Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-00659-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-00659-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2016-00659-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
2 de mayo de 2025
Radicación: 25000 23 41 000 2016 00659 01
Demandante: TABASCO OIL COMPANY LLC
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 23 41 000 2016 00659 01
Demandante: TABASCO OIL COMPANY LLC
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Tesis: No son nulos los actos por los cuales se sancionó a la
demandante por incumplir la obligación de solicitar el
registro de la inversión suplementaria al capital
asignado oportunamente, en tanto no desconocieron el
principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal al no tener en cuenta la buena fe de la
demandante, en la medida en que aquella no reportó la
información necesaria oportunamente.
No es cierto que en los actos demandados se haya
omitido explicar la razón por la cual resultaba
procedente la tasación de la multa en el 1.2% del valor
de la infracción cambiaria, razón por la cual los actos
por los cuales se sancionó a la demandante por
incumplir la obligación de solicitar el registro de la
inversión suplementaria al capital asignado
oportunamente no fueron expedidos con falta de
motivación.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia de 14 de septiembre de 2017,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho formulada en contra de la Superintendencia
de Sociedades.
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Radicación: 25000 23 41 000 2016 00659 01
Demandante: TABASCO OIL COMPANY LLC
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La sociedad Tabasco Oil Company LLC, actuando por conducto de
apoderada judicial, presentó demanda1 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de
la Ley 1437 de 2011, en contra de la Superintendencia de Sociedades, en
la cual formuló las siguientes:
1.1.1. Pretensiones
“PRIMERA
Que son nulos los siguientes actos administrativos, por haber sido expedidos con
violación a las normas en las que hubieren tenido que sujetarse:
1. Resolución 230-002241 del 27 de junio de 2015 en virtud de la cual se impone
a la sociedad TABASCO OIL COMPANY LLC multa en suma de $301,916.237 por
no haber solicitado en término el registro de la inversión suplementaria al capital
asignado por el año 2012.
2. Resolución 301-003839 del 28 de octubre de 2015 que resuelve el recurso de
reposición interpuesto en contra de la Resolución 230-002241.
SEGUNDA
A título de restablecimiento del derecho:
1. Se ordene el reintegro de la suma pagada mediante la cuenta de cobro – multas
del 07 de enero de 2015 con cheque No. 354262, junto con los intereses que se
generen hasta la fecha del reintegro.
SUBSIDIARIAS
2. Que de no prosperar la primera pretensión, se proceda a tasar nuevamente la
sanción en un porcentaje inferior al 1,2% en tanto que la actuación de la sociedad
no ocasionó daño a la administración y la sanción impuesta resulta contraria a
los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
3. Se ordene el reintegro de la diferencia de la multa pagada y sus respectivos
intereses con ocasión de la reliquidación.”
1.1.2. Hechos fundamento de la demanda
1.1.2.1. El 28 de junio de 2013 la sociedad Tabasco Oil Company LLC
remitió al Banco de la República el formulario núm. 13 de Registro de
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Expediente digitalizado disponible en el índice 25 del historial de actuaciones del proceso de SAMAI.
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Demandante: TABASCO OIL COMPANY LLC
Inversión Suplementaria al Capital Asignado y Actualización de las
Cuentas Patrimoniales del año 2012.
1.1.2.2. A través del oficio DCIN 15121 de 8 de julio de 2013 el Banco de
la República le solicitó a la demandante actualizar el formulario núm. 13
en atención a que el documento previamente presentado correspondía a
la versión del 21 de noviembre de 2003, siendo que para el momento se
encontraba vigente la versión del formulario de 24 de febrero de 2011.
Además, el Banco le pidió que aclarara la información de un inversionista
diferente al de la casa matriz que, según los registros de la entidad,
reportó una inversión a favor de Tabasco Oil Company LLC.
1.1.2.3. El 21 de agosto de 2013 la demandante remitió el formulario
núm. 13 actualizado según la versión del documento de 24 de febrero de
2011 e informó que no tiene inversionistas internacionales diferentes a su
casa matriz.
1.1.2.4. El Banco de la República expidió el acto administrativo ISE04394
mediante el cual quedó registrada de oficio la inversión suplementaria al
capital asignado y la actualización de las cuentas patrimoniales de la
demandante para el año 2012. Además, el Banco informó que actualizó
la base de datos en el sentido de suprimir la inversión registrada por un
inversionista diferente a la casa matriz. La fecha del registro de oficio
corresponde al 21 de agosto de 2013.
1.1.2.5. Mediante oficio DCIN 21434 de 27 de septiembre de 2013 el
Banco de la República informó a la Superintendencia de Sociedades el
listado de sucursales de sociedades extranjeras del régimen especial que
no presentaron en el término establecido el registro de la inversión
suplementaria al capital asignado y la actualización de las cuentas
patrimoniales correspondientes al año 2012, dentro de las cuales incluyó
a la demandante.
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1.1.2.6. Mediante Resolución 230-002241 de 27 de julio de 2015 la
Superintendencia de Sociedades le impuso a la demandante multa por el
valor correspondiente al 1.2% de la infracción comprobada, esto es,
$301.916.237, por no haber solicitado el registro de la inversión
suplementaria al capital asignado del año 2012 dentro de la oportunidad
debida. La decisión fue confirmada a través de la Resolución 301-003839
de 28 de octubre de 2015, por la cual se resolvió el recurso de reposición
interpuesto en contra de la primera.
1.1.2.7. La demandante pagó la multa impuesta a través de cheque núm.
354262.
1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
La parte demandante planteó que los actos acusados infringieron los
artículos 29, 83 y 228 de la Constitución Política, así como el artículo 3
del Decreto 1746 de 1991. Fundamentó el concepto de la violación a partir
de los siguientes cargos:
1.1.3.1. NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES 301-003839 DEL 28 DE
OCTUBRE DE 2015 Y 230.002241 DE 27 DE JUNIO DE 2015 POR
FALTA DE MOTIVACIÓN
La demandante relató que la Superintendencia tasó la sanción en la suma
de $301.916.237 que equivale al 1.2% del monto de la infracción en la
que supuestamente incurrió, cuyo valor es $25.159.686.433,19, y dijo
que para la entidad la sanción fue proporcional y razonable habida cuenta
del alto monto de la infracción y el tiempo de la extemporaneidad. Con
todo, a juicio de la parte actora, en los actos acusados la Superintendencia
omitió explicar los criterios de graduación de la sanción y los elementos
de juicio de los que se sirvió para aplicar el porcentaje del 1.2% y no otro.
En ese sentido, reprochó que no es de recibo la explicación superficial que
consta en los actos acusados, que alude a la supuesta duración de la
extemporaneidad en la solicitud de registro como circunstancia que sirvió
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para graduar la sanción, en la medida en que la administración no explicó
cuál es la razón para que la extemporaneidad evidenciada merezca una
multa tasada en el 1.2% del valor de la infracción. Así, afirmó que los
actos desconocieron el artículo 3 del Decreto 1746 de 1991 que impone a
la administración graduar la sanción atendiendo las condiciones objetivas
que rodean la comisión de la infracción, en tanto la administración no
motivó la decisión estableciendo las circunstancias de modo, tiempo y
lugar que motivaron la fijación de ese porcentaje. Por lo anterior, a juicio
de la demandante, resultó privada de la posibilidad de solicitar una
tasación nueva de la sanción, al punto en el que no conoció el fondo o
alcance del acto sancionatorio y agregó que no existe norma o razón
conocida que indique que ante la extemporaneidad de un mes y unos días
debe aplicarse una sanción correspondiente al 1.2% y no una en un
porcentaje inferior.
1.1.3.2. NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES 301-003839 DEL 28 DE
OCTUBRE DE 2015 Y 230.002241 DE 27 DE JUNIO DE 2015 POR
FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 228 CONSTITUCIONAL
La demandante reprochó la conclusión de los actos acusados según la cual
no había lugar a aplicar el principio contenido en el artículo 228 de la
Constitución porque Tabasco Oil Company no fue diligente para solicitar
oportunamente el registro de la inversión suplementaria al capital
asignado por el año 2012 y porque la demostración de la ausencia de
mala fe no impedía el ejercicio del poder sancionatorio por parte de la
entidad.
Según la parte actora, dicha conclusión desconoce que la demandante
cumplió con la obligación sustancial de entregar la información respectiva
al Banco de la República en el término indicado, a pesar de que utilizó el
formulario anterior. Así, señaló que la versión del formulario es una
exigencia meramente formal que no invalida el contenido de la
información presentada inicialmente, al punto en el que lo reportado el
28 de junio de 2013 coincide plenamente con la información suministrada
posteriormente bajo el formulario actualizado.
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Destacó que la finalidad del formulario núm. 13 es que cada año las
sucursales de las sociedades extranjeras en Colombia que se dedican a la
exploración y explotación de petróleo, gas natural, carbón, ferroníquel y
uranio, o la prestación de servicios de petróleo, informen al Banco de la
República los movimientos de inversión efectuados por la casa matriz con
corte a 31 de diciembre. Es decir, su finalidad consiste en que con la
información del formulario 13 se refleje ante el Banco de la República el
estado de la cuenta de la sucursal con su matriz en lo que se refiere a la
inversión suplementaria. Por ende, afirmó que un error en el
diligenciamiento de uno de estos documentos no constituye un hecho
sancionable según las disposiciones cambiarias.
Por otra parte, llamó la atención sobre el hecho de que el bien jurídico
que se pretende proteger con las sanciones cambiarias es el orden público
económico y que, según el artículo 2 del Decreto 1746 de 1991, la sanción
cambiaria se impone con el fin de lograr el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en el régimen cambiario. Aseveró que este no
fue trasgredido por la demandante al presentar la información en una
versión anterior del formato aplicable, pues no debe desconocerse que la
sociedad cumplió de buena fe con sus obligaciones cambiarias el 28 de
junio de 2013 y que desde ese momento el Banco tuvo conocimiento del
estado de la cuenta de la sucursal con su matriz. Destacó que los
formularios cambiarios tienen una naturaleza formal y meramente
procesal, ya que la obligación cambiaria es la de entregar la información
relevante.
Agregó que las diferencias entre una y otra versión del formulario núm.
13 se limitan a la reorganización de datos informativos respecto de la
sucursal, del representante legal, así como la inclusión de tres casillas
informativas, sin que se alterara los aspectos relativos a la situación
patrimonial de la sucursal. En este punto, presentó un cuadro comparativo
entre las dos versiones del formulario y los datos suministrados en cada
oportunidad.
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A juicio de la demandante, la anterior constatación también resulta
relevante en la consideración sobre la graduación de la sanción pues
evidenciaría que el monto determinado es desproporcionado ya que la
infracción por la que se sancionó a la demandante no merecía una multa
de más de trescientos millones de pesos, al estar cumplida la obligación
sustancial y teniendo en cuenta que la demora en la presentación del
formulario en su versión actualizada no fue de gran magnitud.
II. TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL
2.1. La demanda y su reforma fueron admitidas a través de autos del 1
de abril y 10 de octubre de 2016, y se ordenó su notificación a la
Superintendencia de Sociedades, al representante del Ministerio Público y
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
2.2. La Superintendencia de Sociedades contestó la demanda
oponiéndose a las pretensiones, para lo cual expuso los siguientes
argumentos2:
En primer lugar, sobre los hechos de la demanda manifestó que no es
cierto que la demandante hubiere cumplido oportunamente con la
obligación de registro de la inversión suplementaria al capital asignado.
Aclaró que mediante oficio DCIN-5121 de 8 de julio de 2013 el Banco de
la República formuló un requerimiento necesario para efectuar el registro
correspondiente y la respuesta debía ser radicada en el término señalado
en el artículo 17 del CPACA. Sin embargo, ello no ocurrió, por lo que operó
el desistimiento tácito y, por ende, la solicitud de registro no se consideró
formulada en la fecha inicial, sino que se entendió efectuada con la nueva
comunicación y cuando ya había culminado el término previsto en el
artículo 8 del Decreto 2080 de 2000.
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Folios 129 a 142 del cuaderno de primera instancia, disponible en el índice 25 del historial de actuaciones de
SAMAI.
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Así, destacó que el requerimiento fue atendido el 21 de agosto de 2013 y
que el desistimiento tácito que se configuró fue decretado por el Banco
de la República el 17 de septiembre de 2013, sin que la demandante
interpusiera recurso alguno contra dicha decisión. Dichas circunstancias
evidencian a su juicio que el trámite de registro se agotó en forma
extemporánea.
Destacó que el artículo 3 del Decreto 1746 de 1991 le confiere a la
Superintendencia la facultad discrecional de graduar la sanción en un
porcentaje que oscila entre el 0 y el 200% del monto de la infracción
cambiaria comprobada, teniendo en cuenta las circunstancias objetivas
en las que se cometió. Explicó que, en este caso, dicho valor correspondía
al valor del registro de la inversión cancelada ($25.159.686.433.19) y que
solo impuso la sanción por el 1.2% del total de la infracción, para lo cual
tuvo en cuenta la índole objetiva de la responsabilidad en materia
cambiaria, los principios de razonabilidad y proporcionalidad y los
objetivos perseguidos por el régimen de cambios.
De otra parte, frente al cargo por vulneración del artículo 228 de la
Constitución, la Superintendencia recordó que en el asunto no se acataron
las disposiciones del Decreto 2080 de 2000 y sus modificaciones, en
concordancia con la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 de 2003 del
Banco de la República, porque no se cumplió con la obligación de solicitar
el registro de la inversión suplementaria al capital asignado en el término
legalmente establecido. En concreto, el registro de la inversión
suplementaria al capital asignado es un deber que se fundamenta en los
literales c) y d) del artículo 2 de la Ley 9 de 1991, por lo que destacó que
la omisión o retardo en el registro de las inversiones constituye una
infracción al régimen de cambios según lo señalado en el artículo 2° del
Decreto 1746 de 1991, de manera que no se trata de un mero formalismo.
Finalmente, mencionó que el artículo 5 del Decreto 2116 de 1992 le
asignó a la Superintendencia de Sociedades la función de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones en materia de inversión extranjera y
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endeudamiento externo, por lo que le corresponde velar porque los
inversionistas extranjeros cumplan con el deber de registrar las
inversiones iniciales o adicionales en el Banco de la República, de acuerdo
con el procedimiento que establezca dicha entidad y en los términos
previstos en el artículo 8 del Decreto 2080 de 2000, modificado por el
Decreto 4474 de 2005. A partir de todo ello, afirmó que la
Superintendencia de Sociedades no se extralimitó en el cumplimiento de
sus funciones, en la medida en que se acogió a las normas legales que
regulan la materia e impuso la sanción ante las irregularidades que
comprobó.
2.3. La audiencia inicial
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011,
el despacho sustanciador del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B celebró audiencia inicial el 17 de mayo de
2017. Agotadas las etapas de saneamiento y decisión de excepciones
previas, el despacho fijó el litigio en el siguiente sentido:
“[…] El problema jurídico dentro de la presente acción se contrae a determinar si
con la expedición de los actos administrativos contenidos en: a) Resolución No.
230-002241 del 27 de junio del año 2015, por medio de la cual se impuso a la
sociedad Tabasco Oil Company una multa por la suma de $301'916.237 pesos
m/cte por no haber solicitado en término el registro de la inversión suplementaria
al capital asignado por el año 2012, y b) Resolución No. 301-003839 del 28 de
octubre del año 2015, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición
interpuesto en contra de la anterior decisión, la Superintendencia de Sociedades
incurrió en: falta de motivación, por olvidar la administración efectuar una
correcta explicación de la graduación de la sanción y de los elementos de juicio
de los que se valió para aplicar el porcentaje equivalente al 1.2% del monto de
la infracción y no otro porcentaje, y falta de aplicación del artículo 228 de la
Constitución Política, al cuestionar el momento en que TABASCO cumplió con la
obligación de presentar el Formulario No. 13, solo porque el mismo se transmitió
en una versión anterior.”
Seguidamente se surtieron las etapas de intento de conciliación, se
decidió sobre las solicitudes probatorias de las partes y se corrió traslado
a las partes para la presentación de los alegatos de conclusión.
III. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
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Mediante sentencia de 14 de septiembre de 2017 el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandante. Como
fundamento de su decisión en la providencia se expusieron las siguientes
consideraciones:
En primer lugar, sobre el cargo de violación del artículo 228 de la
Constitución que controvierte la legalidad de la infracción cambiaria en sí,
el Tribunal advirtió que en la demanda no se cuestionaron los actos
administrativos DCIN-19896 de 17 de septiembre de 2013 ni el ISE04394
de 21 de agosto de 2013, mediante los cuales, respectivamente, se
declaró el desistimiento tácito de la solicitud de registro de inversión
suplementaria al capital asignado núm. DER-BOG-24825-2013 del 28 de
junio de 2013, y se registró la Inversión Suplementaria al Capital para el
año 2012 de la sociedad Tabasco Oil Company LLC. Por tal razón, el
Tribunal señaló que no había lugar a pronunciarse sobre los argumentos
que indirectamente reprochan la ilegalidad de dichas decisiones.
Seguidamente realizó un recuento de las actuaciones surtidas en el
trámite administrativo y, a partir de ello, concluyó que en el asunto se le
otorgó la primacía que correspondía al derecho sustancial y se respetaron
las garantías procesales a la parte actora. Destacó que a la demandante
se le otorgó la oportunidad de corregir las inconsistencias de la solicitud
inicial que radicó el 28 de junio de 2013, para lo cual se le concedió el
término preclusivo de un mes previsto en el artículo 17 del CPACA.
Advirtió que la falta de acatamiento del término acarreaba que se
declarara el desistimiento de la solicitud, tal como ocurrió y fue declarado
en el acto administrativo DCIN-19896 de 17 de septiembre de 2013.
Así, encontró que en el asunto es claro que la solicitud radicada el 28 de
junio de 2013 fue declarada desistida, de manera que el registro de la
inversión no se realizó de manera satisfactoria y es por esa razón que no
podía tenerse como cumplida la obligación cambiaria a partir de esa
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solicitud. Además, en acto administrativo ISE043 94 que materializó el
registro de la Inversión Suplementaria para el año 2012 de la sociedad
Tabasco Oil Company se consignó como fecha de radicación de la solicitud
el 21 de agosto de 2012 a la cual le correspondió el radicado 31690. De
ello resaltó que ninguno de los dos actos fue controvertido en sede
administrativa, por lo que las decisiones quedaron en firme.
En esa medida, el Tribunal determinó que no le asistía razón al
demandante al manifestar que cumplió con la obligación sustancial de
entregar la información respectiva al Banco de la República en el término
señalado, pues el plazo para el efecto vencía el 30 de junio de 2013 y la
fecha de presentación de la solicitud que finalmente fue registrada
mediante acto ISE04394 fue el 21 de agosto de 2013.
Aclaró que en el asunto no se impuso la sanción por un error en el
diligenciamiento del formulario cambiario, sino porque no se solicitó el
registro de la inversión suplementaria al capital asignado dentro del
término previsto. Es decir, se sancionó por la infracción cambiaria
consistente en la violación del artículo 8 el Decreto 2080 de 2000 y sus
modificaciones, en concordancia con los puntos 7.2.1.3., numeral ii),
literal b) del capítulo 7 y 11.1.1.2 del Capítulo 11 de la Circular
Reglamentaria Externa DCIN-83 de 2003 y sus modificaciones. Por lo
mismo, descartó el argumento de la demandante que aludía a que no se
trasgredió el orden público económico ni el correcto funcionamiento de la
administración en tanto su actuación fue de buena fe, pues explicó que la
sanción se fundamentó en el régimen de responsabilidad objetiva que
aplica en el régimen de cambios y se sustenta en el Decreto 1746 de
1991, de manera que no hay lugar a considerar aspectos subjetivos como
la culpabilidad del infractor ni se requiere de la existencia de un daño real
y comprobado frente al orden público económico.
Luego, respecto del cargo de falta de motivación, el Tribunal analizó las
consideraciones de los actos acusados y a partir de ello evidenció que la
sanción se impuso en consideración a la extemporaneidad de 1 mes y 20
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días en la que incurrió la parte actora y tuvo en cuenta que el régimen
sancionatorio cambiario es de carácter objetivo. Así, concluyó que la
multa impuesta a la demandante respetó los criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y las circunstancias objetivas que rodearon la comisión
de la infracción cambiaria, de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 1746
de 1991 y las sentencias C-564 de 2000 y C-31 de 1995. Según el a quo
la Superintendencia aplicó un porcentaje significativamente inferior al
tope máximo permitido en la Ley, que corresponde al 200% del monto de
la infracción cambiaria. Además, la demandante tampoco demostró que
existieran circunstancias objetivas que indiquen que el 1.2% del monto
de la infracción es desproporcionado, pues los argumentos sobre el
cumplimiento sustancial de su obligación no desvirtúan la objetividad de
la sanción. En consecuencia, el Tribunal determinó que los actos acusados
se encuentran fáctica y jurídicamente motivados.
IV. EL RECURSO DE APELACIÓN
La apoderada de la demandante interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de 14 de septiembre de 2017 con sustento en los siguientes
argumentos:
Reprochó que la sentencia de primera instancia se sustentó en los actos
administrativos DCIN 15121 de 8 de julio de 2013 y DCIN 19896 de 17
de septiembre, pues gracias a ellos se desestimó el cargo de violación del
artículo 228 de la Constitución; sin embargo, aquellos no fueron objeto
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
correspondía resolver. En ese sentido, planteó que resultaba innecesaria
la consideración del Tribunal sobre las fechas en las que el Banco de
República profirió sus actos administrativos y en las que la demandante
radicó sus solicitudes, pues lo que el a quo tenía que considerar es la
actuación de Tabasco Oil Company que en todo momento entendió haber
radicado los oficios respecto de la primera solicitud y que actuó de buena
fe, a pesar de que la solicitud con radicado DER-BOG-21690-2013 no
cumplió los requerimientos del Banco de la República en el DCIN 15121.
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En ese sentido, dijo que la argumentación del Tribunal se debía limitar a
los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de
Sociedades. Afirmó que el a quo sustentó su decisión en que el Banco de
la República respetó el debido proceso en cuanto a las oportunidades para
controvertir los oficios a través del recurso de reposición, pero lo cierto
es que el eje de la discusión consistía en los actos de la Superintendencia
de Sociedades.
Adujo que el Tribunal debió considerar que, a pesar de que el término
para dar respuesta establecido en el artículo 17 del CPACA era perentorio
y que la demandante no solicitó prórrogas, la información que consignó
desde el inicio en el formulario desactualizado era veraz, al punto en el
que el error en el cumplimiento del plazo no obedeció a la intención de
infringir el régimen cambiario ni sustraerse de la obligación de presentar
información al Banco de la República. Por todo ello, insistió en que la
sanción es nula, o debía ser menor, porque sí se presentó la información
a tiempo y lo que motivó la sanción fueron formalidades respecto de un
formulario.
Agregó que no comparte la interpretación impartida frente a la sentencia
C-599 de 1992, que se refiere a la responsabilidad objetiva que rige el
régimen de cambios. En su criterio, la correcta interpretación de esa
sentencia apunta a que respecto de la comisión de la sanción la
responsabilidad es objetiva, mientras que respecto de la graduación de la
sanción se deben calificar las circunstancias que rodearon la comisión de
la infracción teniendo como objetivo establecer si el inversionista buscaba
o no sustraerse de su deber de presentar la información cambiaria.
Por otra parte, insistió en que la Superintendencia de Sociedades no tuvo
en cuenta los motivos de Tabasco Oil Company como criterios para
graduar ni tasar la sanción, sino que se mantuvo en su decisión inicial
excusándose en la objetividad de la responsabilidad en el régimen
cambiario.
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Sobre el cargo de falta de motivación, manifestó que el Tribunal estudió
la motivación de los actos acusados, pero no tuvo en cuenta que a pesar
de que se concedió el término para interponer el recurso de reposición
frente a la Resolución 23002241 que fijó la sanción en el 1.2% de la
infracción, la Resolución 301-003839 que resolvió el recurso de reposición
no atendió a lo argumentado en dicho recurso, sino que reiteró
automáticamente lo indicado en el acto inicial. A juicio de la demandante,
en la sentencia apelada se llevó a cabo una revisión formal de los actos
demandados, sin tomar en cuenta la argumentación de la demandante en
el recurso núm. 2015-01-323158 radicado el 17 de julio de 2015.
Así, aseveró que el fallo de primera instancia desconoció que los actos
están viciados de falta de motivación porque esta fue superficial y se
limitó a repetir jurisprudencia, lo que en definitiva implicó una vulneración
del debido proceso. En su criterio, el Tribunal “obvió que en este caso los
derechos “a ser oído durante el trámite” y a “ejercer los derechos de
defensa y contradicción” no eran un requisito meramente formal, de
permitir a las partes interponer recurso; por ende, terminó afirmando en
la Sentencia que la actuación de la Superintendencia de Sociedades
respecto de la Resolución que profirió respecto del acto administrativo
definitivo en ningún momento se pronunció acerca de los argumentos que
se presentaron en aquél recurso. Por lo cual, en este caso TABASCO OIL
COMPANY a pesar de haber presentado recurso de reposición, no tuvo en
realidad la efectividad de su derecho a ser oída durante el trámite”.
V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El recurso de apelación fue admitido a través de proveído de 26 de febrero
de 2018 y, a través de providencia de 2 de abril de 2018, se corrió traslado
a las partes por el término de diez días para que presentaran alegatos de
conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. En dicha
etapa se obtuvo lo siguiente:
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5.1. La Superintendencia de Sociedades se remitió a los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda y en los alegatos presentados
ante la primera instancia. Así, solicitó que se confirme la sentencia
apelada habida cuenta de que la entidad no incurrió en violación de norma
alguna.
5.2. La parte demandante reiteró lo expuesto en el recurso de apelación
y discutió la condena en costas impuesta en la sentencia de primera
instancia.
5.3. El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo
núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente
para conocer del presente asunto en segunda instancia.
6.2. Los actos administrativos acusados
6.2.1. Resolución 230 002241 de 27 de junio de 20153, mediante la
cual la Superintendencia de Sociedades resolvió “imponer una multa, con
fundamento en lo previsto en el artículo 3° del Decreto 1746 de 1991, a
la sucursal en Colombia TABASCO OIL COMPANY LLC, identificada con
Nit.900.375.325-2, por la suma de TRESCIENTOS UN MILLONES
NOVECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
($301.916.237.00) MONEDA LEGAL, que corresponden al 1.2% del valor
de la infracción comprobada, que ascendió a un valor de
USD14.228.740.85, suma que corresponde al total movimiento neto
3
CD2 Folio 143 Cuaderno 2, visible en el expediente digitalizado disponible en el índice 25 del historial de
actuaciones del proceso de SAMAI.
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(total créditos–total débitos), equivalentes a $25.159.686.433.19 (según
la TRM a 31 de diciembre de 2012 de $1.768.23), por violación a lo
dispuesto en el artículo 8 del Decreto 2080 de 2000 y sus modificaciones,
en concordancia con lo previsto en los puntos 7.2.1.3, numeral ii), literal
b) del Capítulo 7 y 11.1.1.2. del Capítulo 11 de la Circular Reglamentaria
Externa DCIN- 83 de 2003 y sus modificaciones, expedidas por el Banco
de la República por no haber solicitado el registro de la inversión
suplementaria al capital asignado del período correspondiente al año
2012, dentro del término legal […].
6.2.2. Resolución 301-003839 de 28 de octubre de 20154, por la
cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra del anterior
acto en el sentido de confirmarlo en todas sus partes.
6.3. Planteamiento del asunto y problema jurídico a resolver
En atención a los fundamentos del fallo de primera instancia y a lo alegado
en el recurso de apelación la Sala advierte que existe una primera
discrepancia en torno a la legalidad de la sanción impuesta. En efecto, la
sentencia de primera instancia determinó que en la imposición de la
sanción no se desconoció el principio de prevalencia de lo sustancial sobre
lo formal, pues se impuso ante la existencia de una infracción objetiva al
régimen cambiario que se consolidó gracias a que la primera solicitud de
registro se tuvo por desistida y, por ende, el registro de la inversión se
materializó teniendo como fecha una posterior al vencimiento del plazo
que tenía la demandante para ello. Por su parte, la recurrente afirma que
la decisión apelada se sustentó equivocadamente en la valoración de
actos administrativos que no fueron demandados y que el aspecto
relevante consistía en la actuación de buena fe de la demandante, así
como en el hecho de que la información que se consignó en el primer
formulario era veraz y que el error en ese aspecto no infringió el régimen
cambiario.
4
Ibídem.
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Igualmente se presenta desacuerdo en cuanto al monto de la multa
impuesta como sanción pues, mientras que el Tribunal concluyó que no
es desproporcionado ni irrazonable en tanto responde a la duración de la
extemporaneidad y las circunstancias objetivas de la comisión de la
infracción, la recurrente plantea que la sanción debió ser fijada en un
porcentaje inferior en consideración a que la información sí se presentó a
tiempo, de lo que aduce que la motivación de los actos demandados fue
superficial.
Adicionalmente, en el recurso la parte demandante reprochó que al
resolver el recurso de reposición la Superintendencia no se pronunció
sobre los argumentos que se presentaron en dicha actuación, con lo cual
la entidad le vulneró el derecho a ejercer su defensa y contradicción.
A la luz de lo expuesto, corresponde a la Sala determinar, en primer lugar,
si los actos por los cuales se sancionó a la demandante por incumplir la
obligación de solicitar el registro de la inversión suplementaria al capital
asignado oportunamente desconocieron el principio de prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal al no tener en cuenta la buena fe de la
demandante y que su actuación no infringió el régimen cambiario, en la
medida en que reportó la información necesaria oportunamente.
Seguidamente, la Sala deberá estudiar si es cierto que en los actos
demandados no se explicó la razón por la cual resultaba procedente la
tasación de la multa en el 1.2% del valor de la infracción cambiaria y
dicho porcentaje debía ser menor, en acatamiento de los principios de
proporcionalidad y razonabilidad. La respuesta a dicho interrogante
determinará si lo constatado acarrea la nulidad de los actos acusados por
haber sido expedidos con falta de motivación.
Además, la Sala deberá analizar si hay lugar a pronunciarse sobre el
planteamiento expuesto por la demandante en el recurso de apelación
según el cual la Superintendencia le impidió ejercer su defensa y
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contradicción al no analizar los argumentos del recurso de reposición
formulado en contra de la resolución sancionatoria.
Finalmente, en atención a la respuesta a los anteriores interrogantes, la
Sala establecerá si procede el restablecimiento del derecho en los
términos solicitados por la parte actora.
6.4. Análisis del asunto
6.4.1. Sobre la legalidad de la sanción impuesta por comisión de
una infracción cambiaria
6.4.1.1. En el recurso de apelación la demandante reprochó que para
descartar el cargo de violación del artículo 228 de la Constitución el a quo
se refirió indebidamente a los actos administrativos DCIN-19896 de 17 de
septiembre de 2013 y ISE04394 de 21 de agosto de 2013, mediante los
cuales, respectivamente, se declaró el desistimiento tácito de la solicitud
de registro de inversión suplementaria al capital asignado núm. DER-
BOG-24825-2013 del 28 de junio de 2013, y se registró la Inversión
Suplementaria al Capital para el año 2012 de la sociedad Tabasco Oil
Company LLC. Planteó que, como dichos actos no fueron demandados, la
referencia a esa actuación administrativa era impertinente y que los
hechos verdaderamente relevantes consistían exclusivamente en que el
demandante reportó una información veraz en el formulario radicado el
28 de junio de 2013, de manera que el error en la versión del formulario
empleado fue apenas formal y no constituía una infracción al régimen
cambiario.
6.4.1.2. Ahora bien, contrario a lo argumentado por la recurrente, la Sala
encuentra que la existencia de los actos administrativos DCIN-19896 de
17 de septiembre de 2013 y ISE04394 de 21 de agosto de 2013 sí
constituye un antecedente relevante en la valoración de la legalidad de
las Resoluciones por las cuales la Superintendencia de Industria y
Comercio sancionó a la demandante por infracción del régimen cambiario,
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en la medida en que las decisiones adoptadas a través de dichos actos
constituyen el presupuesto fáctico que sustentó la imposición de la
sanción. Con todo, es claro que la referencia a dichas decisiones en el
fallo de primera instancia no se efectuó con el fin de examinar su
legalidad, de manera que no es acertado el entendimiento de la apelante
en tanto sugiere que con la alusión a dichos actos se efectuó un
pronunciamiento sobre actos que no fueron demandados.
En efecto, conviene advertir que en la sentencia apelada el Tribunal
justamente señaló que, en la medida en que los actos administrativos
DCIN-19896 de 17 de septiembre de 2013 y ISE04394 de 21 de agosto
de 2013 no habían sido demandados, las decisiones allí adoptadas se
encontraban respaldadas por la presunción de legalidad y, por ende,
resultaba válido que la Superintendencia hubiere sustentado las
Resoluciones que aquí se controvierten en el antecedente fáctico que
constituyen los actos administrativos enunciados.
En ese sentido, la Sala coincide con el a quo en tanto advirtió que el acto
administrativo DCIN-19896 de 17 de septiembre de 20135 constituye un
antecedente relevante en la expedición de las Resoluciones 230-002241
de 27 de junio de 2015 y 301-003839 de 28 de octubre de 2015 aquí
demandadas, en la medida en que a través del DCIN-19896 el Banco de
la República (i) decretó tácitamente desistida la solicitud radicada bajo la
referencia DER-BOG-24825-2013 presentada el 28 de junio de 2013,
habida cuenta de que la respuesta al requerimiento de información que
hizo el Banco frente a esa petición fue remitida fuera del término señalado
en el artículo 17 del CPACA, y (ii) informó que atendió la solicitud de
registro de inversión suplementaria al capital asignado y actualización de
cuentas patrimoniales – sucursales del régimen especial para el año 2012,
a través del acto administrativo núm. ISE04394 “teniendo como número
y fecha de radicado la comunicación presentada en el Banco de la
República el 21 de agosto de 2013 con el número DER-BOG-31690-2013”.
5
Que obra en los anexos aportados con la demanda, disponibles en el índice el índice 25 del historial de
actuaciones de SAMAI.
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Por su parte, según se anunció, en el acto administrativo ISE043946
consta que se efectuó el registro de inversión suplementaria al capital
asignado y actualización de cuentas patrimoniales teniendo como fecha
de radicación de la solicitud el 21 de agosto de 2013.
Es decir, lo consignado en los actos administrativos DCIN-19896 de 17 de
septiembre de 2013 e ISE04394 desvirtúa la afirmación de la demandante
según la cual cumplió oportunamente con su deber de solicitar el registro
de la inversión suplementaria al capital asignado al haber radicado dicha
solicitud el 28 de junio de 2013, pues en el primero de los actos el Banco
de la República determinó con claridad que esa solicitud había sido
tácitamente desistida, de manera que carecía de toda validez para efectos
considerar el cumplimiento de la obligación a cargo de la demandante, y
en el segundo, indicó que la fecha de la solicitud que dio lugar al registro
de la inversión suplementaria correspondía al 21 de agosto de 2013, esto
es, un momento posterior al vencimiento del término con el que contaba
la demandante para ello.
En esa medida, los actos administrativos DCIN-19896 de 17 de
septiembre de 2013 e ISE04394 dan cuenta da cuenta de la
materialización del incumplimiento de la obligación que, en definitiva, dio
lugar a la imposición de la sanción por infracción al régimen cambiario y,
contrario a lo argumentado por la demandante, evidencian que la sanción
no fue impuesta por la simple comisión de un error formal en la utilización
de un formato. Por ende, el hecho de que no hayan sido demandados no
implica que los actos enunciados resulten irrelevantes en el estudio de la
legalidad de las resoluciones aquí demandadas como lo plantea la
recurrente, sino que, por el contrario, son la prueba de una circunstancia
objetiva constitutiva de la infracción cambiaria, que no fue oportunamente
controvertida por el demandante.
6
Visible en los antecedentes administrativos allegados en medio magnético por la entidad demandada,
disponibles en el índice el índice 25 del historial de actuaciones de SAMAI, archivo “BDSS01-#104008169-v1-
2014-01-152508-000__.PDF”.
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6.4.1.3. De otra parte, para la Sala tampoco resultan de recibo los demás
argumentos a los que acude la recurrente para insistir en la ilegalidad de
la sanción impuesta en su contra. Ello, por cuanto, tal como lo advirtió el
a quo, la responsabilidad resultante por infracción al régimen de cambios
es objetiva, lo que excluye la posibilidad de efectuar un juicio de
culpabilidad sobre la conducta del infractor y ahondar en aspectos
relativos a la ausencia de culpabilidad o de imputabilidad del infractor en
su determinación, sin perjuicio de que deba aplicarse el principio general
de que la fuerza mayor o caso fortuito operan como factores eximentes
de responsabilidad.
Así, cuando la demandante alude a que actuó de buena fe al presentar en
tiempo una primera solicitud de forma oportuna y con la información
requerida, plantea una circunstancia que deviene impertinente a la luz de
los supuestos de configuración de la responsabilidad en materia cambiaria
que, por lo mismo, que tampoco configura una de las circunstancias
eximentes de responsabilidad.
Del mismo modo, es equivocado el argumento de la parte actora según
el cual la sanción es nula porque el error que cometió al emplear una
versión del formato desactualizada no representa una infracción al
régimen cambiario pues, en todo caso, sí presentó la información a
tiempo. Para la Sala, dicho planteamiento desconoce que, según se
explicó previamente, la solicitud presentada por la sociedad demandante
el 28 de junio de 2013 no es válida para demostrar el cumplimiento de la
obligación a su cargo en la medida en que dicha solicitud se declaró
tácitamente desistida. Así, para efectos de la determinación de la
infracción cambiaria equivale al escenario en el que nunca hubiera sido
radicada.
Por lo mismo, la Sala destaca que no es cierto que la tardanza en la
presentación de la solicitud de registro de inversión suplementaria al
capital asignado haya sido solamente de 7 días, pues el plazo en el que
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la demandante podía agotar dicho trámite finalizó el 30 de junio de 2013,
y la solicitud que finalmente materializó el registro de la Inversión
Suplementaria para el año 2012 de la sociedad Tabasco Oil Company LLC,
se tuvo por presentada el 21 de agosto de 2013, esto es, 1 mes y 20 días
después de vencido el término correspondiente.
Por todo ello, se insiste, es que deviene relevante la consideración sobre
la firmeza del acto administrativo DCIN-19896 de 17 de septiembre de
2013, por el cual se declaró tácitamente desistida la solicitud radicada
bajo la referencia DER-BOG-24825-2013 presentada el 28 de junio de
2013, ya que, si la demandante pretendía que de algún modo se le
reconociera validez a dicha solicitud, le correspondía controvertir la
decisión de declararla desistida impugnando el acto antes relacionado.
Con todo, al haber omitido dicha actuación, no resulta válido que pretenda
derivar un efecto favorable de una actuación que quedó sin efectos a
partir de su propia conducta en el trámite administrativo.
Así las cosas, la Sala concluye que no se encuentra demostrado el
desconocimiento del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre
el formal en los actos administrativos por los cuales se sancionó a la
demandante por no incumplir oportunamente con la obligación de solicitar
el registro de la inversión suplementaria al capital asignado.
6.4.2. Sobre la legalidad del monto de la sanción impuesta por
infracción al régimen cambiario
6.4.2.1. En este punto la demandante reprochó que la sentencia de
primera instancia ignoró que los actos demandados están viciados de falta
de motivación porque para determinar el monto de la sanción se limitaron
a repetir criterios jurisprudenciales, sin tener en cuenta las circunstancias
particulares del asunto, pues la demandante sí presentó a tiempo la
información que debía y lo que motivó la imposición de la sanción fueron
formalidades respecto del formulario utilizado.
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A este respecto resultan relevantes las consideraciones del acápite
precedente en el que se estableció que (i) no es cierto que la demandante
cumplió oportunamente con su deber de solicitar el registro de la inversión
suplementaria al capital asignado, y (ii) que la sanción se impuso por la
presentación de dicha solicitud de forma extemporánea, circunstancia que
configura una infracción al régimen cambiario, y no por el hecho de que
la demandante hubiere cometido un error respecto del formulario
utilizado. Por ende, es claro que lo que la recurrente plantea en ese
sentido no constituyen circunstancias ciertas que puedan disminuir el
valor de la sanción que la Superintendencia le impuso.
6.4.2.2. De otra parte, con relación a la falta de motivación respecto del
valor de la sanción determinado, la Sala advierte que en la Resolución
230-002241 de 27 de junio de 2015 la Superintendencia de Sociedades
determinó que el valor de la sanción debía tasarse en el 1.2.% del monto
de la infracción comprobada teniendo en cuenta que: (i) existe una
circunstancia objetiva en la ocurrencia de los hechos que consiste en el
incumplimiento de la obligación en término de 1 mes y 20 días; (ii) los
criterios de proporcionalidad y razonabilidad que deben presentarse entre
la conducta investigada y el hecho; (iii) la cuantía de la infracción que
ascendió a un valor de USD14.228.740.85, suma que corresponde al total
movimiento neto (total créditos–total débitos) equivalente a
$25.159.686.433.19 según la TRM a 31 de diciembre de 2012 de
$1.768.23; y (iv) que en virtud del artículo 3 del Decreto 1746 de 1991
la Superintendencia está facultada para imponer sanciones hasta el 200%
sobre el valor de la infracción cambiaria comprobada.
La parte demandante formuló recurso de reposición y para controvertir el
aspecto de tasación de la sanción señaló, en síntesis que la
Superintendencia no explicó los criterios por los cuales determinó que el
valor aplicable era el 1.2% y desconoció las circunstancias objetivas que
evidenciaban la ínfima gravedad de la infracción cometida, a saber: que
la demandante solicitó oportunamente el registro de la inversión
suplementaria directa, que solamente cometió un error en la versión del
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formato y no en la información suministrada, que actuó de buena fe, que
la extemporaneidad en la subsanación del requisito formal fue de solo 7
días y que no causó daño a la administración.
A través de la Resolución 301-003839 de 28 de octubre de 2015 la
Superintendencia confirmó la decisión recurrida para lo cual explicó que
los criterios de razonabilidad y proporcionalidad sí fueron aplicados en el
acto, pues se señaló el tiempo de extemporaneidad y el valor de la
infracción, a partir de lo cual destacó que el valor determinado responde
al elevado monto de la infracción. Para el efecto, trajo a colación la
sentencia de 16 de octubre de 2014 por medio de la cual esta Sección se
pronunció en un asunto similar y determinó que la multa entonces
impuesta por el valor equivalente al 0.7% de la infracción cambiaria
resultaba ajustada a los parámetros legales, en la medida en que la
extemporaneidad que en ese caso se comprobó fue de horas.
6.4.2.3. La revisión de la actuación administrativa pone de presente para
la Sala que no le asiste razón a la recurrente en cuanto afirma que los
actos demandados están viciados de falta de motivación y que no tuvieron
en cuenta los criterios de proporcionalidad y razonabilidad al graduar la
sanción impuesta. Por el contrario, por un lado, es claro que en los actos
demandados la Superintendencia enlistó los criterios que tuvo en cuenta
para fijar el porcentaje de la sanción aplicable; y por el otro, una vez más
aparece demostrado que la demandante pretende la reducción del valor
de la sanción que se le impuso a partir de lo que denomina circunstancias
objetivas que rodearon la comisión de la sanción, las cuales, sin embargo,
no son ciertas, según se ha explicado previamente.
Por demás, valga recordar que según el artículo 3º del Decreto Ley 1746
de 1991, el monto máximo de la sanción a imponer cuando se ha
verificado la infracción cambiaria corresponde al 200% del valor de esta,
para lo cual la misma disposición reconoce un cierto margen de
discrecionalidad en la Administración, a efectos de graduar la sanción,
atendiendo las circunstancias objetivas que rodearon la comisión de la
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infracción. Como se ha dicho, el ejercicio de esa facultad discrecional no
implica arbitrariedad, sino que deberá fundarse en criterios objetivos
verificables, así como en las finalidades de la norma jurídica que lo está
autorizando, tal como lo señala el artículo 44 del CPACA, aplicable a la
actuación administrativa que aquí se analiza, en tanto dispone: “En la
medida en que el contenido de una decisión de carácter general o
particular sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que
la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa”.
Así, teniendo en cuenta que para imponer la sanción en el presente asunto
la demandada contaba con un rango que oscilaba entre el 0% y el 200%
sobre el valor total de la infracción y, en el presente asunto, la
Superintendencia de Sociedades aplicó el 1.2%, resulta evidente que el
valor impuesto dista notablemente del porcentaje señalado como límite
máximo por el que se podía condenar, a pesar de que en todo caso
corresponde a una suma cuantiosa, pues esto último obedece solamente
al elevado valor de la operación objeto de investigación.
En consecuencia, la Sala concluye que tampoco tiene vocación de
prosperidad el cargo expresado por la demandante en su recurso de
apelación frente a la falta de motivación de los actos acusados en cuanto
se refiere al monto de la sanción impuesta.
6.4.3. Finalmente, en su recurso la demandante planteó que en la
actuación administrativa la Superintendencia de Sociedades le impidió
ejercer su defensa y contradicción al no analizar los argumentos del
recurso de reposición formulado en contra de la resolución sancionatoria,
con lo que vulneró su derecho fundamental al debido proceso. Con todo,
la Sala advierte que tal reproche no fue formulado en el escrito de la
demanda de lo que deviene claro que en el recurso de apelación la parte
demandante modificó los cargos de la demanda en el sentido de adicionar
otros motivos por los cuales considera que los actos acusados están
viciados de nulidad que, por lo mismo, no fueron estudiados ni decididos
por el Tribunal de primera instancia.
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Radicación: 25000 23 41 000 2016 00659 01
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En ese sentido, conviene recordar que “ha sido característica de esta
jurisdicción que las pretensiones formuladas dentro de los asuntos
sometidos a su conocimiento deben regirse por la "rogatio" o rogación7 y
que existe una estrecha e ineludible relación entre ésta y el principio
dispositivo8, de manera que el actor dentro del proceso contencioso
administrativo debe cumplir con la carga de orientar el ámbito de acción
dentro del cual considera que el juez deba pronunciarse, aludiendo a los
fundamentos de hecho y de derecho que sustentan sus pretensiones.9”10.
Bajo la anotada premisa, es claro que el juez realiza el estudio de
legalidad con fundamento en los cargos expuestos en la demanda y, por
lo mismo, que a la parte demandante no le es permitido adicionar los
cargos de nulidad que le reprocha a los actos demandados en el recurso
de apelación porque ello desconocería los principios de lealtad procesal,
contradicción, defensa y congruencia que debe existir entre el recurso y
la sentencia apelada. Por lo tanto, no tienen vocación de prosperidad los
argumentos del recurso de apelación estudiados en este acápite.
7
Nota original de la providencia en cita: “Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, Consejera ponente: María Elizabeth García González, Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos
mil catorce (2014), Radicación número: 25000-23-24-000-2005-00434-01 y Consejo de Estado, Sala De Lo
Contencioso Administrativo - Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá,
D.C., 21 de junio de 2018. Radicación número: 05001-23-31-000-2006-93419-01. Actor: José Gabriel
Velásquez Sánchez, Bernardo Ramírez Zuluaga y Manuel Antonio Muñoz Uribe. Demandado: Departamento de
Antioquia. Referencia: Naturaleza jurídica de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia”
8
Nota original de la providencia en cita: “« [...j en el terreno de la justicia administrativa, orientada por el
principio dispositivo el juzgador -tal y como lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia- requiere para
hacer su pronunciamiento de la individualización de las peticiones anulatorias debidamente apoyadas en las
razones de derecho contentivo& del concepto de la violación que a juicio del actor conduzcan a la invalidación
del acto administrativo atacado. En tal virtud, en tratándose de las acciones que tienen por objeto ejercer un
control de legalidad de los actos administrativos, el accionante al formular la causa petendi tiene la carga
procesal ineludible de enunciar en forma puntual y específica las normas que estima infringidas lo mismo que
el concepto de la violación, habida consideración que el control asignado al contencioso administrativo no
reviste, en estos casos, un carácter general, sino que, por el contrario, se encuentra estrictamente delimitado
por los aspectos que el actor le solicite sean revisados [...]» Ver Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo -Sección Tercera. Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio. Bogotá, D.C., siete (7) de
octubre de dos mil nueve (2009). Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06198-01(18509). Actor:
Manuel Antonio Ruan Perdomo y Otro. Demandado: Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Referencia: acción de nulidad.”
9 Nota original de la providencia en cita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección
Tercera, Subsección A. Consejero ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera. Bogotá D.C., doce (12) de
febrero de dos mil dieciséis (2016). Radicación número. 11001-03-26-000-2014-00101-00 (51754)A Actor:
Luis Alfonso Arias García. Demandado: Agenda Nacional De Minería. Referencia: Suspensión Provisional.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera. Auto de 28 de febrero de 2020,
radicado: 11001032400020180022700, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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6.5. Condena en costas
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y el
numeral 1 del artículo 365 del CGP, se advierte que la parte demandante
resultó vencida porque se le resolvió desfavorablemente su recurso de
apelación; por lo tanto, asumirá las costas procesales de la segunda
instancia.
Al respecto, el artículo 361 del CGP establece que las costas se integran
por la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las
agencias en derecho, y solo habrá lugar a su imposición, de acuerdo con
el numeral 8 del artículo 365 ibidem, “cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación”.
En este asunto, pese a que el recurso será resuelto de manera
desfavorable a quien lo propuso, comoquiera que no está acreditada la
causación de gastos procesales, la Sala no condenará en costas por dicho
concepto. Por otra parte, en cuanto a las agencias en derecho, revisado el
expediente se advierte que la intervención de la demandada se encuentra
probada en esta instancia con la radicación del memorial de alegatos de
conclusión por parte de su apoderado.
Así las cosas, y en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4° del artículo
366 del CGP11, se condenará en costas a la sociedad demandante, por
concepto de agencias en derecho, al pago de la suma equivalente a un
salario mínimo legal mensual vigente a favor de la Superintendencia de
Sociedades12. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el capítulo III,
artículo sexto, del Acuerdo núm. 1887 de 26 de junio de 2003, sobre las
11
“Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior,
con sujeción a las siguientes reglas:
(…)
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de
la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta,
además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo
de dichas tarifas.”
12
Monto que corresponde al 0,05% del valor de las pretensiones negadas en la sentencia.
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tarifas de las agencias en derecho para los procesos Contencioso
Administrativos13.
6.6. Reconocimiento de personería
Se reconocerá al abogado Pedro Enrique Sarmiento Pérez como
apoderado de la demandante, en los términos y para los fines de la
sustitución de poder visible en el folio 273 del cuaderno principal de
primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativa, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de septiembre de
2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, por concepto
de agencias en derecho, a pagar la suma equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente, a favor de la Superintendencia de
Sociedades.
TERCERO: RECONOCER personería al abogado Pedro Enrique Sarmiento
Pérez como apoderado de la demandante, en los términos y para los fines
establecidos en la sustitución poder que le fue otorgada.
13
“ARTICULO SEXTO. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: […]
III
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. […]
3.1.3. Segunda instancia.
[…]
Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia.”
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CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada la presente providencia.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
Aclaración de voto
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
Aclaración de voto
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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