentran dentro
del cauce y en sus márgenes, en las áreas colindantes con los predios de la
sociedad RODR[Í]GUEZ FRANCO Y CIA. S.C.S ORGANIZACIÓN NACIONAL DE
COMERCIO ONLY y el predio La Alejandría. Para la ejecución de esta actividad se
podrá otorgar un mes, para lo cual, el usuario deberá informar el inicio de las
mismas, con el fin de ejercer seguimiento como autoridad ambiental […]”.
68.7. Copia del Informe Escrito de 12 de junio de 201757, suscrito por el director
general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, mediante el cual
56 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_02CUADERNOPRINCIPA(.PDF) NroActua 2. Páginas 323-335.
57 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_02CUADERNOPRINCIPA(.PDF) NroActua 2. Páginas 102-111.
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Núm. único de radicación: 250002341000201500773-01
aclaró y complementó el informe rendido previamente y, en ese sentido, se
manifestó lo siguiente:
“[…] PREGUNTA 2. ‘De acuerdo con la respuesta dada a la pregunta 1 del
cuestionario efectuado por el Demandante, se aclare si en el informe técnico No.
855 de fecha noviembre 28 de 2014, se consultó y/o se verificó, si las obras
encontradas correspondían a obras provisionales, realizadas en razón de las
crecientes intempestivas, o en su defecto se trataba de obras hidráulicas de
ocupación de cauce del rio Bogotá, para la defensa de los taludes marginales y para
evitar daños e inundaciones en los predios ribereños, autorizadas por la resolución
0030 del 15 de enero de 2013.’
RESPUESTA: Según la visita realizada el día 28 de noviembre de 2014, se
establece que se verificaron las obras construidas en el cauce del Río Bogotá
y estas no corresponden a las obras hidráulicas de ocupación de cauce,
autorizadas a la Sociedad Rodríguez Franco y Cía. S.C.S - Organización
Nacional de Comercio ONLY, para la defensa de los taludes marginales
mediante la Resolución No. 0030 del 15 de enero de 2013, teniendo en cuenta
que las obras que fueron autorizadas corresponden a terraplenes paralelos al cauce
y ubicados en la zona de ronda del mismo y no a espigones conformados por
hexápodos, llantas y tierra dentro del cauce del río como los evidenciados durante
la mencionada visita.
[…]
PREGUNTA 6. ‘De acuerdo con las respuestas brindadas en el informe, solicito se
complemente indicando de qué manera se descartó que la socavación y erosión de
las orillas del Rio Bogotá en las zonas objeto de la acción popular, no es producto
de:
• La dinámica fluvial del cauce existente para dicha región.
• Las condiciones Geológicas de los predios ribereños en la zona.
• El desplazamiento natural de los meandros.
• La intempestiva disminución y aumento del caudal por causa de la
construcción de represas e hidroeléctricas.
• Las constantes y variables crecientes ocurridas producto de los cambios
climáticos.
• Las demás variables que inciden de manera natural en la velocidad de la
corriente del rio.’
RESPUESTA: Si bien es cierto, el río Bogotá normalmente presenta condiciones
normales como las mencionadas y que generan procesos erosivos naturales
anudado a sus mismos procesos de arrastre de materiales; sin embargo al ejecutar
obras como las evidenciadas durante la visita (espigones conformados por
hexápodos, llantas y tierra dentro del cauce del río) permite que estos procesos
de socavación se presenten de una manera acelerada, ya que modifican las
condiciones naturales del cauce coadyuvando a la pérdida de terreno en los
taludes marginales de los predios cercanos a las mismas.
[…]
PREGUNTA 7. ‘De acuerdo con las respuestas brindadas, solicito se complemente
el informe, indicando si previo a la visita realizada por la CAR se establecieron en
forma técnica las condiciones prexistentes de las márgenes u orillas de los predios
ribereños al rio Bogotá en la zona objeto estudio, de manera tal que permitiera
concluir sin error la efectividad del presunto daño causado; informando además, si
estas condiciones fueron plenamente establecidas y registradas en el informe
técnico rendido bajo el No. 855 del 28 de noviembre de 2014.’
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RESPUESTA: En el informe técnico N° 855 del 20 de noviembre de 2014, se realizó
una toma (imagen) del programa [G]oogle [E]arth, el cual es un software de
referencia que fotográfico satelital que permite visualizar zonas o áreas con su
respectiva cronología; Para este caso en particular se realiza un análisis multi-
temporal de la Imagen satelital obtenida en este software de fecha 16 de agosto de
2.013, permitiendo evidenciar el estado del cauce a esa fecha, que es anterior a la
fecha de la visita realizada en el mes de noviembre de 2014.
En la misma imagen se realizó el montaje de los espigones en las coordenadas
obtenidas en campo, lo que permite dimensionar la ocupación de estas obras dentro
del cauce, y la reducción de la sección transversal del mismo, lo cual genera
socavación acelerada de acuerdo con lo expuesto en el numeral 6 del presente
escrito.
PREGUNTA 8. ‘De acuerdo con las respuestas brindadas, solicito respetuosamente,
se complemente si la CAR ha verificado, si las obras denominadas AGRESIVAS,
permanecen en la actualidad, si por el contrario fueron retiradas por acción del
hombre, o devastadas por la corriente del Río.’
RESPUESTA: La Corporación realizó visita de verificación el día 7 de febrero de
2017, en atención a lo ordenado mediante Auto DRAM 640 del 19 de diciembre de
2016, bajo expediente sancionatorio Nº 44512. De esta visita se generó el informe
técnico Nº 0111 del 23 de febrero el cual conceptúa lo siguiente:
Durante la visita realizada en atención al Auto DRAM N° 640 del 19 de diciembre
de 2016, se efectuó un recorrido en el lugar donde se materializó la medida
preventiva el día 25 de junio de 2014, donde no se encontraron los 49
hexápodos referidos en el informe técnico N° 544 del 14 de julio de 2014, y
tampoco se observan las llantas dispuestas en la zona de ronda.
Por otra parte, se continúa con el recorrido por la zona de ronda del río, donde
se observaron diferente[s] hexápodos que han sido arrastrados y han quedado
anclados en bancos aluviales, los cuales inciden en el comportamiento hidráulico
al direccionar las líneas de flujo a los costados del Río, trayendo consecuencias
devastadoras como las observadas durante la visita (pérdida de terrenos y
material arbóreo dispuesto en diferentes partes del cauce).
En base a (sic) las visitas técnicas realizadas los días 13 de mayo de 2014, 25
de junio de 2014 y 28 de noviembre de 2014 y a los informes técnicos N° 447 del
28 de mayo de 2014, Nº 544 del 14 de julio de 2014 y N° 855 del 28 de noviembre
de 2014 respectivamente, se puede establecer que se incumplió con la medida
preventiva y que no hay evidencia que permita verificar que las causa[s] que
originaron la imposición de dichas medida[s] hayan cesado.
Al momento de realizar la respectiva visita la cual surgió de acuerdo a la
radicación CAR 03131101198 del 29 de mayo de 2013 […] se evidenció que
por motivos de las crecientes del r[í]o Bogotá fueron arrastrados parte de
los materiales con los que se construyeron las obras de los espolones.
Igualmente[,] durante el recorrido e inspección del sitio se comprobó que el
terreno sobre la margen derecha del cauce del r[í]o presenta alto grado de
erosión y socavación.
El señor RODR[Í]GUEZ manifiesta que las obras y los hexápodos fueron
arrasados por la creciente presentada en el mes de diciembre del año 2016 y se
puede evidenciar que a la fecha de la visita (07 de Febrero) existen sobre el
cauce del r[í]o un número considerable de los hexápodos con los que se
iniciaron los espolones. Dichos hexápodos generan gran impacto negativo,
debido a que de aguas arriba se vienen arrastrando grandes árboles que
frenan contra dichas estructuras generando represamiento de material
vegetal y otros materiales que pueden afectar la dinámica y el libre discurrir
del río.
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Así las cosas, no es posible verificar que se hayan adelantado las acciones
pertinentes que permitan la desaparición de todas las causas que generaron la
imposición de la medida preventiva, por las razones antes expuestas.’
De esta última visita se puede concluir que parte de las obras fueron arrasadas
por crecientes presentadas en el río Bogotá, sin embargo[,] algunos de los
hexápodos quedaron anclados en bancos aluviales, los cuales inciden en el
comportamiento hidráulico al direccionar las líneas de flujo a los costados del Río
[…]” (Destacado fuera de texto).
68.8. Copia del Informe Técnico núm. 0507 de 21 de julio de 2017 58, expedido
por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, mediante el cual realizó
una visita de acuerdo con una queja ambiental propuesta por el accionante del
presente medio de control, en el que se señaló lo siguiente:
“[…] [S]obre la rivera del r[í]o Bogotá se inició el recorrido de verificación sobre el
margen derecho de este que se encuentra dentro del predio La Alejandría, allí se
observó (sic) procesos de socavación y p[é]rdida del talud que está afectando
aproximadamente 100 mts lineales de la ronda hídrica de protección del rio Bogotá
en este punto.
[…] se identificó una clara afectación al r[í]o Bogotá por ocupación de cauce donde
se observa[n] obras hidráulicas basadas en la instalación de hexápodos en
concreto[,] los cuales han sido cubiertos con tierra y piedra de tal manera que se
estima que la intervención abarca 20 metros aguas adentro del r[í]o Bogotá.
Que, con base en la situación evidenciada se cita que esta acarrea consigo un
alto grado de socavación que está afectando la margen derecha de la rivera
del r[í]o produciendo perdida del terreno de la Hacienda la Alejandría; la
construcción de este dique rudimentario está generando disminución del gradiente
energético, erosión y cambios en la dinámica del r[í]o modificando el paisaje del
sector y aguas abajo de la referencia.
[…]
Que, según lo revisado en el expediente Sancionatorio N° 38541 el […]
[representante legal de la sociedad Rodríguez Franco y Cía. S C S Organización
Nacional de Comercio Onl Y] desde el año 2011 hasta la fecha, contin[ú]a realizando
intervenciones al cauce del r[í]o Bogotá por medio de Hex[á]podos de concreto
afectando la dinámica del mismo y generando afectación, los componentes
ambientales como flora, fauna, agua y suelo del sector en referencia haciendo caso
omiso a las recomendaciones y obligaciones emitidas por la autoridad ambiental
[…]” (Destacado fuera de texto).
68.9. Copia del Informe Técnico núm. 0841 de 30 de octubre de 201759,
expedido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, mediante el
cual realizó una visita en revisión de la afectación del recurso del agua, en el que
se indicó:
58 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_02CUADERNOPRINCIPA(.PDF) NroActua 2. Páginas 369-379.
59 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_02CUADERNOPRINCIPA(.PDF) NroActua 2. Páginas 386-397.
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“[…] [E]l recorrido inici[ó] en el predio denominado Las Julias […] se pudo verificar
la existencia de unas obras dentro del cauce del r[í]o Bogotá, en forma de espolones
o espigones, estructuras interpuestas a la corriente, construidas con hex[á]podos en
concreto, a lo que el señor [representante legal de la sociedad Rodríguez Franco y
Cía. S C S Organización Nacional de Comercio Onl Y] […] dijo que no los pudo sacar
todos debido a la creciente del rio Bogotá y que saco algunos.
Estando en el lugar de la visita se pudo identificar unos Hexápodos que ya fueron
retirados del rio según el [mismo] señor […] y se encuentran en el predio las Julias.
Se visualizaron Diez (10).
[…]
Los espolones son estructuras interpuestas a la corriente, con el propósito de
alejar de la orilla las líneas de corriente con alta velocidad, evitando así que el
material de la margen pueda ser transportado y la orilla se erosione. Los
espolones deben estar empotrados a una cierta longitud dentro del material
que forma la margen. Estas estructuras promueven la depositación (sic) en la
parte anterior dando una protección adicional a la orilla; sin embargo, en la
parte posterior se crea una zona de vórtices o de mayor erosión si la
orientación y la distancia al espolón siguiente no son técnicamente correctas’
[…]
Durante el recorrido, se encontró una sección del cauce, la instalación de obras
auxiliares las cuales son espigones de hexápodos en concreto reforzado como
también la deposición en el cauce de estos elementos, construidos con el fin de
disminuir el gradiente de energía y así mismo la erosión, pero trayendo como
consecuencia una modificación de la dinámica del Rio en este sector y aguas abajo.
Bajo coordenadas N: 973591 E: 923440 Η: 298.
[…]
• Teniendo en cuenta lo observado en la visita, se establece que la
construcción de los espolones o espigones de hexápodos, construidos
sobre la margen oriental (Izquierda siguiendo el curso de la corriente aguas
abajo) del rio Bogotá, sobre los predios del […] Representante Legal de la
firma ‘Rodríguez Franco y CIA S.C.S. ORGANIZACIÓN NACIONAL DEL
COMERCIO ONLY’, denominados Las Julias, está causando erosión en
los terrenos de la margen occidental (Derecho siguiendo el curso de la
corriente aguas abajo), por ser estas unas obras ofensivas que modifican la
dinámica del R[í]o por su conformación y ángulo de inclinación respecto al
cauce.
• Las obras enclavadas en la margen izquierda del r[í]o Bogotá […], según lo
observado en el recorrido realizado, no corresponden a obras de defensa
de taludes marginales, por el contrario resultan ofensivas, debido a que
contribuyen a re direccionar el flujo de la corriente h[í]drica, trayendo
como consecuencia una modificación de la dinámica del r[í]o en este
sector […]” (Destacado fuera de texto).
68.10. Copia del Informe Técnico DESCA núm. 1743 de 24 de octubre de 201860,
expedido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, mediante el
cual realizó una evaluación documental de la propuesta realizada por el
representante legal de la sociedad Rodríguez Franco y Cía. S C S Organización
60 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_02CUADERNOPRINCIPA(.PDF) NroActua 2. Páginas 677-687.
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Nacional de Comercio Onl Y sobre el retiro de las obras en el predio de su
propiedad, en el que se adujo lo relacionado a continuación:
“[…] Es importante señalar que el alcance del presente Informe Técnico
corresponde exclusivamente a la evaluación de la propuesta de retiro de las
obras presentada por el [representante legal de la sociedad Rodríguez Franco
y Cía. S C S Organización Nacional de Comercio Onl Y] […] y la autorización
de inicio de actividades de retiro, conforme se solicita en el Memorando DJUR
No. 20183151061 del 28 de septiembre de 2018, ya que la orden de retirar la obras
construidas dentro del cauce del r[í]o Bogotá, fue producto de la evaluación
realizada por la Dirección de Recursos Naturales, DRN dependencia que a través
del Informe Técnico DRN No. 054 del 15 de febrero de 2018 recomendó realizar el
retiro de las obras de contención (espolones y hex[á]podos) materializadas en el
tramo de estudio, para lo cual contará con un plazo no mayor a 6 meses.
[…]
Se realiza una descripción del estado actual de cada punto:
Tabla 2. Estado puntos de intervención
Punto Estado
‘... se nota que la acción de la corriente
recuperó la parte invadida de su cauce,
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9
quedando tan solo unos pocos vestigios de
los materiales que lo conformaron’
‘... se nota que la acción de la corriente
desprendió lo que quedaba de materiales
5
con cobertura de caña brava, recuperando
de esta forma la parte invadida de su cauce’
‘En este punto se nota cobertura vegetal de
7 rastrojo alto, [á]rboles de la especie de
donde, sauce llorón y caña brava’
‘… se nota la que la acción de la corriente
recuperó la parte invadida de su cauce y se
10, 14, 15, 16, 17, 21
ha conformado naturalmente con cobertura
de pasto estrella y rastrojo’
‘… se nota que la acción de la corriente
recuperó la parte invadida de su cauce y se
11, 12, 18, 19, 20
ha conformado naturalmente con cobertura
de pasto estrella, rastrojo y caña brava’
‘En este sector se encuentra un jarillón,
estabilizado, empradizado que hace parte
13 de una construcción autorizada por la CAR
según Resolución No.0030 del 15 de enero
de 2013 dentro de los puntos 190 a 223’
‘En este sector se encuentra un jarillón,
estabilizado, empradizado que hace parte
22 de una construcción autorizada por la CAR
según Resolución No.0030 del 15 de enero
de 2013. dentro de los puntos A 84 y 231’
‘… se nota que la acción de la corriente
recuperó la parte invadida de su cauce y se
23, 24, 25 (24 en la propuesta) ha conformado naturalmente con cobertura
de pasto estrella, rastrojo, caña brava y de
castilla’
Fuente: Adaptado de la propuesta del usuario, Memorando DJUR No.
20183151061
[…]
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En cuanto a la propuesta de retiro de las obras en comento, de acuerdo con la
descripción realizada por el usuario en la propuesta adjunta al Memorando DJUR
No. 20183151061 y lo relacionado en la Tabla 2 del presente Informe Técnico, se
evidencia que a excepción de los puntos 13 y 22, donde se indica que se encuentran
unos jarillones autorizados por la CAR a través de la Resolución CAR 0030 de 2013
y que no serán objeto de intervención, en los demás puntos la acción de la
corriente recuperó la parte invadida del cauce, por lo que las actividades
propuestas corresponden al retiro de las llantas y los hexápodos, la perfilada
y empradización de los taludes del cauce según se requiera, conforme se
describe en la Tabla 3 del presente Informe Técnico.
Adicional a lo anterior, y dado el estado de los puntos de intervención, en la
propuesta se describe de manera sucinta las medidas y actividades para realizar el
retiro de los elementos.
Según lo descrito, se considera que las actividades relacionadas son las pertinentes
a este tipo de actividades de retiro de materiales, así como la utilización de
maquinaria tipo retroexcavadora y volquetas para el retiro de material extraído. En
ese sentido se considera viable que el solicitante dé inicio inmediato a las
actividades de retiro, y se deben tener en cuenta las siguientes precisiones:
De conformidad con las actividades descritas, y para dar cumplimiento de lo
solicitado, el usuario requerirá la ocupación del cauce del río Bogotá mediante
maquinaria (retroexcavadora y volquetas); asimismo, en el sitio se realizará la
demolición de los hexápodos para su posterior cargue; en ese sentido es necesario
que las actividades estén supervisadas por parte de la Dirección Regional Alto
Magdalena DRAM, quienes, de acuerdo con la magnitud de la intervención, las
condiciones del área a intervenir y los posibles impactos sobre el área, deberán
evaluar la necesidad de solicitar el inicio del trámite de permiso de ocupación de
cauce o de cualquier otro permiso para el uso, aprovechamiento y/o afectación de
los recursos naturales.
De acuerdo con lo anterior, el usuario deberá dar aviso a la Dirección Regional Alto
Magdalena - DRAM, para su respectivo acompañamiento, previo al inicio de
actividades y sin cuya visita técnica no podrá iniciar […]” (Destacado fuera de
texto).
68.11. Copia del Auto DRAM núm. 1422 de 12 de diciembre de 201861, expedido
por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, mediante el cual se
ordenó el inicio de un trámite administrativo ambiental de solicitud de autorización
ambiental de ocupación de cauce, en el que se dispuso:
“[…] ARTÍCULO 1: Iniciar el trámite administrativo ambiental de carácter permisivo
de solicitud de autorización ambiental de ocupación de cauce de fuente hídrica río
Bogotá a nombre de la sociedad RODRÍGUEZ FRANCO Y CÍA S. C. S.
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE COMERCIO ONLY […] correspondiente al retiro
de las obras de contención ([e]spolones y hexápodos) materializadas en las
márgenes izquierda y derecha de dicha fuente, a la altura de 24 predios de
propiedad de la sociedad, con el propósito de dar cumplimiento al Principio de
Oportunidad suscrito […] con la Fiscalía Tercera Especializada de la Unidad de
Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente dentro del expediente
No. CUI 11001609903420130051500 […]. En consecuencia[,] se da apertura al
expediente permisivo ambiental No. 72659.
61 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_02CUADERNOPRINCIPA(.PDF) NroActua 2. Páginas 644-654.
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ARTÍCULO 2: Ordenar la práctica de una visita técnica a los sitios de interés,
georefenciados bajo las coordenadas descritas en los informes técnicos DESCA No.
1743 de 24 de octubre de 2018 y DRN No. 054 de 15 de febrero de 2018, de los
municipios de Girardot y Ricaurte-Cundinamarca, para resolver sobre la petición de
solicitud de autorización ambiental de ocupación de cauce de fuente hídrica rio
Bogotá, para lo cual, se deberá tener como referencia lo conceptuado en dichos
informes técnicos y que el propósito de la solicitud de autorización ambiental
corresponde al retiro de las obras de contención (espolones y hexápodos)
materializadas en las márgenes izquierda y derecha de dicha fuente […]”.
68.12. Copia del Informe Técnico DRAM núm. 0950 de 18 de diciembre de
201862, expedido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca,
mediante el cual se verificó el retiro de las obras de ocupación de cauce, en el cual
se manifestó lo siguiente:
“[…] La comisión inicia su recorrido desde las coordenadas ESTE 923.081 NORTE
971.490 Η 223 m.s.n.m. que de acuerdo a la información recolectada en campo
corresponde al predio denominado La Esmeralda, una vez en [e]ste punto se
observó que sobre el cauce del R[í]o Bogotá se encuentran depositados tres (3)
hexápodos con un distanciamiento de aproximadamente 15 metros de distancia
desde el borde del rio.
Seguidamente la comisión recorrió los 24 puntos que manifestó […] el radicado CAR
N° 20181149881 de 26/11/2018 con el fin de verificar las condiciones actuales del
cauce del rio Bogotá y establecer las posibles acciones que se deben desarrollar
para iniciar el retiro de los diferentes hex[á]podos, llantas, RCD y demás materiales
utilizados por el [representante legal de la sociedad Rodríguez Franco y Cía S. C.
S. Organización Nacional de Comercio Onl Y] en la construcción y conformación de
las diferentes estructuras realizadas en el cauce del rio.
El recorrido de la comisión se realizó entre, otros predios los denominados La
Esmeralda, Santa María, La vega, etc. dicho recorrido se realizó a lo largo del
margen derecho del R[í]o iniciando como se mencionaba anteriormente en el predio
La Esmeralda en inmediaciones de las coordenadas ESTE 923.081 NORTE
971.490 y finalizando en el predio La vega en inmediaciones de las coordenadas
ESTE 923.636 NORTE 972.680.
Durante el recorrido se pudo observar que en los puntos referenciados […] se
encuentran los diferentes vestigios de las obras adelantadas sobre el cauce del rio
Bogotá entre las cuales se encuentran hexápodos, llantas y RCD y diferentes
materiales que se requieren ser retirados con el fin de resarcir los impactos
negativos a la dinámica del r[í]o los cuales surgieron del desarrollo de dichas obras
ejecutadas sin el respectivo permiso por parte de la Autoridad Ambiental.
[…]
De acuerdo a lo observado en campo durante el desarrollo de la visita ordenada
mediante AUTO DRAM N° 1422 de 12 de diciembre de 2018 se conceptúa lo
siguiente:
• El usuario solicitante del permiso de ocupación de cauce presentó bajo
radicado CAR N° 20181149881 de 26/11/2018 (Folios 75 a 108) una
propuesta técnica para realizar las actividades de retiro de las obras
hidráulicas (espolones), dicha propuesta fue técnicamente evaluada por la
Dirección de Recursos Naturales DRN y la Dirección de Evaluación,
62 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_02CUADERNOPRINCIPA(.PDF) NroActua 2. Páginas 634-643.
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Seguimiento y Control Ambiental DESCA conceptuando que técnicamente
es viable realizar las labores allí mencionadas y debe darse inicio de
inmediato a las mismas.
• Durante el recorrido realizado el día 13 de diciembre del año en curso se
pudo evidenciar la presencia de hexápodos, llantas y RCD que conformaban
las obras hidráulicas (Espolones) sobre el margen derecho del R[í]o Bogotá.
Así mismo, algunos de los puntos mencionados por el usuario se
encuentran restituidos naturalmente ya que por comportamiento natural y
la dinámica normal del Rio ha realizado la labor de arrastre de dichos
materiales desapareciendo las condiciones iniciales de las obras ejecutadas.
• Técnicamente se considera que los puntos que se relacionan a
continuación, el retiro de todos los materiales que conformaban los
espolones se debe realizar de forma manual, teniendo en cuenta que la
cantidad de material a retirar es mínima (menor a 5 llantas y un hexápodo) y
la susceptibilidad que presenta la margen derecha del r[í]o, así como la
imposibilidad de poner la maquinaria (retroexcavadora sobre orugas) en
dicho punto y/o porque el uso de éste tipo de maquinaria puede generar una
afectación mayor a las márgenes del r[í]o tales como inestabilidad a los
taludes como también puede presentarse afectación a los otros recursos
tales como flora teniendo en cuenta que en el trayecto donde se pretende
realizar dicha intervención se encuentra en proceso de reforestación de la
zona de ronda del R[í]o Bogotá […]” (Destacado fuera de texto).
69. La Sala procederá a apreciar y a valorar las pruebas, de conformidad con las
reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando
para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se
requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los
problemas jurídicos planteados en el caso sub examine.
Solución a los problemas jurídicos
70. La Sala limitará su pronunciamiento a los precisos argumentos expuestos por
la entidad apelante, con la claridad de que no se abordarán asuntos o materias que
no fueron controvertidas, entre ellas, la situación de existencia de una vulneración
o amenaza del derecho e interés colectivo al goce del espacio público y la utilización
y defensa de los bienes de uso público, con ocasión de la problemática planteada,
así como las órdenes de protección impartidas a autoridades diversas a la entidad
recurrente.
71. En ese orden de ideas, la Sala procederá a estudiar los argumentos de la
autoridad recurrente con el objeto de determinar si las medidas adoptadas por el
Tribunal son o no pertinentes en torno a la superación de la vulneración o amenaza
de los derechos e intereses colectivos.
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Análisis de los argumentos de la sociedad Rodríguez Franco y Cía. S C S
Organización Nacional de Comercio Onl Y, en el caso concreto
72. En relación con el primer argumento, relativo a que el Tribunal incurrió en una
incoherencia entre la parte motiva y la parte resolutiva de la sentencia, proferida en
primera instancia, cuando determinó que la sociedad recurrente era responsable de
la vulneración al derecho e interés colectivo al goce del espacio público y la
utilización y defensa de los bienes de uso público a pesar de haber indicado que,
en primer lugar, no había afectación intencional a otro derecho e interés colectivo
como es el del goce de un ambiente sano debido a que las construcciones contaban
con la autorización de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la Sala
considera, por un lado, conforme lo indicado en el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial, que se trata de derechos e intereses colectivos que, aún cuando se
encuentran relacionados, son diferentes y requieren de la prueba de presupuestos
específicos en cada caso para determinar su vulneración o amenaza.
73. En efecto, por un lado, el Tribunal consideró que el derecho e interés
colectivo al goce de un ambiente sano no se encontraba afectado debido a que las
construcciones existen como consecuencia de una manifestación de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca que permitió la realización de ciertas
construcciones y ordenó la respectiva reforestación con la siembra de 600 árboles.
74. Por el otro, respecto al goce del espacio público y la utilización y defensa de
los bienes de uso público, el Tribunal advirtió que los hexápodos fueron instalados
a la altura del predio “Casa Blanca” sin cumplimiento de los requerimientos técnicos
que habían sido aprobados, por la autoridad ambiental, con el propósito de
garantizar el control erosivo y de inundaciones. Por tal razón, encontró vulnerado el
derecho colectivo al goce del espacio público en cuanto era la invasión no permitida
del río Bogotá.
75. Si bien es cierto, una misma circunstancia puede incluir derechos
transversales; sin embargo, las situaciones en torno a la configuración de una
vulneración o amenaza en uno u otro caso son diferentes y, para el caso concreto,
se determinó que la apropiación de zonas del cuerpo hídrico sin la adecuación de
las construcciones a las indicaciones dadas por la autoridad que vela por la
protección de los cuerpos naturales genera una afectación al uso permitido para
dicho sector que, entre otras cosas, autorizado para recreación contemplativa.
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76. Adicionalmente, se debe resaltar que, si bien, el Tribunal tuvo en cuenta la
Resolución núm. 0030 de 15 de enero de 2013, mediante la cual la autoridad
ambiental le concedió autorización a la sociedad accionada para la realización de
cuatro (4) terraplenes con el propósito de salvaguardar la estabilidad del talud del
río Bogotá, tuvo en cuenta la serie de manifestaciones de la autoridad ambiental
que indican que las construcciones realizadas no corresponden a lo autorizado.
77. En ese orden de ideas, en Informe Técnico núm. 0841 de 30 de octubre de
2017, la Corporación Autónoma Regional manifestó que los hexágonos y espolones
que fueron instalados en el cauce del río a la altura del predio “Las Juanas” no
corresponden a las especificaciones técnicas que habían sido autorizadas en la
citada Resolución; en ese sentido, la Sala considera que las actividades realizadas
por la sociedad apelante no corresponden a lo permitido y, tal como se reiteró en
múltiples ocasiones por la autoridad ambiental, es necesario que retire totalmente
dichas estructuras, instaladas en el río Bogotá, en tanto el río y su zona de ronda
constituyen espacio público.
78. Respecto al argumento relativo a que no hay prueba sobre la vulneración a
los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano y a la existencia
del equilibrio ecológico, la Sala considera que el Tribunal advirtió que no encontraba
a la sociedad como responsable de la afectación de dichos derechos colectivos por
cuanto la autoridad ambiental había verificado la solicitud de ocupación de caudal y
había aprobado el uso para terraplenes; sin embargo, las razones que señaló para
llegar a dicha conclusión no aplican necesariamente para determinar que no hubo
vulneración o amenaza a otros derechos o intereses colectivos, como al goce del
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, que fue el
amparado en la sentencia proferida por el Tribunal, en este caso concreto, debido
a que se presentó una invasión al cauce saliéndose de las indicaciones permitidas
por la autoridad ambiental.
79. Ahora bien, la sociedad Rodríguez Franco y Cía. S C S Organización
Nacional de Comercio Onl Y argumentó, en su recurso de apelación, que en este
caso las partes no lograron probar la vulneración al derecho colectivo al goce del
ambiente sano debido a que el cambio del cauce se dio por fenómenos naturales.
80. Al respecto, la Sala observa que en los informes técnicos indicados supra, la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca se pronunció reiteradamente
afirmando que la intervención de la fuente hídrica con estructuras construidas en el
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río Bogotá, como se señaló en el Informe Escrito de 1 de marzo de 2017, “[…] se
definen como obras agresivas, las cuales modifican bruscamente la dinámica
normal del río, y tienden a direccionar las líneas de flujo hacia la otra orilla […]”,
resaltando no solamente que se probó un cambio en el cause normal del mismo,
sino que el cambio del cauce no se dio por razones naturales sino que las
construcciones tuvieron repercusión en ello.
81. En dicha oportunidad, se explicó que se debía implementar un plan de
manejo y retiro no solo de las estructuras, sino de otros materiales instalados en la
misma como llantas, mediante un procedimiento apropiado que garantice la
protección de esa zona del río Bogotá, que tiene la condición de espacio público.
82. Ahora bien, en el recurso se argumentó que la orden relacionada con el retiro
de los materiales artificiales del río Bogotá a la altura del predio “Las Julias” debe
ser revocada por ser considerada como hecho superado y que ha venido
adelantando, con anuencia de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, una propuesta de “[…] OBRAS PARA MITIGAR EL IMPACTO DE
LOS TRABAJOS REALIZADOS Y AUTORIZADOS POR LA CAR EN LA
RESOLUCIÓN 030 DEL 15 DE ENERO DE 2013 […]” que involucran las fincas “Las
Julias” y “Casablanca” de su propiedad.
83. En ese sentido, es válido mencionar que una de las modalidades para que
se presente el fenómeno jurídico de carencia actual de objeto se constituye en la
prueba de un hecho superado, explicado por la Corte Constitucional63 como el
acaecimiento del cese de la vulneración de los derechos e intereses alegados, entre
la interposición de la acción y la sentencia proferida por el juez, y la completa
satisfacción de las pretensiones de la acción por hechos imputables a la parte
accionada.
84. Al respecto, esta Sección ha reiterado que es necesaria la demostración de
dicha circunstancia; es decir, pese al argumento de superación de la situación que
dio lugar a la instauración de la demanda, el juez debe “[…] verifi[car] el cese de la
amenaza o vulneración de los derechos colectivos aducidos por el actor popular
[…]”64 y, en caso de encontrar que la amenaza o la vulneración subsiste, no podrá
declarar el hecho superado65.
63 Corte Constitucional, sentencia T-060 de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de julio de 2013,
número único de radicación: 2010-00650-01(AP), M.P. María Elizabeth García González.
65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de enero de
2014, número único de radicación: 410012331000201100356-01(AP), M.P. María Elizabeth García González.
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85. En síntesis, esta Sección ha señalado:
“[…] la carencia de objeto por haberse superado el hecho vulnerador que originó la
acción, se da cuando se comprueba que entre la presentación de ésta y el momento
de dictar el fallo cesó la amenaza o vulneración del derecho cuya protección se
había solicitado y, en tal circunstancia, ya no será necesaria la orden de protección,
pero en todo caso, debe el juez declarar que la mencionada amenaza o vulneración
existió[,] pero desapareció […]”66.
86. Ahora bien, en el caso concreto, la sociedad accionada allegó copia del
Informe Técnico DESCA núm. 1743 de 24 de octubre de 201867, expedido por la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, mediante el cual realizó una
evaluación documental de la propuesta realizada por la accionada sobre el retiro de
las obras del río Bogotá. En dicho documento la autoridad ambiental evaluó los
puntos de lo sugerido por la sociedad precisando que el alcance de dicho Informe
Técnico correspondió exclusivamente a la evaluación de la propuesta de retiro de
las obras presentada por el usuario para dar la autorización de inicio de actividades
de retiro.
87. Más adelante, la autoridad ambiental realizó visita de campo a los 24 predios
de propiedad de la sociedad accionada y en el Informe Técnico DRAM núm. 0950
de 18 de diciembre de 2018, destacó que “[…] [d]urante el recorrido realizado el día
13 de diciembre del año en curso se pudo evidenciar la presencia de hexápodos,
llantas y RCD que conformaban las obras hidráulicas (Espolones) sobre el
margen derecho del R[í]o Bogotá. Así mismo, algunos de los puntos
mencionados por el usuario se encuentran restituidos naturalmente ya que por
comportamiento natural y la dinámica normal del Rio ha realizado la labor de
arrastre de dichos materiales desapareciendo las condiciones iniciales de las obras
ejecutadas […]” y continuó señalando que “[…] el retiro de todos los materiales que
conformaban los espolones se debe realizar de forma manual, teniendo en cuenta
que la cantidad de material a retirar es mínima (menor a 5 llantas y un hexápodo) y
la susceptibilidad que presenta la margen derecha del r[í]o y la susceptibilidad que
presenta la margen derecha del r[í]o, así como la imposibilidad de poner la
maquinaria (retroexcavadora sobre orugas) en dicho punto […]” (Destacado fuera
de texto).
66 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C. P.: Marco Antonio Velilla
Moreno, sentencia de 29 de agosto de 2013, número único de radicación: 250002324000201000616-01(AP).
67 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_02CUADERNOPRINCIPA(.PDF) NroActua 2. Páginas 677-687.
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88. De allí, la Sala concluye que, si bien se han adelantado actuaciones por la
sociedad recurrente, las actividades de retiro no se han finalizado en su totalidad. A
pesar que se precisó en dicho informe que la mayoría de elementos han sido
removidos con ocasión de la actividad natural del río Bogotá, se considera que no
se encuentra probada la situación de superación invocada por la sociedad
accionada y, por ende, no se encuentra probada una carencia actual de objeto por
hecho superado en los términos solicitados en el recurso de apelación.
89. Ahora bien, la sociedad apelante indicó en su recurso de apelación que “[…]
en el informe técnico DRAM 0841 del 30 de octubre de 2017 emanado de la CAR,
y citado en el fallo como fundamento de la orden de remover los hexápodos, no
puede tenerse en cuenta como prueba y menos como fundamento de la decisión,
por no corresponder al lugar de los hechos objeto de la acción popular […]” y explicó
que “[…] las coordenadas señaladas [974056 y E;923102] corresponden a la
margen del río a la altura del inmueble denominado EL DILUVIO, el cual no es de
propiedad de la sociedad que represento […]”.
90. La Sala advierte que dicho Informe Técnico expresamente indicó que “[…] el
recorrido inici[ó] en el predio denominado Las Julias, ubicado en Coordenadas N:
973733 E: 923213 […]” continuó por una serie de predios ubicados en la margen
izquierda del río Bogotá, no únicamente en el predio Las Julias. Tal como se señaló
en la relación probatoria indicada previamente, hay una serie de informes y
documentos que respaldan el criterio de la necesidad del retiro de los hexápodos
para permitir que el cauce natural del río Bogotá continúe sin obstaculizaciones ni
alteraciones, tales como: i) Informe Técnico núm. 0111 de 23 de febrero de 2017; ii)
Informe Técnico DESCA núm. 1743 de 24 de octubre de 2018; iii) Auto DRAM núm.
1422 de 12 de diciembre de 2018; e iv) Informe Técnico DRAM núm. 0950 de 18 de
diciembre de 2018.
91. La sociedad Rodríguez Franco y Cía. S C S Organización Nacional de
Comercio Onl Y también manifestó que los procesos sancionatorios identificados
con núms. 38541 y 44512 se encuentran en curso y que las pruebas allí practicadas,
las cuales pretendían respaldar la postura del recurrente, se realizaron con
posterioridad a la etapa probatoria de la presente acción popular; en ese sentido, la
Sala reitera que la falta de responsabilidad en la lesión o puesta en peligro de los
derechos e intereses colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispone
el artículo 30 de la Ley 472. A su vez, que le corresponde a la parte la carga de
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acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones que ellas persiguen y
en este trámite se surtieron las etapas pertinentes para tal propósito.
92. Posterior a apreciar los elementos de prueba y resaltar lo inmediatamente
señalado, la Sala considera que quedó probado que se han adelantado gestiones
de retiro de los hexágonos y demás elementos previamente instalados en la ronda
del río Bogotá; sin embargo, es necesario que la sociedad accionada asuma las
medidas específicas para retirar la totalidad de elementos artificiales no autorizados
de la ronda del río, en cuanto a los predios objeto de esta acción popular se refiere.
93. Por todo lo mencionado, la Sala confirmará, en lo relacionado con las órdenes
impartidas a la sociedad recurrente, la sentencia de 31 de enero de 2019 proferida
en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
94. Finalmente y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.
Comité de verificación de cumplimiento de la sentencia, en el caso concreto
95. Atendiendo a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia
proferida, en primera instancia, resolvió en el ordinal cuarto, lo siguiente:
“[…] CUARTO.- CONFÓRMASE el Comité de Verificación el cual estará integrado
por el demandante, un delegado de la CAR, el representante legal de la sociedad
RODRÍGUEZ FRANCO Y CIA S. en C. ORGANIZACIÓN DE COMERCIO ONLY y
el Agente del Ministerio Público, el cual será presidido por el Magistrado Ponente
[…]”.
96. La Sala considera que se debe modificar la parte resolutiva de la sentencia
de 31 de enero de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
en lo relacionado con la conformación del Comité de Verificación de Cumplimiento,
en el sentido de precisar que en el evento en que se observe, durante la ejecución
de la sentencia, que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las
autoridades obligadas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el marco del
Comité de Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para
garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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Conclusiones de la Sala
97. En suma, la Sala considera que la sociedad debe dar cumplimiento a las
órdenes impartidas en la presente sentencia, teniendo en cuenta que es el principal
responsable por ser propietario de los predios mencionados.
98. En consecuencia, se modificará el ordinal cuarto de la sentencia de 31 de
enero de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se
confirmará en lo demás la precitada sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de
31 de enero de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en
primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia,
el cual quedará de la siguiente manera:
“CUARTO.- CONFORMAR el Comité de Verificación de cumplimiento, el cual estará
integrado por: i) el Magistrado Ponente, quien lo presidirá; ii) el accionante; iii) un
delegado de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca; iv) el
representante legal de la sociedad Rodríguez Franco y Cía. S C S Organización
Nacional de Comercio Onl Y; y v) el agente del Ministerio Público.
En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el marco del Comité de Verificación,
podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar su
cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia”.
SEGUNDO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de 31 de enero de 2019
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.
QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
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Administrativo de origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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