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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-41-000-2015-00957-02

Fecha
8 de junio de 2023
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-41-000-2015-00957-02

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 15 de julio del 2021, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-41-000-2015-00957-02

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

8 de junio de 2023

Radicado: 25000-23-41-000-2015-00957-02 (26953)
Demandante: RODRIGO DE JESÚS JARAMILLO CORREA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-41-000-2015-00957-02 (26953)
Demandante: Rodrigo de Jesús Jaramillo Correa
Demandado: Superintendencia Financiera de Colombia

Temas: Conflicto de interés. Omisión del deber de divulgar información
relevante para el mercado de valores.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 15 de julio del 2021, dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, que negó las pretensiones de la
demanda, y condenó en costas a la parte vencida 1.

ANTECEDENTES

Previo pliego de cargos 2, la Superintendencia Financiera de Colombia mediante la
Resolución nro. 0204 del 7 de febrero del 2014 3, sancionó al señor Rodrigo de Jesús
Jaramillo Correa, representante legal de la sociedad Interbolsa S.A., con una multa de
$400.000.000 por haber incurrido en la infracción contemplada en el literal g) del
artículo 50 de la Ley 964 del 2005; es decir, por no haber divulgado en forma veraz,
oportuna, completa o suficiente información que pudiere afectar las decisiones de los
accionistas en la respectiva asamblea o que, por su importancia, pudiera afectar la
colocación de valores, su cotización en el mercado o la decisión de los inversionistas
de vender, comprar o mantener dichos valores. Esta decisión fue confirmada mediante
la Resolución nro. 0769 del 21 de mayo del 20144 suscrita por el entonces
Superintendente Financiero, Gerardo Alfredo Hernández Correa.

El 31 de julio del 2014, mediante documento con radicado nro. 2012082606-079-0005,
el demandante solicitó a la entidad la revocatoria directa de las mencionadas
resoluciones por considerar que el Superintendente Financiero se encontraba
impedido al momento de confirmar la sanción. Mediante la Resolución nro. 1666 del
24 de septiembre del 20146 se negó esta solicitud.

1 Folios 1 a 22, índice 2, SAMAI.
2 Folios 399 a 447, índice 2, SAMAI.
3 Folios 7 a 35, índice 2, SAMAI.
4 Folios 37 a 65, índice 2, SAMAI.
5 Folios 568 a 573, índice 2, SAMAI.
6 Folios 602 a 612, índice 2, SAMAI.

1
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Radicado: 25000-23-41-000-2015-00957-02 (26953)
Demandante: RODRIGO DE JESÚS JARAMILLO CORREA

Agotando el requisito de procedibilidad, Rodrigo Jaramillo Correa radicó el 8 de octubre
del 2014 la solicitud de conciliación, la cual culminó con una constancia de falta de
acuerdo emitida por el Ministerio Público el 24 de noviembre del 20147.

Por otro lado, ante la Procuraduría General de la Nación se surtió la investigación
disciplinaria con radicado nro. IUS 2012 430 271 – IUC D 2012 792 566614 contra el
Superintendente Financiero Gerardo Alfredo Hernández, en la cual se profirió la
Resolución del 27 de noviembre del 20138 imponiéndole la sanción de destitución e
inhabilidad general por 12 años por incumplimiento de sus deberes, y modificada en
virtud del recurso de reposición mediante la Resolución del 2 de marzo del 20159 a 10
meses de suspensión.

DEMANDA

Rodrigo de Jesús Jaramillo Correa, en ejercicio del medio de control previsto en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, formuló mediante apoderado ante esta jurisdicción las siguientes
pretensiones 10:

“1. Que declare la nulidad de la Resolución No. 0769 del 21 de mayo de 2014, por medio
de la cual se resuelve el recurso de apelación presentado en contra de la Resolución
No. 0204 del 7 de febrero de 2014, por medio de la cual se decidió confirmar la
sanción impuesta al señor RODRIGO DE JESÚS JARAMILLO CORREA al pago de
una multa de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000).

2. Ordénese a la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, al
restablecimiento de los derechos afectados al señor RODRIGO DE JESÚS
JARAMILLO CORREA, entre ellos el pago de costas y agencias en derecho.”

Normas invocadas como vulneradas

El demandante invocó como normas vulneradas los artículos 4 y 29 de la Constitución
Política, 40 de la Ley 734 de 2002, 11 de la Ley 1437 de 2011, y numeral 3.3. del Código
de Gobierno Corporativo de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Concepto de violación

Manifestó que en el trámite del procedimiento administrativo se le vulneró el derecho
al debido proceso porque al momento de suscribir la Resolución nro. 0769 del 21 de
mayo del 2014, el Superintendente Financiero Gerardo Alfredo Hernández Correa se
encontraba inmerso en una situación de conflicto de interés de conformidad con el
artículo 40 de la Ley 734 del 2002, los numerales 1, 5 y 13 del artículo 11 de la Ley
1437 del 2011 y el numeral 3.3. del Código de Gobierno Corporativo de la entidad, ya
que cursaba en su contra investigación disciplinaria ante la Procuraduría General de
la Nación por la omisión de sus deberes de vigilancia y control.

Por lo anterior, al no informar y tramitar el conflicto de interés se desconoció el principio
de legalidad que debe sustentar todo acto administrativo. Además, el Superintendente

7 Folios 91 a 92, índice 2, SAMAI.
8 Folios 881 a 999 y 1 a 172, índice 2, SAMAI.
9 Folios 173 a 256, índice 2, SAMAI.
10 Folio 1 a 11, índice 2, SAMAI.

2
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Demandante: RODRIGO DE JESÚS JARAMILLO CORREA

faltó a su deber de salvaguardar los principios de transparencia, legalidad, igualdad,
imparcialidad, objetividad, neutralidad y proporcionalidad, porque confirmó la sanción
impuesta al señor Jaramillo Correa y determinó como valor a pagar el monto más alto
establecido en la ley, con el objetivo de obtener un beneficio en la investigación
adelantada en su contra por la Procuraduría General, la cual se sustentó en que este
funcionario no ejerció oportunamente las medidas necesarias para suspender las
operaciones realizadas por Interbolsa S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa – SCB, en
la cual el demandante tenía la calidad de representante legal.

Por lo tanto, indicó que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo
11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, se afectó el derecho al debido proceso, el
derecho de defensa y la aplicación del principio de favorabilidad para el demandante,
dado que el Superintendente, por el hecho de estar siendo investigado por asuntos
relacionados con la sociedad Interbolsa S. A., se encontraba inhabilitado para ejercer
sus funciones sancionatorias en asuntos relacionados con la investigación en su
contra, y especialmente para confirmar la sanción en contra del demandante.

Finalmente, comparó la situación del Superintendente de Sociedades al declararse
impedido para conocer de las actuaciones administrativas, procesos mercantiles y de
insolvencia relacionados con la sociedad Interbolsa S.A. con la actuación adelantada
por el Superintendente Financiero, quien en cambio no se declaró impedido para tomar
una decisión en el proceso que culminó con la sanción cuestionada, existiendo razón
para ello.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Superintendencia Financiera de Colombia se opuso a las pretensiones de la
demanda11 al considerar que no se vulneraron los derechos al debido proceso y
defensa del demandante, pues en el procedimiento administrativo se respetaron las
etapas y los términos establecidos en el artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero. Además, consideró que no se vulneró el principio de favorabilidad porque
ni siquiera podía ser aplicado al no presentarse un tránsito normativo durante la
expedición de los actos acusados.

Advirtió que el demandante confundió los conceptos de inhabilidad y conflicto de
interés, pero que en cualquier caso el Superintendente no se encontraba inmerso en
ninguno de ellos al momento de proferir la Resolución nro. 0769 del 2014, ya que los
cargos de la Procuraduría, en el disciplinario que se adelantaba contra él, no tenían
relación con el proceso sancionatorio administrativo en contra del demandante; es
decir, no eran procesos en donde se estuviese controvirtiendo la misma situación
jurídica, ni el incumplimiento de las mismas obligaciones. Y, aunque según la
providencia del 27 de noviembre del 2013 la Procuraduría sancionó al
Superintendente con destitución e inhabilidad general por 12 años, dicha sanción no
estaba en firme al momento de emitir la resolución acusada.

Por lo tanto, el Superintendente ejerció sus funciones administrativas sin vulnerar los
principios de transparencia, objetividad, legalidad, igualdad, imparcialidad y
neutralidad, y sin ningún interés particular para la obtención de un beneficio propio.
Prueba de esto es que no era posible presentar como sustento del cumplimiento de
su deber de vigilancia y control la sanción impuesta al accionante, porque el cierre del

11 Folios 1 a 91, índice 2, SAMAI.

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Demandante: RODRIGO DE JESÚS JARAMILLO CORREA

periodo probatorio en el proceso disciplinario en su contra tuvo lugar el 7 de octubre
de 2013, momento para el cual no se había proferido siquiera la Resolución 0204 de
2014.

Por otro lado, afirmó que el valor determinado como sanción no era el más alto
permitido por ley, ya que según el artículo 55 de la Ley 964 de 2005 la
Superintendencia podía imponer multas por cada infracción hasta por el equivalente
para el año 2012 a $179.298.010, graduadas según la gravedad de las infracciones
cometidas.
Por último, señaló que el conflicto de interés por el cual el Superintendente de
Sociedades se declaró impedido fue porque su madre era inversionista de una de las
sociedades estrechamente relacionadas con Interbolsa Holding, por lo que no era un
caso comparable al analizado.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que no se probó la existencia de una violación al régimen de conflictos de
intereses al momento de expedirse los actos administrativos acusados.

La sanción impuesta al demandante se fundó en el hecho de que Rodrigo Jaramillo
Correa era representante legal de la sociedad Interbolsa S.A. e incumplió su deber de
divulgación de información relevante al mercado de valores; en cambio, lo que
sustentó la investigación por parte de la Procuraduría contra el Superintendente
Financiero Gerardo Alfredo Hernández fue la falta de adopción de medidas
preventivas por la supuesta manipulación del precio de la especie Fabricato y de la
liquidez de la especie BMC, y por haber retardado la denuncia sobre estos hechos
ante la Fiscalía General de la Nación.

El Tribunal concluyó que las actuaciones de la Procuraduría y de la Superintendencia
fueron autónomas e independientes. De esta forma, estableció que la parte
demandante no probó que con la expedición de los actos administrativos acusados se
haya menoscabado el interés general propio de la función pública con un interés
particular y directo del Superintendente Financiero, ni tampoco que el demandante en
sede administrativa haya ejercido su derecho de recusación como lo prevé el artículo
12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Por lo anterior, no declaró una afectación al régimen de conflicto de intereses y
condenó en costas a la parte demandante.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante apeló el fallo12, con base en los siguientes argumentos:

Los actos administrativos acusados fueron falsamente motivados y vulneraron los
derechos del debido proceso, favorabilidad y defensa del demandante porque el
Superintendente Gerardo Alfredo Hernández debió declararse impedido para proferir
la resolución confirmatoria de la sanción impuesta al señor Jaramillo Correa, por
encontrarse en una situación de conflicto de intereses.

12 Folios 1 a 10, índice 2, SAMAI.

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Demandante: RODRIGO DE JESÚS JARAMILLO CORREA

Señaló que entre ambos procesos sancionatorios existe una relación de causalidad,
porque se culminó de manera precipitada la investigación sancionatoria adelantada
contra el demandante, mientras se encontraba en trámite el recurso de reposición en
el proceso disciplinario adelantado contra el Superintendente por no haber tomado las
medidas para suspender las operaciones realizadas por Interbolsa S.A. SCB y por el
Grupo Empresarial Interbolsa, con la finalidad de demostrar por parte de este una
debida gestión de sus funciones de vigilancia y control.

El Tribunal realizó una indebida valoración probatoria porque no declaró el
incumplimiento de las funciones otorgadas al Superintendente señaladas en el artículo
11.2.1.4.2. del Decreto 2555 de 2010, y porque no tuvo por probado que las decisiones
adoptadas en los actos acusados fueron parcializadas y en función de un interés
particular para generar una situación más favorable en el curso de la actuación
disciplinaria que cursaba contra ese funcionario. Con fundamento en la sentencia C-
156 del 2013 al referirse a las funciones jurisdiccionales otorgadas a las autoridades
administrativas, el Tribunal debió concluir que en el ejercicio de la potestad
sancionatoria la Superintendencia no observó los principios de independencia e
imparcialidad, y desconoció las garantías al debido proceso de Rodrigo Jaramillo
Correa.

Consideró que, si bien las actuaciones realizadas por la Superintendencia Financiera
y aquellas adelantadas por la Procuraduría General de la Nación son independientes
desde el punto de vista funcional y de competencias legales, se trata de dos asuntos
que guardaban una estricta relación que podría favorecer o perjudicar la situación
jurídica del Superintendente, configurando el conflicto de interés alegado.

Por último, reiteró que el Superintendente de Sociedades mediante Resolución del 7
de noviembre del 2014 se declaró impedido para conocer de las actuaciones
administrativas relacionadas con la sociedad Interbolsa S.A., contrario a lo que
sucedió con el Superintendente Financiero.

TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA

Dado que no se decretaron pruebas en segunda instancia, en concordancia con el
numeral 5 del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 del 2021, no
se corrió traslado para alegar.

La parte demandada se pronunció 13 durante la oportunidad prevista en el numeral 4
del artículo citado indicando que el recurso de apelación presentado por el
demandante es una reiteración de la demanda con el que pretende reabrir el debate
probatorio, por lo que solicita se rechace el recurso de apelación por indebida
sustentación.

Por otro lado, se ratifica en lo expuesto en la contestación de la demanda y en los
alegatos de conclusión de primera instancia en relación con la inexistencia de un
conflicto de intereses en cabeza de Gerardo Alfredo Hernández al proferir las
resoluciones que sancionaron al demandante.

13 Folios 1 a 11, índice 12, SAMAI.

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Demandante: RODRIGO DE JESÚS JARAMILLO CORREA

El Ministerio Público guardó silencio durante la oportunidad prevista en el artículo
247 numeral 6.° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación le corresponde a la Sala determinar si se
afectó el debido proceso del actor al expedir el acto administrativo que confirmó la
sanción, por la posible configuración de un conflicto de interés y, si el acto
administrativo fue proferido por el Superintendente con el ánimo de obtener beneficios
en el proceso disciplinario adelantado en su contra por la Procuraduría General de la
Nación por estar vinculado o tener incidencia en este.

Conflicto de intereses como causal de impedimento para ejercer la función
administrativa

El demandante alega un posible conflicto de intereses del entonces Superintendente
Financiero Gerardo Alfredo Hernández porque mientras se adelantaba en su contra
una investigación disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación por el
incumplimiento de sus deberes de vigilancia y control sobre el Grupo Empresarial
Interbolsa, profirió la Resolución nro. 0769 del 21 de mayo del 2014, mediante la cual
confirmó la sanción impuesta por la Superintendencia en contra de Rodrigo Jaramillo
Correa en su calidad de representante legal de Interbolsa S.A.

Respecto de la figura del conflicto de intereses el artículo 40 de la Ley 734 del 2002
establece que todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un
asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o
decisión.

Igualmente el artículo 11 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo indica que “cuando el interés general propio de la función
pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este
deberá declararse impedido” lo cual puede presentarse, según las causales indicadas
por el demandante, cuando se tiene un interés particular y directo en la regulación,
gestión, control o decisión del asunto (numeral 1); o cuando existe litigio o controversia
ante autoridades administrativas o jurisdiccionales entre el servidor y cualquiera de los
interesados en la actuación (numeral 5), o si tiene el servidor decisión administrativa
pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que él debe resolver
(numeral 13).

Esta regulación fue adoptada en el capítulo nro. 3 del Código de Gobierno Corporativo
de la Superintendencia Financiera, advirtiendo que el funcionario que se encuentre en
una posible situación de conflicto de intereses, “deberá declarar por escrito el
impedimento ante su inmediato superior, para que defina si continúa conociendo de la
misma, de acuerdo con las causales y procedimiento establecidos en los artículos 11
y 12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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Demandante: RODRIGO DE JESÚS JARAMILLO CORREA

Ahora bien, esta Corporación ha reiterado las características propias del conflicto de
intereses como una situación que genera un impedimento para la persona en quien
recae. De esta forma ha expresado14:

“La jurisprudencia de esta Corporación ha cumplido un papel preponderante a la hora de
definir las reglas para el desarrollo de este concepto jurídico indeterminado y para tal
efecto ha señalado que el interés debe ser entendido como (…) aquellas situaciones de
carácter particular en las cuales puede verse comprometida la independencia, la
ecuanimidad, la imparcialidad y la ponderación de los servidores públicos llamados a
proferir una decisión que les compete y de cuya adopción pueden derivarse beneficios
directos, particulares y concretos para ellos mismos, sus cónyuges o compañero/as
permanentes, alguno de sus parientes dentro del grado de parentesco que en cada caso
establezca la ley, o alguno de sus socios.

El interés exigido debe ser directo, esto es, que surja del cumplimiento de una función
encomendada al servidor público (…); particular pues debe recaer directamente en él
porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera
permanente, o a alguno de sus parientes (…); real, que se opone a lo hipotético o eventual
y puede ser de orden económico o moral, lo que significa que no es netamente
patrimonial.”

De las pruebas aportadas al proceso, se verifica que la investigación contra el señor
Jaramillo Correa inició con el pliego de cargos nro. 20120826906-005-000 del 2 de
enero del 2013 y culminó con la expedición de la Resolución nro. 0204 del 7 de febrero
del 2014, confirmada por la Resolución nro. 0769 del 21 de mayo del 2014.

Otra de las pruebas aportadas y valoradas por el a quo fue el informe juramentado
rendido por el Superintendente Financiero Jorge Castaño Gutiérrez el 17 de enero del
201915, decretado en la audiencia inicial, en el cual se detalló la importancia de
diferenciar las sociedades Interbolsa S.A. e Interbolsa S.A. SCB, ya que en la demanda
y recurso de apelación se mencionan indistintamente. Según el informe, la primera
actuaba como holding del grupo y tenía la condición de emisor de valores por tener
sus acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE-; por su
parte, Interbolsa S.A. SCB era una de las sociedades integrantes del grupo y
desarrollaba las operaciones legalmente autorizadas a las sociedades comisionistas
de bolsa como la celebración de contratos de comisión para la compra y venta de
valores.

Mediante este informe se precisó que “(…) el señor Jaramillo Correa fue investigado
únicamente en su condición de Representante Legal de Interbolsa S.A. y en esa
calidad fue sancionado mediante la Resolución No. 0204 del 7 de febrero de 2014, sin
que en ningún momento se le haya reprochado en estos por su relación con Interbolsa
S.A. SCB o por hechos ocurridos al interior de dicha sociedad comisionista de bolsa.”

Por su parte, en la providencia del 26 de septiembre del 201616, confirmada con la
providencia del 17 de octubre del 2017 17, la Procuraduría General dentro del
expediente con radicado nro. IUS-2014-288027 resolvió la queja disciplinaria
interpuesta por el demandante contra el Superintendente Gerardo Alfredo Hernández,
por tener un conflicto de intereses al momento de resolver la apelación de la sanción

14 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, Sentencia del 18 de marzo

del 2021, exp. nro. 85001-23-33-000-2020-00016-02(PI). C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; Sentencia del 16
de septiembre del 2021, exp. nro. 47001-23-33-000-2020-00544-01(PI). C.P. Oswaldo Giraldo López.
15 Folios 9 a 25, índice 2, SAMAI.
16 Folios 31 a 41, índice 2, SAMAI.
17 Folios 43 a 61, índice 2, SAMAI.

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Demandante: RODRIGO DE JESÚS JARAMILLO CORREA

que le fue impuesta y la solicitud de revocatoria directa de los actos demandados. En
esta actuación el Ministerio Público, al analizar si el funcionario incurrió en una falta
disciplinaria por comprometer su imparcialidad en los procesos indicados, consideró
que “(…) el conflicto de interés, independientemente del tipo de razón en que se
origine (económica, moral intelectual, etc.). en cuanto prive al funcionario de la
imparcialidad necesaria para la adopción de la decisión de que se trate, hace
necesario que el servidor deba declarar su impedimento, situación que no se dio en el
presente caso.”

Además, se manifestó que “(…) la investigación administrativa que se adelantó en
contra del quejoso, no surgió como consecuencia del fallo sancionatorio adoptado por
este organismo de control el 28 de noviembre de 2013 en contra del doctor
GERARDO”. Por lo tanto, archivó la diligencia toda vez que no encontró procedente
imputar irregularidad disciplinaria por el supuesto conflicto de intereses y declaró no
vulnerado el principio de imparcialidad ya que se le garantizaron todos los derechos
al señor Rodrigo Jaramillo Correa.

Finalmente, no se encontró evidencia de que el demandante hubiere tramitado dentro
del procedimiento sancionatorio adelantado en su contra solicitud de recusación del
Superintendente Financiero, si consideraba que estaba incurso en alguna de las
causales de conflicto de intereses o impedimento establecidas en los artículos 11 y 12
del CPACA, lo que indica que aun conociendo la competencia funcional del
Superintendente para resolver el recurso interpuesto contra la sanción que le impuso
la entidad, no ejerció su derecho de recusación en la oportunidad legal.

De las pruebas antes señaladas y que obran en el expediente, esta Sala considera
que una vez analizadas junto con los argumentos expuestos por las partes, no es
posible sustentar una indebida valoración probatoria en la sentencia de primera
instancia, ni en consecuencia, considerar la existencia de un conflicto de intereses del
Superintendente Financiero al momento de proferir la Resolución nro. 0769 del 2014,
ni que se hayan vulnerado los derechos al debido proceso, defensa e imparcialidad en
la actuación administrativa.

Se concluye lo anterior porque la sanción impuesta al señor Jaramillo Correa no
representó un interés particular y directo para el funcionario ni un beneficio en la
investigación disciplinaria que se adelantaba en su contra; es decir, no se encontró
probado el supuesto de hecho determinado en el numeral 1.º del artículo 11 del
CPACA. Confirman estas conclusiones el hecho de que el periodo probatorio del
proceso disciplinario ante la Procuraduría culminó el 7 de octubre del 2013, momento
para el cual no se había proferido la Resolución Sanción nro. 0204 del 7 de febrero del
2014, ni el Superintendente había realizado actuación alguna dentro del proceso
administrativo que aquí se demanda. Asimismo, no se encontró dentro del expediente
alguna referencia realizada por el Ministerio Público en el proceso disciplinario que
vinculara el resultado de la sanción contra el demandante con la decisión adoptada
por esa entidad.

Se debe agregar que tampoco se encontraba el Superintendente inhabilitado para
tomar la decisión cuando emitió la Resolución nro. 0769 del 21 de mayo del 2014
porque se estaba surtiendo el trámite del recurso de reposición interpuesto contra la
resolución disciplinaria, lo cual supone que no se encontraba ejecutoriada la decisión
de inhabilidad y por lo tanto, tenía el deber de cumplir con las funciones y competencias
como jefe de la entidad que representaba de conformidad con las normas vigentes
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Radicado: 25000-23-41-000-2015-00957-02 (26953)
Demandante: RODRIGO DE JESÚS JARAMILLO CORREA

para ese momento señaladas en el literal l) del numeral 4 del artículo 208 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero y el numeral 10 del artículo 11.2.1.4.2. del Decreto
2555 del 2010.

De igual forma, no se configura el supuesto de hecho establecido en el numeral 5 del
artículo 11 del CPACA, pues se descarta la existencia de un litigio entre el
Superintendente y el demandante ya que no se probó que estuviera en curso alguna
controversia entre ellos.

No se advierte que se presente la causal del numeral 13 ibidem, debido a que los
procesos sancionatorios no versaron sobre la misma cuestión jurídica, en la medida
en que como quedó comprobado, el proceso contra el demandante en su calidad de
representante legal de Interbolsa S.A. se adelantó por el incumplimiento de los deberes
de revelación de información al mercado de valores, mientras el proceso contra el
Superintendente fue consecuencia de incumplir sus deberes de vigilancia y control al
no haber adoptado oportunamente medidas preventivas con relación a las acciones
de Fabricato y BMC. Lo anterior significa que se investigaron a distintos sujetos
pasivos, con conductas y obligaciones de naturaleza diferente.

En este sentido, no se vulneraron las normas señaladas por el demandante respecto
del régimen de conflicto de intereses como una causal de impedimento para el ejercicio
de la función administrativa.

Por último, no resulta procedente la referencia del impedimento declarado por el
Superintendente de Sociedades de la época, ya que este se sustentó en que su madre
era inversionista de la sociedad subordinada Interbolsa Holdco Company S.A. de
Luxemburgo, y por ese hecho presentó reclamación de créditos en el proceso de
liquidación judicial de Interbolsa S.A. adelantado en la Superintendencia de
Sociedades, las cuales son situaciones de hecho diferentes a las planteadas en este
proceso.

Es por lo anteriormente expuesto que no se demostró que la sanción se haya
sustentado en alguna razón diferente a las motivaciones expuestas en los actos
acusados o que se haya vulnerado el debido proceso.

En consecuencia, no prosperan los argumentos de apelación del demandante, razón
por la que la Sala confirmará la sentencia apelada.

Condena en costas

Las costas decretadas en primera instancia no fueron objeto de apelación por lo que
esta Sala se limita a estudiar su procedencia solo en esta instancia.

Conforme a lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, y 365 numeral 8 del Código General del Proceso,
no procede la condena en costas en esta instancia, por cuanto en el expediente no se
encuentran pruebas que las demuestren o justifiquen, razón por la cual no se
condenará en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
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Demandante: RODRIGO DE JESÚS JARAMILLO CORREA

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 15 de julio del 2021,
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, de conformidad con la parte motiva de esta
sentencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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