RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-41-000-2015-00996-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2015-00996-01

Fecha
12 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2015-00996-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, para intervenir en el proceso de la referencia y, en consecuencia, SEPARAR al Magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado del conocimiento de la presente acción popular, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal noveno de la parte resolutiva de la sentencia de 26 de septiembre de 2024 proferida la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 80 Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01 “[…] NOVENO: CONFORMAR un Comité de Verificación para el cumplimiento de esta sentencia, el cual, estará integrado por: i) el Magistrado Ponente –quien lo presidirá-; ii) Andrea Padilla Villarraga y Alejandro Pardo Uribe ; iii) el alcalde distrital de Cartagena de Indias; iv) el representante de la Asociación de Cocheros; v) un delegado de la Federación de Entidades Defensoras de Animales y del Ambiente de Colombia; vi) un delegado de la Policía Ambiental de la Policía Nacional; vii) un delegado de la UMATA- Cartagena y el Procurador Delegado para Asuntos ambientales y agrarios de la Procuraduría General de la Nación o su delegado , quienes deberán presentar informe de cumplimiento de la sentencia en el término de un (1) mes, contado a partir de la ejecutoria de la presente sentencia En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el marco del Comité de Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las ordenes de la sentencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”. TERCERO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de 26 de septiembre de 2024 proferida la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal administrativo de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2015-00996-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

12 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 250002341000201500996-01
Actores: Andrea Padilla, Vanesa Suelt, Daniel López, Erika Ibarra, Alejandro Pardo,
Enrique Chávez1, Grupo de Acciones Públicas de la facultad de Derecho de la
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá
Demandados: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, Alcaldía de
Cartagena, Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena,
Departamento Administrativo de Salud de Cartagena, Unidad Municipal de
Asistencia Técnica Agropecuaria de Cartagena; Procuraduría General de la Nación;
Nación - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Nación – Ministerio de
Transporte; Ministerio de Salud; y Nación – Ministerio de Defensa - Policía
Metropolitana de Cartagena
Coadyuvantes: Adriana María Quiñones, Eva Durán, Jaime Rendón, Margelida
García Montes, María Constanza Moreno, Jaime Rendón Márquez, Lidia Yaneth
Ramírez Solarte, Liliana Ossa Zamorano,
Vinculados: Asociación de Cocheros de Cartagena2, Asociación de Cocheros
Grupo 20-20 de Cartagena, propietarios de los coches turísticos3, Alejandro José
Riaño Padilla, Federación de Entidades Defensoras de Animales y del Ambiente de
Colombia FEDAMCO y Asociación Protectora de Animales de Cartagena

Tema: Resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida
en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

1 Por medio de apoderado judicial.
2 Cuaderno 2 folio 660.
3 Vinculados por auto de 26 de julio de 2023. Álvaro de Jesús Sánchez Vergara, Julio Martínez Rincón, Fabio

Arzuza Márquez, Emilio Bolívar Quintero, Adalberto Ríos Santoya, Nancy Gil Rodríguez, Francisco Torres
Morales, Cecilia Rodríguez Cortez, Domingo Uriel Ricardo Yepes, Eduardo Soto Frías, Dionisio Larios Muentes,
Predo Bustamante Prieto, Alberto Soto Frías, Daniel Rodríguez Ramos, David Soto Frías, Jacqueline González
Herrera, Máximo Mena García, Freddy Arzuza Márquez, Luz Mary Geliz Luna, Gustavo Rafel Pérez Marimon,
Roberto Gedeón Ghisays, Édinson Ramon Reyes Solera, Miguel Bustamante Prieto y Vladimir Enrique
Guardiola Prieto

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el Distrito Turístico y Cultural
de Cartagena de Indias, contra la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2024
por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii)
consideraciones de la Sala; y iii) resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Andrea Padilla, Vanesa Suelt, Daniel López, Erika Ibarra, Alejandro Pardo,
Enrique Chávez y el Grupo de Acciones Públicas de la facultad de Derecho de la
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, en ejercicio del respectivo medio de
control, presentaron demanda contra la Procuraduría General de la Nación, el
Ministerio de Transporte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
Ministerio de Salud, Alcaldía de Cartagena, la Unidad Municipal de Asistencia
Técnica Agropecuaria de Cartagena, al Departamento Administrativo Distrital de
Salud de Cartagena, Policía Metropolitana de Cartagena, por la vulneración de los
derechos colectivos al goce de un ambiente sano y la existencia del equilibrio
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La
conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de
especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la
preservación y restauración del medio ambiente, transgredidos presuntamente por
la omisión de las autoridades demandadas en la adopción de medidas efectivas y
definitivas para controlar el uso de equinos en vehículos turísticos por las malas
condiciones en que habitan, el estado de las vías y el exceso de trabajo.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA.- Que se declare la vulneración a los derechos colectivos al medio
ambiente sano, al derecho al bienestar de los animales, a la moralidad administrativa
y al orden público, por parte de la Alcaldía de Cartagena, el Departamento
Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena, el Departamento
Administrativo de Salud de Cartagena, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica
de Cartagena, la Policía Metropolitana de Cartagena, la Procuraduría General de la
Nación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de
Transporte y el Ministerio de Salud y de la Protección Social.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

SEGUNDA. - Que se protejan y amparen los derechos e intereses colectivos al
medio ambiente sano, a la moralidad administrativa, al orden público y el derecho al
bienestar de los animales.

TERCERA. - Que como consecuencia de las anteriores pretensiones, se ordene la
suspensión de la actividad de los vehículos de tracción animal con fines turísticos
conocidos como equinos cocheros en la Ciudad Cartagena.

CUARTA. - Que se ordene a la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio de
Transporte, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Ministerio de
Salud y de la protección Social hacer uso de su poder disciplinario y de tutela para
prevenir que se sigan cometiendo casos de maltrato animal contra los equinos
cocheros de Cartagena.

QUINTA. - Que conforme a las anteriores pretensiones se ordene a la Alcaldía de
Cartagena, a la UMATA, al DATT, al DADIS y a la Policía Metropolitana de
Cartagena iniciar un proceso de sustitución integral de los equinos cocheros,
incluyendo la formulación e implementación de alternativas económicas y laborales
para los cocheros.

SEXTA. - Que conforme a lo anterior, se ordene a la Alcaldía de Cartagena, a la
UMATA, al DATT, al DADIS y a la Policía Metropolitana de Cartagena, hacer un
proceso de recolección y toma en custodia de los equinos usados como equinos
cocheros en la ciudad de Cartagena, con el fin de iniciar un proceso de adopción de
los animales y así garantizar su derecho al bienestar. […]”4.

Presupuestos fácticos

3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:

3.1. Indicó que el uso de equinos en vehículos turísticos es una actividad que se
ha venido desarrollando en Cartagena. Se presentan desplomes constantes de los
equinos debido a la condición de las vías vehiculares, a las malas condiciones en
que habitan, al exceso de trabajo y a las capacidades de los animales.

3.2. Manifestó que, por lo anterior, se considera la configuración de un maltrato
animal debido a que responden de manera más perceptiva a los estímulos del medio
ambiente.

3.3. Resaltó que, hace 10 años se comenzó a invadir la laguna de Chambacú
para la construcción de pesebreras en pésimo estado dispuestas para la
permanencia de los equinos usados como vehículos de tracción animal, lugar que
no cuenta con servicios públicos ni agua potable. Las pesebreras consisten en una
especie de habitáculos construidos con maderas y techos de zinc.

3.4. Adujo que el tipo de coche que deben tirar los equinos, son en extremo
pesados, que no están hechos del material adecuado y se encuentran en un estado
deplorable. Además, la falta de descanso y las pésimas condiciones de alimentación

4 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

e hidratación, los equinos son sometidos a jornadas de trabajo que exceden las 12
horas diarias y a un recorrido diario a su sitio de trabajo que está a mas de 25
kilómetros.

3.5. Indicó que el 19 de enero de 2014 fue hecha pública la situación por un
extranjero que escribió una carta al alcalde de Cartagena en la que manifestaba su
queja y preocupación por la situación.

3.6. Resaltó que se han realizado operativos “sorpresa” en el sitio de descanso
de los equinos cocheros en donde se impusieron tres comparendos por falta de
documentación requerida y se dispusieron a inmovilizar al menos uno de los equinos
por evidencia de maltrato animal.

3.7. La actividad de los equinos cocheros en Cartagena se caracteriza por la
ausencia de intervención por parte de las autoridades competentes. Pese a las
continuas reclamaciones por parte de la ciudadanía a las diversas autoridades que
se espera intervengan en la actividad de equinos cocheros en Cartagena para evitar
o actuar frente a violaciones normativas.

3.8. Los casos de desplome y evidente maltrato animal se han agudizado; no
obstante, ante la Procuraduría General de la Nación existe queja disciplinaria contra
el entonces alcalde del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y contra
el director de UMATA, Luis Magín Guardela, por violación a las normas que regulan
la actividad de los equinos cocheros.

Contestaciones de la demanda

4. La Procuraduría General de la Nación5 contestó la demanda y se opuso a
las pretensiones formuladas al considerar que no existió violación a los derechos
colectivos invocados por la parte actora, toda vez que esta no cumplió con el
requisito de procedibilidad debido a que no presentó previamente una solicitud para
cesar la vulneración alegada.

4.1. Advirtió que la visita a la zona afectada se realizó el 2 de julio de 2014, en
cumplimiento de las acciones de supervisión solicitadas por el Procurador
Delegado, y fue efectuada por la Procuradora 3ª Judicial II Ambiental y Agraria de
Cartagena, quien estuvo acompañada de dos agentes de la Policía Ambiental.
Durante la misma, se observó el estado de las pesebreras y las condiciones de los
caballos utilizados en la actividad de los coches turísticos. Los resultados de estas

5 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 002. Archivo denominado:
“02.CUADERNO PRINCIPAL.2.pdf”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

observaciones fueron plasmados en el Oficio núm. 111036-jihm-npv-ODAN-1454,
de 7 de julio de 2014, dirigido al Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, en el cual
se recomendó la suspensión temporal de la actividad de los coches turísticos.

4.2. Aunado a lo anterior, puntualizó que la transcripción realizada por la parte
actora sobre el contenido de dicho oficio era incorrecta porque en el documento se
indicaba que "se pudo evidenciar" una situación, y no que se hubiera "comprobado"
la vulneración.

4.3. Indicó que no es cierto que hubiere una ausencia de intervención, puesto que
mediante la expedición de los memorandos núm. 0012 y 0013, de 20 de marzo de
2014, por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, sobre el
cumplimiento de la Ley 5 de 19726 y la Ley 84 de 19897, se abordaron estos temas
y fueron debidamente socializados con diversas autoridades, incluido el entonces
Alcalde Mayor de Cartagena a través de los oficios núm. 13203600003-060-2014,
de 28 de marzo de 2014; núm. 13203600003-242-2014, de 3 de junio de 2014; núm.
1320360000-295-2014, de 14 de julio de 2014; núm. 1320360000-352-2014, de 1
de septiembre de 2014; núm. 1320360000-369-2014 de 10 de septiembre de 2014;
y el núm. 13203600003-028-2015 de 29 de enero de 2015.

4.4. Señaló que, como respuesta a las inquietudes planteadas, el Alcalde Mayor
de Cartagena expidió el Decreto núm. 0656 el 3 de junio de 2014, “Por medio del
cual se dictan medidas de seguridad, salubridad, protección animal, y ordenamiento
de tránsito relacionadas con el servicio de coches en el Distrito de Cartagena”. No
obstante, a través del Oficio núm. 13203600003-197-2014, de 25 de junio de 2014,
la Procuraduría 3ª Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena manifestó su
preocupación sobre la ejecución de dicha actividad y las condiciones en las que se
encontraban los caballos utilizados, precisando que el Decreto núm. 0656 no
abordaba de manera adecuada los problemas vinculados al bienestar animal, en
especial las condiciones de las pesebreras y el trato de los equinos.

4.5. Destacó, además, que los coches turísticos, si bien son un atractivo de la
ciudad, han generado una imagen negativa entre los turistas debido al mal estado
de salud de los caballos. En este contexto, la Procuraduría solicitó la presentación
de los estudios técnicos de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria
y el Departamento Administrativo Distrital de Salud que sustentaron la expedición
del Decreto, así como la realización de exámenes veterinarios a los caballos, debido
a que el informe previo no cumplía con los requisitos de un examen veterinario

6 “[…] Por la cual se provee a la fundación y funcionamiento de Juntas Defensoras de animales […]”.
7 “[…] Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

formal. En respuesta, el Director de la UMATA Distrital, Dr. Luis Magín Guardela
Osorio, informó el 2 de julio de 2014 que se habían contratado los servicios de la
UDCA para realizar los exámenes, revelándose que el 40% de los caballos no
pasaron las pruebas pertinentes.

4.6. Precisó que, a raíz de esta situación, la Procuraduría realizó una visita a las
pesebreras del sector de Chambacú el 2 de julio de 2014, cuyos resultados fueron
reflejados en el Oficio núm. 13203600003-238-2014. En dicha inspección, se
evidenció el estado de las instalaciones, caracterizadas por la presencia de basuras,
mal olor, y condiciones insalubres que no proporcionaban un resguardo adecuado
para los animales. Además, los abrevaderos y comederos eran inadecuados, lo que
aumentaba los riesgos para la salud de los caballos.

4.7. Solicitó, por tanto, mediante el Oficio núm. 111036-jihm-npv-ODAN-1454 de
7 de julio de 2014, al alcalde Mayor de Cartagena que se considerara la suspensión
temporal de la actividad de los coches turísticos hasta tanto se adoptaran medidas
efectivas para garantizar el bienestar de los caballos. Sin embargo, se desestimó la
recomendación, argumentando que los coches turísticos son un emblema de la
ciudad y no podían ser suspendidos.

4.8. A través del Oficio núm. 1320360000-295-2014, de 14 de julio de 2014 se
reiteró la solicitud de información sobre la conformación de las Juntas de Protección
Animal y las campañas realizadas. En respuesta, la Alcaldía entregó documentación
insuficiente. Ante esta situación, se realizó una segunda solicitud, en la cual se
allegaron, entre otros documentos, los Decretos 0498 de 2000 y 0476 de 2003, que
creaban y modificaban la Junta Defensora de Animales, junto con las actas de la
Asamblea General de dicha Junta.

4.9. Advirtió, además, que el 2 de septiembre de 2014, mediante el Oficio núm.
13203600003-354-2014, la Procuraduría 3ª Judicial II Ambiental y Agraria de
Cartagena remitió un segundo informe al Procurador Delegado para Asuntos
Ambientales y Agrarios, solicitando medidas de fondo urgentes frente a la
problemática de los caballos utilizados en los coches turísticos. Ese mismo día, a
través del Oficio núm. 111036-ODAN-1805, la Procuraduría reiteró la solicitud de
suspensión de la actividad hasta que se garantizaran condiciones adecuadas para
la salud y bienestar de los caballos.

4.10. Además, inició un proceso disciplinario contra el Alcalde Mayor de
Cartagena, Dionisio Fernando Vélez Trujillo, como consecuencia de la inacción de
la Alcaldía frente a los problemas señalados; subrayando que este proceso fue

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

motivado por los hechos observados, más no por quejas ciudadanas. El proceso
disciplinario núm. IUS 265638 fue abierto, y posteriormente, el 14 de abril de 2015,
se acumuló al proceso núm. IUS 2014-237417, relacionado con la expedición del
Decreto 0656 de 2014.

4.11. Señaló que todas las actuaciones realizadas fueron informadas a las
personas que se acercaron a la Procuraduría Ambiental y Agraria de Cartagena,
precisando que no es cierto que el señor José David González haya interpuesto
queja disciplinaria, ni que exista alguna solicitud de medidas disciplinarias por parte
de Andrea Padilla Villarraga.

4.12. Solicitó que se protejan y amparen los derechos e intereses colectivos
relacionados con el medio ambiente sano, la moralidad administrativa, el orden
público y el derecho al bienestar de los animales; en consecuencia, pidió que se
ordene la suspensión de la actividad de los vehículos de tracción animal y la toma
en custodia de los equinos utilizados por los cocheros en la ciudad de Cartagena,
instando a las autoridades competentes a ejercer su poder disciplinario y de control
administrativo para prevenir nuevos casos de maltrato animal, tal como lo ha venido
haciendo la Procuraduría General de la Nación, destacando que esta entidad ha
desplegado todas las acciones a su alcance.

4.13. Presentó como excepciones las que denominó: “No agotamiento del requisito
de procedibilidad – no se demuestra el interés colectivo violado o amenazado”; e
“Innominada o genérica”.

5. La Nación - Ministerio de Transporte8 contestó la demanda y se opuso a
las pretensiones formuladas al considerar falta de legitimación en la causa por
pasiva en tanto no tiene facultades sancionatorias sobre entidades, autoridades o
empresas de transporte, ya que estas competencias están asignadas a la
Superintendencia de Puertos y Transporte.

5.1. Reconoció la importancia de los derechos mencionados; no obstante, aclaró
que su función se limita a la formulación de políticas y regulación económica y
técnica en materia de tránsito e infraestructura para los modos de transporte
terrestre, marítimo, fluvial, ferroviario y aéreo.

5.2. Presentó como excepciones las que denominó: “Inexistencia de
responsabilidad por parte del Ministerio de Transporte”; “Cumplimiento de las

8 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 002. Archivo denominado:
“02.CUADERNO PRINCIPAL.2.pdf”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

obligaciones establecidas en la Ley 769 de 2.002”; y “La falta del presupuesto
procesal de falta de legitimación materia en la causa por pasiva”.

6. El Ministerio de Salud y Protección Social9 contestó la demanda, se opuso
a las pretensiones formuladas, argumentando que, conforme al artículo 121 de la
Constitución, “[…] [n]inguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas
de las que le atribuyen la Constitución y la Ley […]”, ya que las competencias
relacionadas con el caso en cuestión no le corresponden, por lo que no tiene
facultades para intervenir en los asuntos planteados en la demanda.

6.1. Indicó que corresponde a los alcaldes distritales y/o municipales reglamentar,
permitir o prohibir el uso de vehículos de tracción animal, en este caso los caballos,
empleados en Cartagena para el servicio turístico de los carros cocheros, conforme
marco normativo que regula el uso de estos vehículos, la protección de los animales
y el espacio público.

6.2. Señaló que, según la Ley 101 de 199310, las autoridades agropecuarias,
encabezadas por el Ministerio de Agricultura y el ICA, son las encargadas de
formular y ejecutar políticas en materia de sanidad animal y control epidemiológico
de animales de producción, incluyendo los equinos, como especies utilizadas con
fines económicos.

6.3. Destacó que las autoridades ambientales, como el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y las CAR, son responsables de la vigilancia y control de los
impactos ambientales derivados de actividades de producción, en cumplimiento de
la Ley 99 de 199311, y de la protección del medio ambiente, incluidas la fauna y flora
silvestre.

6.4. Subrayó que no es competencia del Ministerio de Salud ni de las Secretarías
de Salud departamentales, distritales o municipales llevar a cabo acciones de
vigilancia y control en animales de producción ni en vehículos de tracción animal.

6.5. Presentó como excepciones las que denominó: “Falta de legitimidad en la
causa por pasiva”; “Inexistencia de la obligación”; e “Innominada”.

9 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 002. Archivo denominado:
“02.CUADERNO PRINCIPAL.2.pdf”
10 “[…] Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero […]”
11 “[…] por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la

gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones […]”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

7. La Policía Nacional de Colombia - Policía Metropolitana de Cartagena12
contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas al considerar que
ha cumplido con su labor de prevención y protección de los derechos e intereses
colectivos alegados.

7.1. Subrayó que todas sus actuaciones se han llevado a cabo dentro de los
recursos disponibles, y resaltó que hasta la fecha no ha recibido denuncias por parte
de la ciudadanía que evidencien casos de maltrato animal.

7.2. Precisó que no existe prueba alguna que permita inferir la vulneración de los
derechos colectivos mencionados en la demanda, señalando que tal carga
probatoria recae sobre el demandante, quien no ha aportado elementos que
demuestren tales alegaciones.

7.3. Señalo que mediante el Oficio núm. S-2014-000563/COMAN-ASJUR, de 2
de septiembre de 2014, la Policía Nacional, a través de su Cuerpo Especializado de
Policía Ambiental y de los Recursos Naturales, informó las actividades realizadas
en el marco del control del maltrato animal. Se detalló que, en colaboración con la
Alcaldía de Cartagena, UMATA y otras entidades, se efectuaron 26 llamados de
atención, 21 comparendos de tránsito, 42 comparendos educativos y 06
inmovilizaciones de semovientes equinos. Además, se indicó que los animales
incautados fueron entregados a la Fundación Ángeles con Patas y a la UMATA.

7.4. Asimismo, mencionó el Informe núm. S-2015-012757/SEPRO-GUPAE1.10,
de 10 de junio de 2015, la Policía Nacional, a través de su grupo de Protección
Ambiental y Ecológica, detalló las actividades de control y verificación realizadas en
conjunto con UMATA y carabineros. En este informe, se especifica que se han
realizado campañas educativas, verificaciones del estado sanitario de los
semovientes y del cumplimiento de las normativas de los coches turísticos, sin que
se hayan recibido denuncias formales de maltrato animal, aunque se atendieron
casos informales reportados por la junta defensora de animales.

7.5. Presentó como excepciones las que denominó: Inexistencia de afectación
por parte de la Policía Nacional de los Derechos colectivos mencionados”; y
“Genérica”.

12 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 002. Archivo denominado:
“02.CUADERNO PRINCIPAL.2.pdf”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

8. La Nación - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible13 contestó la
demanda, se opuso a las pretensiones formuladas, al considerar que los derechos
presuntamente violados no se encuentran dentro de su ámbito de competencias.

8.1. Solicito ser desvinculados del proceso, al no tener legitimación en la causa
por pasiva, ni material ni de hecho, porque las afectaciones ambientales
corresponden a las autoridades y entidades competentes de la respectiva
jurisdicción.

8.2. Señaló que no actúa como ente ejecutor, sino como organismo rector de la
gestión del ambiente y los recursos naturales renovables, encargado de la
orientación, regulación y definición de políticas ambientales, así como del
ordenamiento ambiental del territorio, conforme a la Ley 144414 y el Decreto 3750
de 201115.

8.3. Presentó como excepción la denominada “Falta de legitimidad en la causa
por pasiva”.

9. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias16 contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones formuladas al considerar que ha cumplido
con todas las actuaciones administrativas necesarias para garantizar el bienestar
de los equinos que participan en la actividad turística de los coches.

9.1. Indicó que, mediante algunas dependencias del Distrito de Cartagena, como
la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, el Departamento
Administrativo Distrital de Salud y el Departamento Administrativo de Tránsito y
Transportes, han liderado las iniciativas y gestiones para garantizar el bienestar de
los equinos en el marco de la actividad turística de los coches. Entre las acciones
destacadas se incluyen las jornadas de atención médico-veterinarias, los talleres de
nutrición equina a cocheros, y la capacitación en hidratación y desparasitación
equina; además, se han realizado jornadas de descanso, hidratación y alimentación
para los equinos, así como el traslado de pesebreras.

9.2. Subrayó que no se ha violado el derecho colectivo al medio ambiente sano
ni al equilibrio ecológico debido a que se han tomado todas las medidas necesarias

13 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 002. Archivo denominado:
“02.CUADERNO PRINCIPAL.2.pdf”
14 “[…] Por medio de la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan precisas facultades extraordinarias al

Presidente de la República para modificar la estructura de la Administración Pública y la planta de personal de
la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones […]”
15 “[…] Por medio del cual se reglamenta el artículo 9° de la Ley 1421 de 2010, "por la cual se prorroga la Ley

418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006” […]”
16 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 002. Archivo denominado:

“02.CUADERNO PRINCIPAL.2.pdf”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

para proteger a los animales en el marco de la actividad turística de los coches. En
consecuencia, reiteró que se ha actuado de manera diligente, desplegando medidas
administrativas a través de sus dependencias para garantizar el bienestar de los
equinos.

9.3. Argumentó que la actividad turística con coches no está prohibida por la ley,
pues la Ley 769 de 2002 establece excepciones para la circulación de vehículos de
tracción animal en actividades turísticas.

9.4. Sostuvo que la actividad ha sido regulada mediante el Decreto 0656 de 2014,
el Decreto 1273 de 2014 y la Resolución núm. 4473 de 2015, con el objetivo de
garantizar el bienestar de los equinos. Estas normativas han dado lugar a diversas
actividades de control y educación para los responsables de los animales. Entre
ellas se destacan la socialización de los decretos mencionados, así como la firma
de convenios con universidades y otras entidades para la identificación de los
equinos, el control de su estado de salud, la prevención del maltrato animal y el
aseguramiento del cumplimiento de las normas que garantizan su bienestar.

9.5. Precisó que, conforme a la Ley 769 de 2002, dentro de las facultades del
alcalde no se encuentra la prohibición de la actividad turística con coches. En
consecuencia, solo tiene la competencia para regular y optimizar el ordenamiento
del tránsito y garantizar el bienestar de los equinos, pero no puede suprimir dicha
actividad en su totalidad, ya que tal decisión corresponde al poder legislativo o al
Ministerio de Transporte, en virtud de su competencia normativa en la materia.

9.6. Mencionó que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el
orden público incluye medidas para garantizar el bienestar colectivo, lo que abarca
la protección de los equinos. En este sentido, resaltó que el Distrito de Cartagena
ha venido implementando acciones para velar por su bienestar en el marco de la
actividad turística de los coches. Asimismo, señaló que los ajustes normativos
forman parte de un proceso de transición, por lo que algunas situaciones deben ser
vistas como parte de la adaptación a nuevas regulaciones.

9.7. Presentó como excepciones las que denominó: “Falta de litisconsorte
necesario”; “No acredita requisito de prodebilidad (sic)”; “Inexistencia de violación
de los derechos colectivos invocados por la parte actora”; y “Excepciones
innominadas”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

10. La Asociación Cartagenera de Cocheros17 contestó la demanda y se
opuso a las pretensiones formuladas al considerar que las pruebas presentadas no
demuestran que los equinos sufran un exceso de trabajo o que excedan su
capacidad física.

10.1. Señaló que no existe evidencia que compruebe que los inconvenientes de
los caballos sean consecuencia directa de su labor, la cual ha sido una tradición
turística de más de cuatro siglos.

10.2. Afirmó que los equinos realizan su labor entre 5 y 8 horas diarias, con un día
de descanso intercalado.

10.3. Indicó que, dado que solo 3 de los 60 coches han tenido reportes por
anomalías, se demuestra que el “[…] 97% está en buen estado […]”. Además,
destacó la necesidad de considerar el impacto que tendría sobre los cocheros,
quienes dependen de esta actividad para su sustento.

10.4. Destacó que los coches de Cartagena son parte integral de la cultura local y
que, como tal, deben ser protegidas las tradiciones que forman parte del patrimonio
cultural de la ciudad y del pueblo cartagenero.

11. La Asociación de Cocheros Grupo 20-2018 contestó la demanda, se opuso
a las pretensiones formuladas, al considerar que no se ha demostrado un exceso
de trabajo de los caballos utilizados para jalar los coches turísticos.

11.1. Destacó que los caballos no han mostrado evidencias claras de maltrato, ya
que no existen estudios que indiquen un daño físico significativo y no se han
reportado muertes atribuibles a su trabajo en estos coches.

11.2. Afirmo que los caballos criollos de tiro, entrenados para esta labor, tienen un
horario laboral de 5 a 6 horas, lo cual es inferior a la jornada de trabajo de un ser
humano o al esfuerzo realizado en otras actividades agrícolas como el arado.

11.3. Argumentó que la estructura de los coches turísticos está fabricada con
materiales más ligeros y resistentes, como láminas de aluminio que son un 80%
más livianas que otros materiales, y que la locomoción está a cargo de las cuatro
ruedas del coche, no de los caballos.

17 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 002. Archivo denominado:
“02.CUADERNO PRINCIPAL.2.pdf”
18 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 002. Archivo denominado:

“02.CUADERNO PRINCIPAL.2.pdf”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

11.4. Subrayó que los incidentes reportados no especifican si los caballos
pertenecían a la actividad de los coches turísticos, lo que lleva a suponer que
muchos de estos animales no eran parte del grupo laboral y no deben ser
considerados en la discusión.

11.5. Sostuvo que los cocheros llevan más de 80 años en Chambacú y no son
responsables de los problemas sociales que afectan a las áreas circundantes.

11.6. Informó sobre las mejoras implementadas para garantizar el bienestar de los
caballos, incluyendo la instalación de microchips, la actualización de las pesebreras
a nuevas normativas, y la realización de jornadas de capacitación en salud animal
y buen trato. Asimismo, se mencionó el proyecto de ley en curso para regular y
mejorar la actividad de los coches tirados por caballos, que involucra al Ministerio
de Ambiente.

11.7. Destacó que se han realizado brigadas de salud por parte de la UMATA, que
incluyeron capacitaciones en herrajes, desparasitación, vacunación y primeros
auxilios, especialmente para los cocheros sin formación técnica; igualmente, se
mejoraron todos los aperos y arneses de los 60 coches turísticos.

11.8. Subrayó que, de los 120 caballos utilizados por los cocheros, solo uno
presentó anomalías y fue inmovilizado, lo que demuestra que la mayoría de los
caballos están en buen estado de salud.

12. La señora Eva Duran19, en calidad de coadyuvante, contestó la demanda al
considerar que según la Constitución y la sentencia C-666 de 2010 de la Corte
Constitucional, los animales forman parte del medio ambiente, no solo la fauna
silvestre, sino todos los animales que habitan en el país. En este contexto, solicitó
que se adopten medidas tendientes a garantizar las condiciones óptimas para los
equinos, como su retiro de las calles de Cartagena.

13. La señora Adriana María Quiñones20, en calidad de coadyuvante y
representante legal de la Fundación Equino, contestó la demanda al considerar que
los animales están expuestos a maltrato animal en tanto los caballos utilizados para
los coches de tracción animal en Cartagena viven en condiciones adversas, porque
deben trabajar largas horas con cargas excesivas y sin recibir la alimentación o el
cuidado adecuado; a esto se suman las condiciones inadecuadas de las

19 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 002. Archivo denominado:”
03.CUADERNO PRINCIPAL.3.pdf”
20Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 002. Archivo denominado:”

03.CUADERNO PRINCIPAL.3.pdf”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

pesebreras, que carecen de higiene, espacio y protección frente a las inclemencias
del clima, lo que agrava la situación de los animales.

13.1. Señaló que los caballos, como animales de presa, tienen un sistema nervioso
altamente sensible que les permite detectar amenazas y huir para protegerse, pero
estas condiciones no son compatibles con su trabajo en los coches debido a que no
pueden escapar ni defenderse. Este comportamiento natural de huida no puede ser
desarrollado debido a las restricciones físicas a las que están sometidos, lo que
incrementa el riesgo de lesiones y accidentes.

13.2. Precisó que las autoridades competentes, como el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y la Procuraduría General de la Nación, no han dado
respuesta adecuada a las denuncias presentadas por los ciudadanos y defensores
de los animales.

13.3. Agregó que los cocheros también incumplen de manera constante las
regulaciones establecidas en el Decreto 0656 de 2013, que limita el peso que los
caballos deben transportar y exige condiciones mínimas para su trabajo, como la
identificación de los animales

13.4. Finalmente, mencionó que los defensores de los derechos de los caballos
han sido objeto de agresiones por parte de los cocheros, quienes han recurrido a la
violencia, incluyendo golpes y amenazas. A pesar de las denuncias, las autoridades
han mostrado desinterés o falta de intervención, dejando sin protección a quienes
reclaman por el bienestar de los animales.

14. Los señores Jaime Rendón Márquez y Margelida García Montes 21, en
calidad de coadyuvantes, contestaron la demanda indicando que tras la muerte de
12 caballos el 24 de diciembre de 2020 en Cartagena, la Fiscalía General de la
Nación, junto con el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal
(GELMA) y la Policía Nacional, llevó a cabo un allanamiento el 30 de enero de 2021
en las caballerizas de Marbella, que permitió constatar el mal estado de las
pesebreras, la alimentación deficiente y las malas condiciones en las que se
mantenían los caballos, lo que evidenció una serie de irregularidades que fueron
denunciadas.

21 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 002. Archivo denominado:”
03.CUADERNO PRINCIPAL.3.pdf”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

15. La Federación de Entidades Defensoras de Animales y del Ambiente de
Colombia FEDAMCO22, en calidad de coadyuvante, contestó la demanda al
considerar que conforme a más de 25 años de estudio y operativos de control en
Bogotá y otras regiones del país, que el caballo criollo colombiano no está
biológicamente diseñado para el arrastre de cargas en asfalto, ya que su anatomía
es apta solo para modalidades como el paso fino y la trocha, no para el esfuerzo
continuo de arrastrar coches o carretillas.

15.1. Señaló que entre el año 2014 y 2015 se realizaron visitas a Cartagena para
evaluar las condiciones de los caballos utilizados para tracción animal en el Centro
Histórico, donde se constató que los animales trabajaban más de 20 horas diarias
sin el descanso adecuado, lo que generaba graves problemas de salud como
desnutrición, deshidratación y diversas lesiones físicas, además de encontrar que
las pesebreras no eran aptas para su descanso y recuperación, con animales que
no cumplían con la edad mínima para trabajar y un trato inadecuado por parte de
los cocheros.

15.2. Resaltó que las denuncias y solicitudes de intervención por parte de
organizaciones y ciudadanos, las autoridades locales no tomaron medidas efectivas
para corregir la situación. Las condiciones de los animales no solo comprometían
su bienestar, sino también la seguridad de los turistas y transeúntes, debido al
riesgo de accidentes causados por el mal estado de los herrajes y el agotamiento
de los caballos.

La audiencia de pacto de cumplimiento

16. El Tribunal, mediante audiencia de 17 de julio de 2015 llevo a cabo la
audiencia de pacto de cumplimiento y se declaró fallida por falta de ánimo
conciliatorio de las partes.

Sentencia proferida, en primera instancia

17. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió sentencia de 26 de septiembre de 2024, en la que resolvió lo
siguiente:

“[…] PRIMERO. - DECLARAR no probadas las excepciones de falta de legitimación
en la causa por pasiva, presentadas por el MINSITERIO DE TRANSPORTE, el
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el MINISTERIO
DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
22 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 002. Archivo denominado:”
03.CUADERNO PRINCIPAL.3.pdf”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

SEGUNDO. - AMPARAR los derechos colectivos al Goce de un Ambiente Sano, la
Existencia del Equilibrio Económico y el manejo y aprovechamiento racional de los
recursos naturales, la conservación de las especies animales, y la protección de la
Fauna nacional, vulnerados por las autoridades demandadas.

TERCERO.- ORDENAR a la Unidad Municipal de Asistencia Técnica
Agropecuaria (UMATA) del Distrito de Cartagena de Indias, que dentro de los
siguientes tres (03) meses lleve a cabo un examen médico a todos los equinos que
se encuentran registrados conforme a la Resolución No. 20213040045305 de 2021,
que son los únicos que tienen autorización para circular. Este examen tiene como
finalidad evaluar y certificar las condiciones mínimas de nutrición y de cuidados
básicos de cada caballo. Solo aquellos equinos que obtengan el visto bueno por
parte de la UMATA, tras cumplir con los estándares establecidos, estarán
autorizados para circular como animales de tracción. Esta medida es fundamental
para garantizar el bienestar de los animales y asegurar que su uso en actividades
de tracción se realice en condiciones adecuadas (peso máximo de vehículos,
pasajeros, sitios y turnos de descanso, hidratación, alimentación, elementos de
protección, desplazamientos máximos, jornadas etc.), promoviendo así un trato
ético y responsable hacia los equinos involucrados.

CUARTO.- ORDENAR a la POLICÍA NACIONAL, que implemente un programa de
acompañamiento y vigilancia enfocado en la prevención y detección de situaciones
de maltrato animal que puedan afectar a los caballos utilizados por los cocheros. La
Policía Nacional deberá adoptar las medidas necesarias para supervisar el trato
que reciben estos animales y garantizar su bienestar. Asimismo, se insta a la Policía
Nacional para que, en el ejercicio de sus funciones, imponga las sanciones que
correspondan conforme a la normativa vigente y dentro de su competencia, a fin de
asegurar el respeto a los derechos de los animales y promover un entorno en el que
se erradique el maltrato. Esta acción es crucial para fomentar una cultura de
protección y cuidado hacia los equinos, así como para asegurar el cumplimiento de
las disposiciones legales en materia de bienestar animal.

QUINTO.- ORDENAR a la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE DE
CARTAGENA, que realice un seguimiento exhaustivo a las condiciones de los
equinos, evaluando su bienestar y estado general, esto es las pesebreras donde
descansan, el tiempo mínimo de descanso que tiene cada uno, y la adecuada
hidratación de estos. Esta supervisión deberá incluir la implementación de
mecanismos que permitan verificar el cumplimiento de los estándares de cuidado y
nutrición establecidos por la normativa vigente.

Adicionalmente, se insta la Secretaría para que, en coordinación con las
autoridades competentes, La Federación de Entidades Defensoras de Animales y
del Ambiente de Colombia – FEDAMCO, la Universidad de San Buenaventura,
evalúen la posibilidad de adopción de aquellos equinos que no puedan continuar en
su función actual, asegurando así que se les brinde un hogar adecuado y
condiciones óptimas de vida.

SEXTO.- ORDENAR a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN -
ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS hacer un seguimiento a los conceptos
rendidos por la UMATA de aquellos equinos que en efecto cumplen los estándares
de bienestar para continuar ejerciendo como animales de tracción.

SEPTIMO. - ORDENAR AL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLOS
SOTENIBLE, en Coordinación con la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
DE CARTAGENA, que dispongan una línea telefónica destinada a que los
ciudadanos puedan presentar denuncias sobre el maltrato de los equinos. Esta
línea deberá ser de fácil acceso y estar disponible para recibir reportes en tiempo
real, garantizando la confidencialidad de los denunciantes. Asimismo, se instruye a
ambas entidades para que implementen un protocolo de respuesta ágil y eficaz ante
las denuncias recibidas, asegurando así la protección y el bienestar de los equinos

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

en el territorio. Esta medida es fundamental para fomentar la participación
ciudadana en la vigilancia y defensa de los derechos de los animales.

OCTAVO.- ORDENAR al DISTRITO DE CARTAGENA y al DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, dar cumplimiento a la
Regulación emitida por el Ministerio de Transporte y a aquellos Coches que no se
encuentren registrados no podrán ejercer la actividad, seguido de aquellos que no
cumplan con los cuidados para su bienestar.

NOVENO. – CONFORMAR un COMITÉ DE VERIFICACIÓN para el cumplimiento
del fallo, integrado por los accionantes, Andrea Padilla Villarraga y Alejandro Pardo
Uribe, el alcalde distrital de Cartagena de Indias, el representante de la Asociación
de Cocheros, un delegado de la Federación de Entidades Defensoras de Animales
y del Ambiente de Colombia, un delegado de la Policía Ambiental de la Policía
Nacional, un delegado de la UMATA-Cartagena y el Procurador Delegado para
Asuntos ambientales y agrarios de la Procuraduría General de la Nación o su
delegado.

DÉCIMO.- Por Secretaría NOTIFICAR esta sentencia a las partes en la forma
prevista en el artículo 203 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, aplicable a la actuación por remisión del artículo 44 de
la ley 472 de 1998.

UNDÉCIMO. - En caso de no ser apelada, remítase copia de esta sentencia a la
Defensoría del Pueblo (art. 80 ley 472 de 1998) y advertir que, en todo caso, las
autoridades compelidas deberán dar cumplimiento a la sentencia, por cuanto la
apelación de la misma por mandato del artículo 323 del CGP solo se concede en
efecto devolutivo […]”23.

Consideraciones del Tribunal

18. El Tribunal consideró que el problema jurídico principal y asociados se
contrae a determinar: “[…] si las autoridades demandadas vulneraron o no los
derechos colectivos al Goce de un Ambiente Sano, la Existencia del Equilibrio
Ecológico [i.e] y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución, la conservación de las especies animales, en el caso concreto los
Equinos utilizados como medio de transporte en la Ciudad de Cartagena. Lo
anterior, con ocasión a las omisiones de las autoridades a fin de adoptar medidas
en pro del bienestar de los Caballos utilizados como medio de transporte turístico
en la Ciudad de Cartagena en condiciones no aptas para ellos […]”.

18.1. El Tribunal determinó que abordaría el asunto de acuerdo con el siguiente
derrotero: i) origen de los equinos, impacto ambiental y económico de los caballos
en Colombia, apego social, negocio turístico y actividades económicas,
conclusiones del maltrato a los caballos; ii) antecedente en la ciudad de Bogotá
frente al uso de los caballos en las calles capitalinas que fueron removidos en el
año 2013; iii) violación de los derechos colectivos; y iv) medidas para afrontar la
sustitución de los caballos como medio de transporte turístico.

23 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

18.2. El Tribunal realizó un análisis de las pruebas presentadas, informes técnicos,
certificados de salud, registros de prácticas de manejo, entre otros. En relación con
la determinación de la vulneración de los derechos colectivos al no garantizar el
bienestar de los animales, con ocasión al uso de caballos como animales de tracción
de coches turísticos en la ciudad de Cartagena, determinó el marco normativo de la
acción popular y de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano. Además,
el marco normativo y jurisprudencial sobre la protección de la fauna, en específico
sobre el maltrato animal. Verificó que los caballos de tracción de coches no se
reconocen como patrimonio cultural. No obstante, la Asociación de Cocheros refirió
que el fundamento de la permisión de maltrato animal en el desarrollo de ciertas
actividades radica en que se trata de manifestaciones culturales con arraigo social
en ciertas regiones del territorio nacional.

18.3. El Tribunal encontró probado que: i) las pesebreras donde descansan los
equinos no son lugares aptos para ellos, por las situaciones de alimentación,
hidratación e higiene; ii) el desplome de los caballos en las avenidas por situaciones
de fatiga y agotamiento; y iii) los maltratos a los que se ven expuestos en las
jornadas de tracción. Consideró necesario la implementación de normas y
mecanismos que aseguren la protección integral de los animales, estableciendo
obligaciones precisas para su cuidado. Por lo anterior, consideró que no puede ser
entendido como patrimonio cultural de una ciudad el maltrato reiterado y abusivo al
cual se encuentran sometidos los animales de tracción.

18.4. El Tribunal indicó que en el territorio nacional se estableció un régimen que
regula la utilización de animales de tracción para el arrastre de vehículos con
propósitos turísticos. Quien lo supervisa es el Ministerio de Transporte y vela por la
adecuada prestación. Realizó un análisis a partir de una concepción más inclusiva
y respetuosa del medio ambiente que refleja un cambio en la interpretación legal. El
cambio de paradigma implica que los animales ahora son considerados sujetos de
derechos y la jurisprudencia ha comenzado a reconocer que los animales poseen
un valor intrínseco, lo que conlleva la necesidad de garantizar su bienestar y
protección dentro del marco jurídico.

18.5. El Tribunal estudió detenidamente las órdenes con el objetivo de, por un lado,
salvaguardar los derechos de los animales, en este caso de los caballos; y, por el
otro, los derechos laborales actuales de los cocheros. Lo anterior en el entendido
que se busca garantizar una solución que respete y proteja tanto la dignidad y el
bienestar de los animales como las condiciones labores y los derechos de quienes
dependen de esta actividad para su sustento.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

18.6. El Tribunal consideró necesario evaluar la situación de los caballos, en los
aspectos como su bienestar físico y psicológico, las condiciones en las que son
mantenidos y utilizados, así como la necesidad de establecer regulaciones que
eviten su explotación y sufrimiento. Lo anterior, para implementar un marco
regulatorio que no solo prohíba la crueldad y la explotación, sino que promueva un
modelo de convivencia armónico entre seres humanos y animales, en el que se
garantice el respeto mutuo y la protección de los derechos fundamentales de todos
los involucrados.

18.7. El Tribunal concluyó que: i) el uso de animales de tracción está permitido
conforme a lo establecido en el parágrafo 1.° del artículo 98 de la Ley 769; ii) el
Ministerio de Transporte ha emitido regulaciones al respecto como la Resolución
20213040045305 de 2021; sin embargo, se evidenció el maltrato animal al que se
ven sometidos los equinos que participan en esta actividad. En consecuencia,
determinó que cualquier animal que esté siendo víctima de malos tratos o que
presente signos de desnutrición deberá ser retirado de inmediato de dicha actividad,
hasta que se garantice su bienestar y se aseguren las condiciones adecuadas para
su cuidado. Esta medida será esencial para proteger la integridad de los equinos y
promover prácticas éticas en el uso de animales de tracción.

18.8. Declaró no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva, presentadas por el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Salud.

Recurso de apelación presentado por el Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena

19. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena presentó escrito por medio del
cual interpuso el recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera
instancia, en los siguientes términos:

19.1. Indicó que el Tribunal no tuvo en cuenta las pruebas aportadas en el proceso,
respecto a las actividades realizadas por el Distrito de Cartagena a través de la
dependencia UMATA para el control de las actividades que conlleven uso de
equinos en la ciudad como son los coches y demás vehículos de tracción animal.
Que la actividad la cual requiere su cese, reorganización o suspensión, se encuentra
legalmente permitida y no se encuentra vulnerado derecho colectivo alguno por el
distrito y no puede predicarse la responsabilidad frente a la entidad.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

19.2. Consideró que la solicitud presentada en relación con la suspensión de la
actividad de coches turísticos que deambulan por el centro de la ciudad de
Cartagena, hasta tanto se adopten las medidas contingentes para proteger la salud
y vida de los equinos, debe ser contrastado con el derecho al trabajo y al mínimo
vital de las personas que subsisten de esta actividad y que se verían ampliamente
afectados con una suspensión cuando apenas está reactivándose las acciones
turísticas en la ciudad.

19.3. Señaló que el actor popular en muchos apartes de su escrito señala un
incumplimiento por parte del distrito en relación con el cumplimiento del Decreto
núm. 0656 de 2014, y que requirió a las dependencias como el DADIS, UMATA y el
DATT, atendiendo que las mismas de conformidad con lo establecido en la norma,
les compete la vigilancia o verificación de la actividad en sus ámbitos.

19.4. Indicó que a través de la Subdirección Técnica y Operativa del Departamento
Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena DATT, de conformidad con
las documentales allegadas al expediente, en virtud del cumplimiento de los
Decretos 656 de 2014 y 1273 de 2014 lleva a cabo las actividades de su
competencia sobre el registro y control técnico mecánico y de verificación del estado
de los coches, comprobando en general los requisitos mínimos exigidos para la
prestación del servicio de coche.

19.5. Expresó que la UMATA hasta la vigencia de 2024 ha realizado el apoyo a la
solicitud del distrito o de la Asociación de Cocheros, en la atención médica
veterinaria para aportar al bienestar animal brindando atención médica en jornadas
de atención y/o asistencia directa frente a la salud animal de manera preventivas o
curativa.

19.6. Indicó que el distrito por medio de UMATA realiza las acciones pertinentes
para garantizar la salud e integridad de los animales cuando se presentan hechos
específicos que denoten mal manejo por parte de sus propietarios y/o tenedores.

19.7. Por todo lo anterior, consideró que no hay lugar a la declaratoria de violación
de derechos por parte del Distrito de Cartagena, que de manera voluntaria ha
cumplido con su deber legal y ha realizado las acciones que se impusieron como
carga y por ello no se puede predicar la vulneración de algún derecho. Solicitó se
revocara la sentencia proferida en primera instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

Actuaciones en segunda instancia

20. El Despacho sustanciador, mediante auto de 13 de noviembre de 2024 ajustó
al efecto devolutivo el recurso de apelación interpuesto por el Distrito de Cartagena
y por auto de 27 de noviembre de 2024, admitió el recurso de apelación presentado.
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

21. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes 24
manifestó impedimento en los términos del numeral 3.° del artículo 130 de la Ley
1437 de 18 de enero de 201125.

II. CONSIDERACIONES DE SALA

22. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i)
la competencia de la Sala; ii) la manifestación de impedimento del doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes; iii) los problemas jurídicos; iv) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las
facultades del juez popular; y vi) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

23. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998 26, sobre
competencia para conocer de las acciones populares en segunda instancia; ii) el
artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201927, sobre la distribución de
asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el artículo 15028 de la Ley
1437 de 18 de enero de 201129, sobre competencia del Consejo de Estado en
segunda instancia; esta Sección es competente para conocer de los recursos de
apelación que se presenten contra las sentencias proferidas en primera instancia,
por los tribunales administrativos en el trámite de las acciones populares.

24. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por la parte demandada en su recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de 26 de septiembre de 2024 por la Subsección B de la Sección Primera

24 Escrito de 11 de diciembre de 2024.
25 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
26 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de

las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
27 “[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.
28 Modificado por las leyes 1564 y 2080 y en concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de
2021 “[...] Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -Ley 1437 de 2011-y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos
que se tramitan ante la jurisdicción [...]”.
29 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con los artículos
32030 y 32831 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201232, norma aplicable al presente
caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472.

Los problemas jurídicos

25. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos de los recursos
de apelación resolver:

25.1. Si se configura o no la vulneración o amenaza de los derechos colectivos
invocados por cuanto, por un lado, el servicio de transporte de vehículos de tracción
animal con fines turísticos es una actividad legalmente permitida; y por el otro, no
se tuvieron en cuenta las pruebas aportadas al proceso en relación con las
actividades realizadas por el Distrito de Cartagena a través de sus dependencias.
De acuerdo con lo anterior, se analizará:

25.1.1. Si el Distrito de Cartagena es o no responsable de la vulneración de los
derechos colectivos invocados, teniendo en cuenta que ha realizado el control
respectivo por medio de sus dependencias.

25.1.2. Si las órdenes impartidas en la sentencia proferida en primera instancia
garantizan o no, los derechos involucrados de los equinos y los llamados “cocheros”,
en los términos planteados por el apelante.

25.2. En consecuencia, se determinará si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 26 de septiembre de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia.

Manifestación de impedimento del doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes

26. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, manifestó
encontrarse impedido para actuar en el proceso de la referencia, mediante escrito
de 11 de diciembre de 202433, invocando para ello la causal prevista en el numeral
3.° del artículo 130 de la Ley 1437, que establecen lo siguiente:

30 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
31 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
32 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
33 Cfr. índice 28 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

“[…] ARTÍCULO 130. CAUSALES. Los magistrados y jueces deberán declararse
impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código
de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos:
[…]

3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los
parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o único civil, tengan la condición de servidores públicos en los niveles
directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurran
al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado […]”
(Destacado fuera de texto).

27. El Consejero de Estado indicó que, en su criterio, se encuentra incurso en la
causal prevista en el numeral 3.° por cuanto: “[…] el señor José Fernando Osorio
Cifuentes, quien es pariente del suscrito dentro del segundo grado de
consanguinidad (hermano), se encuentra vinculado en el cargo de Procurador
Judicial II en la Procuraduría General de la Nación, parte demandada en el proceso
de la referencia […]”.

28. Vistos: i) los artículos 130, numeral 3.°; y 13134, numeral 3.°, de la Ley 1437,
sobre causales, así como, el trámite para manifestar impedimento; y ii) 44 de la Ley
472, sobre aspectos no regulados.

29. Asimismo, vistos: i) el artículo 35 del Código Civil35, sobre el parentesco por
consanguinidad; y ii) el artículo 37 ibidem, sobre los grados de consanguinidad, que
disponen lo siguiente:

“[…] Artículo 35. Parentesco de consanguinidad. Parentesco de consanguinidad
es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo
tronco o raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre […]”.

“[…] Artículo 37. Grados de consanguinidad. Los grados de consanguinidad entre
dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en
segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y dos primos hermanos en cuarto
grado de consanguinidad entre sí […]”.

30. Atendiendo a que las causales de impedimento establecidas en la ley son
mecanismos jurídicos que buscan garantizar que las decisiones adoptadas por los
administradores judiciales estén enmarcadas dentro de los principios de
independencia e imparcialidad.

31. La Corte Constitucional36 ha considerado que el principio de independencia
se refiere a que los funcionarios encargados de administrar justicia, en sus
decisiones, no se vean sometidos a presiones, insinuaciones, recomendaciones,

34 Modificado por el artículo 21 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por medio de la cual se Reforma el

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan
otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
35 Ley 84 de 26 de mayo de 1873.
36 Corte Constitucional, Sentencia C-600 de 2011, Magistrada Ponente María Victoria Calle Correa.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder,
inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de
otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales.

Análisis de la causal de impedimento prevista en el numeral 3.° del artículo
130 de la Ley 1437, en el caso concreto

32. De conformidad con los argumentos expuestos por el doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, en el caso sub examine, y teniendo en cuenta la causal
prevista en el numeral 3.° del artículo 130 de la Ley 1437, la Sala considera lo
siguiente:

33. Por un lado, se debe establecer si el cargo de Procurador Judicial II en la
Procuraduría General de la Nación, al cual se encuentra vinculado el pariente del
Consejero de Estado, corresponde al nivel directivo, asesor o ejecutivo en esa
entidad.

34. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
mediante auto de 8 de agosto de 2023, proferida en el proceso identificado con el
número único de radicación 110010315000202300871-0037, consideró que, en el
caso de los Procuradores Judiciales II, debe acudirse a un criterio funcional y que,
de conformidad con el artículo 4.° del Decreto 264 de 2000, se establece que son
cargos directivos aquellos que actúen en representación del Procurador General de
la Nación, por lo que según lo señalado en los artículos 277 y 280 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 41 del Decreto Ley 262 de 2000 cumplen
esta función. En dicha providencia se consideró lo siguiente:

“[…] En cuanto a la ubicación del empleo de procurador judicial II en la estructura de
la Procuraduría General de la Nación, se tiene que el Decreto 264 de 2000, en su
artículo 7, se refiere a la nomenclatura de los empleos de la entidad y señala que los
procuradores judiciales II se encuentran en el nivel profesional, asignándoles el
código 3PJ y el grado EC.

No obstante lo anterior, en claro desarrollo de un criterio funcional, en el
artículo 4 del mencionado Decreto 264 de 2000 se establece que son cargos del
nivel directivo aquellos empleos que tienen funciones de dirección, definición
de políticas y de representación del Procurador General. En el numeral 10 de ese
artículo señala como funciones generales de los empleos de ese nivel: “10. Intervenir
como agentes del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en la
Constitución y la ley”, lo que resulta congruente con lo prescrito en los artículos
277-7 y 280 de la Carta Política, en tanto los procuradores judiciales II tienen la
condición de agentes del Ministerio Público que, entre otras, ejercen funciones
de intervención judicial en representación del Procurador General de la Nación,
lo que igualmente se ve refrendado en el artículo 41 del Decreto Ley 262 de 2000, de
manera que la simple ubicación formal del mencionado artículo 7 del Decreto 264 de

37 Consejera ponente: Marta Nubia Velásquez Rico.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

2000 no puede tenerse en consideración para los efectos de esta decisión […]”
(Destacado fuera de texto).

35. Atendiendo a que, en el presente caso, el pariente, en segundo grado de
consanguinidad, del Consejero de Estado, doctor German Eduardo Osorio
Cifuentes, se encuentra nombrado en una de las entidades que funge como parte
demandada en este asunto, en el cargo de procurador judicial II, el cual, desde una
perspectiva material y funcional, corresponde al nivel directivo, la Sala considera
que, en este caso, se configura la causal de impedimento invocada.

36. En consecuencia, teniendo en cuenta que en este caso se configura la causal
de impedimento prevista en el numeral 3.° del artículo 130 de la Ley 1437, conforme
se indicó supra, el Consejero de Estado impedido se separará del conocimiento de
este proceso, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

37. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

37.1. El artículo 2.° de la Ley 472, define las acciones populares como “[…] los
medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]”
que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

37.2. Esta acción tiene por objeto que “toda persona natural o jurídica” pueda
disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los derechos e
intereses colectivos, cuya amenaza o vulneración debe acreditarse en el trámite del
proceso, con miras a la procedencia del amparo pretendido.

37.3. Conforme lo anterior, los supuestos sustanciales para la procedencia de la
acción popular son los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada;
ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o
intereses colectivos; y iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión
y la afectación de los derechos e intereses.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

37.4. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica; sin embargo,
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”38.

37.5. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las facultades del juez
popular

38. Visto el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia de la acción popular,
establece que “[…] [l]a sentencia que acoja las pretensiones del demandante de
una acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al
pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo
en favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la
realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la
vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible.

38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de marzo de

2014; C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; núm. único de radicación 250002327000200190479-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

27

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

La orden de hacer o de no hacer definirá de manera precisa la conducta a cumplir
con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo amenazado o vulnerado y de
prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para
acceder a las pretensiones del demandante […]”.

38.1. La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia 39, ha
considerado que el juez de la acción popular deberá adoptar “[…] las órdenes de
hacer o de no hacer, definiendo de manera precisa la conducta a cumplir, condenar
al pago de perjuicios cuando se haya causado daño y, en fin, exigir la realización de
las conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración
del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible -(Artículo 34
Ley 472 de 1998), de manera tal que se garantice la eficacia de los derechos
vulnerados, como lo exige el artículo 88 constitucional […]”.

38.2. A su vez, ha señalado que “[…] en la sentencia que ampara los derechos
colectivos el juez está facultado para adoptar las medidas que, conforme a la
situación fáctica probada, sean conducentes y pertinentes para obtener la
protección de dichos derechos […]40”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho ambiental como
garantía del derecho colectivo al goce al ambiente sano

39. En el orden internacional41 existen una serie de instrumentos normativos que
hacen parte del derecho ambiental, que tienen por objeto proteger el ambiente y los
recursos naturales, del cual se destaca la Declaración de Río de Janeiro, adoptada
el 14 de junio de 1992, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo, que en su preámbulo tiene como objetivo
establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos
niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y
las personas y procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se
respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de
desarrollo mundial.

39 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco

Antonio Velilla Moreno, sentencia de 18 de marzo de 2014, radicado número 25000-23-27-000-2001-90479-
01(AP). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, sentencia de 21 de agosto de 2020, radicado número 13001-23-33-000-2017-00987-01 (AP).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala,
sentencia de 15 de mayo de 2014, radicado número 25000-23-24-000-2010-00609-01(AP).
40 Ibidem.
41 Sobre este aspecto ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

sentencia proferida el 19 de julio de 2018, proceso identificado con número único de radicación
270012331000201100179-02(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

28

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

39.1. Estos principios se aplican en el ordenamiento jurídico colombiano, por un
lado, por virtud de lo dispuesto en el artículo 9.º de la Constitución Política y, por el
otro, debido a que el Estado Colombiano los hizo vinculantes por virtud de lo
dispuesto en el numeral 1.º del artículo 1.º de la Ley 99 de 22 de diciembre de
1993.42

39.2. En efecto, el artículo 1.º Ibidem sobre los principios generales ambientales
dispone que:

“[…] La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios:

1. El proceso económico y social del país se orientará según los principios
universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Rio de
Janeiro de junio de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo […]”.

39.3. En sentido similar, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
"Protocolo de San Salvador"43, adoptado el 17 de noviembre de 1988, aprobado en
nuestro ordenamiento jurídico por virtud de la Ley 319 de 20 de septiembre de
199644 y promulgado mediante Decreto 429 de 14 de marzo de 200145, estableció:

“[…] ARTICULO 11. DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO.

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con
servicios públicos básicos.

2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y
mejoramiento del medio ambiente […]” (Destacado de la Sala).

39.4. Ahora bien, en el ordenamiento jurídico interno, el medio ambiente está
amparado por lo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional46 ha denominado
la “Constitución Ecológica”, esto es, el conjunto de disposiciones contenidas en la
Carta Política que fijan los supuestos con fundamento en los cuales debe regularse
la interacción entre la sociedad y la naturaleza, con miras a proteger el medio
ambiente.

42 Por medio del cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico encargado de la

gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.
43 El citado instrumento internacional entró en vigor el 16 de noviembre de 1999 de acuerdo con lo previsto en

su artículo 21, numeral 3.
44 Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos

en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador', suscrito en San
Salvador el 17de noviembre de 1988.
45 Por el cual se promulga el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscrito en San Salvador
el 17 de noviembre de 1988.
46 Corte Constitucional: Sentencias T-411 de 17 de junio de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-523 de

22 de noviembre de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-126 de 1 de abril de 1998, M.P. Alejandro
Martínez Caballero y C-431 de 12 de abril de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

29

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

39.5. Sobre el particular hay más de 30 disposiciones Constitucionales que
desarrollan la materia, entre las cuales se destacan los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95
que prevén: i) la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas
naturales de la Nación; ii) la función ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar
de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservando las áreas de especial importancia ecológica y fomentando
la educación para el logro de estos fines; y iv) el deber del Estado de planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Así como de prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir
la reparación de los daños causados.

39.6. Estos preceptos previamente referidos concentran los atributos principales
en relación con el medio ambiente que se manifiestan en otros artículos
constitucionales, de ahí que el análisis de este bien jurídico superior se efectúe
desde tres perspectivas: i) como un derecho de las personas, ii) como un servicio
público y, iii) como un principio que permea el ordenamiento jurídico en su
integridad, dado que asigna facultades e impone compromisos a las autoridades así
como a los particulares, en aras de su protección adquiriendo, de esa forma, un
carácter de objetivo social.

39.7. En relación con el medio ambiente sano como derecho colectivo, la Corte
Constitucional47 ha resaltado su importancia “[…] ya que los derechos colectivos y
del ambiente no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos
por el interés universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados
derechos humanos de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las
generaciones que están por nacer", toda vez que "la humanidad del futuro tiene
derecho a que se le conserve, el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la
dignidad del hombre como sujeto universal del derecho […]”.

39.8. Asimismo, sobre el medio ambiente y el equilibrio ecológico, la referida
Corporación en sentencia T-046 de 29 de enero de 199948 precisó lo siguiente:

“[…] cabe señalar que existen unos deberes estatales encaminados a la protección
de la diversidad e integridad del ambiente, la conservación de las áreas de especial
importancia ecológica y el fomento de la educación para obtener esos fines, que
comportan igualmente una planificación del manejo y del aprovechamiento de los
recursos naturales de manera que se garantice su desarrollo sostenible,
conservación, restauración o sustitución, así como la prevención y control de los
factores de deterioro ambiental, que se traducen en las acciones más importantes
para que el Estado cumpla con los propósitos especialmente definidos respecto de

47 Corte Constitucional, sentencia C-699 de 18 de noviembre de 2015, M.P. Diana Fajardo Rivera.
48 M.P. Hernando Herrera Vergara.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

30

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

la existencia de un medio ambiente sano y equilibrado, las cuales vienen
acompañadas para su eficacia con la correlativa posibilidad de imponer sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados, junto con el deber de
cooperación con otras naciones para la protección de los ecosistemas situados en
las zonas fronterizas (C.P., arts. 8, 79 y 80) […]”.

39.9. El marco legal en materia ambiental encuentra sus mediatos orígenes en la
Ley 23 de 19 de diciembre de 197349 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de
197450, cuyos artículos 1.° y 2.°, dictan que el medio ambiente es un patrimonio
común cuya preservación y manejo es una obligación exigible al Estado y a los
particulares y precisan que el Código de Recursos Naturales y Protección al Medio
Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación y restauración del
ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos
naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos de la
explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos y
regular la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva así como la
actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que emanan del
aprovechamiento y conservaciones del medio ambiente.

39.10. Más recientemente, la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993, “Por medio del
cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras
disposiciones”, prevé los principios que la política ambiental debe seguir, haciendo
remisión específica a los postulados universales y de desarrollo sostenible
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio
Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, procura la protección de la biodiversidad en
Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad y el derecho de
los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza,
resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en cuenta el
resultado del proceso de investigación científica, sin perjuicio de la aplicación del
principio de precaución.

39.11. Finalmente, el goce de un ambiente sano ha sido entendido, tanto por la
Corte Constitucional como por esta Corporación, como un derecho multidimensional
fundamental y colectivo. Al respecto, se considera pertinente citar la sentencia
proferida por esta Sección el 14 de marzo de 201951, en los siguientes términos:

49 Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de

Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.
50 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
51 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 14 de marzo de

2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación: 17001-23-00-000-2011-00337-01
(AP).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

31

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

“[…] Atendiendo a este marco constitucional, el goce de un ambiente sano ha sido
entendido por la Corte Constitucional y por esta Corporación judicial, como un
derecho multidimensional fundamental y colectivo52. Precisamente, en sentencia de
28 de marzo de 2014, esta Sección adujo lo siguiente:

“[…] Resulta lógico que dicho derecho cuente con varias dimensiones, toda
vez que ostenta la calidad de i) derecho fundamental (por encontrarse
estrechamente ligado con los derechos fundamentales a la vida y a la salud);
ii) de derecho-deber (todos son titulares del derecho a gozar de un ambiente
sano pero, además, tienen la obligación correlativa de protegerlo); iii)
de objetivo social (conservación de las condiciones del medio ambiente
para garantizar la supervivencia de las generaciones presentes y futuras) y,
iv) de deber del Estado (conservación del medio ambiente, eficiente manejo
de los recursos, educación ambiental, fomento del desarrollo sostenible, e
imposición las sanciones a que haya lugar). […]53

Ahora bien, acerca de la noción de medio ambiente y los alcances del derecho al
goce del ambiente sano y existencia del equilibrio ecológico, la Sección Primera del
Consejo de Estado ha precisado lo siguiente:

“[…] Así, se ha entendido y desarrollado la noción de medio ambiente como
todo lo que rodea a los seres vivos y comprende elementos biofísicos, los
recursos naturales como el suelo, el agua, la atmósfera, la flora, la fauna,
etc.; y los componentes sociales. Las distintas normativas buscan establecer
la correcta interrelación de los distintos elementos en aras de salvaguardarlo.

En ese orden de ideas, resulta lógico que dicho derecho cuente con varias
dimensiones, toda vez que ostenta la calidad de i) derecho fundamental (por
encontrarse estrechamente ligado con los derechos fundamentales a la vida
y a la salud); ii) de derecho-deber (todos son titulares del derecho a gozar de
un ambiente sano pero, además, tienen la obligación correlativa de
protegerlo); iii) de objetivo social (conservación de las condiciones del medio
ambiente para garantizar la supervivencia de las generaciones presentes y
futuras), iv) de deber del Estado (conservación del medio ambiente, eficiente
manejo de los recursos, educación ambiental, fomento del desarrollo
sostenible, e imposición las sanciones a que haya lugar) y v) de derecho
colectivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 88 superior.

Es así como, en relación con la primera de las dimensiones reconocidas al
derecho al ambiente sano, como derecho fundamental por su inescindible
relación con los derechos a la vida y a la salud, la Corte Constitucional
determinó:

“El derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a la vida y
a la salud de las personas. De hecho, los factores perturbadores del medio
ambiente causan daños irreparables en los seres humanos y si ello es así
habrá que decirse que el medio ambiente es un derecho fundamental para
la existencia de la humanidad. A esta conclusión se ha llegado cuando esta
Corte ha evaluado la incidencia del medio ambiente en la vida de los
hombres y por ello en sentencias anteriores de tutelas, se ha afirmado que
el derecho al medio ambiente es un derecho fundamental”54.

Por su parte, respecto de la connotación de derecho deber, se ha precisado:

52 Corte Constitucional. Sentencia C-632 del 24 de agosto de 2011. MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Demanda de inconstitucionalidad contra los articulas 31 y 40 (parcial) de la Ley 1333 de 2009 "Por la cual se
establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones". Actor: Luis Eduardo
Montealegre Lynett. Exp. 0-8379.
53 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número:

25000-23-27-000-2001-90479-01 (AP)
54 Corte Constitucional, Sentencia C - 671 de 2001.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

32

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

“Bajo ese entendido, uno de los principios fundamentales del nuevo régimen
constitucional es la obligación estatal e individual de proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación, en virtud de la cual, la Constitución
recoge en la forma de derechos colectivos y obligaciones específicas las
pautas generales que rigen la relación entre el ser humano y el ecosistema.
Estas disposiciones establecen, por ejemplo, (i) el derecho colectivo a gozar
de un ambiente sano, (ii) la obligación estatal y de todas las personas de
proteger la diversidad e integridad del ambiente, (iii) la obligación del Estado
de prevenir y controlar los factores de deterioro y garantizar un desarrollo
sostenible y (iv) la función ecológica de la propiedad. (…)

De ahí que todos los habitantes del territorio colombiano tienen derecho a
gozar un entorno o hábitat sano y el deber de velar por la conservación de
éste […]” (Subraya inserta en el texto)

[…]

Por ello, el principio de desarrollo sostenible se convierte en el parámetro
que debe guiar las relaciones sociales, ambientales y económicas.

El mencionado principio facilita el proceso de armonización de las tensiones
existentes entre el uso y la explotación de los recursos naturales; con la
necesidad de conservar y proteger el ambiente55. En efecto, el artículo 80 de
la Carta Política consagra una garantía estatal de racionalización de los
recursos naturales, a través de la cual se establecen pautas de preservación
del ambiente al interior de la estrategia de crecimiento económico que
promueva el Estado.

A nivel normativo el artículo 3º de la Ley 99 de 1993, define el desarrollo
sostenible como aquel que: “[…] conduzca al crecimiento económico, a la
elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio
ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la
satisfacción de sus propias necesidades […]”. En igual sentido, la Ley 1523
de 201256, dispuso en su artículo 3° que: “[…] el desarrollo es sostenible
cuando satisface las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de los sistemas ambientales de satisfacer las necesidades futuras
e implica tener en cuenta la dimensión económica, social y ambiental del
desarrollo. El riesgo de desastre se deriva de procesos de uso y ocupación
insostenible del territorio, por tanto, la explotación racional de los recursos
naturales y la protección del medio ambiente constituyen características
irreductibles de sostenibilidad ambiental y contribuyen a la gestión del riesgo
de desastres […]”.

Cabe precisar que este concepto también se nutre de diversos compromisos
multilaterales de los Estados. Particularmente, la Declaración de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972, el
informe Brundtland de 1987, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y
Desarrollo de 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible Río + 20 de 22 de junio de 2012 y la XXI Conferencia
Internacional sobre Cambio Climático de 2015, entre otros.

Estos instrumentos internacionales ponen de presente la necesidad de
promover políticas que mantengan y expandan la base de los recursos
naturales desde una estrategia de equidad intergeneracional, la cual
reconoce que: i) es necesario preservar los recursos naturales para el
beneficio de las generaciones futuras; ii) la explotación de los recursos debe
ser sostenible, prudente y racional; y, iii) las consideraciones
medioambientales deben ser parte de los planes de desarrollo.
55 Consejo de Estado, Sección Primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés (E1), sentencia

de 17 de agosto de 2017. Radicación número: 20001-23-33-000-2016-00114-01 (AP).
56 "Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres".

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

33

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

En efecto, recientemente el Estado Colombiano suscribió el Acuerdo de
París, adoptado el 12 de diciembre de 2015 y aprobado mediante Ley 1844
de 2017, en cuyo marco el gobierno nacional reitera el compromiso global de
armonizar el bienestar de las personas con el de la naturaleza, de manera
que el medio ambiente sea considerado como parte fundamental del proceso
de desarrollo.

Sin embargo, esta actividad de ponderación de ambos bienes jurídicos no
resulta sencilla. Por ello, esta Sección, en la sentencia de 21 de junio de
2001, recordó que el Estado que no puede frenar el desarrollo cuando este
sea sostenible. Es decir, aquel que “[…] lleve al crecimiento económico, al
mejoramiento de la calidad de vida y al bienestar social sin agotar los
recursos, ni deteriorar el ambiente […]”57.

Sumado a ello, en la sentencia de 18 de marzo de 2010, la Sección Primera
de esta Corporación judicial, al reconocer el escenario complejo que afrontan
las autoridades públicas en la interpretación del principio de desarrollo
sostenible, puso de presente que: “[…] el medio ambiente involucra aspectos
relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los
recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la
diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida
del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural […]”58.

De igual manera, conforme al criterio jurídico definido en la sentencia de 28
de marzo de 201459, el concepto de desarrollo sostenible posibilita el
desarrollo de actividades productivas que conduzcan al crecimiento
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin
agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a
utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.

Por lo anterior, es dable concluir que, a nivel normativo y jurisprudencial, la
protección del medio ambiente es un tema transversal que tiene como gran
garante al Estado, pero que, sin duda, termina involucrando a todas las
personas (naturales y jurídicas) que habitan y coexisten en el ecosistema
nacional y mundial […]” (Subrayado del texto).

Análisis del caso concreto

40. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
referidos en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el
análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo
jurídico, concluir el caso concreto.

41. El Tribunal consideró que no puede ser entendido como patrimonio cultural
de una ciudad el maltrato reiterado y abusivo al cual se encuentran sometidos los
animales de tracción, en este caso los caballos de los coches turísticos de
Cartagena; en consecuencia, consideró que se deben adoptar las medidas

57 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Oiga Inés Navarrete Barrero.
58 Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente (E): María

Claudia Rojas Lasso. Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010). Radicación número: 44001-
23-31-000-2005-00328-01(AG). Actor: Bartolo Poveda González. Demandado: Municipio de Maicao y Otros.
59 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número:

25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

34

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

necesarias para garantizar la protección de los derechos colectivos al goce de un
ambiente sano. Por lo anterior, consideró que es necesario establecer un marco
regulatorio que no solo prohíba la crueldad y la explotación, sino que también
promueva un modelo de convivencia armónica entre seres humanos y animales, en
el que se garantice el respeto mutuo y la protección de los derechos fundamentales
de todos los involucrados. Se resaltó, la importancia de un enfoque equilibrado y
ético que reconozca y proteja la dignidad de ambos grupos, así como la interrelación
entre sus derechos y responsabilidades.

42. El Tribunal concluyó que: i) el uso de animales de tracción está permitido
conforme a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 98 de la Ley 769; ii) el
Ministerio de Transporte ha expedido regulaciones al respecto como la Resolución
20213040045305 de 2021; sin embargo, también existe evidencia del maltrato
animal al que se ven sometidos los equinos que participan en esta actividad.

43. En el recurso de apelación se indicó como argumentos, por un lado, que el
Tribunal no tuvo en cuenta las pruebas respecto de las actividades realizadas por
el Distrito de Cartagena para el control de las actividades que conllevan el uso de
equinos en vehículos de tracción acción animal, por cuanto la actividad está
permitida y por el otro, la necesidad de realizar un juicio de proporcionalidad en
relación con las órdenes impartidas.

44. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que las pruebas relevantes
para resolver el caso sub examine son las siguientes:

45. Copia del oficio núm. AMC-OFI-0040261-2015 del 14 de mayo de 2015
suscrito por el Director de UMATA Distrital, en el que se indicó60:

“[…] PRIMERA: Es importante resaltar que la UMATA DISTRITAL, es la unidad
municipal de asistencia agropecuaria del distrito de Cartagena y nuestras
competencias misionales son, Prestar de manera eficaz y eficiente el servicio de
Asistencia Técnica Directa Rural, Transferencia de Tecnología, Asesoría en la
implementación de proyectos productivos y en la organización de grupos de trabajo
asociado, elaborar el Plan de Desarrollo del sector agropecuario del Distrito,
Potencializar acciones con la entidades del sector, programas y proyectos para la
satisfacción de los pequeños productores agropecuarios, pesqueros, forestales,
agroforestales, silvícola o de zoocria, buscando mejorar la producción de estos, y su
integración con los mercados locales y nacionales.

SEGUNDA: La UMATA DISTRITAL, en conjuntamente con la Policía Ambiental, y
el DATT, ha incrementado los operativos para mejorar el bienestar de los
animales que trabajan en los servicios de coches turísticos, se les esta brindado
capacitación a los cocheros con relación a un mejor manejo de los animales, en
aspectos como Herraje, alimentación, además para un mejor control y descanso de
los caballos se les ha brindado un espacio para el descanso de estos caballos

60 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

35

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

durante la jornada establecida para trabajar, constantemente se están haciendo
revisiones del estado de los caballos durante las jornadas laborales.

TERCERA: La UMATA DISTRITAL, no tiene competencia legal para ordenar la
suspensión de la actividad de los vehículos de tracción animal con fines turísticos.

CUARTA: Actualmente el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte
DATT, está llevando a cabo el plan de sustitución de vehículos de tracción
animal en la ciudad de Cartagena, respecto a la sustitución de los equinos cocheros
la Ley 769 del 6 de agosto de 2002, "Código Nacional de Tránsito Terrestre" expresa
en su Artículo 98: "Vehículos de tracción animal. En un término de un (1) año, se
prohíbe el tránsito urbano en los municipios de Categoría. Especial y en los
municipios de primera categoría del país, de vehículos de tracción animal, Parágrafo
1°. Quedan exceptuados de la anterior medida los vehículos de tracción animal
utilizados para fines turísticos.

QUINTA: Como consecuencia de la anterior respuesta, la UMATA DISTRITAL, no
tiene competencia para realizar un proceso de recolección de los mamíferos usados
como equinos cocheros en la ciudad de Cartagena […]”. (Destacado fuera de texto).

46. Copia de reporte noticioso informando sobre el desplome de caballos en
Cartagena, en las fechas: 17 de febrero de 2015, 13 de mayo de 2015, y 27 de mayo
de 201561.

47. Copia del oficio núm. 1320360000-354-2014 de 2 de septiembre de 2014,
suscrito por la Procuradora 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena, con
referencia: Informe Caballos 2. En el que se indicó62:

“[…] 1. El 02 de julio de 2014, se realizó visita a las pesebreras en el Sector de
Chambacú, que puso en evidencia las precarias condiciones en que se
encuentran los caballos que prestan su servicio a los coches. Fruto de ello fue el
primer informe remitido a su Despacho, por medio del cual se le ponía de presente
la situación en que viven los caballos de la ciudad de Cartagena.

Resultado de este Informe fue el Oficio 11036-jihm-npv-ODAN-1454 de fecha 07 de
julio de los corrientes, por medio de la cual la Procuraduría Delegada para Asuntos
Ambientales y Agrarios, sugiere al Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, DIONISIO
VELEZ TRUJILLO, suspender la actividad ejercida por los cocheros "hasta tanto se
hayan adoptado las medidas contingentes y necesarias para proteger la salud y vida
de los equinos".

Ante esta sugerencia, el Alcalde Mayor hizo caso omiso, aduciendo que la actividad
de los cocheros es un emblema de la ciudad y por ende, la misma no puede ser
suprimida.

2. Teniendo en cuenta que el Decreto 0656 de 03 de Junio de 2014 "por medio del
cual se dictan medidas de seguridad, salubridad, protección animal y ordenamiento
del tránsito relacionadas con el servicio de coches en el Distrito de Cartagena", se
formuló sobre la base de unos estudios técnicos presentados tanto por la UMATA,
como por el DADIS, esta Judicial solicitó a la Alcaldía dichos informes, los cuales
fueron aportados.

61 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado cuaderno

1 página. 425.
62 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado cuaderno

1 página 582.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

36

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

3. Sin embargo al realizar la lectura de dichos informes se evidenció que estos se
realizaron sobre la base de información deficiente, lo cual no contribuye en nada a
mejorar las condiciones de los equinos y su trabajo. Asimismo se revisó el "informe
veterinario" que dio pie al Decreto 0656 de 2014, razón por la cual este Despacho
solicitó de manera verbal que se les practicara el examen pertinente a los caballos,
dado que a la fecha el documento aportado no se acercaba en nada a un examen
veterinario. En consecuencia, según informó a este Despacho el Dr. LUIS MAGIN
GUARDELA OSORIO, Director de la UMATA Distrital, se contrató a la UDCA para
que les practicara dichos exámenes, los cuales ya fueron solicitados a la Alcaldía,
pues se tiene conocimiento que el 40% de los caballos no pasó el examen. En igual
sentido se le solicitó informara sobre la existencia del Coso Municipal y qué medidas
se pensaban tomar para aquellos animales que se encontraran en precarias
condiciones y para los dueños de estos animales.

4. De otra parte se le solicitó a la Alcaldía que hiciera llegar la información
correspondiente a la conformación de las Juntas de Protección Animal y las
campañas realizadas, aportando estos en primera instancia información que
resultaba insuficiente, pues allegaron unas actas de reuniones que ni siquiera tenían
firmas, ni se evidenciaba por ninguna parte que efectivamente existiera un
documento que soportara su conformación. […].

5. De igual manera la Fundación Ángeles con Patas puso en conocimiento de esta
Judicial que a la fecha tienen un Convenio con el Distrito por valor de $50.000.000,
dinero con el cual deben no sólo acoger los diferentes animales que se encuentran
en estado de abandono a lo largo de la ciudad, sino también le deben proveer su
alimento y cuidado. De igual manera manifestaron que el Convenio fue firmado a
mediados de junio, cuando desde comienzo de año ya vienen prestando el servicio.

6. Esta Judicial también tuvo conocimiento que en la ciudad de Cartagena funciona
un espacio mal llamado "Guardia Ambiental", donde son llevados algunos de los
animales que decomisan. Al momento de visitar el lugar, se encontraba un caballo
que había sido decomisado y se encontraba amarrado a un árbol desde hacía más
de una semana, sin que la UMATA entregara el cuidado del mismo a dicha
Fundación, pese a sus numerosos requerimientos. Al día de hoy el caballo se
encuentra en este mismo lugar.

[…]

Lo preocupante de todo esto Dr. Amaya, es que a la fecha la Alcaldía se ha hecho
de la "vista gorda", con lo que sucede a diario con estos animales y pretenden
poner paños de agua tibia y no dar solución de fondo a esta situación, bajo el
argumento de que se trata de una actividad emblemática y que erradicaría
significa derribar las murallas de la ciudad. Lo que más asombra es que esta
no es una actividad propia del Distrito, sino es absolutamente privada, es además
un problema de movilidad para la ciudad, pero el Alcalde insiste en mantenerla,
sabrá Dios por qué razón, cuando está incurriendo en un abierto propiciador del
maltrato animal. Ahora bien, siendo ésta una actividad privada, quienes la ejercen
no expiden facturas por la prestación del servicio, ni declaran renta y mucho
menos tienen contratos laborales con los cocheros. Y pese a todo ello el
Distrito los defiende a capa y espada, pero no toma las acciones ni los correctivos
del caso para que esta sea brindada de manera idónea y sin causar detrimento a
los pobres caballos que en últimas son los que pagan los abusos tanto por parte
de los dueños de los coches, como de los cocheros mismos […]”. (Destacado fuera
de texto).

48. Copia del oficio núm. DPRB5003-001284 de 26 de junio de 2014, suscrito por
la Defensora del Pueblo Regional Bolívar en el que se indicó63:

63 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado cuaderno

2 página 153.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

37

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

“[…] En ejercicio de la acción defensorial que nos compete, de conformidad con la
Constitución Política de 1991, la Ley 24 de 1992 y demás decretos reglamentarios
y normas complementarias, me dirijo a usted a fin de manifestarle que hemos venido
atentos al debate local sobre el tema del maltrato a los animales y el servicio de
coches turísticos.

En nuestras conversaciones con el señor director de la Umata, hemos conocido el
decreto 656 de 2014 en virtud del cual se realiza una importante regulación del tema,
que entendemos terminó el proceso de socialización que da lugar a su aplicación.
Es importante resaltar también que sobre el particular está vigente el cumplimiento
de la sentencia del juzgado séptimo Civil del Circuito de Cartagena de fecha 4 de
agosto de 2009.

En tal sentido debemos manifestarle nuestro rechazo al maltrato animal que viene
ocurriendo con varios caballos, pero al mismo tiempo entendemos que hay
familias cartageneras que devengan su sustento de este servicio, por lo que
cualquier suspensión del mismo podría amenazar los derechos
fundamentales al trabajo y al mínimo vital, amén de lo que significa como elemento
turístico representativo de la ciudad.

En el marco de esa tensión, que tuvo ayer un momento importante en la sesión del
Concejo en la cual se debatió el tema, tanto animalistas como cocheros tuvieron la
oportunidad de poder exponer sus razones, y de llegar a algunos consensos
importantes para resolver la situación.

Del (sic) citado decreto, y que el estricto cumplimiento del mismo lleve a superar las
situaciones de maltrato que puedan estarse presentando y que son inaceptables.
En tal sentido, consideramos que la mejor decisión es la revisión urgente de los
caballos y sacar del circuito a aquellos que requieran en este momento de atención
en salud, hasta que se recuperen plenamente.

Creemos que con esta decisión y la certeza de que los animales que están
desarrollando esa actividad solo son aquellos aptos para el trabajo, iremos
superando una situación que preocupa a toda la ciudadanía.

Por último, dado que la sentencia de tutela citada ordena la protección de los
derechos fundamentales de los cocheros, siempre y cuando la misma se desarrolle
en el marco de la ley, le solicito adoptar un plan de medidas adecuadas y suficientes
para que pueda garantizar el sustento de las varias decenas de familias que
dependen del mismo […]”.

49. Copia del oficio núm. 13203600003-353-2014 de 3 de septiembre de 2014
suscrito por el Director de la UMATA DISTRITAL en el que se indicó:

“[…]
▪ La UMATA DISTRITAL, celebró un convenio con la Universidad De Ciencias
Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A), para la realización de una revisión medico
veterinaria de los caballos cocheros; el 27 de agosto del presente, la U.D.C.A, a través
del médico veterinario Marcial Diaz, hizo entrega oficial en la UMATA, del informe de
la revisión médica veterinaria de los caballos cocheros de Cartagena.

▪ Durante la revisión médica veterinaria se instalaron sesenta (60) microchip para
igual números de caballos que cumplieron con el peso de 350 kilos y de alzada de
145 cm que exige el decreto 0656 del 3 de junio de 2014.

▪ Teniendo en cuenta el informe presentado por la U.D.C.A, realizamos el mismo día
una mesa de trabajo, donde se concluyo (sic) que la prioridad era solucionar de
manera inmediata a los equinos diagnosticados con anemia infecciosa, que el informe
dio como resultado catorce (14), toda vez, que se deben tener apartados de otros
animales, para evitar la proliferación de la enfermedad. Por esta razón se programó
que dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre del presente, el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

38

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

traslado a un predio a las afuera de Cartagena de estos equinos con anemia
infecciosa, el predio debe ser diferente al albergue de la fundación Ángeles (sic) con
patas y sin presencia de otros equinos, para evitar contagios.

▪ Se ofició carta al presidente de los caballos cocheros donde se le notifica cuales son
los animales diagnosticados con afección cardiaca, dándosele recomendación
especifica de retirar estos equinos de la labor de halar los coches turísticos
hasta que se realice el diagnóstico definitivo con exámenes complementarios
de ecocardiografías, electrocardiografías, como lo señala el informe.

▪ Se realizó un taller de nutrición equina el día 30 de junio y otro se realizará el 4 de
septiembre para que los caballos cuenten con una alimentación que les permita
realizar su trabajo con la energía suficiente. Así mismo, los caballos que al
momento de la revisión oscilaban entre un peso de 330 a 349 kilos, permitirles
alcanzar el peso adecuado que señala el decreto 0656 de 2014.

▪ Se están realizando operativos para vigilancia y control, dos veces a la semana,
verificando el estado de los caballos cocheros, hasta la fecha se han decomisados
dos (2) caballos.

▪ El decreto 0656 del 3 de junio de 2014, establece que las regulaciones referente a
los requisitos del caballo, los coches y las pesebreras su cumplimiento comienza a
regir a partir del 31 de diciembre del presente, no obstante, de común acuerdo con
los cocheros se acordó que en materia de peso, alzada y sanidad animal se establece
la fecha del 30 de septiembre del presente para el cumplimiento de estas medidas
[…]”64.(Destacado fuera de texto).

50. Copia del informe de revisión médica de caballos cocheros de Cartagena,
realizado por la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA de febrero
de 2015. Dentro de las conclusiones se destaca: i) se implantaron un total de 47
microchips a caballos nuevos y se examinaron 50 que ya tenían; ii) se incapacitaron
para trabajar 14 caballos; iii) de los 111 equinos examinados en las pesebreras de
Marbella y Chambacú, 14 caballos no aprobaron la revisión médica; iv) los caballos
presentan problemas de aplomo que deben ser corregidos para evitar el maltrato
que estos defectos producen en las articulaciones, tendones y músculos de los
caballos; v) los resultados de anemia infecciosa equina demuestran la necesidad de
realizar muestreos periódicos para ejercer un control adecuado; vi) es necesario
retirar de las pesebreras aquellos animales positivos a anemia. Como
recomendaciones se determinó: i) establecer programas de sanidad y nutrición; ii)
mejorar las pesebreras en especial las divisiones para delimitar el contacto entre
ellos; iii) realizar exámenes médicos para un mejor monitoreo sanitario; y iv) un
manejo profesional para mejorar y mantener el buen estado de los aplomos de las
extremidades y contribuir al bienestar físico.

51. Copia de la Resolución núm. 4473 de 17 de junio de 201565 “Por la cual se
establece el reglamento técnico aplicable a las instalaciones del sitio de descanso

64 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado cuaderno

2 página 277.
65 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado cuaderno

2 página 337.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

39

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

de los caballos que prestan el servicio turístico de coches en el Distrito de Cartagena
de Indias” en la que se resolvió como objeto establecer el reglamento técnico a
través del cual se señalen los criterios técnicos locativos y sanitarios mínimos que
deben cumplir los sitios de albergue de los caballos que prestan servicio turísticos
de coches, ubicados en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, con el fin de
mitigar los riesgos para la salud y la vida de los caballos, así como, los criterios
administrativos y sancionatorios que deben observar las autoridades que realizan
las acciones de inspección, vigilancia y control. Se aplica a las pesebreras de uso
colectivo y de propiedad privada ubicadas en el distrito. Además, deben cumplir con
ciertos requisitos: i) estar en un sitio donde no causen malestar a la comunidad
relacionada con olores ofensivos y contaminación; ii) donde no se produzcan
problemas sanitarios en el área circundante o en el ambiente, lo que implica que
deben realizarse en locales o edificaciones apropiadas; y iii) su ubicación debe estar
acorde al uso de suelos establecidos en el plan de ordenamiento territorial de
Cartagena. Inclusive se ordena en relación con: las instalaciones; espacio y
localización; pisos, paredes y puertas; comederos y bebederos; estercoleros y
limpieza, entre otros.

52. Copia del certificado de registro presupuestal núm. 550 de la Alcaldía de
Cartagena por valor de $90.000.000.oo para el convenio de asociación que tiene
como objeto aunar esfuerzos para adelantar acciones y operativos de control y
contra el maltrato de equinos utilizados como vehículos de tracción animal y
caballos pertenecientes al servicio de coches turísticos en el Distrito de Cartagena66.
Copia del convenio de asociación con entidades sin ánimo de lucro C172-2015
SPDS UMATA.

53. Copia del informe de gestión núm. AMC-OFI-0050255-2015 suscrito por el
director de la UMATA DISTRITAL, en el que se indicó:

“[…] En mi calidad de director de la UMATA DISTRITAL, me permito presentar
informe de la gestión realizada por el distrito de Cartagena, respecto a los caballos
que prestan el servicio de coche turístico.

La administración que preside el Doctor Dionisio Vélez Trujillo fue la primera que se
atrevió a sustituir el decreto obsoleto del año 2003 que estableció el peso mínimo
para caballos que jalonen coches turísticos en 300 kilos y una alzada de 140 cm. En
Junio del 2014, el alcalde Expidió el decreto 0656 que reglamenta la actividad de
coches turísticos que establece que los equinos deben tener un peso mínimo de 350
kilos y una alzada de 145 cm, mejorando las condiciones corporales del caballo y su
estado general. En base al decreto, en Julio, a través de la Umata y la universidad
UDCA, se llevó a cabo la primera revisión médica veterinaria integral que se les hace
a los caballos cocheros en toda la historia de Cartagena, que incluyo exámenes de

66 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado cuaderno

2 página 354 y ss.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

40

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

Anemia Infecciosa Equina, frecuencia cardiaca, aplomos, exámenes sanguíneos,
alzada, peso, condición corporal, parásitos internos y externos, más de 10
profesionales de tan prestigiosa universidad se dieron a la tarea de realizar una
revisión minuciosa de cada animal, presentando los resultados en agosto del 2014.
A nivel nacional la ciudad de Cartagena es la única en realizar este tipo de exámenes
a los caballos cocheros, en otras ciudades donde también se presta este servicio no
lo han realizado como por ejemplo Santa Marta, entre otros

(Anexamos copia del informe), dando como resultado 60 animales que pasaron las
pruebas colocándole un microchips de identificación y 55 no aptos. O sea el 52%
sólo podía prestar el servicio y el 47.8% de los animales estaban por fuera de los
parámetros exigidos por el nuevo decreto, que entraron en un proceso de restitución
que los cocheros fueron haciendo paulatinamente bajo la inspección de la UMATA.

Paralelamente a los operativos semanales de control realizados por El Datt, policía
nacional y Umata, con la verificación de tener colocado el microchip, se le dictaron
dos talleres de alimentación equina gestionados por la administración ante la
empresa Nutrinal y la Universidad CES de Medellín, buscando disminuir el esfuerzo
diario de los equinos el alcalde suprimió la ruta de los coches hacia Bocagrande y
de común acuerdo con los cocheros se clausuró la salida de coches desde Villa
Estrella, que era la ruta más lejana al centro histórico. En los últimos días de
diciembre del 2014, se repitió el examen integral a los nuevos caballos y a los que
habian pasado las pruebas, obteniendo 94 animales en condiciones para trabajar
los cuales se les implanto los microchips, y 14 no aptos para ese servicio. Es decir,
en menos de seis meses se pasó del 52% de animales en buen estado a un 87%, y
los animales no aptos se redujeron considerablemente, al pasar de 47.8% al 12. 9%
(anexamos informe de diciembre). Cabe señalar, que la administración distrital en
sus constantes operativos ha incautado a 4 caballos que prestaban el servicio de
coches turísticos, que hoy se recuperan en el albergue localizado en Pasacaballos,
a la espera de las sanciones que emita los inspectores de policía por maltrato animal
e incumplimiento del decreto 0656.

Actualmente se tiene doce (12) equinos incautados, diez (10) por anemia infecciosa
y cuatro (4) por maltrato animal, que están en recuperación y a la espera que los
inspectores de Policía lleven a cabo los respectivos procedimientos sancionatorios.
Por otra parte con Corpoturismo, Umata y Sena se tiene programado un curso con
experto en herraje para la tercera semana de junio a todos los cocheros para mejorar
la podología en los equinos. En abril del 2015, se realizó la revisión médica en talla
y alzada, encontrándose 94 animales aptos que tenían su microchips y 10 que no
pasaron las pruebas (anexamos informe de la revisión).

El Distrito de Cartagena celebro el convenio de asociación C172-2015 SPDS
UMATA con la Corporación Guardianes de la Comunidad, con el objeto de anuar
esfuerzos para adelantar acciones y operativos de control contra el maltrato de
équidos utilizados como vehículos de tracción animal y caballos pertenecientes al
servicio de coches turísticos en el distrito de Cartagena., la corporación dispone de
un albergue donde son llevados los equinos incautados por maltrato animal […]”.

53.1. Se realizó la atención médico-veterinaria a caballos cocheros los días 20, 21,
22 y 23 de marzo de 2014. Se trabajó en el herraje de los caballos, en sus piezas
dentarias y se atendieron 94 caballos. El 2 de julio de 2014 se realizó la socialización
del Decreto 0656 del 3 de junio de 2014, taller de nutrición equina a cocheros
realizado el 30 de julio y el 4 de septiembre de 2014. En el mes de octubre de 2014
se realizó la capacitación en hidratación y desparasitación equina realizada por

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

41

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

laboratorios ZOO; en julio de 2014 se inició el proceso de traslado de pesebreras
de villa estrella; y el 17 de junio de 2015 se realizó capacitación en herrajes.

54. Copia del oficio núm. AMC-OFI-0009094-2021 de fecha 4 de febrero de 2021
suscrito por el Subdirector Técnico y Operativo del Departamento Administrativo de
Tránsito y Transporte de Cartagena, en el que se indican las actividades que
corresponden a su competencia. Se destaca que para los años 2015, 2016, 2018 y
2020 se llevaron a cabo operativos de control técnico y de verificación del estado
de los coches, comprobando en general los requisitos mínimos para la prestación.
Además, en relación con la prestación del servicio de coches para el control de
cumplimiento de recorridos, de horarios durante los cuales deben prestar sus
servicios, de control de establecimiento y cumplimiento de los requisitos mínimos
que debe tener cada coche67.

55. Copia del oficio núm. 01593 SEPRO -GUPAE 29.25 de 7 de marzo de 2021
suscrito por el jefe del Grupo Protección Ambiental y Ecológica MECAR, en el que
indicó:

“[…] Aunado a lo anterior, informo a su honorable despacho que el Grupo de
Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Metropolitana de Cartagena de
Indias, el día 28/01/2021, mediante diligencia de allanamiento y registro ordenado
por la Fiscalía General de la Nación mediante número de SPOA
130016001129202006426, en el lugar conocido como las pesebreras de Marbella,
ubicadas en la Cra 3a con calle 48 barrio Marbella, donde participaron fiscales
especializados en maltrato animal, en materia ambiental, funcionarios médicos
veterinarios del CTI de la Fiscalía, Carabineros de la Policía Nacional, DIMAR,
funcionarios del Establecimiento Público Ambiental Epa Cartagena, Policía
Ambiental y funcionarios de la Policía Judicial de delitos ambientales, teniendo en
cuenta lo ocurrido meses atrás donde resultaron muertos 12 equinos, dichas
autoridades realizan esta diligencia para determinar mediante exámenes médicos
veterinarios, las condiciones en las que se encuentran 30 caballos que prestan
servicios turísticos como "Cocheros en el Centro Histórico de la ciudad" para
dictaminar que no se observe maltrato animal en estos especímenes; al realizar el
peritaje el personal profesional evidencia que 06 caballos y 01 asno se
encuentran en condiciones desfavorables de salud y con signos de maltrato
animal en ellos, procediendo a realizar por parte de la Policía Ambiental de
Cartagena, la aprehensión material preventiva de estos equinos y
posteriormente dejarlos a disposición de la Autoridad Distrital competente,
encargada en este tipo de casos como lo es la UMATA Cartagena según lo
normado en el artículo 8 de la ley 1774 de 2016 (maltrato animal). Cabe resaltar
que 03 semovientes son entregados en la pesebrera número 1 por el señor YESO
ALBERTO SOTO GARCIA, quien funge como presidente de la asociación de
cocheros de Cartagena; seguidamente se clasifican los equinos de la siguiente
manera aprehendidos por la Autoridad Policial así:

01 EQUINO COLOR MORO DUEÑO HUGO VELASCO SEXO MACHO
02 EQUINO COLOR MELADO DUEÑO JAIME URANGO SEXO MACHO
03 EQUINO COLOR MORO DUEÑO MARLON DE LUQUE SEXO MACHO

67 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado cuaderno

3 página página 163 y ss.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

42

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

Seguidamente se realiza la aprehensión material preventiva de 03 equinos en la
pesebrera número 2, entregados por el señor JULIO CESAR MURILLO
MONTERROSA CC. 9239357 de Santa Rosa (Bol) quien funge como alimentador
de los mismos, los cuales se clasifican de la siguiente manera.

01 EQUINO COLOR BAYO DUEÑO LUIS LEON SEXO MACHO
AMARILLO
02 EQUINO COLOR CASTAÑO DUEÑO LEIDER PADILLA SEXO MACHO
03 EQUINO COLOR BAYO DUEÑO ANTHONY SEXO MACHO
OSCURO

También se realiza la aprehensión de 01 semoviente asnal, quien es estregado por
el señor BRAYAN FUGUSTO TORRES. CC. 1148449157 de Cartagena,
manifestando ser el dueño del mismo.

01 ASNO COLOR GRIS DUEÑO BRAYAN TORRES SEXO MACHO

Cabe aclarar que los semovientes son dejados disposición de la UMATA Cartagena
mediante Acta SEPRO-GUPAE 025, firmada por los responsables cuidadores de los
animales, directora de la UMATA y Policía Ambiental, de igual manera se informa
mediante comunicados oficiales a las autoridades pertinentes para conocimiento y
demás fines como: Inspector de Policía comunal, radicado N'S-2021-
005264/SEPRO-GUPAE; Procuradora Judicial y Ambiental de Cartagena, Dra.
MAYELIS CHAMORRO RUIZ, radicado N° S-2021-005258/SEPRO-GUPAE y
Secrétario del Interior de Cartagena, Dr. DAVID ALFONSO MUNERA CAVADÍA,
radicado N° S-2021-005259/SEPRO-GUPAE […]”68.

56. Copia del oficio núm. 20214200111743 de 21 de septiembre de 2021,
suscrito por la Subdirectora de Tránsito del Ministerio de Transporte, en el que se
indicó:

“[…] Sea lo primero manifestar que, el Ministerio de Transporte, como lo establece
el Decreto 087 de 2011, es el organismo del Gobierno Nacional encargado de
formular y adoptar las políticas, planes, programas, proyectos y regulación
económica del transporte, el tránsito y la infraestructura, en los modos carretero,
marítimo, fluvial, férreo y aéreo del país, y conforme lo señala el artículo 1' de la Ley
769 de 2002, modificado por el artículo 1° de la Ley 1383 de 2010, es la autoridad
suprema en materia de tránsito en el país, y como tal, le corresponde ejercer las
funciones claramente establecidas en el artículo 2° del Decreto 087 de 2011.

Ahora bien, la Subdirección de Tránsito tiene entre otras funciones las siguientes:
Planear, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar la formulación de políticas y la
regulación técnica en materia de tránsito en los modos carretero, marítimo, fluvial y
férreo, así como ejecutar los planes, programas y proyectos en materia de tránsito,
tráfico y seguridad de los modos de su competencia; por tanto, de acuerdo a sus
funciones se referirá de manera general y en lo que le compete al tema objeto de
consulta; por tanto desde la Subdirección de Tránsito, se remitirá el respectivo
insumo en materia de competencia en tránsito para que la Oficina Asesora Jurídica,
emita un pronunciamiento de fondo al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

De otro lado, es necesario manifestar que conforme a la Ley 769 de 2002 "Por la
cual se expide el Código Nacional de Tránsito" entre sus definiciones establece:

"Artículo 2°. Definiciones. Para la aplicación e interpretación de este código, se
tendrán en cuenta las siguientes definiciones (...)

Vehículo de tracción animal: Vehículo no motorizado halado o movido por un animal.

68 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado cuaderno

3 página 189 y ss.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

43

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

En tal sentido, en relación a los vehículos de tracción animal, la Ley 2138 del 04 de
agosto de 2021 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS, PARA
LA SUSTITUCION DE VEHÍCULOS DE, TRACCION ANIMAL EN EL TERRITORIO
NACIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", la cual tiene como objeto la
creación de una normatividad tendiente a establecer parámetros para la sustitución
de vehículos de tracción animal y la consagración de medidas que propenden por el
bienestar de los animales, pertenecientes a las familias de los equinos y bóvidos
que son utilizados para este fin, de igual manera, ofrecer las garantías necesarias
para que las personas que derivan el sustento de este tipo de vehículos puedan
acceder a programas de reconversión sociolaboral.

Ahora bien, respecto a la sustitución de los vehículos de tracción animal, establece
lo siguiente:

"ARTÍCULO 2°. Sustitución de los vehículos de tracción animal. Las autoridades
distritales, municipales y departamentales en cuyos territorios circulen vehículos de
tracción animal iniciarán programas de sustitución. Las autoridades ambientales y
de protección animal competentes a nivel municipal, distrital y departamental;
procederán a su retiro, inmovilización e incautación.

Parágrafo Quedarán exceptuados de esta medida los vehículos de tracción
animal destinados a: actividades turísticas, agrícolas, pecuarias, forestales y
deportivas, de acuerdo con la reglamentación que expidan de manera conjunta el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Deporte y el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo. La cual deberá contemplar las condiciones bajo
la cual podrán seguir circulando estos vehículos, cómo; capacidad, peso,
dimensiones, etc.

En este mismo sentido, queda exceptuado de esta medida: el transporte rural en los
municipios en los que las condiciones geográficas, económicas o sociales no
permitan el uso de medios de transporte diferentes a los de tracción animal. "Negrita
y subrayado lidera de texto.

De acuerdo a lo anterior, se evidencia que en la Ley ibídem (sic) se exceptúa la
sustitución de vehículos de tracción animal destinados a actividades turísticas;
adicionalmente, respecto de las fuentes de financiación y presupuesto de sustitución
de vehículos de tracción animal que adelanten los municipios, distritos y
departamentos.

[…]

Es decir, en el artículo citado se establece que esta Cartera Ministerial tendrá la
competencia para desarrollar las políticas de movilidad y transporte en lo atinente a
la circulación de vehículos de tracción animal, las cuales deberán contemplar el
establecimiento de condiciones mínimas para el ejercicio de esta actividad; por
tanto, de acuerdo a las competencias de esta Subdirección de Tránsito en materia
de política pública en el marco de la Agenda Regulatoria del Grupo de Regulación
vigencia 2020, envió al Grupo de Regulación mediante memorando No.
20204200036263 del 15-05-2020, el insumo técnico como etapa previa al proceso
de expedición del acto administrativo por medio del cual se reglamentará la
utilización de vehículos de tracción animal con destinación turística.

Sin embargo, es menester precisar que actualmente el Ministerio de
Transporte no ha expedido la reglamentación que catalogue a los vehículos
tipo "cocheros" como vehículos de tracción animal, es decir, que sean un medio
de transporte destinado a fines turísticos […]”69.

69 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado cuaderno

3 página pagina 269 y ss.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

44

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

57. Copia del oficio núm. AMC-OFI-0111652-2021 del 13 de septiembre de 2021
suscrito por el Secretario de Planeación Distrital de Cartagena, en el que se
determinó “[…] [l]a actividad relacionada en su petición "PESEBRERAS DE LOS
EQUINOS COCHEROS", desarrollada o por desarrollar en el predio objeto de
estudio no se encuentra contemplada dentro de las actividades permitidas y
compatibles dentro del Área de Actividad MIXTA 2 y ZONA VERDE DE
PROTECCION; por lo cual la actividad solicitada está clasificada como NO
PERMITIDA de conformidad con las normas establecidas por el Plan de
Ordenamiento Territorial, en los predios referenciados […]”70.

58. Oficio núm. AMC-OFI-0009178-2023 de 2 de febrero de 2023, suscrito por la
Directora Técnica de la UMATA, en el que se indican 7 casos de equinos
reportados por diversos diagnósticos dentro de los que se destacan:
desnutrición, laceración múltiple, shock hipoglicémico, fractura por
atropellamiento, y cólico equino71.

59. Copia de las historias clínicas realizadas por la UMATA en atención a equinos
en el año 2022:

“[…]

70 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado cuaderno

3 página 277.
71 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado cuaderno

3 página 473.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

45

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

[…]”

60. Extracto de la noticia digital del diario El Universal de 19 de enero de 201472,
con titular: “¿Normas estrictas para los cocheros?”, se indica: i) se requieren normas
más estrictas con la práctica turística de los coches; ii) el desplome de tres caballos
en la calle; iii) la revisión de más de 30 caballos en el centro histórico; y iv) el peso
de los coches, el tipo de herrajes y las especificaciones para las pesebreras.

61. Extracto de la noticia digital del diario El Universal de 21 de febrero de 201473,
con titular: “Socialización y sensibilización a los cocheros de Cartagena”, se indica:
i) socialización del Decreto 0632 y capacitación para mejorar el servicio que prestan;
ii) la licencia de tránsito del coche turístico y la constancia de registro de los caballos.

62. Extracto de la noticia digital del diario El Heraldo de 13 de mayo de 2015 74,
con titular: “Muere caballo cochero en el Centro Histórico de Cartagena”, se indica:
i) un caballo se desplomó en Cartagena por agotamiento, siendo visto en malas
condiciones por testigos; ii) la comunidad y defensores de animales critican las

72 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/normas-estrictas-para-los-cocheros-148863
73 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/normas-estrictas-para-los-cocheros-148863
74 Muere caballo cochero en el Centro Histórico de Cartagena - ELHERALDO.CO Cuaderno 1, pág. 425

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

46

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

medidas de la Alcaldía, considerándolas insuficientes. Asimismo, se anexa las
fotografías de la noticia:

“[…]

[…]”

63. Extracto de la noticia digital del diario El Heraldo de 28 de mayo de 2015 75,
con titular: “Murió otro caballo en plena vía pública de Cartagena”, se indica: i) tras
la muerte de un caballo en el Centro Histórico, otro equino murió en Villa Barraza,
Cartagena, deambulando solo y desplomándose en la vía; ii) vecinos intentaron
ayudarlo, pero el animal ya estaba muerto, destacando la preocupación por la
presencia del cadáver y los riesgos sanitarios; iii) la comunidad solicita a las
autoridades retirar el cuerpo para evitar la descomposición y prevenir impactos en
la salud, especialmente de los niños del barrio. Asimismo, se anexa las fotografías
de la noticia:

“[…]

75Murió otro caballo en plena vía pública de Cartagena Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial,
SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado cuaderno1 página 425.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

47

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

[…]”

64. Copia del Memorando núm. 0012 y 0013 de 20 de marzo de 201476, suscrito
por el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios en el que solicita
a los Alcaldes Distritales y Municipales que promuevan el cumplimiento de la Ley
53 de 1972, que establece la creación y funcionamiento de Juntas Protectoras de
Animales en todos los municipios de Colombia.

65. Copia del Oficio núm.1320360000-242-2014 de 3 de junio de 201477, suscrito
por la Procuradora 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena en el que solicita
al Alcalde Distrital de Cartagena de Indias información sobre: i) la conformación de
las Juntas de Protección Animal en el Distrito, incluyendo el Acto Administrativo y
las tres últimas Actas de Reunión; ii) las campañas de vacunación, esterilización y
prevención de maltrato animal realizadas en los últimos dos años; iii) el Coso
Municipal, su localización, administración y costos de mantenimiento; iv) el Centro
de Paso para animales maltratados, su localización, administración y costos de
mantenimiento; v) la aplicación de multas y arrestos por maltrato animal según la
Ley 53 de 1972.

66. Copia del Oficio núm. 1320360000-369-2014 de 10 de septiembre de 201478,
suscrito por la Procuradora 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena en el que
solicita al Alcalde Distrital de Cartagena de Indias: i) la localización del Coso
Municipal, si es administrado por la Administración Distrital o por una entidad
privada, los términos de su administración y los costos que el Distrito incurre en su
mantenimiento; ii) si el Distrito cuenta con un centro de paso para animales
maltratados, su localización, si es gestionado por la Administración Distrital o por
una entidad privada, los términos de administración y los costos que el Municipio
asume para su mantenimiento.

76 Cuaderno 1, pág. 509 a 538
77 Cuaderno 1, pág. 540 a 542
78 Cuaderno 1, pág. 544 a 546

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

48

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

67. Copia del Oficio núm. 13203600003-197-2014 de 25 de junio de 201479,
suscrito por la Procuradora 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena en el que
solicita al Alcalde Distrital de Cartagena de Indias: i) información sobre el ejercicio
de la actividad de los cocheros y las condiciones de los caballos, preocupada por el
abuso hacia los animales; ii) destaca que los caballos son sometidos a condiciones
precarias, con cicatrices y aparejos inadecuados para soportar el peso de los carros
y los pasajeros; iii) expresa que, a pesar del Decreto 0656 de 2014, este se
considera insuficiente en cuanto a las condiciones de los caballos y las pesebreras,
limitándose a regular los recorridos de los coches; y iv) por lo cual requiere copia de
los estudios técnicos presentados por la UMATA y el DADIS para la formulación del
Decreto.

68. Copia del Oficio núm. 1320360000-238-2014 de 2 de julio de 2014 80 suscrito
por la Procuradora 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena en el que se
informa al Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios sobre la visita
de inspección a las Pesebreras ubicadas en el Sector de Chambacú, en los
siguientes términos:

“[…] El día de hoy se realizó visita de inspección a las Pesebreras ubicadas en el
Sector de Chambacú, el cual se halla a cinco (5) minutos del Centro Histórico, en
compañía de dos (2) agentes de la Policía Ambiental.

Al ingresar a la zona se pudo evidenciar el deplorable estado de la misma,
caracterizada por el mal olor y la presencia de basuras, que atraen no sólo a
las moscas sino también a las ratas. Como el día anterior había llovido, el suelo
se encontraba totalmente anegado.

Al llegar a lo que ellos llaman pesebreras, se encontraron una especie de
habitáculos construidos con palos de madera de diferentes clases y techos
elaborados en zinc y plástico, que no prestan el resguardo y abrigo necesario
para evitar que las lluvias o el sol ingresen por las diferentes ranuras.
Asimismo el suelo está compuesto por barro, escombros y basuras. Los
abrevaderos y comederos no son los adecuados, pues básicamente son
canecas plásticas o en concreto, pero que no cuentan con las condiciones que
deben reunir para evitar el aposamiento de las aguas o que se humedezca la
comida y ésta se fermente causándoles enfermedades como el cólico.

Al indagar sobre el número de semovientes, el señor Fabio Arzuza, líder del sector
de Chambacú manifestó que en este Sector existen aproximadamente treinta (30)
caballos, pero que en total hay aproximadamente ciento cincuenta (150). Este resto
de animales se encuentran en el sector del Pozón, barrio Villa Estrella, el cual se
encuentra aproximadamente a diez (10) kilómetros, esto es a una hora y media del
centro, lugar desde el cual vienen todos los días montados por dos o tres personas
a la vez y que, al llegar son enganchados inmediatamente para empezar a trabajar
hasta las 11:00 p.m..

Acerca de los caballos, expresó el cochero que la edad a la cual empieza a trabajar
un caballo es de dos a tres años y que a los cinco estos ya no sirven para el
trabajo, "ya no aguantan más". Por tanto tienen una vida útil de dos a tres

79 Cuaderno 1, pág. 548 a 550
80 Cuaderno 1, pág. 552 a 556

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

49

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

años. La razón de que a esta edad el caballo no sirva Doctor Arnaya es muy
obvia: hasta los cuatro años el caballo no alcanza a reunir la madurez física
que requiere para empezar a trabajar, en la disciplina que sea. Antes de esta
edad, el estado de desarrollo de los huesos no ha alcanzado la madurez
requerida para poder soportar cualquier actividad en los cuales se les quiera
emplear.

Un caballo que inicia su vida Mi a partir de los cuatro años, con el trabajo y cuidado
requerido es un animal que puede servir incluso hasta los diez — doce años. Pero
en estas condiciones y a la edad en la cual son puestos a trabajar es evidente
que a los cinco años ya el animal no es apto para prestar servicio alguno, pues
el tipo de explotación tan terrible al que son sometidos hace que deban ser
retirados cuando aún no han alcanzado su madurez completa, que es a los
ocho años aproximadamente.

Al preguntárseles por el tipo de herraje y quién les presta el servicio, manifestó
que son ellos mismo quienes lo prestan y que tienen conocimiento que la
herradura empleada no es la adecuada para el trabajo sobre el asfalto, lo que
causa que el caballo resbale y deba esforzarse de más, puesto que a los dos
o tres días de estar herrados, éstas se alisan impidiéndoles tener el agarre
necesario para halar (sic) los 350 kilos aproximadamente que presa un coche.
Les gustaría que el Distrito a través de alguno de sus organismos los capacitara en
el herraje idóneo para el pavimento, de manera que no sólo se protejan los cascos
y tendones, sino que también les permita un mejor agarre y andar.

En cuanto al tipo de alimento, les suministran aproximadamente dos kilos de omolin
(concentrado) mezclado con "afrecho", maíz, pasto de corte y, cuando éste se
encuentra muy seco, melaza.

Respecto a los servicios veterinarios y vacunas, manifestaron que la UMATA
es quien les brinda estos servicios de manera periódica. Según estos
controles, todos los caballos de la zona son aptos. Sin embargo, al mirar al
grupo de caballos se denota que no se encuentran del todo bien: tienen los
cascos en mal estado, poseen cicatrices ocasionadas por los arreos y
arneses, su estado anímico no es el adecuado, algunos son de muy baja alzada
y si bien no están delgados completamente, tampoco tienen un peso ideal, el
pelaje es opaco completamente, lo que denota una mala alimentación.

Acerca del tipo de coche, los cocheros manifestaron que han solicitado se les apoye
en la consecución de unos coches que no sean tan pesados y de un material
adecuado, dado que los que existen actualmente no sólo son demasiado grandes y
pesados, sino que se encuentran en un estado deplorable, que no sólo afecta al
caballo, sino que pudiese generar un accidente en caso de que se rompa una llanta
o ceda el piso del mismo. EL ideal sería contar con coches pequeños, tal vez de
fibra, con capacidad para dos pasajeros aproximadamente.

Siguiendo con lo anterior, los diferentes herrajes del coche, así como las bridas, el
arnés, las riendas y en fin, todo aquello con lo cual son amarrados y manejados
los caballos, son de pésima calidad: se trata de pedazos de cuero añadidos
con cuerdas y alambres para que exista una "adecuada" fijación por parte del
caballo al coche, produciéndole laceraciones y escoriaciones, de las cuales
se evidencian las cicatrices.

El señor Fabio Arzuza, líder del sector manifestó que en diferentes ocasiones han
mandado cartas con destino al DADIS, buscando la posibilidad de que se les
construyan unas pesebreras adecuadas y que se ajusten a las necesidades de los
equinos, mas sin embargo a la fecha no han encontrado eco. Si bien dicen que en
un determinado momento al parecer se les consiguió un terreno en el Barrio San
Francisco, el cual es igualmente retirado de la zona, esta entidad nunca dotó el
mismo de las condiciones adecuadas, ni de un camino que les permitiese el acceso
dándoles temor ingresar al barrio y ser objeto de represalias por los habitantes del
sector.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

50

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

También argumentaron que en una visita realizada hace poco por el DADIS al
sector de Chambacú, la única recomendación que hiciera este organismo era
que no dejase entrar más caballos a la zona. Mas sin embargo soluciones a la
vista no vieron.

Con respecto al Decreto 0656 de 03 de junio de 2014. dijeron que no lo
conocen. Que lo único que han sabido es que si trabajan en el Centro no
pueden trabajar en Bocagrande, por lo tanto no se les ha socializado el
documento que los afecta.

Finalmente manifiestan que sólo algunos de los cocheros tienen otras fuentes de
ingreso, los demás dependen única y exclusivamente de esta actividad, por lo tanto
a veces se ven obligados a trabajar hasta altas horas de la noche y llevando más
pasajeros que los permitidos por la ley.

Una vez concluido el recorrido se conversó con el Intendente Blanco, uno de los
cinco policías ambientales con que cuenta Cartagena (realmente hay dos(2) pues a
los otros se les encomiendan otras labores, por lo cual nunca están disponibles), me
informó que el Distrito no cuenta con un Coso Municipal al cual llevar los caballos y
burros que son decomisados cuando son hallados en malas condiciones de salud.
Que en varias ocasiones se han dirigido a la Alcaldía por diferentes medios para
plantear esta problemática, pero a la fecha no han sido escuchados. Por tanto
cuando se presentan incidentes como el del domingo, no tienen como proceder al
decomiso, pues no saben a qué parte llevar los ejemplares.

De igual manera cuando se les indagó por el comparendo ambiental
manifestaron que si bien ellos imponen los comparendos, estos son llevados
a la Secretaría del Interior, donde a la fecha no se ha impuesto la primera
sanción, quedando todo como siempre: en la impunidad. […]”

69. Copia del Oficio núm. 13203600003-197-2014 de 25 de junio de 201481,
suscrito por la Procuradora 3 Judicial II Ambiental y Agraria de dirigido al Alcalde
Distrital de Cartagena de Indias, en el que se menciona los antecedentes de la
solicitud, contenidos en los Oficios núm. 13203600001102012 y
13203600000602014, donde se solicitó información sobre el cumplimiento de las
normas de protección animal por parte de la Alcaldía. En respuesta a estos oficios,
se recibió un documento sin número, fechado el 11 de julio de 2014, firmado por
Joisy Casarrubia Zabaleta, quien envió los documentos relacionados con la
conformación de la Junta Defensora de Animales del Distrito de Cartagena. Sin
embargo, al revisar los documentos, se encontraron deficiencias, como actas sin
firmas y falta de información sobre el revisor fiscal. Por lo tanto, se exige
nuevamente: i) anexar el acto administrativo de conformación de las juntas de
protección animal y las tres últimas actas de reunión; ii) detallar las campañas
educativas, de vacunación, esterilización y prevención de maltrato animal realizadas
en los últimos dos años; iii) informar sobre el Coso Municipal, su localización,
administración y costos; iv) proporcionar información sobre el Centro de Paso para
animales víctimas de maltrato, su localización y administración; y v) explicar la
imposición de multas o arrestos conforme a la Ley 5a de 1972.

81 Cuaderno 1, pág. 578 a 580.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

51

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

70. Copia del Decreto núm. 0498 de 12 de septiembre de 2000, “Por el cual se
crea la Junta Defensora de Animales del Distrito de Cartagena de Indias”82.

71. Copia del Oficio núm. AMC-OFI-0061840-2014 de 24 de julio de 201483,
Suscrito por el Director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria
Distrital, en el cual se informa que la UMATA entre 2008 y 2013, se realizó
campañas de esterilización para aproximadamente 3,000 animales, campañas
educativas sobre el no maltrato animal y sanidad, y vacunaciones bianuales contra
la encefalitis equina venezolana. En 2013, también promovió sensibilización en
escuelas y con universidades sobre el manejo de la salud animal. Además, el
Distrito de Cartagena, a través de las Juntas de Defensores de Animales, ha
trabajado desde 2003 en la protección animal, y desde 2013, contrató servicios de
centros de paso para animales víctimas de maltrato.

72. Copia del Oficio núm. AMC-OFI-0063413-2014 de 29 de julio de 201484,
Suscrito por la Directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud, en el
cual se informa “[…] que ninguno de los requerimientos realizados por la
Procuraduría General de la Nación son competencia del Departamento
Administrativo Distrital de Salud DADIS, nuestras actividades en este campo más
que la protección de los animales busca proteger a las personas de potenciales
enfermedades que estos le puedan transmitir […]”.

73. Copia del Oficio núm. AM-OFI-0073520-2014 de 4 de septiembre de 2014,
suscrito por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía Mayor de Cartagena
de Indias, por medio del cual se informa que:

“[…]
1. Respecto al examen exhaustivo que la Universidad de Ciencias Aplicadas y
Ambientales — UDCA, practicó a los caballos que prestan el servicio de coches
turísticos en la ciudad; me permito adjuntar el informe de revisión médica,
realizada el día 27 de agosto del año en curso por la UDCA, a través del médico
veterinario Marcial Diaz. Lo anterior en cumplimiento del convenio celebrado con
la Dirección de Umata Distrital.

2. En cuanto a las medidas de adopción de los semovientes que no cumplan con
las condiciones mínimas, es preciso señalar que de conformidad con lo
establecido en el Decreto 0656 de 2014, el capítulo relacionado con las
condiciones de los equinos entrará en vigencia a partir del 31 de diciembre del
presente año. No obstante, atendiendo a los resultados de esta revisión médica
veterinaria, se instalaron sesenta (60) microchip para igual números de caballos
que cumplieron con el peso de 350 kilos y de alzada de 145 cm, estipulados en
el precitado Decreto.

82 Cuaderno 1, pág. 620 a 628
83 Cuaderno 1, pág. 636 a 638
84 Cuaderno 1, pág. 640

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

52

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

3. Dentro de dicha revisión catorce (14) equinos fueron diagnosticados con
anemia infecciosa, los cuales debían ser apartados de otros animales, para
evitar la proliferación de la enfermedad. En consecuencia, se programó que
dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre del presente, se
debería dar traslado a un predio a las afueras de Cartagena, diferente al
albergue de la fundación Ángeles con patas, para evitar contagios.

• Adicionalmente, se ofició al presidente de los caballos cocheros
respecto a los animales diagnosticados con afección cardiaca,
recomendando que fueran retirados de la labor, hasta que se
realizara un diagnóstico definitivo con exámenes complementarios
de ecocardiografias, electrocardiografias, como lo señala el informe.

• Así mismo, fue realizado un taller de nutrición equina el día 30 de junio y
otro el día de hoy, cuatro (04) de septiembre, para que los propietarios
conozcan la alimentación que requieren los caballos para ejecutar su
trabajo con la energía y el peso exigido.

• Por otra parte, se están llevando a cabo dos veces a la semana,
operativos de vigilancia y control, con el fin de verificar el estado de los
caballos cocheros.

• De igual forma, a través del Departamento Administrativo de Tránsito
y Transporte DATT, se realizó el pasado tres de septiembre unos
operativos de coches, dentro del cual fueron impuestos 11 órdenes
de comparendos, y se socializo sobre la necesidad y condiciones
para la hidratación y descanso de los caballos. […]”

74. Copia del Oficio núm. AMC-OFI-0061840-2014 de 24 de julio de 201485
Suscrito por el Director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria
Distrital, en el cual se informa que el 18 de agosto de 2014 se atendió un llamado
de la Policía de Carabineros por un caballo cochero caído frente al Hotel Decamerón
en Bocagrande. El animal presentaba espasmos musculares debido a la fatiga
extrema. En cumplimiento de la Ley 84 de 1989 sobre maltrato animal, el caballo
fue incautado y llevado a la Fundación Ángeles Con Patas para su recuperación, ya
que no estaba en condiciones físicas adecuadas.

75. Copia del Proceso Disciplinario núm. IUS 2014-237417 de 15 de abril de
201586, mediante el cual se formulan cargos disciplinarios contra el Alcalde Mayor
de Cartagena de Indias por la problemática relacionada con los equinos utilizados
en los coches turísticos en el Distrito de Cartagena.

76. Copia del Oficio núm. S-2015 012757/SEPRO – GUPAE-1.10 de 10 de junio
de 201587, suscrito por el Jefe del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica –
MECAR, en respuesta al Oficio núm. S-2015-005705-DIPON-DEBOL-UNDEJ.29,
en el que se informa que: i) se han realizado actividades de control y prevención en
colaboración con la UMATA y el Grupo de Carabineros MECAR, enfocadas en el

85 Cuaderno 1, pág. 648 a 650
86 Cuaderno 2, pág. 20 a 30
87 Cuaderno 2, pág. 142 a 143

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

53

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

bienestar de los semovientes que prestan el servicio de tracción de coches
turísticos; ii) además de revisiones físicas y taxonómicas de los caballos, inspección
de los carruajes y verificación de la idoneidad de los conductores; iii) asimismo, se
han registrado los reportes de maltrato por accidentes o lesiones a través de la
Policía Nacional, aunque no se han recibido denuncias formales; y iv) se ha logrado
la incautación de un caballo por maltrato en el centro histórico de Cartagena.

77. Copia del Oficio núm. S-2014- 021150/MECAR – ASJUR-1.10 de 11 de
agosto de 201488, suscrito por el Comandante de la Policía Metropolitana de
Cartagena de Indias, en el que se informa que: i) la Policía Nacional, a través del
Grupo de Carabineros y Guías Caninos MECAR, ha estado realizando controles y
procedimientos para garantizar el cumplimiento del Decreto No. 0656 de junio de
2014 sobre seguridad, salubridad, protección animal y ordenamiento del tránsito
relacionado con los coches turísticos en Cartagena; ii) se han realizado puestos de
control en el centro histórico y rutas de operación de los coches turísticos,
verificando el estado físico y sanitario de los semovientes, la cantidad de pasajeros
y el cumplimiento de las rutas establecidas, así como la documentación exigida,
como la vacuna contra la encefalitis equina y las revisiones periódicas ante la
UMATA; iii) el 5 de abril de 2014, el Grupo de Carabineros MECAR, con la
colaboración de la Universidad CES, llevó a cabo una campaña de sanidad y herraje
en el Parque Espíritu del Manglar, donde se atendieron 60 semovientes equinos,
realizando curaciones, herrado, desparasitación y vitaminización; iv) se han
realizado controles en diversos sectores de la ciudad, y en 2014 se emitieron 26
llamados de atención, 21 comparendos de tránsito, 42 comparendos educativos y
se inmovilizaron varios semovientes, los cuales fueron entregados a la Fundación
Ángeles con Patas.

78. Copia del “INFORME DE REVISION MÉDICA DE EQUINOS COCHEROS
DE CARTAGENA DICIEMBRE 2014”89 presentado por la Unidad Municipal de
Asistencia Técnica Veterinaria del Distrito Turístico de Cartagena de Indias el 23 de
febrero de 2015. En el que se concluyó que:

“[…]
❖ Se implantaron un total de 47 microchips a caballos nuevos y se examinaron 50
Caballos que ya tenían microchip.
❖ De los 97 equinos que tienen microchip, se incapacitaron para trabajar 14
caballos, los cuales se mencionan en la tabla N°4

Tabla N° 4 ANIMALES INCAPACITADOS

MICROCHIP PLACA PROPIETARIO DIAGNOSTICO

88 Cuaderno 2, pág. 156 a 157
89 Cuaderno 2, pág. 280 a 298

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

54

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

1. 0,007053A29 YFT 76-2 DANILO REYES LESION LUMBAR
2. 0,007055FD4 YFT 89-1 DAVID SOTO POSIBLE LESION
LARINGEA, RONQUIDO
GRADO III
3. 0,0070552E6 YFT 33-1 FABIO MARQUEZ BAJO PESO,
DESNUTRICION
4. 0,007054486 YFT 69-1 NANCY QUERATOCONJUNTIVITIS
RODRIGUEZ OJO IZQUIERDO
5. 0,007054E8E YFT 81-1 EDUARDO SOTO LACERACION EN
OLLARES
6. 0,98104730847 YFT 03-1 GUSTAVO PEREZ LACERACION LUMBAR
7. 0,007052DDF YFT 95-1 JAQUELINE DESNUTRICION,
GONZALEZ ANEMICO
8. 0,007068952 YFT 77-1 JULIO DE AVILA CLAUDICACION
MIEMBRO POSTERIOR
IZQUIERDO
9. 0,007055CEF YFT 71-1 GERMAN DIAZ DESNUTRICION
10. 10002573479 YFT 93-2 JAQUELINE HEPATOMEGALIA
GONZALEZ MEDICAMENTOSA
11. 0,007053509 YFN 20-2 JOSE MANUEL ABCESO CERVICAL LADO
MUÑOZ IZQUIERDO
12. 0,007055525 YFT 73-2 ISAAC URANGO DESNUTRICION
13. 100002602597 YFT 53-1 JOSE URANGO ABCESO ESCAPULO
HUMERAL LADO
DERECHO
14. 0,007054A46 YFT 03-2 GUSTAVO PEREZ LACERACION LUMBAR

❖ De los 11 equinos examinados en las pesebreras de Marbella y Chambacu, 14
caballos no aprobaron la revisión médica, esto determinado según lo regido por
el decreto 0656 de junio 3 de 2014. Los cuales se relacionan en la tabla N° 5.

Tabla N° 5 ANIMALES NO APROBADOS

NOMBRE PLACA PESO ALZADA OBSERVACIONES
COCHE
ALDITO 320 Kg NO APRUEBA
AZABACHE YFVV 18-2 320 Kg 145 Cm NO APRUEBA
BASCULA
BASCULA 2 YFT 29-2 320 Kg NO APRUEBA
CHACARAS YFT 39-1 320 Kg NO APRUEBA
CLARAS
CHICUNGUÑA 320 Kg NO APRUEBA
DE TU VIDA 320 Kg 143 Cm NO APRUEBA
EL NIÑO DAVI YFT 84-1 330 Kg NO APRUEBA
EL ÑEÑE YFT 76-2 340 Kg NO APRUEBA,
LACERACIONES
GRADO II
LUCERO YFT 89-2 330 Kg 142 Cm NO APRUEBA
NN 340 Kg NO APRUEBA,
LACERACIONES
GRADO II
PALENOUERO YFT 80-2 330 Kg 146 Cm NO APRUEBA
PANA YFT 92-2 330 Kg 148 Cm NO APRUEBA
ROGELIO YFW 21-2 320 Kg NO APRUEBA
SUAVE 320 Kg NO APRUEBA

❖ Los caballos cocheros de Cartagena de Indias presentaron problemas de
aplomos que deben ser corregidos para evitar el maltrato que estos defectos
producen en las articulaciones, tendones y músculos de los caballos,
sometiéndolos a un estrés constante.

❖ Los resultados de Anemia Infecciosa Equina demuestran la necesidad de
realizar muestreos periódicos para ejercer un control adecuado de esta
enfermedad.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

55

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

❖ Es necesario retirar de las pesebreras aquellos animales positivos Anemia
Infecciosa Equina y acatar las disposiciones reglamentadas por el ICA.

Recomendaciones

❖ Establecer programas de sanidad y nutrición a los caballos ya que son animales
destinados al trabajo.

❖ Mejorar las pesebreras de los caballos, en especial las divisiones para delimitar
el contacto entre ellos y así evitar las peleas.

❖ Continuar realizando exámenes médicos rigurosos y apoyarse en exámenes de
laboratorio para brindar un monitoreo sanitario constante por profesionales a los
caballos
❖ cocheros (SIC) de Cartagena de indias que garantice un control del estado de
salud.

❖ Un manejo profesional (Pódologo equino) para mejorar y mantener el buen
estado de los aplomo de las extremidades y contribuir al bienestar físico de
acuerdo con la labor que estos animales realizan.

❖ Todas las medidas anteriores debe (SIC) ser acatadas para contribuir al
bienestar animal y lograr que la actividad de los caballos cocheros esté acorde
con normas y políticas nacionales e internacionales que garanticen el bienestar
animal y el desarrollo armónico del hombre con animales […]”

79. Copia del “INFORME DE REVISION MÉDICA DE CABALLOS COCHEROS
CARTAGENA”90 presentado por la Universidad de Ciencias Aplicadas y
Ambientales U. D.C.A de agosto de 2014. En el que se concluyó que:

“[…] De acuerdo con los resultados obtenidos, el promedio de peso de los caballos
es 368 kilos lo que los ubica en las razas de Tiro Liviano. Encontrándose un 24.3 %
de los caballos con un peso inferior a 350 kilos que es una de las condiciones
mínimas que el Decreto 0656 del 03 de junio 2014 contempla y regirá a partir de 31
de diciembre del 2014, por lo cual es necesario que estos animales sean sometidos
a planes de mejoramiento o miras remplazados con a que a la fecha en que empieza
a regir el nuevo Decreto cumplan con las condiciones. Cabe anotar que el 100% de
los caballos cumple con lo exigido en el Decreto 0632 de 2003 que condiciona el
peso a 300 kilos, por lo que amparado en este decreto se es permitiría trabajar.

De acuerdo con los resultados de la alzada son dos los caballos que no cumplen
con lo estipulado en el Decreto 0632 del 2003 (alzada de 1.40 metros) por lo que no
deben ser utilizados para halar (sic) coches turísticos en la ciudad de Cartagena de
03 Indias. y según lo señalado en el Decreto 0656 del 03 de junio 2014, serian 20
los caballos que no cumplen con la alzada mínima 1.45 metros por lo que deberían
ser remplazados a partir de la entrada en vigencia de dicho Decreto.

De acuerdo con los valores promedios de la alzada y el peso (1.47 metros y 368
kilos) encontrados en el examen médico y los limites superiores de la población
revisada (1.61 met4 y 490 kilos), nos permite inferir que el promedio de peso de los
equinos podrían aumentarse y con ello facilitar la labor de tracción animal y
minimizar el esfuerzo físico.

La presencia de parásitos gastro intestinales en el 97% de la población se convierte
en una amenaza para salud de los animales, que puede producir ejercen anémicos
crónicos afectando el desarrollo de la actividad que estos ejercen y explica que los
niveles de hemoglobina se encuentren en su mayoría en el límite fisiológico inferior.

90 Cuaderno 2, pág. 300 a 336.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

56

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

Los caballos cocheros de Cartagena de Indias presentan problemas de aplomos que
deben ser corregidos para evitar el maltrato que estos defectos producen en las
articulaciones, tendones y músculos de los caballos, sometiéndolos a un estrés
constante.

Los resultados de Anemia Infecciosa Equina demuestran la necesidad de realzar
muestreos periódicos para ejercer un control adecuado de esta enfermedad.

Es necesario retirar de las pesebreras aquellos animales positivos a Anemia
Infecciosa Equina (11% de los animales revisados) y acatar las disposiciones por el
ICA.

8. RECOMENDACIONES

Continuar realizando exámenes médicos rigurosos y apoyarse en exámenes de
laboratorio para brindar un monitoreo sanitario constante por profesionales a los
caballos cocheros de Cartagena de Indias que garanticen un control del estado de
salud.

Retirar de la labor de halar coches turísticos a los animales que se diagnosticaron
con afecciones cardiacas (8.7% de los animales revisados) hasta cuando se realice
y diagnóstico definitivo con exámenes complementarios (Ecocardiogramas.
Electrocardiografías), para evitar riesgos en la salud de los animales.

Un manejo profesional (Podólogo equino) para mejorar y mantener el buen estado
de los aplomo de las extremidades y contribuir al bienestar físico de acuerdo con la
labor que estos animales realizan.

La implementación de planes sanitarios para el control de parásitos gastro
intestinales y prevenir posible zoonosis supervisado por profesionales medico
veterinarios y zootecnista

La implementación de planes nutricionales que garanticen niveles de nutrientes
acordes al desgaste metabólico que la actividad de halar coches implica.

Todas las medidas anteriores debe (SIC) ser acatadas para contribuir al bienestar
animal y lograr que la actividad de los caballos cocheros esté acorde con normas y
políticas nacionales e internacionales que garantizan el bienestar animal y el
desarrollo armónico del hombre con animales […]”

80. Copia del Oficio de 17 de abril de 201591, suscrito por el Agente de tránsito
Código 163, en el que se informó que el 16 de abril de 2015, a las 08:05 P.M., se
interceptó un coche de placas YFT 06 circulando sin luces y por una vía no
permitida. Se emitió el comparendo N° 9871491 por la infracción H-10,
inmovilizando el coche y trasladando al caballo a la UMATA.

81. Copia del Informe de Revisión de Caballos Cocheros en el Distrito de
Cartagena, en el que se realiza una comparación entre las revisiones realizadas del
21 al 24 de abril de 2015 y del 27 al 28 de diciembre de 2011, concluyendo que:

“[…]
PERIODOS PESO TALLA
REVISIONES
Año 2011 2*Semestre 342 143
Abril 2015 1* Semestre 373 149,6

91Cuaderno 2, pág. 345.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

57

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

31 6,6

OBSERVACIONES:
Inicialmente y soportado por el Decreto 0632 de 2003, se continuo con un proceso
de seguimiento de los animales destinado al servicio de coches turísticos que
establecía el peso de los caballos en 300 kilogramos y la talla de 140 centímetros.

Con el apoyo de un equipo interdisciplinario de la administración actual, se trabajó
en la construcción de un nuevo Decreto teniendo en cuenta las exigencias del
mercado turístico que utilizada este tipo de servicio para visitar el centro histórico de
la ciudad de Cartagena y se llegó a la conclusión de mejorar entre otros aspectos el
peso y talla de los animales, estableciéndose en el nuevo decreto 0656 de 2014 un
peso de 350 kilogramos y una talla de 145 centímetros, lográndose un aumento en
el peso de 31 kilogramos y en la talla 6,6 centímetros. Esto, se evidencia en el
mejoramiento en la presencia del animal como, en su rendimiento y en la aceptación
de la comunidad hacia el servicio. […]”92

82. Copia del Convenio núm. C172-2015 SPDS UMATA, de 14 de mayo de
201593, celebrado entre el Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. y la Corporación
de Guardianes de la Comunidad – GUARCO, con el objetivo de “[…] AUNAR
ESFUERZOS PARA ADELANTAR ACCIONES Y OPERATIVOS DE CONTROL
CONTRA EL MALTRATO DE ÉQUIDOS UTILIZADOS COMO VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN ANIMAL Y CABALLOS PERTENECIENTES AL SERVICIO DE
COCHES TURÍSTICOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA […]” con un plazo de
ejecución hasta el 31 de diciembre de 2015.

83. Copia del Oficio núm. AMC-OFI-0050255-2015 de 17 de junio de 201594,
suscrito por el Director de la UMATA, en el que se presentó un informe sobre las
siguientes acciones realizadas para mejorar las condiciones de los caballos
cocheros en la ciudad: i) en 2014, la administración de Dionisio Vélez Trujillo
actualizó el Decreto 0656, exigiendo un peso mínimo de 350 kg y una alzada de 145
cm para los caballos de coches turísticos; ii) en julio de ese año, la UMATA y la
Universidad UDCA realizaron la primera revisión médica integral de los caballos
cocheros, evaluando su salud general, peso, alzada y realizando análisis de sangre;
iii) de los 60 caballos revisados, el 52% no cumplió con los requisitos, lo que resultó
en un proceso de restitución bajo la supervisión de la UMATA; iv) se implementaron
operativos de control, talleres educativos y modificaciones en las rutas de los coches
turísticos para reducir la carga física de los animales; v) en diciembre de 2014, tras
una segunda revisión médica, el 87% de los caballos cumplían con los estándares
establecidos; vi) se firmó el Convenio C172-2015 con la Corporación de Guardianes
de la Comunidad para reforzar las acciones contra el maltrato animal y asegurar el
cumplimiento del decreto.

92 Cuaderno 2, pág. 347 a 353
93 Cuaderno 2, pág. 354 a 363
94 Cuaderno 2, pág. 364 a 402

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

58

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

84. Copia del Decreto 1273 de 14 de octubre de 201495, “Por medio del cual se
modifica parcialmente el Decreto 0656 de 20014 y se dictan otras disposiciones”, el
cual introdujo modificaciones en los siguientes aspectos: i) los recorridos para los
coches turísticos; ii) las zonas dispuestas para el estacionamiento; iii) una medida
de seguimiento para la rotación y número de placas de los coches; y iv) establece
los horarios en los que pueden prestar el servicio.

85. Copia del Decreto 056 de 3 junio de 201496, “Por medio del cual se dictan
medidas de seguridad, salubridad, protección animal y ordenamiento del tránsito
relacionadas con el servicio de coches en el Distrito de Cartagena”, el cual establece
disposiciones específicas en varios capítulos: i) en cuanto a los recorridos, regula
las rutas autorizadas para los coches turísticos; ii) en lo relacionado con los caballos,
estipula las condiciones mínimas para su prestación del servicio, incluyendo el peso,
talla y edad mínima, así como la identificación obligatoria de los animales; iii)
respecto a los coches, establece las especificaciones técnicas de las pesebreras y
vehículos, asegurando su adecuación para el servicio; iv) también define las zonas
de estacionamiento, los horarios en los que se puede prestar el servicio y las
sanciones en caso de incumplimiento.

86. Fotografías del estado de las pesebreras aportadas al proceso por los
coadyuvantes Juan Carlos Cárcamo y María Bonfante, que evidencian el deterioro
de las mismas:

95 Cuaderno 2, pág. 414 a 421
96 Cuaderno 2, pág. 422 a 442

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

59

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

60

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

87. Extracto de la noticia digital del diario El Universal de 9 de febrero de 2014,
con titular: “¿Pesebreras o cambuches?” 97, en el que se indicó las condiciones de
las instalaciones en las que se encuentran los equinos usados para vehículos de
tracción animal. Asimismo, se anexa las fotografías de la noticia:

97 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/pesebreras-o-cambuches-151052

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

61

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

88. Extracto de la noticia digital del diario El Universal de 19 de enero de 2014,
con titular: “Normas estrictas para los cocheros” 98, en el que se indicó tras una carta
enviada por un turista extranjero se “[…] desencadeno este proceso, que se gesta
para llevar un control más estricto sobre los coches y cocheros de la ciudad […]”.
Asimismo, se anexa las fotografías de la noticia:

89. Extracto de la noticia digital del diario Universal de 3 de mayo de 2015, con
titular: “Crueldad con los caballos cocheros en la Cartagena turística” 99, en la que
se denuncia el maltrato sufrido por los caballos debido a largas jornadas de trabajo
y las deplorables condiciones de las pesebreras, situación que queda evidenciada
en el video adjunto.

90. Extracto de la noticia digital del diario El Universal de 30 de abril de 2014, con
titular: “Caballo cochero se desploma mientras pasea a turistas en el Centro” 100, en
la que se informó sobre el desplome de un caballo ocurrido el 21 de abril de 2014,
debido al esfuerzo físico extremo al que fue sometido durante su jornada de trabajo.
Asimismo, se anexa las fotografías de la noticia:

98 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/normas-estrictas-para-los-cocheros-148863
99 http://www.eluniversal.com.co/blogs/el-ojo-de-morgana/crueldad-con-los-caballos-cocheros-en-la-cartagena-

turistica
100 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/caballo-cochero-se-desploma-mientras-pasea-turistas-en-el-
centro-158309
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

62

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

91. Extracto de la noticia digital del diario El Universal de 9 de mayo de 2014, con
titular: “Operativo sorpresa a caballos cocheros” 101, en la que se reportó que, debido
a la problemática del estado físico de los caballos, la Policía de Carabineros, la
Fundación Ángeles con Patas y la UMATA lideraron un operativo de control en la
zona de Chambacú; durante esta jornada, se impusieron 11 comparendos y fueron
inmovilizados 4 carruajes y 2 caballos. Asimismo, se anexa las fotografías de la
noticia:

“[…]

92. Extracto de la noticia digital del diario El Universal de 13 de mayo de 2014,
con titular: “Nuevo caso de caballo cochero que se desploma en Cartagena” 102, en
la que se reporta un incidente ocurrido en el Centro Histórico, donde un caballo
cochero se desploma y el conductor intenta levantarlo golpeándolo. Asimismo, se
anexa las fotografías de la noticia:

101 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/caballo-cochero-se-desploma-mientras-pasea-turistas-en-el-
centro-158309
102 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nuevo-caso-de-caballo-cochero-que-se-desploma-en-cartagena-
159524
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

63

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

93. Extracto de la noticia digital del diario El Universal de 30 de mayo de 2014,
con titular: “Rescatan a un caballo de carga que se desplomó en Blas de Lezo” 103,
que informa sobre un incidente en el que un caballo cochero se desploma en Blas
de Lezo y el conductor, en un intento de levantarlo, lo golpea. La comunidad alerta
a la policía, quien entrega al animal al EPA, que lo traslada a la Fundación Ángeles
con Patas, donde el veterinario lo evalúa como "deplorable" debido a grave
deshidratación y desnutrición. Asimismo, se anexa las fotografías de la noticia:

“[…]

[…]”

94. Extracto de la noticia digital del diario El Universal de 30 de junio de 2014,
con titular: “Caballo cochero no aguantó más el peso y se desplomó con sus 5

103 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/rescatan-un-caballo-de-carga-que-se-desplomo-en-blas-de-lezo-
161207
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

64

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

ocupantes” 104, que informa sobre un incidente donde un caballo cochero,
sobrecargado con cinco personas, se desplomó. Asimismo, se anexa las fotografías
de la noticia:

“[…]

[…]”

95. Extracto de la noticia digital del diario El Universal de 3 de julio de 2014, con
titular: “Caballos cocheros inmovilizados no tienen donde recuperarse” 105, en la que
se informó que durante un operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena se
encontró un caballo deshidratado que fue inmovilizado, pero no se disponía de un
lugar adecuado para su recuperación.

96. Extracto de la noticia digital del diario El Heraldo de 23 de noviembre de 2014,
con titular: “Caballo cochero se desploma por mal herraje en Cartagena” 106, que
informa sobre un caso denunciado por la Asociación Defensora de Animales de
Cartagena, en el que un caballo cochero se desplomó presuntamente debido a un
mal herraje, ya que, en lugar de una herradura, el animal tenía una varilla. El
cochero intentó retirar el carruaje de manera ilegal para evitar la sanción establecida
en el Decreto 0656 de 2014. Tras el incidente, el animal fue trasladado al parque
Espíritu del Manglar, donde recibió asistencia técnica especializada. Las
autoridades han intensificado los controles sobre los herrajes de los caballos y han
amonestado a varios cocheros por esta práctica.

104 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/caballo-cochero-no-aguanto-mas-el-peso-y-se-desplomo-con-sus-

5-ocupantes-163510
105 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/caballos-cocheros-inmovilizados-no-tienen-donde-recuperarse-
163807
106 http://www.elheraldo.co/bolivar/caballo-cochero-se-desploma-por-mal-herraje-en-cartagena-175081

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

65

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

97. Extracto de la noticia digital del diario El Universal de 9 de septiembre de
2014, con titular: “Umata decomisa 9 caballo cocheros”107, en el que se informó
sobre la intervención de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria,
que decomisó 9 caballos cocheros debido a su mal estado sanitario. Aunque los
caballos tenían buen peso, padecían diversas enfermedades, principalmente
anemia, según los resultados de las muestras tomadas un mes antes y enviadas a
la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Los animales fueron
trasladados a un albergue, donde permanecen en cuarentena y no serán devueltos
a sus dueños. Además, se mencionó que se está a la espera el informe de necropsia
del caballo que murió en Bocagrande, cuyo deceso se atribuye a un paro
cardiorespiratorio. Asimismo, se anexa las fotografías de la noticia:

“[…]

98. Extracto de la noticia digital del diario El Universal de 23 de septiembre de
2014, con titular: “Otro caballo en apuros, esta vez frente al CAI de Ceballos” 108,
que informó sobre un caballo cochero que quedó atrapado con una de sus patas en
la rejilla de una alcantarilla, en la esquina de la diagonal 30 con transversal 54. A
pesar de los esfuerzos de varios transeúntes para liberarlo, el caballo quedó
nuevamente atrapado, lo que paralizó el tráfico durante 40 minutos hasta que, con
la ayuda de trabajadores de Aguas de Cartagena, el animal pudo ser liberado.
Asimismo, se anexa las fotografías de la noticia:

“[…]

107 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/umata-decomisa-9-caballos-cocheros-170168
108 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/otro-caballo-en-apuros-esta-vez-frente-al-cai-de-ceballos-171922

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

66

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

[…]”.

99. Testimonio de la señora Fanny Dionorah Pachón en audiencia de pruebas
del 8 de mayo de 2023109, quien es activista animal y vive en Cartagena desde hace
20 años, indicó en términos generales que: i) tiene conocimiento sobre la
problemática del maltrato a los caballos, porque fue parte de un grupo anti- taurino
que luego centró su atención en el maltrato a estos animales; ii) explicó que los
caballos permanecen en tres zonas de reposo ubicadas en manglares, donde los
pesebres son improvisados. Esta situación provoca la acumulación de agua, heces
y orines, lo que genera infecciones en los cascos de los animales; iii) mencionó que
los caballos son sometidos a un doble esfuerzo, lo que les causa sobrepeso y les
genera problemas en las herraduras, las cuales no están bien colocadas,
contribuyendo al deterioro de su salud; iv) informó que en el año 2020 murieron 12
caballos, posiblemente debido a envenenamiento o a una alimentación inadecuada;
v) comentó que cuando los caballos caen, se les golpea para que se levanten
rápidamente, lo que agrava su estado físico; vi) reconoció que la sustitución de las
actividades realizadas por los caballos debe ser contemplada, adaptándose a las
necesidades de las personas de la tercera edad y aquellas con discapacidad,
asegurando que el trabajo sea adecuado a estas condiciones; vii) en cuanto al tema
del patrimonio cultural, manifestó que no consideran a los caballos como patrimonio
cultural de Cartagena, ya que, según la constitución, este estatus requiere un
arraigo que no se cumple en este caso; viii) respecto al estado de las pesebreras,
indicó que las ubicadas en Chambacú no son adecuadas, ya que se encuentran en
un espacio público del distrito de Cartagena, lo que impide que sean habitables para
los animales; ix) añadió que funcionarios de Bogotá han acompañado a las
autoridades locales en visitas a las pesebreras para supervisar la situación y
prevenir el maltrato hacia los caballos; x) finalmente, indicó que la Alcaldía no ha

109Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 002. Archivo denominado:”
03.CUADERNO PRINCIPAL.3.pdf”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

67

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

tomado medidas suficientes para reubicar a los caballos ni para asignar un terreno
adecuado que garantice su bienestar.

100. Testimonio de la señora María Victoria De Zubiría Piñeres en audiencia de
pruebas del 8 de mayo de 2023110, vive en Cartagena, indicó en términos generales
que: i) tiene conocimiento sobre el maltrato hacia los caballos, dado que comenzó
a trabajar por la defensa de los animales en 2010; ii) en 2011, trabajó para que se
emitiera un decreto reglamentario sobre el servicio de los carruajes, ya que no
genera impuestos ni seguridad, y tanto los cocheros como los caballos son víctimas,
ya que no cuentan con acceso a seguridad social; iii) señaló que 10 personas son
dueñas de los carruajes y que, al suspenderse el servicio, no se afecta al cochero
sino al dueño del carruaje, y que el gremio de los cocheros es inestable, lo que
permite que cualquier persona pueda ingresar a él; iv) mencionó que en 2014 se
expidió un Decreto Reglamentario sobre el servicio de los carruajes, estableciendo
el número de pasajeros y los horarios, pero no se cumple, ya que se exceden los
pasajeros permitidos y no se realiza el pesaje de los carruajes; v) indicó que las
pesebreras están ubicadas en Chambacú, un lugar en condiciones “infrahumanas”,
lo que afecta a los animales que allí viven, y durante la pandemia intentaron llevar
los caballos a fincas, pero los dueños no accedieron por temor a que se los robaran;
vi) expuso que el POT prohíbe tener pesebreras dentro del casco urbano, pero se
hace caso omiso a esta disposición; vii) aseguró que capacitar a los cocheros no
sirve, ya que pueden ser reemplazados en cualquier momento; viii) señaló que
solicitó al Concejo Municipal y a Tránsito demostrar que los cocheros cuentan con
pólizas de responsabilidad, pero no le han entregado nada; ix) explicó que los
permisos son otorgados entre ellos mismos, mediante la Asociación de Cocheros,
y que las placas que utilizan son de motocicletas; x) en cuanto al número de caballos
por carruaje, indicó que, según el Decreto, cada carruaje debe tener dos caballos,
pero el número de caballos en Cartagena no alcanza esa cantidad conforme a lo
señalado por UMATA; xi) informó que promovieron el uso de herraduras sintéticas
en los caballos, a través de una brigada en la que participaron médicos veterinarios
y herreros especializados, no obstante señaló que estas herraduras son costosas
lo que dificulta su compra; xii) precisó que el decreto establece las zonas por donde
se les permite transitar, sin embargo los cocheros lo hacen por toda la ciudad; xii)
aclaró que el negocio de los carruajes funciona cobrando por paseo, sin tener una
cifra exacta, por lo cual no es un negocio confiable para los dueños de los carruajes;
xiii) indicó que los coches se guardan en Chambacú o Marbella, donde los caballos
están a la intemperie; xiv) finalmente, señaló que nunca ha visto los permisos ni las

110Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 002. Archivo denominado:”
03.CUADERNO PRINCIPAL.3.pdf”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

68

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

pólizas de responsabilidad civil que debería tener el servicio, y que, de acuerdo con
lo que ha solicitado, el Distrito no ha demostrado que los cocheros cuenten con tales
permisos.

101. Testimonio del señor Juan Carlos Cárcamo en audiencia de pruebas del 8
de mayo de 2023111, quien vive en Cartagena, indicó en términos generales que: i)
la situación del maltrato hacia los caballos preocupa a la ciudadanía debido a las
constantes muertes de los animales, mencionando específicamente la muerte de 12
caballos el 24 de diciembre de 2020, a causa de una indebida alimentación con
afrecho de maíz en la pesebrera de Marbella; ii) señaló que la pesebrera de
Chambacú se encuentra en un área de invasión y que los caballos son sometidos a
un horario laboral extenso y agotador; iii) mencionó que la autoridad de salud
recomendó la clausura de las pesebreras, ya que no cumplen con las normas de
salubridad; iv) informó que una sola persona es dueña de 10 coches y otra de 8
coches, indicando que el negocio de los carruajes es netamente privado; v) en
respuesta a la solicitud del despacho, indicó que podría aportar los listados de los
dueños de los coches, aclarando que no existe una lista de los cocheros; vi) aclaró
que la muerte de los caballos en diciembre de 2020 fue un hecho notorio, cubierto
por medios de comunicación nacionales, y que la causa fue una mala alimentación,
tal como fue informado a la Directora de UMATA; vii) comentó que la ciudadanía
está alarmada por la situación y ha presentado varias acciones populares buscando
que se tomen medidas al respecto; viii) en relación con la pregunta sobre el peso
de los carruajes, mencionó que han solicitado a la Dirección de Tránsito los registros
de pesaje, pero no han recibido respuesta, y que cuando los coches son llevados a
pesar no se les carga lo que verdaderamente transportan.

102. Testimonio de la señora Claudia Liliana Rodríguez Garavito en audiencia
de pruebas del 8 de mayo de 2023112, quien vive en Cartagena, indicó en términos
generales que: i) no tuvo conocimiento del fallecimiento de los 12 caballos en 2020;
ii) señaló que no existen condiciones mínimas adecuadas para el bienestar de los
caballos utilizados en el transporte de turistas, ya que no cumplen con los requisitos
de su zootecnia; iii) explicó que los caballos percherones son los adecuados para
caminar sobre asfalto, no los caballos actualmente utilizados, y recomendó la
sustitución de estos animales, ya que no están diseñados para ese tipo de actividad
y las personas que los poseen no tienen los recursos necesarios para mantenerlos
adecuadamente; iv) comentó que las articulaciones de los caballos sufren debido a

111 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 002. Archivo denominado:”
03.CUADERNO PRINCIPAL.3.pdf”
112 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 002. Archivo denominado:”

03.CUADERNO PRINCIPAL.3.pdf”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

69

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

la actividad de caminar largas horas sobre el asfalto, lo cual es comparable a un
humano caminando descalzo durante un largo período; v) indicó que la alimentación
inadecuada de los caballos afecta directamente su salud, causando problemas
graves en el colon, como la torsión de los intestinos, lo que puede llevar a la muerte
del animal; vi) mencionó que en otros países, como México y Guatemala, se han
implementado vehículos solares como alternativa para sustituir a los animales,
cumpliendo con la misma función sin necesidad de utilizar un ser vivo; vii) explicó
que el sufrimiento de los caballos se debe a la falta de tenencia responsable, ya que
los dueños no tienen los medios adecuados para garantizar una nutrición,
desarrollo, habitabilidad estable, tratamiento podal, ni las horas de descanso
necesarias, ni la oportunidad de socializar con otros animales como lo harían en su
hábitat natural; viii) señaló que existen métodos de sustitución mucho más
económicos y eficaces si el objetivo es preservar los medios de trabajo sin recurrir
al maltrato animal; ix) en respuesta a una pregunta sobre la capacidad máxima de
tiro de los caballos criollos, indicó que el proceso de tiro es la mitad del peso del
caballo, lo cual está directamente relacionado con la capacidad del suelo para
generar fricción.

103. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, en primera instancia, de conformidad con las reglas de la sana crítica y
en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en el caso sub examine.

104. La Sala considera que, teniendo en cuenta el material probatorio allegado al
proceso y referenciado supra, y conforme con el artículo 167 de la Ley 1564, “[…]
[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen […]”. Asimismo, que conforme con el artículo
30 de la Ley 472, “[…] [l]a carga de la prueba corresponderá al demandante […]”,
sin perjuicio de la posibilidad para el juez de impartir órdenes para suplir las
deficiencias probatorias y, de ser el caso, obtener los elementos probatorios
indispensables para proferir sentencia de mérito.

105. Sobre el particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado113, en diferentes
pronunciamientos, ha referido y defendido la importancia de la carga probatoria en

113 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de junio de

2010, NUR 150012331000200501867-01(AP), C.P. María Claudia Rojas Lasso; Sección Primera, sentencia de
18 de marzo de 2010, NUR 250002325000200501345-01(AP), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; Sección
Primera, sentencia de 22 de enero de 2009, NUR 680012315000200300521-01(AP), C.P. Marco Antonio Velilla

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

70

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

las acciones de esta naturaleza. Por ejemplo, en sentencia proferida por esta
Sección Primera, consideró lo siguiente:

“[…] Sobre la carga de la prueba en acciones populares, el artículo 30 de la Ley
472 de 1998 dispone que:

“La carga de la prueba corresponderá al demandante. Sin embargo, si por
razones de orden económico o técnico, si dicha carga no pudiere ser cumplida, el
juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los
elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando
dichos experticios probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema
materia de debate y con cargo a ella.

En el evento de no existir la posibilidad de allegar la prueba respectiva, en virtud de
lo establecido en el inciso anterior, el juez podrá ordenar su práctica con cargo al
fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos.”

En ese orden de ideas, es claro que el actor tiene la carga de probar los hechos
que expone en la demanda con el fin de que prosperen las pretensiones. Por lo
anterior, la Sala considera que en el presente asunto no se vulneró el derecho
colectivo al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes
de uso público, como lo estima la actora, como quiera que no probó dicha
vulneración […] Es así, que la Sala confirmará la sentencia impugnada […]”114
(Destacado fuera de texto).

106. Así las cosas, la Sala considera que, en las acciones populares, por regla
general, la carga de la prueba corresponde al demandante o al actor popular;
obligación de la cual solo puede sustraerse por razones de orden económico o
técnico expresamente advertidas y acreditadas en el proceso, sin perjuicio de la
facultad probatoria que le asiste al juez popular, por mandato de los artículos 28 y
30 de la Ley 472 y a la regla general de índole probatorio, prevista en el artículo 167
de la Ley 1564, anteriormente indicada. En este mismo sentido, se pronunció esta
Sala de Decisión en sentencia de 23 de enero de 2020115.

107. En ese orden de ideas, es claro que tanto la jurisprudencia como la doctrina,
sostienen que la naturaleza de la acción popular, es en esencia preventiva, de ahí
que el inciso 2.° del artículo 88 de la Ley 472 determine que éstas “[…] se ejercen
para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración
o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado
anterior cuando fuere posible […]” y desde tal concepción deben ser analizados los
requisitos que soportan su procedencia.

Moreno; Sección Tercera, sentencia de 14 de abril de 2010, NUR 680012315000200301472-01(AP), C.P.
Mauricio Fajardo Gómez; Sección Tercera, sentencia de 31 de julio de 2008, NUR 250002326000200500240-
01(AP), C.P. Ruth Stella Correa Palacio, entre otras.
114 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de julio de

2010, NUR 410012333000200401275-01(AP), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
115 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de

2020 NUR 150012333000201500316-01(AP), C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

71

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

108. En efecto se tiene que los supuestos para que proceda la acción popular son
los siguientes: i) la existencia de una acción u omisión de la parte demandada; ii) la
presencia de un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio a los
derechos o intereses colectivos; es decir, de una situación que supera alcances
individuales y que se relaciona con afectaciones de orden plural y comunitario, pero
de carácter indivisible, lo que excluye -en principio- motivaciones meramente
subjetivas o particulares; y iii) la relación de causalidad entre la acción u omisión y
la señalada afectación de tales derechos e intereses; dichos supuestos deben estar
probados en el proceso respectivo y no pueden ser hipotéticos en tanto la amenaza
y la vulneración debe ser real y probada.

109. En el presente caso, el Distrito de Cartagena presentó como argumentos
centrales del recurso de apelación, por un lado, lo relacionado con el cumplimiento
de las obligaciones por su parte, y por el otro, la ausencia de vulneración de los
derechos colectivos en cuestión por estar legalmente permitida la actividad. En
consecuencia, solicita no se le atribuya ninguna responsabilidad porque las pruebas
aportadas al proceso demuestran que se han tomado medidas para controlar la
situación.

110. La Sala observa que en este caso no se discute sobre la existencia de la
amenaza o vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a
la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución, la conservación de las especies animales debido a la
situación que se presenta en el Distrito de Cartagena D.T y C. al utilizar equinos
como medio de transporte turístico en condiciones que no garantizan el bienestar
de los animales.

111. En efecto, el Tribunal encontró probado que la situación revela una serie de
condiciones adversas que compromete la integridad de los animales y que evidencia
la falta de medidas adecuadas para garantizar su dignidad, “[…] por consiguiente,
es necesario implementar y reforzar normativas y mecanismos que aseguren la
protección integral de los animales, estableciendo obligaciones precisas para los
responsables de su cuidado y sanciones adecuadas para quienes incumplan con
estos estándares. Además, se debe promover una mayor concienciación y
educación sobre el trato digno y respetuoso hacia los animales, con el fin de prevenir
abusos y asegurar su bienestar en todas las facetas de su existencia […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

72

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

112. En consecuencia, está Sala resolverá los precisos argumentos indicados en
el recurso de apelación.

En relación con las pruebas aportadas en el proceso y las actividades
realizadas por el Distrito de Cartagena para el control de los vehículos de
tracción animal utilizados para fines turísticos

113. El Distrito de Cartagena indicó en el recurso de apelación que ha adelantado
actividades por medio de sus dependencias para el control de la situación; sin
embargo, el análisis de las pruebas documentales revela que, a pesar de los
esfuerzos realizados por la UMATA y otras autoridades para mejorar las condiciones
de los caballos, persisten problemas en el servicio de coches turísticos en
Cartagena, como la falta de cumplimiento adecuado de la normativa, el maltrato
animal y la deficiencia en la infraestructura de las pesebreras. A pesar de la
implementación de políticas y programas de salud y bienestar animal, estas no han
sido completamente efectivas, en parte, debido a criterios de las administraciones.
Sin embargo, se observa un aumento en los esfuerzos de control, sanciones y
mejoras en las condiciones.

114. En concreto, en el año 2015 la UMATA indicó que ha incrementado los
operativos para mejorar el bienestar de los animales que trabajan en los servicios
de coches turísticos capacitando a los cocheros en la realización de un mejor
manejo de los animales en relación con el herraje, la alimentación, el descanso entre
otros. No obstante, en ese mismo año se evidenció el desplome de algunos equinos
en los meses de febrero y mayo. El informe revisión médica de caballos cocheros
de Cartagena realizado por la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales
UDCA de febrero de 2015 concluyó la necesidad de mejorar las pesebreras de los
animales, la determinación de programas de sanidad y nutrición y la realización de
exámenes médicos para realizar un monitoreo sanitario constante.

115. La Resolución núm. 4473 de 17 de junio de 2015 estableció el reglamento
técnico para determinar los criterios locativos y sanitarios que deben cumplir los
sitios de albergue de los caballos que prestan el servicio turístico de coches,
además los criterios administrativos y sancionatorios que deben observar las
autoridades al realizar las labores de inspección, vigilancia y control. Por lo anterior,
además de otras pruebas, se reconoce que el Distrito de Cartagena ha tomado
acciones para mejorar las condiciones en las que se encuentran los caballos, como
la realización de operativos técnicos y de verificación de los coches y el control del
cumplimiento de los recorridos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

73

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

116. No obstante, el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía
Metropolitana de Cartagena de Indias, el día 28 de enero de 2021, realizó una
diligencia de allanamiento y registro en el lugar conocido como las pesebreras de
Marbella, de acuerdo con un reporte de una situación en la que murieron 12 equinos.
El objetivo de la diligencia era examinar las condiciones en las que se encontraban
30 caballos que prestan servicios turísticos como cocheros en el centro histórico de
la ciudad para determinar que no se observe maltrato animal. Encontraron que 6
caballos estaban en condiciones desfavorables de salud y con signos de maltrato
animal.

117. En línea con lo anterior, en el año 2023 la UMATA reportó 7 casos de equinos
por diversos diagnósticos dentro de los que se destacan: desnutrición y laceraciones
múltiples.

118. De los testimonios se puede evidenciar que son varios los factores que
afectan el bienestar de los caballos, como la sanidad en las pesebreras, el
sobrepeso de los coches, los horarios largos de trabajo, la alimentación inadecuada,
entre otras. Los testimonios coinciden en que las autoridades no han tomado las
medidas suficientes para reubicar a los caballos ni para asignarles un terreno
adecuado que garantice unas mejores condiciones, porque el estado de las
pesebreras es deplorable.

Sobre las condiciones de seguridad y circulación de los vehículos de tracción
animal para la actividad turística

119. La Resolución 0197 de 14 de febrero de 2023116 tiene como objeto
reglamentar las condiciones bajo las cuales pueden seguir circulando los vehículos
de tracción animal destinados a actividades turísticas y se aplica a los prestadores
de servicios turísticos que circulen vehículos de tracción animal, quienes deberán
acreditar para la circulación el Registro Nacional de Turismo vigente.

120. Es pertinente destacar el considerando del mencionado acto administrativo,
por cuanto realiza un recorrido por las principales normas de protección de los
animales en Colombia. Por lo anterior, es relevante la Ley 84 de 27 de diciembre de
1989117 que en su artículo 1 indica que “[…] los animales tendrán en todo el territorio
nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o
indirectamente por el hombre […]”; en el artículo 4 se refiere a los deberes para con

116 “Por la cual se reglamenta el parágrafo del artículo 2 y el artículo 10 de la Ley 2138 de 2021”.
117 “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones

y se regula lo referente a su procedimiento y competencia”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

74

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

los animales se indica que “[…] toda persona está obligada a respetar y abstenerse
de causar daño o lesión a cualquier animal […]”; y también se refiere a los deberes
del propietario, tenedor o poseedor de un animal, el cual debe “[…] a) Mantener el
animal en condiciones locativas apropiadas en cuanto a movilidad, luminosidad,
aireación, aseo e higiene; b) Suministrarle bebida, alimento en cantidad y calidad
suficientes, así como medicinas y los cuidados necesarios para asegurar su salud,
bienestar y para evitarle daño, enfermedad o muerte; c) Suministrarle abrigo
apropiado contra la intemperie, cuando la especie de animal y las condiciones
climáticas así lo requieran […]”.

121. La Ley 769 prohibió el tránsito urbano en los municipios de categoría especial
y en los municipios de primera categoría del país, de vehículos de tracción animal.
Sin embargo, el parágrafo 1.° del citado artículo, estableció que quedan
exceptuados de la anterior medida, los vehículos de tracción animal utilizados para
fines turísticos. El Ministerio de Transporte expidió la Resolución núm.
20213040045305 de 2021118 modificada parcialmente por la Resolución núm.
20223040026225 de 2022, en lo relacionado con el tránsito de vehículos de tracción
animal para fines turísticos en los municipios de categoría especial y de primera
categoría del país.

122. La mencionada resolución en el artículo 7 determina las características y
condiciones mínimas de seguridad de los vehículos de tracción animal con fines
turísticos, respecto de las características físicas de las estructuras.

123. Ahora bien, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió la
Resolución núm. 197 de 14 de febrero de 2023 en la que se establecieron las
condiciones mínimas para la circulación de vehículos de tracción animal en
actividades turísticas, en concreto para los animales “[…] que sean utilizados en los
vehículos de tracción animal en actividades turísticas, deben encontrarse en edad
de productividad. Esto se verificará cuando se realice el examen general y de salud
de los animales, por parte de un médico veterinario que destinarán las autoridades
distritales, municipales y departamentales. Las hembras que se encuentren en
estado de gestación, lactancia o vejez avanzada, no podrán realizar trabajo alguno,
lo mismo, los animales de tiro que se encuentren en deficientes condiciones de
salud (enfermos, ciegos o cojos o cualquier otra situación de salud que los afecte).
[…] abstenerse de utilizar elementos que generen peso adicional al vehículo, o
atenten contra la seguridad del animal […]”.

118 “Por la cual se reglamenta el parágrafo 1° del artículo 98 de la Ley 769 de 2002”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

75

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

124. Además, en relación con la inspección, vigilancia y control determinó que
están a cargo de la autoridad de tránsito competente en la respectiva entidad
territorial en el cual operen los vehículos de tracción animal con fines turísticos.
También la Policía Nacional y las autoridades ambientales podrán verificar en todo
momento los datos relativos a la identificación, propiedad, permiso o habilitación
emitido por la autoridad competente, plan sanitario y condición general de bienestar
del animal.

125. Lo anterior tiene sustento en el reconocimiento como seres sintientes que se
les otorga a los animales en Colombia, así pues, con la Ley 1774 de 6 de enero de
2016119 se determina que no son “cosas” y que recibirán especial protección contra
el sufrimiento y el dolor; en especial, el causado directa o indirectamente por los
humanos. Se destacan como principios el de protección al animal que implica que
el trato a los animales se basa en el respeto, la solidaridad, la compasión, la ética,
la justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y
el abandono, así como cualquier forma de abuso, maltrato, violencia y trato cruel,
así como también el de bienestar animal que obliga a que, en el cuidado de los
animales, el responsable o tenedor tendrá cuidado con: “[…] 1. Que no sufran
hambre ni sed; 2. Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor; 3. Que
no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido; 4. Que no sean
sometidos a condiciones de miedo ni estrés; 5. Que puedan manifestar su
comportamiento natural […]”.

126. En la Sentencia SU-016 de 2020120 la Corte Constitucional destacó la
protección de los animales silvestres en tanto seres sintientes con valor propio y el
reconocimiento de la prohibición constitucional al maltrato animal. La Corte
Constitucional ha tejido una jurisprudencia en la que: i) existe un deber de protección
animal y, por lo tanto, de prohibición de maltrato; ii) este deber no solo involucra
actos que tienen la potencialidad de poner en riesgo la diversidad y equilibrio del
ecosistema, sino que protege a animales como sujetos individuales y sintientes; iii)
la protección, además, es diferencial y ponderada en atención al tipo de especie
involucrada, animales domésticos o silvestres; y iv) el deber de protección animal
tiene un contenido normativo vinculante indiscutible, cuya aplicación, tanto para el
Legislador como para los jueces, exige de ejercicios de valoración de la
razonabilidad y proporcionalidad.

119 “Por medio de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de

Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones”
120 Corte Constitucional, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. SV. Diana Fajardo Rivera. SV. Alberto Rojas Ríos.

AV. Alejandro Linares Cantillo. AV. Antonio José Lizarazo Ocampo. AV. Gloria Stella Ortiz Delgado. AV. Cristina
Pardo Schlesinger. AV. José Fernando Reyes Cuartas.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

76

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

127. Esta Sección en otras oportunidades ha otorgado la protección de los
animales empleados en circos; por ejemplo, en la sentencia de 29 de agosto de
2013121 se determinó que “[…] el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial,
además de fijar las políticas públicas y regulaciones para la protección de las
especies de fauna, las cuales incluyen indudablemente los animales empleados en
actividades circenses, debe expedir los certificados de exportación, importación y
reexportación de las especies incluidas en los apéndices de I, II y III de la CITES y,
es titular de la potestad sancionatoria ambiental que le permite, a prevención de la
autoridad competente, imponer y ejecutar medidas preventivas y sancionatorias
consagradas en la Ley, en los eventos en que advierta la transgresión de
disposiciones de contenido ambiental […].

128. Las anteriores consideraciones implican que si bien es una actividad que se
“encuentra legalmente permitida” como lo indicó el Distrito de Cartagena en su
recurso de apelación, esta Sala comparte lo considerado por el Tribunal en la
sentencia proferida, en primera instancia, en la que se destaca el replanteamiento
de la relación con el entorno y el enfoque más holístico que reconoce el valor
intrínseco de todas las formas de vida, fomentando así un respeto y una
consideración equitativa hacia el bienestar de los seres no humanos. Tal
transformación es esencial para la construcción de un marco ético que promueva la
coexistencia armónica entre todas las especies, en el que cada ser vivo sea
valorado por su propia existencia, más allá de su utilidad para el ser humano.

129. En consecuencia, el respeto por el medio ambiente, el ecosistema, la fauna
y la flora implica el logro por un equilibrio entre el desarrollo humano y la
conservación de biodiversidad. A pesar de la existencia y vigencia de un marco
normativo internacional y los esfuerzos del Estado colombiano en la materia, en el
país las manifestaciones de violencia contra la población animal siguen siendo
evidentes. Su incremento causa conmoción e indignación entre los ciudadanos,
pues éstos comienzan a considerar que no debería haber ningún tipo de expresión
violenta contra ninguna especie. Las organizaciones sociales han realizado diversos
llamados a los poderes del Estado, a las diferentes instituciones nacionales y a la
sociedad en general para generar conciencia y evitar el maltrato animal.

130. En línea con lo anterior, la Sala reconoce que, a lo largo del tiempo, los
animales domésticos han sido utilizados en varias regiones del país como fuerza
para ejercer actividades. Es así como especialmente a nivel rural, las especies

121 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, NUR 25000-23-24-000-2011-

00763-01, C.P. María Elizabeth García González.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

77

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

domésticas bovinas, equinas y mulares son utilizadas ampliamente como medio de
transporte, tracción de carga, tracción de herramientas de agricultura y halado de
molinos de diversa índole. Sin embargo, en relación con este tipo de actividades
tanto a nivel normativo como jurisprudencial se han dado avancen importantes, con
la Ley 769, la cual prohíbe en los municipios de categoría especial y de primera
categoría la circulación de vehículos de tracción animal. Un año después, la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-355 ordenó a los gobiernos locales adoptar
medidas alternativas y sustitutivas para garantizar el derecho individual al trabajo
de las personas que desempañan labores con este tipo de animales. Es común
observar que los équidos sigan siendo utilizados como animales de tracción a nivel
urbano para el transporte de diversos materiales y también para el transporte de
pasajeros especialmente como atracción turística.

131. En relación con estos últimos, son expuesto a jornadas laborales
extenuantes. Al respecto, se encuentran en el país reportes de animales abusados,
los cuales son sometidos a golpes y a otro tipo de agresiones para hacerlos trabajar;
reportes sobre ausencia de cuidados veterinarios adecuados y sobre el poco interés
que representa para los dueños y cuidadores, la necesidad de reemplazar a los
animales cuando se enferman, envejecen o debilitan. Es así, como el bienestar de
los animales se pasa por alto de manera habitual debido a causas económicas.

132. Por consiguiente, en la sentencia proferida, en primera instancia, se realizó
el planteamiento de las órdenes con el objetivo de salvaguardar, por un lado, los
derechos de los animales, en este caso particular de los caballos, y, por otro lado,
los derechos laborales de los actuales cocheros, a partir de un modelo de
convivencia armónica entre seres humanos y animales que garantice el respeto
mutuo y la protección de los derechos fundamentales de todos los involucrados.

133. En ese entendido considera la Sala que contrario a lo indicado por el apelante
en efecto se realizó un juicio de proporcionalidad en la determinación de las órdenes
impartidas para la protección de los derechos colectivos, medidas que no radican
en la suspensión o cese como tal de la actividad por cuanto se reconoce el derecho
al trabajo de las personas; no obstante, promueve prácticas que comprometen el
equilibrio ecológico y se da un enfoque integral que permite que se lleve a cabo la
actividad de manera ética y responsable, de acuerdo con los principios de desarrollo
sostenible y el respeto por la dignidad de todos los seres vivos.

134. En suma, comparte la Sala la consideración del Tribunal en la sentencia
proferida en primera instancia en cuando determinó que: “[…] i) el uso de animales
de tracción está permitido conforme a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

78

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

98 de la Ley 769 de 2002; ii) el Ministerio de Transporte ha emitido regulaciones al
respecto como la Resolución 20213040045305 de 2021; sin embargo, también
existe evidencia del maltrato animal al que se ven sometidos los equinos que
participan en esta actividad. Por lo tanto, se establecerá que cualquier animal que
esté siendo víctima de malos tratos o que presente signos de desnutrición deberá
ser retirado de inmediato de dicha actividad, hasta que se garantice su bienestar y
se aseguren las condiciones adecuadas para su cuidado. Esta medida será esencial
para proteger la integridad de los equinos y promover prácticas éticas en el uso de
animales de tracción […]”.

135. La Sala reconoce que por parte de la administración local, a través de las
distintas dependencias, se han aunado esfuerzos tendientes a vigilar y controlar la
actividad de transporte turístico con vehículos de tracción animal; sin embargo, no
ha sido suficiente y se siguen presentándo situaciones que configuran la vulneración
de los derechos colectivos y requieren de un cambio en el pensamiento y un
esfuerzo administrativo y progresivo que garantice la superación de la situación.

136. En ese orden de ideas, la Sala considera que, en este caso, lo procedente
es confirmar tanto la vulneración de los derechos e intereses colectivos, como las
órdenes impartidas para superar dicha situación.

Del comité de verificación de cumplimiento de la sentencia

137. Atendiendo a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia
proferida, en primera instancia, resolvió en el ordinal noveno, lo siguiente:

“[…] NOVENO. – CONFORMAR un COMITÉ DE VERIFICACIÓN para el
cumplimiento del fallo, integrado por los accionantes, Andrea Padilla Villarraga y
Alejandro Pardo Uribe, el alcalde distrital de Cartagena de Indias, el
representante de la Asociación de Cocheros, un delegado de la Federación de
Entidades Defensoras de Animales y del Ambiente de Colombia, un delegado
de la Policía Ambiental de la Policía Nacional, un delegado de la UMATA-
Cartagena y el Procurador Delegado para Asuntos ambientales y agrarios de la
Procuraduría General de la Nación o su delegado. […]”.

138. La Sala considera que se debe modificar el ordinal mencionado de la parte
resolutiva de la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2024 por la Subsección
B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en lo
relacionado con la conformación del Comité de Verificación de cumplimiento, en el
sentido de que será presidida por el Magistrado sustanciador del proceso, tal como
se precisará en la parte resolutiva de la sentencia.

139. Asimismo, se clarificará que en el evento que durante la ejecución de la
sentencia se observe que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

79

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

a las autoridades obligadas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el
marco del Comité de Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere
necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las ordenes de la
sentencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

140. Finalmente, y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala no condenará en costas en esta
instancia, en atención a que no está probada su causación.

Conclusiones

141. La Sala modificará el ordinal noveno de la sentencia de 26 de septiembre de
2024 proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, relativo a la conformación del Comité de
Verificación que estará presidido por el Magistrado sustanciador del proceso,
Andrea Padilla Villarraga y Alejandro Pardo Uribe, el alcalde distrital de Cartagena
de Indias, el representante de la Asociación de Cocheros, un delegado de la
Federación de Entidades Defensoras de Animales y del Ambiente de Colombia, un
delegado de la Policía Ambiental de la Policía Nacional, un delegado de la UMATA-
Cartagena y el Procurador Delegado para Asuntos ambientales y Agrarios de la
Procuraduría General de la Nación o su delegado y confirmará en lo demás la
sentencia proferida en primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el Consejero de
Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, para intervenir en el proceso de
la referencia y, en consecuencia, SEPARAR al Magistrado de la Sección Primera
del Consejo de Estado del conocimiento de la presente acción popular, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal noveno de la parte resolutiva de la sentencia de
26 de septiembre de 2024 proferida la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia, el cual quedará así:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

80

Núm. único de radicación: 250002341000201500996-01

“[…] NOVENO: CONFORMAR un Comité de Verificación para el
cumplimiento de esta sentencia, el cual, estará integrado por: i) el Magistrado
Ponente –quien lo presidirá-; ii) Andrea Padilla Villarraga y Alejandro Pardo
Uribe ; iii) el alcalde distrital de Cartagena de Indias; iv) el representante de
la Asociación de Cocheros; v) un delegado de la Federación de Entidades
Defensoras de Animales y del Ambiente de Colombia; vi) un delegado de la
Policía Ambiental de la Policía Nacional; vii) un delegado de la UMATA-
Cartagena y el Procurador Delegado para Asuntos ambientales y agrarios de
la Procuraduría General de la Nación o su delegado , quienes deberán
presentar informe de cumplimiento de la sentencia en el término de un (1)
mes, contado a partir de la ejecutoria de la presente sentencia

En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el marco del
Comité de Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere
necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las ordenes
de la sentencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia […]”.

TERCERO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de 26 de septiembre de 2024
proferida la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal administrativo de
Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998.

SEXTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen,
dejando las correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.