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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2015-02258-01

Fecha
23 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2015-02258-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A el dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciocho (2018), que negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas de esta instancia a la parte demandante, quien pagará al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, el equivalente en pesos a un (1) salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de esta sentencia. TERCERO: En firme esta decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-41-000-2015-02258-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

23 de septiembre de 2024

Radicado: 25000-23-41-000-2015-02258-01 (62968)
Demandante: Marisol Perea Sánchez y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 25000-23-41-000-2015-02258-01(62968)
Actor: Marisol Perea Sánchez y otros
Demandado: La Nación -Ministerio de Defensa, Policía Nacional y otros
Referencia: Acción de Grupo

Tema: Perjuicios causados al grupo por desalojo. Subtema 1: Elementos de la responsabilidad
extracontractual del Estado. Daño antijurídico por desalojo de bien inmueble de propiedad privada no
acreditado. Subtema 2: Incumplimiento de la carga probatoria.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado
del grupo demandante contra la sentencia expedida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A el dieciocho (18) de octubre de dos mil
dieciocho (2018), que declaró probada la culpa exclusiva de la víctima y negó las
pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Marisol Perea Sánchez, en representación del grupo conformado por quienes
ocupaban el lote Beitjala ubicado en el predio denominado El Tamarindo, en el Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, solicitó el pago de la indemnización de
los perjuicios ocasionados por el desalojo, a su juicio arbitrario, del que fueron objeto y
que se llevó a cabo entre los días 7 y 8 de noviembre de 2013. Como la primera
instancia declaró la culpa exclusiva de la víctima, la parte demandante presentó
recurso de apelación, en el que reprocha, en síntesis, que el desalojo se realizó
vulnerando derechos individuales de carácter fundamental y sin tener en cuenta que
quienes fueron desalojados ostentaban la condición de desplazados.

II. ANTECEDENTES

2.1. Marisol Perea Sánchez, Encarnación Salazar Ayala, Nelson de Jesús Castaño
Cano, Jorge Bolívar Romero, Hortensia Rocha Donado, María del Carmen Calle Rúa,
Erika patricia Flores Calle, Raumir marmolejo Rivera, Clementina Cecilia Mosquera
Serrano, Darlis Margarita Cárdenas, Pedro León Cárdenas, Hernández, Julio Cesar
Coronel Cera, Julio Emilio Coronel Navarro, Miguel de Jesús Armenta Guerra, María
Francisca Martínez Carrillo Luz Elena Rodríguez Iglesias, Eunice Robles Clavijo,
Carmen Divina Sánchez Martínez y óscar José Ortiz Polanco, presentan demanda en
ejercicio de la acción de grupo, para que se declare la responsabilidad de la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Distrito Especial y Portuario de Barranquilla,
por los perjuicios materiales e inmateriales causados al grupo con motivo del desalojo
que les fue impuesto respecto del lote Beitjala ubicado en el predio denominado El
Tamarindo, en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla que ocupaban,
despojo que califican de arbitrario, entre otras razones, porque no se tomó en
consideración que los miembros del grupo son desplazados. Como consecuencia,
solicita condenar a los demandados a: (i) el pago de perjuicios morales en cuantía
equivalente a mil (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes; (ii) el pago de
perjuicios por daño a la vida en relación por el equivalente a cien (100) salarios mínimos
legales mensuales vigentes; iii) por perjuiciosos extrapatrimoniales por violación a los
derechos humanos el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, iv) por lucro cesante individual el equivalente a 1.25 salarios mínimos legales

Radicado: 25000-23-41-000-2015-02258-01 (62968)
Demandante: Marisol Perea Sánchez y otros

mensuales vigentes y por daño emergente el equivalente a 51.84 salarios mínimos
legales mensuales vigentes para cada familia parcelera.

2.1.1. Como sustento fáctico de las pretensiones, el apoderado del grupo expuso, en
síntesis: (i) que a partir del año 1999 múltiples familias campesinas, algunas víctimas
de desplazamiento forzado, ocuparon un sector denominado El Tamarindo el que
consideraron baldío por no tener demarcación, habitación o explotación económica. El
predio El Tamarindo fue objeto de una división material en 1982 lo cual dio paso a 10
nuevos lotes entre ellos El Mirador, Campo Natasha, Beitjala y Granja Catalina, los
cuales fueron ocupados pacíficamente por las familias campesinas en mención; ii) El
10 de octubre de 2008, con fundamento en un fallo de amparo policivo proferido por la
Inspección de Policía de Barranquilla de Reacción Inmediata, la Inspección Quinta de
Policía realizó múltiples desalojos arbitrarios en los cuales se destruyeron bienes
materiales de los campesinos, las casas de habitación, cultivos, infraestructura
productiva, material de trabajo, entre otros, eliminando así la evidencia de la ocupación;
ii) El 5 de diciembre de 2011 se constituyó Asocampo; iv) El 27 de abril de 2011, un día
después de realizado un desalojo arbitrario sobre la franja Beitjala, se celebró una
Mesa de Tierras en la que se informó a las autoridades sobre la existencia de familias
desplazadas en dicho lugar que no habían sido censadas y que se requería de un plan
de reubicación que integrara, tanto a la población campesina como a la desplazada; y,
v) entre los días 7 y 8 de noviembre de 2013 se desarrolló la última diligencia de
desalojo de la franja Beitjala de la cual fueron expulsados 24 núcleos familiares,
diligencia en la que participaron agentes del ESMAD, aproximadamente 250
uniformados y personal de seguridad privada. El predio actualmente se encuentra sin
ser explotado y con vigilancia privada. Finalmente, relata que el día del desalojo le fue
informado a los miembros de la comunidad la propuesta de reubicación, la cual, aduce,
que debió ponerse en conocimiento antes de esa diligencia1.

2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A
admitió la demanda presentada el nueve (9) de noviembre de dos mil quince (2015),
mediante auto fechado el quince (15) de noviembre del año siguiente, notificado en
debida forma2.

2.3. El apoderado del Ministerio de Defensa, Policía Nacional, en el escrito de
contestación de la demanda, propuso las excepciones de falta de legitimación en la
causa por activa, por cuanto los actores no son los titulares del dominio del inmueble;
y la de culpa exclusiva de la parte demandante, por cuanto estaban ocupando el predio
de un tercero, lo cual implica una actuación ilegal. Afirmó, asimismo, que la
representante del grupo no probó los fundamentos fácticos de sus pretensiones, que
no existe nexo causal entre el supuesto daño sufrido por los actores y la presunta
imputación de responsabilidad a la Policía Nacional, por cuanto no se acredita que la
entidad haya participado en el daño que se le atribuye o que el predio fuese de
propiedad del grupo.

El apoderado del Distrito Especial y Portuario de Barranquilla, en el escrito de
contestación de la demanda, sostiene que el lote al que hace alusión la parte
demandante, estaba ocupado por tres grupos de personas, uno de ellos corresponde
a víctimas, conforme a la Ley 1448 de 2011(MarisoI Perea Sánchez, Erika Patricia
Flórez Calle, María F. Martínez Carrillo, Eunice Robles Clavijo y Darlis Margarita
Cárdenas); otro que se hacía llamar de campesinos, cuya ocupación no estaba
amparada por la ley en el sitio de los hechos; y un tercero grupo conformado por
ocupantes por vía de hecho. Sobre el desalojo ocurrido los días 7 y 8 de noviembre de
2013, indicó que conforme a las actas respectivas el Distrito de Barranquilla actuó
apegado a los parámetros de ley. Agregó que el Ministerio Público, al finalizar esa
diligencia, dejó constancia de que los procedimientos policivos se llevaron a efecto con
respeto del debido proceso y se brindó protección a las personas que aparecían en los
registros nacionales, al punto que se hicieron ofrecimientos por parte de los
1
Folios 1 a 34, del c1
2 Folio 117 a 119 del c. 1.

2

Radicado: 25000-23-41-000-2015-02258-01 (62968)
Demandante: Marisol Perea Sánchez y otros

querellantes y, previo acuerdo con estos, recibieron los beneficios convenidos, tal como
quedó consignado en actas”3.

2.4. Surtida la etapa probatoria, al descorrer el traslado para las alegaciones, el
apoderado del Distrito Especial y Portuario de Barranquilla reiteró lo dicho en la
contestación de la demanda. La parte demandante, la Policía Nacional y el Ministerio
público guardaron silencio4.

2.6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección primera, Subsección A
mediante sentencia dictada el dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciocho (2018),
declaró probada la culpa exclusiva de la víctima y negó las pretensiones de la demanda.
Consideró que frente al grupo de personas que ostentaban la calidad de desplazados
se cumplió el protocolo conforme a la ley y se les informó sobre la existencia de un plan
de reubicación. Los demás no acreditaron tal condición, por consiguiente, el trato que
se les dio fue el que corresponde, dentro del marco legal, para quien ocupa el predio
de un tercero. Tuvo por probado que la actuación de desalojo se ciñó a la ley, pues no
se demostró que la orden de policía emitida por la perturbación causada, haya sido
arbitraria. Además, los demandantes no acreditaron tener un mejor derecho que quien
demostró ser el propietario, o que existiera un proceso de pertenencia en curso. Así,
concluyó que la conducta de la víctima fue culposa, pues desatendió las normas, en la
medida en que ocupó un inmueble de un tercero5.

2.7. La representante del grupo interpuso recurso de apelación, en el que, en síntesis,
insiste en que la diligencia de desalojo fue arbitraria y que no podía adelantarse sin
garantizar a la población afectada una solución de vivienda adecuada plasmada en un
plan de reubicación, incluso para el grupo que no logró demostrar su condición de
desplazados, toda vez que el Estado no puede ser indiferente a la situación de pobreza
y marginalidad que afecta a las personas que no tiene la condición de víctima del
conflicto armado, pero que pueden pertenecer a otros grupos de especial protección.
Adujo que el plan de reubicación que fue presentado en el momento de la diligencia de
desalojo, debió ser concertado previamente con quienes ocupaban el predio. Reprochó
que el daño “no puede ser atribuible a los accionantes, producto del desalojo arbitrario,
debido a que las causas que los impulsó a efectuar la ocupación supera su radio de
acción y por tanto la responsabilidad es imputable a un tercero, el desplazamiento
forzado del que fueron víctimas los dejó en total indefensión y su accionar buscaba una
solución definitiva a la vulneración de sus derechos”. Finalmente, manifestó que la
condición de víctima no depende de la declaración o del registro por parte del Estado.
El Registro Único de Población Desplazada es entendido como parte del censo, pero
no tenerlo no significa que se carezca de la condición de desplazado forzosamente6.

2.8. El recurso de apelación interpuesto por la representante del grupo fue concedido
por el tribunal y admitido por esta Corporación mediante auto de diecinueve (19) de
febrero de dos mil diecinueve (2019)7. En auto posterior, el despacho corrió traslado a
las partes para que presentaran alegaciones finales y al Ministerio Público para que
emitiera concepto8. Esta oportunidad fue aprovechada por el apoderado de la parte
demandante, quien reitera lo expuesto en el escrito de apelación. El apoderado del
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, quien reiteró lo expuesto en la
contestación de la demanda. La Policía Nacional y el Ministerio Público guardaron
silencio.

III. CONSIDERACIONES

3 Folio 71 a 186 del c. 1.
4 Folios 500 y 501 del c. 1.
5 Folios 503 a 515, del c. ppal.
6 Folio 530 a 545 del c. ppal.
7 Folios 558 del c. ppal.
8 Folio 563 del c. ppal.

3

Radicado: 25000-23-41-000-2015-02258-01 (62968)
Demandante: Marisol Perea Sánchez y otros

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la accionante, habida
consideración de la competencia que le asiste para ello de conformidad con los artículos
51 de la Ley 472 de 1998 y 152.169 del CPACA, pues se trata de un proceso iniciado
en ejercicio de la acción de grupo, contra una autoridad del orden nacional, que conoce
la Sección Tercera en aplicación del “criterio de especialidad” previsto en el Reglamento
Interno del Consejo de Estado10.

3.1. Problema jurídico

De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado por el apoderado del grupo en el recurso
de apelación, relacionado con la demostración de los daños derivados del desalojo, que
insiste en calificar de arbitrario, y su imputación a los demandados, la Sala procede a
resolver el siguiente interrogante:

3.2.1. ¿el daño derivado del desalojo que padecieron los integrantes del grupo y que
califican de arbitrario, resulta antijuridico y jurídicamente imputable a la Nación -
Ministerio de Defensa -Policía Nacional, y al Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla?

3.2. Medios de prueba incorporados al expediente, relevantes para resolver el
asunto

3.2.1. Acta de diligencia de 7 de noviembre de 2013, en cumplimiento de la orden de
Policía por amparo policivo debido a la perturbación al derecho a la posesión
relacionada con el lote 9 Beitjala, en el que funge como querellante INVERMAS S.A.,
en la cual se consignó lo siguiente: i) que a Erika Patricia Flórez Calle, María Francisca
Martínez Carrillo, Luz Dary Rizo Bordillo, Tania Esther Galvis Gordillo, Eunice Robles
Clavija, Darlis Margarita Cárdenas y Marisol Perea Sánchez, reconocidas como
víctimas del conflicto armado, serían reubicadas y tendrían derecho al transporte
correspondiente para su traslado; en relación con las demás personas, que no
ostentaron esa condición, se les indicó que procederían con la diligencia de desalojo;
por lo tanto, debían abandonar voluntariamente las viviendas y, en caso de no hacerlo,
se utilizaría la fuerza, de ser necesario; ii) quedó constancia de las distintas actividades
realizadas, entre ellas, se constató con cada ocupante si estaba o no incluido en el
listado como víctima de desplazamiento forzado, se dejó constancia del desmonte de
los denominados 'cambuches' y en aquellos casos en los que se corroboró tal condición
se hizo el ofrecimiento de reubicación, el cual solo fue aceptado por la señora Eunice
Robles Clavijo; iii) el funcionario del Ministerio Público, José Luis Pertuz, dejó
consignado que "muy a pesar de que al comienzo de la diligencia hubo una alteración
del orden por personas que se encontraban en el predio, y que no se encontraban en
el censo de Registro Único Nacional de Desplazados, la misma se cumplió con el
debido proceso y se le brindó toda la protección a las personas que aparecían en los
registros nacionales y de acuerdo a las mesas de trabajo que se llevaron en la
diligencia y fue así que a varias personas se les hizo sus ofrecimientos por parte de la
apoderada de la querellante y previo acuerdo con ellos recibieron los beneficios
ofrecidos tal como quedó consignado anteriormente en esta acta"; igualmente, el señor
Javier Rocha Osorio, Comisario de Familia, manifestó que la diligencia
"afortunadamente fue bien controlada por la Policía Nacional y el ESMAD, en donde
no hubo choques ni maltratos físicos y se realizó sin que nadie resultara lesionado” 11.

3.2.2. También fue incorporada al expediente la copia del acta que se levantó al día
siguiente, esto es, el 8 de septiembre de 2013, en la que consta las actuaciones de

9 CPACA, artículo 152. “Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 16. De los relativos a la protección
de derechos e intereses colectivos, reparación de daños causados a un grupo y de cumplimiento, contra las
autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones
administrativas”.
10 Acuerdo 080 de 2019, artículo 13.
11
Folio 164 a 168, del c1

4

Radicado: 25000-23-41-000-2015-02258-01 (62968)
Demandante: Marisol Perea Sánchez y otros

desmonte de distintos "cambuches" y, el pronunciamiento del Ministerio Público en
igual sentido y consideraciones que expuso en el acta del día anterior12.

3.2.3. Igualmente, obra en el expediente copia del certificado de tradición y libertad de
la parcela N° 9, denominada Beitjala, que hacía parte de un terreno de mayor extensión
denominado El Tamarindo. Parcela que, conforme a la anotación N° 5 del 19 de marzo
de 1997 pertenece a INVERMAS S.A. De igual manera, aparecen varias anotaciones
en las que, el INCODER, por solicitud que presentaran varias de las personas que
fueron desalojadas del predio, invoca ante registro la siguiente anotación: “0927.
PREDIO DECLARADO EN ABANDONO POR POSEEDOR- OCUPANTE O
TENEDOR ESTA INSCRPCION SE HACE CON FINES PUBLICITARIOS Y NO
AFECTA LOS DERECHOS DEL PPROPIETARIO”. Todas esas anotaciones fueron
canceladas posteriormente, como consta en las anotaciones 25 y 26.13

3.2.4. Con la demanda se aportó el oficio SDG 2018 fechado 31 de octubre de 2013,
por medio del cual se da respuesta al oficio remitido el día anterior por el Defensor del
Pueblo Regional Atlántico. Mediante ese oficio, la Secretaría Distrital de Gobierno
informa al Ministerio Público que entre las gestiones adelantadas en relación con la
situación que se ha presentado en el predio El Tamarindo, está la suspensión de las
diligencias policivas programadas en los diferentes predios que lo componen, hasta
que se lleve a cabo reunión del Subcomité de Tierras y Restitución del Distrito de
Barranquilla. Reunión que se celebró el 24 de julio de 2013, en la que se decidió por
parte de los integrantes del mismo, entre los que se encuentran representantes de las
víctimas y del Ministerio Público (Personería Distrital, Procuraduría General de la
Nación y Defensoría del Pueblo), llevar a cabo caracterización de los ocupantes del
predio, la cual ya se realizó con el acompañamiento de la Personería Distrital, la
Defensoría del pueblo y la Unidad Nacional de Víctimas. Informa, además, que, el 8 de
octubre de 2013, recibieron de la Unidad nacional de Atención y Reparación de
Víctimas, el documento de acreditación del Registro Único de Víctimas, en el que
informa las personas que ostentan tal calidad, de quienes fueron censados en el predio,
documento que se puso en conocimiento del jefe de la Oficina de Inspecciones y
Comisarías14.

3.2.4. Copia de la queja instaurada por la comunidad del predio El Tamarindo,
formulada después de que se practicó la diligencia de desalojo, en la que, de manera
general se consigna lo que, en su sentir, ocurrió en el momento de la diligencia,
afirmando que se vulneraron los derechos de los ocupantes del predio que fueron
desalojados. Por esta razón, el Defensor del Pueblo solicitó a las distintas autoridades
que participaron en la diligencia, que rindieran informe de lo ocurrido.

3.2.5. Obra el oficio S 2014-014044, en el que, Coordinador de Derechos Humanos
MEVAR, subteniente Álvarez, da a conocer quiénes participaron en la diligencia y el
procedimiento que siguió la Policía, en el que se desplegó el protocolo garantizando
los derechos humanos. Informa que las actuaciones se realizaron a cabalidad, con
pequeños brotes de protestas que no pasaron a mayores, dentro del protocolo de la
actividad, al momento de proceder al desalojo de cada cambuche, y dijo “se le
presentaban las ofertas de reubicación a cada familia que se relaciona en el Registro
único de Víctimas, propuestas que en reunión anteriores ya se habían expresado a
toda la población de los predios BEITJALA Y CAMPO NATACHA, por parte del
inspector y de la representante jurídica encargada en el caso BEITJALA.15

3.2.6. Consta que el 21 de noviembre de 2013 se llevó a cabo una reunión en las
instalaciones de la Defensoría del Pueblo, en la que participó la alcaldía de
Barranquilla, la Inspección General de Policía Urbana del Distrito, Personería Distrital,
Personero Enlace de Víctimas, Procuraduría Provincial, Gobernación del Atlántico,

12
Folio 169 y 170, del c1
13
Folio 375 a 391, del c1
14 Folio 78, del c1
15
Folio 92, del c1

5

Radicado: 25000-23-41-000-2015-02258-01 (62968)
Demandante: Marisol Perea Sánchez y otros

Unidad de Víctimas, Defensoría Regional del Atlántico, los inspectores de policía que
actuaron en la diligencia de desalojo, miembros de la sociedad civil, representantes de
la comunidad del Beitjala y la abogada de los propietarios del predio en disputa. En esa
reunión, una de las representantes de las víctimas y miembro de Asocampo, manifestó
que ellos están de acuerdo con la reubicación, que son aproximadamente 13 núcleos
de víctimas. Cuando se le indaga si fueron a censarlos, ella manifiesta que sí, pero que
no se dejaron censar porque desconfían de las instituciones. Manifiesta que aceptan
la reubicación, pero si se hace de manera colectiva y no por separado, es decir, que
los reubiquen a todos en un mismo lugar.16

3.3. Consideraciones sobre los elementos de la responsabilidad del Estado

De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia 17, en
concordancia con los artículos 1757 del Código Civil (CC) 18 y 177 del Código de
Procedimiento Civil (CPC)19, quien pretenda la indemnización de los perjuicios por la
responsabilidad patrimonial del Estado deberá demostrar: (i) la existencia de un daño
antijurídico y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de las autoridades
públicas.

La jurisprudencia de la Sala ha sido pacifica al considerar que el daño, entendido como
una afectación, aminoración o alteración de un bien jurídico tutelado, a efectos de que
sea resarcible, debe presentar los siguientes caracteres20: i) que sea cierto, es decir,
que se pueda apreciar material y jurídicamente21, esto es que suponga una lesión a un
derecho, bien o interés legítimo que se encuentre protegido por el ordenamiento
jurídico con consecuencias ciertas en el patrimonio económico o moral de la víctima,
ii) que sea personal o padecido por quien lo reclama, iii) que sea antijurídico, esto es,
que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo22 y, iv) que la lesión no haya
sido causada ni sea jurídicamente atribuible a la propia víctima.

3.3.1. En lo atinente al daño derivado del desalojo calificado de arbitrario porque
quienes habitaban el predio en el que se llevó a cabo la diligencia policiva, aducen la
condición de desplazados y afirman que las autoridades actuaron por fuera del marco
legal para su práctica, la Sala, de las pruebas ya relacionadas, encuentra probada la
práctica de la diligencia de desalojo que se realizó los días 7 y 8 de noviembre de 2013;
sin embargo, no así lo que atañe a la condición de desplazados de quienes ocupaban
el predio, como tampoco el actuar arbitrario de las autoridades que participaron en esta,
según se pasa a exponer.

16
Folios 277 a 281, del c1
17 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados

por la acción o la omisión de las autoridades públicas. […]”.
18 “Artículo 1757. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”.
19 “Artículo 177. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico

que ellas persiguen”.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 5 de diciembre de 2005, expediente 12158 y del 28 de abril

de 2010, expediente 18478.
21
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de marzo de 2014, expediente 28741. “Como se aprecia,
el daño antijurídico es el principal elemento sobre el cual se estructura la responsabilidad patrimonial de la
administración pública, a la luz del artículo 90 de la Carta Política, entidad jurídica que requiere para su configuración
de dos ingredientes: i) uno material o sustancial, que representa el núcleo interior y que consiste en el hecho o
fenómeno físico o material (v.gr. la desaparición de una persona, la muerte, la lesión, etc.) y ii) otro formal que
proviene de la norma jurídica (…)”.
22
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de julio de 1993, expediente 8163. “Del daño antijurídico ha
dicho la Sala en varias providencias cuyo apoyo se ha buscado en la doctrina y en la jurisprudencia españolas, que
equivale a la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en la obligación de
soportar; de esta manera, se ha desplazado la antijuricidad de la causa del daño al daño mismo, constituyendo un
elemento estructural del daño indemnizable y objetivamente comprobable. Quizás sea esta característica la que ha
inclinado a pensar que ha ocurrido un tránsito, por imperio constitucional de una responsabilidad de tipo subjetivo a
otro objetivo. Esa conclusión no corresponde a la realidad. La ilicitud o antijuricidad del daño están ínsitos en el daño
mismo sin referencia alguna a la licitud o Ilicitud de su causa; en otros términos el daño antijurídico puede ser el efecto
de una causa Ilícita, pero también de una causa lícita.” En igual sentido, ver sentencias de 29 de febrero de 2012,
expediente 19544, de 25 de abril de 2012, expediente 21861 y de 21 de noviembre de 2018, expediente 40639. Corte
Constitucional, sentencia C-333 de 1996.

6

Radicado: 25000-23-41-000-2015-02258-01 (62968)
Demandante: Marisol Perea Sánchez y otros

Conforme a lo previsto en la Ley 387 de 199723, el desplazado es “toda persona que se
ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de
residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su
seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente
amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado
interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas
de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras
circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren
drásticamente el orden público.”. El Gobierno Nacional, mediante el decreto 2569 de
2000, creó el Registro Único de Población Desplazada con el propósito de identificar y
caracterizar a la población en esta condición y realizar seguimiento a la ayuda
humanitaria, sin que la inscripción en el mismo determine la condición de
desplazamiento, “pues esta es una situación de facto que se configura por el
cumplimiento de las circunstancias previstas en la ley”24.

El breve derrotero normativo citado denota que en este caso solo fue posible tener
por acreditada la condición de desplazamiento de Erika Patricia Flórez, María
Francisca Martínez Carrillo, Luz Dary Riso Bordillo, Tania Esther Galvis Gordillo, Tunise
Robles Clavijo, Darnis Margarita Cárdenas Parrado y Marisol Perea Sánchez, porque
respecto de las demás personas que estaban en el predio y fueron desalojadas no obra
en el expediente medio de prueba alguno que constate ese hecho, ni siquiera existe un
relato de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que habría ocurrido el
aducido desplazamiento, que permita realizar un análisis de contexto con miras a
establecer la certeza del daño y su antijuridicidad, a partir de la constatación de la
migración que los llevara a ubicarse en el terreno de propiedad de INVERMAS S.A. y
que exigiera de las autoridades atender la reubicación de cada uno de ellos antes de la
práctica de la diligencia. En lo que atañe a quienes sí acreditaron la condición de
desplazados, obra prueba tanto en el acta que se levantó en la diligencia, como en los
oficios SDG 2018 y S 2014-014044, que estos fueron debidamente identificados y se
les presentó la oferta de reubicación, que incluía el trasporte para el traslado. Estas dos
circunstancias, incluso fueron reconocidas en el escrito de apelación, dado que el
apoderado acepta que no todos tenían la condición de desplazados y aunque reprocha
que el plan de reubicación no fue concertado con anterioridad a la práctica de la
diligencia, acepta que este se dio a conocer a quienes acreditaron la condición de
desplazados cuando aquella se realizó.

Está probado que la persona jurídica propietaria del predio Beitjala en el que se realizó
la diligencia, ofreció un terreno para la reubicación de quienes ocupaban de manera
irregular el predio, pero en ese momento solo una de las personas clasificada como
desplazada, aceptó la propuesta.

Como lo prueba el acta que se le levantó el día que se llevó a cabo la diligencia de
desalojo, los diferentes oficios aportados al plenario, y los hechos narrados en la misma
demanda, la diligencia obedeció al procedimiento policivo que se adelantó por la
querella instaurada por INVERMA S.A., dada la ocupación ilegal que se suscitó en el
predio de su propiedad. Los oficios SDG 2018 y S 2014-014044 dan cuenta de que se
adelantaron conversaciones con los ocupantes del predio, antes de que se practicara
la diligencia y que esta solo se llevó a cabo una vez realizada la caracterización, pues
fue suspendida y reprogramada para realizarse después de que fueran censados sus
ocupantes, en tanto que, el acta de la reunión que se realizó el 21 de noviembre de
2013 en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo, en la que participó la alcaldía de
Barranquilla, la Inspección General de Policía Urbana del Distrito, Personería Distrital,
Personero Enlace de Víctimas, Procuraduría Provincial, Gobernación del Atlántico,
Unidad de víctimas, Defensoría Regional del Atlántico, los inspectores de policía que
actuaron en la diligencia de desalojo, miembros de la sociedad civil, representantes de

23 “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección,
consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de
Colombia”.
24 Corte Constitucional, sentencias T-468 de 9 de junio 2006 y T-211 de 23 de marzo de 2010.

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Demandante: Marisol Perea Sánchez y otros

la comunidad del Beitjala y la abogada de los propietarios del predio en disputa, que da
cuenta de que las autoridades sí fueron a censar a los ocupantes del predio, pero estos
no se dejaron censar pretextando desconfianza en las instituciones; denotan no solo
que la diligencia de desalojo se dio en el marco de un procedimiento legalmente
establecido para ello, sino que la comunidad que ocupaba ese predio no prestó su
colaboración para que se adelantara en debida forma la caracterización para el censo
y posterior reubicación.

Ahora, como se dijo, las diligencias policivas programadas en los diferentes predios
que conforman el de mayor extensión denominado El Tamarindo, incluida la de Beitjala,
fueron suspendidas hasta que se llevara a cabo reunión del Subcomité de Tierras y
Restitución del Distrito de Barranquilla, a fin de analizar la situación de quienes
ocupaban el predio. Esta reunión se celebró el 24 de julio de 2013 -tres meses antes
de que se adelantara la diligencia de desalojo-, en la que se decidió por parte de los
integrantes del mismo, entre los que se encuentran representantes de las víctimas y
del Ministerio Público (Personería Distrital, Procuraduría General de la Nación y
Defensoría del Pueblo), llevar a cabo caracterización de los ocupantes del predio, la
que se realizó con el acompañamiento de la Personería Distrital, la Defensoría del
Pueblo y la Unidad Nacional de Víctimas. El 8 de octubre de 2013, la Unidad Nacional
de Atención y Reparación de Víctimas, envió el documento de acreditación del Registro
Único de Víctimas, en el que informa las personas que ostentaban tal calidad, y quienes
fueron censados en el predio.

Por otra parte, la Sala observa que, si bien en la queja instaurada por la comunidad del
predio Beitjala que conforma el predio El Tamarindo, formulada después de que se
practicó la diligencia de desalojo, se dejó consignado, de manera general, que la
autoridad infringió los derechos humanos “arrasando con todo”, contrario a esta
afirmación, en el acta de diligencia de 7 de noviembre de 2013, realizada en
cumplimiento de la orden de Policía por amparo policivo debido a la perturbación al
derecho a la posesión relacionada con el lote 9 Beitjala, en el que funge como
querellante INVERMAS S.A., consta que se les indicó que procederían con la diligencia
de desalojo; por lo tanto, debían abandonar voluntariamente las viviendas y, en caso
de no hacerlo, se utilizaría la fuerza, de ser necesario. Asimismo, quedó consignado,
lo siguiente: i) se dejó constancia de las distintas actividades realizadas, entre ellas, se
constató con cada ocupante si estaba o no incluido en el listado como víctima de
desplazamiento forzado, se dejó constancia del desmonte de los denominados
'cambuches', y que en aquellos casos en los que se corroboró la condición de
desplazamiento, se hizo el ofrecimiento de reubicación, el cual solo fue aceptado por
la señora Eunice Robles Clavijo; ii) el funcionario del Ministerio Público, José Luis
Pertuz, dejó consignado que "muy a pesar de que al comienzo de la diligencia hubo
una alteración del orden por personas que se encontraban en el predio, y que no se
encontraban en el censo de Registro Único Nacional de Desplazados, la misma se
cumplió con el debido proceso y se le brindó toda la protección a las personas que
aparecían en los registros nacionales y de acuerdo a las mesas de trabajo que se
llevaron en la diligencia y fue así que a varias personas se les hizo sus ofrecimientos
por parte de la apoderada de la querellante y previo acuerdo con ellos recibieron los
beneficios ofrecidos tal como quedó consignado anteriormente en esta acta";
igualmente, el señor Javier Rocha Osorio, Comisario de Familia, manifestó que la
diligencia "afortunadamente fue bien controlada por la Policía Nacional y el ESMAD,
en donde no hubo choques ni maltratos físicos y se realizó sin que nadie resultara
lesionado”. En igual sentido, el Coordinador de Derechos Humanos MEVAR,
subteniente Álvarez, da a conocer quienes participaron en la diligencia y el
procedimiento que siguió la Policía, en el que se desplegó el protocolo garantizando
los derechos humanos. Informa que las actuaciones se realizaron a cabalidad, con
pequeños brotes de protestas que no pasaron a mayores, dentro del protocolo de la
actividad, al momento de proceder al desalojo de cada cambuche, y dijo “se le
presentaban las ofertas de reubicación a cada familia que se relaciona en el Registro
Único de Víctimas, propuestas que en reunión anterior ya se habían expresado a toda
la población de los predios BEITJALA Y CAMPO NATACHA, por parte del inspector y

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Demandante: Marisol Perea Sánchez y otros

de la representante jurídica encargada en el caso BEITJALA. Estos medios suasorios
llevan a esta Subsección a la conclusión de que la autoridad no actuó arbitrariamente
durante la práctica de la diligencia, como lo afirma el apelante, por el contrario, lo
observado es que se actuó cumpliendo el protocolo, garantizando los derechos de los
ocupantes del predio, y, en particular, siguiendo los lineamientos para la reubicación
de quienes ostentaban la condición de desplazados.

Finalmente, resulta pertinente aludir a lo que denota la copia del certificado de tradición
y libertad de la parcela N° 9, denominada Beitjala, que hacía parte de un terreno de
mayor extensión denominado El Tamarindo, de propiedad de INVERMAS S.A.,
documento en el que aparecen varias anotaciones en las que consta que el INCODER
invoca ante registro la siguiente anotación “0927. PREDIO DECLARADO EN
ABANDONO POR POSEEDOR- OCUPANTE O TENEDOR ESTA INSCRPCION SE
HACE CON FINES PUBLICITARIOS Y NO AFECTA LOS DERECHOS DEL
PPROPIETARIO”. Todas esas anotaciones fueron canceladas posteriormente, como
consta en las anotaciones 25 y 26 del mismo certificado.25

Para entender el alcance de esta anotación, viene necesaria una revisión en la
normativa que la regula, tanto como una ulterior contrastación de esta, con los hechos
que determinaron el registro de la anotación en referencia.

Por medio de la Ley 387 de 1997 se adoptan medidas para la prevención del
desplazamiento forzado y la atención, protección, consolidación y estabilización
socioeconómica de los desplazados por la violencia en Colombia; y que, para la época
de los hechos, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Incoder, tenía competencia
para ingresar los predios declarados en abandono al Registro Único de Predios
Abandonados por la Violencia (Rupta) e informar a las autoridades competentes sobre
la situación del bien para que impidieran cualquier acción de transferencia de títulos de
propiedad o enajenación en contra de la voluntad de sus dueños, conforme lo establece
el artículo 19 de la Ley 387 de 1997.

Al tenor de esa normativa, los funcionarios competentes para recibir y diligenciar los
formularios de solicitud de ingreso de un predio abandonado al Rupta, son los del
Ministerio Público -Personeros, Defensores y Procuradores-, quienes deben atender la
solicitud que haga el propietario, poseedor, ocupante o tenedor, que afirme haber
abandonado el inmueble por causa de la violencia. El funcionario del Ministerio Público
procederá a diligenciar el formulario adoptado por la Superintendencia de Notariado y
Registro, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder y el Proyecto de
Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y lo remitirá al día
siguiente de su recepción al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder, quien
ingresará el contenido del formulario y registrará en el Rupta ese predio como
abandonado por la violencia.

Entonces, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder, una vez efectuado el
procedimiento anterior, remitirá mediante oficio el formulario y sus anexos a la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos donde se encuentre ubicado el predio ingresado
en el Rupta, para que los funcionarios de esta surtan el procedimiento registral
correspondiente. Ubicado el folio de matrícula inmobiliaria que identifique el predio
sobre el que se solicita la inscripción de la prohibición de transferir o enajenar los
derechos que tiene el desplazado, se procederá a su inscripción así:

-- Si el desplazado es poseedor, tenedor y ocupante la inscripción, se hará con el
código 0927. "Predio declarado en abandono por poseedor, tenedor u ocupante"
(Resolución 3905 de 2010)

De: Incoder

25
Folio 375 a 391, del c1

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Radicado: 25000-23-41-000-2015-02258-01 (62968)
Demandante: Marisol Perea Sánchez y otros

A: (Nombre del Desplazado que declara haber Abandonado el Predio)

En este caso, las personas que ocupaban el predio Beitjala, quienes después fueron
desalojados, tramitaron la solicitud para que el predio fuera ingresado en el Rupta y
que el Incoder procediera a realizar el respectivo registro de la declaración de
abandono de este predio por parte de sus ocupantes, pero esto ocurrió en noviembre
de 2014, es decir, un año después de que se realizara la diligencia de desalojo y
respecto del predio aludido. Esta actuación da cuenta de que quienes conforman la
parte demandante, invocan su condición de desplazados, pero por el desalojo al que
se vieron sometidos por ocupar de manera irregular un predio de propiedad de
INVERMA S.A., mas no del desplazamiento que aducen que los llevó a ocupar ese
predio, desalojo que se itera, se dio durante el trámite de una querella policiva
adelantada por ocupación ilegal.

No obstante haberse surtido ese trámite, dos años después, se cancelaron esas
anotaciones, según da cuenta el mismo certificado, en el que aparece el código
registral 0845. La cancelación de esas anotaciones, necesariamente, conforme lo
dispone la ley, se dio a solicitud de quien pidió la protección inicialmente, ante el
Ministerio Público, para que lo remitiera al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
Incoder y este a su vez a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

La Finalidad de la inscripción en el Folio de Matricula Inmobiliaria de la medida de
Protección Individual, no es otra que salvaguardar la libertad del desplazado para
transferir el inmueble y solamente cuando diligencie ante el Ministerio Público la
solicitud de cancelación de la inscripción de dicha medida, podrán inscribirse actos de
transferencia del predio protegido. Para los poseedores, tenedores u ocupantes la
inscripción no confiere derechos, ni limita los derechos del propietario del predio,
publicita la solicitud del desplazado y sirve como medio probatorio para que pueda
reclamar por vía administrativa y judicial el respeto de sus derechos, lo que lleva a la
Sala inferir que los ocupantes del predio que inscribieron la medida y posteriormente
la cancelaron, desistieron de cualquier reclamo y/o derecho que pretendieran sobre el
predio Beitjala.

Por lo anterior, en el caso bajo estudio no aparece elemento probatorio alguno que
permita tener por probada la antijuridicidad del daño a partir del análisis del contexto en
que acaecieron los hechos. Por esta razón, la Sala no abordara el segundo elemento
de la responsabilidad, esto es, la imputación.

Conforme a lo expuesto, la Sala concluye que la representante del grupo, a quien
incumbía probar el supuesto de hecho en que cimentó las pretensiones 26, no aportó
elementos de juicio para acreditar la responsabilidad del Estado, dado que no acreditó
la condición de desplazamiento ni demostró la omisión de las cargas obligacionales de
las autoridades que participaron en la diligencia de desalojo que se llevó a cabo en
cumplimento de una orden dada dentro del procedimiento policivo por ocupación ilegal.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia apelada que negó las
pretensiones de la demanda.

4. Costas

26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 30 de septiembre de 2019, expediente. 46239.

“(…) según lo establecido en el artículo 177 del CPC es al actor a quien le corresponde demostrar el hecho que
pretende notar a su favor. No basta, entonces, para sustentar un cargo, hacer uso de referencias, sino acompañar
las afirmaciones con la certeza derivada de los hechos probados, pues son estos los que permiten resolver en uno
u otro sentido el fondo del asunto.”.

10

Radicado: 25000-23-41-000-2015-02258-01 (62968)
Demandante: Marisol Perea Sánchez y otros

De conformidad con los artículos 65 de la Ley 472 de 199827 y 188 del CPACA28 que
remite a las disposiciones del CGP, la condena en costas procede en contra de la parte
vencida o contra quien se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, siempre
que “en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”
29, verificación que corresponde al juez de primera instancia encargado de la liquidación

de manera concentrada. En lo atinente a las agencias en derecho, entendidas como “la
porción de las costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa”,
la Sala observa que en este caso procede su imposición porque aparece demostrado
en el expediente que el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla actuó en
esta instancia, por lo que se fijan las agencias en derecho en (1) un salario mínimo
mensual legal vigente a la fecha de esta sentencia30, que pagará la parte demandante
al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A el dieciocho (18) de octubre de dos mil
dieciocho (2018), que negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de esta instancia a la parte demandante, quien
pagará al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, el equivalente en
pesos a un (1) salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de esta sentencia.

TERCERO: En firme esta decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase,

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Firmado electrónicamente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF

27 “Contenido de la Sentencia. La sentencia que ponga fin al proceso se sujetará a las disposiciones generales del

Código de Procedimiento Civil y además, cuando acoja las pretensiones incoadas; dispondrá: (…) 5. La liquidación
de las costas a cargo de la parte vencida, teniendo en cuanta las expensas necesarias para la publicación del
extracto de la sentencia.”.
28 “CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre

la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.”.
29 CGP, artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya

controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a
aquella. (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.
CGP, artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con
sujeción a las siguientes reglas: (…)
30
Conforme al numeral 3.2. del Acuerdo 1887 de 2003.

11

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