Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2015-01667-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2015-01667-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2015-01667-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
6 de febrero de 2025
Radicación: 25 000 23 41 000 2015 01667 01
Demandante: Entidad Promotora de Salud Famisanar Cafam Colsubsidio Ltda.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25 000 23 41 000 2015 01667 01
Demandante: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR CAFAM
COLSUBSIDIO LTDA
Demandado: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Tesis: No es nulo el acto administrativo que declaró fiscalmente
responsable a la parte actora debido a los pagos que la
EPS Famisanar le hizo a Cafam con cargo a recursos
provenientes del Sistema General de Seguridad Social en
Salud como consecuencia de las uniones temporales
entre Cafam e IPS habilitadas para prestar servicios de
salud.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia proferida el 21 de junio de 2018
por la Subsección B, Sección Primera, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que denegó las pretensiones de la demanda.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2015 01667 01
Demandante: Entidad Promotora de Salud Famisanar Cafam Colsubsidio Ltda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La Entidad Promotora de Salud Famisanar Cafam Colsubsidio Ltda., -
Famisanar EPS Ltda.-, actuando por conducto de apoderado judicial, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto por el artículo 138 del CPACA, presentó demanda en contra de la
Contraloría General de la República y, para ello, formuló las siguientes
pretensiones1:
“[…] PRIMERA PRINCIPAL: Que es nulo el Fallo de Responsabilidad
Fiscal No. 001810 del 29 de Julio de 2014, proferido por la Contralora
Delegada Intersectorial No.4 de la Unidad de Investigaciones Especiales
contra la Corrupción de la Contraloría General de la República, mediante
el cual se falló con responsabilidad fiscal solidaria en contra de
FAMISANAR EPS LTDA. Nit. (…), en cuantía de un diez mil trescientos
sesenta y cinco millones trescientos ochenta y ocho mil doscientos setenta
y dos pesos M/CTE ($10.365.388.272).
SEGUNDA PRINCIPAL: Que es nulo el Auto 001897 del 19 de agosto del
2014, proferido por la Contralora Delegada Intersectorial No.4 de la
Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción de la
Contraloría General de la República, mediante el cual se resuelve el
recurso de reposición y se confirma el Fallo No. 001810 de Julio 29 del
2014.
TERCERA PRINCIPAL: Que es nulo el Fallo de Apelación y Consulta No.
0085 del 15 de diciembre de 2014, proferido por el señor Contralor
General de la República, mediante el cual resuelve el recurso de apelación
y confirma el Fallo No. 1810 del 29 de Julio de 2014 de noviembre de
2013.
CUARTA PRINCIPAL: Que como consecuencia de la prosperidad de las
pretensiones anteriores, a título de restablecimiento del derecho se
condene a la Contraloría General de la República o indemnizar a
FAMISANAR EPS LTDA. Nit. (…), o a quien o quienes representen sus
derechos, los daños ocasionados por la expedición de los Actos
administrativos anulados, todo ello con la pertinente indexación e
intereses de conformidad a los artículos 187 y ss del CPACA desde el
momento de la materialización de la ejecución; consistentes en:
Daño emergente presente:
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radicado nro. 25 000 23 41 000 2015 01667 01. Expediente digitalizado.
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• La suma de CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS
M.CTE. ($5.182.694.136), por concepto de los pagos que ha realizado a
la fecha FAMISANAR EPS a favor del FOSYGA por concepto del Fallo
001810, en específico el día 11 de marzo del 2015;
b. Daño emergente futuro:
• Las sumas que llegare a pagar FAMISANAR EPS LTDA por concepto de
los actos administrativos impugnados, debidamente indexadas y con sus
intereses correspondientes.
QUINTA PRINCIPAL: Que se condene a la Contraloría General de la
República a pagar los gastos y costas de este proceso.
[…]” (mayúsculas y negrillas originales).
Normas invocadas como infringidas y concepto de violación
La parte actora afirmó que con la expedición de los actos acusados se
vulneraron las siguientes disposiciones:
Constitución Política:
artículos 1,6,13,15,16,29, 48,49,58,83,189,209,267,333,338,365.
Ley 100 de 1993: artículos: 156 literal i, 177, 180, 181 parágrafo 1, 183
parágrafo 1,185, 189, 229, 233 y 275 parágrafo 3.
Ley 1122 del 2007, artículo 40
Ley 1474 del 2011, artículos 19 y 118
Sentencias C-262 de 2013, C-840 de 2001, C-572 de 2003 y C-1040 de
2003 de la Corte Constitucional.
Ley 610 de 2000
Ley 42 de 1993
Ley 80 de 1993, artículo 7
Ley 678 de 2001, artículo 6
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14 inciso 3
literal a).
Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto, artículo 28.
Decreto 2357 de 1997, artículo 10
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Decreto 1485 de 1994
Decreto 806 de 1998, artículo 8
Decreto 4747 de 2007, artículo 28
Decreto 1011 de 2006
Código Civil, artículos 63,633 y 2344
Código Contencioso Administrativo, artículos 3, 62, 64 y 66
Decreto Ley 267 de 2000, artículo 5
Decreto 1716 de 2009, artículo 3
Decreto 050 de 2003, artículo 41
Resolución 5261 de 1994 MAPIPOS, Ministerio de Salud
Resolución Orgánica 5589 de 2004 de la Contraloría General de la
República, artículos 50 a 58.
Acuerdo 8 del 1994 de Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud
Circular Externa 067 del 2010 de la Superintendencia Nacional de Salud.
Como cargos de violación se invocaron los siguientes, a los cuales se hará
referencia, en lo pertinente, más adelante:
Primer cargo. Caducidad de la acción de responsabilidad fiscal concluida
mediante el fallo nro. 001810 del 29 de julo de 2014 y sus confirmatorios.
Segundo cargo. Extralimitación de la Contraloría General de la República
al invadir la competencia sancionatoria administrativa de la
Superintendencia Nacional de Salud.
Tercer cargo. Violación al principio de congruencia por haberse declarado
responsable fiscal a Famisanar EPS sobre aspectos diferentes por los
cuales no fue imputada expresamente la actuación.
Cuarto cargo. Violación al debido proceso por vicios en el trámite del
proceso de responsabilidad fiscal IP- 016 de 2011.
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Quinto cargo. Violación al debido proceso por la negativa de practicar
pruebas solicitadas por Famisanar EPS.
Sexto cargo. Violación al debido proceso por no valorar las pruebas
incorporadas al proceso que demostraron la ausencia de intermediación.
Falsa motivación por contradicción sustantiva en las decisiones.
Séptimo cargo. Inexistencia de responsabilidad fiscal por ausencia de
daño a los recursos públicos.
Octavo cargo. Violación por ausencia de una conducta gravemente
culposa como presupuesto esencial de la responsabilidad fiscal.
Noveno cargo. Inexistencia de responsabilidad fiscal por ausencia de nexo
causal.
1.2. Contestación de la demanda
La Contraloría General de la República, actuando por conducto de
apoderado, contestó la demanda en oportunidad y se opuso a las
pretensiones2.
Frente al primer cargo. Manifestó que los argumentos carecen de
fundamento, ya que no existe duda que el límite señalado en la ley para
contabilizar el término de caducidad de la acción fiscal es el auto de
apertura del proceso de responsabilidad fiscal, no el de la notificación,
como se pretende.
Alegó que se decretó la caducidad para las órdenes de pago anteriores a
enero de 2007, razón por la cual se pretendió que se hiciera lo mismo
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respecto de todas las órdenes de pago que hubiesen sobrepasado los
cinco años, lo que no procedía porque constituían hechos continuos.
Indicó que del análisis de las actuaciones allegadas y que corresponden a
la investigación preliminar 055 de 2012, se determinó que durante los
años 2007 y 2008 Famisanar EPS efectuó pagos por capitación a Cafam
por las uniones temporales con la Clínica Partenón, con Crear Más Vida y
Javesalud por $5.647.437.154.
Aludió que se determinó que en forma permanente y continua entre los
años 2007 y 2008 Famisanar le hizo a Cafam pagos con cargo a recursos
provenientes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, como
consecuencia de las uniones temporales de la Caja de Compensación
Cafam con la Clínica Partenón y con Crear Más Vida, según se comprueba
con las facturas que obran en el expediente.
Frente al segundo cargo. Aseguró que de forma recurrente se señaló en
el proceso la falta de competencia de la Contraloría para pronunciarse
sobre la intermediación. Al respecto precisó que el fallo de responsabilidad
fiscal no efectuó sanción administrativa alguna a la EPS Famisanar, pues
esta no es la naturaleza del proceso fiscal, y que se demostró que se
causó un daño patrimonial a los recursos parafiscales por cuanto se
quebrantaron órdenes legales, dado que se debía destinar el 100% de la
UPC directamente a la prestación de servicios de salud, sin que ello
implique inmiscuirse en la función que compete a otras entidades.
Respecto del tercer cargo. Argumentó que la incongruencia solo vulnera
el principio de contradicción cuando la desviación es de tal gravedad que
supone una modificación sustancial de los términos en que discurrió la
controversia procesal. Agregó que en el fallo de responsabilidad fiscal se
señaló claramente el hecho a investigar que fue el mismo del auto de
imputación y del fallo, por lo que no es cierto que se haya presentado una
falta de congruencia entre los hechos imputados y el fallo.
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Frente al cuarto cargo de violación al debido proceso por vicios en el
trámite del proceso de responsabilidad fiscal IP- 016 de 2011. Aseveró
que la indagación preliminar “(…) duró ocho (8) meses y veinte (20) días,
pero debe aclararse que el último medio probatorio fue allegado el 8 de
noviembre de 2011, lo cual permite establecer que los medios de prueba
se encuentran decretados y practicados dentro de los términos de los seis
(6) meses y que los dos meses y veinte días adicionales correspondieron
a la calificación del mérito para recomendar la apertura del proceso de
responsabilidad fiscal”.
En cuanto a la violación de la garantía constitucional del non bis in ídem
indicó que no se transgredió dicho principio, ya que el pronunciamiento
que hizo la dirección de vigilancia fiscal de la Contraloría delegada para el
sector social no fue en el trámite de una indagación preliminar o en el
proceso de responsabilidad fiscal. Agregó que tal principio está referido a
la prohibición de juzgar dos veces por los mismos hechos, lo que aquí no
ocurrió.
Frente al quinto cargo de violación al debido proceso por la negativa de
practicar las pruebas solicitadas por Famisanar EPS, manifestó que todos
los medios de prueba solicitados fueron decretados con excepción de la
visita especial, que resultaba notablemente impertinente puesto que de
la misma no se podría obtener ningún material relacionado con los hechos
objeto de investigación de este proceso.
En relación con el sexto cargo, de violación al debido proceso por no
valorar las pruebas que demostraban la ausencia de intermediación y
falsa motivación por la contradicción sustantiva de las decisiones. Alegó
que, durante el desarrollo del proceso de responsabilidad fiscal, la parte
actora tuvo la oportunidad de controvertir todas las pruebas y tampoco
señaló cuál fue el medio probatorio que dejó de valorar la Contraloría, ni
probó la no valoración que predica.
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Agregó que no es cierto, como lo indica la parte actora, que éste fuera un
caso privado y que la IPS Cafam estaba habilitada para prestar servicios
de salud contratados por Famisanar EPS.
Añadió que la EPS involucró a la IPS Cafam, capitalista suya, en una
relación contractual a la que no podía acceder, y le pagó con recursos del
SGSSS unos supuestos servicios de salud que la citada caja de
compensación no ejecutó, por no estar habilitada, con desconocimiento
del artículo 48 constitucional; y que el daño patrimonial a los recursos
parafiscales ascendió a la suma de $8.320.161.422, discriminado en cada
convenio celebrado por Cafam con las IPS Sisalud, Salud Mariana, Crear
Más Vida y la Clínica Partenón.
En relación con los cargos séptimo, octavo y noveno, manifestó que los
respondería de manera conjunta, por hacer referencia a la ausencia de
elementos para determinar la existencia de responsabilidad fiscal:
Al efecto adujo que en éstos se hacen consideraciones subjetivas que no
consultan los medios de pruebas obrantes en el proceso, ni las normas
que dan cuenta de que solo es posible contratar la prestación de servicios
con IPS´S habilitadas para ello, y que no hacerlo es contrario a la Ley 100
de 1993.
Afirmó que “(…) se probó diáfanamente como la EPS Famisanar entregó
unos recursos parafiscales a la IPS Cafam, a través de un contrato de
prestación de servicios en donde se comprometió a prestar servicios
directos de salud, de conformidad a lo señalado en las normas
establecidas sobre la materia, pudiéndose determinar que con ocasión de
este contrato se causó un daño patrimonial al Estado por cuanto la IPS
no se encontraba habilitada para prestar los servicios de salud y por ende
no los prestó y la IPS Cafam a su vez firmó unas alianzas para que fueran
otras IPS´S pero de un momento a otro puso a Cafam en medio de la
prestación de servicios de salud”.
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Concluyó que se acreditó que la conducta de la EPS Famisanar fue a título
de culpa grave, hecho que derivó en el daño patrimonial al Estado, por lo
que se demostró el nexo causal entre el daño y la conducta adelantada
por la EPS, que fue señalada por omisión, entre otras, a lo ordenado por
el Decreto 1011 de 2006, por cuanto el 6 de agosto de 2006 firmó en
forma retroactiva al 1 de enero de 2005 el contrato de prestación de
servicios de salud, sin verificar que la IPS Cafam no estaba habilitada para
prestar los servicios.
Enfatizó que también se probó el daño patrimonial a los recursos del
SGSSS, toda vez que, el 24.1% de la UPC, referidos en el caso concreto
por concepto de servicios de salud, no fueron prestados por la citada Caja
de Compensación Familiar, daño que se estimó en la suma de
$8.320.161.422, discriminado en cada convenio celebrado por CAFAM con
las IPS Sisalud, Salud Mariana, Crear Más Vida y la Clínica Partenón.
En cuanto a la conducta y el nexo causal, adujo que, en la verificación de
dicha contratación, se pudo determinar que la EPS Famisanar omitió su
deber de cuidado al no cumplir con la normatividad aplicable para la
contratación, por cuanto celebró el contrato con la IPS Cafam sin que ésta
se encontrara debidamente habilitada para prestar los servicios de salud
a sus afiliados, requisito sine qua non para dar cumplimiento, no solo a la
Ley 100 de 1993, sino también a los Decretos 2309 del 15 de octubre de
2002 y 050 del 14 de enero de 2003, entre otros.
Agregó que, con los reportes contables obrantes en el expediente, se
probó que la EPS Famisanar hizo los pagos del 75.9% de la UPC
directamente a las IPS's involucradas en este proceso, cuando no hubo
contrato con ninguna de ellas, y aceptó que la IPS Cafam subcontratara
estas IPS's para la prestación de los servicios, y le pagó directamente y
en forma independiente el 24.1% de los recursos destinados a los
servicios de salud.
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Por último, en cuanto a la alegada ausencia de supuestos para determinar
la solidaridad, expuso que, aunque la Ley 610 de 2000, de manera
expresa no establece una responsabilidad con carácter de solidario, deja
claro que se imputa a quienes directamente produzcan y/o contribuyan
en la causación del daño al patrimonio del Estado, de lo que se infiere
que, pese a que la responsabilidad fiscal es individual o subjetiva, ello no
significa que no pueda ser solidaria, ya que son solidariamente
responsables fiscales quienes produzcan directamente el daño o
contribuyan a su causación.
Indicó que no sería lógico ni jurídico que, en un proceso de
responsabilidad fiscal con responsables plurales, se divida a prorrata el
daño producido, cuando la intensidad de este, además de económica,
tiene connotaciones de moral administrativa y de orden social que
plantean una escala valorativa diferente para medir las consecuencias
derivadas del deber de garante que asume el agente desleal o descuidado,
al afectar patrimonialmente ese especial bien jurídico.
Propuso las excepciones de ineptitud sustancial de la demanda,
inexistencia del derecho pretendido e inexistencia del derecho a restituir
o reparar, frente a los cuales, en la audiencia inicial celebrada en el caso,
se determinó que constituían excepciones de fondo y no previas, por lo
que se indicó que se resolverían en la sentencia.
II. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B, Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sentencia del 21 de junio de 2018, negó las
pretensiones y condenó en costas a la parte actora3. Para resolver analizó
lo siguiente:
3
Ibidem.
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Frente al primer cargo. Caducidad. Examinó que, en el caso concreto,
el auto de cierre de la indagación preliminar nro. 100 fue proferido el 31
de enero de 2012, y por auto del 17 de febrero de 2012 se ordenó la
apertura e imputación dentro del proceso de responsabilidad fiscal.
Expuso que los hechos primigenios que dieron origen a la apertura del
proceso de responsabilidad fiscal en contra de la parte actora “son
reiterados o continuos consistentes en que la EPS Famisanar entre el mes
de febrero de 2007 al mes de marzo de 2008 -es decir mes a mes-, realizó
unos pagos supuestamente no autorizados por la ley a la Caja de
Compensación Familiar -Cafam- en virtud de los convenios suscritos por
esta última entidad con las IPS Sisalud Ltda. y Salud Mariana, es decir,
que Cafam sin contar con habilitación para la prestación de los servicios
de salud al parecer obtuvo ingresos provenientes de los recursos
parafiscales del sistema general de seguridad social en salud derivados
de la unidad de pago por capitación con ocasión de una reprochable
intermediación, esto es, usufructuando la contratación para la prestación
del servicio de salud realizada con las citadas IPS”.
En ese orden, consideró evidente que el hecho generador obedeció a que
durante los meses de febrero de 2007 a marzo 2008 -mes a mes- la EPS
Famisanar, con ocasión de una intermediación de recursos de origen
parafiscal producto de la unidad de pago por capitación, le pagó a Cafam
unas sumas de dinero que le trasladó a raíz de los convenios suscritos con
las IPS Sisalud Ltda. y Salud Mariana Ltda.
Alegó que lo expuesto demostraba que se trató de una conducta
permanente y continuada durante los meses de febrero de 2007 a marzo
2008; por lo tanto, para efectos de determinar la caducidad de la acción
fiscal, el término de cinco años debía empezar a contarse desde el último
hecho, que correspondió al 31 de marzo de 2008, por lo que la acción
fiscal caducaba el 31 de marzo de 2013; y, como el auto de apertura e
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imputación inicial frente a esos precisos hechos fue expedido el 17 de
febrero de 2012, se concluía que la acción no estaba caducada.
Agregó que la Contraloría General, a través del auto nro. 001319 del 12
de agosto de 2013, adicionó otros hechos teniendo en cuenta los
fundamentos allí señalados, de lo que se desprendía que:
a) Dentro de los hechos por los cuales se dio apertura al proceso de
responsabilidad fiscal por auto de 17 de febrero de 2012 se incluyeron
recursos que Cafam había recibido de Famisanar no solamente como
producto de las uniones temporales con Sisalud Ltda. y con Salud Mariana
Ltda., sino, además, provenientes de ese tipo de negocios con otras IPS;
empero, al momento de la imputación no se vincularon estas otras IPS
como presuntos responsables.
b) En la sesión del 20 de noviembre de 2012 de la audiencia de descargos
se solicitó a la Contraloría Delegada para el Sector Social que allegara
copia de las actuaciones que estuviere adelantando en torno a la posible
intermediación de Cafam y que resultaran conexos con la materia objeto
del proceso de responsabilidad fiscal, actuaciones que fueron recibidas el
18 de diciembre de 2012 y que se tomaron de la indagación preliminar
055/2012 que se adelantaba.
c) El 26 de junio de 2013, en el transcurso de la audiencia de decisión, se
recibió el original de la indagación preliminar no. 055/2012 para que, de
conformidad con lo señalado por el artículo 14 de la Ley 610 de 2000, se
agregaran esas diligencias al proceso de responsabilidad fiscal con el fin
de que los asuntos materia de investigación fiscal se decidieran bajo una
misma cuerda procesal, agregación que, en virtud del principio de unidad
procesal, se ordenó en la audiencia del 5 de agosto de 2013.
d) Se determinó que, en forma permanente y continua, entre los años
2007 y 2008 -enero de 2007 a diciembre de 2008- Famisanar le hizo
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pagos a Cafam con cargo a recursos provenientes del Sistema General de
Seguridad Social en Salud como consecuencia de las uniones temporales
de la Caja de Compensación Cafam con la Clínica Partenón y con Crear
Más Vida.
Por tanto, se adicionó en $5.645.915.020 el monto de la imputación
efectuada a Famisanar y a Cafam y se vincularon los nuevos presuntos
responsables.
Explicó que “(…) cabe resaltar que la adición de la apertura e imputación
dentro del proceso de responsabilidad fiscal objeto de este caso concreto
identificado con el no. 016 de 2011 obedeció a que se allegó la indagación
preliminar no. 055/2012, la cual contenía hechos conexos consistentes en
que al parecer durante las vigencias fiscales 2007 y 2008 la EPS
Famisanar con ocasión de una intermediación de recursos de origen
parafiscal producto de la unidad de pago por capitación le pagó a Cafam
una suma de dinero que le trasladó con ocasión de los convenios suscritos
con Crear Más Vida S.A. y con la Clínica Partenón Ltda.”.
Indicó que, para efectos de determinar la caducidad de la acción fiscal
frente a los nuevos hechos agregados al proceso de responsabilidad fiscal,
el término de cinco años debía empezar a contarse desde el último hecho,
el cual correspondía al 31 de diciembre de 2008, de manera que la acción
fiscal caducaba el 31 de diciembre de 2013; y, en este caso, el auto de
adición de apertura e imputación de responsabilidad fiscal fue expedido
el 12 de agosto de 2013, es decir, dentro del término legal.
Aseveró que el reproche de la parte actora consistente en que la adición
de la imputación solo podía comprender hechos ocurridos con
posterioridad a agosto de 2008, esto es, desde septiembre a diciembre
de 2008, no era de recibo, ya que, por tratarse de hechos continuados
finalizados el 31 de diciembre de 2008, la acción fiscal caducaba el 31 de
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diciembre de 2013, y el auto de adición de apertura del proceso de
responsabilidad fiscal fue expedido dentro del término legal.
Frente al segundo cargo, extralimitación de la Contraloría General
de la República por invadir la competencia administrativa
sancionatoria de la Superintendencia Nacional de Salud
Manifestó que este motivo de censura no era atendible y para ello recordó
cuál es la naturaleza jurídica del proceso de responsabilidad fiscal. Citó la
sentencia C- 338 de 2014 proferida por la Corte Constitucional y recordó
que, según la jurisprudencia constitucional, la responsabilidad fiscal es de
naturaleza administrativa y no tiene carácter sancionatorio sino
resarcitorio. Por lo que, en el contexto legal y jurisprudencial y el carácter
autónomo y resarcitorio de la acción de responsabilidad fiscal, es
compatible con la responsabilidad que deduzcan otras autoridades
judiciales o administrativas.
Tercer cargo, violación del principio de congruencia por haberse
declarado responsable fiscal a Famisanar EPS sobre aspectos
diferentes por los cuales no fue imputada expresamente en la
actuación
Argumentó que este cargo tampoco prosperaba, toda vez que, como se
expuso al resolver el primer cargo, en la imputación inicial efectuada
mediante auto del 17 de febrero de 2012 se estableció que el hecho
generador de la responsabilidad fiscal obedeció a que durante los meses
de febrero de 2007 a marzo 2008 - mes a mes-, la EPS Famisanar, con
ocasión de una intermediación de recursos de origen parafiscal producto
de la unidad de pago por capitación, le pagó a Cafam una suma de dinero
que le trasladó por los convenios suscritos con las IPS Sisalud Ltda. y
Salud Mariana Ltda.
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Advirtió que las órdenes de pago números 322389, 326014, 343465 y
348356, por un valor total de $1.081.193.932, corresponden a los meses
de mayo, junio, noviembre y diciembre de 2007 que Famisanar pagó a
Cafam a raíz de las uniones temporales con la IPS Sisalud Ltda. y Salud
Mariana Ltda., como se desprende del fallo con responsabilidad fiscal; por
lo tanto, no era de recibo el argumento de la parte actora que se
adicionaron en forma injustificada y arbitraria dentro del proceso de
responsabilidad fiscal esas precisas órdenes, ya que fueron expedidas
dentro del período por el cual se adelantó el proceso de responsabilidad
fiscal y, por tanto, era legalmente procedente valorarlas.
Añadió que la parte actora afirmó que la entidad demandada valoró
disposiciones legales que no fueron invocadas en la imputación inicial ni
en la imputación adicionada en el auto de 12 de agosto de 2013, como
fueron el Decreto 2309 de 2002, el Decreto 1011 de 2006, la Circular
Externa no. 018 de 2005 expedida por la Superintendencia Nacional de
Salud y la Carta Circular no. 19 del 19 de abril 2001 emitida por el
Ministerio de Salud, lo que no era de recibo, y citó los fundamentos
jurídicos y fácticos señalados en el auto de cierre de la indagación
preliminar; en el auto por medio del cual se ordenó la apertura e
imputación dentro del proceso de responsabilidad fiscal; en el auto nro.
0013319 del 12 de agosto de 2013 que lo adicionó; en el fallo con
responsabilidad fiscal proferido el 29 de julio de 2014, en el auto del 19
de agosto de 2014 que resolvió el recurso de reposición, y el fallo que
resolvió la consulta y el recurso de apelación, expedido el 15 de diciembre
de 2014.
Cuarto cargo, violación del debido proceso por vicios en el trámite
del proceso de responsabilidad fiscal
Frente al argumento de la entidad demandante en el sentido que se
excedió el término de seis meses previsto por el artículo 39 de la Ley 610
de 2000 para adelantar la indagación preliminar, luego de citar varios
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antecedentes jurisprudenciales frente a lo que constituye la indagación
preliminar4, afirmó que el vencimiento del término de indagación previa
no implica la pérdida de competencia para actuar por parte del órgano de
control, ni esa circunstancia está prevista como causal de invalidez o
nulidad de la actuación administrativa, más aún si la finalidad del proceso
de responsabilidad fiscal es la protección del patrimonio del Estado.
También aludió a que la EPS Famisanar argumentó que se vulneró el
debido proceso por quebrantar el principio constitucional de non bis in
ídem porque la Contraloría General de la República en forma previa al
proceso de responsabilidad fiscal había investigado y decidido de fondo
sobre los mismos hechos a través de los cierres de actuación especial
números D-11 -08-803 y D-11 -08-0741 de 4 y 13 de mayo de 2009,
proferidos por la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada
para el Sector Social, y que, por tanto, se violó el principio de cosa
juzgada.
Al respecto, aseguró que este motivo carecía de fundamento, pues el
principio de non bis in ídem busca evitar la duplicidad de procesos y fallos
-en este caso de responsabilidad fiscal- y solo opera en los eventos en
que exista identidad de causa, identidad de objeto e identidad en la
persona a la cual se le hace la imputación, y en este caso lo manifestado
por el Director de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para la
Gestión Social no se hizo dentro de un proceso de responsabilidad fiscal
sino que se trató de una respuesta a una denuncia identificada con el
número ID -11-08-0741, por lo que concluyó que no se desconoció dicho
principio.
4
Corte Constitucional, sentencia SU- 901 de 2005; Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 3 de agosto de 2017, expediente no. 11001- 03-25-000-
2010-00309-00(2453-10); entre otras.
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Quinto cargo, violación del debido proceso por la negativa de la
práctica de pruebas solicitada por Famisanar EPS
Adujo que dicho argumento no era de recibo, comoquiera que la solicitud
de visita especial a las distintas IPS resultaba impertinente puesto que de
ella no se podía obtener ningún material relacionado con los hechos objeto
de investigación, ya que no era objeto del proceso la comprobación de la
prestación eficiente o de calidad de los servicios de salud, sino el pago
que por tal prestación se hizo y la forma o condiciones en que se realizó.
Agregó que, contra la decisión de negar la práctica de la citada prueba
dentro del proceso de responsabilidad fiscal, fue interpuesta una acción
de tutela, radicada con el nro. 110012203000201401272-00, con el fin
de obtener protección de los derechos fundamentales al debido proceso y
de defensa, la cual fue fallada de manera desfavorable y confirmada en
segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia - Sala Civil.
Sexto a noveno cargo, (i) violación del debido proceso por la no
valoración de las pruebas incorporadas al proceso que demostraron la
ausencia de intermediación - falsa motivación por contradicción
sustantiva en las decisiones; (ii) inexistencia de la responsabilidad fiscal
por ausencia de daños a los recursos públicos; (iii) violación por ausencia
de una conducta gravemente culposa como presupuesto esencial de la
responsabilidad fiscal, (iv) inexistencia de responsabilidad fiscal por
ausencia de nexo causal.
Expuso que, dado que dichos cargos tenían una similar base fáctica y
conceptual referente a que no se configuraron ni se demostraron los
elementos de la responsabilidad fiscal consistentes en el daño, la culpa y
el nexo de causalidad, serían resueltos de manera conjunta.
En cuanto a la intermediación, señaló que, para la prestación del servicio
de salud, debía tenerse en cuenta que: i) la IPS contratista debe estar
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habilitada y registrada legalmente para prestar el servicio contratado con
la EPS, ii) la subcontratación de servicios por parte de las IPS es
excepcional, dirigida a situaciones fortuitas, en las cuales las instituciones
prestadoras no puedan asumir obligaciones adquiridas respecto de
servicios habilitados, por lo que no está permitido subcontratar servicios
de salud de forma regular y permanente sino excepcionalmente, y iii) las
IPS no pueden asumir responsabilidades que por ley corresponden a las
EPS, conforme con lo establecido por el artículo 41 del Decreto 050 de
2003; el artículo 6 del Decreto 515 de 2004, en concordancia con el
Decreto 1011 de 2006; así como la circular externa 018 de 2005 y la carta
circular del 19 de abril de 2001 del Ministerio de Salud y Protección Social,
así como teniendo en cuenta lo previsto por los artículos 156, 177, 178 y
179 de la Ley 100 de 1993.
Advirtió que está probado que el registro y las habilitaciones a Cafam para
prestar servicios de salud en los municipios Cajicá, Bojacá, Cota, el Rosal,
Facatativá y Soacha corresponden a fechas posteriores a la celebración
del contrato con la EPS Famisanar -suscrito el 6 de agosto de 2006 y con
vigencia a partir del 1 de enero de 2005-, que incluso la gobernación de
Cundinamarca no reportó registros de habilitación para los municipios de
Girardot, Melgar, Chía, Sopó, Tocancipá, Zipaquirá, Ubaté, Sesquilé y
Tenjo, por lo que era evidente que la IPS Cafam ofreció a la EPS Famisanar
y ésta contrató la prestación directa de unos servicios de salud en unos
municipios para los cuales no estaba habilitada y fueron prestados a los
afiliados de la EPS por las IPS Sisalud, Salud Mariana, Crear Más Vida y
Partenón.
Añadió que también se demostró que se firmaron dos contratos el 13 de
junio de 2005 entre la IPS Cafam y las IPS Sisalud y Salud Mariana así:
(i) El primer contrato, para constituir la unión temporal y obligarse a
atender las obligaciones que se adquirieran con la EPS Famisanar al
momento de celebrar el contrato de servicios ambulatorios de salud de
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primero y segundo nivel definidos para el plan obligatorio de salud para
el régimen contributivo.
(ii) El segundo contrato, para acordar las condiciones que regularían la
relación entre los miembros de la unión temporal Cafam - Sisalud y Cafam
• Salud Mariana con ocasión de la oferta, celebración y ejecución de los
contratos de prestación de servicios de salud capitados que celebraran las
uniones temporales y la EPS Famisanar.
También se celebraron unos contratos de unión temporal y de alianzas
entre Cafam-Crear Más Vida y Cafam-Clínica Partenón, en los cuales se
pactó como duración de la unión temporal tres años a partir del 1 de enero
de 2005, pese a que los contratos tenían fecha del 13 de junio de 2005.
Igualmente, se firmaron dos contratos del 13 de junio de 2005 entre la
IPS Cafam y la IPS Crear Más Vida y la Clínica Partenón.
Aludió que lo anterior evidenciaba que se incumplió la restricción
establecida por el artículo 41 del decreto 050 de 2003 consistente en que
la subcontratación de servicios por parte de las IPS es excepcional, sin
que esté permitido subcontratar servicios de salud en forma regular y
permanente y como regla general de conducta y principal, por cuanto en
este caso la EPS Famisanar permitió que la IPS Cafam subcontratara no
excepcionalmente sino en forma continua y permanente durante las
vigencias 2007 y 2008 los servicios de salud con las IPS Sisalud, Salud
Mariana, Crear Más vida y Clínica Partenón para que prestaran el servicio,
situación que no está permitida.
Resaltó que las obligaciones que adquirió la IPS Cafam en las llamadas
“uniones temporales”, que en realidad fueron una subcontratación en
forma permanente y continuada para la prestación del servicio de salud
por parte de otras IPS, son las que debió asumir la Entidad Prestadora de
los Servicios - EPS Famisanar porque tienen que ver con las funciones que
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debía desarrollar directamente, de conformidad con lo dispuesto por el
literal d) del artículo 156 de la Ley 100 de 1993.
Aseguró que, en ese sentido, el porcentaje recibido del 24.1% del total
de los recursos recaudados por capitación no debió ser para la IPS sino
para la prestación de los servicios de salud, porcentaje que debía girarse
a quien realmente prestara los servicios.
Advirtió que no era de recibo el argumento de que la IPS Cafam realizó
en forma mancomunada la prestación del servicio de salud con las IPS
integrantes de las uniones temporales en la modalidad de capitación
durante los años 2007 y 2008, ya que Cafam se arrogó las funciones de
la IPS Cafam, en tanto que se ocupó de coordinar la red de prestación de
servicios mas no de prestar directamente el servicio de salud; aspecto
que también se evidenciaba con el dictamen realizado por la perito Olga
Lizeth Amariles Rivas, solicitado por la parte actora, informe del cual se
desprendía inequívocamente que quien había prestado directamente el
servicio de salud fue la IPS Crear Más Vida y no la IPS Cafam, lo que se
podía concluir igualmente con el dictamen rendido por el perito Jorge
Arsenio Prado Blanco.
Respecto de los elementos de la responsabilidad fiscal analizó:
En cuanto al daño, que los recursos de la seguridad social, como son los
ingresos provenientes de la UPC, son rentas de naturaleza parafiscal,
recursos públicos sometidos al control fiscal por parte de la Contraloría
General de la República.
En el caso concreto, al contrario de lo esgrimido por la parte actora, los
recursos con los que pagó la EPS Famisanar a la IPS Cafam sí pertenecían
a los ingresos provenientes de la unidad de pago por capitación, es decir,
que se pagó con recursos parafiscales o recursos públicos.
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Después de hacer alusión a lo que se indicó en el fallo con responsabilidad
fiscal, resaltó que la EPS Famisanar giró a la IPS Cafam el 24.1% de los
recursos parafiscales sin haber prestado directamente el servicio de salud
a los afiliados de la EPS por no encontrarse habilitada para ello como lo
ordena la ley, por lo que estaba probada la existencia de un detrimento
patrimonial por la suma de $8.320.161.422, que indexada ascendía al
monto de $10.365.388.272, y no le asistía razón a la parte actora cuando
alegó la ausencia de daño a los recursos públicos.
En cuanto a la conducta gravemente culposa, señaló que, en los términos
del artículo 63 del Código Civil, la gravedad de la conducta de la parte
actora se configuró cuando los recursos de la UPC administrados por la
EPS Famisanar fueron a parar a las arcas de la IPS Cafam por unos
servicios que no prestó directamente en cuanto ofreció y contrató la
prestación de los mismos sin estar habilitada para ello y, a su vez,
intermedió para que otras IPS habilitadas fueran las que prestaran los
servicios de salud a los afiliados de la EPS Famisanar bajo la presunta
modalidad de unos contratos de unión temporal que no se obligaron con
la EPS, como lo señalaban las cláusulas de sus alianzas, sino que
permaneció en medio, haciendo que otras IPS prestaran los servicios que
a ella le correspondía atender o satisfacer.
Por último, respecto del nexo de causalidad entre el daño patrimonial y la
conducta gravemente culposa, indicó que, como se expuso en el fallo con
responsabilidad fiscal, consistió en que “se encuentra probado el pago
realizado por la EPS Famisanar a la IPS Cafam con desconocimiento de la
normatividad vigente para la contratación de IPS”.
Cargo décimo, ausencia de los supuestos para determinar la
responsabilidad fiscal
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Expuso que en el caso estaban acreditados los elementos de la
responsabilidad fiscal en contra de la EPS Famisanar por lo que se
reiteraban los argumentos ya expuestos.
En cuanto a la responsabilidad solidaria precisó que: a) La Ley 1474 de
2011 entró en vigencia el 12 de julio de 2011, por lo que no es cierto
que en el trámite del procedimiento administrativo que dio lugar a la
expedición de los actos administrativos demandados se haya aplicado
indebidamente y de manera retroactiva el artículo 119 de la Ley 1474 de
2011, toda vez que el parágrafo 3 del artículo 97 ibidem estableció un
régimen de transición para las actuaciones y procesos iniciados con
anterioridad a su vigencia, con la posibilidad de adecuarlos a la nueva
normatividad.
Agregó que, como el auto de imputación de responsabilidad fiscal fue
proferido el 17 de febrero de 2012, esto es, después de la entrada en
vigencia de la Ley 1474 de 2011, la Contraloría Delegada Intersectorial
de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la
Contraloría General de la República adecuó el trámite del proceso de
responsabilidad fiscal al procedimiento verbal regulado en el estatuto
anticorrupción; por consiguiente, la Contraloría Delegada Intersectorial
de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la
Contraloría General de la República, en virtud de lo previsto en el
parágrafo 3 del artículo 97 Ley 1474 de 2011, adecuó el proceso de
responsabilidad fiscal a las normas allí previstas, por lo que el artículo 119
sí podía ser aplicado en el proceso de responsabilidad fiscal.
III. EL RECURSO DE APELACIÓN
Inconforme con lo decidido por el a quo, la parte actora interpuso recurso
de apelación que sustentó en los siguientes motivos, a los cuales se hará
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mención al descender en su examen5: (i) “frente a la caducidad de la
acción de responsabilidad fiscal”; (ii) “frente a la inexistencia de daño
patrimonial al Estado”; (iii) “frente a la ausencia de intermediación de
Cafam IPS” y (iv) “frente a la inexistencia de culpa grave por parte de
FAMISANAR EPS”.
El recurso de apelación fue concedido por auto del 2 de agosto de 2018
proferido por el magistrado ponente de la decisión de primera instancia6.
IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
4.1. El recurso de apelación fue asignado mediante acta individual de
reparto del 2 de octubre de 20187 y admitido en proveído del 18 de
diciembre de 2018, providencia en la que también se dispuso que,
cumplido el respectivo trámite y por considerarse innecesaria la audiencia
de que trata el artículo 247 del CPACA, se debía correr traslado a las
partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que de
considerarlo rindiera concepto8.
Acorde con el informe secretarial del 4 de marzo de 2019, solo descorrió
el traslado para alegar de conclusión la parte actora, quien manifestó lo
siguiente9:
Se refirió a los argumentos expuestos por el a quo y señaló que no le
asistía razón en que no operó la caducidad, ya que, como lo indicó la
Sección Tercera en sentencia del 29 de octubre de 2015, en aquellos
eventos en los cuales el daño se genera de forma continuada por causa
homogénea como efecto de hechos sucesivos u omisiones, como ocurre
5
Ibidem.
6
Ibidem.
7
Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2015 01667 01.
8
Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2015 01667 01.
9
Ibidem
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23
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en este caso, el término de caducidad corre de manera independiente
para cada uno de los hechos. Por lo que, frente a las órdenes de pago
anteriores a julio de 2007 y las órdenes de pago anteriores a agosto de
2008 operó el fenómeno de la caducidad.
Acerca de la existencia del daño patrimonial al Estado, señaló que se
equivocó el a quo al indicar que se generó un daño patrimonial al pagarle
a la IPS Cafam por unos servicios que supuestamente nunca prestó, dado
que Cafam sí prestó los servicios de salud que fueron contratados, lo que
se acreditó con el respectivo dictamen pericial.
Frente a la intermediación de Cafam IPS, indicó que no le asiste razón al
tribunal al señalar que existió intermediación o subcontratación de los
servicios, toda vez que Cafam prestó los servicios de tercer y cuarto nivel
a los afiliados de la EPS; y, por último, frente a la culpa grave, manifestó
que la supuesta culpa grave que se le endilgó pierde sustento porque,
acorde con la normatividad vigente al momento en que ocurrieron los
hechos, podía entenderse que las actividades de auditoría, así como las
demás que desarrolló Cafam, hacían parte de las obligaciones que debían
cumplir las IPS en Colombia.
4.2. En proveído del 29 de agosto de 2019 la Sala declaró fundado el
impedimento manifestado el 1 de agosto de 2019 por el consejero Roberto
Augusto Serrato Valdés para conocer del recurso de apelación y, en
consecuencia, dispuso separarlo del conocimiento del asunto10.
4.3. El expediente ingresó para fallo el 4 de marzo de 201911.
10
Ibidem.
11
Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2015 01667 01.
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V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. Competencia
Atendiendo lo previsto por los artículos 150 del CPACA y 13 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201912 expedido por la Sala Plena de la
Corporación, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 del 10 de
diciembre de 2024, esta Sección es competente para conocer del presente
asunto en segunda instancia.
5.2. Los actos acusados
Corresponden a los siguientes:
5.2.1. El fallo con responsabilidad fiscal nro. 001810 del 29 de julio de
2014 proferido por la Contralora Delegada Intersectorial nro. 4 de la
Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la
Contraloría General de la República, que dispuso13:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: FALLAR CON RESPONSABILIDAD
FISCAL, en cuantía de DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA
Y DOS PESOS M/TE ($10.365'388.272), en forma solidaria, en contra de
la EPS FAMISANAR, con Nit. (…) y la IPS Caja de Compensación
Familiar - CAFAM, con Nit. (…) a título de CULPA GRAVE, por el daño
patrimonial causado a los recursos parafiscales, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: FALLAR SIN RESPONSABILIDAD FISCAL, a
favor de las siguientes IPS de conformidad con lo expuesto én la parte
motiva de la presente providencia:
IPS SALUD MARIANA LTDA. Nit. (…)
RL: CARLOS ALONSO URIBE ÁNGEL IPS
SISALUD LTDA. Nit: (…)
RL: RICARDO SANABRIA FLOREZ
IPS CLÍNICA PARTENON Nit: (…)
RL: VÍCTOR ALFONSO GARCÍA ZACIPA
IPS CREAR MÁS VIDA S.A. Nit: (…)
RL: MARIO ORLANDO MALDONADO PÉREZ
12
Que compiló y actualizó el Reglamento del Consejo de Estado.
13
Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2015 01667 01.
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Demandante: Entidad Promotora de Salud Famisanar Cafam Colsubsidio Ltda.
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar que los recursos que se recuperen en
este proceso, por ningún motivo regresen a las IPS's ni a la EPS
FAMISANAR, debe devolverse a los recursos parafiscales, por cuanto las
IPS's que prestaron el servicio pactaron un costo per cápita para cumplir
con la prestación.
ARTÍCULO CUARTO: Una vez en firme la presente providencia, los
dineros deberán ser consignados en la cuenta No. 050-00119-7 a favor
del Tesoro Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Oficiar al Ministerio de Salud y Protección Social,
con el fin de que una vez se acredite el pago realice las gestiones
pertinentes a fin de que los recursos parafiscales regresen al Sistema
General de Salud, por ser de destinación específica.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
5.2.2. El auto nro. 001897 del 19 de agosto de 2014, “por medio del cual
se resuelven unos recursos de reposición IP 016 de 2011”, proferido por
la Contralora Delegada Intersectorial nro. 4 de la Unidad de
Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General
de la República, que decidió14:
“[…] ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR EN TODAS SUS PARTES EL
FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 001810 del 29 de julio de
2014, en cuantía de DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA
Y DOS PESOS M/TE ($10.365'388.272), en forma solidaria, en contra de
la EPS FAMISANAR, con Nit. No. (…) y la IPS Caja de Compensación
Familiar - CAFAM, con Nit. (…) a título de CULPA GRAVE, por el daño
patrimonial causado a los recursos parafiscales, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Aclarar el ARTÍCULO CUARTO, en el sentido de
que los recursos sean consignados en una cuenta del Fondo de
Solidaridad y Garantías - FOSYGA y no al Tesoro Nacional, como se
señaló.
ARTÍCULO TERCERO: Conceder en subsidio el recurso de apelación,
impetrado ante el Despacho de la Señora Contralora General de la
República.
[…]” (mayúsculas y negrillas originales).
14
Ibidem.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2015 01667 01
Demandante: Entidad Promotora de Salud Famisanar Cafam Colsubsidio Ltda.
5.2.3. El fallo de consulta y apelación nro. ord- 80112 – 0085 del 15 de
diciembre de 2014 proferido por el Contralor General de la República, que
dispuso15:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar el fallo con responsabilidad
fiscal No. 001810 el 29 de julio de 2014 proferido por la Contralora
Delegada Intersectorial No. 4 de la Unidad de Investigaciones Especiales
de la Contraloría General de la República, en Audiencia de Decisión del
29 de julio de 2014, en contra de:
1. EPS FAMISANAR LTDA NIT (…)
2. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM, NIT (…).
ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar en Grado de Consulta el fallo sin
responsabilidad fiscal No. 001810 el 29 de julio de 2014 proferido por la
Contralora Delegada Intersectorial No. 4 de la Unidad de Investigaciones
Especiales de la Contraloría General de la República, a favor de:
1. SISALUD LTDA NIT (…)
2. SALUD MARIANA LTDA NIT (…).
3. CREAR MÁS VIDA S.A. NIT (…)
4. CLÍNICA PARTENÓN NIT (…).
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar que los recursos sean consignados en
una cuenta del Fondo de Solidaridad y Garantías – FOSYGA y no al Tesoro
Nacional, como se señaló en la parte motiva de esta providencia.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales).
5.3. Lo probado en el proceso
5.3.1. El contrato celebrado entre Famisanar EPS y Cafam IPS
Está acreditado que el 1 de agosto de 2006, Famisanar EPS, en calidad
de contratante, y la Caja de Compensación Familiar Cafam, en calidad de
contratista, suscribieron el contrato de prestación de servicios de salud
en la modalidad de capitación, distinguido con el nro. 860.013.370, en el
que se estipuló lo siguiente16:
15
Ibidem.
16
Ibidem
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Radicación: 25 000 23 41 000 2015 01667 01
Demandante: Entidad Promotora de Salud Famisanar Cafam Colsubsidio Ltda.
“[…] OBJETO DEL CONTRATO: La IPS CAFAM prestará los servicios
de salud por el sistema de capitación en forma directa, oportuna y
continua a los afiliados de FAMISANAR, los servicios que prestarán la
IPS CAFAM son, sin limitarse a ellos, los que se enuncian en la cláusula
primera y que se definen ampliamente en el protocolo de prestación de
servicios el cual hace parte integral del presente contrato. De igual
manera la IPS prestará los servicios de Promoción Educación y
Prevención determinados en el protocolo mencionado.
POBLACIÓN OBJETO: Afiliados a FAMISANAR que han escogido como
IPS primaria Cafam, en los municipios de Bogotá, Girardot; Melgar, El
Rosal, Bojacá, Cajicá, Chía, Cota, Sopó, Tocancipá, Zipaquirá, Ubaté,
Sesquilé, Facatativá, Tenjo y demás municipios en los cuales Famisanar
cuente con afiliados y estos hayan escogido a la IPS Cafam.
VALOR DEL CONTRATO: Indeterminado.
DURACIÓN:
FECHA DE VIGENCIA: Enero 1 de 2005.
FECHA DE TERMINACIÓN: Julio 31 de 2007.
[…]” (negrillas originales).
Así mismo en la cláusula primera se indicó:
“[…] CLÁUSULA PRIMERA. NATURALEZA JURIDICA Y OBJETO DEL
CONTRATO. El objeto del presente contrato consiste en que la IPS
CAFAM prestará los servicios de salud definidos para el Plan Obligatorio
de Salud, por el sistema de capitación en forma oportuna y continua a
los afiliados de FAMISANAR que la hayan escogido como I.P.S. primaria
en los municipios de Bogotá, Girardot, Melgar, El Rosal, Facatativá,
Bojacá, Cajicá, Chía, Cota, Sopó, Tocancipá, Zipaquirá, Ubaté, Sesquilé,
Facatativá y Tenjo, y aquellos municipios que las partes definan con
posterioridad, en la forma y modo que se describe en el documento
denominado protocolo modelo de atención o aquel que lo adicione
modifique o complemente, en el cual se determinan los servicios que
deberá prestar la I.P.S.[…]”.
(negrillas originales).
En cuanto a las obligaciones de la IPS CAFAM se consignaron, entre otras:
“[…] CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA I.P.S.: Para el
cabal cumplimiento de las obligaciones derivadas en la ejecución del
presente contrato. La I.P.S. se obliga para con FAMISANAR, a:
SERVICIOS DE SALUD:
2.1. Prestar los servicios de salud directamente en sus instalaciones con
las condiciones de calidad y eficiencia establecidos en la ley, el protocolo
de modelo de atención y prestación de servicios de la E.P.S, y a
cumplirlas guías de atención integral adoptadas por el Ministerio de Salud
y los protocolos de diagnóstico y/o tratamiento médico de La I.P.S,
previamente conocidos por FAMISANAR. En caso de constituir la IPS
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Radicación: 25 000 23 41 000 2015 01667 01
Demandante: Entidad Promotora de Salud Famisanar Cafam Colsubsidio Ltda.
algún tipo de asociación para la prestación de los servicios, esta
asociación deberá ser previamente autorizada por FAMISANAR, de
conformidad con la reglamentación que se expida para tal efecto. (...).
2.3. Prestar los servicios de salud objeto de este contrato, a través de
profesionales de salud debidamente autorizados para ejercer por la
autoridad gubernamental correspondiente de conformidad con la ley.
(...). 2.5 Prestar el Plan Obligatorio de Salud de conformidad con la
normatividad vigente y Formular los medicamentos considerados en el
Manual de Medicamentos establecido en el Acuerdo 228 de 2002... (...)
INFORMACION: (...). 2.24. LA I.P.S. se compromete a colocar avisos en
sitios visibles en la parte interior de sus instalaciones, en los cuales se
utilice el logotipo de FAMISANAR, identificándola como prestadora de
servicios de salud a los usuarios de FAMISANAR, así como la imagen
corporativa que sea requerida para orientar eficientemente a los
usuarios. Igualmente, a efectuar publicidad y divulgar la calidad de los
servicios prestados objeto del presente contrato, a través de cualquier
medio de comunicación, con el fin de mantener informada a la población
usuaria. LA I.P.S. ofrecerá diferentes opciones para el acceso de los
afiliados a los servicios, tales como programas de consulta prioritarias
diaria de atención inmediata, asignación de citas telefónicas y
presenciales, orientación médica telefónica. La presente estipulación no
será entendida de ninguna forma como cesión de uso de marca y no
generará ningún tipo de emolumento.
[…]” (negrillas originales).
Respecto de la forma de pago se pactó:
“[…] CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO. FAMISANAR cancelará
las cuentas generadas por la prestación del servicio de acuerdo con lo
estipulado en el anexo Número 5 diseñado para el efecto. La factura debe
ser entregada a FAMISANAR anexando en medio magnético los R.l.P.S.
y el anexo de Calidad que se encuentra en este documento.
[…]” (negrillas originales).
En relación con la fecha de firma del contrato, desde cuándo regía y su
duración, se dispuso:
“[…] CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DURACIÓN. El presente contrato
se firma el 01 de agosto de 2006, sin embargo, las partes manifiestan
que las condiciones aquí plasmadas se aplican desde el día primero de
enero de 2005 a la relación contractual existente entre ellas. La duración
del contrato es el lapso comprendido entre el día primero (1) de enero
de dos mil cinco (2005) hasta el día treinta y uno (31) de julio de dos
mil siete (2007); cumplido este término se prorrogará en forma
automática y sucesiva por períodos de un año contados a partir de la
fecha de terminación del periodo inicial o el de sus prórrogas, a menos
que una de las partes manifieste por escrito a la otra con treinta (30)
días de anticipación su determinación de no permitir la prórroga.
[…]” (negrillas originales, subrayas ajenas).
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Radicación: 25 000 23 41 000 2015 01667 01
Demandante: Entidad Promotora de Salud Famisanar Cafam Colsubsidio Ltda.
5.3.2. Los convenios suscritos por Cafam para la prestación de los
servicios de salud a la EPS Famisanar Ltda.
5.3.2.1. Está acreditado que el 13 de junio de 2005 el representante legal
de la Caja de Compensación Familiar Cafam y la representante legal de la
IPS Salud Mariana Ltda. celebraron un convenio de “CONSTITUCIÓN DE
LA UNIÓN TEMPORAL CAFAM- SALUD MARIANA, para prestar los servicios
de salud a la EPS FAMISANAR LTDA”, con el siguiente objeto y cláusulas
principales frente a las obligaciones adquiridas y la participación en los
ingresos recaudados por la capitación17:
“[…] CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. Constituir como en efecto
constituyen mediante este documento la UNIÓN TEMPORAL CAFAM-
SALUD MARIANA para la prestación de servicios de salud a los afiliados
de la EPS FAMISANAR en la modalidad de capitación, conforme a los
contratos de prestación de servicios de salud que se celebren con la EPS
FAMISANAR LTDA, respondiendo solidariamente cada una de las
compañías que integran esta UNIÓN TEMPORAL, por todas y cada una
de las obligaciones derivadas tanto de las propuestas para la celebración
de los contratos como de los mismos contratos (…).
Las sedes donde la Unión temporal prestará los servicios están ubicadas
en los municipios de Bogotá D.C (calle 50 y zona industrial), Chía, Cajicá,
Girardot, Melgar y Cota y las que en un futuro adicionen los miembros
de la Unión.
CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIÓN FUNDAMENTAL: Las partes que
integran la UNIÓN TEMPORAL CAFAM- SALUD MARIANA, se obligan a
atender las obligaciones que se adquieran con la EPS FAMISANAR LTDA
al momento de celebrar el contrato para la prestación de los servicios
ambulatorios de salud de primero y segundo nivel ambulatorios definidos
para el Plan Obligatorio de Salud para el régimen contributivo. Por tanto,
empeñarán toda su capacidad profesional y económica para cumplir a
cabalidad con el contrato respectivo.
CLÁUSULA TERCERA. PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EN LA
UNIÓN TEMPORAL: Los integrantes de la Unión Temporal CAFAM- SALUD
MARIANA participarán de los ingresos recaudados por la prestación de
los servicios capitados prestados a los afiliados a la EPS FAMISANAR
LTDA, de la siguiente manera a partir del primero de marzo de 2005:
1) La IPS, el 75.9% del total de los ingresos recaudados por la capitación
de Chía, Cajicá y Bogotá (…).
2) CAFAM, el 24.1% del total de los ingresos recaudados por la capitación
de Chía, Cajicá y Bogotá (…).
17
Ibidem
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30
Radicación: 25 000 23 41 000 2015 01667 01
Demandante: Entidad Promotora de Salud Famisanar Cafam Colsubsidio Ltda.
La UNIÓN TEMPORAL tramitará un Nit., para los efectos contables y
tributarios que correspondan. El porcentaje de participación aquí
mencionado será factura (sic) independientemente por cada una de los
miembros a la EPS FAMISANAR LTDA.
[…]” (mayúsculas originales).
Así mismo, el 13 de junio de 2005, el representante legal de la Caja de
Compensación Familiar Cafam y la representante legal de la IPS Salud
Mariana Ltda., en calidad de miembros de la “UNIÓN TEMPORAL CAFAM-
SALUD MARIANA”, para prestar los servicios de salud a la EPS FAMISANAR
LTDA”, celebraron un convenio de alianza para regular la relación entre
los miembros de la unión temporal, el cual se rigió por las siguientes
estipulaciones, de las cuales se destacan18:
“[…] PRIMERO - OBJETO. - EL presente convenio tiene por objeto
establecer las condiciones que regulan la relación entre los miembros de
la UNION TEMPORAL CAFAM- SALUD MARIANA, con ocasión de la oferta,
celebración y ejecución de los contratos de prestación de servicios de
salud capitados que se celebren entre la UNION TEMPORAL CAFAM -
SALUD MARIANA y la EPS FAMISANAR LTDA.
PARÁGRAFO PRIMERO- ESPECIFICACIONES DEL OBJETO. - Son
obligaciones de los miembros las siguientes:
A. COMPROMISOS DE CAFAM. - Son de cargo de CAFAM las siguientes
obligaciones:
1. Negociar con la EPS FAMISANAR LTDA los términos de contratación
para la prestación de servicios de salud por parte de la Unión Temporal
CAFAM- SALUD MARIANA.
2. Acompañar permanentemente a la IPS en la gestión de calidad de los
servicios de salud.
3.Permitir a la IPS el uso de la marca CAFAM y de su logo en los términos
indicados por CAFAM.
4. Aprobar y asesorar en la adecuación y presentación de las
instalaciones de la IPS, donde se prestarán los servicios de salud.
5. Supervisar, inspeccionar y vigilar el cumplimiento de los requisitos de
calidad exigidas por la normatividad vigente para la prestación de los
servicios de salud por parte de las IPS.
B. COMPROMISOS DE LA IPS. - Son de cargo de la IPS las siguientes
obligaciones:
18
Ibidem
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31
Radicación: 25 000 23 41 000 2015 01667 01
Demandante: Entidad Promotora de Salud Famisanar Cafam Colsubsidio Ltda.
1.- Prestar por su cuenta y riesgo, con idoneidad científica y con sus
propios recursos humanos y materiales los servicios de salud a la
población afiliada a Famisanar adscrita a la IPS CAFAM, en sus sedes de
Chía, Cajicá, Girardot, Melgar y Bogotá y Cota.
2. Anunciar y promover los servicios de salud en las IPS objeto de la
Unión Temporal con la marca y el logotipo de CAFAM y de la IPS, previa
aprobación del contenido de la publicidad por parte de CAFAM.
3. Prestar los servicios de salud ambulatorios de primero y segundo
niveles, definidos en el Plan Obligatorio de Salud para el régimen
contributivo, con el valor de que trata el literal b de la cláusula tercera
de esta alianza. Los costos de los servicios de salud que superan dicho
porcentaje serán cubiertos directamente por la IPS.
4. Cumplir con los requisitos establecidos por la ley para el desarrollo de
los servicios de salud, tales como pago de impuestos, requisitos fito-
sanitarios, de calidad, permisos o conceptos favorables por parte de las
autoridades administrativas para prestación de los servicios de salud,
etc. y asumir las consecuencias por el incumplimiento de los mismos.
5. Asumir el costo de las primas de las pólizas constituidas a favor de la
EPS FAMISANAR, que se convengan en el contrato de prestación de
servicios capitados entre la Unión Temporal CAFAM- SALUD MARIANA y
EPS Famisanar LTDA, con la precisión que figurará como asegurado en
la póliza de responsabilidad civil la Caja de Compensación Familiar
CAFAM (…)”.
SEGUNDO. - TÉRMINO DE DURACIÓN. - El término de duración del
presente convenio será de tres años contados desde el primero (1ro) de
enero de 2005 al 31 de diciembre del 2007 y se prorrogará
automáticamente por términos sucesivos de un año. No obstante,
después del tercer año de vigencia del contrato para la prestación de
servicios de salud capitados con la EPS FAMISANAR LTDA, cualquiera de
los miembros podrá retirarse del presente convenio, previo aviso de
terminación dirigido al otro con un mínimo de 60 días de antelación a la
fecha en que desee terminarlo, en cuyo caso se liquidará la unión
temporal.
TERCERO- DISTRIBUCIÓN DEL RECAUDO. - Los miembros convienen
que los pagos efectuados por la EPS FAMISANAR LTDA por concepto de
la prestación de servicios de salud capitados contratados con la UNION
TEMPORAL CAFAM - SALUD MARIANA LTDA se distribuirán entre ellos
conforme a los siguientes porcentajes:
a) Caja de Compensación Familiar CAFAM: El 24.1% de los pagos para
Chía, Cajicá y Bogotá (…).
b) SALUD MARIANA LTDA: El 75.9%. de los pagos para Chía, Cajicá y
Bogotá (…), porcentaje que la IPS destinará para la prestación de los
servicios de salud, señalados en el numeral 3 del literal B de la cláusula
primera.
[…]” (mayúsculas originales).
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Radicación: 25 000 23 41 000 2015 01667 01
Demandante: Entidad Promotora de Salud Famisanar Cafam Colsubsidio Ltda.
5.3.2.2. También está acreditado en el expediente que el 13 de junio de
2005 el representante legal de la Caja de Compensación Familiar Cafam
y el representante legal de Sisalud Ltda., celebraron un “convenio de
CONSTITUCIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL CAFAM- SISALUD, para prestar
los servicios de salud a la EPS FAMISANAR LTDA”, el cual se rigió, entre
otras, por las siguientes cláusulas19:
“[…] CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. Constituir como en efecto
constituyen mediante este documento la UNIÓN TEMPORAL CAFAM-
SISALUD para la prestación de servicios de salud a los afiliados de la EPS
FAMISANAR en la modalidad de capitación, conforme a los contratos de
prestación de servicios de salud que se celebren con la EPS FAMISANAR
LTDA, respondiendo solidariamente cada una de las compañías que
integran esta UNIÓN TEMPORAL, por todas y cada una de las
obligaciones derivadas tanto de las propuestas para la celebración de los
contratos como de los mismos contratos (…).
Las sedes donde la Unión temporal prestará los servicios están ubicadas
en Facatativá, el Rosal y Soacha y las que en un futuro adicionen los
miembros de la Unión.
CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIÓN FUNDAMENTAL: Las partes que
integran la UNIÓN TEMPORAL CAFAM- SISALUD, se obligan a atender las
obligaciones que se adquieran con la EPS FAMISANAR LTDA al momento
de celebrar el contrato para la prestación de los servicios ambulatorios
de salud de primero y segundo nivel ambulatorios definidos para el Plan
Obligatorio de Salud para el régimen contributivo. Por tanto, empeñarán
toda su capacidad profesional y económica para cumplir a cabalidad con
el contrato respectivo.
CLÁUSULA TERCERA. PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EN LA
UNIÓN TEMPORAL:
Los integrantes de la Unión Temporal CAFAM- SISALUD participarán de
los ingresos recaudados por la prestación de los servicios capitados
prestados a los afiliados a la EPS FAMISANAR LTDA, de la siguiente
manera a partir del primero de marzo de 2005:
1) La IPS, el 75.9% del total de los ingresos recaudados por la capitación.
2) CAFAM, el 24.1% del total de los ingresos recaudados por la
capitación.
La UNIÓN TEMPORAL tramitará un Nit., para los efectos contables y
tributarios que correspondan. El porcentaje de participación aquí
mencionado será factura (sic) independientemente por cada una de los
miembros a la EPS FAMISANAR LTDA.
(…)
19
Ibidem
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33
Radicación: 25 000 23 41 000 2015 01667 01
Demandante: Entidad Promotora de Salud Famisanar Cafam Colsubsidio Ltda.
CLÁUSULA SEXTA. DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO. La UNION
TEMPORAL de que trata este documento, tendrá una duración de tres
años a partir del primero (1ero de enero de 2005).
[…]” (mayúsculas originales, subrayas ajenas).
5.3.2.3. Así mismo, está evidenciado que el representante legal de la Caja
de Compensación Familiar Cafam y el representante legal de la IPS Crear
Mas Vida S.A. celebraron la unión temporal Cafam – Crear Mas Vida, de
lo allí pactado se destaca:
“[…] PRIMERO. - OBJETO. - Constituir como en efecto constituyen
mediante este documento la UNION TEMPORAL CAFAM -CREAR MAS
VIDA para la prestación de servicios de salud a los afiliados de la
EPSFAMISANAR en la modalidad de capitación y por evento, conforme a
los contratos de prestación de servicios de salud que se celebren con la
EPS FAMISANAR LTDA, , respondiendo solidariamente cada una de las
compañías que integran ésta UNION TEMPORAL, por todas y cada una
de las obligaciones derivadas tanto de las propuestas para la celebración
de los contratos como de los mismos contratos (…).
Las sedes donde la Unión Temporal Prestará los servicios están ubicadas
en los municipios de Zipaquirá, Tocancipá, Sopo y Ubaté, y las que un
futuro adicione lo miembros de la Unión.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIÓN FUNDAMENTAL: las partes que
integran la UNION TEMPORAL CAFAM-CREAR MAS VIDA, se obligan a
atender y administrar las obligaciones que se adquieran con la EPS
FAMISANAR LTDA al momento de celebrar el contrato para la prestación
de los servicios hospitalarios y quirúrgicos de salud de primero y
segundos niveles ambulatorios definidos par el Plan Obligatorio de Salud
para el régimen contributivo y otros planes y regímenes que se
establezcan posteriormente (…).
CLAUSULA TERCERA: PARTICIPACIÓN DE LOS TNTEGRANTES EN LA
UNION TEMPORAL: Los integrantes de la Unión Temporal CAFAM CREAR
MAS VIDA participaran de los ingresos recaudados por la prestación de
los servicios capitados y por evento prestados a los afiliados a la EPS
FAMISANAR LTDA, de la siguiente manera a partir del primero de marzo
de 2005:
1) LA IPS, el 75.9% del total de los ingresos recaudados.
2) CAFAM, el 24.1% del total de los ingresos recaudados.
[…]”.
Igualmente, constituyeron una alianza para la prestación de los servicios
de salud que se rigió, entre otras, por las siguientes cláusulas:
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Radicación: 25 000 23 41 000 2015 01667 01
Demandante: Entidad Promotora de Salud Famisanar Cafam Colsubsidio Ltda.
“[…] PRIMERO. - OBJETO. - EL presente convenio tiene por objeto
establecer las condiciones que regulan la relación entre los miembros de
la UNION TEMPORAL CAFAM- CREAR MAS VIDA, con ocasión de la oferta,
celebración y ejecución de los contratos de prestación de servicios de
salud capitados y por evento que se celebren entre la UNION TEMPORAL
CAFAM - CREAR MAS VIDA y la EPS FAMISANAR LTDA, debidamente
autorizados por esta E.P.S. y con las demás aseguradoras que en el
futuro contraten con la Unión Temporal. Para efectos de la relación
contractual con la EPS FAMISANAR, se establecerá un anexo que
contendrá todas las condiciones que esta EPS defina a la Unión Temporal
pala la contratación de servicios, documento que será suscrito por los
miembros de la Unión.
PARÁGRAFO PRIMERO. - ESPECIFICACIONES DEL OBJETO. - Son
obligaciones de los miembros las siguientes:
A. COMPROMISOS DE CAFAM. - Son de cargo de CAFAM las siguientes
obligaciones:
1. Negociar, previa consulta y acuerdo entre los miembros de la Unión
Temporal, con la EPS FAMISANAR LTDA los términos de contratación
para la prestación de servicios de salud por parte de la Unión
Temporal CAFA- CREAR MAS VIDA S.A.
(…)
B. COMPROMISOS DE LA IPS. - Son de cargo de la IPS las siguientes
obligaciones:
1. Prestar por su cuenta y riesgo, con idoneidad científica y con sus
propios recursos humanos y materiales los servicios de salud a la
población afiliada a Famisanar asignada a la Unión Temporal CAFAM-
CREAR MAS VIDA S.A. en sus sedes de Zipaquirá, Tocancipá, Sopo y
Ubaté.
2.- Anunciar y promover los servicios de salud en las IPS objeto de la
Unión Temporal con la marca y el logotipo de CAFAM y de la IPS,
previo consentimiento del contenido de la publicidad por parte de
CAFAM.
3.- Prestar los servicios de salud ambulatorios de primero y segundo
nivel, definidos en el Plan Obligatorio de Salud para el régimen
contributivo (…).
(…)
SEGUNDO. - TERMINO DE DURACIÓN. - El término de duración del
presente convenio será de tres años contados desde el primero de
enero de 2005 al 3l de diciembre del 2007 y se prorrogará
automáticamente por términos sucesivos de un año (…).
TERCERO. - DISTRIBUCIÓN DEL RECAUDO. - Los miembros
convienen que los pagos efectuados por la EPS FAMISANAR LTDA por
concepto de la prestación de servicios de salud capitados contratados
con la UNION TEMPORAL CAFAM - CREAR MAS VIDA se distribuirán
entre ellos conforme a los siguientes porcentajes:
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Radicación: 25 000 23 41 000 2015 01667 01
Demandante: Entidad Promotora de Salud Famisanar Cafam Colsubsidio Ltda.
a) Con destino a la Caja de Compensación Familiar CAFAM: El 21.4%
hasta el 28 de febrero de 2005. A partir del 1 de marzo de 2005 el
24.1%.
b) Con destino a CREAR MAS VIDA S.A: El 78.6 % hasta el 28 de
febrero de 2005. A partir del I de marzo del 2005 el 75.9%,
porcentaje que ésta última destinará a la prestación de los servicios
de salud, señalados en el numeral 3 del literal B de la cláusula
primera.
[…]”.
5.3.2.4. Por último, se comprueba que el representante legal de la Caja
de Compensación Familiar Cafam y el representante legal de la Clínica
Partenón Ltda. celebraron en el año 2005 con fecha de duración a partir
del 1 de enero de 2005, un acuerdo de unión temporal que se rigió, y en
la cláusula primera se pactó lo siguiente:
“[…] PRIMERO. –
Constituir como en efecto constituyen mediante este documento la
UNION TEMPORAL CAFAM - IPS, CLINICA PARTENON para la salud a los
afiliados de la EPS FAMISANAR en la modalidad de capitación, lo que
implica la celebración de contratos de prestación de servicios de salud
con la EPS FAMISANAR LTDA, respondiendo solidariamente cada una de
las compañías que la integran de todas y cada una de las obligaciones
derivadas tanto de las propuestas para la celebración de los contratos
como de los mismos contratos […]”.
5.3.3. Las imputaciones que se hicieron en el proceso de
responsabilidad fiscal a la EPS Famisanar y a la IPS Cafam
En el fallo nro. 001810 del 29 de julio de 2015, “por medio del cual se
falla con y sin responsabilidad fiscal dentro del PFR IP 016 de 2011”,
consta que los hechos imputados fueron los siguientes:
Hechos del auto de apertura e imputación del 17 de febrero de 2012:
“[…] Ilustra el plenario contentivo de la actuación, que CAFAM (accionista
de FAMISANAR) obtuvo ingresos durante varios años, provenientes de
los recursos parafiscales del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, usufructuando la contratación para la prestación del servicio de
salud realizada con el operador SISALUD Ltda.
Sin contar con habilitación para la prestación de servicios de salud,
CAFAM recibió pagos derivados de la capitación cancelada mensualmente
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a SISALUD Ltda., siendo esta firma, la que atendía a la población,
y sin que a la fecha se haya evidenciado por la Contraloría General de la
República en qué consistió el aporte de CAFAM al procedimiento médico
asistencial.
Bajo la denominación de "convenio", "uso de la marca CAFAM' o "Unión
Temporal", CAFAM facturó y recibió pagos por cuenta de la atención
que SISALUD Ltda. le dio al mismo grupo poblacional durante tres
períodos contractuales que dan cuenta de la materialización del
fenómeno de intermediación, abiertamente pretermitido entre los
actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Igualmente se advierte que FAMISANAR realizó esta práctica de
intermediación con otras empresas prestadoras (…).”
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales).
Hechos del auto de apertura e imputación nro. 001319 del 12 de agosto
de 2013:
“[…] CAFAM recibió de FAMISANAR recursos por la prestación de
servicios de salud que no fueron atendidos por la citada Caja de
Compensación Familiar. En la referida decisión se avaluó en principio el
daño patrimonial al Estado en la modalidad de detrimento de recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en $4.649.615.618.
... Dentro de los hechos por los cuales se aperturó el proceso de
responsabilidad fiscal y que el 10 de febrero de 2012 (sic) fueron
declarados de impacto nacional por la señora Contralora General de la
República, en el monto de la Imputación se incluyeron recursos que
CAFAM había recibido de FAMISANAR no solamente como
producto de las uniones temporales con Sisalud Ltda. y con Salud
Mariana Ltda. sino además provenientes de ese tipo de negocios
con otras IPS: sin embargo, al momento de la imputación no se
vincularon estas otras IPS como presuntos responsables, como
tampoco se precisó e individualizó el monto de los recursos girados por
FAMISANAR a la referida Caja de Compensación Familiar provenientes
de las negociaciones con todas las IPS, ordenándose en su lugar,
compulsar copias para investigar ei presunto detrimento fiscal de los
convenios, pactos y/o Uniones Temporales por medio de los cuales
CAFAM hubiera recibido pagos con cargo a los recursos del Sistema
General de Seguridad Social, sin tener en cuenta que el presunto daño
que fue objeto de imputación cobijaba los montos recibidos por la Caja
de Compensación Familiar por las IPS Sisalud, Salud Mariana, Clínica
Partenón, Crear Más Vida y Javesalud.
... Del análisis de las actuaciones allegadas y que en a (sic) la IP-055 de
2012, se determina que, durante los años 2007 y 2008, FAMISANAR EPS
efectuó pagos por capitación CAFAM por las uniones temporales con la
Clínica Partenón, con Crear Más Vida y con Javesalud, por
$5.647.437.154.
... Contrario a lo anterior, se determina que en forma permanente y
continua, entre los años $ 2007 y 2008, FAMISANAR le realizó a CAFAM
pagos con cargo a recursos provenientes del sistema general de
seguridad social en salud, como consecuencia de las uniones temporales
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de la Caja de Compensación CAFAM con la Clínica Partenón y con Crear
Más Vida, según se comprueba con las facturas cuyas copias reposan en
los cuadernos 3 y4 de la IP-055 de 2012 agregada, y que se relacionan
en el siguiente cuadro (folios 490 a 630):
... Siendo ello así, es necesario adicionar en $5.645.915.020 el monto
de la imputación efectuada a FAMISANAR y a CAFAM correspondiente a
los pagos efectuados por la primera a la segunda, como consecuencia de
las órdenes de pago referidas en el cuadro anterior (…).
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales).
En el fallo con responsabilidad fiscal de primera instancia se declaró la
responsabilidad fiscal de la EPS Famisanar, atendiendo lo siguiente:
“[…] Del informe técnico rendido y su aclaratorio, al igual que de las
pruebas allegadas al proceso de responsabilidad fiscal, se determina que,
de los meses de marzo, abril, julio, agosto, septiembre y octubre de
2007, y enero de 2008, FAMISANAR le giró a CAFAM recursos
provenientes del Sistema de Seguridad Social en Salud, por las UT que
ésta celebró con las IPS Sisalud y Salud Marina, por los montos que se
señalan en el siguiente cuadro:
Cuadro 1. Ingresos girados por FAMISANAR a CAFAM
Mes capitado Pago EPS a Pago CAFAM Total ingresos
CAFAM por UT por UT con recibidos por
con Sisalud Salud Mariana CAFAM
Marzo $113.475.840 $144.537.180 $258.010.020
Abril $114.634.918 $146.511.850 $261.146.768
Julio $115.617.104 $151.385.350 $267.002.454
Agosto $115.555.940 $152.352.830 $267.908.770
Septiembre $114.609.146 $152.443.080 $267.052.226
Octubre $114.991.702 $156.937.530 $271.929.232
Total $688.884.650 $904.167.820 $1.593.052.470
(…)
Adicionalmente, los montos anteriormente referidos, se deben
complementar con los correspondientes a los meses de mayo, junio,
noviembre y diciembre del año 2007, época que cobija el proceso de
responsabilidad fiscal, por $1.081.193.932, monto que estaba incluido
en la cuantía inicialmente imputada y que FAMISANAR trasladó a CAFAM
con ocasión de la UT con SISALUD y con SALUD MARIANA, tal como se
comprueba con las copias de las facturas allegadas por el equipo técnico
que del referido informe técnico y su aclaratorio (…).
(…) los pagos provenientes del SGSSS que como consecuencia de las
uniones temporales de CAFAM con la Clínica Partenón y con Crear Más
Vida, FAMISANAR le realizó a la señalada Caja de compensación a partir
del mes de marzo de 2007, por la prestación de servicios de salud que
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ésta nunca ejecutó, no cobijados por el fenómeno de la caducidad, se
determinan en el siguiente cuadro:
(…)
El 14 de diciembre de 2012 se hace entrega del Informe Técnico, de
acuerdo a lo decretado dentro de la IP 055/2012 en el Auto 183 del 18
de septiembre de 2012, relacionado con los resultados de las visitas
realizadas a FAMISANAR EPS Ltda. y la Caja de Compensación Familiar
CAFAM. En dicho informe se relacionan los pagos realizados por
FAMISANAR EPS a la caja de compensación familiar CAFAM por concepto
de las UT con diferentes IPS entre los años 2007 y 2008, los cuales
ascendieron a $6.575.382.794, como se presentó en el cuadro No. 3 del
informe20:
Cuadro No.3 Ingreso de CAFAM girado por FAMISANAR
Cifras en pesos
Períod Pago de Pago de Pago de Pago de Total
o FAMISANAR FAMISANAR FAMISANAR FAMISANA
capita EPS a CAFAM EPS a CAFAM EPS a CAFAM R EPS a
do por UT con por UT con por UT con CAFAM por
la Clínica Crear más Javesalud UT con
Partenón vida S.A. otras IPS
2007 2007
Enero 30.125.450 166.677.250 2.518.720 201.321.420
(...) (…) (…) (…) (…)
Total 476.772.700 2.126.990.310 2.518.720 715.540.174 3.321.821.90
2007 4
(…)
Enero y 56.749.238 199.090.718 255.839.956
febrero
de
2008
(…)
Diciem 61.000.016 202.514.200 263.514.216
bre
Total 683.289.488 2.357.865.936 212.405.466 3.253.560.89
2008 0
Total 1.160.062.1 4.484.856.2 2.518.720 927.945.64 6.575.382.7
88 46 0 94
(…)
Del conjunto de pruebas allegadas al proceso, en especial de las
aclaraciones y complementaciones al Estudio Técnico Definitivo ,con
Soporte de Informe Técnico elaboradas en noviembre de 2012 por el
Equipo Técnico de la Contraloría General de la República, junto con el
material probatorio que soporta dichas aclaraciones y
complementaciones, al igual que de las copias de las facturas cambiarías
de compraventa de CAFAM dirigidas a FAMISANAR, junto con sus
correspondientes soportes de sistema contable de ingreso, tomadas de
la rP-055 de 2012, se determina que existe un daño patrimonial a los
recursos del SGSSS en la modalidad de detrimento, toda vez que entre
20
Folio 197 del fallo de responsabilidad fiscal de primera instancia.
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marzo de 2007 y enero de 2008, FAMISANAR realizó a CAFAM los pagos
referidos con anterioridad, por concepto de servicios de salud que no
fueron prestados por la citada Caja de Compensación Familiar,
pudiéndose establecer un daño patrimonial avaluado en $8.320.161.422
pesos corrientes, discriminado en cada convenio celebrado por CAFAM
con las IPS Sisalud, Salud Mariana, Crear Más Vida y la Clínica Partenón,
conforme se determina en la siguiente tabla:
Tabla 1: Resumen detrimento patrimonial
IPS CUANTÍA
Sisalud $1.184.699.032
Salud Mariana $1.489.547.370
Crear Más Vida $4.501.935.382
Clínica Partenón $1.143.979.638
Total $8.320.161.422
[…]”.
En cuanto a la individualización de la responsabilidad y la relación de
causalidad entre la conducta y el daño patrimonial, el fallo de
responsabilidad fiscal de primera instancia explicó lo siguiente frente a la
EPS Famisanar:
“[…] al entrar a verificar el manejo de los recursos parafiscales bajo la
administración de la EPS FAMISANAR, encontró el ente de control, lo
siguiente:
La EPS FAMISANAR, por intermedio de su representante legal (…),
celebró con la IPS CAFAM (…), el Contrato de Prestación de Servicios en
la modalidad de capitación No. 860.013.570, suscrito el 6 de agosto de
2006, pero con retroactividad al 1 de enero de 2005.
(…)
En la verificación de dicha contratación, se pudo determinar que la EPS
FAMISANAR, omitió su deber de cuidado al no cumplir con la
normatividad aplicable para la contratación de IPS's, por cuanto celebró
el contrato anteriormente citado con la IPS CAFAM, sin que ésta se
encontrara debidamente habilitada para prestar los servicios de salud a
sus afiliados, requisito “sine qua non” para dar cumplimiento al
articulado no solo de la Ley 100 de 1993, sino también de los Decretos
2309 del 15 de octubre de 2002 y 050 del 14 de enero de 2003, entre
otros.
El Decreto 050, señala que “Los terceros contratados para la prestación
de servicios deberán ser entidades o personas debidamente habilitadas
para cumplir estas funciones conforme al Decreto 2309 de 2002 y demás
normas vigentes”.
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La EPS igualmente omitió cumplir con lo ordenado en el Decreto 1011
del 3 de abril de 2006 (que derogó el 2309), por cuanto el 6 de agosto
de 2006, firmó en forma retroactiva a 1 de enero de 2005, el contrato
de prestación de servicios de salud, sin verificar que la IPS CAFAM no se
encontraba habilitada para prestar estos servicios.
De conformidad con el artículo 26 de esta norma: “Para efectos de
contratar la prestación de servicios de salud el contratante verificará que
el prestador esté inscrito en el registro especial de prestadores de
servicios de salud (...)”
La Eps también incurrió en omisiones por cuanto bastaba con que la EPS
FAMISANAR, oficiara a las dependencias encargadas del registro de
habilitación, para determinar que no podía contratar el servicio con la
IPS CAFAM, porque como se probó, la Gobernación de Cundinamarca
certificó a este Despacho las fechas para las cuales se habilitó a la IPS
CAFAM para la prestación de servicios de salud en los diferentes
municipios, las cuales se dieron con posterioridad a diciembre de 2007 e
incluso no se reportó registro de habilitación para los municipios de
Girardot, Melgar, Chía, Tocancipá, Sesquilé y Tenjo.
(…)
Obsérvese que de los reportes contables obrantes en el expediente, se
desprende que la EPS FAMISANAR hizo los pagos directamente a las
IPS's involucradas en este proceso, cuando no hubo contrato con
ninguna de ellas, supuestamente para la fecha de los hechos 2007 y
2008, por tanto para este Despacho, la EPS FAMISANAR pagó servicios
de salud a IPS's con las que nunca contrató y aceptó que la IPS CAFAM,
subcontratara la prestación de los servicios e incluso le pagó a la IPS
CAFAM, en forma independiente el 24.1% de los recursos destinados a
la prestación de los servicios de salud, tal como lo señala el Informe
Técnico y lo aceptado por los representantes de la EPS y de la IPS
CAFAM.
Lo anterior deja entrever que la IPS CAFAM asumió las funciones de la
EPS FAMISANAR y que fue ella quien se ocupó de coordinar la red de
prestación de servicios, cuando era responsabilidad legal de la EPS
FAMISANAR.
(…)
Del material probatorio ya reseñado, se pudo determinar que la EPS pagó
en forma separada a las IPS el porcentaje que la IPS CAFAM determinó
en unos Contratos de Unión Temporal y de Alianzas con las IPS's que
prestaron los servicios de salud y le giró a ella el porcentaje restante
como contraprestación de unos servicios de salud que no prestó
directamente, lo cual permite inferir que conocía del incumplimiento de
sus obligaciones contractuales.
De la facturación allegada al expediente, se desprende que CAFAM
facturaba un porcentaje del 24.1% por la prestación de servicios de salud
que no prestaba, directamente a FAMISANAR y a su vez las IPS's
facturaban el 75,9% por el mismo concepto y esto era contabilizado por
la EPS como pagos a Uniones Temporales, cuya existencia se encuentra
documentada dentro del expediente, aun cuando éstas alianzas no
tuvieron razón de ser, porque la IPS CAFAM no cumplió con sus
obligaciones de ofertar los servicios a FAMISANAR, para que contratara
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con dichas Uniones Temporales, por lo que es incomprensible, que el
Contrato para la prestación de servicios se haya celebrado con la IPS
CAFAM y no con las Uniones Temporales creadas por CAFAM.
(…)
Así los recursos que se giraron por la EPS FAMISANAR a la IPS CAFAM,
causaron un detrimento patrimonial al Estado, porque el porcentaje que
se le pagó a la IPS CAFAM del 24.1% correspondía al verdadero
prestador de los servicios, quien a su vez debía invertirlo en el POS, tal
como aquí se ha señalado. Además la EPS FAMISANAR contrataba con
anterioridad en forma directa con estas IPS's, pero de un momento a
otro puso a CAFAM en medio de la prestación de los servicios de salud.
(…)
Probado está entonces que la EPS involucró a IPS CAFAM, capitalista
suya, en una relación contractual a la que no podría acceder y le pagó
con recursos del SGSSS unos supuestos servicios de salud que la citada
Caja de Compensación Familiar no ejecutó, por no estar habilitada, con
desconocimiento del artículo 48 Constitucional, el cual consagra que “no
se podrán destinar ni utilizar los recursos de las Instituciones de la
seguridad social para fines diferentes a ella.
(…)
De conformidad con las normas aplicables para la época de los hechos,
es de recordar que la UPC, tiene una destinación específica y no puede
ser comprometida en nada diferente a la prestación de los servicios de
salud y al objeto del aseguramiento, de conformidad con el artículo 48
de la Constitución Política ya referenciado y tal como lo señaló la
Superintendencia Nacional de Salud (…).
Cuando la EPS paga a la IPS, ya ha descontado el valor correspondiente
a las gastos de administración a los que lógicamente tiene derecho,
incluso el porcentaje en la actualidad se aumentó en dos puntos, por
tanto no puede aceptarse que el porcentaje correspondiente al Plan
Obligatorio de Salud se mengue, en razón de unas actividades de
auditoría que son obligación de las EPS o el reconocimiento de los gastos
administrativos que se encuentran autorizados única y exclusivamente a
la EPS y no a las IPS's.
Lo anterior se traduce en un estado de gravedad cuando se tiene que
dichos recursos administrados por la EPS FAMISANAR están consagrados
para la atención de los fines del Estado, en el sector salud, y en beneficio
de los asociados, por lo que permitir su desviación para otras actividades
que no corresponden a la prestación de servicios de salud, hace incurrir
a este Gestor Fiscal en CULPA GRAVE, al encontrar que su conducta,
revela una profunda negligencia en el manejo de los negocios a él
encargados, lo cual dio como resultado el menoscabo de los recursos
públicos por el orden de $8.320´161.422.
[…]”. (mayúsculas originales, subrayas ajenas)
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En cuanto a la individualización de la responsabilidad y la relación de
causalidad entre la conducta y el daño patrimonial frente a Cafam IPS el
fallo de responsabilidad fiscal de primera instancia expuso:
“[…] Del acervo probatorio allegado al proceso, se pudo determinar que
la EPS FAMISANAR, por intermedio de su representante legal (…) celebró
con la IPS CAFAM (…) el Contrato de Prestación de Servicios de Salud en
la modalidad de capitación No. 860.013.570, suscrito el 6 de agosto de
2006, pero con retroactividad al 1 de enero de 2005.
La IPS se comprometió en dicho contrato a prestar los servicios de salud
por el sistema de capitación en forma directa, oportuna y continua a los
afiliados de FAMISANAR... que la hayan escogido como I.P.S. primaria
en los municipios dé Bogotá, Girardot, Melgar, El Rosal, Facatativá,
Bojacá, Cajicá, Chía, Cota, Sopó, Tocancipá, Zipaquirá, Ubaté, Sesquilé,
Facatativá y Tenjo...”
(…)
En la cláusula segunda del mencionado contrato se obligó a prestar los
servicios de salud directamente en sus instalaciones con las condiciones
de calidad y eficiencia establecidos en la ley y “el protocolo de modelo
de atención y prestación de servicios de la E.P.S, y a cumplir las guías
de atención integral adoptadas por el Ministerio de Salud y los protocolos
de diagnóstico y/o tratamiento médico de la I.P.S, previamente
conocidos por FAMISANAR”.
(…)
Pese a lo pactado y contemplado en las normas de habilitación,
ampliamente señaladas en esta providencia, las habilitaciones a CAFAM
para prestar servicios de salud en algunos de los municipios pactados,
datan de fechas posteriores a la celebración del contrato con la EPS
FAMISANAR, incluso la Gobernación de Cundinamarca no reportó
registros de habilitación para los municipios de Girardot, Melgar. Chía,
Tocancipá, Sesquilé y Tenjo.
(…)
De lo anterior se desprende que la IPS CAFAM omitió su deber de cuidado
y fue negligente al no cumplir con la normatividad aplicable exigida para
la contratación con la EPS, por cuanto celebró el contrato anteriormente
citado sin encontrarse debidamente habilitada para prestar los servicios
de salud a los afiliados de CAFAM, requisito “sine qua non” para dar
cumplimiento al articulado no solo de la Ley 100 de 1993, sino también
de los Decretos 2309 del 15 de octubre de 2002 y 050 del 14 de enero
de 2003, entre otros.
Se tiene entonces que la IPS CAFAM, ofreció a la EPS FAMISANAR la
prestación directa de unos servicios de salud, en unos municipios, para
los cuales no se encontraba habilitada, y que de alguna manera logró
que estos servicios fueran prestados a los afiliados de la EPS
FAMISANAR, por las IPS's: SISALUD, SALUD MARIANA, CREAR MÁS
VIDA y PARTENON.
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Y se dice de alguna manera, por cuanto probado está dentro del acopio
documental obrante en el expediente que CAFAM, firmó unas Uniones
Temporales y Alianzas Estratégicas con las diferentes IPS implicadas,
con SISALUD Y SALUD MARIANA el 13 de junio dé 2005, retroactivos a
1 de enero de 2005 y con CREAR MÁS VIDA Y PARTENON, éstas sin fecha
pero vigentes a partir del 1 de enero de 2005, con el fin de que éstas
prestaran los servicios de salud a los afiliados de la EPS FAMISANAR en
la modalidad de capitación, conforme a los contratos de Prestación de
Servicios de Salud que se celebraran con la EPS FAMISANAR LTDA., para
lo cual sería CAFAM la que ofertaría los servicios, contratos que nunca se
celebraron entre las UT y la EPS FAMISANAR.
(…)
La IPS CAFAM causó un daño patrimonial a los recursos parafiscales, en
la medida que facturó, tal como lo informó el Grupo de Apoyo Técnico
un porcentaje del 24.1% por la prestación de servicios de salud,
directamente a FAMISANAR, por unos servicios que nunca prestó por no
estar habilitada.
No existe en el expediente documento que permita señalar que la IPS
fue autorizada por la EPS FAMISANAR para la asociación para prestar
servicios de salud con sus aliadas, a fin de ofertar los servicios para
contratar con las UT, sin embargo, la EPS giró a las IPS SISALUD, SALUD
MARIANA, CREAR MÁS VIDA y CLÍNICA I PARTENON, directamente los
recursos por los servicios prestados, en el porcentaje del 75.9% y a
CAFAM el 24.1%, lo cual significa que FAMISANAR era conocedora de
esta intermediación.
(…)
Igualmente facturó el 24.1% del 100% de dineros que están destinados
a prestar los servicios de salud del POS, en razón a la prestación de
servicios de salud, que como ya se señaló no prestó, situación que la
hace incurrir en CULPA GRAVE, por cuanto su conducta causó un daño
patrimonial al Estado con ocasión de la Gestión Fiscal de la EPS
FAMISANAR, su conducta dio como resultado el menoscabo de los
recursos públicos por el orden de $8.320'161.422.
Ahora bien, en lo referente al nexo causal, tenemos que este se
encuentra probado al establecerse como causas adecuadas para su
producción del daño, el cobro realizado a la EPS FAMISANAR por unos
servicios de salud que no prestó, por no estar debidamente habilitada
como lo señala la Ley.
Entonces siendo la causa del daño estudiado, las acciones y omisiones
de la IPS mencionadas a través de esta providencia, se tiene por
sentando la existencia del nexo causal por la relación de causalidad de
la conducta desplegada por la IPS y el daño patrimonial ocasionado,
razón por la cual, una vez establecidos los elementos de la
responsabilidad fiscal, debe fallarse con responsabilidad fiscal en su
contra, en forma solidaria con la EPS FAMISANAR, por la suma de
$10.365'388.272 constantes de 30 de junio de 2014, que corresponde a
los recursos recibidos por ella, en cuantía de $8.320'161.422 más la
indexación.
[…]”. (mayúsculas originales, subrayas ajenas)
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5.4. Análisis de la Sala
La Sala, para resolver, recuerda que en la demanda se formularon nueve
cargos, a saber: (i) la caducidad de la acción de responsabilidad fiscal;
(ii) extralimitación de la Contraloría General de la República al invadir la
competencia sancionatoria administrativa de la Superintendencia
Nacional de Salud; (iii) Violación al principio de congruencia por haberse
declarado responsable fiscal a Famisanar EPS sobre aspectos por los
cuales no fue imputada; (iv) Violación al debido proceso por vicios en el
trámite del proceso de responsabilidad fiscal IP- 016 de 2011; (v)
Violación al debido proceso por la negativa de practicar pruebas
solicitadas por Famisanar EPS; (vi) Violación al debido proceso por no
valorar las pruebas incorporadas al proceso que demostraron la ausencia
de intermediación. Falsa motivación por contradicción sustantiva en las
decisiones; (vii) Inexistencia de responsabilidad fiscal por ausencia de
daño a los recursos públicos; (viii) Violación por ausencia de una conducta
gravemente culposa como presupuesto esencial de la responsabilidad
fiscal, y (ix) Inexistencia de responsabilidad fiscal por ausencia de nexo
causal.
El a quo examinó los nueve cargos propuestos y denegó las pretensiones
de la demanda, y en el recurso de apelación la parte actora circunscribió
los motivos de disentimiento a los siguientes cargos: caducidad de la
acción de responsabilidad fiscal; inexistencia de daño patrimonial al
Estado; inexistencia de culpa grave y el de ausencia de intermediación de
Cafam IPS, cargo éste último que en la demanda fue formulado como
“violación al debido proceso por no valorar las pruebas incorporadas al
proceso que demostraron una ausencia de intermediación”.
Precisado lo anterior, la Sala abordará el estudio de los reproches
formulados en la apelación respecto de lo resuelto en primera instancia.
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5.4.1. “Frente a la caducidad de la acción de responsabilidad fiscal”
La parte recurrente afirma que no le asiste razón al a quo al concluir que
no operó la caducidad de la acción fiscal respecto de las órdenes de pago
anteriores a julio de 2007 incluidas en el auto de apertura del proceso de
responsabilidad fiscal y de las órdenes de pago anteriores a agosto de
2008, pues, cuando se trata de hechos continuados, el término de
caducidad de la acción de responsabilidad fiscal se contabiliza de manera
independiente para cada uno de los eventos.
Indicó que “para fundamentar lo anterior, vale la pena citar la sentencia
de fecha 29 de octubre de 2015, proferida por la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en la cual se hace un análisis de la manera como debe
contabilizarse el término de caducidad de las acciones”; para el efecto,
sin identificar la radicación de la providencia, citó apartes en comillas de
lo que manifestó indicaba la sentencia, para concluir que “(…) es claro
que la generación de las órdenes de pago por parte de Famisanar EPS, en
caso de aceptarse que constituyeron un daño patrimonial al Estado, son
hechos que a pesar de que fueron sucesivos en el tiempo y que se sirven
de una causa común son plenamente independientes, pues cada orden de
pago correspondiente (sic) a un período de tiempo diferente”.
Agregó que lo contrario conllevaría al absurdo de considerar que el
término de caducidad para ejercer el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra diversos actos administrativos
proferidos por la misma entidad, que tienen una causa común pero que
corresponden a diferentes procesos, se contabiliza desde el momento en
que se profirió el último acto administrativo, lo que, afirmó, “raya contra
la lógica procesal, pues es claro que cada acto es independiente del otro,
sin importar si los mismos los profirió la misma entidad y si tienen relación
de causa entre sí”.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2015 01667 01
Demandante: Entidad Promotora de Salud Famisanar Cafam Colsubsidio Ltda.
La Sala considera que no le asiste razón al recurrente al manifestar que
la caducidad de la acción fiscal se debe computar de manera
independiente respecto de cada una de las órdenes de pago; lo anterior,
por cuanto el inciso primero del artículo 9 de la Ley 610 de 2000 establece
como debe contabilizarse la caducidad, al señalar que “la acción fiscal
caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho
generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de
apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Este término empezará a
contarse para los hechos o actos instantáneos desde el día de su
realización, y para los complejos, de tracto sucesivo, de carácter
permanente o continuado desde la del último hecho o acto”. (Se destaca).
Luego, atendiendo lo dispuesto en el precitado artículo, no son de recibo
los reproches del apelante cuando alega que la caducidad no puede
computarse desde el momento en que se profirió el último acto
administrativo, por cuanto, contrario a lo que afirma, cada orden de pago
no es independiente, puesto que, como lo aseguró en la apelación, las
órdenes de pago tienen una causa común.
En este punto destaca la Sala que el recurrente confunde el concepto de
periodicidad con el concepto de continuidad, pues en este caso es
evidente que la conducta que da lugar al presunto detrimento patrimonial
lo fue en esta última modalidad, como quiera que los pagos que se
hicieron corresponden a la prestación de servicios continuos, no
periódicos, lo que claramente implica que no existe la autonomía que
predica a cada uno de ellos. El pago que se realiza, aunque lo es de
manera periódica, no constituye un acto administrativo, como lo quiere
hacer ver el recurrente, sino que es el cumplimiento de la obligación que
asumieron los imputados en el desarrollo de un negocio que se ejecuta
de manera continua, y que es precisamente lo que ocasiona el presunto
daño al erario público.
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Ello es así, porque el contrato celebrado en la modalidad de capitación
entre la EPS Famisanar y Cafam tenía como objeto la prestación de los
servicios de salud por el sistema de capitación en forma directa a los
afiliados de Famisanar, en los municipios indicados en el mismo contrato.
Producto de dicho contrato, la EPS Famisanar hizo los correspondientes
pagos mes a mes por la prestación de dicho servicio, de donde se
desprende que se trata de un hecho continuado o que fue permanente en
el tiempo, por lo que no es posible computar la caducidad de manera
independiente respecto de cada una de las órdenes de pago que fueron
emitidas, ya que todas ellas se derivan del contrato que celebró Famisanar
con Cafam para la prestación de un servicio que se prolongó en el tiempo.
En ese contexto, si los hechos que ocasionaron el daño son de carácter
permanente o continuado, se debe seguir la regla para el cómputo de la
caducidad establecida en el artículo 9 de la Ley 610, de acuerdo con la
cual aquella se contabiliza desde el último hecho o acto, que para el caso
concreto son los pagos que se hicieron hasta el mes de diciembre de
2008; y comoquiera que los autos de apertura fueron proferidos, el
primero el 17 de febrero de 2012 y el segundo que adicionó la apertura e
imputaciones el 12 de agosto de 2013, se desprende que no operó la
caducidad.
Por lo explicado este cargo no prospera.
5.4.2. “Frente a la inexistencia de daño patrimonial al Estado”
La parte recurrente manifestó que el a quo le dio a este argumento un
tratamiento desacertado, toda vez que el fallo fiscal concluyó que se había
generado un supuesto daño patrimonial al Estado por cuanto se dispuso
de unos recursos para pagarle a la IPS Cafam por unos servicios de salud
que nunca se prestaron, pero que, en diversos pronunciamientos, la Corte
Constitucional ha señalado que el uso indebido de los recursos públicos
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no genera por sí mismo un daño patrimonial al Estado, y en esa misma
vía, responsabilidad fiscal.
Alegó que la Corte Constitucional, en sentencia C- 340 de 2007, señaló
que incluir el concepto de uso indebido como categoría autónoma de la
lesión al patrimonio público desnaturaliza el concepto de daño y les
arrogaría a las contralorías la competencia de investigar conductas que le
corresponde a otros órganos.
Sostuvo que, como quedó acreditado en el proceso, tanto con los
testimonios recaudados, como con los dictámenes periciales practicados,
Cafam sí prestó los servicios de salud que le fueron contratados, como se
pudo constatar con el dictamen pericial, el cual no fue objetado, así como
también que Cafam efectuó actividades para el mejoramiento de la
calidad de los servicios, como son las auditorías concurrentes, la
evaluación de historias clínicas y de guías médicas, la gestión de
requerimientos de los usuarios, las capacitaciones al personal, la
vigilancia epidemiológica, entre otras actividades.
En consonancia con lo anterior, el a quo no podía afirmar que se produjo
un daño patrimonial al Estado, toda vez que los recursos que Famisanar
le pagó a Cafam corresponden a las actividades de auditoría para el
mejoramiento de la calidad de los servicios que hacen parte del concepto
de prestación de los servicios de salud.
Aseveró que “por ello, sin entrar a determinar si Cafam incurrió en una
infracción de carácter administrativo, al haber prestado el servicio de
salud de forma mancomunada con las IPS asociadas, a través de la figura
de la Unión Temporal o si Famisanar no verificó que CAFAM estuviera
habilitada para prestar los servicios de salud en la zona territorial para los
que la contrataron, lo cierto es que no existió un detrimento del
patrimonio del Estado, pues los recursos de salud que se dispusieron, se
destinaron a la prestación del servicio y al desarrollo de los procesos de
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auditoría para el mejoramiento de la calidad, actividad ésta última que
hace parte de las funciones de las IPS, de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 1011 de 2006”.
Insistió en que, en caso de que el tribunal haya concluido que la figura de
la unión temporal empleada para prestar los servicios de salud no era la
adecuada o que Famisanar incumplió las directrices establecidas para la
contratación con las IPS, a lo sumo, lo único que se le podía endilgar era
una falta administrativa o funcional, pero no una lesión o detrimento a los
recursos públicos, puesto que los dineros que la EPS pagó se destinaron
a la prestación de los servicios de salud, entendiendo esta actividad como
la atención a los usuarios y el desarrollo de los procesos de auditoría,
según se estableció en el Decreto 1011 de 2006, y reiteró que el uso
indebido de recursos públicos no genera por sí mismo responsabilidad
fiscal.
La Sala para resolver este reproche advierte lo siguiente:
(i) El recurrente, para fundamentar este cargo, alude a la sentencia C-
340 de 2007 proferida por la Corte Constitucional, que declaró la
exequibilidad de la expresión “o a los intereses patrimoniales del Estado”
contenida en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, y la inexequibilidad de
las expresiones “uso indebido” e “inequitativo” de la misma disposición,
sentencia que explicó:
“[…] el uso indebido puede darse en situaciones que, ni generen un
detrimento apreciable en los bienes o en los recursos del Estado, ni
produzcan una afectación de sus intereses patrimoniales por el
aprovechamiento indebido de tales bienes o recursos. Tal sería el caso
cuando se destinan recursos del Estado a fines oficiales distintos de aquel
para el que estaban presupuestados, o cuando el uso indebido consiste
en una mera infracción de reglamentos, órdenes o directivas, pero sin
lesión ni aprovechamiento privado de los recursos públicos. En estos
casos, puede existir responsabilidad penal o disciplinaria, pero no
responsabilidad fiscal, por ausencia de daño.
Es claro que, en la primera hipótesis, hay un daño susceptible de ser
cuantificado, atribuible al detrimento de los bienes, o a la pérdida de
utilidad, o al valor de los recursos inutilizados o enterrados en obras
improductivas, etc. También sería cuantificable la afectación del
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patrimonio público que se deriva del aprovechamiento indebido de bienes
o recursos del Estado. Cabría establecer, en ciertas hipótesis, que hay
un detrimento patrimonial cuando el valor generado por el uso indebido
de los bienes del Estado no entra a su patrimonio, sino que permanece
en el de un tercero.
Pero es claro, también, que en esas hipótesis la afectación de los
intereses patrimoniales del Estado no se produce por el uso indebido per
se, sino que sería necesario acreditar, además, el detrimento de los
bienes y recursos o, eventualmente, su aprovechamiento indebido, o, en
general, la afectación de los intereses patrimoniales del Estado, eventos
en los cuales serían éstos -detrimento, aprovechamiento indebido o
afectación- y no aquel -uso indebido- los elementos constitutivos del
daño y la fuente de la responsabilidad fiscal, y el uso indebido, una
modalidad de la conducta dolosa o culposa que da lugar a la
responsabilidad.
Al incluir la norma demandada el concepto de uso indebido como
categoría autónoma representativa de la lesión al patrimonio público,
paralela a otras expresiones de daño como menoscabo, disminución,
perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro, desnaturaliza el concepto de
daño […]”. (negrillas ajenas a la providencia)
(ii) Conforme con lo anterior, para que haya lugar a la responsabilidad
fiscal, no solo debe producirse el uso indebido de recursos públicos, sino
que es necesario acreditar, además, el detrimento de los bienes y
recursos, o que el aprovechamiento indebido haya dado lugar a la
afectación de los intereses patrimoniales del Estado, eventos en que será
el detrimento, aprovechamiento indebido o afectación la fuente de la
responsabilidad fiscal, y el uso indebido, una modalidad de la conducta
dolosa o culposa que da lugar a la responsabilidad.
(iii) Adicionalmente, la Corte Constitucional declaró inexequible la
expresión “uso indebido” e “inequitativo” contenida en el artículo 6 de la
Ley 610 de 2000, por haberse incluido como categoría autónoma
representativa de la lesión al patrimonio público, lo que no significa que
el uso indebido acompañado del detrimento, aprovechamiento indebido o
afectación del patrimonio público no pueda ser constitutivo de
responsabilidad fiscal.
A partir de la anterior precisión, la Sala recuerda que el recurrente alega
que no existió un daño patrimonial porque no hubo detrimento en la
medida que el servicio de salud se prestó y Cafam recibió una
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contraprestación con ocasión del cumplimiento de una función de
auditoría; no obstante, se advierte que la declaración de responsabilidad
fiscal tuvo como fundamento el hecho que Cafam recibió por parte de
Famisanar el pago de unos servicios de salud que no prestó debido a que
no estaba habilitada para hacerlo, circunstancia que no desvirtuó la parte
actora.
(iv) En ese sentido, la Sala destaca que entre la EPS Famisanar y Cafam
se celebró un contrato en el que esta última se comprometió a prestar de
manera directa unos servicios de salud, lo que no ocurrió; sin embargo,
recibió un pago producto de la celebración del contrato.
(v) En efecto, en el fallo con responsabilidad fiscal se estableció que
Cafam facturó un porcentaje del 24.1% por los servicios de salud que no
prestó directamente a Famisanar y, a su vez, las IPS que prestaron el
servicio facturaron el 75,9% por el mismo concepto y esto era
contabilizado por la EPS como pagos a las uniones temporales.
(vi) Le asiste entonces razón al órgano de control cuando afirmó en el
fallo con responsabilidad fiscal que “los recursos que se giraron por la EPS
FAMISANAR a la IPS CAFAM, causaron un detrimento patrimonial al
Estado, porque el porcentaje que se le pagó a la IPS CAFAM del 24.1%
correspondía al verdadero prestador de los servicios, quien a su vez debía
invertirlo en el POS”.
(vii) De este modo, el detrimento que está acompasado de una indebida
destinación de dineros públicos se constituye porque la EPS Famisanar
pagó a Cafam un porcentaje de los recursos por un servicio que no prestó,
con dineros que debían destinarse precisamente al servicio de salud. En
tales circunstancias, lo que resulta evidente de lo probado dentro del
proceso, y que el recurrente ni siquiera cuestiona, es que los recursos que
debían destinarse al sistema de salud para la atención de los asegurados
se destinaron al beneficio exclusivo de una empresa mediante una
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modalidad de conformidad con la cual intermedia entre la EPS y las
verdaderas prestadoras, apropiándose de los dineros que el sistema
destina a la adecuada atención de quienes requieren el servicio. Hay
entonces un claro detrimento patrimonial, pues un recurso parafiscal que
debe destinarse a la prestación de un servicio público se destina al
patrimonio de una empresa que no lo presta, para su exclusivo beneficio,
con el agravante que se trata de una destinación hecha del recurso público
por su EPS accionista.
Aunado a lo señalado, frente a lo alegado por el recurrente en el sentido
que Cafam cumplió con las funciones de auditoría, la Sala advierte que el
contrato que celebró la EPS Famisanar con Cafam no tenía por objeto la
auditoría, sino que esta última prestara directamente los servicios de
salud. Adicionalmente, no sobra advertir que, en el fallo con
responsabilidad fiscal de primera instancia, se explicó que las funciones
de auditoría y la coordinación de la red de prestadores del servicio estaban
a cargo de las EPS, y que a la IPS no le era posible desarrollar la tarea de
auditoría frente a sus homólogos.
Por lo señalado este cargo tampoco prospera.
5.4.3. “Frente a la ausencia de intermediación de Cafam IPS”
La parte recurrente afirmó, frente al análisis que efectuó el a quo respecto
de la ausencia de intermediación de Cafam IPS, que se equivocó al señalar
que existió intermediación o subcontratación de los servicios, toda vez
que, en este caso, lo que existió fueron unas uniones temporales en las
cuales Cafam se comprometió a prestar los servicios de tercer y cuarto
nivel a los afiliados de la EPS, a aportar su experiencia asistencial, su
experticia técnico científica, sus protocolos de atención al usuario, sus
guías médicas, su know how y el desarrollo de los procesos de auditoría
para el mejoramiento de la calidad de los servicios, mientras que las IPS
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asociadas se comprometieron a atender a los usuarios que solicitaran
servicios de primer y segundo nivel.
Agregó que lo anterior permitió que todos los afiliados a Famisanar
tuvieran una atención integral en salud pues se encontraban cobijados
por una red de servicios que cubría cualquiera de sus enfermedades, de
manera que, mal puede afirmar el tribunal en el fallo recurrido que existió
subcontratación o intermediación de servicios de salud, pues las
actividades que involucran la prestación del servicio de salud se hicieron
de forma mancomunada entre la IPS Cafam y las IPS asociadas, con el
único fin de ampliar la cobertura de servicios ofrecidos por Famisanar.
Recordó que la figura de las uniones temporales estuvo permitida por el
artículo 10 del Decreto 2753 de 1997, vigente para la época en que se
constituyó la unión temporal por parte de Cafam, por lo que no puede
afirmar el a quo que existió subcontratación o intermediación de servicios
y mucho menos que no estaba permitida la figura de la unión temporal
para la prestación de servicios de salud, pues la IPS Cafam y las IPS
asociadas realizaron claramente las tareas definidas que buscaban
atender de manera eficiente y con calidad dentro de los dentro de los
parámetros legales, a la mayor parte de afiliados de la EPS.
La Sala, para resolver, precisa que el recurrente, para fundamentar los
reparos, alude a que las uniones temporales estaban permitidas por el
artículo 10 del Decreto 2753 de 1997 y asegura que estaba vigente para
la época en la que se constituyeron las uniones temporales; sin embargo,
lo cierto es que el mencionado decreto 2753 fue derogado expresamente
por el artículo 53 del Decreto 2309 de 200221, de manera que no estaba
vigente para la fecha en que se constituyeron tales uniones temporales.
21
“ARTÍCULO 53. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Decreto rige a partir de la
fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias,
especialmente el Decreto 2174 de 1.996, los Artículos 4 al 9 del Decreto 2240 de 1.996,
los Decretos 1392 y 2753 de 1.997, el Decreto 204 de 1.998, el Artículo 42 del Decreto
1546 de 1.998, y el Artículo 24 del Decreto 047 de 2.000 y demás disposiciones que le
sean contrarias”.
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Al efecto, se advierte que la unión temporal entre la Caja de
Compensación Familiar Cafam y la representante legal de la IPS Salud
Mariana Ltda. se constituyó el 13 de junio de 2005 con vigencia a partir
del 1 de enero de 2005; la unión temporal entre la Caja de Compensación
Familiar Cafam y Sisalud Ltda. igualmente se constituyó 13 de junio de
2005 con vigencia a partir del 1 de enero de 2005; la unión temporal
entre la Caja de Compensación Familiar Cafam y la IPS Crear Vida. no
tiene fecha de constitución, pero en el documento en el que se suscribió
se indicó que el término de duración era de tres años contados desde el
1 de enero de 2005, e igual situación ocurrió con la unión temporal
celebrada entre la Caja de Compensación Familiar Cafam y la Clínica
Partenón, ya que en el documento de constitución se indicó que el término
de duración era de tres años contados desde el 1 de enero de 2005.
Adicionalmente, tampoco es cierto lo que afirma el recurrente en el
sentido que Cafam se comprometió a prestar los servicios de tercer y
cuarto nivel a los afiliados de la EPS, a aportar su experiencia asistencial,
su experticia técnico científica, sus protocolos de atención al usuario, sus
guías médicas, su know how y el desarrollo de los procesos de auditoría
para el mejoramiento de la calidad de los servicios, mientras que las IPS
asociadas se comprometieron a atender a los usuarios que solicitaran
servicios de primer y segundo nivel; ello, por cuanto del contrato
celebrado entre Famisanar y Cafam se desprende con claridad que el
objeto era “que la IPS CAFAM prestará los servicios de salud definidos
para el Plan Obligatorio de Salud, por el sistema de capitación en forma
oportuna y continua a los afiliados de FAMISANAR que la hayan escogido
como I.P.S. primaria en los municipios de Bogotá, Girardot, Melgar, El
Rosal, Facatativá, Bojacá, Cajicá, Chía, Cota, Sopó, Tocancipá, Zipaquirá,
Ubaté, Sesquilé, Facatativá y Tenjo”.
En ese mismo contexto, no es de recibo lo señalado por el recurrente
cuando alega que no existió subcontratación o intermediación de servicios
de salud con fundamento en que las actividades que involucran su
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prestación se hicieron de forma mancomunada entre Cafam y las IPS
asociadas con el único fin de ampliar la cobertura de servicios ofrecidos
por Famisanar; como lo señala el fallo con responsabilidad fiscal, para ello
era suficiente que la EPS Famisanar contratara directamente la prestación
de los servicios de primero y segundo nivel con las IPS asociadas, sin
necesidad de que la IPS de la cual era socia y accionista se apropiara del
recurso que debía destinarse a la salud en un porcentaje de 24.1%. Ello
es clara intermediación indebida, porque tiene el único propósito de
desviar un recurso parafiscal que cubren los usuarios del servicio y el
Estado, para beneficiar a una empresa de la cual es socia.
Así las cosas, el recurrente no desvirtúa los presupuestos por los cuales
se declaró la responsabilidad fiscal, que se circunscriben a que Cafam y
la EPS Famisanar celebraron un contrato para que la primera se encargara
de prestar de manera directa el servicio de salud, no obstante que aquella
no estaba habilitada para hacerlo, y para acceder a los recursos del
sistema suscribió convenios de uniones temporales con la finalidad de que
IPS habilitadas lo prestaran; con cargo a ello, Cafam recibió retribuciones
dinerarias provenientes del sistema de salud en porcentajes que son los
mismos del detrimento patrimonial que se le imputan, precisamente
porque se apropia de recursos que los usuarios del sistema y el Estado
destina a propósitos bien distintos de los que se establecen en las uniones
temporales que constituyó.
5.4.4. “Frente a la inexistencia de culpa grave por parte de
Famisanar EPS”
La parte recurrente alegó que no es de recibo que el tribunal señalara que
la conducta fue gravemente culposa, puesto que Cafam prestó los
servicios de salud que le fueron contratados de manera mancomunada
con las IPS asociadas.
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Indicó que, acorde con lo establecido por el artículo 63 del Código Civil, y
en la sentencia del 15 de abril de 2010 proferida por la Sección Primera
del Consejo de Estado, sin indicar referencia, la culpa grave en materia
de responsabilidad fiscal se configura cuando el gestor fiscal no maneja
los negocios públicos con la suficiente diligencia con la que incluso las
personas negligentes atenderían sus propios negocios, y que, en el
presente caso, no se puede señalar que Famisanar no administró los
recursos de la salud de forma diligente, pues bajo una interpretación
razonable de las normas que regulaban la prestación de servicios se
podría entender que tal prestación no solo incluía la atención de los
pacientes, sino también el desarrollo de los programas de auditoría para
el mejoramiento de la calidad de los servicios, conforme se estableció en
el Decreto 1011 de 2006.
Concluyó que no puede señalarse que Famisanar haya tenido una
conducta gravemente culposa, pues bajo la normatividad vigente y la
jurisprudencia constitucional puede entenderse que las actividades de
auditoría y las demás actividades que desarrolló Cafam en el marco de
las uniones temporales hacen parte de la prestación del servicio de salud.
La Sala, para resolver este reproche, advierte que las inconformidades
expuestas no desvirtúan las razones por las cuales en el fallo con
responsabilidad fiscal se concluyó que la EPS Famisanar actuó con culpa
grave, puesto que lo que la Contraloría le reprochó es que aquella firmara
un contrato con Cafam sin verificar que no estaba habilitado para prestar
los servicios de salud, el cual se constituía en uno de los requisitos para
contratar. Además, la Contraloría también reprochó que Famisanar le
pagó a Cafam, empresa de la que era socia, el 24.1% de los recursos que
correspondían a lo que el sistema recaudaba para destinarlos a la
prestación de los servicios de salud a los usuarios, aspectos que, se
insiste, son constitutivos del daño.
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Precisado lo que fue objeto de reproche por parte de la Contraloría en el
fallo con responsabilidad fiscal, la Sala considera que no es de recibo que
el recurrente alegue que no existe culpa grave por parte de Famisanar
EPS porque Cafam prestó los servicios mancomunadamente con otras
IPS, puesto que es evidente que toda la conducta que se le reprocha la
hizo consciente del resultado que esperaba y que no era otro que
transferir a una empresa de la cual era socia un recurso del sistema que
no correspondía a su destinación.
En el mismo entendimiento, no puede aceptarse que la recurrente persiga
relevarse de la responsabilidad fiscal porque Cafam cumplió funciones de
auditoría respecto de la prestación del servicio, cuando las obligaciones
que se pactaron en el contrato que se suscribió entre la EPS Famisanar y
Cafam se circunscribían a la atención en salud de los afiliados de la EPS
en los territorios que se mencionaban en el contrato, cuya atención debía
ser prestada de manera directa por Cafam.
Por lo señalado este cargo tampoco prospera.
5.5. Costas procesales en segunda instancia
El artículo 188 del CPACA estableció que, “salvo en los procesos en que
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil (…)”. A su vez, el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, lo adicionó en el siguiente sentido: “en todo caso, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”, no
obstante, para la fecha en que se profirió la sentencia de primera
instancia, - 21 de junio de 2018-, esta última modificación no estaba
vigente.
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Conforme con lo previsto por el artículo 365 del Código General del
Proceso, la condena en costas está sujeta, entre otras, a las siguientes
reglas: - se condenará a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación; - debe ordenarse en
la sentencia o en el auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella,
y - solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación.
Como lo ha señalado esta Sección22, el criterio objetivo valorativo de la
condena en costas implica que es objetivo, por lo que, contrario a lo
señalado por el recurrente, no resulta de un obrar temerario o de mala
fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es el resultado de
su derrota en el proceso o en el recurso propuesto, y valorativo, porque
se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron
y en la medida de su comprobación, el pago de gastos ordinarios del
proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro de
éste.
Con fundamento en las normas señaladas en precedencia, se condenará
en costas en esta instancia a la parte actora, dado que le será resuelto
desfavorablemente el recurso.
Para ello, está acreditado que la Contraloría General de la República
acudió a este proceso por conducto de apoderado. En consecuencia, se
dará aplicación a lo previsto por el Acuerdo nro. 1887 del 27 de agosto de
200323, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, que estableció
las tarifas de las agencias en derecho para los procesos Contencioso
Administrativos, en el capítulo tercero del artículo sexto, y se impondrá
22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del
4 de febrero de 2021. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente radicación nro.
25000234100020150018001.
23
Gaceta de la judicatura. Consultado en actosadministrativos.ramajudicial.gov.co.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2015 01667 01
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su favor, el pago de la suma equivalente a un salario mínimo mensual
legal vigente a cargo de la parte actora24.
Por último, dado que no está acreditada la causación de gastos procesales,
esta Sala no condenará en costas por dicho concepto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 21 de junio de 2018,
por la Subsección B, Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, atendiendo las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: Condenar a la parte actora a pagar a favor de parte
demandada, Contraloría General de la República, por concepto de
agencias en derecho, la suma equivalente a un salario mínimo mensual
legal vigente.
TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada la presente providencia.
24
Atendiendo a que la disposición establece que en los procesos de segunda instancia con
cuantía se impondrá hasta el cinco por ciento del valor de las pretensiones reconocidas o
negadas en la sentencia.
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La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en
sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
Aclara voto
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclara voto Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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