Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2015-02368-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2015-02368-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2015-02368-02
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 25000234100020150236802
Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Actor: HENRY VERA RICO
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA QUE DENEGÓ
PRETENSIONES. ANÁLISIS DE LA FIGURA DE TERCEROS DE BUENA FE EN
LOS PROCESOS DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL ACTOR NO INTERVINO EN
EL TRÁMITE JUDICIAL PENAL NI RECLAMÓ CONTRA LAS AUTORIDADES
QUE ADELANTARON LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. LA SAE COMO
ADMINISTRADORA DE BIENES SOMETIDOS A EXTINCIÓN DE DOMINIO NO
ASUME LAS ACREENCIAS DE LOS ANTERIORES TITULARES. CARGOS NO
ADUCIDOS EN LA DEMANDA NO PUEDEN EXAMINARSE EN LA APELACIÓN.
NO CONDENA EN COSTA. AMPARO DE POBREZA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el actor contra
la sentencia de 31 de agosto de 2023, proferida por la Subsección
“B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca1, que denegó las pretensiones de la demanda.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- PRETENSIONES DE LA DEMANDA
El señor HENRY VERA RICO, actuando por conducto de apoderado,
promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
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En adelante el Tribunal.
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Número único de radicación: 250002341000-2015-02368-02
Actor: HENRY VERA RICO
Nulidad y restablecimiento del derecho
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
CPACA2, contra la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES - SAE3,
con la finalidad de discutir la legalidad del Oficio CS2015-008829 de
22 de mayo de 2015, emitido por esta, mediante el cual le fue negado
el reconocimiento y pago de la suma de $587.747.838.
Además de la nulidad del referido acto, el actor planteó las siguientes
pretensiones:
“[…] Como consecuencia de la anterior declaración se ordenará
a la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.E.:
1.1.1 Reconocer y pagar a favor de mi representado, la suma
de TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS
PESOS ($384.586.442), por concepto de los dineros que al 31
de agosto de 2015 le adeuda la SOCIEDAD CORREA ALZATE y
CÍA S. en C. (hoy en liquidación) incluyendo las costas, de
acuerdo con la reliquidación del crédito aprobada por auto
interlocutorio núm. 1071 del 26 de octubre de 2015, proferido
por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE LA
DORADA (Caldas).
1.1.2. Actualizar la sentencia a la fecha en que se haga efectivo
el pago de la obligación.
1.1.3. Condenar en costas a la demandada […]”.
I.2.- FUNDAMENTOS FÁCTICOS
Como hechos de la demanda, el actor adujo los siguientes:
2
En adelante CPACA.
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En adelante la SAE.
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Actor: HENRY VERA RICO
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Manifestó que fue propietario de los establecimientos de comercio
denominados Talabartería Vera y Torniherramientas, ubicados en el
municipio de La Dorada (Caldas).
Indicó que entre el 1º de enero de 1993 y el 31 de diciembre de
1995, en desarrollo de su actividad comercial, prestó a la sociedad
CORREA ALZATE & CÍA S. en C. servicios de talabartería, tapicería y
suministro de artículos de cuero y herramientas, a crédito, por las
sumas de $58.042.853 y $15.818.743, respectivamente.
Precisó que para la época en que fueron otorgados tales créditos, la
sociedad CORREA ALZATE & CÍA S. en C. desarrollaba actividades
agrícolas y ganaderas, gozaba de reconocido prestigio económico en
la región del Magdalena Medio y contaba con patrimonio suficiente
para garantizar el pago de sus obligaciones, razón por la cual confió
en su solvencia.
Relató que desconocía las actividades ilícitas que posteriormente
dieron lugar a procesos de extinción de dominio adelantados contra
dicha sociedad.
Señaló que mediante la Resolución de 30 de abril de 1997, la Unidad
Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y
contra el Lavado de Activos ordenó la suspensión del poder
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dispositivo de los inmuebles que figuraban a nombre de la sociedad
CORREA ALZATE & CÍA S. en C.; y que, posteriormente, mediante
Resolución de 26 de junio de 1998, la Fiscalía General de la Nación
decretó el embargo y la suspensión del poder dispositivo de las
cuotas sociales de los socios de dicha compañía, medidas que fueron
registradas ante la Cámara de Comercio.
Indicó que, mediante sentencia de 2 de octubre de 1998, el Juzgado
Regional de Bogotá decretó la extinción de dominio a favor de la
Dirección Nacional de Estupefacientes sobre los inmuebles de
propiedad de la sociedad mencionada.
Manifestó que nunca fue notificado ni tuvo conocimiento del proceso
de extinción de dominio, debido a la reserva propia de la
investigación penal, lo cual le impidió comparecer como tercero de
buena fe para hacer valer sus derechos como acreedor.
Refirió que el 30 de diciembre de 1999 el representante legal de la
sociedad CORREA ALZATE & CÍA S. en C. suscribió en su favor dos
pagarés por las sumas de $58.042.853 y $15.818.743.
Señaló que, ante el incumplimiento de la obligación, el 25 de febrero
de 2000 instauró proceso ejecutivo singular de mayor cuantía ante
el Juzgado Primero Civil del Circuito de La Dorada (Caldas),
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posteriormente conocido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
la misma localidad, despacho que mediante auto del 1o. de marzo de
2000 libró mandamiento de pago por las sumas adeudadas, junto
con intereses corrientes al 2% mensual e intereses moratorios al 4%
mensual.
Indicó que el 13 de abril de 2000 se ordenó seguir adelante la
ejecución y liquidar el crédito. También incluyó las agencias en
derecho por valor de $7.386.159, por lo que la liquidación inicial
ascendió a $93.269.082.
Explicó que pese a las solicitudes de embargo formuladas dentro del
proceso ejecutivo no fue posible hacer efectivo el crédito, dado que
los bienes de la sociedad deudora habían sido objeto de extinción de
dominio y quedaron a disposición del Estado.
Afirmó que como consecuencia de dicha situación sufrió graves
perjuicios económicos, hasta el punto de verse obligado a cerrar su
establecimiento de comercio y perder el único inmueble de su
propiedad, el cual fue rematado para atender obligaciones
financieras.
Señaló que el 25 de abril de 2014 presentó reliquidación del crédito
ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de La Dorada, la cual
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ascendió a $587.747.838, suma que fue aprobada mediante auto
de 27 de mayo de 2014.
Indicó que el 8 de julio de 2014 presentó reclamación administrativa
ante el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de
Estupefacientes, por la cual solicitó el reconocimiento y pago de la
suma adeudada, actuación que fue trasladada a la SAE.
Manifestó que mediante Oficio CS2015-008829 de 22 de mayo de
2015, la Sociedad de Activos Especiales negó el reconocimiento y
pago reclamado, decisión que le fue notificada el 27 de mayo de 2015
y frente a la cual no procedían recursos.
I.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
En apoyo de sus pretensiones, el actor adujo la violación de los
artículos 1°, 2°, 13, 58 y 90 de la Constitución Política; 21 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1°, 4°, 6°, 7°, 12,
13, 16, 21, 23 y 24 de la Ley 333 de 19 de diciembre 19964; 769 del
Código Civil; 3° (numeral 7) del Decreto 494 de 1994 5 ; 44 del
CPACA; y las leyes 793 de 27 de diciembre de 20026 y 1708 de 20
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“Por la cual se establecen las normas de extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma
ilícita”.
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“Por el cual se dictan unas disposiciones sobre retención en la fuente para el impuesto de industria y
comercio y se dictan otras en materia tributaria”.
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“Por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinción de
dominio.”
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de enero de 20147, para lo cual formuló los siguientes cargos de
nulidad:
1.3.1.- Violación de normas superiores
Señaló que el acto acusado vulnera disposiciones de rango
constitucional y legal que imponen la protección de los derechos de
terceros de buena fe dentro de los procesos de extinción de dominio.
Agregó que los artículos 1º y 2º de la Constitución Política fueron
desconocidos por la entidad demandada, porque conforme con dichas
normas son principios fundantes del Estado Social de Derecho, la
dignidad humana, la solidaridad y el deber estatal de proteger los
bienes y derechos de los asociados.
Sostuvo que al ejecutar las medidas de suspensión del poder
dispositivo y posterior extinción de dominio sobre los bienes de la
sociedad deudora, la SAE omitió adoptar mecanismos para identificar
y salvaguardar los derechos de proveedores y contratistas que, como
él, actuaron de buena fe.
Adujo la vulneración del artículo 13 superior, al considerar que el
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“Por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio.”
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trámite de extinción de dominio se adelantó sin garantizar
condiciones reales de igualdad para los acreedores de la sociedad
afectada, quienes no fueron llamados ni informados oportunamente
para hacer valer sus derechos.
Invocó el artículo 58 constitucional, en cuanto protege la propiedad
privada y los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles,
dentro de los cuales ubica su derecho crediticio como acreedor y, en
armonía con ello, citó el artículo 21 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos relativo a la protección del núcleo esencial
del derecho de propiedad.
Afirmó que, conforme con los artículos 1º, 4º, 6º, 7º, 12, 13, 16, 21,
23 y 24 de la Ley 333 y la Ley 793, dentro del proceso de extinción
de dominio debe garantizarse los derechos de terceros de buena fe.
Sostuvo que tales normas establecen que la extinción del dominio no
puede declararse en detrimento de derechos legítimamente
adquiridos por terceros que hubieren actuado sin dolo ni culpa grave,
y que, incluso cuando los bienes hayan ingresado al patrimonio del
Estado, este debe reembolsar a las víctimas el monto reconocido por
sentencia judicial ejecutoriada, hasta la concurrencia del valor de los
bienes extinguidos.
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Afirmó que en su condición de acreedor, cuya deuda fue reconocida
y liquidada dentro de un proceso ejecutivo singular, cumplía con los
presupuestos previstos en dichas disposiciones para obtener el
reconocimiento y pago de su crédito por parte de la entidad
administradora de los bienes extinguidos.
Agregó que, conforme con el artículo 769 del Código Civil, debía
presumirse su buena fe en las relaciones comerciales sostenidas con
la sociedad CORREA ALZATE & CÍA S. en C.
Sostuvo que la SAE, como sucesora de la Dirección Nacional de
Estupefacientes y entidad administradora de los bienes objeto de
extinción de dominio, estaba obligada a garantizar la efectividad de
los derechos de terceros de buena fe y a proceder al pago de la
acreencia reconocida judicialmente.
Indicó que la sentencia de 10 de octubre de 2013, proferida dentro
de la acción de reparación directa 170012331000 2005-02435 00,
promovida por EDUVIN CÓRDOBA MURILLO contra el Ministerio del
Interior y de Justicia y la Dirección Nacional de Estupefacientes, el
Tribunal Administrativo de Caldas indicó que una vez reconocidos
judicialmente los derechos de un afectado este podía formular
solicitud de reconocimiento y pago ante las entidades
administradoras de los bienes extinguidos, allegando copia auténtica
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de la sentencia que reconociera el derecho y de la providencia de
extinción de dominio, conforme con el artículo 13 de la Ley 333.
1.3.2.- Falsa motivación
Indicó que la SAE, al negar la reclamación, fundamentó su decisión
en una interpretación restrictiva y errónea de los artículos 12, 15 y
21 de la Ley 333, con lo cual desconoció su finalidad protectora de
los derechos de terceros de buena fe.
Afirmó que la entidad omitió valorar adecuadamente el alcance del
parágrafo del artículo 12 ibidem, que permite a quienes no
comparecieron al proceso de extinción de dominio ejercer
posteriormente las acciones y recursos legales pertinentes para la
defensa de sus derechos.
Agregó que el acto acusado incurrió en falsa motivación al referirse
a decisiones adoptadas dentro del proceso penal y de extinción de
dominio, sin considerar que la sentencia respectiva solo fue
registrada en la Cámara de Comercio con posterioridad, circunstancia
que, en su criterio, incidía en la determinación de la representación
legal de la sociedad y en la apariencia de legitimidad con la que esta
continuó en el desarrollo de sus actividades.
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Explicó que aunque las decisiones del juez ejecutivo no eran
formalmente vinculantes para la Dirección Nacional de
Estupefacientes ni para la SAE, la negativa absoluta al
reconocimiento del crédito desconoció el contexto fáctico y jurídico
en el que se configuró su derecho, así como la protección especial
que el ordenamiento dispensa a los terceros de buena fe.
I.4.- ADMISIÓN Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Por auto de 30 de septiembre de 20168, se admitió la demanda y se
ordenó la notificación a la SAE.
Cumplida la notificación ordenada, la entidad vinculada a este trámite
contestó la demanda bajo los siguientes argumentos:
I.4.1.- LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES - SAE
Afirmó que el acto administrativo acusado se ajusta al ordenamiento
jurídico, porque la entidad no se encuentra obligada a asumir el pago
de acreencias derivadas de relaciones contractuales celebradas entre
particulares, aun cuando los bienes del deudor hubieren sido objeto de
extinción de dominio.
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Según se aprecia en el expediente digital. CUADERNO PRINCIPAL N° 1. FOLIOS 349-353 (.pdf)
NroActua 2). Índice 2 SAMAI.
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Indicó que no existe disposición legal que imponga a la SAE la
obligación de reconocer créditos de proveedores de sociedades cuyos
bienes fueron extinguidos, máxime cuando tales acreencias no fueron
reconocidas dentro del proceso de extinción de dominio en las
oportunidades previstas por la ley.
Adujo que en los procesos ejecutivos adelantados por el actor contra
su acreedor no fue vinculada, así como tampoco la Dirección Nacional
de Estupefacientes, por lo que las decisiones allí adoptadas carecen de
efectos en lo que a ella le respecta.
Formuló las siguientes excepciones:
1.4.1.1.- Inexistencia de la obligación
Sostuvo que no existe obligación jurídica a su cargo de reconocer y
pagar la acreencia pretendida. Además, que la Ley 333 estableció un
procedimiento específico dentro del proceso de extinción de dominio
para la protección de derechos de terceros de buena fe, el cual debía
ejercerse en las oportunidades procesales allí previstas.
Afirmó que el actor no compareció al proceso de extinción de dominio
ni hizo valer en ese escenario su presunto derecho, de ahí que tal
ausencia no pueda entenderse como el fenecimiento de su oportunidad
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en dicho trámite. Agregó que, en todo caso, las decisiones adoptadas
dentro del proceso ejecutivo singular no le son oponibles.
1.4.1.2.- Cobro de lo no debido, desconocimiento de las
normas de extinción de dominio por parte del demandante
Afirmó que la reclamación formulada por el actor constituye un cobro
de lo no debido en la medida en que pretende trasladarle una
obligación que no le corresponde jurídicamente y que debió hacerse
valer dentro del proceso de extinción de dominio.
Insistió en que el demandante debió comparecer al proceso de
extinción del derecho de dominio adelantado contra la SOCIEDAD
CORREA ALZATE & CÍA S. en C., con el propósito de ejercer su
derecho de contradicción y defensa, y perseguir el reconocimiento de
las sumas que afirma le eran adeudadas en virtud de los pagarés.
Agregó que el proceso de extinción de dominio fue debidamente
publicitado, pues la medida de embargo y suspensión del poder
dispositivo de las cuotas de interés social de la mencionada sociedad
se inscribió en la Cámara de Comercio el 8 de julio de 1998, lo que
representaba que tales cuotas quedaron fuera del comercio y a
órdenes de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
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Resaltó que, conforme con la Ley 333 vigente para la época de los
hechos, los terceros de buena fe contaban con la facultad de hacerse
parte dentro del trámite de extinción de dominio para solicitar el
reconocimiento de sus derechos y acreencias, de acuerdo con el
procedimiento previsto en el artículo 12 de dicha ley, el cual establecía
oportunidades procesales específicas para intervenir.
Añadió que la sentencia de extinción de dominio de la sociedad fue
proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Manizales el 14 de agosto
de 2002 y, posteriormente, registrada en la Cámara de Comercio el 7
de noviembre de 2013, lo cual dejó a disposición de la Dirección
Nacional de Estupefacientes las cuotas sociales.
Expuso que era inadmisible que el actor fundara su reclamación en el
supuesto desconocimiento del trámite de extinción de dominio, toda
vez que el procedimiento contemplaba el emplazamiento a quienes
creyeran tener interés en la causa y, además, las medidas cautelares
se encontraban debidamente inscritas tanto en la Cámara de Comercio
como en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
Concluyó que el acto acusado no incurrió en causal de nulidad alguna,
pues en él se expusieron de manera clara las razones jurídicas por las
cuales no era procedente acceder al reconocimiento pretendido,
reiterando que el actor, en su condición de tercero que alegaba
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derechos frente a la sociedad afectada, debió comparecer al proceso
de extinción de dominio para que en la sentencia respectiva se
efectuara pronunciamiento sobre la licitud y eficacia de tales derechos.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Mediante sentencia de 31 de agosto de 2023, el Tribunal denegó las
pretensiones de la demanda. Para arribar a tal decisión se
contextualizaron las situaciones fácticas y jurídicas bajo las que se
produjo la reclamación administrativa.
Destacó que mediante la Resolución de 26 de junio de 1998, la
Fiscalía General de la Nación decretó el embargo y la suspensión del
poder dispositivo de las 55.000 cuotas de interés social de la
SOCIEDAD CORREA ALZATE & CÍA S. en C., medida que se inscribió
en la Cámara de Comercio el 8 de julio de 1998, lo que motivó que
tales cuotas salieran del comercio y quedaran a órdenes de la
Dirección Nacional de Estupefacientes.
Encontró que, mediante sentencia penal de 2 de octubre de
1998, el Juzgado Regional de Bogotá declaró la extinción del derecho
de dominio sobre los bienes de dicha sociedad, mientras que los
pagarés que sustentan la acreencia del actor fueron suscritos el 30
de diciembre de 1999, es decir, con posterioridad tanto a la
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inscripción de la medida cautelar como a la sentencia de extinción de
dominio.
En segundo lugar, precisó que el trámite de extinción de dominio se
adelantó bajo la vigencia de la Ley 333, la cual establecía un
procedimiento específico para la protección de los derechos de
terceros de buena fe.
Resaltó que dicha normativa preveía la posibilidad de comparecencia
de terceros determinados e indeterminados, el emplazamiento
respectivo y la oportunidad procesal para solicitar el reconocimiento
de derechos frente al afectado en el proceso.
Consideró acreditado que las medidas cautelares fueron
debidamente registradas en el registro mercantil, circunstancia que
les otorgaba publicidad y oponibilidad frente a terceros.
Estimó que no resultaba admisible alegar desconocimiento del
trámite de extinción de dominio cuando las medidas habían sido
inscritas con anterioridad a la suscripción de los títulos valores
invocados.
Indicó que las decisiones adoptadas dentro del proceso ejecutivo
promovido por el actor contra la sociedad no resultaban vinculantes
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para la Dirección Nacional de Estupefacientes ni para la SAE, toda
vez que estas entidades no fueron parte en dicho trámite, no
asumieron la calidad de deudor y no existía vínculo de solidaridad
que trasladara la obligación.
Advirtió que en el acto acusado la entidad demandada expuso de
manera clara las razones jurídicas que sustentaron la negativa, en
particular la improcedencia del reconocimiento por no haberse hecho
valer el derecho dentro del proceso de extinción y la inexistencia de
obligación a cargo de la entidad.
Concluyó que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad del
acto administrativo acusado, que no se configuraban las causales de
nulidad alegadas y que la reclamación formulada por el actor no
encontraba sustento jurídico frente al régimen especial de la
extinción de dominio.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
El actor interpuso recurso de apelación contra la sentencia que negó
las pretensiones y solicitó su revocatoria para que, en su lugar, se
accedan a las súplicas de la demanda.
Afirmó que de las pruebas documentales y las testimoniales
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allegadas al proceso quedó plenamente demostrado que los servicios
de talabartería, tapicería y suministro de artículos de cuero y
herramientas fueron prestados a la SOCIEDAD CORREA ALZATE &
CÍA S. en C. entre el 1o. de enero de 1993 y el 31 de diciembre de
1995, es decir, con anterioridad a la expedición de la Ley 333.
Sostuvo que lo cobija la figura de los terceros de buena fe prevista
en el artículo 4º de la Ley 333 que, en su criterio, protege los
derechos de quienes no hubieren actuado con dolo o culpa grave y
dispone que las disposiciones sobre extinción de dominio no afectan
los derechos derivados de negocios jurídicos válidamente celebrados
ni los inherentes al pago de lo no debido.
Expresó que en su actuación no se evidencia comportamiento de
mala fe, dolo o culpa que impida el reconocimiento de su crédito; y
que, por el contrario, el Estado colombiano terminó “expropiando”
sus derechos bajo una interpretación que califica de “amañada”.
Anotó que para la época de los hechos le era absolutamente
imposible conocer las actividades ilícitas de la sociedad CORREA
ALZATE & CÍA S. en C., y mucho menos prever la futura expedición
de la Ley 333.
Argumentó que aunque en teoría los procesos de extinción de
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dominio debían regirse por el principio de publicidad, en la práctica
se tramitaron de manera casi secreta debido al contexto de violencia
de la época, lo que impedía a los ciudadanos conocerlos o intervenir
sin riesgo.
Cuestionó la actuación de la Dirección Nacional de Estupefacientes
como depositaria de los bienes incautados, para lo cual afirmó que
debió levantar inventarios completos de las deudas que pesaban
sobre la sociedad y proceder a su pago, lo cual no ocurrió, lo que en
su entender desconoció el contenido teleológico de los artículos 11,
12 y 13 de la Ley 333, relativos al debido proceso y a los derechos
de terceros de buena fe.
Controvirtió el hecho de que el Tribunal haya tenido por cierto que
las medidas cautelares fueron debidamente inscritas, porque si bien
se realizaron registros en la Cámara de Comercio respecto de algunas
actuaciones no se efectuó registro alguno sobre la remoción del
señor Hernán Correa Gómez como administrador de la sociedad, por
lo que continuó en el ejercicio formal como representante legal y, por
ende, estaba facultado para suscribir los títulos valores que sirvieron
de base al proceso ejecutivo.
Destacó que para promover el proceso ejecutivo, el 25 de febrero de
2000 aportó el certificado de existencia y representación legal de la
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Actor: HENRY VERA RICO
Nulidad y restablecimiento del derecho
sociedad en comento en el cual aparecía el señor Hernán Correa
Gómez como representante legal; y que una vez librado y
ejecutoriado el mandamiento de pago, la Dirección Nacional de
Estupefacientes no se opuso ni formuló pronunciamiento alguno,
razón por la cual la decisión quedó en firme el 13 de abril de 2000,
fecha en que se ordenó seguir adelante la ejecución.
Sostuvo que las decisiones del proceso ejecutivo no pueden
desconocerse frente a la entidad demandada, en la medida en que
esta tuvo conocimiento del trámite y no ejerció oposición alguna.
Destacó que la sentencia de 14 de agosto de 2002, de extinción de
dominio de la sociedad apenas se registró en la Cámara de Comercio
el 7 de noviembre de 2013, lo que, a su juicio, evidencia graves
omisiones frente al principio de publicidad y desvirtúa el argumento
según el cual sus derechos fueron garantizados oportunamente
dentro del proceso de extinción.
Agregó que en el expediente no obra prueba documental que acredite
el emplazamiento ni la citación de terceros al proceso de extinción
de dominio, por lo que considera que la demandada no demostró
haber cumplido con tales exigencias, quedando desvirtuada su
posición defensiva.
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Solicitó dar aplicación a la excepción de inconstitucionalidad, por
desconocerse los artículos 2º, 29, 58 y 90 de la Constitución Política,
al no haberse protegido su patrimonio ni garantizado el debido
proceso, además de que el Estado está obligado a reparar el daño
antijurídico causado a un tercero de buena fe exento de culpa.
IV.- TRÁMITE EN LA SEGUNDA INSTANCIA
El recurso de apelación se admitió por auto de 8 de marzo de 2024;
y en razón a que no se solicitaron pruebas en esta instancia el
Despacho conductor se abstuvo de correr traslado para alegar.
El MINISTERIO PÚBLICO no rindió concepto.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- COMPETENCIA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución
Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo 150 del CPACA
y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, modificado por el artículo
1° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del
asunto de la referencia.
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V.2.- ACTO DEMANDADO
Corresponde al acto por medio del cual la SAE negó el reconocimiento
y pago de la suma de $587.747.838, reclamados por el actor como
acreedor de la sociedad CORREA ÁLZATE & CÍA S. en C, cuyo
contenido es el siguiente:
V.2.1. OFICIO CS 2015-008829 DE 22 DE MAYO DE 2015
“[…] Señor:
Guillermo Jiménez Jaramillo
Apoderado
Sr. Henry Vera Rico
Carrera 21 No. 30 - 03 Oficina 4-08 Edif. Sociedad Colombiana
de Arquitectos Manizales
Manizales, Caldas
Asunto: Sus comunicaciones del 30 de abril de 2015,
radicadas en SAE el 05 de mayo de 2015 bajo los Nos. CE2015-
009577 y CE2015-009581. Reclamación administrativa en
nombre del señor Henry Vera Rico.
Respetado Señor:
En relación con su comunicación CE2015-009577, mediante la
cual solicita: “PRIMERO: Ordenar las investigaciones
administrativas pertinentes” y “SEGUNDO: Informarme sobre
el trámite surtido a la reclamación de mi patrocinado”; la
Sociedad de Activos Especiales S.A.S., manifiesta lo siguiente:
1. En relación con los hechos enunciados en su comunicación y
una vez realizado el debido seguimiento al caso, se pudo
constatar que efectivamente los documentos objeto de su
petición fueron radicados en la liquidada DNE bajo el número
20142050812462 2014-07-08. Sin embargo, con ocasión de la
entrada en vigencia de la Ley 1708 de 2014, la liquidada DNE
dejó de ser competente para ejercer su función de
administración de bienes transferidos al FRISCO, razón por la
cual los citados documentos fueron trasladados a SAE bajo el
radicado DNE 20146000538871 2014-09-22 y radicados en
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Actor: HENRY VERA RICO
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SAE bajo el número 8458 del 24 de octubre de 2014.
Ahora bien, en desarrollo del proceso de empalme surtido entre
las dos entidades, por error involuntario los documentos fueron
archivados en el expediente administrativo asignado por la DNE
a la Sociedad Correa Álzate y Cia hoy en Liquidación (15852);
razón por la cual, es preciso informarle que no fueron hurtados,
sino que contrario a ello, se encuentran archivados en el
expediente administrativo de la referida sociedad.
2. Una vez aclarado lo anterior, frente a la reclamación
presentada a través de la comunicación CE2015-009581, me
permito manifestar lo siguiente:
a. El artículo 12 de la Ley 333 de 1996, norma que regulaba
para la época de la acción de extinción de dominio, preceptuaba
lo siguiente:
[…]
b. Así mismo, el literal b) del artículo 15 de la Ley 333 de 1996,
consagraba lo siguiente:
[…]
c. A su vez, el artículo 21 de la Ley 333 de 1996, disponía lo
siguiente
[…]
d. De otra parte, como se puede constatar en el certificado de
existencia y representación legal de la sociedad CORREA
ÁLZATE y CIA hoy en LIQUIDACIÓN, a través de Resolución del
26 de junio de 1998 de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
PARA LA EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO DE SANTAFÉ
DE BOGOTÁ D.C., se decretó el embargo y la suspensión
del poder dispositivo de las 55.000 cuotas de interés
social de la referida sociedad; medida que fue registrada en
la Cámara de Comercio el 8 de julio de 1998, en el libro No. 8,
folio 147 bajo el número 1026, quedando las mismas por fuera
de comercio y órdenes de la Dirección Nacional de
Estupefacientes.
Posteriormente, mediante Sentencia 046 del 14 de agosto de
2002 proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Manizales -
Caldas, la cual fue registrada en la Cámara de Comercio el 7 de
noviembre de 2013, en el libro 13, bajo el núm. 604, se decretó
la extinción del derecho de dominio a favor de la Nación
Dirección Nacional de Estupefacientes a través del FRISCO,
sobre las cuotas sociales de la mencionada sociedad.
e. Igualmente, es preciso señalar que respecto de inmuebles
de la referida sociedad se decretaron y practicaron medidas
cautelares en desarrollo de los procesos de extinción de
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dominio, quedando los citados bienes por fuera del comercio y
a las órdenes de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Teniendo en cuanta lo anteriormente expuesto, no es
admisible el que se fundamente la reclamación
presentada, en el hecho de que su poderdante no se
enteró de los trámites judiciales adelantados en contra
de la sociedad CORREA ÁLZATE Y CIA S en C, si en el
procedimiento se prevé el efectuar en un emplazamiento a todo
aquel que crea tener interés en la causa para hacer valer sus
derechos, y si las medidas cautelares adoptadas por la Fiscalía
se encontraban registradas en Cámara de Comercio y en las
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, inclusive
previamente al otorgamiento de los pagarés objeto de la
ejecución.
Así mismo, es necesario indicar que de conformidad con el
procedimiento contemplado en la Ley 333 de 1996, como
tercero titular de derechos, su poderdante, debió haber
comparecido al proceso de extinción de dominio para hacer
valer los mismos, con el fin de que en la sentencia
correspondiente se efectuara un pronunciamiento acerca de la
licitud y/o eficacia de tales derechos.
Igualmente, hay que anotar que las decisiones adoptadas
por el juez ejecutivo en contra de la sociedad CORREA
ÁLZATE Y CIA S en C., no eran vinculantes para la
liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes, y
mucho menos tienen ese carácter para la Sociedad de
Activos Especiales S.A.S., en razón a que estas
entidades, por el hecho de la decisión de extinción de
dominio de la totalidad de las cuotas sociales, no
asumieron la posición de la sociedad hoy en liquidación,
ni la condición de deudor sustituto de ésta, y más aún si se
tiene en cuenta que en el proceso ejecutivo no se efectuó
ningún pronunciamiento sobre la licitud y la eficacia de los
derechos cuyo pago reclama.
Además, es preciso indicar que los pagarés que se
ejecutaron fueron otorgados el 30 de diciembre de 1999,
por un supuesto representante de la sociedad, esto es,
Hernán Correa Gómez, época en la cual la DNE ya tenía
a su cargo la administración de la misma, por virtud de las
medidas cautelares decretadas en el proceso de extinción de
domino.
Por todo lo expuesto, me permito informarle que no es posible
acceder a su petición de reconocer y ordenar el pago a
favor de su poderdante Henry Vera Rico, por la suma de
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
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TREINTA Y OCHO PESOS ($587.747.838) […]”.
El acto administrativo se expidió por la SAE, dirigido al apoderado del
señor Henry Vera Rico, en respuesta a las comunicaciones de 30 de
abril de 2015.
Respecto a la reclamación administrativa orientada al reconocimiento
y pago de la acreencia, la entidad transcribió y citó los artículos 12,
15 (literal b) y 21 de la Ley 333, normativa que regulaba el
procedimiento de extinción de dominio para la época de los hechos.
La SAE destacó que mediante la Resolución de 26 de junio de 1998
la Fiscalía General de la Nación decretó el embargo y la suspensión
del poder dispositivo de las 55.000 cuotas de interés social de la
sociedad CORREA ÁLZATE y CÍA S. en C., medida que fue registrada
en la Cámara de Comercio el 8 de julio de 1998.
De igual forma, la entidad precisó que mediante sentencia 046 de 14
de agosto de 2002, proferida por el Juzgado Penal del Circuito de
Manizales, se decretó la extinción del derecho de dominio de la
sociedad a favor de la Dirección Nacional de Estupefacientes, decisión
que fue registrada en la Cámara de Comercio el 7 de noviembre de
2013.
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Con fundamento en lo anterior, en el acto administrativo la SAE
expresó que no resulta admisible sustentar la reclamación en el
desconocimiento del trámite judicial, dado que el procedimiento de
extinción prevé el emplazamiento de terceros con interés y que las
medidas cautelares se encontraban debidamente registradas en la
Cámara de Comercio y en las Oficinas de Registro de Instrumentos
Públicos, incluso antes del otorgamiento de los pagarés objeto del
proceso ejecutivo.
La entidad afirmó que, conforme con el procedimiento establecido en
la Ley 333, el reclamante, en calidad de tercero titular de derechos,
debió comparecer al proceso de extinción de dominio para hacerlos
valer, a fin de que el juez se pronunciara sobre la licitud y eficacia de
estos.
Asimismo, adujo que la SAE sostuvo que las decisiones adoptadas
por el juez ejecutivo contra la sociedad CORREA ÁLZATE y CÍA S. en
C. no le resultaban vinculantes, así como tampoco para la liquidada
Dirección Nacional de Estupefacientes, en la medida en que dichas
entidades no asumieron la posición de la sociedad ni la condición de
deudor sustituto, y en el proceso ejecutivo no se efectuó
pronunciamiento alguno sobre la licitud o eficacia de los derechos
reclamados.
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Finalmente, la entidad le indicó al actor que los pagarés ejecutados
fueron otorgados el 30 de diciembre de 1999 por quien figuraba como
representante de la sociedad, en una época en la cual la Dirección
Nacional de Estupefacientes ya tenía a su cargo la administración de
esta en virtud de las medidas cautelares decretadas dentro del
proceso de extinción de dominio.
Con base en las consideraciones expuestas, la entidad determinó que
no era posible acceder a la solicitud de reconocimiento y pago de la
suma reclamada por el señor Henry Vera Rico, correspondiente a
$587.747.838.
V.3.- PROBLEMAS JURÍDICOS
La Sala advierte que la decisión en esta instancia estará limitada a
los aspectos que fueron objeto de impugnación en el recurso de
apelación interpuesto por la parte actora y que se deriven de la
discusión surtida en primera instancia.
A partir de los cargos planteados en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala determinar, si la sentencia de primera instancia
debe confirmarse, modificarse o revocarse, en razón a que en sentir
de la parte actora: i) el Tribunal no consideró los siguientes aspectos:
a) su condición de tercero de buena fe; b) que los servicios fueron
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prestados antes de la expedición de la Ley 333; c) la eficacia real del
principio de publicidad en el proceso de extinción de dominio; d) que
el representante legal de la sociedad continuaba formalmente inscrito
en la Cámara de Comercio al momento de suscribir los pagarés; e)
que la Dirección Nacional de Estupefacientes no se opuso al proceso
ejecutivo y; ii) si hay lugar a estudiar la excepción de
inconstitucionalidad con fundamento en los artículos 2º, 29, 58 y 90
de la Constitución Política.
V.4.- EL ASUNTO BAJO EXAMEN
Precisado el problema jurídico y determinado el contenido del acto
acusado, la Sala hará referencia al marco jurídico general aplicable
al proceso de extinción de dominio y la intervención de terceros, para
enseguida resolver los cargos planteados en el recurso de apelación.
V.4.1.- DEL PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Y
LA INTERVENCIÓN DE TERCEROS
El inciso segundo del artículo 34 de la Constitución Política establece
de forma expresa la acción de extinción de dominio, como una
institución autónoma, de naturaleza jurisdiccional y carácter real,
dirigida a suprimir los efectos jurídicos de un dominio cuyo origen
está viciado.
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La Corte Constitucional ha explicado que la extinción de dominio no
es una pena, sino que tiene naturaleza declarativa, pues la sentencia
no crea la pérdida del derecho, sino que declara que este nunca fue
legítimo. Al respecto9 se precisó:
“[…] La extinción del dominio, como de lo dicho resulta, es
una institución autónoma, de estirpe constitucional, de
carácter patrimonial, en cuya virtud, previo juicio
independiente del penal, con previa observancia de
todas las garantías procesales, se desvirtúa, mediante
sentencia, que quien aparece como dueño de bienes
adquiridos en cualquiera de las circunstancias previstas
por la norma lo sea en realidad, pues el origen de su
adquisición, ilegítimo y espurio, en cuanto contrario al
orden jurídico, o a la moral colectiva, excluye a la
propiedad que se alegaba de la protección otorgada por
el artículo 58 de la Carta Política. En consecuencia, los
bienes objeto de la decisión judicial correspondiente pasan al
Estado sin lugar a compensación, retribución ni indemnización
alguna.
No se trata de una sanción penal, pues el ámbito de la extinción
del dominio es mucho más amplio que el de la represión y
castigo del delito. Su objeto no estriba simplemente en la
imposición de la pena al delincuente sino en la privación del
reconocimiento jurídico a la propiedad lograda en contravía de
los postulados básicos proclamados por la organización social,
no solamente mediante el delito sino a través del
aprovechamiento indebido del patrimonio público o a partir de
conductas que la moral social proscribe, aunque el respectivo
comportamiento no haya sido contemplado como delictivo ni se
le haya señalado una pena privativa de la libertad o de otra
índole. Será el legislador el que defina el tipo de conductas en
las cuales se concretan los tres géneros de actuaciones
enunciadas en el mandato constitucional.
La figura contemplada en el inciso 2 del artículo 34 de la
Constitución debe entenderse en armonía con la integridad del
sistema jurídico que se funda en ella.
El derecho de propiedad que la Constitución garantiza en su
artículo 58 es el adquirido de manera lícita, ajustada a las
exigencias de la ley, sin daño ni ofensa a los particulares ni al
9
Sentencia C-374 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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Estado y dentro de los límites que impone la moral social.
Nadie puede exigir garantía ni respeto a su propiedad cuando
el título que ostenta está viciado, ya que, si contraría los
postulados mínimos, jurídicos y éticos, que la sociedad
proclama, el dominio y sus componentes esenciales carecen de
legitimidad […]”.
Ahora bien, comoquiera que para la época en que se adelantaron los
procesos de extinción de dominio respecto de la sociedad CORREA
ÁLZATE y Cía. S. en C., se encontraba vigente la Ley 333, es preciso
destacar que es esta la norma que resulta aplicable para el caso bajo
examen, lo que no es óbice para señalar que posteriormente fue
derogada por la Ley 793 y, luego sustituida por la Ley 1708.
Entonces, la Ley 333 regulaba, las causales de extinción, el trámite
judicial, así como la protección a terceros de buena fe a través de
mecanismos que permitieran su comparecencia al proceso con el fin
de hacer valer sus derechos, así:
“[…] ARTÍCULO 8o. DE LA LEGITIMACIÓN. La Dirección
Nacional de Estupefacientes, la Contraloría General de la
República y la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo
con su especialidad, de oficio, a petición de cualquier persona,
o de las entidades o autoridades extranjeras u organismos
internacionales, ejercerán la acción de extinción del
dominio sobre los bienes adquiridos en las
circunstancias de que trata la presente Ley. La Fiscalía
General de la Nación la iniciará de oficio.
[…]
ARTÍCULO 10. DE LA AUTONOMÍA. La acción de extinción
del dominio es distinta e independiente de la
responsabilidad penal y complementaria de las actuaciones
penales.
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La declaración de extinción del dominio corresponderá a
los jueces competentes para conocer de las actuaciones
penales. En consecuencia, las entidades estatales legitimadas,
en los casos en que los bienes tengan su origen en una actividad
delictiva, promoverán la acción consagrada en esta Ley cuando
la actuación penal termine por cualquier causa y no se haya
declarado en ésta la extinción del dominio sobre los bienes
considerados como producto, efecto, instrumento u objeto
del delito o se hubiere declarado sólo sobre una parte.
Por las demás causales, dichas entidades estatales deberán
instaurar la acción con absoluta independencia de la actuación
penal.
[…]
DEL DEBIDO PROCESO Y DE LOS DERECHOS DE
TERCEROS.
ARTÍCULO 11. DEL DEBIDO PROCESO. En el ejercicio y
trámite de la acción de extinción del dominio se garantizarán el
debido proceso, el derecho de defensa y la plenitud de las
formas propias del mismo.
[…]
ARTÍCULO 12. DE LA PROTECCIÓN DE DERECHOS.
Durante el procedimiento se garantizarán y protegerán los
derechos de las personas y de los terceros, para cuyo
efecto no podrá declararse la extinción del dominio:
1. En detrimento de los derechos de los
titulares legítimos y terceros de buena fe.
2. Si no estuvieren probadas las circunstancias contempladas
en la ley.
3. Si no se hubiere garantizado el debido proceso y el derecho
de defensa.
4. En todos los casos se respetarán el principio de la Cosa
Juzgada.
PARÁGRAFO. Los titulares de derechos o los poseedores de
los bienes objeto de la acción de extinción del dominio, así como
los terceros, podrán comparecer al proceso dentro de las
oportunidades procesales previstas en esta Ley para el ejercicio
de su derecho de defensa. En todo caso, los que no
comparezcan están representados por un curador ad
litem, sin perjuicio de que, en el evento de no comparecer
durante el trámite, puedan en cualquier tiempo interponer
las acciones y recursos legales que consideren
pertinentes para la defensa de sus derechos.
ARTÍCULO 13. DE LAS VÍCTIMAS. Toda persona y sus
causahabientes forzosos a quienes se les hubiere causado un
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daño por el titular de los bienes cuyo dominio haya sido
extinguido conforme a esta Ley, tendrá derecho preferencial
a la reparación integral siempre que el mismo haya sido
reconocido por sentencia judicial ejecutoriada.
Si los bienes hubieren ingresado al patrimonio del Estado, éste
reembolsará a las víctimas el monto de la indemnización hasta
concurrencia del valor de aquéllos, para lo cual formularán
solicitud en tal sentido acompañada de copia autenticada de la
sentencia ejecutoriada en la que le reconoce el derecho y tasa
el daño y de la sentencia que declaró la extinción del
dominio, siendo aplicable en este evento lo dispuesto por
el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.
En todo caso, el Estado se subrogará en los derechos que
reconozca la sentencia judicial a quien reciba un pago, según lo
previsto en el inciso anterior, por la cuantía de lo pagado, y
perseguirá el patrimonio de la persona obligada a
resarcir el daño a que se refiera la correspondiente
sentencia judicial, con los mismos derechos reconocidos al
beneficiario en dicha providencia.
ARTÍCULO 14. DE LA COMPETENCIA. Corresponderá a los
funcionarios competentes para conocer de las actuaciones
penales la declaración de extinción del dominio cuando la
adquisición de los bienes se origine en cualquiera de las
circunstancias de que trata esta Ley, o cuando se trate
de bienes vinculados a actividades delictivas o
destinados a las mismas, sin perjuicio de que la acción
de extinción del dominio sea iniciada por las entidades
estatales legitimadas con posterioridad a la terminación de
la actuación penal, cuando ésta termine por cualquier causa y
no se declare la extinción del dominio o se declare sólo sobre
una parte de éstos.
Conocerán de la extinción del dominio los fiscales de la justicia
regional en los asuntos penales de su competencia y, en los
demás casos, la Fiscalía adscrita a la Unidad Especializada, o la
que determine el Fiscal General de la Nación, así como los
jueces regionales o el Juez Penal del Circuito que esté
conociendo de la actuación.
ARTÍCULO 15. DEL TRÁMITE. El trámite de la extinción del
dominio en las actuaciones penales se surtirá en cuaderno
separado y se adelantará de conformidad con las siguientes
reglas:
a) El fiscal que deba conocer de la acción de extinción del
dominio, de oficio o por interposición de demanda, ordenará su
iniciación mediante providencia interlocutoria apelable en el
efecto devolutivo indicativa de los hechos en que se funda, los
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bienes y las pruebas o indicios, prevendrá sobre la suspensión
del poder dispositivo y decretará la inmediata aprehensión y
ocupación y las medidas preventivas pertinentes, si no se
hubieren adoptado en la actuación penal;
b) En la misma providencia, ordenará la notificación al
Agente del Ministerio Público y a las demás personas
afectadas cuya dirección se conozca, que se surtirá
según las reglas generales, y dispondrá el emplazamiento
de las personas respectivas, de los titulares actuales de derecho
real principal o accesorio que figuren en el certificado registral
correspondiente, de los terceros y personas
indeterminadas con interés en la causa para que
comparezcan a hacer valer sus derechos, quienes
tomarán la actuación en el estado en que se encuentre al
instante de su comparecencia. El emplazamiento se surtirá
por edicto que permanecerá fijado en la Secretaría por el
término de veinte (20) días y se publicará y divulgará por una
vez dentro de este término en un periódico de amplia
circulación nacional y en una radiodifusora de la
localidad. Cumplidas estas formalidades, si no se presenta
el emplazado dentro de los cinco (5) días siguientes al
vencimiento del término de fijación del edicto, continuará la
actuación con un curador ad - litem.
c) Dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del
término de comparecencia, deberá contestarse aportando las
pruebas o solicitando la práctica de aquéllas en que se funda la
oposición. En este mismo término, el agente del Ministerio
Público solicitará la práctica de pruebas;
d) Transcurrido el término anterior, se decretarán las pruebas
conducentes y pertinentes y las que oficiosamente considere el
funcionario, quien fijará el término para su práctica el cual será
de veinte (20) días, prorrogables por un término igual por una
sola vez;
e) Concluido el término probatorio, se surtirá traslado por
secretaría por el término común de ocho (8) días a los
intervinientes para alegar de conclusión y al agente del
Ministerio Público para su concepto.
f) Transcurrido el término anterior, cuando el trámite hubiere
sido conocido por la Fiscalía, dictará una providencia de acuerdo
con lo alegado y probado, en la cual concluya respecto de la
procedencia o improcedencia de la extinción del dominio. Si
concluye sobre la procedencia de la declaratoria de extinción
del dominio, enviará inmediatamente el expediente al Juez
Regional en los asuntos de su competencia o al Juez Penal del
Circuito en los demás casos, quienes dictarán la respectiva
sentencia de extinción del dominio, verificando que durante el
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trámite que hubiere adelantado la Fiscalía se hubiere respetado
el debido proceso, la plenitud de las formas y la protección de
derechos.
g) En contra de la sentencia que decrete la extinción del
dominio procede el recurso de apelación conforme a las reglas
generales. La que se abstenga de esta declaración se someterá
al grado de consulta.
[…]
DE LA SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO.
ARTÍCULO 24. DE LA SUSPENSIÓN DEL PODER
DISPOSITIVO. Desde la providencia que ordena el trámite de
extinción, no podrá adquirirse ni transferirse el dominio de los
bienes provenientes de actividades ilícitas, ni constituirse
derecho alguno, ni celebrarse acto, contrato o negocio jurídico
alguno respecto de éstos, sin perjuicio de los derechos de
terceros de buena fe […]”
De la anterior transcripción se aprecia que la Ley 333 estructuró un
régimen que reguló la acción de extinción de dominio, no solo desde
la perspectiva de su legitimación y el trámite penal, sino también en
relación con la protección de los derechos de los terceros
eventualmente afectados con la medida.
En efecto, el legislador diseñó un procedimiento autónomo,
jurisdiccional y garantista, dentro del cual se procuró armonizar la
potestad del Estado para perseguir bienes de origen ilícito con el
respeto por el debido proceso y por los derechos patrimoniales
legítimamente adquiridos.
En el artículo 11 el legislador dispuso que en el ejercicio y trámite de
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la acción se garantizaría el debido proceso, el derecho de defensa y
la plenitud de las formas propias del procedimiento, previsión que no
constituyó una mera declaración programática, sino que se concretó
en reglas específicas de notificación, emplazamiento, oportunidad
probatoria, alegatos y recursos.
De igual forma, el artículo 15 desarrolló estas garantías al establecer
un esquema de amplia publicidad, pues estableció que la providencia
que ordenaba la iniciación del trámite debía disponer la notificación
a los afectados cuya dirección se conociera, así como el
emplazamiento de los titulares de derechos reales que figuraran en
el certificado registral, de terceros y de personas indeterminadas con
interés en la causa.
A su turno, el artículo 24 establecía que desde la providencia que
ordenaba el trámite de extinción quedaba suspendido el poder
dispositivo sobre los bienes, impidiéndose su transferencia o la
constitución de derechos sobre los mismos, sin perjuicio de los
derechos de terceros de buena fe.
De esta normativa se desprende que la Ley 333 no desconoció los
derechos de terceros ni cerró las vías de defensa, sino que estableció
un sistema que exigía y garantizaba i) la comparecencia dentro del
proceso de extinción para hacer valer derechos vinculados al bien, y
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ii) en el caso de víctimas de delitos cometidos por el titular del bien
expropiado con sentencia ejecutoriada que reconoce el daño, se
autorizó la formulación de solicitud conforme con el procedimiento
especial previsto en el artículo 13.
Visto este marco jurídico procede la Sala a pronunciarse sobre los
cargos planteados.
V.4.2.- CASO CONCRETO
V.4.2.1.- De la falta de concurrencia del actor al proceso de
extinción
En este apartado la Sala destaca que Tribunal denegó las
pretensiones de la demanda al considerar que el proceso de extinción
de dominio se adelantó conforme con la Ley 333, normativa que
establecía un procedimiento específico para la comparecencia y
defensa de terceros de buena fe, oportunidad que el actor no ejerció.
El apelante controvierte esa conclusión, para lo cual reclama: a) el
reconocimiento de su condición de tercero de buena fe; b) que los
servicios que prestó a la sociedad fueron antes de la expedición de
la Ley 333; c) la eficacia real del principio de publicidad en el proceso
de extinción de dominio; d) que el representante legal de la sociedad
continuaba formalmente inscrito en la Cámara de Comercio al
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momento de suscribir los pagarés; y e) que la Dirección Nacional de
Estupefacientes no se opuso al proceso ejecutivo, reproches que
serán resuelto a continuación y de manera conjunta en el análisis
que se seguirá luego de que se identifique lo probado en el
expediente, así:
• El 30 de diciembre de 1999 quien figuraba como
representante legal de la sociedad CORREA ÁLZATE Y CÍA S. en C.
suscribió a favor del actor dos pagarés por valores de $58.042.853
y $15.818.74310.
• El 25 de febrero de 2000 el actor promovió proceso ejecutivo
singular contra dicha sociedad, trámite que cursó inicialmente ante
el Juzgado Primero Civil del Circuito de la Dorada y, posteriormente,
ante el Juzgado Segundo de la misma especialidad y circuito11.
• Con la demanda ejecutiva el actor aportó un certificado de
matrícula mercantil de la sociedad expedido el 12 de enero de
2000, en el que constaba que desde el 8 de julio de 1998 en ese
registro estaba inscrito el decreto de embargo y suspensión
del poder dispositivo de las cuotas de interés social de la empresa
por orden de la Fiscalía General de la Nación para la Extinción del
10
SAMAI índice 2, cuaderno subsanación folios 23 a 35.
11
SAMAI índice 2, cuaderno subsanación folio 19.
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Derecho de Dominio, además de que esos bienes intangibles
quedaban a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes12.
• Obran igualmente certificados de libertad y tradición de varios
inmuebles de la sociedad, expedidos el 18 de agosto de 2000 y
allegados por el propio actor al proceso ejecutivo para sustentar
solicitudes cautelares, en los que constan anotaciones del 29 de
septiembre de 1999 relativas a la inscripción de la sentencia de
extinción de dominio y el traspaso a favor del Fondo de
Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen
Organizado13.
• A través de autos de 21 de noviembre de 2000 y 22 de
noviembre de 200114, el Juzgado Primero Civil del Circuito de La
Dorada denegó el decreto de medidas cautelares solicitadas por el
actor, por una parte, porque algunos de los bienes ya habían sido
sometidos a extinción de dominio y otros tenían inscritas
medidas de “Suspensión del poder Dispositivo”.
• Mediante auto de 10 de abril de 200215 la Sala de Decisión
Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales
12
SAMAI índice 2, cuaderno subsanación folios 39 y 40.
13
SAMAI índice 2, cuaderno subsanación folios 156 a 178.
14
SAMAI índice 2, cuaderno subsanación folios 186 y 217
15
SAMAI índice 2, cuaderno subsanación folios 39 y 40.
15
SAMAI índice 2, cuaderno subsanación folios 156 a 178.
15
SAMAI índice 2, cuaderno subsanación folios 266 a 272.
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confirmó un auto de 22 de noviembre de 2001, en el cual se había
denegado la medida de embargo por inscripción de la medida de
suspensión del poder dispositivo.
En dicha oportunidad el actor alegaba que la medida de suspensión
decretada por la fiscalía no implicaba que el propietario hubiera
perdido la titularidad de la propiedad porque aún no había concluido
el proceso de expropiación.
No obstante, el Tribunal decidió confirmar la decisión recurrida,
porque en su sentir el bien estaba fuera de comercio por la orden
emitida por la fiscalía.
• A través de auto de 26 de octubre de 2015 el Juzgado Segundo
Civil del Circuito de la Dorada reliquidó los créditos por los cuales el
actor inició el proceso ejecutivo en la suma de $377.200.28316.
Con la identificación de lo probado, pasa la Sala a pronunciarse de
los defectos que le señaló a la decisión del Tribunal, así:
En relación con la norma en vigor, la Sala reitera que tal como se
evidenció en el marco jurídico, la situación fáctica en la que se fundó
16
SAMAI índice 2, cuaderno subsanación folio 121.
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la solicitud del actor que culminó con el acto acusado ocurrió en vigor
de la Ley 333, por cuanto los procesos de extinción de dominio
respecto de la sociedad CORREA ÁLZATE y Cía. S. en C., se
adelantaron bajo esta disposición, y porque, además, fue en este
período que también se suscribieron los pagarés de los que derivó el
reclamo por su impago ante la entidad demandada.
Así las cosas, independientemente de que los pagarés hayan tenido
origen en una relación comercial, lo cual no se discute, lo aquí
determinante es la naturaleza de los títulos valores17 y su autonomía,
motivos suficientes para no aceptar el reproche del apelante.
Ahora bien, a partir de este marco fáctico, la Sala encuentra que lo
pretendido por el actor a través de la solicitud que presentó ante la
SAE era obtener el reconocimiento de una deuda derivada de títulos
valores suscritos el 30 de diciembre de 1999 con la sociedad
CORREA ÁLZATE Y CÍA S. en C. con la cual realizó negocios y que
fue objeto de la medida judicial de extinción de dominio.
De ahí que se identifique que si bien intentó el pago de ese dinero
desde febrero de 2000, lo cierto es que lo realizó por la vía ejecutiva
17
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 619 del Código de Comercio, los títulos valores “son
documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se
incorpora. Pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de participación y de tradición o
representativos de mercancías”.
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y pese a obtener mandamiento de pago no logró recuperar las sumas
reclamadas, que fue lo que luego motivó al actor a presentar la
solicitud del reconocimiento de una “deuda” bajo el argumento de
que la entidad demanda era la administradora de tales bienes que
pertenecieron a la sociedad deudora.
De la situación expuesta se aprecia que el actor no reclamó a través
del procedimiento judicial que fijó la Ley 333 y, es
precisamente, esta omisión la que le impide aun en su condición de
tercero de buena fe obtener la reclamación que es fundamento de
sus pretensiones.
Lo anterior, por cuanto tal como se explicó en el marco jurídico, dicha
ley determinó un sistema de protección para terceros de buena fe,
orientado a garantizar la comparecencia, pero supeditada a que las
intervenciones se realicen en oportunidad, con observancia de las
formas de vinculación, bien sea mediante la notificación y el
emplazamiento, para luego garantizar su derecho de contradicción.
En este orden, se tiene que desde la providencia que ordenó la
iniciación del trámite penal operó la suspensión del poder
dispositivo sobre los bienes de la sociedad CORREA ÁLZATE Y CÍA
S. en C., lo que representaba para los terceros de buena fe que, a
partir de esa información, los derechos surgidos por la celebración
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de negocios jurídicos con esta sociedad quedaran sometidos a esa
condicional, sin perjuicio de la acreditación de buena fe cualificada.
En el caso bajo estudio, está probado que desde el 8 de julio de
1998 se encontraba inscrita en el registro mercantil la medida de
embargo y suspensión del poder dispositivo de las cuotas sociales,
las que posteriormente fueron registradas como decisiones de
extinción sobre inmuebles de la sociedad, inscripciones que
constituyeron actos de publicidad registral y que produjeron efectos
de oponibilidad ante terceros.
Así las cosas, cuando el actor suscribió los pagarés el 30 de
diciembre de 1999, ya se encontraba en vigor y registrada la
suspensión del poder dispositivo, además cuando promovió el
proceso ejecutivo en febrero de 2000, el actor aportó al proceso
certificaciones que daban cuenta expresa de la existencia de dichas
medidas.
Incluso, los jueces civiles le negaron las medidas cautelares con
fundamento en tal circunstancia, lo que permite identificar que era
de conocimiento del actor, decisiones que fueron confirmadas en
segunda instancia en el año 2002.
De manera que, atendiendo a esta identificación de la situación
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fáctica y jurídica que ocurrió en relación con los procesos ejecutivos,
para la Sala no es acertado afirmar que el actor desconocía la
existencia del proceso de extinción o que careció de oportunidad
para intervenir, pues, por el contrario, existe evidencia registrada en
los trámites judiciales que le permitieron conocer de la situación
jurídica de los bienes y de la limitación registral existente.
En este contexto, la alegada condición de tercero de buena fe no
puede analizarse al margen del procedimiento previsto en la Ley 333,
pues la protección que establece dicha normativa no opera de
manera automática ni habilita reclamaciones extemporáneas ante la
entidad administradora de los bienes extinguidos; por el contrario,
exige comparecencia dentro del proceso y acreditación de la buena
fe exenta de culpa ante el juez competente.
Tampoco resulta determinante el argumento según el cual quien
suscribió los pagarés figuraba como representante legal inscrito
en la Cámara de Comercio, pues en este proceso no se debate la
validez formal de los títulos valores, sino la posibilidad de hacerlos
exigibles fuera del procedimiento que la ley estableció para tal efecto,
lo cual, como quedó visto, es improcedente.
En cuanto al cuestionamiento de ausencia de publicidad del
proceso de extinción, es oportuno reiterar que la actuación de
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emplazamiento y notificación del proceso de extinción de dominio
estaba a cargo de la fiscalía y de los jueces penales competentes, es
decir, que era ante ellos que debió solicitar garantías mediante los
mecanismos de defensa en ese escenario procesal o reclamar los
perjuicios desde que asegura tuvo conocimiento de las
irregularidades y contra las autoridades que presuntamente señala
que las cometieron.
De ahí que el cuestionamiento de indebida notificación en el proceso
de extinción de dominio exceda la competencia del juez de lo
contencioso administrativo, en razón a que la alegación acerca de las
presuntas deficiencias alegadas desborde tanto el examen de
legalidad del acto administrativo cuestionado como el objeto de este
medio de control.
Además, el calificativo de que las actuaciones fueron casi secretas
por virtud de la violencia de la época, y la manifestación de que por
este motivo los ciudadanos estaban impedidos para conocerlas o
intervenir sin riesgo, no resultan de recibo para la Sala, pues no
pasan de ser manifestaciones sin pruebas y, en todo caso, queda
desvirtuada por los actos de registro en el certificado de la sociedad
que le habilitaron para adelantar a partir de esta información no solo
las medidas judiciales y administrativas pertinente y/o solicitar su
intervención en los términos que le confería la Ley 333. En efecto, en
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el certificado aportado por el actor se lee:
Finalmente, en cuanto a la razón a que alude frente a que la Dirección
de Estupefaciente no se opuso al proceso ejecutivo, considera la Sala
que este reproche no es acertado por cuanto esta entidad no fungió
como parte en razón a la relación civil que allí se debatía y, además,
porque esta alegación no enerva la legalidad del acto administrativo
en tanto no puede trasladarse su examen a un proceso judicial
independiente del trámite administrativo demandado, todo lo cual es
suficiente para decir que esto tampoco es una exigencia para el
proceso de extinción de dominio.
En ese orden de ideas, la Sala concluye que la decisión cuestionada
no desconoció el régimen de protección de terceros previsto en la
Ley 333, pues el actor no ejerció oportunamente las facultades
procesales que dicha normativa le otorgaba; y la sola administración
de los bienes por parte de la SAE no la convierte en deudora de
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obligaciones civiles contraídas por la sociedad antes o durante el
trámite de extinción.
V.4.2.2.- De la solicitud de excepción de inconstitucionalidad
En el recurso de apelación la actora solicito que en “[…] el evento de
no ser procedente acceder a la pretensión anterior por la vía de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicito de manera
subsidiaria dar aplicación a la EXCEPCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD y en consecuencia acceder a las mismas
súplicas de la demanda […]”.
Al respecto, la Sala advierte que los argumentos relativos a la
aplicación de la excepción de inconstitucionalidad solo fueron
aducidos en el recurso de apelación, lo que constituye un nuevo cargo
contra el acto acusado que no fue invocado en la demanda, situación
que a todas luces es improcedente, no solo por extemporáneo, pues
se insiste en que el momento procesal oportuno era la demanda o su
adición, sino también porque de acogerse su estudio se violaría el
derecho de defensa y contradicción de la parte demandada en el
proceso, siendo deber del juez hacer efectiva la igualdad de estas en
el mismo.
Así lo ha sostenido esta Sección en varios pronunciamientos, entre
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ellos, la sentencia de 31 de mayo de 201818, en la que se señaló:
“[…] la Sala debe puntualizar que los motivos de inconformidad
de la parte apelante involucran normas que no fueron invocadas
en la demanda como violadas, pues las indicadas en ésta se
circunscribieron a los artículos 29 y 58 de la Constitución
Política y 66 de la Ley 388.
A este respecto conviene poner de presente que la
invocación de nuevas normas en esta instancia significa,
ni más ni menos, la formulación de nuevos cargos contra
los actos acusados, lo cual resulta a todas luces
improcedente, no solamente por extemporáneos, pues el
momento procesal es en la demanda o su adición, sino en razón
a que de acometer su estudio se estaría violando el derecho de
defensa de la parte demandada en el proceso y el deber del
juez de hacer efectiva la igualdad de las partes en el mismo.
Por consiguiente, la Sala solo se referirá a los cuestionamientos
que formula el recurrente con base en los artículos 29 y 58 de
la Constitución Política y 66 de la Ley 388, y no así a los
artículos 187, 252 del C de PC, ni al cargo de falsa motivación
[…]” (Destacado fuera de texto).
Por consiguiente, la Sala no puede hacer pronunciamiento de fondo
alguno sobre este nuevo cargo, habida cuenta que solo fue invocado
como argumento en el recurso de apelación y proceder de manera
contraria rompería el equilibrio procesal y la igualdad de las partes,
pues la parte demandada no tendría la posibilidad de controvertir y
desvirtuar los nuevos argumentos, en tanto no fue planteado en la
demanda19.
Ante la no prosperidad de los fundamentos del recurso de apelación
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de mayo
de 2018. Núm. único de radicación 25000234000020080007402. C.P. María Elizabeth García González
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de marzo
de 2017. Número único de radicación 23001233300420160014301. C.P. María Elizabeth García González,
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se impone confirmar la decisión de primera instancia y así se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
V.5. COSTAS PROCESALES
De conformidad con lo previsto en el artículo 18820 del CPACA en
armonía con el numeral 8 del artículo 365 del CGP21, esto es, en
aplicación de un criterio objetivo valorativo22, le correspondería a
la Sala examinar si hay lugar a condenar a la parte apelante, en los
términos del numeral 3 del artículo 36523 ibidem; no obstante, no
hay lugar a imponerlas por cuanto en este proceso se concedió el
amparo de pobreza.
En efecto, mediante auto de 6 de octubre de 201524, fue otorgado
amparo de pobreza al actor, conforme con el inciso 1º del artículo
20
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
21
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
22
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe
que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y, valorativo,
en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación. Esto
indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre probada y atendiendo
al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de condenar en costas de manera
total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo autoriza la ley o porque no aparecen
comprobadas.
23
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.
24
SAMAI índice 2, cuaderno principal parte 1 Tribunal, folios 18 y 19.
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154 25 del Código General del Proceso, motivo suficiente para
abstenerse de tal condena.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de abril de 2026.
PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente
25
“ARTÍCULO 154. EFECTOS. El amparado por pobre no estará obligado a prestar cauciones procesales
ni a pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuación, y no será
condenado en costas”.
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GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.
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