Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2015-01742-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2015-01742-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-41-000-2015-01742-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
27 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: REPARACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
Radicación: 25000-23-41-000-2015-01742-01
Demandante: ALEXANDER BELTRÁN PRECIADO Y OTROS
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y OTRA
Tema: Fuero de atracción. Responsabilidad por omisión a los deberes
de inspección, vigilancia y control en materia de protección al
consumidor. Variación “injustificada y engañosa” de las
especificaciones ofertadas por un concesionario automotriz.
Condición uniforme del grupo. Afectación patrimonial a los
consumidores por la diferencia tarifaria entre los vehículos de
2013 y 2014. La pretensión indemnizatoria grupal no procede
para solicitar incumplimientos contractuales. Límites al recurso
de apelación. Imposibilidad de estudiar el fondo del asunto. No
se acreditaron los elementos que estructuran la obligación
reparatoria. Se confirma lo decidido por el a quo frente a lo no
recurrido. Costas procesales en el trámite de segunda instancia.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación presentado por el extremo activo contra la
sentencia del 7 de diciembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Según lo narrado en la demanda, METROKIA S.A. lanzó una oferta de venta
consistente en entregar la KIA SPORTAGE Revolution modelo 2014 full equipo por
valor de $72.000.000. Además, ofreció la misma referencia del vehículo, pero
modelo 2013, por un menor valor. No obstante, a juicio del grupo demandante,
algunos de los accesorios anunciados en la campaña publicitaria respecto del
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modelo 2014, correspondían, en realidad, a los mismos que incorporaban las
unidades modelo 2013, de manera que, para acceder a las especificaciones
técnicas ofertadas, debían cancelarse unas erogaciones adicionales no previstas al
momento de la oferta.
El grupo de demandantes, conformado por “los consumidores de la camioneta KIA
SPORTAGE Revolution, modelo 2014”, sostiene que la Superintendencia de
Industria y Comercio (en adelante la “SIC”) y la sociedad METROKIA S.A. son
patrimonialmente responsables de la aminoración patrimonial a ellos irrogada por la
diferencia tarifaria de la camioneta KIA SPORTAGE Revolution modelo 2014, pues
afirman que ello se debió a: i) el engaño del concesionario de vehículos que vendió
un modelo 2014 con apariencia del modelo 2013 y ii) la omisión de los deberes de
inspección, vigilancia y control que le asistían a la citada autoridad respecto de la
empresa automotriz.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 3 de agosto de 20151, Alexander Beltrán Preciado y Andrea Guzmán Sánchez
en nombre propio y en representación del grupo “consumidores de la camioneta KIA
SPORTAGE Revolution, modelo 2014”, presentaron demanda en ejercicio del
medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, con la pretensión
de que se les declare patrimonialmente responsables a la SIC y a METROKIA S.A.
por la aminoración patrimonial a ellos irrogada por la diferencia tarifaria de la
camioneta KIA SPORTAGE Revolution modelo 2014.
Las pretensiones de condena formuladas en el escrito de la demanda fueron las
siguientes:
i) En primera medida, el extremo activo solicita condenar a las demandadas a
“[…] cancelar al grupo a cada uno de las personas que conforman el grupo, como
1 Fl. 1 a 28, C.1.
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los demandantes a la indemnización colectiva, compensatoria o monto del que
valdría igualar las camionetas KIA SPORTAGE Revolution vendida en el 2013
con las modelo 2014, suma que no es inferior a ocho millones de pesos
($8.000.000); en caso que las víctimas no hayan igualado (sic) sus camionetas
KIA SPORTAGE Revolution, a las características reales de las modelo 2014, y
que su diferencia se compense en dinero”.
ii) En segundo lugar, la parte actora solicita condenar a las accionadas a
pagarle, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los libelistas. El
fundamento de la pretensión fue el siguiente:
“[…] se condene a las demandadas a pagar a cada uno de mis mandantes el perjuicio
moral causado, de acuerdo con la tasación del Consejo de Estado, en todo caso que no
será inferir a 100 SMLMV para uno de los integrantes del grupo”.
iii) En tercer lugar, el grupo demandante solicita que “METROKÍA S.A. ofrezca
en un periódico de amplia circulación una publicación de disculpas a todos sus
clientes por haber engañado a los consumidores y compradores, así como por
los hechos de esta demanda la Superintendencia de Industria y Comercio a todos
los ciudadanos por no cumplir con su deber legal”.
En apoyo de sus pretensiones, el grupo demandante afirma que, en fecha
indeterminada, la sociedad METROKIA S.A. lanzó una oferta de venta consistente
en la entrega de una camioneta KIA SPORTAGE Revolution modelo 2014 full
equipo por un valor de $72.000.000. Asimismo, que dicha empresa ofreció la misma
referencia del vehículo, modelo 2013, por un precio inferior.
Indica que, no obstante lo anterior, algunos de los accesorios – exploradoras, rines,
espejos y persianas - anunciados en la campaña publicitaria del modelo 2014
correspondían, en realidad, a los mismos que incorporaban las unidades modelo
2013, de modo que, para acceder a las especificaciones técnicas ofertadas, lo
consumidores debían incurrir en gastos adicionales no previstas al momento de la
campaña.
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Demandante: Alexander Beltrán Preciado y otros
Concluye que, en consecuencia, la diferencia tarifaria de la camioneta KIA
SPORTAGE Revolution modelo 2014 les produjo una aminoración patrimonial
susceptible de ser indemnizada.
El grupo demandante atribuye responsabilidad a la SIC y a METROKÍA S.A. por la
aminoración patrimonial sufrida, derivada de la diferencia tarifaria del modelo 2014,
la asocian a i) el engaño del concesionario al comercializar el vehículo KIA
SPORTAGE Revolution modelo 2014 con apariencia de 2013 y ii) la omisión de los
deberes de inspección, vigilancia y control por parte de la precitada autoridad
respecto de la compañía automotriz.
2. Contestación
El 28 de septiembre de 20152, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió
la demanda y ordenó su notificación a las accionadas y al ministerio público.
2.1. La SIC3 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que los
daños reclamados por el grupo actor no le eran imputables, toda vez que no se
acreditó la falla del servicio que le fue endilgada.
En sustento, señaló que en los archivos de la entidad no reposan denuncias,
peticiones, quejas o reclamo alguno respecto de la campaña ofertada por el
concesionario automotriz. Formuló como excepciones las que denominó
“inexistencia de PQR”, “inexistencia de denuncias” e “inexistencia de la violación a
los derechos de consumidores que sean atribuibles objetivamente a la SIC”.
2.2. METROKÍA S.A.4 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando
que los daños reclamados por el grupo actor no le eran imputables porque no se
probó su causación. Formuló como excepciones las de caducidad de “la acción de
grupo” y falta de legitimación en la causa por pasiva.
2 Fl. 42 a 44, C.1.
3 Fl. 61 a 70, C.1.
4 Fl. 74 a 105, C.1.
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Demandante: Alexander Beltrán Preciado y otros
3. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 1º de diciembre de 20165 se corrió traslado a las partes y al ministerio público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
3.1. METROKÍA S.A.6 reiteró los argumentos expuestos en el escrito de
contestación a la demanda.
3.2. El ministerio público7 conceptuó que debían negarse las pretensiones de la
demanda, toda vez que lo probado en el proceso no permitió establecer la causación
de los daños reclamados por el grupo actor. Agregó, además, que las pretensiones
del caso versaban sobre presupuestos incumplimientos contractuales, los cuales no
resulta procedente ventilar bajo el medio de control de reparación de perjuicios
causados a un grupo.
3.3. La parte demandante y la SIC guardaron silencio.
4. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 7 de diciembre de 20178, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, al constatar, en primer lugar,
que el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo no era el
idóneo para reclamar la indemnización por presuntos incumplimientos
contractuales.
De otra parte, en cuanto a la responsabilidad patrimonial de la SIC, destacó que el
extremo activo no acreditó ninguno de los elementos que integran la obligación
resarcitoria.
5 Fl. 318, C.1.
6 Fl. 320 a 333, C.1.
7 Fl. 334 a 339, C.1. – El concepto fue rendido por el doctor Víctor David Lemus Chois, Procurador
Séptimo Judicial II Administrativo.
8 Fl. 341 a 373, C.2.
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5. Recurso de apelación
El 12 de febrero de 20189, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el
cual fue concedido el 26 de febrero de esa anualidad10 y admitido el 11 de mayo de
201811.
5.1. El extremo activo12 sostuvo que, contrario a lo estimado por el tribunal, las
pretensiones grupales apuntan a la declaratoria de responsabilidad de METROKÍA
S.A. por publicidad engañosa. Agregó que lo probado en el proceso permitió
establecer que la compañía se aprovechó de los consumidores y creó un riesgo en
su detrimento.
Por otra parte, refirió que la sociedad demandada debía responder por el producto
defectuoso ofrecido y que desconoció el deber de información que le asistía frente
a los compradores. Finalmente, concluyó que el a quo no analizó la responsabilidad
del concesionario por los daños causados por el producto defectuoso, al tiempo que
los vehículos adquiridos presentaban defectos de fábrica y de diseño.
En síntesis, señaló lo siguiente (se transcribe incluso con errores): “[…] La sala no
observa no los él acápite de la acción Constitucional; donde no determina que
METRO kia bajo su amparo ofrece vehículos diestra y siniestra de un modelo
haciendo que no uno sino más de 1.000 personas como está demostrado en el
informe de venta que allego el demando compraran vehículo KIA SPORTAGE,
modelo 2014 pero iguales a los 2013, y que saque una camioneta 2014 con unas
diferencias visibles sin mayor experticia como modelo 2013, y haga que solo 1000
personas aproximadamente se vean engañadas en que su vehículo 2014 es una
camioneta igual a las 2013, que su valor sea igual a las que si son 2014 para el
comercio de vehículos, que su camionetas y sus créditos se vean reflejados como
una camioneta 2014 pero este pagando una que se ve como 2013, que su carro a
9 Fl. 382 a 387, C.2.
10 Fl. 389, C.2.
11 Fl. 395, C.2.
12 Fl. 382 a 387, C.2.
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la fecha de la reventa ara el año 2013 un mes después venda modelo distinto 2014.
(…) La sala no estudia ni analiza si existe o los hechos rodean se debió analizar si
las camionetas KIA SPORTAGE 2014 REFERENTES a los hechos sino se debe
bordear el análisis si es un producto defectuoso por no ofrecer la seguridad
legítimamente esperar es decir, aquella que un consumidor medio tiene derecho a
esperar, sin considerar al comportamiento del fabricante, el magistrado NO
ENTENDIÓ QUE LA NOCIÓN DE DEFECTUOSO NO CORRESPONDE CON LOS
LLAMADOS VICIOS REDHIBITORIOS.
El tratadista JAVIER TAMAYO JARAMILLO, En su libro del estatuto del consumidor
trae una la doctrina y una explicación desconocida para la sala que el defecto de
abrogación es "no posee las características pertenecientes a la misma línea de
fabricación, o (...) no posee las calidades y características prometidas y anuncias
por el fabricante" el demandado prometió un vehículo 2014 camioneta kia sportage
y entregó una camioneta totalmente distinta una 2013, hecho que pasó por alto el
tribunal incluso no valoró las pruebas traída por el mismo metro kia, donde trae las
fichas técnicas las cuales no toca ser un perito para ver las diferencia, incluso alude
y mediante un por si el mismo apoderado refleja la 2013 (vendida al grupo de
demandantes) y la 2014 que en sus características de iluminación y carrocería es
diferente; recuerdo que esto se llamaba confesión por intermedio de apoderado pero
bueno, esto como que ya no se aplica en el tribunal.
(…) se deben acoger las pretensiones de la acción donde se determina si existía un
contrato sí o no, y donde exista una prestación correcta lo que impone la adopción
de medidas adecuadas para restablecer el equilibrio derivado de los productos
defectuosos que se introducen a la sociedad, basados en la falta de información
suministrada a los compradores”.
Frente a la eventual responsabilidad que podría asistirle a la SIC por la omisión a
los deberes de inspección, vigilancia y control no formuló ningún argumento ni
reparo.
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Demandante: Alexander Beltrán Preciado y otros
6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El 6 de julio de 201813 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
6.1. METROKÍA S.A.14 reiteró los argumentos expuestos en el trámite de primera
instancia.
6.2. La parte demandante, la SIC y el ministerio público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
1. Cuestión previa – normatividad aplicable
Mediante auto de unificación del 6 de agosto de 202015, la Sala Plena de la Sección
Tercera dispuso que la integración normativa de la pretensión de reparación de
perjuicios causados a un grupo debe realizarse con la Ley 1437 de 2011 16, y en
consecuencia, la remisión prevista en el artículo 6817 de la Ley 472 de 199818 solo
resulta viable en aquellos eventos en los cuales no existan normas contenidas en el
CPACA que regulen de manera expresa la materia y que tengan relación con el
medio de control específico.
Al efecto, comoquiera que el 3 de agosto de 201519, los demandantes ejercieron el
derecho de acción bajo la pretensión de reparación de perjuicios causados a un
grupo, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones contenidas en la
Ley 472 de 1998 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
13 Fl. 399, C.2.
14 Fl. 400 a 413, C.2.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera. Auto del 6 de agosto
de 2020, Rad. 64778.
16 Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
17 Artículo 68. Aspectos no regulados. “En lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del presente
título, se aplicarán a las acciones de grupo las normas del Código de Procedimiento Civil”.
18 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de acciones populares y de grupo, y se dictan otras disposiciones.
19 Fl. 1 a 28, C.1.
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Demandante: Alexander Beltrán Preciado y otros
Administrativo, toda vez que, de acuerdo con la jurisprudencia uniforme y pacífica de
esta Corporación, dicho estatuto modificó la referida disposición – Ley 472 de 1998
• en lo atinente a las normas que regulan la pretensión, caducidad y competencia20.
2. Competencia
La jurisdicción como atributo del poder que faculta al Estado para administrar justicia
en el territorio nacional es única e indivisible y corresponde ejercerla a todos los
jueces de la República. Así, su ejercicio se ha distribuido en diferentes ramas
jurisdiccionales como lo son, entre otras: i) la ordinaria, ii) la contencioso
administrativa, iii) la constitucional, iv) la penal militar, v) la especial indígena y vi)
la especial para la paz.
Al interior de cada jurisdicción debe existir un sistema de reparto que permita la
asignación ordenada de los procesos entre los distintos jueces que la conforman.
Ciertamente, ello se logra a través de la distribución de competencias, por medio de
las cuales el Estado da cuenta de la facultad que tiene cada juez para ejercer la
jurisdicción en determinadas materias y dentro de una porción delimitada del
territorio.
Al efecto, esta Corporación ha definido que21 la competencia para conocer de los
diferentes asuntos se fija de acuerdo con los siguientes criterios: i) la naturaleza o
materia del proceso y la cuantía (factor objetivo); ii) la calidad o condiciones
especiales de las partes que concurren al proceso (factor subjetivo); iii) la
naturaleza de la función que desempeña la autoridad que tiene a su cargo la
definición y resolución del proceso (factor funcional); iv) el lugar donde debe
tramitarse y desarrollarse el proceso (factor territorial); y v) la competencia
previamente determinada para otro proceso, lo que permite que un proceso
20 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Providencias del 10 de febrero de 2016, Exp. 2015-00934, del 31 de enero de 2013, Exp. 2012-
00034, del 18 de mayo de 2017, Exp. 2016-00131, del 18 de julio de 2017, Exp. 2013-00583, del 2
de julio de 2021, Exp. 2018-00153 y del 9 de diciembre de 2025, Rad. 67211.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 15 de junio de 2015, Rad.: 51174.
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Radicado: 25000234100020150174201
Demandante: Alexander Beltrán Preciado y otros
asignado a un juez absorba los otros asuntos que, con relación a un tema específico,
puedan ser promovidos con posterioridad (factor de conexidad o de atracción)22.
En este orden ideas, si bien la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está
estatuida para decidir controversias que se susciten entre entidades estatales o
entre estas y particulares, lo cierto es que también tiene competencia ocasional para
vincular y juzgar a los particulares o personas de derecho privado, aun cuando al
momento de realizar el análisis probatorio del proceso se establezca que la entidad
pública, también demandada, no es responsable de los hechos y daños que se le
atribuyen en el libelo introductorio23.
Precisamente la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia del 29 de
agosto de 200724, advirtió que el fuero de atracción resulta procedente siempre que
desde la formulación de las pretensiones y su acervo probatorio pueda inferirse que
existe una probabilidad mínimamente seria de que la entidad pública accionada en
conjunto con un sujeto de derecho privado pueda resultar condenada.
En el mismo sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que
cuando el derecho de acción se ejerce contra una entidad pública y contra un sujeto
de derecho privado por un asunto litigioso que en principio debería ser ventilado
ante la jurisdicción ordinaria, el proceso debe surtirse ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, que adquiere la competencia para examinar la
responsabilidad de todos los accionados25.
De conformidad con lo anterior, el factor de conexidad implica, entonces, que el juez
administrativo tiene competencia para vincular y juzgar entidades públicas en
conjunto con otras entidades o, incluso, sujetos de derecho privado frente a los
cuales la competencia, en principio, se encuentra atribuida a otra jurisdicción. De
hecho, en sentencia del 18 de junio de 2015 la Sección Tercera del Consejo de
22 Corte Constitucional. Sentencia C-328 de 2015.
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”. Sentencias del 1° de marzo de 2018, Rad.:
43629; y del 28 de agosto de 2019, Rad.: 52603.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de marzo de 2017, Rad.: 38958.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 1° de octubre de 2008, Rad.: A.G. 2005-02076-
01.
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Radicado: 25000234100020150174201
Demandante: Alexander Beltrán Preciado y otros
Estado manifestó lo siguiente:
“[…] El factor de conexión implica que cuando se demanda a una entidad pública el
competente es el juez administrativo, en conjunto con otras entidades incluso con
particulares en relación con los cuales la competencia para el conocimiento de los
pleitos en los que se encuentren implicados, en principio se encuentra atribuida a otra
jurisdicción, por aplicación del ‘factor de conexión’, el juez de lo contencioso adquiere
competencia para conocer del asunto en relación con todos ellos.
[…] Un buen ejemplo de aplicación del factor de conexión en la jurisdicción
contenciosa administrativa es el llamado fuero de atracción. En virtud de dicha figura,
a demandarse de forma concurrente a una entidad estatal, cuyo conocimiento
corresponde a esta jurisdicción y a otra entidad privada, cuya competencia
correspondería a la jurisdicción ordinaria, el proceso debe adelantarse ante la primera
– Jurisdicción Contencioso Administrativa-, la cual tiene competencia, entonces, para
fallar acerca de la responsabilidad de las dos demandadas”26
Tal circunstancia posibilita que el juez de lo contencioso administrativo pueda dirimir
controversias en las cuales intervengan particulares, siempre que su vinculación
con las personas de derecho público cuente con un fundamento sólido, es decir,
que en la demanda se invoquen acciones u omisiones que conduzcan
razonablemente a pensar que su responsabilidad pueda verse comprometida27.
Esta conclusión ha sido expuesta por la jurisprudencia del Consejo de Estado de
modo uniforme y reiterado, como se hizo en sentencia del 3 de agosto de 202028,
en la que se señaló que para la procedencia del fuero atracción es mandatorio que
“la demanda y las pretensiones se deban haber elevado de manera concurrente
tanto para las entidades públicas como para los particulares a los que se les
pretende enrostrar responsabilidad, y por otro, que debe existir una mínima y
fundada probabilidad de condena respecto de las entidades públicas”.
Es así como, en aquellos eventos en los que se formule una demanda, tanto contra
una entidad estatal como en contra un sujeto de derecho privado de manera
concurrente, por un asunto que en principio debería ser decidido por un juez de la
jurisdicción ordinaria, el proceso debe adelantarse ante esta jurisdicción, pues el
juez de lo contencioso administrativo adquiere competencia para definir la
26 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de junio de 2015, Rad.: 51714.
27 Ibídem.
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 3 de abril de 2020, Rad.: 44428.
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Radicado: 25000234100020150174201
Demandante: Alexander Beltrán Preciado y otros
responsabilidad de todos los demandados29, siendo menester, para dichos efectos,
estudiar el petitum y los hechos que dieron origen al daño cuya reparación se
alega30.
En el caso sub examine el grupo demandante pretende la declaratoria de
responsabilidad de la SIC y METROKIA S.A. por la aminoración patrimonial a ellos
irrogada por la diferencia tarifaria de la camioneta KIA SPORTAGE Revolution
modelo 2014.
Lo anterior permite inferir razonablemente que, en tanto la SIC presuntamente
ocasionó el daño alegado, la responsabilidad de esta entidad pública puede quedar
comprometida, al igual que ocurre con METROKIA S.A.
En consecuencia, en virtud del fuero de atracción, esta jurisdicción está habilitada
para pronunciarse sobre METROKIA S.A., toda vez que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 10431 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, normatividad aplicable al momento en que ocurrieron
los hechos, se trata de un asunto litigioso que involucra la actividad de una entidad
pública que también fue demandada, a saber, la SIC y esto comprende la
competencia para decidir también sobre la responsabilidad predicada respecto de
METROKIA S.A. pues, el fuero de atracción permite la vinculación de esta entidad
de derecho privado.
No está demás resaltar que, respecto del particular, el fundamento del deber de
reparar corresponde a los criterios propios del derecho privado, y no al de la falla
del servicio ni tampoco al del daño especial, pues estos últimos solo pueden
reputarse frente a entidades públicas.
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 25 de julio de 2019, Rad.:
51687.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de agosto de 1994, Rad.: 10.007 y 9480.
31 “Artículo 104. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer,
además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y
litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho
administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando
ejerzan función administrativa (…)”.
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Radicado: 25000234100020150174201
Demandante: Alexander Beltrán Preciado y otros
Por demás, esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 7 de diciembre de 2017,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las
pretensiones de la demanda, en virtud de lo establecido en los artículos 5032 de la
Ley 472 de 1998 y, 150 y 152.16 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
Asimismo, el conocimiento del presente asunto corresponde a la Sección Tercera
del Consejo de Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.12.12 33
del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de la
Corporación.
3. Medio de control procedente - Condiciones uniformes del grupo respecto
de la causa lesiva cuya reparación se pretende
Las acciones de grupo se encuentran consagradas en el inciso 2º del artículo 88 de
la Constitución Política, con la finalidad de que un número plural de personas
demanden la reparación de daños ocasionados por una misma acción u omisión por
parte del Estado.
En desarrollo de dicha disposición constitucional, la Ley 472 de 1998 reguló dichas
acciones y en el artículo 3º las definió como aquellas que son "interpuestas por un
número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes
respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas
personas".
32 “Artículo 150. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos que se
susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo originadas en la actividad de las
entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas. […]”.
33 “Acuerdo 080 de 2019. Artículo 13.12. 12. Las acciones de grupo de competencia del Consejo de
Estado”.
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Radicado: 25000234100020150174201
Demandante: Alexander Beltrán Preciado y otros
En consonancia con lo anterior, los artículos 334 y 4635 de la Ley 472 de 1998
establecen los requisitos de procedencia de las acciones de grupo. Para el efecto,
prescriben que éstas deberán ser presentadas por un número plural de personas
que no podrá ser inferior a 20, que reúnan condiciones uniformes respecto de una
causa común que generó los perjuicios individuales. Sin embargo, la jurisprudencia
del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional han admitido un número inferior
de demandantes, siempre que se señalen los criterios que permitan identificar la
vocación grupal de pretensiones, es decir, que la causa del daño haya podido
perjudicar al menos a 20 personas. Sobre este punto, la Corte Constitucional señaló
en la sentencia C 116 de 200836:
“[…] Explicó la Corte en la Sentencia C-898 de 2005, acorde con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, que la interpretación que debe darse al
inciso tercero (3°) del artículo 46 de la Ley 472 de 1998, es la de que, la
exigencia de que el grupo debe estar integrado al menos por veinte
personas, no puede entenderse como un obstáculo para la presentación
de la demanda, en cuanto no se requiere la concurrencia de todos ellos
para tal acto, toda vez que, de conformidad con el artículo 48 del mismo
ordenamiento, en la acción de grupo el actor o quien actúa como demandante,
representa a las demás personas que hayan sido afectadas por los hechos
lesivos. Por ello, lo que resulta exigible al actor al momento de presentar la
demanda, a la luz del numeral cuarto (4°) del artículo 52 del mismo
ordenamiento, es el deber de señalar en ella la identidad de por lo menos veinte
de los miembros del grupo afectado o, en todo caso, señalar los criterios que
permitan su identificación por parte del juez. Sobre este particular, la Corte
sostuvo en el referido fallo:
‘Así mismo que en relación con el número mínimo de 20 personas, el Consejo
de Estado, luego de dicha decisión de constitucionalidad ha precisado que el
número mínimo aludido no puede entenderse tampoco como una limitante para
la presentación de la demanda pues no es indispensable la concurrencia de
todos ellos al momento de dicha presentación, toda vez que, de conformidad
con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 48 de la Ley 472 de 1998, ‘[e]n la
acción de grupo el actor o quien actúe como demandante, representa a las
demás personas que hayan sido afectadas individualmente por los hechos
vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por
separado su propia acción, ni haya otorgado poder’. El Consejo de Estado ha
advertido que si bien la acción puede ser interpuesta por una persona esta
debe actuar en relación con el daño causado a un grupo no inferior de 20
34 "Articulo 3. Acciones de grupo. Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un
conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó
perjuicios individuales para dichas personas. (...)"
35 "Artículo 46. Procedencia de las acciones de grupo. Las acciones de grupo son aquellas acciones
interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes
respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. (...)"
36 Corte Constitucional sentencia C del 13 de febrero de 2008.
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Demandante: Alexander Beltrán Preciado y otros
personas y que la demanda debe, en todo caso establecer los criterios que
permitan la identificación del grupo afectado.’
De esta manera, en la Sentencia C-898 de 2005, la Corte concretó el alcance
de la exigencia contenida en el inciso tercero (3°) del artículo 46 de la Ley 472
de 1998, en el sentido de precisar que no se requiere conformar un grupo
para demandar en acción de grupo, pues cualquier persona puede
instaurarla en nombre y representación del colectivo afectado con el
mismo daño, debiendo sí proporcionar en la demanda el nombre de por lo
menos veinte de los integrantes del mismo grupo, o en su defecto, señalar
los criterios para identificarlos y definirlos[…]”37. (Se resalta)
A su turno, el artículo 145 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, reguló el medio de control de los perjuicios causados a
un grupo, en los siguientes términos:
“[…] Cualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas
que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó
perjuicios individuales, puede solicitar en nombre del conjunto la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de indemnización
de los perjuicios causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma
especial que regula la materia (...)”
Sobre la exigencia referente al número de integrantes del grupo, la Corte
Constitucional38 sostuvo que ello no puede entenderse como un obstáculo para
presentar la demanda, toda vez que no se requiere que las 20 personas acudan
ante el juez, sino que quien actúa señale la identidad de los demás integrantes o, al
menos, indique los criterios que permitan su identificación por parte del juez.
Ahora bien, en lo relativo a la exigencia de que existan condiciones uniformes
respecto de una causa común contenida en los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de
1998 ya citados, la Corte Constitucional ha señalado que dicho requisito exige al
juez analizar la relación causal desde una perspectiva jurídica más que fáctica y
verificar la existencia de una relación de identidad entre los diversos hechos lesivos
que pueden generar un daño común al interés del grupo39. Así, para el tribunal
constitucional, "[…] una exigencia de uniformidad estricta desde el punto de vista
37 Esta postura ha sido por el Consejo de Estado, entre otras más, en las siguientes providencias:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 10 de febrero
de 2005, Exp. 2001 – 00213 -01 y, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera. Subsección C, sentencias del 9 de diciembre de 2025, Rad. 67211 y del 23 de
febrero de 2026, Rad. 69319.
38 Corte Constitucional, sentencia C-898 de 2005.
39 Sentencia C-569 de 2004.
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Radicado: 25000234100020150174201
Demandante: Alexander Beltrán Preciado y otros
fáctico, que confundiera la idea de causa jurídica común con la existencia de un solo
hecho que ocasiona el perjuicio, haría fracasar la protección del interés de grupo
por la vía del resarcimiento de los perjuicios individuales sufridos por sus miembros,
pues una tal uniformidad es excepcional, desde una perspectiva puramente fáctica".
En este orden de ideas, la Sección Tercera de la Corporación sostuvo que para que
el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo – antes acción
de grupo - sea procedente, debe verificarse la posibilidad de que la misma admita
una decisión unitaria de la controversia, lo que exige la existencia de aspectos de
hecho o de derecho que sean comunes entre los miembros del grupo 40. Ello no
significa que las situaciones particulares de los integrantes del grupo sean idénticas,
sino que exista un común denominador que se extienda a todos ellos y que se derive
del hecho lesivo del demandado.
Con todo, en una reciente decisión de la Subsección A de la Sección Tercera de
esta Corporación se concluyó que el grupo está debidamente constituido "si el
conjunto de personas que hacen parte del mismo tienen condiciones uniformes
respecto del hecho generador del daño y no de los demás elementos que conforman
la responsabilidad; por ende, si bien la causa generadora debe ser la misma para
todos los integrantes del grupo, el daño causado y las reparaciones concretas a
favor de cada uno de ellos pueden ser disímiles" 41. De esta manera, le
corresponderá al juez en cada caso valorar la existencia de una causa común que,
al ser compartida por todos los miembros del grupo, permita su resolución en una
misma providencia.
Pues bien, en el caso en concreto, se plantea como causa común generadora del
daño, la diferencia tarifaria por la comercialización de la camioneta KIA SPORTAGE
Revolution modelo 2014 con las características y apariencia del modelo 2013, hecho
que – se alega – ocasionó una aminoración patrimonial a los compradores, en tanto
para acceder a las especificaciones técnicas ofertadas, debieron incurrir en gastos
adicionales no previstos al momento de la adquisición del automotor.
40 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de abril de 2007, radicado: 25000-23-25-
000-2002-00025-02.
41 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 12 de julio de 2019, radicación:
66001-23-31-000-2017-00654-01(AG).
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Demandante: Alexander Beltrán Preciado y otros
Así las cosas, para acreditar el requisito de existencia de condiciones frente a la
causa común del daño, en el expediente obran los siguientes documentos:
• Carpeta de negocios de La carpeta contiene: la hoja de
Andrea Guzmán Sánchez y negocios, la orden de pedido, la factura
Alexander Beltrán Preciado (Fl. 136 de venta, el certificado de declaración,
a 150, C.1.) el certificado de importación, la
autorización de entrega de vehículo, el
pago del impuesto 2014 y el cupón de
registro del vehículo
• Carpeta de negocio de La carpeta contiene: la autorización de
Alveiro Arévalo Sáenz (Fl. 151 a entrega del vehículo, el acta de
158, C.1.). movilización, el pago del impuesto
2014, la factura de venta y la hoja de
negocios.
• Carpeta de negocio de La carpeta contiene: el pago del
Laura Milena Caballero (Fl. 159 a impuesto 2014, el SOAT, la factura de
165, C.1.) venta, la hoja de negocios y la orden de
pedido.
• Carpeta de Misael Sánchez La carpeta contiene: la autorización de
Martínez (Fl. 166 a 180, C.1.). entrega, el cupón de registro venta, el
acta de entrega del vehículo, la licencia
del vehículo y el SOAT, la factura de
venta, la declaración de importación, la
hoja de negocios, la orden de pedido y
el precio de lista de mes.
• Carpeta de negocio de La carpeta contiene: autorización de
Fabio Alexander Sandoval Vargas entrega, acta de entrega, pago del
(Fl. 181 a 202, C.1.). impuesto 2014, certificación de vehículo
nuevo, declaración de importación y
hoja de negocios.
• Carpeta de negocio de La carpeta contiene: autorización de
Nohelia Rojas de Jiménez entrega, cupón de registro de venta,
SOAT, pago del impuesto, acta de
entrega, declaración de importación,
hoja de negocios, orden de predio y lista
de precios.
Además de los referidos documentos, al proceso fueron aportadas: i) la certificación
del 18 de mayo de 2016, mediante la cual la sociedad METROKIA S.A. hizo constar
que 659 personas adquirieron “la camioneta KIA SPORTAGE Revolution en el año
2013 y matriculadas con modelo 2014”42; y ii) el oficio No. 16 – 2166 del 17 de junio
de 2014, por medio del cual la Secretaría de Movilidad de Bogotá D.C. certificó que
42 Fl. 255 a 269, C.1.
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Demandante: Alexander Beltrán Preciado y otros
81 vehículos “con fecha de compra del año 2013 y RDA 2014” fueron registrados
en el distrito capital.
Bajo el anterior contexto, y una vez valorados los documentos allegados al proceso,
se evidencia que el grupo de demandantes, conformado por “los consumidores de
la camioneta KIA SPORTAGE Revolution, modelo 2014”, representado por
Alexander Beltrán Preciado y Andrea Guzmán Sánchez, satisface el requisito de
condiciones uniformes del grupo actor como exigencia legal para la procedencia del
medio de control, en la medida en que aquellos fueron quienes adquirieron la
camioneta KIA SPORTAGE Revolution modelo 2014 con las características y
apariencia del modelo 2013, circunstancia que, según lo narrado en la demanda,
ocasionó una aminoración patrimonial a los compradores, quienes, para acceder a
las especificaciones técnicas ofertadas, debieron incurrir en gastos adicionales no
previstos al momento de la adquisición del automor.
Ahora bien, pese a que, conforme a lo expuesto anteriormente, en el presente
asunto litigioso se acreditó la vocación del grupo demandante, resulta determinante
establecer si, de acuerdo con los reparos formulados en el recurso de apelación
presentado por el extremo activo, el medio de control de reparación de perjuicios
causados a un grupo resulta procedente frente a los cuestionamientos concretos
planteados respecto a la sociedad METROKIA S.A., análisis que definirá si la
pretensión resarcitoria puede continuar su curso frente a dicha parte accionada.
Al efecto, debe recordarse que el grupo demandante en el recurso de apelación
presentado contra el fallo del 7 de diciembre de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, sostuvo que, contrario a lo estimado por el a quo,
las pretensiones grupales apuntan a la declaratoria de responsabilidad de
METROKÍA S.A. por publicidad engañosa. También, agregó que lo probado en el
proceso permitió establecer que la compañía se aprovechó de los consumidores y
creó un riesgo en su detrimento. Asimismo, refirió que la sociedad demandada debía
responder por el producto defectuoso ofrecido y que desconoció el deber de
información que le asistía frente a los compradores. Concluyó que el tribunal no
analizó la responsabilidad del concesionario por los daños causados por el producto
defectuoso, al tiempo que los vehículos adquiridos presentaban defectos de fábrica
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Radicado: 25000234100020150174201
Demandante: Alexander Beltrán Preciado y otros
y de diseño.
Asi las cosas, a partir de los cargos antes reseñados, se advierte que los reproches
dirigidos contra la sociedad METROKIA S.A. encuentran su origen y/o fundamento
en un vínculo negocial concreto: la adquisición de la camioneta KIA SPORTAGE
Revolution modelo 2014. En efecto, el grupo demandante afirma que la adquisición
de los vehículos obedeció a las condiciones y especificaciones técnicas ofertadas
por el concesario, de suerte que, a su juicio, la entrega de un automotor con
características correspondientes al modelo 2013 bajo la denominación y precio del
modelo 2014 les produjo una serie de perjuicios susceptibles de ser indemnizados.
En ese sentido, se advierte que la entrega de un automotor con características
divergentes a las ofertadas y, el desconocimiento a los deberes de información y
aprovechamiento de los consumidores, son, en su esencia, reproches dirigidos a
cuestionar el comportamiento negocial de la empresa vendedora, que se remiten al
contenido de las obligaciones derivadas del contrato de compraventa de vehículos.
En esa misma línea, los cargos relativos al producto defectuoso y a los defectos de
fábrica y diseño tampoco escapan a la lógica contractual, pues, si bien estos se
formulan desde la perspectiva del derecho de consumo, lo cierto es que encuentran
su sustrato en la obligación de entregar un bien que se corresponda con las
características pactadas y publicitadas, de manera que el núcleo de la pretensión
indemnizatoria formulada respecto de METROKÍA S.A. no es otro que la frustración
de las expectativas negociales formadas a partir de las condiciones ofertadas y
plasmadas en el acuerdo de voluntades, lo cual constituye, en últimas, la
descripción de un incumplimiento, independientemente de cuál sea la denominación
de aquellos que se le atribuyan.
En suma, aunque en el escrito de apelación no se alude expresamente a un
incumplimiento contractual, lo cierto es que los hechos descritos y los reproches
formulados denotan que la controversia frente a la sociedad METROKÍA S.A. gravita
sobre la inobservancia de las obligaciones derivadas del contrato de compraventa,
particularmente en lo que atañe a la correspondencia entre el bien ofrecido y el
efectivamente entregado, así como al deber de información que asiste al vendedor
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Radicado: 25000234100020150174201
Demandante: Alexander Beltrán Preciado y otros
frente al consumidor.
Lo anterior cobra particular relevancia si se tiene en cuenta que, conforme lo sostuvo
el tribunal y ha sido uniforme en la jurisprudencia del Consejo de Estado, el medio
de control de reparación de perjuicios causados a un grupo – antes acción de grupo
– no es la cuerda procesal idónea para pretender la reparación de perjuicios
derivados de eventuales incumplimientos contractuales, lo que conduce,
inexorablemente, a que las pretensiones resarcitorias formuladas contra la sociedad
de derecho privado accionada no estén llamadas a prosperar.
Al respecto, es pertinente resaltar que esta Corporación43 ha señalado que el medio
de control de reparación de perjuicios causados a un grupo – antes acción de grupo
– es improcedente cuando el daño reclamado tiene como causa el incumplimiento
de un contrato, toda vez que no se atribuyó competencia al juez de la pretensión
grupal para estudiar el acuerdo negocial en su validez, ni el cumplimiento de las
obligaciones allí pactadas. Por el contrario, ha sostenido que dicho instrumento
procesal resulta procedente cuanto la fuente del menoscabo no se encuentra única
y exclusivamente en los términos de cada uno de los contratos suscritos con los
miembros del grupo demandante, sino, más allá de ellos, en las obligaciones que
los trascienden, siempre y cuando no se discuta su legalidad ni su contenido
obligacional.
Bajo el anterior contexto, resulta claro que el medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo resulta improcedente para obtener la indemnización
de perjuicios frente a METROKIA S.A., pues, como se advirtió anteriormente, los
reproches que el grupo demandante le dirige a dicha sociedad no se fundan en
obligaciones legales que trasciendan el vínculo contractual, sino que se
circunscriben, en su totalidad, a la relación negocial surgida de la compra de la KIA
SPORTAGE Revolution modelo 2014.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencias del 26 de
enero de 2006, Exp.: 2002-00614-01 y del 29 de septiembre de 2015, Exp.: 2000 – 09014-01. Esta
posición fue reafirmada en la decisión del 3 de marzo de 2020, proferida por la Sala Novena Especial
de Decisión de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, dentro del
proceso tramitado con el número de radicado 25000231500020040247801.
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Radicado: 25000234100020150174201
Demandante: Alexander Beltrán Preciado y otros
En efecto, lo que se cuestiona es la correspondencia entre el bien ofrecido y el
efectivamente entregado, así como el incumplimiento del deber de información en
el marco de esa relación contractual, de suerte que la fuente del daño reclamado no
es otra que el eventual incumplimiento de las obligaciones pactadas, materia que,
conforme a lo atrás señalado, escapa la órbita del medio de control de reparación
de perjuicios causados a un grupo.
Según lo expuesto, la Sala confirmará frente a este punto lo decidido en la sentencia
del 7 de diciembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el
sentido de negar las pretensiones de la demanda respecto a la sociedad
METROKÍA S.A., comoquiera que la indemnización de perjuicios allí solicitada
frente a la compañía por el grupo demandante no puede pretenderse en el marco
de este proceso judicial.
Por lo anterior, se continuará con el examen de los presupuestos procesales
respecto de la responsabilidad atribuida a la SIC y, de hallarse satisfechos, se
procederá con el análisis del caso en concreto atendiendo los argumentos y/o
reparos formulados por el grupo demandante en el escrito de apelación.
4. Vigencia del medio de control
Si bien el tribunal de primera instancia no encontró probada la excepción de
caducidad formulada por la sociedad METROKÍA S.A., resulta necesario verificar si
la demanda se presentó dentro del término previsto por el legislador44.
44 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad
de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”.
Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
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Radicado: 25000234100020150174201
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Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general45, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial.
Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables,
irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado
hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así
como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de
solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción46, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
45 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal
a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
46 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos
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Radicado: 25000234100020150174201
Demandante: Alexander Beltrán Preciado y otros
La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se
considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de
la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su
advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio
cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores
jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta
efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial,
en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto. Sin embargo, en el anverso,
la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al
ejercicio del derecho de acción, como especie de sanción ipso iure47 que opera por
la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer
algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia 48, cuya
consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal,
significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.
El literal h) del numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prescribe que, el medio de control
de reparación de perjuicios causados a un grupo deberá presentarse dentro del
término de dos (2) años, contados a partir de “la fecha en que se causó el daño”.
47 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
48 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
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Radicado: 25000234100020150174201
Demandante: Alexander Beltrán Preciado y otros
Pues bien, se evidencia que en el sub-lite no obra prueba que permita establecer,
con grado de certeza49, la fecha en que los daños reclamados se ocasionaron ni
alguna otra de las circunstancias que den cuenta del extremo inicial desde a partir
del cual se debe contar el término para determinar si el derecho de acción se ejerció
de forma oportuna o no. Sin embargo, en aplicación de los principios pro actione y
pro damnato50, y para garantizar el acceso a la administración de justicia del grupo
de demandantes, la Sala estudiará el fondo del asunto frente a dichas pretensiones.
5. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis51.
Ahora bien, en relación con la legitimación en la causa por activa en aquellos
asuntos tramitados bajo el medio de control de reparación de perjuicios causados a
un grupo – antes acción de grupo -, es pertinente señalar que la Sección Tercera
de esta Corporación ha señalado que “la concepción de la legitimación en la causa
en el marco de la acción constitucional de grupo, se centró en la interpretación del
contenido normativo de los artículos 46 y 47 de la Ley 472 de 1998 y al respecto
concluyó que este presupuesto se conecta con la exigencia de que existan
condiciones uniformes respecto de la causa que generó el daño […]”52.
49 Fl. 136 a 202, C. 1. Al proceso se aportaron documentos de compra de vehículos, carpetas de los
negocios y las certificaciones sobre las ventas de vehículos en 2013 y matrículas de 2014. No
obstante, dichas probanzas por sí solas no dan cuenta que el día de la compra o la fecha de la
matrícula de vehículos el grupo actor tuvo conocimiento del daño, pues en la demanda se afirma que
en la fecha del negocio el vendedor no fue claro con las especificaciones del vehículo vendido, en
consecuencia, se desconoce el momento exacto en que la parte actora descubrió que las
especificaciones del vehículo adquirido distaban del promocionado.
50 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 3 de octubre de 2016. Rad.: 39133.
51 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia
de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del
caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver
sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio
de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencias del 2 de
febrero de 2001, Rad. AG 071 y del 31 de julio de 2020, Exp. 2013 – 00488. Esta posición fue reciente
acogida por la Subsección C de la Sección, en la sentencia del 16 de febrero de 2026, Rad. 69982.
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Radicado: 25000234100020150174201
Demandante: Alexander Beltrán Preciado y otros
5.1. El grupo denominado “consumidores de la camioneta KIA SPORTAGE
Revolution, modelo 2014”, representado por Alexander Beltrán Preciado y Andrea
Guzmán Sánchez, se encuentra legitimado en la causa por activa, toda vez que,
conforme a los hechos narrados en la demanda, sus integrantes sufrieron una
disminución patrimonial como consecuencia de la diferencia tarifaria aplicada en la
venta de la camioneta KIA SPORTAGE Revolution modelo 2014.
5.2. La Superintendencia de Industria y Comercio está legitimada en la causa por
pasiva, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º y 11º del
Decreto 4886 de 2011, es la autoridad a quien corresponde ejercer las facultades
de inspección, vigilancia y control en materia de protección al consumidor.
Asimismo, por ser la entidad pública a quien se atribuye la causación de los daños
reclamados.
5.3. La sociedad METROKÍA S.A. no está legitimada en la causa por pasiva, toda
vez que, en su condición de sociedad de derecho privado, no ejerce las funciones
de inspección, vigilancia y control respecto de las cuales se alegue una omisión.
Sobre este punto, debe advertirse además que la eventual legitimación que podría
predicarse de METROKÍA S.A. frente a los daños reclamados por el grupo
demandante resultaría inocua, pues, como se estableció precedentemente, el
medio de control de reparación de perjuicios a un grupo no resulta procedente por
daños derivados del incumplimiento contractual, y por ello, el análisis de
responsabilidad quedó condicionado a la omisión de la SIC en el ejercicio de sus
facultades de inspección, vigilancia y control en materia de protección al
consumidor.
6. Problema jurídico
De conformidad con lo planteado en el recurso de apelación, corresponde a la Sala
determinar si, en el caso en el concreto, hay lugar a estudiar el fondo del asunto
teniendo en cuenta que no se formularon argumentos o reparos concretos
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orientados a cuestionar o debatir lo decidido por el a quo respecto a la eventual
responsabilidad de la SIC.
7. El caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia del 7 de diciembre de
2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las
pretensiones de la demanda, la recurrente limitó sus reparos a lo siguiente:
• Contrario a lo señalado por el a quo, las pretensiones grupales apuntan a la
declaratoria de responsabilidad de METROKÍA S.A. por publicidad engañosa;
• Lo probado en el proceso permitió establecer que la compañía se aprovechó
de los consumidores y creó un riesgo en su detrimento;
• La sociedad demandada debía responder por el producto defectuoso ofrecido
y que desconoció el deber de información que le asistía frente a los
compradores;
• El a quo no analizó la responsabilidad del concesionario por los daños
causados por el producto defectuoso, al tiempo que los vehículos adquiridos
presentaban defectos de fábrica y de diseño.
De lo anterior se desprende que, pese a que el tribunal estableció que ninguna de
las pruebas del proceso permitió estructurar una obligación resarcitoria en cabeza
de la SIC, la recurrente no formuló ningún reparo tendiente a cuestionar o debatir
su responsabilidad, lo cual denota su conformidad con decidido en primera
instancia.
En este sentido, y comoquiera que solo la parte demandante presentó recurso de
apelación contra el fallo del proferido el 7 de diciembre de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
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32853 del Código General del Proceso, únicamente habrá lugar a resolver los cargos
formulados contra la decisión recurrida.
Asi las cosas, habida cuenta que el medio de control de reparación de perjuicios
causados a un grupo resulta improcedente frente a los daños reclamados por el
incumplimiento contractual atribuido a METROKIA S.A., y dado que el extremo
activo no formuló reparo alguno frente a lo decidido en la sentencia de primera
instancia sobre la eventual responsabilidad de la SIC, en consonancia con la
decisión del 9 de febrero de 2012 proferida por la Sala Plena de esta Sección 54 y
con el criterio de esta Subsección55, se confirmará en este punto lo decidido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia del 7 de diciembre de
2017.
En otras palabras, en el caso en concreto no habrá lugar a pronunciarse de fondo
sobre la eventual responsabilidad de la SIC, habida cuenta que el extremo activo no
elevó reparo alguno en la apelación frente a lo resuelto por el a quo sobre dicha
autoridad y, debe reiterarse, que la competencia del juez de segunda instancia está
delimitada por los argumentos y reparos concretos formulados por el recurrente, de
manera que, al no haber sido cuestionada la decisión del tribunal en este aspecto,
está vedado el examen sobre su eventual responsabilidad.
En virtud de lo anterior, en la parte resolutiva de esta providencia se modificará la
sentencia del 7 de diciembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda, para adicionar un
numeral que disponga declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
sociedad METROKIA S.A., frente a las pretensiones resarcitorias solicitadas por la
53 Artículo 328. “Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado
toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
(…)
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella (…)”.
54 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 9 de febrero de 2012, Rad.: 21060.
55 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C. Sentencia del 14 de julio de 2025, Rad. 55619, del 11 de agosto de 2025, Rad. 56489,
del 17 de agosto de 2025, Rad. 52276 y del 9 de diciembre de 2025, Rad. 56561.
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omisión a los deberes de inspección, vigilancia y control en materia de protección al
consumidor, por las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.
8. Condena en costas
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a
la condena en costas, a saber:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación
que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus
partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la
segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 5.
En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de
su decisión […]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que
se causaron y en la medida de su comprobación”.
De conformidad con las normas anteriormente transcritas, en la parte resolutiva se
condenará en costas a la parte demandante, toda vez que el recurso de apelación
que interpuso no prosperó.
La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos
del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo
dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha
liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.
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En relación con las agencias en derecho56 en segunda instancia, se entienden
causadas debido a la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación
desplegada por la parte vencedora57.
A su turno, el Acuerdo 1887 de 200358 proferido por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, determina que, en los procesos declarativos con
cuantía en segunda instancia, podrán fijarse “hasta por el cinco por ciento (5%) del
valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.
En este sentido, comoquiera que la actuación de la parte demandada (METROKIA
S.A.) en segunda instancia comprendió la presentación de alegatos de conclusión59,
lo cual denota un comportamiento activo en el trámite procesal, habrá lugar al pago
de las agencias en derecho a cargo del extremo activo y a favor de la demandada,
las cuales se fijan en la suma equivalente al cero punto uno (0.1%) de las
pretensiones solicitadas en la demanda para METROKIA S.A. (pues la SIC guardó
silencio en el trámite de segunda instancia), que deberán ser liquidadas por
Secretaría.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 7 de diciembre de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda, la cual quedará así:
“[…] PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la falta de legitimación en la causa
por pasiva de la sociedad comercial METROKIA S.A., frente a las pretensiones
resarcitorias solicitadas por la omisión a los deberes de inspección, vigilancia y control
56 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
57 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034
58 Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho.
59 Fl. 642 a 652, C.4.
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Demandante: Alexander Beltrán Preciado y otros
en materia de protección al consumidor, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo
dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso.
CUARTO: FIJAR en el presente proceso, como agencias en derecho por la segunda
instancia, el cero punto uno (0.1%) de las pretensiones solicitadas en la demanda, a
cargo de la parte demandante y a favor de la sociedad METROKÍA S.A.”
SEGUNDO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
VF/EX1
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