Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2015-01841-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2015-01841-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2015-01841-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia:MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2015-01841-01
Actores: MARIA EMMA HURTADO SÁNCHEZ Y SIGIFREDO
VALENCIA BOCIGA
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA. LA PARTE
ACTORA NO LOGRÓ DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE
LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECRETÓ LA
EXPROPIACIÓN POR VIA ADMINISTRATIVA. EL AVALÚO Y EL
DICTAMEN PERICIAL QUE SE ALLEGAN AL PLENARIO NO
ADVIERTEN NI DEMUESTRAN LOS ERRORES EN QUE PUDO
INCURRIR EL AVALÚO OFICIAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia de 14 de marzo de 2019, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “A”1, por medio de la cual se denegaron las
pretensiones de la demanda.
1
En adelante el Tribunal.
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Número único de radicación:25000234100020150184101
Actores: María Emma Hurtado Sánchez y Sigifredo Valencia Bociga
I.- ANTECEDENTES
I.1.- Los señores Maria Emma Hurtado Sánchez y Sigifredo
Valencia Bociga, actuando a través de apoderado, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA,
presentaron demanda contra el Instituto de Desarrollo Urbano -
IDU, en la que formularon las siguientes pretensiones2:
“[…] PRETENSIONES
DECLARACIONES PRINCIPALES
1.- Que acorde con el numeral 4 del Artículo 70 de la ley 388
de 1997, se declare sin efecto el proceso expropiatorio que se
surtió con el inmueble ubicado en la Calle 127 D Bis No. 90 C -
09 de la ciudad de Bogotá, el cual culminó con la Resolución
No. 37 del 06 de enero de 2015, “Por la cual se ordena una
expropiación por vía administrativa”, siendo ésta notificada
personalmente a mis mandantes, el día 4 de febrero de 2015,
quedando ejecutoriada el día 19 de febrero del 2015.
2.- Que como consecuencia de la anterior declaración se
ordene al Instituto de Desarrollo Urbano IDU surtir
nuevamente el proceso expropiatorio del inmueble ubicado en
la Calle 127 D Bis No. 90 C-09 de Bogotá.
DECLARACIONES SUBSIDIARIAS
1.-Que de no acceder a lo peticionado anteriormente y acorde
con el Artículo 58 de la Constitución Política; numeral segundo
del Artículo 68 de la Ley 388 de 1997; Sentencia 1074 de 2002
de la Corte Constitucional y Sentencia C-476 del 2007, se
declare la Nulidad Parcial de la Resolución No. 37 del 06 de
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enero de 2015, “POR LA CUAL SE ORDENA UNA EXPROPIACIÓN
POR VIA ADMINISTRATIVA”. Modificando el Artículo SEGUNDO
y TERCERO. Parte Resolutiva –“VALOR DEL PRECIO
INDEMNIZATORIO.” Y FORMA DE PAGO. Ordenando pagar el
Precio Justo.
2.-Que de acuerdo con el Parágrafo 2 del artículo 67 de la Ley
388 de 1997, se declare que mis mandantes se encuentran
exentos de los pagos tributarios que por razones de
expropiación administrativa les obligaron a cancelar, toda vez
que sí, optaron por la vía contenciosa administrativa, fue por la
necesidad a que los llevo el Instituto de Desarrollo Urbano IDU,
al ofertar un precio injusto, así como por la falta de
negociación, más no por capricho de la demandante.
3.-Que como consecuencia de lo anterior se condene al
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, a ajustar el precio
y así pagar a mis mandantes MARIA EMMA HURTADO
SÁNCHEZ y SIGIFREDO VALENCIA BOCIGA, los valores que en
adelante relaciono y/o de conformidad con lo que resulte
probado en el proceso; montos que han de ser actualizados en
su valor.
2.1. DAÑO EMERGENTE
2.1.1. La suma de DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES
SETESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
SESENTA Y OCHO PESOS M/cte, ($226.757.5568.oo), por
ajuste al valor ordenado y pagado con la Resolución No. 37 del
06 de Enero de 2015, por concepto de terreno y construcción
del inmueble ubicado en la Calle 127 D Bis No. 90 C -09 de
Bogotá, identificado con cédula catastral 0092184228000000000,
CHIP AAA0132YWTO y matrícula inmobiliaria 50N-20110325.
2.1.2. La suma que corresponda al pago de Notaría y Registro
por la compra que deba realizar mi mandante en reposición del
bien expropiado, como Gastos Notariales proporcional al valor
que se declare en la sentencia, así:
Gastos Notariales: 3X1000
Iva Gastos Notariales: (16%)
Gastos de Escrituración
Gastos de Registro 0.5 %
Beneficencia: (1. %)
2.1.3. Los Gastos de Desconexión de los Servicios Públicos así:
• Energía Codensa Retiro de acometida y medidor. Conexión
residencial $91.472.oo
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• Acueducto EAAB Un medidor con suministro de tapón macho
de hg $171.460.oo
• Gas Natural: suspensión definitiva $131.032.oo.
2.1.4. El valor de SEIS MILLONES SETESCIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL NOVESCIENTOS PESOS M/cte ($6.792.900.oo)
equivalente al 2.5% que les retuvo el Instituto de Desarrollo
Urbano IDU, por enajenación de bienes Raíces, toda vez que la
aplicación de la tabla de la tarifa tributaria ha sido aplicada de
manera indebida, ya que mis mandantes deben ser exentos de
la misma por ser expropiación por vía administrativa por la
decisión unilateral y arbitraria del precio ofertado por parte del
IDU, y que en el peor de los casos la retención correspondería
al 1.5%., máxime cuando no se evalúo de manera individual la
retención sino que lo tomaron como si los dos fueran uno solo.
2.1.5. El valor que se determine a través de perito designado
por el Honorable Tribunal, donde se determine el valor de la
Plusvalía no reconocido en la indemnización y que eleva el
precio del bien expropiado por el anuncio del proyecto de no
haber sido expropiado y que tienen derecho por haber
cancelado la valorización.
2.2. LUCRO CESANTE
2.2.1. La suma de CATORCE MILLONES SETENTA MIL PESOS
M/cte ($14.070.000.oo) que por concepto de ingresos que
dejaran de recibir por el concepto de arrendamiento así:
El segundo Piso del inmueble, se encuentra arrendado por
valor de $450.000.oo. Mensual.
El Tercer Piso del inmueble, se encuentra arrendado por valor
de $400.000.oo mensual.
El cuarto y quinto Piso del inmueble, se encuentra arrendado
por valor de $720.000.oo mensual.
Dos locales comerciales por valor de $415.000.oo y
$360.000.oo cada uno, mensual.
3. A la sentencia que le ponga fin al proceso se le dará
cumplimiento en los términos de los artículos 192 del C.C.A.
[…]”.
I.2.- Como hechos relevantes de la demanda fueron señalados los
siguientes:
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Mediante contrato de compraventa de fecha 2 de agosto de 1996,
adquirieron el inmueble ubicado en la Calle 127 D Bis núm. 90 C-
09, Barrio Altos de la Esperanza, Localidad de Suba, identificado
con el dolió de matrícula inmobiliaria núm. 50N-20110325.
La entidad demandada formuló la oferta de compra del mencionado
bien con fundamento en el avalúo comercial núm. 2014-0724 de
fecha 9 de julio de 2014, elaborado por la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital (UAECD), documento que, a juicio de
los actores, desconoció lo previsto en el Decreto núm. 1420 de
1998 y las Resoluciones 620 de 2008 y 1044 de 2014 expedidas
por el Instituto Colombiano Agustín Codazzi - IGAC, en materia de
indemnización y reconocimiento del lucro cesante, toda vez que no
obra tasación alguna por este último concepto derivado de los
ingresos por arriendo que percibía el predio.
En vista de que la parte actora no se encontraba de acuerdo con el
valor ofertado, el IDU ordenó la expropiación por vía administrativa
con los valores inicialmente presentados en el avalúo oficial, a
través de la Resolución 37 de 6 de enero de 2015.
Posteriormente, mediante Resolución núm. 8639 de 8 de octubre de
2014, la demandada determinó la adquisición del inmueble de
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propiedad de los actores, por vía administrativa y constituyó oferta
de compra por valor de $271.716.000 por concepto de terreno y
construcción; y la suma de $6.683.796, a título de indemnización
por daño emergente.
Dicho acto administrativo se notificó de manera personal el 4 de
febrero de 2015, sin que se interpusiera el recurso de apelación. No
obstante, la parte actora presentó solicitud de revocatoria directa,
alegando la existencia de un agravio injustificado e insistió en la
necesidad de ponderar el valor reconocido, incluir el lucro cesante y
verificar el cumplimiento de los requisitos provisto por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en materia de tasación de
perjuicios derivados de la expropiación administrativa.
El IDU hizo caso omiso a la solicitud de revocatoria aduciendo en
oficio núm. 20153250407931 de fecha marzo 30 de 2015 que “la
entidad solicitante podrá pedir la revisión o impugnación al avalúo
dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que la entidad
realizo el avalúo y que lo pone en conocimiento a causa de falencias
técnicas, que éste no las tenía y que la oportunidad para presentar
las inconformidades, es con los recursos de ley, y termina
considerando que no existe mérito para revocar la Resolución 37
del 6 de Enero de 2015”.
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I.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de
los artículos 2º, 4º, 6º, 13, 58, 83 y 124 de la Constitución
Política; 63 a 71 de la Ley 388 de 19973; y 2º, 3º y 22 del Decreto
1420 de 19984.
En síntesis, sustentó el concepto de violación, así:
Señaló la vulneración de los numerales 2 y 4 del artículo 70 de la
Ley 388 de 1997, toda vez que el IDU no puso a disposición
inmediata los dineros correspondientes a la indemnización por
concepto de la expropiación administrativa, omisión que no puede
ser subsanada ni justificada por los trámites internos que la entidad
invoque, pues contraviene la exigencia legal de entregar
oportunamente de la compensación, de modo que, ante la
persistencia de ese vicio, debía haberse repetido el procedimiento
expropiatorio para garantizar la efectiva reparación de los
afectados.
Sustento la vulneración de los artículos 2º, 4º, 6º, 13, 58, 83 y 124
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Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.
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Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto
ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y,
el artículo 11 del Decreto Ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos.
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de la Constitución Política, en que la entidad expropiante incumplió
el deber de actuar con imparcialidad y buena fe, al dejar de pagar
la indemnización justa que correspondía por la afectación
patrimonial, conducta que presuntamente afecta la protección
constitucional del derecho de propiedad y la garantía de una
reparación integral.
Destacó que el IDU incurrió en una incoherencia estructural al
tomar como base para la determinación indemnizatoria el avalúo
comercial practicado por la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital, sin distinguirlo del valor indemnizatorio por
concepto de un precio justo que debe reconocerse a los propietarios
en virtud de la expropiación. Dicha confusión se tradujo en una
liquidación que carece de la debida motivación técnica y jurídica,
pues se limitó a reproducir el monto consignado en el avalúo oficial
sin efectuar la ponderación y los ajustes que exige la Ley 388 de
1997 y los principios de reparación integral.
Sostuvo que la actuación administrativa omitió valorar las
circunstancias personales y económicas de los actores que inciden
directamente en la cuantificación del daño patrimonial, al no tener
en cuenta que se encuentran imposibilitados para laborar, no se
valoró su grado de instrucción —no profesional— que dificulta el
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acceso a un empleo digno; tampoco se consideró que superan 50
años de edad, factor que agrava la vulnerabilidad frente a la
pérdida del bien y limita las posibilidades de reinserción laboral,
elementos relevantes para determinar el lucro cesante y para fijar
una indemnización que cumpla con la finalidad reparadora prevista
en el ordenamiento.
Precisó que no se motivó la exclusión o la no tasación del lucro
cesante derivado de los ingresos por arriendos que generaba el
predio, extremo que aparece omitido en la liquidación
indemnizatoria; y la ausencia de una tasación específica del lucro
cesante impidió conocer la metodología aplicada, los períodos
considerados y las proyecciones económicas utilizadas, lo que
vulnera el principio de transparencia y la exigencia de motivación
de los actos administrativos.
Alegó que la parte demandada no corrigió la estratificación del
inmueble pese a existir constancia de que el predio, a partir del año
2015, corresponde al estrato 3, circunstancia que, por su incidencia
en la valoración del suelo y en los parámetros económicos
aplicables, modifica de manera ostensible el valor del bien objeto de
expropiación.
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Señaló que acorde con el avalúo comercial realizado por la Firma
Sarmiento & Osorio núm. 9892 de 2014, el valor real del predio,
basado en criterios reales y ajustados a la Ley 388 de 1997,
asciende a la suma de $498.473.500, por lo que solicita tenerlo en
cuenta como referente para la consecución de sus pretensiones.
Indicó que el IDU, de manera arbitraria, disminuyó el valor
reconocido por concepto de la expropiación descontando el
reconocimiento de desconexión de servicios públicos, impuesto
predial y gastos de escrituración, adicional al hecho de que se
presentó una retención por valor de $6.792.900, emolumentos que
no debían ser descontados.
Adujo que la entidad expropiante omitió la aplicación de lo
dispuesto en los artículos 23 y 37 de la Ley 1682, que determinan
que la indemnización debe realizarse de manera integral,
incluyendo el daño emergente y el lucro cesante “pero la
demandada no canceló, ni ordenó cancelar en la indemnización el
lucro cesante al cual tenían derecho mis mandantes”.
I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
I.4.1.- El IDU contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de
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las pretensiones en los siguientes términos5:
Expresó que el avalúo oficial en virtud del cual se expidieron los
actos administrativos impugnados se ajustó plenamente a lo
previsto en la Ley 388 de 1997, a las resoluciones del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi y a las disposiciones complementarias
aplicables. Ello, en razón a que de la lectura del avalúo oficial núm.
2014-0724 RT 39966, expedido por Catastro Distrital, se desprende
con claridad que se siguieron en su integridad los procedimientos
exigidos para la elaboración de dicho documento, esto es, visitas al
predio, valoración de las características de la construcción, análisis
de la distribución de sus elementos y apreciación del estado de
conservación; el valor del terreno se determinó conforme a lo
previsto en la Resolución IGAC 620 de 2008 y, para la cuantificación
del valor comercial, se aplicó el método de comparación de
mercado teniendo en cuenta ofertas de inmuebles con
características semejantes al bien objeto de avalúo, las cuales se
encuentran debidamente identificadas mediante su dirección, valor
del predio, área del terreno, valor de la construcción y la fuente que
permite verificar la autenticidad de cada oferta.
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Adujo que los costos de construcción se determinaron utilizando
como referencia los costos por tipología utilizados por Catastro
Distrital y la depreciación se calculó según la vida útil y edad
aproximada de la construcción, la cual según la información
obtenida durante la inspección del terreno, correspondía a 25 años.
Indicó que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
el resarcimiento derivado de la expropiación administrativa
comprende exclusivamente los perjuicios materiales y no los
morales, en tanto estos últimos no guardan correspondencia con la
reparación prevista en el artículo 58 de la Constitución Política y,
por su propia naturaleza, resultan irreparables. En tal sentido, la
aflicción que pueda experimentar el particular por la pérdida de su
derecho de propiedad no constituye un daño susceptible de
reparación pecuniaria, de modo que carece de fundamento sostener
que la indemnización debía cubrir otros tipos de perjuicios cuando
el acervo probatorio no acredita su ocurrencia. Además, la
indemnización reconocida en el acto impugnado incluyó, conforme a
la ley y a la jurisprudencia, los valores correspondientes a los
avalúos de terreno y construcciones, así como el daño emergente y
el lucro cesante en la medida en que fueron debidamente
comprobados, por lo que no se advierte omisión en la cuantificación
de los conceptos indemnizatorios exigibles.
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Adujo que, con base en lo anterior, el valor inicialmente reconocido
ascendió a $278.399.796 mediante la Resolución 37 de enero 6 de
2015, suma que se desagregó en $271.716.000 por concepto de
avalúo comercial del terreno y la construcción y $6.683.796 por
concepto de indemnización por daño emergente.
Indicó que conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 388
de 1997, la indemnización en los procesos de expropiación debe ser
previa y fijarse atendiendo tanto a los intereses de la comunidad
como a los del afectado, acreditándose en el caso concreto que el
valor correspondiente fue girado el 23 de abril de 2015 y quedó a
disposición de los propietarios para su retiro, razón por la cual se
precisó que los trámites administrativos para la efectivización de
dicho pago no son irregulares o extemporáneos, sino que se
sujetan a los términos y fechas programadas por la Dirección
Técnica Administrativa y Financiera y por la Subdirección Técnica de
Presupuesto y Contabilidad, conforme a los cronogramas
establecidos para las expropiaciones adelantadas por vía
administrativa.
Advirtió que el informe técnico de avalúo núm. 20140724, tuvo en
cuenta los datos vigentes al momento de la visita realizada por los
profesionales de la UAECD, de modo que en el apartado relativo a
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la “descripción del sector”, se estableció, conforme al Decreto 291
del 26 de junio de 2013, expedido por la Secretaría de Planeación
Distrital, que el sector estaba clasificado en el estrato
socioeconómico 2.
Adicional a lo anterior, indicó que la modificación del estrato de
sector no es que determine un cambio ostensible en el valor del
bien expropiado como lo afirma el demandante, toda vez que tal
ítem está inmerso en los valores concluyentes por la oferta y la
demanda de los inmuebles del sector, es decir, en la oferta de venta
de un bien están previstas todas las características físicas,
normativas, económicas y de estrato que corresponden al sector,
consideradas en la proporción que determine el ofertante.
Precisó que de la revisión del informe presentado por la firma
SARMIENTO & SOTO, no cuenta con el respaldo técnico ni jurídico,
toda vez que dentro del análisis para determinar el valor por metro
cuadrado construido, no hace referencia alguna a la fuente de
información de la cual se obtiene el valor de reposición asignado al
predio, toda vez que este valor debe corresponder al precio nuevo
del predio objeto de avalúo, de acuerdo a sus componentes
constructivos, y debe responder a presupuestos de obra, tipologías
constructivas o fuentes de información de revistas especializadas, lo
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que hace evidente el error grave de procedimiento en la
determinación del precio del predio en este avalúo
Indicó que el IDU no efectúa descuentos de manera arbitraria, sino
en estricto cumplimiento de las facultades legales que le han sido
conferidas, dentro de las cuales se establece la obligación de aplicar
un recaudo del 2.5% por concepto de retención en la fuente, según
a lo previsto en los Decretos 260 de 2001 y 2413 de 2013; en
consecuencia, precisó que los descuentos realizados no obedecen a
decisiones discrecionales de la entidad, sino que responden a
tributos de orden nacional expresamente previstos en el artículo
401 del Estatuto Tributario.
Finalmente propuso las excepciones denominadas falta de
elementos que desvirtúen la presunción de legalidad del acto
administrativo acusado, cumplimiento de los requisitos
constitucionales y legales para la determinación del precio
indemnizatorio, y cumplimiento de los requisitos legales para la
elaboración del avalúo e inexistencia del resarcimiento por
aplicación debida de la norma.
II.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
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El Tribunal, mediante sentencia de 14 de marzo de 20196, denegó
las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes
razonamientos:
El procedimiento para efectos del pago de la indemnización a causa
de la expropiación administrativa se ciñó a lo dispuesto en el
numeral 2 del artículo 70 de la Ley 388 de 1997, toda vez que
mediante acta de 24 de abril de 2015 se entregó a los
demandantes, en sobre sellado, los números de identificación del
pago solicitado por el Banco de Occidente para reclamar los
cheques en la sucursal por valor de $269.513.386, suma que se
giró el día 28 de abril de 2015.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 3º de la Resolución núm.
37 de 2015, se constató que el pago se encontraba supeditado a la
realización de los trámites financieros correspondientes y que, una
vez cumplidos, fue puesto a disposición de los actores, quienes
reclamaron el precio indemnizatorio; en consecuencia, no se
advertía la vulneración alegada pues el valor reconocido por
concepto de lucro cesante fue cancelado mediante orden de pago
núm. 3907 del 5 de octubre de 2015, suma que consta en la
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complementación del avalúo oficial 2014-0724, de fecha 16 de junio
de 2015, y que se consignó expresamente como pérdida de utilidad
por renta.
Que conforme a la revisión del avalúo aportado por el demandante
y el rendido durante el transcurso del proceso, a través de un
dictamen pericial, no se desvirtuó la presunción de legalidad del
avalúo oficial elaborado por la UAECD, que sirvió de base para la
expedición del acto administrativo impugnado; y si bien el peritaje
invocó el método comparativo o de mercado, las ofertas
seleccionadas por la perito presentan diferencias significativas
respecto del inmueble expropiado, en particular, en el área de
construcción, por lo que no pueden reputarse bienes comparables y,
en consecuencia, no afectan la validez técnica del avalúo oficial.
El avalúo aportado con la demanda no contiene un estudio
debidamente ponderado, pues si bien invoca la aplicación del
método del costo de reposición —método que, conforme al artículo
3º de la Resolución IGAC 620 de 2008, busca determinar el valor
comercial estimando el costo actual de la construcción de bienes
semejantes y restando la depreciación acumulada—, el informe no
identifica la metodología empleada para fijar el valor del metro
cuadrado del terreno ni explica los criterios o parámetros utilizados
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para calcular el valor unitario de la construcción; además, existe
una evidente incoherencia en el área de construcción consignada en
el avalúo presentado por los demandantes, circunstancia que
compromete la fiabilidad técnica del mentado avalúo.
De conformidad con lo establecido en los artículos 68 de la Ley 388
de 1997 y 58 de la Constitución Política, y la jurisprudencia
constitucional, la indemnización por expropiación no persigue la
restitución del costo necesario para adquirir un bien en idénticas
condiciones, sino el resarcimiento de los perjuicios materiales
efectivamente causados; por tanto, criterios tales como el tiempo
invertido en la construcción, la edad de los expropiados que limite
su capacidad laboral, su nivel de escolaridad o las circunstancias
familiares, no constituyen parámetros autónomos y válidos para la
determinación del monto indemnizatorio.
Adujo que los actores fueron notificados de la resolución que
determinó la adquisición del inmueble, circunstancia que les
permitió desde ese momento aportar pruebas y controvertir el
resultado del avalúo, y la inactividad posterior no puede invocarse
como causa que les impidiera ejercer tales derechos en la
oportunidad procesal correspondiente. Además, consta en el
expediente que, con posterioridad al acto que ordenó la
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expropiación, el IDU el 27 de abril de 2015 inició una actuación
administrativa en atención a la solicitud presentada por la señora
María Emma Hurtado, encaminada al reconocimiento de lucro
cesante, frente a la cual la demandada expidió la Resolución 55421
de julio de 2015, a través de la cual reconoció por dicho concepto la
suma de $11.347.500
No se vulneró lo previsto en el artículo 22 del Decreto 1420 de
1998, pues para la fecha de expedición del avalúo oficial y de la
resolución de expropiación regía el Decreto Distrital 291 del 26 de
junio de 2013, según el cual el predio de los demandantes se
catalogaba en estrato 2. Si bien la parte actora aportó la Resolución
núm. 008 del 27 de febrero de 2015, mediante la cual el director de
Estratificación de la Secretaría Distrital de Planeación elevó a
estrato 3 la vivienda ubicada en la calle 127D Bis n.º 90C-09, tal
modificación no altera la aplicación de las disposiciones vigentes al
momento del avalúo y de la expedición del acto de expropiación,
por lo que la alegación de la demandante carece de fundamento.
Frente al cuestionamiento según el cual en la oferta de compra se
fijó el precio indemnizatorio sin reconocer entonces el monto
correspondiente al lucro cesante por ingresos de arrendamiento,
advirtió que el avalúo oficial se elabora con base en la información
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suministrada por la entidad solicitante —en el presente caso, el
IDU— y en los datos aportados por los propietarios durante la
visita pericial; en consecuencia, la omisión alegada en la oferta de
compra no desvirtúa la validez técnica del avalúo oficial, pues los
argumentos de los actores carecen de fundamento probatorio
suficiente para demostrar que la metodología o los insumos
utilizados en la tasación fueron inadecuados o incompletos, máxime
cuando, con posterioridad al acto administrativo de expropiación,
los actores allegaron copia de los contratos de arrendamiento,
documentación que fue tenida en cuenta por el IDU y que motivó
al reconocimiento del lucro cesante a través de la Resolución núm.
55421 de 2015.
Resaltó que tampoco tenía vocación de prosperidad la presunta
omisión de lo previsto en los artículos 23 y 37 de la Ley 1682 de
2013, en atención a que no se acreditó que se hubieren incurrido
en los gastos totales que fueron descontados de la indemnización
inicialmente ofertada, esto es, por concepto de gastos de
escrituración, desconexión de servicios públicos, notariado, registro
y beneficencia, gastos de adquisición de inmueble y gastos de
impuesto predial.
En cuanto a la aplicación de retenciones sobre el valor a pagar,
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precisó que, al no haberse producido la enajenación voluntaria, la
demandante no podía acceder a los beneficios tributarios previstos
en el parágrafo 2º del artículo 67 de la Ley 388 de 1997. En
consecuencia, correspondía aplicar las deducciones establecidas en
el inciso segundo del artículo 5 del Decreto 1512 de 1985,
modificado por el artículo 2º del Decreto 2418 de 2013, así como
las previstas en el artículo 401 del Estatuto Tributario.
III.- RECURSO DE APELACIÓN
La parte actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia y
que, como consecuencia de ello, se declare la nulidad parcial del
acto administrativo acusado. Para el efecto, sustentó su
inconformidad, en esencia, así7:
Reiteró los argumentos expuestos en la demanda, relativos al
desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 388 de
1997, en la medida en que la entidad omitió poner de manera
inmediata a disposición los recursos destinados a la indemnización
por la expropiación administrativa, la cual, en su criterio, no puede
ser subsanada ni justificada mediante los trámites internos que la
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entidad invoque, pues desconoce la exigencia legal de entregar
oportunamente la compensación, la cual, en este caso, solo se
efectuó hasta octubre de 2015, esto es, un año después de
presentada la oferta de compra.
Señaló que el avalúo oficial no se ajustó a lo previsto en las
resoluciones del IGAC, en tanto que los dictámenes aportados con
la demanda y dentro del transcurso del proceso, a través de perito
avaluador si evidencian el método correcto para tasar el inmueble e
identificar el valor real del metro cuadrado del terreno, que
asciende a más de cuatrocientos millones de pesos.
Indicó que el Tribunal no analizó las pruebas documentales
allegadas en la demanda y desconoció que la IDU no dio a conocer
las fuentes que determinan la indemnización.
Señaló que los demandantes son personas de la tercera edad,
aspecto que el IDU no tuvo en cuenta para ponderar la tasación,
pese a que la Constitución Política les reconoce una protección
especial en atención a su situación de vulnerabilidad y que debió
ser considerado como un criterio relevante para garantizar una
indemnización justa y proporcional.
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Manifestó su inconformidad frente a los descuentos practicados por
la entidad expropiante al momento de realizar el pago de la
indemnización, consistentes en una retención del 2.5% por
enajenación de bienes raíces y en la deducción del 20% de los
ingresos reconocidos por concepto de lucro cesante, en razón a que
tales descuentos redujeron la suma reconocida a título de
indemnización, y que, además, no existe disposición normativa en
materia tributaria que autorice tales deducciones.
Sostuvo que la parte demandada confundió la idoneidad del perito
acorde con las exigencias del artículo 228 del CGP a diferencia de
los que son nombrados o designados por el despacho art. 230 del
C.G.P. Al respecto indicó que la entidad “pone de presente la Ley
1673 de 2013 pero omiten hacer referencia en primero (sic) lugar a
la entrada en vigencia 19 de enero de 2013 (seis meses después de
su publicación, es decir 19 de enero de 2014) y, en segundo lugar,
el artículo 6 de esta en su PARÁGRAFO 1. Régimen de transición.
Por única vez y dentro de un periodo de veinticuatro (24) meses
contados a partir de la fecha en que quede en firme la resolución de
la primera entidad reconocida de autorregulación por la
Superintendencia de Industria y Comercio, los nacionales o los
extranjeros autorizados por esta ley que a la fecha de expedición de
la presente ley se dedican a la actividad del avaluador, podrán
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inscribirse en el Registro Abierto de Avaluadores sin necesidad de
presentar prueba de la formación académica exigida en este
artículo, acreditando (i) certificado de persona emitido por entidad
de evaluación de la conformidad acreditado por el Organismo
Nacional de Acreditación de Colombia y autorizado por una Entidad
Reconocida de Autorregulación, y (ii) experiencia suficiente,
comprobada y comprobable mediante, avalúos realizados y
certificaciones laborales de por lo menos un (1) año anteriores a la
presentación de los documentos” …”Que en el peor de los casos su
vigencia de manera completa entraría el 19 de enero de 2016,
nótese que el avalúo presentado tiene fecha de enero de 2015”.
Indicó que se desconoció lo previsto en el artículo 22 del Decreto
1420 de 1998 al haberse congelado la estratificación económica,
pues aunque para la fecha del avalúo comercial el inmueble
figuraba en estrato 2, la Secretaría de Planeación, mediante
Resolución 037 de 2015, determinó que el predio correspondía al
estrato 3, circunstancia que fue ignorada por la entidad
demandada.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
IV.1.- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en
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esta instancia, la parte actora, reiteró los argumentos esgrimidos
en el recurso de apelación8.
IV.2- Por su parte, El IDU indicó que los actos acusados se
ajustaron a derecho teniendo en cuenta que fueron expedidos con
el lleno de los requisitos legales; en el proceso no se acreditó
ninguna falencia en el avalúo oficial, en el trámite adelantado, ni
tampoco en la apelación se señaló omisión probatoria o error de
interpretación normativa9.
IV.3.- El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Acto demandado
En el presente asunto es cuestionada la siguiente resolución:
Resolución núm. 37 de 6 de enero de 2015, expedido por la
directora técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano -
IDU, por medio de la cual ordenó la expropiación por vía
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administrativa del inmueble ubicado en la Calle 127 D BIS núm.
90C-09, CHIP AAA0132YWTO y matricula inmobiliaria 50N-
20110325, en los siguientes términos10:
“[…] ARTICULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía
administrativa a favor del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU
del inmueble ubicado en la CL 12D BIS No. 90c-09, de la Ciudad
de Bogotá D.C., con cédula catastral 009218422800000000,
CHIP AAA0132YWTO y matrícula inmobiliaria 50N-20110325,
cuyos titulares inscritos objeto de expropiación son los señores
SIGIFREDO VALENCIA BOCIGA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.151.541 y la señora MARÍA EMMA HURTADO
SÁNCHEZ identificada con cédula de ciudadanía No.20.952.091
conforme al registro topográfico número 39966 elaborado por la
Dirección Técnica de Predios en el mes de diciembre de 2012,
cuyos linderos específicos son: Por el NORTE: Del punto D al
punto A en línea recta y distancia de (6.00mts) lindando con la
calle 127 D Bis. Por el ORIENTE: Del punto A al punto B en línea
recta y distancia de (11.82 mts) lindando con propiedad
particular RT 39965. Por el SUR: Del punto B al punto C en línea
recta y distancia del (6.16mts) lindando con propiedad
particular RT 39967. Por el OCCIDENTE: Del punto C al punto D
en línea recta y distancia de (11.87 mts) lindado con propiedad
particular RT 39973 y RT 39972 y cierra
ARTÍCULO SEGUNDO: VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO. -
El valor del precio indemnizatorio de la expropiatorio que se
ordena por la presente resolución es de DOSCIENTOS SETENTA
Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y SEIS PESOS ($276.306.286oo) MONEDA
CORRIENTE, el citado valor incluye:
1. La suma de DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES
SETECIENTOS DIECISEIS MIL PESOS ($271.716.000,oo)
MONEDA CORRIENTE por concepto de terreno más construcción
conforme al avalúo comercial No. 2014-0724 de fecha 9 de julio
de 2014, elaborado por la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital- Gerencia de Información Catastral,
Subgerencia de Información Económica.
2. La suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($4.590.286.oo)
10
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MONEDA CORRIENTE por concepto de daño emergente
conforme al avalúo comercial No. 2014-0724 de fecha 9 de julio
de 2014, elaborado por la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital- Gerencia de Información Catastral,
Subgerencia de Información Económica.
PARÁGRAFO: Que la presente resolución de expropiación, no
implica la aplicación del artículo 129 de la Ley 142 de 1994 que
establece la cesión de los contratos de servicios públicos con
ocasión de la transferencia de dominio: “En la enajenación de
bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión de todos los
contratos de servicios públicos domiciliarios, salvo que las
partes acuerden otra cosa. La cesión operará de pleno derecho,
e incluye la propiedad de los bienes inmuebles por adhesión o
destinación utilizados para usar el servicio”, teniendo en cuenta
que los predios adquiridos por el IDU por motivos de utilidad
pública e interés social son destinados exclusivamente a la
construcción de obras de infraestructura vial lo que implica un
cambio en la naturaleza del mismo que pasa de ser un inmueble
con vocación de domicilio para convertirse en un bien de uso
publico dejando por ello de ser destinatario de servicios públicos
domiciliarios, motivo por el cual continuará siendo responsable
del consumo, deudas y demás cargos que se generen hasta la
cancelación de los mismos a los señores SIGIFREDO VALENCIA
BOCIGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.151.541
y la señora MARIA EMMA HURTADO SANCHEZ identificada con
cédula de ciudadanía No. 20.952.091.
ARTÍCULO TERCERO.- FORMA DE PAGO.- EL trámite de pago
se efectuará por la Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano,
previa autorización expresa y escrita de la Dirección Técnica de
Predios, una ves ésta radique la(s) orden(es) de pago así: Un
cien por ciento de valor del precio indemnizatorio, o sea la
cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES
TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCENTA Y SEIS PESES
($276.306.286.oo) MONEDA CORRIENTE, el citado valor será
puesto por parte de la Tesorería del Instituto de Desarrollo
Urbano a disposición de los señores SIGIFREDO VALENCIA
BOCIGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.151.541
y la señora MARIA EMMA HURTADO SÁNCHEZ identificada con
cédula de ciudadanía No. 20.952.091, una vez ejecutoriada la
presente resolución y efectuados los respectivos tramites
financieros.
PARÁGRAFO PRIMERO.- Si el valor del precio indemnizatorio,
una vez puesto a disposición de los señores SIGIFREDO
VALENCIA BOCIGA, identificado con cédula de ciudadanía núm.
20.952.091, no es retirado dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes, este se consignará en la entidad financiera
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autorizada para el efecto, de acuerdo con lo establecido en el
numeral 2º del artículo 70 de la Ley 388 de 1997, remitiendo
copia de la consignación al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, considerándose que de esta manera ha quedado
formalmente efectuado el pago.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos del pago del precio
indemnizatorio se efectuarán los descuentos correspondientes a
impuestos, tasas y contribuciones aplicables, contemplados en
la normatividad vigente.
PARÁGRAFO TERCERO: Para el desembolso de la suma de
dinero correspondiente al único contado, se deberá verificar el
estad de cuenta por la contribución de valorización; en caso de
existir saldo alguno por este concepto, se dará aplicación a la
compensación consagrada en los artículos 1714 y 1715 del
Código Civil Colombiano.
ARTÍCULO CUARTO.-. APROPIACIONES PRESUPUESTALES. - El
valor total de la adquisición se ampara en el presupuesto del
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, según certificado de
Registro Presupuestal No. 4314 del 19 de noviembre de 2014,
emitido por la Subdirección Técnica de Presupuesto y
Contabilidad de la Dirección Técnica Financiera del IDU.
ARTÍCULO QUINTO. - DESTINACIÓN.- EL Inmueble referido,
será destinado para la construcción de la obra AVENIDA EL
RINCON DESDE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91
POR LA CALLE 125 código de obra 108, de conformidad a la
Resolución 0700 de 21 de abril de 2009, expedida por la
Secretaría Distrital de Planeación.
ARTÍCULO SEXTO.- SOLICITUD CANCELACIÓN OFERTA,
GRAVÁMENTES Y LIMITACIONES AL DOMINIO.- Con el objeto de
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 núm. 4 de la
Ley 388 de 1997 se ordena cancelar la Anotación numero 10 de
fecha 25 de noviembre de 2014 Radicación: 2014-83004 del
Folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-20110325 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos Zona Norte, donde se
encuentra registrada la Resolución No. 86324 del 8 de octubre
de 2014 “POR LA CUAL SE DETERMINA LA ADQUISICIÓN DE UN
INMUEBLE POR EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN POR VÍA
ADMINISTRATIVA Y SE FORMULA UNA OFERTA DE COMPRA”.
ARTÍCULO SÉPTIMO: ORDEN DE INSCRIPCIÓN. - De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 núm. 4 de la Ley
388 de 1997, ORDENASE al (a) señor (a) Registrador (a) de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Norte,
inscribir la presente resolución en el folio de matrícula
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inmobiliaria 50N-20110325 con lo que se surtirán los efectos
atinentes a la transferencia del derecho de dominio en cabeza
del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU identificada con
Nit. 899.999.081-6
ARTÍCULO OCTAVO.- ENTREGA. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 70 numeral 3 de la Ley 388 de 1997,
efectuado el registro de la presente resolución el INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO exigirá la entrega del inmueble
identificado en el artículo primero (1º) para lo cual en caso de
renuencia del expropiado, acudirá al auxilio de las autoridades
de policía.
ARTÍCULO NOVENO.- Notifíquese la presente resolución de
conformidad con las reglas establecidas en el artículo 66 y ss del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo a los señores SIGIFREDO VALENCIA BOCIGA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.151.541 y la
señora MARIA EMMA HURTADO SÁNCHEZ identificada con
cédula de ciudadanía No. 20.952.092, haciéndoles saber que
contra la presente sólo procede el recurso de reposición, dentro
de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 388 de
1997, en concordancia con el artículo 76 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
[…]”.
V.2.- Problema jurídico
De acuerdo con los argumentos planteados por el actor en su
recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar sí el avalúo
aportado con la demanda y el decretado y practicado dentro del
proceso, desvirtúan la presunción de legalidad que ampara el acto
administrativo acusado en lo concerniente al precio de la
indemnización reconocida, así como en lo relativo a la garantía del
derecho de propiedad y al principio de reparación integral.
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Para resolver el interrogante planteado, la Sala hará referencia al
marco jurídico general aplicable a la expropiación administrativa,
para enseguida abordar el estudio del caso concreto.
Del procedimiento de expropiación administrativa,
generalidades
El artículo 58 de la Constitución Política define el derecho a la
propiedad privada, en los siguientes términos:
“[…] Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden
ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de
la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública
o interés social, resultare en conflicto los derechos de los
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés
privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es
inherente una función ecológica. El Estado protegerá y
promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.
Por motivos de utilidad pública o interés social definidos
por el legislador, podrá haber expropiación mediante
sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará
consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los
casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá
adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción
contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio […]”.
Con base en la norma en cita se tiene que11 i) la garantía a la
propiedad privada y los demás derechos adquiridos se hace con
11
Ver Sentencias C-147/97, C-589/95, C-00/93, C-428/94, C-216/93 y C-227-11, proferidas por la
Corte Constitucional.
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arreglo a las leyes civiles; ii) la constitución protege y promueve las
formas asociativas y solidarias de la propiedad; iii) está reconocido
el carácter limitable de la propiedad; iv) hay condiciones en que
prevalece el interés público o social sobre el interés privado; v) a la
propiedad se le ha asignado una función social y ecológica; y, vi)
están fijadas modalidades y requisitos de la expropiación.
De otra parte, acorde con el desarrollo de este precepto
constitucional, inicialmente la Ley 9ª de 1989 estableció
instrumentos para la adquisición y expropiación de inmuebles por
motivos de utilidad pública e interés general, potestad que luego se
reguló por la Ley 388 de 1997.
Los artículos 63 a 72 de la Ley 388 de 1997 regulan el
procedimiento que debe ser atendido con el propósito de llevar a
cabo la expropiación por vía administrativa.
El artículo 68 de la norma en comento prevé que una vez iniciado el
proceso orientado a la adquisición del inmueble y transcurridos 30
días hábiles a partir de la ejecutoria del acto que así lo ordena sin
llegarse a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria12, la
autoridad dispondrá, mediante acto motivado, la expropiación
12
Lo que se produce a través de la suscripción de un contrato de promesa de compraventa.
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administrativa correspondiente.
El acto que se expide en cumplimiento de este procedimiento debe
contener: i) la identificación específica del inmueble expropiado; ii)
el valor del precio indemnizado y la forma de pago; iii) la
destinación que se dará al bien; iv) la orden de inscripción del acto
administrativo en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos;
v) la orden de notificar a los titulares del derecho de dominio u
otros derechos reales del predio y la información sobre los recursos
procedentes.
Frente a la obligatoriedad de la decisión de expropiación adoptada
el artículo 70 ibidem, prevé:
“[…] Una vez ejecutoriada la decisión por vía administrativa, por
no haberse formulado el recurso de reposición dentro del
término legal o por haber sido decidido el recurso interpuesto en
forma negativa, la decisión producirá los siguientes efectos:
1.El derecho de propiedad u otros derechos reales se
trasladarán de las personas titulares de ellos a la entidad que ha
dispuesto la expropiación, para lo cual bastará con el registro de
la decisión en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. El
registrador exigirá que la entidad acredite que el propietario o
los titulares de otros derechos reales SOBRE EL INMUEBLE, han
retirado el valor de la indemnización y los documentos de deber
correspondientes, o que se ha efectuado la consignación
correspondiente conforme a lo previsto en el numeral 2 de este
artículo.
2.La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a
disposición inmediata del particular expropiado, según sea el
caso, el valor total correspondiente o el porcentaje del precio
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indemnizatorio que se paga de contado y los documentos de
deber correspondientes a los cinco contados sucesivos anuales
del saldo. Si el particular no retira dichos valores y los
documentos de deber dentro de los diez días siguientes a la
ejecutoria, la entidad deberá consignarlos en la entidad
financiera autorizada para el efecto a disposición del particular,
y entregara copia de la consignación al Tribunal Administrativo
en cuya área de jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble
dentro de los diez (10) días siguientes, considerándose que ha
quedado formalmente hecho el pago.
3.Efectuado el registro de la decisión, la entidad pública podrá
exigir la entrega material del BIEN INMUEBLE EXPROPIADO, sin
necesidad de intervención judicial, para lo cual podrá acudir al
auxilio de las autoridades de policía si es necesario.
4.En caso de que los valores y documentos de deber no se
pongan a disposición del propietario o no se consignen dentro
de los términos señalados en el numeral 2 de este artículo, la
decisión de expropiación por vía administrativa no producirá
efecto alguno y la entidad deberá surtir nuevamente el
procedimiento expropiatorio.
5.La entidad que haya adquirido el bien en virtud de la
expropiación por vía administrativa, adquiere la obligación de
utilizarlo para los fines de utilidad pública o interés social que
hayan sido invocados, en un término máximo de tres (3) años
contados a partir de la fecha de inscripción de la decisión
correspondiente en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos.
Para este efecto, la persona que tenía la calidad de propietario
del bien expropiado podrá solicitar al Tribunal Administrativo en
cuya jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble, la
verificación del cumplimiento de dicha obligación, mediante
proceso abreviado que se limitará exclusivamente a la práctica
de las pruebas que deberán solicitarse exclusivamente en la
demanda, durante un término no superior a un mes,
transcurrido el cual se pronunciará sentencia inapelable.
En caso de que se compruebe el incumplimiento de la obligación
por parte de la entidad, la sentencia así lo declarará y ordenará
su inscripción en la respectiva Oficina de Registro, a fin de que
el demandante recupere la titularidad del bien expropiado. En la
misma sentencia se determinará el valor y los documentos de
deber que la persona cuyo bien fue expropiado deberá
reintegrar a la entidad pública respectiva, siendo necesario para
los efectos del registro de la sentencia que se acredite mediante
certificación auténtica que se ha efectuado el reintegro
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ordenado […]”.
En lo que respecta al reconocimiento y pago de la indemnización, el
artículo 67 dispone que “[…] en el mismo acto que determine el
carácter administrativo de la expropiación se deberá indicar el valor
del precio indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios, el
cual será igual al avalúo comercial que se utiliza para los efectos
previstos en el artículo 6113 de la presente ley […]”.
De acuerdo con esta normativa, una de las características
esenciales de la expropiación radica en el hecho de que la actuación
del Estado se hace por razones de utilidad pública e interés social,
previa y justa indemnización del inmueble, en cuanto comprende su
valor y los perjuicios que se causan al afectado con dicha medida,
con el fin de alejarse de un acto confiscatorio.
Al respecto esta Sección14 ha precisado:
13
“[…] ARTICULO 61. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACION VOLUNTARIA. Se
introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria regulado por la
Ley 9a. de 1989:
El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o
asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de
conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que
sobre avalúos expida el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la
reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en
relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinación económica. […].
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 26 de abril
de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación: 05001-23-31-000-2007-
03162-01.
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“[…] el principio general que subyace en estas normas de
rango superior, indica que los daños y perjuicios que se
originen en el acto de autoridad mediante el cual se decrete la
incorporación al dominio público de bienes de propiedad
particular para satisfacer con ellos una necesidad de interés
general, presupone necesariamente la obligación a cargo de la
autoridad que ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar
plena y previamente al afectado, con el propósito de
restablecer el equilibrio roto por la privación patrimonial a la
cual es sometido de manera forzada. En otras palabras, el
hecho de que en estos casos el interés general deba
prevalecer sobre los intereses privados, no significa en modo
alguno que por dicha circunstancia queden excluidas las
garantías que la Constitución reconoce en favor del
propietario, pues no puede pretenderse que éste deba asumir
a título personal un detrimento en su patrimonio, como
consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el
reparto de las cargas públicas.
Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la transmisión
imperativa de su derecho de dominio, constituye un
instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a
todos los miembros de la colectividad y reparado de manera
integral […]”.
Por otro lado, para la Sala se hace necesario traer a colación los
criterios expuestos por esta Sección en relación con la acción
especial contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento
del derecho que procede contra la decisión de expropiación por vía
administrativa, ya que servirán para el análisis del recurso
interpuesto. Al respecto, se ha manifestado15:
“[…] Bajo las anteriores consideraciones, la Sala analizará si,
como lo aduce la parte actora, el Tribunal de origen analizó
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000
2011 00196 01.
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indebidamente la acción incoada y valoró de forma inadecuada
las normas superiores invocadas como violadas y las pruebas
allegadas al proceso.
Para ello, sea lo primero precisar que, si bien el artículo 71 de la
Ley 388 de 1997 prescribe que contra la decisión de
expropiación por vía administrativa procede la acción especial
contencioso administrativa con el fin de obtener su nulidad y el
restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el
precio indemnizatorio reconocido, en la medida en que el valor
de la indemnización es incorporado en el acto administrativo
que ordena la expropiación es analizar su legalidad, aun cuando
la demanda esté encaminada solo a obtener la revisión o ajuste
del precio indemnizatorio ya que, como se ha sostenido, el
principio de legalidad, fundamento de todo Estado de Derecho,
es uno de los pilares sobre los cuales descansa el trámite de
expropiación.
En ese sentido, siendo que los motivos de utilidad pública o de
interés social constituyen un presupuesto para la legalidad de la
expropiación, hace bien el juez que ejerce el control de legalidad
sobre la decisión de expropiación al verificar su cumplimiento,
como en efecto lo hizo el a quo, lo cual no implica, como aduce
el recurrente, que la acción especial contencioso administrativa
se aborde como una acción ordinaria de nulidad. […]
En el mismo orden, es propicia la confrontación del
procedimiento administrativo con las normas legales y
reglamentarias que regulan y reglamentan la materia, en
desarrollo del artículo 58 de la Carta. Bajo esa lógica, resulta
también acertado verificar que el avalúo técnico que da soporte
legal y fáctico al acto administrativo que ordena la expropiación
se ajusta a la normativa aplicable […]”.
Igualmente, cabe advertir que esta Sección ha sostenido que al
haber sido incorporado el avalúo comercial al acto administrativo
acusado, que decretó la expropiación, este se encuentra amparado
por la misma presunción de legalidad y certeza, que se predica de
las decisiones definitivas de la Administración, y debe tenerse como
válido, creíble y fundamentado, por lo que corresponde a quien
recurre, en este caso, al demandante, demostrar en el proceso que
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el avalúo oficial es equivocado, acreditando precisamente sus
incorreciones. Sobre el particular, la Sala ha indicado:
“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha sostenido
que el precio establecido en los actos acusados se encuentra
amparado por la presunción de legalidad y de certeza de las
decisiones de la administración, y que la misma debe ser
desvirtuada a través de los diferentes medios de prueba
establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió en el
sub lite. Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009,
al analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de fundamento
para la determinación del monto de una indemnización
expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al
haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos
administrativos demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y de
certeza que se predica de las decisiones de la administración, lo
cual admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el
proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando
precisamente su incorrección”.16
Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección17 sostuvo
que “todo lo anterior conduce a la Sala a considerar que debe
tenerse como válido, creíble y fundamentado, el avalúo que
sirvió de base a las decisiones enjuiciadas, sin que el mismo
pueda ser objeto de modificación dado que la actora, quien
tenía la carga probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo”.
De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y
como lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no logró
demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual el
Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio de la
indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no desvirtuó la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado, que
lo incorporó […]”18
16
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de mayo de 2009, expediente 2005 03509.
C.P: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
17
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 17 de marzo de 2011 y 31 de mayo de 2018,
expedientes 2005 00273 y 2008 0074. C.P: María Elizabeth García González. Ver entre otras
sentencias la 31 de mayo de 2018, expediente 2008 0074.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000
2011 00196 01
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Es preciso destacar que a través del Decreto 1420 de 1998 fueron
reglamentadas las normas, procedimientos, parámetros y criterios
para la elaboración de los avalúos por los cuales debe determinarse
el valor comercial de los bienes inmuebles, entre otros, para el caso
de expropiaciones administrativas.
Ahora bien, mientras en el artículo 2019 del decreto en mención
está establecido que en el avalúo debe indicarse el método
utilizado, el artículo 2320 de la misma norma facultó al IGAC para
expedir a través de resolución las disposiciones metodológicas para
la realización de estos.
En desarrollo de la referida competencia el IGAC inicialmente
expidió las resoluciones 762 de 1998 y 149 de 2002, disposiciones
que fueron derogadas por la Resolución núm. 620 de 2008, que en
la actualidad establece los procedimientos para los avalúos
ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997.
19
“[…] Artículo 20º.- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones y
las personas naturales o jurídicas registradas y autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo,
especificarán el método utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de
las edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal estimación
[…]”.
20
[…] Artículo 23. En desarrollo de las facultades conferidas por la ley al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, las normas metodológicas para la realización y prestación de los avalúos de que trata el
presente decreto serán señaladas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante resolución
que deberá expedir dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la publicación de este
decreto, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial.
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Dicha resolución establece como métodos para la elaboración de los
avalúos el de comparación o de mercado, el de capitalización de
rentas o ingresos, el residual, el de consulta de encuestas y el de
costo o reposición.
Caso concreto
Del avalúo comercial en la determinación del valor a
reconocer por la expropiación.
1. En el presente asunto se controvierte si, dentro del proceso de
expropiación adelantado por el IDU, se garantizó el pago del justo
precio respecto del inmueble identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria 50N-20110325, por lo que resulta necesario establecer
si el avalúo oficial 2014-0724 practicado por la entidad demandada
se ajusta a lo previsto en la Ley 388 de 1997 y sus disposiciones
complementarias, o si, por el contrario, debe ser desvirtuado con
fundamento en el avalúo comercial núm. 9.892 de 9 de enero de
2015 elaborado por la sociedad SARMIENTO & OSORIO; y en el
dictamen pericial de fecha 19 de enero de 2019, que se rindió
durante el trámite de la primera instancia por la perito Ada Luz
Bohórquez Vásquez.
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La relevancia de esta discusión radica en que un avalúo que emplee
los métodos integrales previstos por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC) tiene la aptitud de controvertir la presunción de
acierto del avalúo oficial y de garantizar la indemnización plena
consagrada en la Constitución Política y desarrollada en los
términos de la Ley 388 de 1997. En consecuencia, corresponde a la
parte recurrente, demostrar dentro del proceso que el avalúo oficial
carece de validez.
En el presente caso, se encuentra acreditado que la Dirección
Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá,
mediante Resolución núm. 37 de 6 de enero de 2015, ordenó la
expropiación por vía administrativa, en favor del IDU, del inmueble
ubicado en la Calle 127 D BIS 90C 09 de la ciudad de Bogotá,
identificado con cédula catastral 009218422800000000, Chip
AAA0132YWTO y matrícula inmobiliaria núm. 50N-20110325.
La destinación del inmueble previamente referenciado estuvo
vinculado a la ejecución de la obra pública denominada Avenida El
Rincón proyectada desde la Avenida Boyacá hasta la Carrera 91 por
la Calle 125.
Para efectos indemnizatorios, en la Resolución 037 de 2015 se fijó
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como precio la suma de $276.306.286, en la que se discriminó un
valor de $271.716.000 por concepto de terreno y construcción y
$4.590.286 por concepto de daño emergente, valoración que se
realizó conforme al avalúo comercial núm. 2014-0724 de fecha 9 de
julio de 2014 elaborado por la Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital, Gerencia de Información Catastral, Subgerencia
de Información Económica21.
El análisis contenido en el avalúo permitió verificar que, para la
determinación del valor comercial del inmueble— se tuvieron en
cuenta y ponderaron aspectos tales como: i) la información general
en la que se identificó el solicitante del avalúo, la radicación, el
propósito del avalúo, tipo de inmueble, dirección, chip, cédula
catastral, código barrio y/o sector catastral (Almirante Colón)
destino económico, fecha visita – 8 de junio de 2014; ii) la
información jurídica; iii) la descripción del sector; iv) la
reglamentación urbanística; v) la descripción del inmueble en la que
se determinó los linderos, la topografía -plana, la forma geométrica,
el frente, el fondo, el área de terreno, los servicios públicos; vi) las
características generales de la construcción, la que incluyó la
descripción, el área de construcción, el equipamiento comunal,
21
Índice 23 del sistema digital SAMAI. CUADERNO TRIBUNAL EXPROPIACION. Folios 43-72
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además de los siguientes aspectos:
-Distribución:
Piso 1: 2 locales con baño cada uno
Piso 2: Sala - Comedor, cocina, área de ropas, 2 alcobas y baño
Piso 3: Sala -Comedor, cocina con área de ropas, 2 alcobas y baño
Piso 4: Sala -Comedido, cocina con área de ropas, 2 alcobas y baño
Piso 5: Terraza y dos alcobas
Edad aproximada de construcción: 25 años
Fuente: Información obtenida durante la inspección
-Área de construcción:
ITEM AREA
5 pisos 282,80
AREA TOTAL 282,80
ITEM AREA
PISOS 3 84,92
AREA TOTAL 84,92
-Otros
ITEM AREA
Antepecho 5,70
AREA TOTAL 5,70
Fuente: Registro topográfico No. 39966 suministrado por el IDU
• Las características generales de la construcción
-Los resultados finales del avalúo
-Los métodos de avalúos, cálculo y justificación de resultados en
donde se establecieron los métodos utilizados para establecer el
valor del terreno y la construcción.
En cuanto a este último aspecto, determinó los siguientes aspectos
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puntuales:
"[…] El presente informe cumple con las normas legales del
Decreto 1420 de 1998 y las metodologías establecidas en la
Resolución 620 de 2008 del Instituto geográfico Agustín
Codazzi. En desarrollo del trabajo se utilizaron los siguientes
métodos para determinar los valores reportados:
7.1 Para el valor del terreno: El método de comparación o de
mercado es la técnica valuatoria que busca establecer el valor
comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o
transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al
objeto del avalúo, tales ofertas o transacciones deberán ser
calificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la
estimación del valor comercial.
De acuerdo con el estudio de mercado anexo, se encontraron 2
ofertas sobre vías comerciales secundarias, dando un promedio
de $1,418,147 M2, con un límite inferior de $1,406,490 M2 y
límite superior de $1,429,802 y un coeficiente de variación de
0.82%.
Por lo anterior y teniendo en cuenta su ubicación sobre vía
comercial secundaria se le asigno un valor por metro cuadrado
de terreno de $1.400.000,oo M2.
7.2 Para el valor de la construcción: el método de costo de
reposición es el que busca establecer el valor comercial del bien
objeto de avalúo a partir de estimar el costo total de la
construcción a precios de hoy, un bien semejante el del objeto
de avalúo y restarle la depreciación física y por estado de
conservación, basadas en las tablas de Fitto y Corvini, según la
Resolución 620 de 2008 expedida por el IGAC.
Para determinar el valor de reposición se realizó un presupuesto
de obra tomando como referencia los costos por tipología
elaborados por la UAECD.
7.3 Para el valor de otras construcciones: El método de costo de
reposición es el que busca establecer el valor comercial del bien
objeto de avalúo a partir de estimar el costo total de la
construcción a precios de hoy, un bien semejante al del objeto
de avalúo, y restarle la depreciación física y por estado de
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conservación.
Para el presente case se utilizará el criterio de heidecke, según
lo establecido en la siguiente tabla:
[…] Para determinar el valor de reposición se utilizaron como
referencia los costos por tipología elaborados por la UAECD.
[…]”.
De lo anterior se evidencia que el avalúo se realizó conforme a lo
dispuesto en el Decreto 1420 del 24 de junio de 1998 y en la
Resolución IGAC 620 del 23 de septiembre de 2008, teniendo en
cuenta que: i) el precio indemnizatorio del terreno se definió
mediante el método comparativo de mercado, con base en el
estudio de ofertas y transacciones vigentes para la época del
avalúo, respecto de bienes semejantes y comparables al objeto de
valoración y ii) en cuanto a las construcciones, el precio se
estableció aplicando el método de costo de reposición, a partir de la
estimación del costo total de la obra, considerando la descripción
del inmueble, su antigüedad, vida útil, estado de conservación,
depreciación, valor de reposición, entre otros aspectos pertinentes.
Así las cosas, con fundamento en las características previamente
señaladas del inmueble, este fue avaluado en la suma de
$271.716.000, aplicando el método comparativo de mercado para
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la valoración del terreno y el método de costo de reposición para
las construcciones, de la siguiente manera:
El valor correspondiente al terreno fue sustentado mediante un
estudio técnico de las ofertas y transacciones existentes a la época
del avalúo, respecto de bienes semejantes y comparables al objeto
de valoración, aplicando el método comparativo de mercado, así:
Asimismo, se incluyó la valoración por daño emergente en los
siguientes términos:22
22
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En ese contexto se resumió el valor comercial en los siguientes
términos:
Debe resaltarse que la indemnización por daño emergente,
inicialmente fijada en la suma de $6.683.796, fue objeto de las
siguientes deducciones de acuerdo al avalúo oficial: $514.546 por
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concepto de gastos de escrituración del predio a adquirir por el
IDU, $393.964 por desconexión y/o taponamiento de servicios
públicos, y $1.185.000 por impuesto predial, por lo que el daño
emergente quedó finalmente determinado en la suma de
$4.590.286, según lo dispuesto en el acto administrativo de
expropiación; y el monto total reconocido como indemnización por
la expropiación administrativa ascendió a $276.306.286.
De acuerdo con lo expuesto, se concluye que la indemnización
reconocida por el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá estuvo
debidamente respaldada en un avalúo que cumplía con los
parámetros legales previstos en la Ley 388 de 1997, el Decreto
1420 de 1998 y la Resolución IGAC 620 del 23 de septiembre de
2008. Ello, en razón a que el avalúo comercial, tanto del terreno
como de las construcciones, se determinó conforme a los métodos
previstos en el ordenamiento jurídico.
Adicionalmente, se reconoció el concepto de daño emergente
acreditado, por lo que el precio indemnizatorio establecido en el
dictamen elaborado por la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital —que sirvió de fundamento para la expedición de
la Resolución 037 de 6 de enero de 2015—, incluyó tanto el valor
comercial del inmueble como el daño que se generó en su
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oportunidad. Por lo tanto, resulta evidente que el avalúo se ajustó a
lo previsto en los parámetros legales aplicables al caso.
Es preciso destacar que los apelantes manifestaron su
inconformidad con la deducción del 20% de los ingresos
reconocidos por concepto de lucro cesante, aspecto que no será de
debate de esta instancia al precisarse que tal aspecto fue resuelto
en la Resolución 55421 de 28 de julio de 2015, acto administrativo
que tuvo origen luego de la expedición del acto que se acusa en
esta instancia, y que no se acusa su control dentro de las
pretensiones del presente proceso.
En efecto, una vez culminado el proceso expropiatorio, la entidad
demandada expidió el auto de 27 de abril de 2015, mediante el cual
ordenó iniciar una actuación administrativa orientada a verificar la
procedencia del reconocimiento del lucro cesante, con fundamento
en la copia de contratos de arrendamiento que allegó en ese
momento la demandante, documentos que acreditaban la
existencia del referido concepto. Tales elementos fueron valorados
por el IDU para la expedición de la Resolución No. 55421 de 2015,
a través de la cual se reconoció el lucro cesante en la suma de
$11.347.500.
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Ahora bien, dentro del plenario la parte actora allegó un avalúo de
fecha 16 de diciembre de 201423 por la empresa Sarmiento &
Osorio en la que contiene: i) la información básica como el tipo de
avalúo, el objeto, la vigencia, la fecha de elaboración y el tipo de
inmueble; ii) la fecha de visita -13 de diciembre de 2014-; ii) la
titulación en donde se indican los propietarios, el título de
adquisición y la identificación inmobiliaria y catastral; iii) las
características generales del sector, los barrios o urbanizaciones
adyacentes y las vías de acceso e influencia del sector.
Frente a las consideraciones del avalúo y los factores tenidos en
cuenta, consignó lo siguiente:
“[…] Adicionalmente a las características más relevantes de la
propiedad expuestas en los capítulos anteriores, se han tenido
en cuenta las siguientes consideraciones generales:
La localización del terreno, en donde se encuentra ubicada la
casa.
El inmueble en mención se encuentra en una zona de uso
residencial y comercial zonal del sector, respecto a la ciudad y
el potencial de construcción.
Las vías de acceso directo y/o indirecto de la casa, como las
anteriormente mencionadas.
Características propias y relevantes del sector. Alternativas de
integración con respecto al sector comercial. Potencial de
explotación y de apropiación económica del terreno en su
totalidad.
Las características propias del inmueble, tales como ubicación,
extensión adecuada para el desarrollo del uso que tiene
actualmente, conformación espacial, proporción y topografía. Y
23
Índice 23 del sistema digital SAMAI. CUADERNO TRIBUNAL EXPROPIACION . Folios 73 a 85
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distribución espacial interna de la casa.
Rentabilidad y comerciabilidad con respecto a sus perspectivas
de valorización.
El estado de aprovechamiento actual del inmueble.
Los materiales y acabados de construcción.
El inmueble es típico lo cual facilita su comercialización. […]”
En cuanto a la metodología del avalúo expuso los siguientes
aspectos:
“[…] Según RESOLUCIÓN NÚMERO 620 DE 2008
(23 septiembre 2008)
MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN
Es el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de
avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a
precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y
restarle la depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le
debe adicionar el valor correspondiente al terreno. Para ello se
utilizará la siguiente fórmula:
Ve=(Ct-D)+ Vt
En donde:
Ve Valor comercial
CtCosto total de la construcción
D=Depreciación
Vt Valor del terreno
El presente avalúo comercial, corresponde al valor comercial
del respectivo inmueble expresado en dinero; entendiéndose
por valor comercial aquel que un Comprador y un vendedor
estarían dispuestos a pagar y recibir de contado,
respectivamente por la propiedad, en un mercado de
alternativas de negociación.
El presente avalúo comercial, corresponde al valor comercial
del respectivo inmueble expresado en dinero; entendiéndose
por valor comercial aquel que un comprador y un vendedor
estarían dispuestos a pagar y recibir de contado,
respectivamente por la propiedad, en un mercado de
alternativas de negociación.
Para efectos de la conformación del justiprecio del bien
avaluado, en el presente avalúo comercial, entre otros
criterios, se ha tenido en cuenta las transacciones del sector e
identifica el inmueble homogéneamente
De acuerdo a lo anterior se ha estimado el siguiente avalúo
comercial:
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De la revisión del mentado documento, se desprende que la parte
demandante no logró demostrar que el avalúo oficial elaborado por
la Unidad de Catastro Distrital fuese erróneo, toda vez que no
controvirtió ni desvirtuó los fundamentos fácticos, técnicos y
metodológicos que lo soportan. En efecto, el documento presentado
por la actora no hizo referencia a diferencias sustanciales en el
precio del terreno respecto del avalúo oficial, ni cuestionó de
manera concreta el método aplicado o las conclusiones derivadas de
las discrepancias señaladas, lo que permite concluir que no logró
desvirtuar su validez.
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Por su parte, se evidencia que el avalúo estimó el precio
indemnizatorio en la suma de $498.473.568; sin embargo, no
allegó los soportes que justificaran el mayor valor asignado al
terreno.
El avaluador manifestó que se utilizó el método de costo de
reposición para determinar el valor comercial del inmueble,
consistente en estimar el costo de construcción de un bien
semejante a precios actuales y deducir la depreciación acumulada,
aplicando las fórmulas previstas en la Resolución 620 de 2008
expedida por el IGAC. No obstante, se advierte que no se aportó
evidencia concreta ni respaldo técnico que acreditara la aplicación
de tales parámetros en el caso objeto de estudio.
En esas condiciones, estima la Sala que el avalúo realizado por la
empresa SARMIENTO & OSORIO carece del soporte que justifique el
avalúo comercial presentado, por lo que en modo alguna desvirtúa
las consignas establecidas por la Unidad Especial de Catastro
Distrital.
Ahora bien, dentro del expediente se evidencia que a través de auto
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del 28 de agosto de 201724, el magistrado ponente dispuso la
práctica del dictamen pericial solicitado por la parte actora, el cual
fue rendido el 19 de enero de 201825 por la profesional Ada Luz
Bohórquez Vásquez. De dicha experticia se desprenden los
siguientes aspectos:
El método valuatorio empleado para determinar el valor comercial
del inmueble a enero de 2014 de la calle 127D Bis 90C 09/11 es el
MÉTODO COMPARATIVO DEL MERCADO en el que inicialmente se
tomó ocho (8) valores del mercado en la zona o sector a enero de
2018, donde se encuentra el inmueble y con las mismas
condiciones sacando el promedio del valor real comercial del metro
cuadrado por los metros cuadrados de la construcción del inmueble
objeto de experticia, lo que se expresó en los siguientes cuadros
resumen sustentados con los registros mobiliarios de donde resulta
los valores que conforma estos cuadros para obtener el valor
comercial del inmueble a valorar así:
24
Índice 23 del sistema digital SAMAI. CUADERNO TRIBUNAL EXPROPIACION. Folios 279 a 282
25
Índice 23 del sistema digital SAMAI. CUADERNO TRIBUNAL EXPROPIACION. Folios 325 a 335
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Se calculó el promedio aritmético y a este se lo toma el 15%
por encima y por debajo, para seguidamente tomar los valores
que se encuentren dentro de este rango o franja obteniéndose
el siguiente cuadro resumen:
Adicional a lo anterior, precisó que en el sector Almirante Colón de
la Ciudad de Bogotá se encuentran inmuebles de diferentes estratos
socioeconómicos y para el presente caso se usó como referencia
inmuebles ubicados en el barrio altos de la esperanza, siendo casas
que no se encuentran en conjunto cerrado, con una edad de
construcción mayor a 20 años, de estrato 2 y 3, encontrando como
promedio del valor total de la construcción del metro cuadrado la
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suma de $1.663.124; y de acuerdo a ello estimó el valor comercial
en los siguientes términos:
“[…] VALOR COMERCIAL METRO CUADRADO DEL INMUEBLE DE
LA CALLE 127 D Bis #90 C- 09/11 A ENERO DE 2018
$1'663.123,58 POR METRO CUADRADO.SE REDONDEA A
$1'663.124,00 por metro cuadrado.
SON: UN MILLON SEIS CIENTOS SENENTA Y TRES MIL CIENTO
VEINTICUATRO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA POR
METRO CUADRADO ($1'663.124,00/м²).
EL VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE A ENERO DE 2018 AREA
INMUEBLE POR EL VALOR COMERCIAL A ENERO 2018 = DEL
METRO CAUDRADO DEL INMUEBLE ASI:
COMERCIAL DEL INMUEBLE A ENERO
2018=$1'663.124,00/M²x 282,80 M²
VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE A ENERO 2018-
$470.331.349,00
EL ANTERIOR VALOR SE LLEVA A LA FECHA SOLICITADA POR
EL DESPACHO DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE (2014) CON
EL INDICE DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA ICCV, COMO NO
SE TIENE LOS VALORES DE EL INDICE PARA LOS MESES DE
DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE (2017) Y ENERO DE DOS
MIL DIEICIOCHO (2018) SE TOMA COMO FECJA FINAL
OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE PARA OBTENER EL VALOR
COMERCIAL AL DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE 2014. SE
ANEXA CUADRO DE ICCV DEL DANE
INDICE FINAL OCTUBRE DE 2014= 100,00 (If)
(Ii) INDICE INICIAL NOVIEMBRE DE 2017= 113,03
VALOR DEL INMUEBLE A DICIEMBRE DE 2014 (If/Ii) =VR A
NOVIEMBRE (If/Ii)-$ 470′331.394,00*(100,00/113,03)
VALOR DEL INMUEBLE A DICIEMBRE DE 2014 -416.111.961,00
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AVALUO COMERCIAL DEL BIEN:
Teniendo en cuenta los fundamentos de juicio anotados y
previo examen conjunto verificado sobre el inmueble más los
documentos que reposan dentro del proceso, por cuanto la
suscrita no conoció el inmueble construido, sino que me base
en los documentos y fotografías aportadas al mismo.
Avalúo el predio en la suma de: CUATROCIENTOS DIECISEIS
MILLONES CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN
PESOS MCTE ($446.111.961,00), avaluó a diciembre del año
2014, fecha en que se hizo la expropiación del inmueble. […]”.
Para el efecto allegó como anexos el certificado de tradición y
libertad del predio, el plano de la manzana catastral, el plano de
loteo, los mapas del sector donde se ubica el inmueble, así como un
registro fotográfico de inmuebles localizados en el barrio Suba que
se encuentran en venta, cuyos valores corresponden a áreas
construidas con metrajes que oscilan entre 72 m² y 230 m².
Al examinar el contenido del documento y posteriormente realizar
la audiencia de contradicción del dictamen, el Tribunal concluyó
que este carecía de la discriminación técnica exigida por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi —IGAC— en materia de métodos de
evaluación y en la especificidad de las condiciones del avalúo,
conclusión que esta Sala comparte plenamente por las siguientes
razones:
En primer lugar, la perito manifestó haber efectuado una
homogenización de los datos relativos a construcción y terreno sin
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diferenciarlos, desconociendo así la metodología oficial que impone
la obligación de establecer de manera separada el valor del suelo y
el de la edificación, dado que cada uno responde a variables de
mercado distintas y requiere un análisis independiente,
circunstancia que impide verificar con precisión el valor real del
inmueble, pues el cálculo global presentado no permite identificar
qué parte corresponde al terreno y cuál a la construcción, requisito
esencial en los avalúos oficiales.
En segundo término, la perito fundamentó su cálculo en una media
aritmética obtenida de ocho inmuebles de referencia sin demostrar
que dichos bienes fueran comparables con el predio objeto de
expropiación, cuando conforme a lo dispuesto en el artículo 1º de la
Resolución IGAC 620 de 2008 el método comparativo o de mercado
exige que las muestras seleccionadas correspondan a inmuebles
semejantes en características físicas, ubicación y destinación, lo
cual no se acreditó en este caso, pues las ofertas tomadas difieren
en el área de construcción respecto del inmueble expropiado, lo que
impide considerarlas como equivalentes; y en consecuencia resta
validez a la comparación realizada, deficiencia metodológica que
evidencia que el dictamen no se ajustó a los parámetros técnicos
que garantizan la confiabilidad del avalúo.
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Finalmente, el dictamen no logró desvirtuar el valor del metro
cuadrado señalado por el IDU, toda vez que la perito se limitó a
presentar un cálculo global del inmueble construido sin acreditar la
aplicación de los criterios técnicos previstos por el IGAC, de manera
que al no diferenciar entre terreno y construcción ni justificar de
manera suficiente la selección de las muestras de mercado, el
informe carece de la solidez probatoria necesaria para modificar la
indemnización reconocida, razón por la cual se concluye que el
dictamen pericial no cumple con los requisitos técnicos y legales
exigidos para la determinación del valor comercial del predio y, en
consecuencia, no desvirtúa el avalúo oficial 2014-0724.
Agotado lo anterior, es preciso destacar que los argumentos
expuestos en el recurso de apelación relativos a la idoneidad de la
perito, con fundamento en lo previsto en el artículo 228 del Código
General del Proceso, esta Sala precisa que tales planteamientos no
serán objeto de consideración, por cuanto el debate surtido en
primera instancia no versó sobre la aptitud técnica o profesional de
la auxiliar de la justicia para ser designada o para rendir su
dictamen, sino sobre la suficiencia del peritazgo para desvirtuar el
avalúo oficial identificado con el número 2014-0724. En ese orden,
la controversia se centró en establecer si el informe pericial cumplía
con los parámetros técnicos exigidos por el Instituto Geográfico
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Agustín Codazzi y si, en consecuencia, podía modificar el valor
comercial determinado oficialmente, mas no en cuestionar la
idoneidad personal de la experta.
Así las cosas, los reproches formulados en la apelación en torno a la
idoneidad del perito resultan ajenos al objeto del litigio y exceden el
marco de discusión fijado en la primera instancia, razón por la cual
no pueden ser tenidos en cuenta en esta sede. La competencia del
juez de segunda instancia se circunscribe a revisar los aspectos
debatidos y decididos en la etapa inicial, esto es, la pertinencia y
validez técnica del dictamen frente al avalúo oficial, y no a abrir un
nuevo debate sobre la designación o calificación profesional de la
auxiliar de la justicia. En consecuencia, esta Sala desestima tales
argumentos.
2.- En lo que atañe a la inconformidad relacionada por el
demandante en el recurso de apelación, sobre el desconocimiento
del cambio de estrato socioeconómico del inmueble objeto de
avalúo, se tiene que la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital determinó que el sector en el cual se encontraba ubicado
correspondía al estrato dos (2) al momento de la elaboración del
informe técnico de avalúo comercial, esto es, en julio de 2014,
razón por la cual dicho avalúo debía efectuarse conforme al estrato
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legalmente vigente en esa fecha.
Por su parte, la Resolución núm. 008 del 27 de febrero de 2015,
expedida por la Dirección de Estratificación de la Secretaría Distrital
de Planeación, mediante la cual se reconoció que el predio
correspondía al estrato tres (3), no constituye fundamento válido
para modificar el valor de la indemnización, toda vez que para el
año 2014, fecha en que se practicó el avalúo oficial, el estrato
aplicable era el dos (2), en concordancia con lo previsto en el
numeral 7 del artículo 22 del Decreto 1420 de 1998.
3.- Argumenta la parte actora el desconocimiento de un “precio
justo” en la indemnización, fundado en la imposibilidad de adquirir
un inmueble de similares características al expropiado y en
circunstancias personales como la edad, el tiempo invertido en la
construcción o la situación familiar, la Sala advierte que tales
planteamientos no tienen respaldo normativo.
En efecto, la Constitución Política no consagra como derecho del
expropiado la restitución de los costos necesarios para obtener un
bien idéntico al perdido, sino que circunscribe la indemnización a
los perjuicios materiales ciertos. Sobre el particular, la Corte
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Constitucional26 ha precisado que la indemnización derivada de la
expropiación cumple, por regla general, una función compensatoria,
y solo en casos excepcionales puede adquirir un carácter restitutivo
o restaurador.
En el presente asunto, los argumentos de los demandantes no
configuran supuestos de especial protección constitucional y, por
ende, no constituyen factores determinantes para la tasación de la
indemnización. Tales aspectos, aunque reflejan condiciones
personales, no se encuentran previstos en el ordenamiento jurídico
como elementos indemnizables en materia de expropiación.
En consecuencia, la indemnización fijada por la administración, que
comprende el valor comercial del inmueble y los perjuicios
materiales ciertos y demostrados, se ajusta a lo dispuesto en el
artículo 58 Superior, en concordancia con la jurisprudencia
reiterada de esta Corporación. Por lo tanto, no procede acceder a
las pretensiones de la demanda, toda vez que la indemnización
reconocida cumple con la función reparatoria exigida por la
Constitución y la ley, sin que pueda extenderse a factores
subjetivos o hipotéticos ajenos al marco normativo aplicable.
26
Sentencia C-750 de 2015
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4.- En lo que concierne a las alegaciones formuladas por el apelante
respecto del perjuicio que afirma haber sufrido como consecuencia
del no pago inmediato de la indemnización derivada de la
expropiación, resulta necesario destacar que el artículo 70 de la Ley
388 de 1997, prevé:
“ARTÍCULO 70.- Efectos de la decisión de
expropiación por vía administrativa. Una vez
ejecutoriada la decisión por vía administrativa, por no
haberse formulado el recurso de reposición dentro del
término legal o por haber sido decidido el recurso
interpuesto en forma negativa, la decisión producirá los
siguientes efectos:
(…)
2. La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a
disposición inmediata del particular expropiado, según sea
el caso, el valor total correspondiente o el porcentaje del
precio indemnizatorio que se paga de contado y los
documentos de deber correspondientes a los cinco
contados sucesivos anuales del saldo. Si el particular no
retira dichos valores y los documentos de deber dentro de
los diez días siguientes a la ejecutoria, la entidad deberá
consignarlos en la entidad financiera autorizada para el
efecto a disposición del particular, y entregar copia de la
consignación al Tribunal Administrativo en cuya área de
jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble dentro de
los diez (10) días siguientes, considerándose que ha
quedado formalmente hecho el pago.
3. Efectuado el registro de la decisión, la entidad pública
podrá exigir la entrega material del bien inmueble
expropiado, sin necesidad de intervención judicial, para lo
cual podrá acudir al auxilio de las autoridades de policía si
es necesario.
4. En caso de que los valores y documentos de deber no
se pongan a disposición del propietario o no se consignen
dentro de los términos señalados en el numeral 2 de este
artículo, la decisión de expropiación por vía administrativa
no producirá efecto alguno y la entidad deberá surtir
nuevamente el procedimiento expropiatorio.[…]
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En el caso concreto, el artículo 3 de la Resolución 037 de 6 de enero
de 2015 por la cual “se ordenó una expropiación por vía
administrativa” dispuso que el trámite del pago se efectuaría por la
tesorería del IDU previa autorización expresa y escrita de la
Dirección Técnica de Predios y por el 100% del valor indemnizatorio
correspondiente a la suma de $276.306.286 el cual sería puesto a
disposición de los demandantes una vez estuviera ejecutoriada la
decisión de expropiación y se efectuaran los trámites financieros
respectivos.
En el plenario obra: i) constancia expedida por la Directora Técnica
de Predios del IDU27 en la que da cuenta que la Resolución núm.
037 de 6 de enero de 2015 quedó ejecutoriada el 19 de febrero de
2015, y ii) las actas de entrega del pago indemnizatorio suscritas el
24 de abril de 201528 por los demandantes, en donde se deja
constancia que se les hizo entrega de “un sobre sellado que
contiene el número de identificación del pago solicitado al Banco de
Occidente en fecha 23/04/2015 para reclamar el cheque en la
sucursal avenida 19 por valor de ($134.756.693)por concepto del
precio indemnizatorio señalado en el artículo 3 de la resolución de
expropiación con orden de pago núm. 1278 de 14 de abril de
27
Índice 23 del sistema digital SAMAI. CUADERNO TRIBUNAL EXPROPIACION. Folio 139
28
Índice 23 del sistema digital SAMAI. CUADERNO TRIBUNAL EXPROPIACION . Folios 120-121
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2015.29
De lo expuesto, se tiene que una vez ejecutoriado el acto
administrativo que dispuso la expropiación, la orden de pago se
expidió el 14 de abril de 2015 de ese mismo año y fue cobrada por
los demandantes el 23 de abril de 2015. En ese sentido, si bien el
valor de la indemnización no se puso a disposición de manera
inmediata, ello ocurrió dentro de un término razonable y lógico,
teniendo en cuenta lo siguiente:
i) Para iniciar los trámites administrativos de pago, la
administración debía esperar a que el acto administrativo
quedara debidamente ejecutoriado como lo prevé la Ley
1437 de 2011;
ii) El pago de la obligación exige la realización de
gestiones financieras y contables dentro de un plazo
razonable, considerando la dinámica propia de la
administración pública, cuyos tiempos no operan como un
mecanismo de precisión, dada la multiplicidad de trámites
y requisitos que legal y reglamentariamente deben
cumplirse de manera necesaria y obligatoria;
29
Índice 23 del sistema digital SAMAI. CUADERNO TRIBUNAL EXPROPIACION . Folios 140-141
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iii) La orden de pago únicamente puede expedirse una vez
superados los trámites internos en las dependencias de
presupuesto, contabilidad y tesorería, razón por la cual
resulta comprensible que el desembolso no se produzca de
manera inmediata a la ejecutoria del acto de expropiación.
En el caso bajo examen, el acto administrativo adquirió firmeza el
19 de febrero de 2015 y la orden de pago correspondiente fue
expedida el 14 de abril del mismo año, término que se aprecia
como prudente y razonable frente a las gestiones administrativas
que debían cumplirse al interior de las entidades públicas
competentes. En consecuencia, tal como lo señaló el Tribunal en
su decisión, el planteamiento del actor carece de vocación de
prosperidad, toda vez que el lapso transcurrido se ajusta a las
exigencias propias de la actuación administrativa y no configura
vulneración alguna de sus derechos.
5.- Por último, en lo que concierne a los motivos de inconformidad
expuestos por el apelante respecto del descuento efectuado por la
suma de $6.792.900, correspondiente a la retención del 2.5% por
concepto de “enajenación de bienes raíces”, resulta necesario
precisar que dicho aspecto no fue objeto de pronunciamiento en el
acto administrativo acusado, sino que se materializó en la orden de
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pago de la indemnización por expropiación, en la cual se aplicó el
referido descuento en los siguientes términos:30
Sobre el particular, resulta pertinente destacar lo dispuesto en el
parágrafo 2º del artículo 67 de la Ley 388 de 1997, norma que
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prevé lo siguiente:
“Artículo 67. Indemnización y forma de pago. En el mismo
acto que determine el carácter administrativo de la
expropiación, se deberá indicar el valor del precio
indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios, el cual
será igual al avalúo comercial que se utiliza para los efectos
previstos en el artículo 61 de la presente ley. Igualmente se
precisarán las condiciones para el pago del precio
indemnizatorio, las cuales podrán contemplar el pago de
contado o el pago entre un cuarenta (40%) y un sesenta por
ciento (60%) del valor al momento de la adquisición voluntaria
y el valor restante en cinco (5) contados anuales sucesivos o
iguales, con un interés anual igual al interés bancario vigente
en el momento de la adquisición voluntaria.
Parágrafo 1º. El pago del precio indemnizatorio se podrá
realizar en dinero efectivo o títulos valores, derechos de
construcción y desarrollo, de participación en el proyecto o
permuta. En todo caso el pago se hará siempre en su totalidad
de contado cuando el valor de la indemnización sea inferior a
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales al
momento de la adquisición voluntaria o de la expropiación.
Parágrafo 2º. El ingreso obtenido por la enajenación de
inmuebles a los cuales se refiere el presente capítulo no
constituye, para fines tributarios, renta gravable ni ganancia
ocasional, siempre y cuando la negociación se realice por la vía
de la enajenación voluntaria”.
La disposición en comento fue objeto de revisión por la Corte
Constitucional, corporación que mediante sentencia C-1074 de
diciembre 4 de 2002, la declaró exequible con fundamento en las
siguientes consideraciones:
“4.2. El contexto legal de las normas que crean el beneficio
tributario acusado.
“(…) En primer lugar, la Corte identifica dos fines perseguidos
por el beneficio tributario establecido en las normas acusadas.
Primero, el beneficio tributario constituye un incentivo para que
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el proceso de expropiación sea adelantado de manera más
expedita, lo cual tiene dos implicaciones importantes: (i)
protege los objetivos de utilidad pública e interés social por los
cuales el Estado puede expropiar, ya que posibilita que la
comunidad derive provecho de manera más rápida y menos
costosa de los beneficios provenientes de la expropiación; y (ii)
dado que la enajenación finaliza sin la necesidad de acudir a un
proceso judicial o administrativo de expropiación, disminuye los
costos en los que, tanto la administración como el particular
incurrirían si se vieran obligados a agotar dichas etapas.
Segundo, los beneficios tributarios promueven la resolución de
conflictos por fuera de los estrados judiciales. La enajenación
voluntaria y la negociación directa llevan a que la expropiación
sea resuelta sin la necesidad de un proceso judicial en la
jurisdicción civil (en el caso de la expropiación por vía judicial)
o de un eventual proceso ante la jurisdicción contenciosa (en el
caso de la expropiación por vía administrativa). Esta deriva en
una mayor disponibilidad de los recursos de la administración
de justicia para tramitar y dar solución a otros procesos.
Por las razones anteriores, los fines perseguidos por los
beneficios tributarios son el cumplimiento de los objetivos de
utilidad pública e interés social establecidos en el artículo 58 de
la Carta, la observancia de los principios de eficiencia, eficacia
y economía que orientan la función administrativa según el
artículo 209 de la Constitución, y por último, el incentivo al
acceso por parte de otros ciudadanos a la administración
justicia, lo cual desarrolla el artículo 229 de la Carta. En
conclusión, las finalidades a que apunta el beneficio tributario
bajo análisis son legítimas e importantes.
(…)
La Corte concluye que las normas acusadas cumplen con las
exigencias establecidas por un test de igualdad de intensidad
intermedia. Por lo tanto, la diferenciación establecida por las
normas acusadas está objetiva y suficientemente justificada,
de lo que se desprende que el beneficio tributario en cuestión
no riñe con el principio de igualdad. En igual sentido, la Corte
estima que los beneficios bajo cuestionamiento no son
contrarios a la equidad de los gravámenes, ya que, de acuerdo
a lo observado, el legislador trazó una política tributaria
razonable que no coloca cargas excesivas en los expropiados ni
concede beneficios exagerados a los enajenantes”.
Obsérvese que la Corte Constitucional, con fundamento en las
consideraciones previamente expuestas, concluyó que el beneficio
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tributario consagrado en el parágrafo 2º del artículo 67 de la Ley
388 de 1997 no resulta contrario a la Constitución, razón por la cual
se confirman las conclusiones del Tribunal en cuanto a que la
entidad no incurrió en error al descontar del valor de la
indemnización lo correspondiente al impuesto de retención en la
fuente, toda vez que el bien adquirido por el IDU no lo fue
mediante enajenación voluntaria sino en virtud de una expropiación
por vía administrativa, circunstancia que impone la aplicación de las
deducciones previstas en el inciso 2º del artículo 5º del Decreto
1512 de 1985, modificado por el artículo 2º del Decreto 2418 de
2013, así como en el artículo 401-2 del Estatuto Tributario.
En ese orden de ideas, en la medida que los argumentos plasmados
en el recurso de apelación estudiado no tienen vocación de
prosperar, la sentencia recurrida será confirmada en su integridad,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
Por último, en cuanto a la condena de costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 18831 del CPACA en armonía con el
31
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
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numeral 8 del artículo 365 del CGP32, esto es, en aplicación de un
criterio objetivo valorativo33, la Sala condenará a la parte apelante,
en los términos del numeral 3 del artículo 36534 ibidem, al pago de
las costas en esta instancia.
Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso35 y por las agencias en derecho36”, de manera que le
corresponde a esta Sala, producto de la comprobación de la gestión
útil de la parte vencedora, fijar el valor de las costas en el
componente de agencias en derecho al verificarse en esta instancia
la intervención de la parte demandante a través de apoderado
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
32
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
33
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto
prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y,
valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.
34
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.
35
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
36
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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judicial. Frente a las expensas y los gastos del proceso, su fijación
se sujetará a la liquidación37 que realice el secretario del Tribunal
a quo y según la comprobación de que se incurrieron en éstos.
Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del
artículo 366 del CGP38, se fijan como agencias en derecho, la suma
de $453.515 (equivalente al 0,2% del valor de las pretensiones39) a
favor del IDU. Lo anterior, de conformidad con las tarifas
establecidas en el del artículo 6°40 del Acuerdo núm. 1887 de 26 de
junio de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura,
según la naturaleza del proceso, la calidad y duración de la gestión
realizada por la parte vencedora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
37
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la
primera instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366
ibidem.
38
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de
obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin
que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.
39
De conformidad con el folio 23 del C. Principal de primera instancia, el valor de las pretensiones
corresponde a $226.757.556.
40
“[…] ARTÍCULO 6º.Tarifas. […] III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. […] 3.1.3.
Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con
cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia […]”.
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FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por los motivos
expuestos en la parte considerativa en esta providencia.
SEGUNDO: Condenar en costas, en esta instancia, a la parte actora
y en favor del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de $453.515
(equivalente al 0,2% del valor de las pretensiones), la cual deberá
incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte actora.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente
al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 12 de febrero de 2026.
PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Aclara voto
Salva voto parcial
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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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