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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2015-02286-01

Fecha
4 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2015-02286-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de mayo de 2025 por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998. CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2015-02286-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

4 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2015-02286-01
Actores: Martha Lucía Cardero Sotelo y Leonel Díaz Hernández
Demandados: Distrito Capital – Alcaldía Mayor de Bogotá, Alcaldía Local de Suba,
Policía Nacional – Estación Suba, Secretaría Distrital de Ambiente, Curaduría
Urbana núm. 5 y Centro Comercial Mirandela Plaza

Asunto: Resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida
en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL1 contra la
sentencia proferida el 29 de mayo de 2025 por la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca2.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Los señores Martha Lucía Cardero Sotelo y Leonel Díaz Hernández
presentaron demanda, en ejercicio del respectivo medio de control, contra el
Distrito Capital – Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alcaldía Local de Suba, la
Policía Nacional – Estación Suba, la Secretaría Distrital de Ambiente, la
Curaduría Urbana núm. 5 y el Centro Comercial Mirandela Plaza con el objeto
de que se proteja el derecho e interés colectivo al goce de un ambiente sano, de
conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones

1 En adelante la POLICÍA NACIONAL.
2 En adelante el TRIBUNAL.

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reglamentarias, previsto en el literal a del artículo 4 de la Ley 472 de 5 de agosto de
19983.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones4:

“[…] Teniendo en cuenta que desde hace ocho (8) años la comunidad acudió a la
autoridad competente y posteriormente en los últimos tres (3) años hemos
intensificado nuestras peticiones ante las diferentes autoridades para hacer cumplir
la Ley y defender nuestros derechos fundamentales sin que lo hayamos logrado,
solicitamos Señor Juez se ampare el derecho colectivo de un ambiente sano, en
consecuencia, hacer cesar las actividades de dichos establecimientos de comercio
que haciendo uso ilegal del suelo que no le es permitido, ponen en peligro la vida,
salud y los derechos colectivos de la comunidad residente en este sector netamente
residencial de los barrios de Mirandela, Tejares del Norte, San Pedro, Vilanova y
otros.
Adicionalmente:
Ordenar a los demandados a ejecutar las acciones tendientes a evitar el daño
contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre el
derecho colectivo fundamental afectado, ahora y en el futuro.
Ordenar la restitución de las cosas a su estado anterior. El Centro Comercial
Mirandela Plaza debe hacer cumplir el uso del suelo para lo que fue autorizado en la
Licencia de Construcción y no permitir el uso indebido que causa daños irreparables
en la comunidad a la cual pertenece. La Policía debe recuperar el parque Mirandela
que se encuentra en poder de pandillas, consumidores de drogas y alcohol y
devolverlo a la comunidad para el goce y disfrute de un ambiente sano que le
proporcione salud y vida.
Reconocer lo ordenado en los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998, en caso de
condenarse a los demandados […]”.

Presupuestos fácticos

3. La parte actora manifestó que las autoridades demandadas han omitido
ejercer el control sobre los establecimientos de comercio dedicados a la venta y
consumo de licores que operan en el Centro Comercial Mirandela Plaza ubicado en
la calle 187 núm. 49-64 en el Barrio Mirandela de la Localidad de Suba en la ciudad
de Bogotá.

4. Señalaron que de conformidad con la licencia de construcción 04-0272 de 2
de marzo de 2024 y el uso del suelo previsto para el predio en el que se ubica el
centro comercial, no es permitido el establecimiento de la actividad comercial de
venta de licor, toda vez que los locales comerciales se encuentran ubicados a

3 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de

las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
4 Cfr. Índice 12 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
16RECIBEMEMORIAL_01CUADERNOPRINCIPAL1(.pdf) NroActua 12 […]”.

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menos de 30 metros del sector residencial y el ruido que producen perturba la salud
y tranquilidad de los residentes, además de producir contaminación auditiva por el
alto volumen de los parlantes instalados en los establecimientos de comercio.

5. Asimismo, manifestaron que la presencia de vehículos parqueados en la vía
pública y el consumo de licor en las inmediaciones del centro comercial generan
problemas de seguridad en la zona.

6. Advirtieron que han elevado varias peticiones a las entidades encargadas de
ejercer el control de los establecimientos de comercio en la zona sin que a la fecha
de presentación de la demanda hayan realizado acciones tendientes a proteger el
derecho colectivo invocado.

Contestaciones de la demanda

7. La Curaduría Urbana núm. 5 presentó escrito de 18 de diciembre de 20155
mediante el cual contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las
pretensiones. Señaló que carecía de legitimación en la causa por pasiva, teniendo
en cuenta que es un particular encargado de una función pública consistente en la
verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes
en el distrito a través del otorgamiento de licencias urbanísticas.

8. Aseguró que expidió el concepto 50-0-3206 de 28 de octubre de 2011 en el
que, de conformidad con la normativa urbanística vigente al momento de su
expedición, el uso de bar se clasifica en la cobertura zonal clase II, la cual estaba
permitida en ese momento en el predio ubicado en la calle 187 núm. 49-64 Local
202, sin que con el precitado concepto se haya autorizado el funcionamiento de un
bar.

9. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y
ausencia de vulneración de derechos colectivos por parte de la Curaduría.

10. El Distrito Capital - Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría de Gobierno-
Alcaldía Local de Suba – Secretaría Distrital de Ambiente presentó escrito de 15
de enero de 20166 en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones,
señalando que ha realizado varias actuaciones administrativas y ha tramitado
procesos sancionatorios en procura de salvaguardar el derecho colectivo invocado

5 Cfr. Índice 12 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
16RECIBEMEMORIAL_01CUADERNOPRINCIPAL1(.pdf) NroActua 12 […]”.
6 Cfr. Índice 12 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
16RECIBEMEMORIAL_01CUADERNOPRINCIPAL1(.pdf) NroActua 12 […]”.

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y que, en todo caso, de existir vulneración del derecho colectivo es producido por
terceros particulares.

11. Afirmó que la administración distrital ha actuado respetando el debido
proceso, ha adelantado actuaciones administrativas y, de acuerdo con sus
funciones, ha realizado operativos nocturnos de control a los establecimientos que
expenden licores en el Centro Comercial Mirandela Plaza.

12. Sostuvo que en el presente caso se configura la carencia actual de objeto por
hecho superado, en atención a que ha realizado las acciones en procura de ejercer
el control sobre los establecimientos de comercio y no existe en la actualidad la
vulneración alegada.

13. Finalmente, formuló las excepciones de hecho superado o carencia total de
objeto, daño causado por hecho exclusivo de un tercero, falta de legitimación en la
causa por pasiva e inexistencia de la omisión.

14. La Policía Nacional – Policía Metropolitana de Bogotá presentó escrito de
15 de enero de 20167 en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda y aseguró que adelantó el cierre temporal de los establecimientos de
comercio denominados CANGURO BAR; THE CLUB BAR; SHOT LOUNGE;
DEUTSCHE WORST UND KAFFE y SHOT LOUNGE, correspondiendo a la
Alcaldía Local de Suba resolver sobre el cierre definitivo de los mencionados
establecimientos.

15. Aseguró que a través del Comando de Estación Once de Suba ha realizado
diligencias de amonestación, solicitudes de documentación para el desarrollo de
actividades en establecimiento comercial. Señaló que ha desplegado diversos
operativos tendientes a recuperar el espacio público del Parque Mirandela en los
que se incautaron elementos y se elaboró un informe sobre la detección de puntos
críticos para la instalación de cámaras de seguridad.

16. Afirmó que carecía de legitimación en la causa por pasiva, pues corresponde
a la Alcaldía Local de Suba realizar las gestiones correspondientes para adoptar
las medidas necesarias para que los establecimientos de comercio cumplan los
requisitos de la Ley 232 de 1995.

7 Cfr. Índice 12 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
16RECIBEMEMORIAL_01CUADERNOPRINCIPAL1(.pdf) NroActua 12 […]”.

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17. Indicó que la acción popular era improcedente por cuanto no se configura la
omisión en las funciones de la Policía Nacional que transgredan los derechos
colectivos.

18. Formuló las excepciones de improcedencia de la acción y falta de
legitimación en la causa por pasiva.

19. El curador ad litem de los establecimientos de comercio denominados BAR
SHORT LOUNGE, 2 Y 20, CANGURO BAR y SAN JUAN BAR presentó escrito de
26 de abril de 20188 en el que señaló que en la actualidad dichos establecimientos
de comercio no se encuentran en funcionamiento.

20. El apoderado judicial del establecimiento de comercio MI TIERRA BAR
presentó escrito de 29 de mayo de 20189 en el que contestó la demanda en el
sentido de oponerse a las pretensiones y formuló las excepciones de improcedencia
de la acción popular, hecho superado e interpretaciones subjetivas por parte de los
actores populares.

Otras actuaciones

21. El TRIBUNAL profirió auto de 30 de junio 2016 10 mediante el cual resolvió
oficiar a la Cámara de Comercio de Bogotá para que remitiera los certificados de
existencia y representación legal de los establecimientos de comercio ubicados en
el Centro Comercial Mirandela Plaza con el fin de vincularlos a la presente acción
popular.

22. El TRIBUNAL celebró la audiencia especial de pacto de cumplimiento el día
1.º de noviembre de 201711, la cual fracasó porque no comparecieron la totalidad
de partes interesadas.

23. El TRIBUNAL profirió auto de 14 de mayo de 202112 mediante el cual aceptó
la coadyuvancia de la demanda presentada por el señor José Miguel Forero
Mendoza y decretó pruebas.

8 Cfr. Índice 12 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
16RECIBEMEMORIAL_01CUADERNOPRINCIPAL1(.pdf) NroActua 12 […]”.
9 Cfr. Índice 12 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
16RECIBEMEMORIAL_01CUADERNOPRINCIPAL1(.pdf) NroActua 12 […]”.
10 Cfr. Índice 12 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
16RECIBEMEMORIAL_01CUADERNOPRINCIPAL1(.pdf) NroActua 12 […]”.
11 Cfr. Índice 12 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
16RECIBEMEMORIAL_01CUADERNOPRINCIPAL1(.pdf) NroActua 12 […]”.
12 Cfr. Índice 12 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
16RECIBEMEMORIAL_01CUADERNOPRINCIPAL1(.pdf) NroActua 12 […]”.

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24. El TRIBUNAL profirió auto de 8 de octubre de 202413 en el que corrió traslado
a las partes para alegar de conclusión.

25. La Policía Nacional y el Distrito Capital – Alcaldía Mayor de Bogotá
presentaron escritos en los que reiteraron los argumentos expuestos en las
contestaciones de la demanda.

26. El MINISTERIO PÚBLICO guardó silencio en esta etapa procesal.

Sentencia de primera instancia

27. El TRIBUNAL profirió sentencia el día 29 de mayo de 2025, en la que resolvió
lo siguiente14:

“[…] PRIMERO. - DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: EXHORTAR la ALCALDÍA DE BOGOTÁ y a la POLICIA NACIONAL para
que continúen realizando labores de inspección, vigilancia y control en el Centro
Comercial “Mirandela”, con el propósito de verificar que los establecimientos de
comercio allí ubicados cumplan con la normativa urbanística vigente.

TERCERO: DECLARAR la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
de Juana Sáenz Montaño en calidad de Curadora Urbana No. 5

CUARTO: NO condenar en costas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

QUINTO: REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente […]”.

28. El TRIBUNAL consideró que de acuerdo con el material probatorio allegado
al proceso era posible concluir que las autoridades demandadas habían adoptado
diversas medidas administrativas, policivas y ambientales para mitigar los efectos
derivados del uso indebido del suelo en el sector en el que se ubica el Centro
Comercial Mirandela Plaza.

29. Precisó que la Policía Nacional – Comando de Policía de Suba demostró
que ha realizado gestiones tendientes a la recuperación del espacio público del
sector, garantizando la armonía en la zona residencial y evitando la contaminación
auditiva, la inseguridad y el impacto en la movilidad.

13 Cfr. Índice 12 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
16RECIBEMEMORIAL_01CUADERNOPRINCIPAL1(.pdf) NroActua 12 […]”.
14 Cfr. Índice 12 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
16RECIBEMEMORIAL_01CUADERNOPRINCIPAL1(.pdf) NroActua 12 […]”.

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30. Destacó que atendiendo a que las pruebas permitían evidenciar que en la
actualidad no operan los establecimientos de comercio en el Centro Comercial
Mirandela Plaza que dieron origen a la acción popular de la referencia, y que las
autoridades accionadas demostraron que realizaron acciones para garantizar el
cumplimiento de las normas urbanísticas frente a las actividades que se
encontraban permitidas de acuerdo con el uso del suelo y la licencia de construcción
del Centro Comercial, se trataba de hechos superados.

31. Finalmente, el TRIBUNAL consideró que era necesario exhortar a la Alcaldía
de Bogotá y a la Policía Nacional con el objeto de que continúen realizando
labores de inspección, vigilancia y control en el Centro Comercial Mirandela Plaza
con el propósito de verificar que los establecimientos allí ubicados cumplan la
normativa urbanística vigente.

Recurso de apelación

32. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional presentó
escrito de 12 de junio de 202515, por medio del cual interpuso recurso de apelación
contra la sentencia proferida en primera instancia con fundamento en los siguientes
argumentos:

32.1. Afirmó que la Policía Nacional no tiene competencia para dar cumplimiento
al exhorto previsto en el ordinal segundo de la sentencia apelada.

32.2. Aseguró que a la Policía Nacional, de conformidad con lo previsto en el
artículo 218 de la Constitución Política y en la Ley 62 de 1993, le corresponde
mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades
públicas y asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz, sin que dentro
de sus funciones se encuentre la de verificar la normativa urbanística.

32.3. Adujo que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 810 de 2003, el curador
urbano es un particular que cumple una función pública consistente en la verificación
del cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el Distrito.
Asimismo, los artículos 2.2.6.1.1.1 y 2.2.6.6.1.2 del Decreto 1077 de 2015, definen
el curador urbano y la naturaleza de la función de curador urbano.

15 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
16ED_03CUADERNOPRINCIPAL3(.pdf) NroActua 2 […]”.

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32.4. Igualmente, sostuvo que el Consejo de Estado, mediante concepto de 7 de
diciembre de 2000, precisó que los curadores urbanos son particulares que
desarrollan competencias policivas de control y vigilancia en el trámite de la
expedición de la licencia de urbanismo y construcción.

32.5. En el mismo sentido, señaló que los artículos 84 y 85 de la Ley 1801 de 2016,
regulan el perímetro de impacto de la actividad económica y el informe de registro
en Cámaras de Comercio, precisando que corresponde a la administración distrital
verificar que las actividades económicas estén autorizadas por la reglamentación
de las normas de uso del suelo.

32.6. Finalmente, señaló que no existe sustento legal para que el Tribunal
exhortara a la Policía Nacional para que continuara realizando labores de
inspección, vigilancia y control en el Centro Comercial Mirandela Plaza, con el
propósito de verificar que los establecimientos de comercio allí ubicados cumplan
con la normativa urbanística, competencia que recae en los curadores urbanos y en
la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Concesión del recurso de apelación

33. El magistrado sustanciador del TRIBUNAL profirió auto de 27 de junio de
202516, mediante el cual concedió el recurso de apelación presentado por la Policía
Nacional contra la sentencia proferida en primera instancia.

Actuaciones en segunda instancia

34. El Despacho sustanciador profirió auto de 15 de julio de 202517 mediante el
cual admitió el recurso de apelación interpuesto por la Policía Nacional contra la
sentencia proferida en primera instancia. Asimismo, se advirtió al procurador
delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado que podía
emitir concepto y a las partes procesales que podían solicitar el decreto de pruebas
y pronunciarse en relación con el recurso de apelación interpuesto hasta la
ejecutoria del auto admisorio.

35. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

16 Cfr. índice 102 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado:
“[…] 53Autoqueconced_201502286CONCEDEAPEL(.pdf) NroActua 102 […]”.
17 Cfr. índice 4 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
7Autoqueadmite_APa2015228601_Martha(.pdf) NroActua 4 […]”.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

36. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) el problema jurídico; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
colectivo al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la
Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; y v) el análisis del caso
concreto.

Competencia de la Sala

37. De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia
para conocer de las acciones populares en segunda instancia; en el artículo 13 del
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201918, sobre la distribución de asuntos entre las
secciones del Consejo de Estado; y en el 15019 de la Ley 1437, sobre competencia
del Consejo de Estado, en segunda instancia, se precisa que esta Sección es
competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación que
se presenten contra las sentencias proferidas, en primera instancia, por los
Tribunales Administrativos en el trámite de las acciones populares.

38. Asimismo, de conformidad con los artículos 32020 y 32821 de la Ley 1564 de
12 de julio de 201222, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 37 de la Ley 472, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones
a los cuales se contrae el recurso interpuesto por la Policía Nacional.

39. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.

18 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el artículo 1.º del

Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024 “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del
Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
19 Artículo modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 y por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021.

20 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
21
“[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
22 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

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Problema jurídico

40. La Sala deberá determinar, con fundamento en el recurso de apelación:

40.1. Si la Policía Nacional tiene competencia para cumplir el exhorto
consistente en continuar realizando labores de inspección, vigilancia y control en el
Centro Comercial Mirandela, con el propósito de verificar que los establecimientos
de comercio allí ubicados cumplan con la normativa urbanística vigente.

41. Y, en ese sentido, establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 29 de mayo de 2025 proferida por el TRIBUNAL.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

42. De conformidad con el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone
que las acciones populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos
e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la
salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia
económica y otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

43. El artículo 2 de la Ley 472 define las acciones populares como “[…] los
medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]”
que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

44. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.

45. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.

46. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo

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“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […] ” 23.

47. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el procurador general de la nación, el defensor del pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al goce de
un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la
ley y las disposiciones reglamentarias

48. El artículo 79 de la Constitución Política dispone que todas las personas
tienen derecho a gozar de un ambiente sano.

49. Al respecto, la Corte Constitucional24 ha resaltado la importancia del medio
ambiente sano como derecho colectivo, "[…] ya que los derechos colectivos y del
ambiente no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos por el

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla

Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).
24 Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de

inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el
Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera, 18
de octubre de 2017.

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Núm. único de radicación: 25000-23-41-000-2015-02286-01

interés universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos
humanos de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las generaciones
que están por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene derecho a que se
le conserve, el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del
hombre como sujeto universal del derecho […]”.

Análisis del caso concreto

50. El TRIBUNAL profirió sentencia de 29 de mayo de 2025 en la que, entre otras
cosas, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado y exhortó al Distrito
Capital y a la Policía Nacional para que continuaran realizando labores de
inspección, vigilancia y control en el Centro Comercial Mirandela con el propósito
de “[…] verificar que los establecimientos de comercio allí ubicados cumplan con la
normativa urbanística vigente […]”.

51. La Policía Nacional interpuso recurso de apelación contra la sentencia
proferida, en primera instancia, en el que señaló que carecía de competencia para
dar cumplimiento al exhorto contenido en el ordinal segundo de la sentencia de
primera instancia, toda vez que no tiene funciones para verificar el cumplimiento de
la normativa urbanística. Asimismo, sostuvo que el cumplimiento del exhorto
correspondía al Distrito y a la Curaduría.

52. La Sala advierte que los argumentos expuestos en el recurso de apelación
por parte de la Policía Nacional no cuestionan la decisión del Tribunal consistente
en la declaratoria de la carencia actual de objeto por hecho superado, sino que giran
en torno a la competencia de la entidad para cumplir el exhorto, por lo que se
prescindirá de hacer referencia a las pruebas allegadas al proceso y se procederá
a resolver el problema jurídico formulado supra, teniendo en cuenta los artículos
320 y 328 de la Ley 1564 anteriormente indicados y los límites del recurso de
apelación.

Solución al problema jurídico

53. La Policía Nacional afirmó en el recurso de apelación que no tiene
competencia para dar cumplimiento al exhorto contenido en el ordinal segundo de
la sentencia apelada, lo que sustentó en que de conformidad con el ordenamiento
jurídico vigente sus funciones no incluyen la verificación de la normativa urbanística,
por lo que, a juicio de la entidad, no existe sustento legal para que el Tribunal la
hubiera incluido el exhorto.

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54. Por su parte, el Tribunal consideró que “[…] con el fin de evitar que se
generen nuevos hechos que reincidan en la vulneración de los derechos colectivos
se EXHORTARÁ a la ALCALDÍA DE BOGOTÁ y a la POLICIA NACIONAL para
que continúen realizando labores de inspección, vigilancia y control en el Centro
Comercial “Mirandela”, con el propósito de verificar que los establecimientos de
comercio allí ubicados cumplan con la normativa urbanística vigente […]”.

55. La Sala con el objeto de solucionar el problema jurídico formulado, considera
relevante referirse en un primer momento a la naturaleza jurídica del exhorto en las
acciones populares y, posteriormente, a la competencia de la Policía Nacional para
cumplir el exhorto contenido en la sentencia proferida en primera instancia.

Naturaleza jurídica del exhorto en las acciones populares

56. Esta Sección respecto a la naturaleza jurídica de los exhortos en las acciones
populares ha sostenido lo siguiente25:

“[…] La Sección Primera del Consejo de Estado profirió auto de 14 de abril de 2023
en el que consideró lo siguiente:

“[…] la Sala precisa que, de conformidad con la jurisprudencia de la
Corporación, los exhortos no constituyen mandatos judiciales propiamente
dichos respecto de los cuales se pueda exigir su cumplimiento por vía de
desacato, en tanto que corresponden a meras sugerencias que se realizan
a las autoridades en virtud del principio de colaboración armónica y se
caracterizan por no ser vinculantes […]”.

En ese sentido, la Sección Quinta de la Corporación, en providencia de 31 de marzo
de 2022, sostuvo lo siguiente:

“[…] Lo primero que destaca esta Colegiatura es que, la Real Academia
Española define el verbo instar como la acción de “pedir con apremio [a alguien]
que haga algo”; es decir, urgir la pronta ejecución de algo. Por otro lado, precisa
que la palabra exhortar significa “incitar a alguien con palabras a que haga
o deje de hacer algo”. De ello, es dable concluir que instar y exhortar son
sinónimos.

Resulta que, en la sentencia C-728 de 2009, la Corte Constitucional, al estudiar
la demanda de inconstitucionalidad que se instauró contra el artículo 27 de la
Ley 48 de 1993, a pesar de declarar la exequibilidad del cargo analizado,
exhortó al Congreso de la República para que, atendiendo a las
consideraciones expuestas en esa sentencia, regulara lo concerniente a la
objeción de conciencia frente al servicio militar. En dicha providencia, explicó
que, el “exhorto es un requerimiento al legislador, con o sin señalamiento
de plazo, para que produzca las normas cuya expedición aparece como
obligada a la luz de la Constitución y su significado en derecho
constitucional debe ser visto como una expresión de la colaboración para
la realización de los fines del Estado, en particular para la garantía de la
efectividad de los derechos de las personas”.

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 7 de septiembre de

2023, CP. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 760012333000201501404-03

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Núm. único de radicación: 25000-23-41-000-2015-02286-01

[…]

En este punto, cabe recordar que, el principio de colaboración armónica
contenido en el artículo 113 superior dispone que “[…] los diferentes órganos
del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la
realización de sus fines”. En ese orden, el exhorto no puede entenderse como
una invasión a la libertad, autonomía e independencia administrativa de que
gozan las entidades, teniendo en cuenta que, como se ha dicho párrafos atrás,
constituyen meras sugerencias o propuestas pues no tienen un carácter
vinculante real, son llamados para advertir la existencia de situaciones
inconstitucionales como lo son, por ejemplo, las omisiones; su
fundamento principal es proteger y propender por la supremacía
constitucional. […]”.

Dicha postura ha sido reiterada por la Sección Segunda del Consejo de Estado en
providencias de 6 de octubre y 16 de diciembre ambas de 2022, en las cuales
adicionalmente se sostuvo que resultaba improcedente iniciar incidente de
desacato frente a exhortos realizados por autoridades judiciales debido a su no
obligatoriedad.

Al respecto, se consideró:

“Con el propósito de establecer si es dable o no iniciar trámite incidental en este
asunto, cabe advertir que el exhorto no es un mandato, pues su finalidad es
conminar, en virtud del principio de colaboración armónica entre los
diferentes poderes del Estado, la adopción de medidas tendientes a
proteger preceptos superiores, sin que ello implique una orden judicial de
perentorio cumplimiento. Sobre el particular, la Corte Constitucional dijo:

“Precisamente, y en desarrollo de este mandato constitucional de separación
de poderes y de autonomía de las distintas Ramas del Poder Público, a la Corte
le fue asignada la función de asegurar la supremacía material y formal de la
Constitución, mediante la competencia para declarar la inexequibilidad de las
leyes cuando a ello hay lugar. Ahora bien, excepcionalmente esta Corporación
ha acudido a la figura del exhorto cuando comprueba la existencia de vacíos
legislativos absolutos. No obstante, es preciso recordar que la palabra
‘exhortar’ en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,
está definida como “incitar a alguien con palabras a que haga o deje de
hacer algo” [10] […]. 6.- De lo anterior se desprende que, en tanto la figura del
exhorto no constituye una orden judicial, resulta imposible fáctica y
jurídicamente efectuar procesos de seguimiento frente al cumplimiento de
la acción que la Corte insta a cumplir, comoquiera que, como ya se dijo, esta
figura consiste en un llamamiento o apremio para que [se] ejecute un mandato
constitucional […] sin que exista un instrumento que lo haga exigible
coercitivamente […]”. (Destacado fuera de texto).

57. De conformidad con la jurisprudencia transcrita, la Sala precisa que el exhorto
no constituye un mandato judicial propiamente dicho, sino una incitación a la
autoridad para que haga o deje de hacer algo, de conformidad con el principio de
colaboración entre las ramas del poder público y, con el objeto de garantizar los
fines del Estado, por lo que la jurisprudencia ha sostenido que los exhortos no
pueden ser objeto de incidentes de desacato, precisamente porque no son en
estricto sentido órdenes judiciales.

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58. Así las cosas, descendiendo al caso concreto, la Sala considera que el
exhorto contenido en el ordinal segundo de la sentencia proferida en primera
instancia no constituye un mandato judicial que deba ser obligatoriamente cumplido
por la Policía Nacional, sino que se trata de una sugerencia, sin valor vinculante
para que la precitada entidad, en el marco de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias, y especialmente, en procura de la efectividad del principio
de colaboración armónica entre los poderes públicos y con el objeto de garantizar
los fines del Estado, realice las labores que son de su resorte, en colaboración con
el Distrito Capital para que continúen realizando labores de inspección, vigilancia
y control en el Centro Comercial Mirandela con el propósito de verificar que los
establecimientos de comercio allí ubicados cumplan con la normativa urbanística
vigente.

59. Por lo anterior, para la Sala no es contradictorio que el Tribunal haya, de una
parte, declarado la carencia de objeto por hecho superado respecto de la
vulneración del derecho colectivo al goce de un ambiente sano como consecuencia
de que se probó en el proceso que los establecimientos de comercio que motivaron
la presentación de la demanda dejaron de vulnerar el derecho colectivo y, de otra
parte, haya exhortado al Distrito Capital y a la Policía Nacional para que
continuaran realizando las labores de inspección, vigilancia, control y,
específicamente, de verificación del cumplimiento de la normativa urbanística.

60. Lo anterior, en razón a que al momento de proferir la sentencia se demostró
que los hechos que generaron la vulneración del derecho colectivo estaban
superados; sin embargo, el Tribunal consideró que era necesario exhortar a las
autoridades accionadas para que continuaran realizando la vigilancia y control
requerido para que no se incurriera nuevamente en la afectación de los derechos
de la colectividad, exhorto que se insiste, no constituye propiamente una orden
judicial sino una sugerencia a las autoridades para que en cumplimiento de sus
funciones no permitan que se amenace o vulnere nuevamente el derecho colectivo
amparado.

61. Precisada la naturaleza jurídica del exhorto, corresponde a la Sala determinar
si, como lo sostiene la Policía Nacional, la entidad carece de competencia para
cumplir, en el caso concreto y en el marco de sus funciones constitucionales, legales
y reglamentarias, el contenido del exhorto.

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Sobre la competencia de la Policía Nacional para cumplir el exhorto contenido
en la sentencia proferida en primera instancia

62. Mediante la Ley 1801 de 29 de julio de 2016 se expidió el Código Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana, del cual la Sala destaca las siguientes
disposiciones:

“[…] ARTÍCULO 87. Requisitos para cumplir actividades económicas. Es
obligatorio, para el ejercicio de cualquier actividad: comercial, industrial, de
servicios, social, cultural, de recreación, de entretenimiento, de diversión; con o sin
ánimo de lucro, o que siendo privadas, trasciendan a lo público; que se desarrolle o
no a través de establecimientos abiertos o cerrados al público, además de los
requisitos previstos en normas especiales, cumplir previamente a la iniciación
de la actividad económica los siguientes requisitos:

1. Las normas referentes al uso del suelo, destinación o finalidad para la que
fue construida la edificación y su ubicación.

2. Mantener vigente la matrícula mercantil de la Cámara de Comercio de la respectiva
jurisdicción donde se desarrolle la actividad.

3. La comunicación de la apertura del establecimiento, al comandante de
estación o subestación de Policía del lugar donde funciona el mismo, por el
medio más expedito o idóneo, que para tal efecto establezca la Policía Nacional.

4. Para la comercialización de equipos terminales móviles se deberá contar con el
permiso o autorización expedido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones o su delegado.

Durante la ejecución de la actividad económica deberá cumplirse con los
siguientes requisitos:

1. Las normas referentes a los niveles de intensidad auditiva.

2. Cumplir con los horarios establecidos para la actividad económica
desarrollada.

3. Las condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales determinadas en el
régimen de Policía.

4. El objeto registrado en la matrícula mercantil y no desarrollar otra actividad
diferente.

5. Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales
causantes de pago, protegidas por las disposiciones legales vigentes sobre derechos
de autor, mantener y presentar el comprobante de pago al día.

6. Para ofrecer los servicios de alojamiento al público u hospitalidad, se debe contar
con el registro nacional de turismo.

PARÁGRAFO 1. Los anteriores requisitos podrán ser verificados por las
autoridades de Policía en cualquier momento, para lo cual estas podrán
ingresar por iniciativa propia a los lugares señalados, siempre que estén en
desarrollo de sus actividades económicas.

PARÁGRAFO 2. Ninguna autoridad podrá exigir licencia, permiso o requisito
adicional de funcionamiento, para el desarrollo de actividades económicas salvo lo
previsto en la ley […]”. (Destacado fuera de texto).

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“[…] ARTÍCULO 135. Comportamientos contrarios a la integridad
urbanística. Los siguientes comportamientos, relacionados con bienes
inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso público y el espacio
público, son contrarios a la convivencia pues afectan la integridad urbanística
y por lo tanto no deben realizarse, según la modalidad señalada:

[…]

C) Usar o destinar un inmueble a:

9. Uso diferente al señalado en la licencia de construcción.

10. Ubicación diferente a la señalada en la licencia de construcción.

11. Contravenir los usos específicos del suelo.

12. Facilitar, en cualquier clase de inmueble, el desarrollo de usos o
destinaciones del suelo no autorizados en licencia de construcción o con
desconocimiento de las normas urbanísticas sobre usos específicos […]”.
(Destacado fuera de texto).

“[…] ARTÍCULO 181. Multa especial. Las multas especiales se clasifican en tres
tipos:

[…]

2. Infracción urbanística. A quien incurra en cualquiera de las infracciones
urbanísticas señaladas en el Libro II del presente Código o en las disposiciones
normativas vigentes, se le impondrá además de otras medidas correctivas que sean
aplicables y las sanciones de tipo penal a que haya lugar, multa por metro cuadrado
de construcción bajo cubierta, de área de suelo afectado o urbanizado o de
intervención sobre el suelo, según la gravedad del comportamiento, de conformidad
con el estrato en que se encuentre ubicado el inmueble, así:

a) Estratos 1 y 2: de cinco (5) a doce (12) salarios mínimos legales mensuales
vigentes;

b) Estratos 3 y 4: de ocho (8) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales
vigentes;

c) Estratos 5 y 6: de quince (15) a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

Cuando la infracción urbanística se realice en bienes de uso público o en suelo de
protección ambiental, la multa se aumentará desde un 25% hasta en un 100%.

Tratándose de infracción por usos, cuando la actividad desarrollada es
comercial o industrial del nivel de más alto impacto, según las normas
urbanísticas del municipio o distrito, la multa se incrementará en un 25%.

En ningún caso, la multa podrá superar los doscientos (200) salarios mínimos legales
mensuales vigentes y el valor del total de las multas impuestas y liquidadas, no podrá
ser superior al valor catastral del inmueble.

Para la adopción de decisión sobre infracciones urbanísticas, se seguirá el
procedimiento establecido en el presente Código.

La medida de multa por comportamientos contrarios a la integridad urbanística no se
impondrá a través de comparendo. El personal uniformado de la Policía Nacional

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pondrá en conocimiento de estos comportamientos mediante informe al
inspector de Policía […]”. (Destacado fuera de texto).

63. Como se desprende de las disposiciones transcritas, previstas en el Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, corresponde a la Policía
Nacional, entre otras cosas, verificar los requisitos establecidos en el artículo 87 de
la Ley 1801 de 2016 para el ejercicio de actividades comerciales que se desarrollen
en establecimientos abiertos al público, en concreto, verificar las normas referentes
a los niveles de intensidad auditiva; el cumplimiento de horarios establecidos para
la actividad económica; y las condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales
determinadas en el régimen de policía.

64. Asimismo, el precitado estatuto regula los comportamientos contrarios a la
integridad urbanística, entre ellos, el uso o destinación de inmuebles a un uso
diferente al señalado en la licencia de construcción; la ubicación diferente a la
señalada en la licencia; la contravención de usos específicos del suelo, y la
facilitación en un inmueble de usos o destinaciones del suelo no autorizadas
en la licencia de construcción o con desconocimiento de las normas
urbanísticas.

65. La Ley 1801 de 2016 regula la multa especial por infracción urbanística y
asigna al personal uniformado de la Policía Nacional el deber de poner en
conocimiento del Inspector de Policía el comportamiento con el que se incurra en
violación a las normas que regulan la integridad urbanística.

66. De conformidad con la competencia establecida en el ordenamiento jurídico
a la Policía Nacional, la Sala considera que no le asiste razón al apoderado de la
entidad cuando señala que el exhorto contenido en el ordinal segundo de la
sentencia proferida en primera instancia escapa a las funciones de la entidad.

67. Por el contrario, la Sala considera que el exhorto se encuadra dentro de las
funciones previstas en el ordenamiento jurídico para la Policía Nacional, en razón
a que como se desprende de las normas transcritas, la entidad tiene específicas
funciones de policía respecto al funcionamiento de establecimientos de comercio
abiertos al público con el objeto de verificar que estos cumplan la normativa
urbanística vigente.

68. La Sala precisa que el exhorto contenido en el ordinal segundo de la
sentencia proferida en primera instancia debe entenderse en el contexto de la
acción popular de la referencia, la cual tuvo por objeto la protección del derecho

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colectivo al goce de un ambiente sano, vulnerado por el funcionamiento de locales
comerciales en los que se realizaba expendió de bebidas alcohólicas y generaban
altos niveles de ruido, afectaciones a la movilidad y a la seguridad en la zona, pero
que al momento en que se profirió la sentencia las afectaciones a los derechos
colectivos se habían superado.

69. De esta manera, comoquiera que el exhorto tiene por objeto que la Policía
Nacional y el Distrito verifiquen que los establecimientos de comercio ubicados en
el Centro Comercial Mirandela Plaza cumplan con la normativa urbanística vigente,
la Sala precisa que el exhorto debe entenderse en el marco de las competencias
constitucionales, legales y reglamentarias de cada una de las entidades, por lo que
la Policía Nacional debe apoyar al Distrito en materia de inspección, vigilancia y
control del cumplimiento de la normativa urbanística; sin perjuicio de las
competencias relacionadas con establecimientos de comercio y ejercicio de
actividad económica, de conformidad con lo previsto en el artículo 87 de la Ley
1801 de 2016.

70. Lo anterior, permite a la Sala concluir que el exhorto realizado a la Policía
Nacional en la sentencia apelada no desborda las competencias de la entidad y se
ajusta al ordenamiento jurídico vigente, por lo que el argumento expuesto en el
recurso de apelación carece de vocación de prosperidad.

71. Por otro lado, frente al argumento relacionado con que corresponde al
Distrito y a la Curaduría cumplir el exhorto, la Sala destaca que el Tribunal declaró
la carencia actual de objeto por hecho superado, razón por la que no estableció
responsabilidad sobre ninguna autoridad por amenaza o violación del derecho
colectivo al goce de un ambiente sano.

72. Adicionalmente, la Sala considera que el Tribunal incluyó al Distrito en el
exhorto y, frente a la Curaduría, la entidad apelante no sustentó en debida forma las
razones por las cuales era necesario incluir a la Curaduría en el exhorto, máxime si
se tiene en cuenta la naturaleza jurídica de la figura analizada en esta providencia,
por lo que los argumentos de la apelación no tienen vocación de prosperidad.

Conclusiones

73. La Sala considera que el exhorto realizado a la Policía Nacional por parte
del Tribunal en la sentencia apelada se encuentra acorde con las competencias
constitucionales, legales y reglamentarias de la entidad, por lo que no es cierto que
desborde las competencias de la Policía Nacional, en consecuencia, se confirmará

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lo resuelto en primera instancia, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.

74. Finalmente, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1 y 8 del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de mayo de 2025 por la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.

CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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