Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-00699-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-00699-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2016-00699-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
3 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción especial contencioso administrativa prevista en el artículo 71
de la Ley 388 de 18 de julio de 19971
Número único de radicación: 250002341000201600699-01
Demandantes: Edilberto León Martin e Ismenia Cárdenas Cárdenas
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Asunto: Expropiación por vía administrativa e incorrección del avalúo del bien
inmueble - Reiteración Jurisprudencial
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida, en primera instancia, el 17 de marzo de 2023 por la
Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. Edilberto León Martin e Ismenia Cárdenas Cárdenas2, en adelante la parte
demandante, presentaron demanda contra el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU,
en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción especial contencioso
administrativa prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 18 de julio de 19973.
1 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
2 Por intermedio de apoderado.
3 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
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Núm. único de radicación: 250002341000201600699-01
Demandantes: Edilberto León Martin y otro
Pretensiones
2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] DECLARACIONES PRINCIPALES
1.- Que acorde con el numeral 4 del Artículo 70 de la ley 388 de 1997, se declare y
deje sin efecto el proceso expropiatorio que se surtió con el inmueble ubicado en la
Calle 131 F No. 92 - 34 de la ciudad de Bogotá, el cual inici[ó] con la Resolución No.
108915 del 12 de Diciembre de 2014 ‘Por la cual se determina la adquisición de un
inmueble, por el procedimiento de la expropiación por vía administrativa y se formula
una oferta de compra’, y culminó con la Resolución No. 62351 del 14 de Octubre del
2015, ‘Por la cual se resuelve un Recurso de Reposición’ la cual a su vez confirm[ó]
en todas sus partes la Resolución 34477 del 19 de Mayo de 2015, modificada por la
Resolución 50426 del 07 de Julio de 2015 y aclarada por la Resolución No. 58213 del
21 de Agosto de 2015, ‘Por la cual se ordena una expropiación por vía administrativa’,
siendo ésta notificada de manera personal al suscrito, en fecha 26 de Octubre de
2015.
2.- Que como consecuencia de la anterior declaración se Ordene al Instituto de
Desarrollo Urbano IDU Restablecer el derecho a mi mandante y surtir nuevamente el
proceso expropiatorio del inmueble ubicado en la Calle 131 F No. 92 - 34 de Bogotá,
con Cédula Catastral 009204710800000000, CHIP AAA0129PUYN y matrícula
inmobiliaria 50N-20331616.
DECLARACIONES SUBSIDIARIAS
1.- Que de no acceder a lo peticionado anteriormente y acorde con el Artículo 58 de
la Constitución Política; numeral segundo del Artículo 68 de la Ley 388 de 1997;
Sentencia 1074 de 2002 de la Corte Constitucional y Sentencia C-476 del 2007, se
declare la Nulidad Parcial de la Resolución No. 50426 del 07 de Julio de 2015, ‘POR
LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION No. 34477 DEL 19 DE MAYO DE 2015,
POR LA CUAL SE ORDENA EXPROPIACI[Ó]N POR V[Í]A ADMINISTRATIVA’.
Aclarada a su vez por la Resolución No. 58213 del 21 de Agosto de 2015. Modificando
los Artículos SEGUNDO, TERCERO y CUARTO inicial. Parte Resolutiva, toda vez
que se encuentra repetido el artículo tercero y cuarto -en lo que concierne al ‘VALOR
DEL PRECIO INDEMNIZATORIO’, FORMA DE PAGO Y APROPIACIONES
PRESUPUESTALES, Ordenando pagar el Precio Justo.
2.- Que de acuerdo con el Parágrafo 2 del artículo 67 de la Ley 388 de 1997, se
declare que mis mandantes se encuentran exentos de los pagos tributarios que por
razones de expropiación administrativa le obligaron a cancelar, toda vez que si, optó
por la vía contenciosa administrativa, fue por la necesidad a que lo llev[ó] el Instituto
de Desarrollo Urbano IDU, al ofertar y pagar un precio injusto, así como por la falta
de negociación, más no por capricho del demandante.
3.- Que como consecuencia de lo anterior se condene al INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO IDU, a ajustar el precio y así pagar a mis mandante[s]
EDILBERTO LE[Ó]N MARTIN E ISMENIA CÁRDENAS CÁRDENAS, los valores que
en adelante relaciono y/o de conformidad con lo que resulte probado en el proceso;
montos que han de ser actualizados en su valor.
3.1. DAÑO EMERGENTE
3.1.1. La suma de DOSCIENTOS OCHO MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL CUARENTA PESOS M/cte ($208.779.040.00), por ajuste al valor
ordenado y pagado con la Resolución No. 54426 del 07 de Julio de 2015., por
concepto de terreno y construcción del inmueble ubicado en la Calle 131 F No. 92 -
34 de Bogotá, identificado con cédula catastral 009204710800000000, CHIP
AAA0129PUYN y matrícula inmobiliaria 50N-20331616.
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3.1.2. La suma que corresponda al pago de Notaría y Registro por la compra que
deba realizar mi mandante en reposición del bien expropiado, como Gastos Notariales
proporcional al valor que se declare en la sentencia, así.
Gastos Notariales: 3X1000
Iva Gastos Notariales: (16%)
Gastos de Escrituración
Gastos de Registro 0.5 %
Beneficencia: (1 %)
3.1.3. Los Gastos de Desconexión de los Servicios Públicos así:
Energía Codensa Retiro de 1 acometida y medidor. Conexión residencial $91.472.00
Acueducto EAAB Un medidor con suministro de tapón macho de hg $171.460.00
Gas Natural: suspensión definitiva $131.964.00.
3.1.4. El valor de CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL
SETESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/cte ($5.629.764.00) equivalente
al 2.5% que le retuvo el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, por enajenación de bienes
Raíces, toda vez que se le aplicó la tabla de la tarifa tributaria de manera indebida, ya
que mi mandante debe ser exento de la misma por ser expropiación por vía
administrativa por la decisión unilateral y arbitraria del precio ofertado y pagado por
parte del IDU, y que en el peor de los casos la retención correspondería al 1.5%.
3.1.5. El Valor de UN MILL[Ó]N CIENTO SEIS MIL CUATROSCIENTOS PESOS
M/cte ($1.106.400.00) equivalente al 20 % de Retención que les realizo el IDU de los
dineros que reconocieron como Lucro Cesante, en razón a que no hay justificación
legal para retener dineros por ingreso de arrendamiento.
3.1.6. El valor de NOVENTA Y SEIS MIL PESOS ($96.000.00) correspondiente al
descuento por concepto de Impuesto Predial, toda vez que viola Resolución 1044 del
2014, que modifica la Resolución 898 del 2014, en el entendido de que este factor se
tendrá en cuenta pero en trimestre acorde con la época en que se realice la
expropiación y a su vez mis mandantes pagaron el impuesto correspondiente.
3.1.7. El valor que se determine a través de perito designado por el Honorable
Tribunal, donde se calcule el valor de la Plusvalía no reconocido en la indemnización
y que eleva el precio del bien expropiado por el anuncio del proyecto de no haber sido
expropiado y que tienen derecho por haber cancelado la valorización.
3.2. LUCRO CESANTE
La suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/cte ($4.200.000.00)
por concepto de canon de arrendamiento que le cancelaban los Señores ARIEL
ARIAS Y LEONARDO ESTEBAN PÉREZ, quienes fueron censados en su momento
por funcionarios de la entidad demandada.
Además de haberse aportado los dos contratos de arrendamiento, es decir en total
son 4 pero el IDU, únicamente tuvo en cuenta solo dos de ellos.
4. A la sentencia que le ponga fin al proceso se le dará cumplimiento en los términos
de los artículos 192 del C.C.A. […]”4.
Presupuestos fácticos
4Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 2. Páginas 4-7.
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3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones5:
3.1. El inmueble ubicado en la Calle 131 F # 92 – 35 -identificado con cédula
catastral núm. 009204710800000000, CHIP AAA0129PUYN y matrícula inmobiliaria
núm. 050N-20331616- fue adquirido por prescripción adquisitiva de dominio
declarada en sentencia de 16 de junio de 1999, proferida por el Juzgado Once (11)
Civil del Circuito de Bogotá, y protocolizada mediante Escritura Pública núm. 5237
de 4 de diciembre de 2001, suscrita en la Notaría Primera de Bogotá.
3.2. El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU determinó, mediante Resolución núm.
108915 de 12 de diciembre de 2014, que adquiría el inmueble por expropiación vía
administrativa, constituyendo oferta de compra inicial con los siguientes precios de
indemnización:
3.2.1. El valor de doscientos once millones quinientos ochenta y seis mil ciento
sesenta pesos m/cte ($211.586.160) por precio indemnizatorio.
3.2.2. La suma de cinco millones trescientos cincuenta y dos mil pesos m/cte
($5.352.000) por lucro cesante.
3.2.3. La suma de cinco millones trece mil quinientos noventa y seis pesos m/cte
($5.013.596) por daño emergente.
3.3. Posteriormente, la autoridad expidió la Resolución núm. 27601 de 18 de abril
de 2015 subsanando un vicio de procedimiento contenido en la Resolución núm.
108915 de 2014, consistente en organizar el registro presupuestal correspondiente,
el cual fue ordenado con registro de disponibilidad núm. 1655 de 11 de mayo de
2015.
3.4. La oferta de compra fue realizada de acuerdo con el avalúo comercial núm.
2014-1896 de 22 de octubre de 2014, ajustado el 19 de mayo de 2015 en la
antigüedad del inmueble, de acuerdo con lo indicado por la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital - UAECD. La modificación anterior se realizó sin tener
en cuenta, en primer lugar, que el bien contaba con categoría comercial; en segundo
lugar, lo definido en la jurisprudencia, por ejemplo, en la sentencia C-476 de 2007;
5 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_C03_CD1 FOLIO 588-DEMANDA(.zip)
NroActua 2.
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y, en tercer lugar, lo previsto en las normas como el Decreto 1420 de 24 de julio de
19986 y las Resoluciones 620 de 2008, 898 y 1044 del 2014.
3.5. Para el 22 de octubre de 2014, fecha en la que se realizó el avalúo comercial,
el inmueble era estrato dos; sin embargo, en respuesta a una petición presentada
el 23 de abril de 2015 ante la Secretaría de Planeación, aquella entidad manifestó
que la manzana donde se encontraba ubicado el inmueble era estrato tres.
3.6. En ese sentido, indicó que hay errores en la indemnización debido a que el
avalúo comercial que fundamentó la Resolución fue omisivo en los rubros de daño
emergente y lucro cesante, destacando que no se tuvo en cuenta una serie de
factores como: i) la construcción de tres plantas en el inmueble, desde el año 2008,
teniendo como antigüedad nueve años y no quince; ii) el bien se encuentra
distribuido en apartamentos independientes que generaban ingresos para los
propietarios; iii) el área de construcción no era de 217 metros sino de 252,05 metros;
y iv) el área de terreno era de 73,12 metros y no de 72 metros.
3.7. Teniendo en cuenta que el ofrecimiento no se acercaba al valor comercial del
inmueble objeto de expropiación, generando un detrimento patrimonial a los
demandantes, decidieron no aceptar la oferta y, en consecuencia, la demandada
decidió, mediante Resolución núm. 34477 de 19 de mayo de 2015, continuar con la
expropiación por vía administrativa. Dicho acto administrativo fue modificado por la
Resolución núm. 50426 de 7 de julio de 2015 que, posteriormente, fue aclarado a
través de la Resolución núm. 58213 de 21 de agosto de 2015.
3.8. La parte demandante presentó recurso de reposición el 14 de octubre de
2015, el cual fue resuelto mediante Resolución núm. 34477 de 19 de mayo de 2015,
expedida por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.
3.9. Respecto al dinero de indemnización, adujo que no fue puesto a disposición
de la parte demandante de forma inmediata sino hasta el 27 de noviembre de 2015,
fecha en la que se hizo “[…] entrega de los cheques cada uno por un valor de ciento
catorce millones noventa y un mil novecientos veintitrés pesos m/cte.
($114.091.923.00) […]”.
6 “[…] Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley
2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del
Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos […]”.
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3.10. Además, la parte demandante señaló que la entidad le retuvo un monto de
cinco millones seiscientos veintinueve mil setecientos sesenta y cuatro pesos m/cte.
($5.629.764), por concepto de enajenación de bienes raíces, junto a otros
descuentos que fueron fijados en la resolución de expropiación como “[…] el
impuesto predial del lucro cesante […]”.
3.11. De acuerdo con el avalúo comercial núm. 9901 de 19 de enero de 2015,
realizado por la firma Sarmiento & Osorio Soluciones Inmobiliarias, en cumplimiento
de las condiciones legales, el valor del inmueble es de cuatrocientos treinta y tres
millones novecientos sesenta y nueve mil seiscientos pesos m/cte. ($433.969.600).
Normas violadas
4. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:
• Artículos 2, 4, 6, 13, 58, 83 y 124 de la Constitución Política.
• Artículos 68 y 70 de la Ley 388 de 18 de julio de 19977.
• Artículos 21 y 32 del Decreto 1420 de 24 de julio de 19988.
Concepto de violación
5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
la violación, así:
Primer cargo: Falsa motivación
5.1. Los actos administrativos impugnados se expidieron con base en un avalúo
comercial que tiene graves falencias, como el desconocimiento de la antigüedad del
inmueble y falta en el rubro de lucro cesante por no tener en cuenta los contratos
de arrendamiento, considerando que la única facultada para solicitar su verificación
e impugnación era la entidad expropiante sin que lo haya hecho.
5.2. Para la elaboración del acto administrativo de expropiación por vía
administrativa no se puede tener en cuenta únicamente el avalúo comercial, debido
a que ese monto corresponde a una oferta en etapa de negociación, el precio
indemnizatorio que se debe pagar por la expropiación del bien corresponde a otro
monto que la administración debe fijar mediante acto administrativo motivado en
7 “[…] Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”.
8 “[…] por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley
2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del
Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos […]”.
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donde, además de exponer los motivos de utilidad pública, debe ponderar tanto los
intereses de la comunidad como los del interesado.
Segundo cargo: Desviación de poder
5.3. Adicional a lo mencionado, al dejar de pagar el precio de indemnización justo,
la entidad vulneró los postulados de imparcialidad y buena fe desconociendo los
fines esenciales del Estado e incurriendo en un enriquecimiento sin causa. Incluso,
la entrega de los dineros se realizó a los cinco meses de haber expedido la
resolución que modificó la orden de expropiación administrativa, excusándose en
que dicha entrega depende del procedimiento interno de la entidad.
5.4. Igualmente, señaló que la entidad se limitó a ordenar el pago de un avalúo que
realizó otra entidad del Distrito vulnerando la posición del particular al proferir una
resolución de expropiación sin motivar la indemnización reconocida; además, fue
evidente que la Secretaria de Planeación tenía conocimiento de la expropiación de
los predios por cuanto, en más de diez años, no les modificó el estrato para
determinar los valores de adquisición, congelándolo en estrato dos cuando en
realidad correspondían a estrato tres.
Contestación de la demanda
6. El Instituto de Desarrollo Urbano9 contestó la demanda, y se opuso a las
pretensiones de la parte demandante10, así:
6.1. Las Resoluciones demandadas se ajustan a la ley y el proceso de
expropiación se llevó a cabo de acuerdo con la norma a la que están supeditados
los reglamentos internos de la entidad, especialmente el método de comparación o
de mercado que se utilizó en el avalúo fue siguiendo los lineamientos de la
Resolución núm. 620 de 2008, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
– IGAC.
6.2. La información sobre la estratificación nueva del inmueble fue recibida una
vez quedó ejecutoriado el acto administrativo de expropiación, el 27 de octubre de
2015, fecha en la que también se iniciaron los trámites administrativos para realizar
el pago del valor indemnizatorio fijado en la resolución de expropiación. Además, no
9 Por intermedio de apoderado.
10Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_C05_01 OTROS-CUADERNO 5
PRINCIPAL-CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA - RESERVADO(.pdf) NroActua 2.
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está comprobado que el cambio de estrato del sector modifique significativamente
el precio del bien expropiado.
6.3. En el estudio del inmueble se tuvieron en cuenta los conceptos de
arrendamiento, razón por la cual se estableció un monto de lucro cesante por
pérdida de utilidad por renta. Adicionalmente, frente a las inquietudes de la parte
demandante sobre la vetustez del inmueble, se complementó el informe técnico del
avalúo.
6.4. El término “inmediato” establecido en el artículo 70 de la Ley 388 corresponde
a la mayor brevedad posible, sin que ello suponga un plazo perentorio o precluyente;
por lo tanto, se debe entender en perjuicio de los trámites presupuestales que
implican el desembolso del valor indemnizatorio, el cual se pondrá a disposición del
propietario, una vez ejecutoriada la Resolución de expropiación y efectuados los
respectivos tramites financieros. Respecto a los tiempos alegados, el pago se
realizó el 26 de noviembre de 2015 y la entrega del inmueble expropiado se adelantó
el 8 de febrero de 2016.
6.5. En cuanto al avalúo elaborado por la firma Sarmiento & Osorio, mencionó
que se había expedido cuando aún estaba vigente aquel realizado por Catastro
Distrital, además, que no cuenta con respaldo técnico ni jurídico por no dar
cumplimiento a lo señalado en el artículo 13 de la Resolución 620 de 23 de
septiembre de 200811 ni hacer referencia a la fuente de la cual obtuvo el valor de
reposición asignado al predio incurriendo en un error grave en la determinación del
avalúo.
6.6. Por último, propuso las excepciones denominadas “falta de elementos que
desvirtúen la presunción de legalidad del acto administrativo atacado” y “legalidad
de los actos administrativos demandados”.
Llamamiento en garantía
7. La parte demandada, en escrito de 13 de julio de 201712, solicitó el llamamiento
en garantía de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD, en
virtud del Convenio Interadministrativo núm. 1321 de 2013, suscrito entre el Instituto
11 “[…] Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388
de 1997 […]”.
12 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 4
PRINCIPAL-CUADERNO DE LLAMAMIENTO EN GARANTÍA - RESERVADO(.pdf) NroActua 2. Páginas 2-5.
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de Desarrollo Urbano – IDU y la mencionada entidad, por su función en la
elaboración del avalúo comercial para el inmueble objeto de este proceso.
8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de 10 de julio de
201813, negó el llamamiento en garantía con fundamento en que el proceso
contencioso administrativo mediante el cual se controvierte la decisión de
expropiación no incluye la posibilidad de vincular terceros al proceso.
Sentencia apelada
9. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia proferida el 17 de marzo de 202314, resolvió:
“[…] PRIMERO.- DENIÉGASE las pretensiones solicitud de la demanda por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- Por Secretaría, se devolverá a la parte actora el remanente de
los gastos de proceso, previa liquidación.
TERCERO.- CONDÉNASE en costas a la parte demandante; en
consecuencia, por Secretaría, LIQUIDÁNSE las costas procesales, de
conformidad con la parte motiva de esta decisión […]”.
Consideraciones del Tribunal
10. El Tribunal adujo que no se demostró ninguno de los cargos de nulidad
invocados en la demanda, respecto al pago inmediato señalado en el numeral 2 del
artículo 70 de la Ley 388, mencionó que aquel se realizó antes de la entrega del
inmueble y estuvo supeditado a los trámites financieros respectivos. En sustento de
ello, explicó que el 27 de noviembre de 2015 se entregaron los sobres sellados,
contentivos de los números de identificación del pago solicitado al Banco de
Occidente el 26 de julio de 2015, para que cada uno de los demandantes reclamara
el cheque por valor de ciento catorce millones noventa y un mil novecientos
veintitrés pesos ($114.091.923), dicho pago se hizo efectivo el 30 de noviembre de
2015 por lo que no quedó demostrada ninguna vulneración.
11. Al realizar la comparación del avalúo utilizado por el Instituto de Desarrollo
Urbano - IDU con el dictamen aportado por la parte demandante, destacó que el
segundo no logró desvirtuar la legalidad de lo señalado por la Unidad Administrativa
13 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 2. Páginas 302-308.
14 Cfr. índice 10 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 250002341000201600699-00. Archivo denominado:
8_SENTENCIA(.pdf) NroActua 89.
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Demandantes: Edilberto León Martin y otro
Especial de Catastro Distrital – UAECD. El dictamen no precisó cuál fue el método
utilizado para determinar el valor del m2 de terreno, así como tampoco determinó
cómo se calculó el valor del m2 de construcción ni las razones por las cuales el área
se incrementó.
12. Adicionalmente, no se comprobó una indemnización injusta por parte del
Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, teniendo en cuenta la función reparatoria de
la indemnización que, si se tratara de sujetos de especial protección constitucional,
se aplicaría la función restitutiva.
13. La entidad avaluadora está facultada para adelantar dichas actividades por lo
establecido en el artículo 2 del Decreto 583 de 15 de diciembre de 201115 y realizó
su gestión teniendo en cuenta los datos entregados por la entidad solicitante, así
como la información brindada por los propietarios al momento de la visita.
14. El parágrafo del artículo 12 del Decreto 1420 de 1998 establece que “[…]
[d]entro del término de la vigencia del avalúo, no se podrá solicitar el mismo avalúo
a otra entidad autorizada, salvo cuando haya vencido el plazo legal par[a] elaborar
el avalúo contratado […]” y, en este caso, la parte demandante acudió a una entidad
distinta durante la vigencia del avalúo oficial.
15. Para valorar los contratos de arrendamiento que serían sustento para el rubro
de lucro cesante se evidenció, a folio 216 de los antecedentes administrativos, que
dos de los cuatro contratos no suplían los requisitos de ley por cuanto se
encontraban enmendados, no coincidía el valor de arrendamiento, no tenían fecha
de inicio y los mismos arrendadores fungían como arrendatarios. Por lo
mencionado, únicamente se reconocieron dos contratos de arrendamiento para el
cálculo del lucro cesante.
16. Frente al cambio de estratificación del inmueble, el Director de Estratificación
de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá modificó el estrato asignado,
mediante la Resolución núm. 0008 de 27 de febrero de 2015, en fecha posterior al
término de ejecutoria de los avalúos, en donde se describió el sector dentro del
estrato socioeconómico dos para predios destinados a vivienda.
17. El pago del daño emergente, señalado en el avalúo, se realizó de conformidad
con lo establecido en la resolución que ordenó la expropiación administrativa debido
15 “[…] Por medio del cual se reglamenta la prestación del servicio de avalúos comerciales de inmuebles, de
que trata el literal e) del artículo 63 del Acuerdo 257 de 2006 […]”.
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Demandantes: Edilberto León Martin y otro
a que la tradición del dominio se efectuó con la inscripción en la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos correspondiente de la Resolución de Expropiación sin que
los expropiados incurrieran en gastos de escrituración. Por no haberse adelantado
una enajenación voluntaria, la parte demandante no se hizo acreedora de los
beneficios tributarios señalados en el parágrafo 2 del artículo 67 de la Ley 388.
18. En el avalúo comercial se estableció como lucro cesante, la pérdida de utilidad
por renta de dos (2) apartamentos que tenían un canon mensual de $500.000 y
$400.000 pesos, respectivamente. Al indagar, se indicó que el lucro cesante se
calculó con la documentación que el Instituto de Desarrollo Urbano aportó, con
soporte en lo enviado por el propietario, y sólo se reconocieron dos (2) contratos de
arrendamiento por falta de cumplimiento de los requisitos en los otros dos.
19. La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD sí tuvo en
cuenta los acabados, el estado del inmueble y su vida útil.
20. Finalmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437
de 18 de enero de 201116, decidió condenar en costas a la parte vencida.
Recurso de apelación
21. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente el recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, con base en los
siguientes argumentos17:
21.1. Los actos administrativos demandados incurrieron en ilegalidad y no
contienen una debida motivación por cuanto no se expusieron los motivos por los
cuales se realizó la expropiación; además, adujo que el numeral 2 del artículo 68 de
la Ley 388 establece que el acto que ordene la expropiación deberá incluir “[…] el
valor del precio indemnizatorio y la forma de pago, sin hacer mención al avalúo
comercial del inmueble. Si pasada la etapa de negociación[,] la cual fue declarada
fracasada[,] corresponderá a la administración mediante nuevo acto administrativo
efectuar la indemnización previa de acuerdo al artículo 58 de la constitución política
es decir se deben consultar los intereses la comunidad y del afectado […]”.
16 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
17 Cfr. índice 10 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 250002341000201600699-00. Archivo denominado:
11_RECIBEMEMORIALES_RECURSO(.pdf) NroActua 93.
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21.2. Adicionalmente, adujo que para la realización del avalúo comercial no se
consultaron los intereses del demandante ni se tuvieron en cuenta sus condiciones
personales.
21.3. Se tuvo como fundamento un avalúo comercial con falencias debido a que
los insumos del método de reposición, bajo el cual se analizó el valor de la
construcción, fueron datos recaudados por la misma entidad avaluadora; razón por
la cual no hubo imparcialidad en dicha valoración y ni siquiera se expuso con
claridad el origen de donde provenían los “costos por tipología” usados como
referencia.
21.4. Respecto a una indemnización justa, señaló que en el avalúo oficial se
confundió la aplicación de la Ley 388 debido a que el valor comercial se fijó con
fórmulas realizadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC y no
atendiendo a la realidad comercial y social “[…] de acuerdo con los valores
determinados por particulares al momento de enajenar sus bienes […]”.
21.5. Añadió que la indemnización debe ser integral, tener una finalidad reparatoria
que comprenda el lucro cesante y daño emergente, ser completa y no estar sujeta
a apreciaciones subjetivas de la entidad expropiante.
21.6. El Tribunal no mencionó cuál sería el método correcto para el caso concreto,
ni evidenció de dónde surgieron los precios de la construcción por parte de la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD, ni se pronunció respecto a
la diferencia de estratificación del inmueble en la realización del avalúo; por lo tanto,
solicitó una valoración de las pruebas en contexto e igualdad.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
22. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) los actos
administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo de la
expropiación administrativa; y v) el análisis del caso en concreto.
Competencia de la Sala
23. Vistos el artículo 15018 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en
18 “[…] Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
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segunda instancia, aplicable en los términos del artículo 30819 de la Ley 1437 de
201120, sobre el régimen de transición y vigencia; y el artículo 1321 del Acuerdo núm.
80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la
Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente
asunto, en segunda instancia.
24. Agotados los trámites inherentes a la acción especial contencioso
administrativa prevista en el artículo 71 de la Ley 388, sin que se observe causal de
nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante.
25. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por la parte demandante en el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia proferida el 17 de marzo de 2023 por la Subsección “A” de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con los
artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201222, norma aplicable al
presente caso en virtud de lo previsto en el artículo 306 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo23, el juez se limitará a conocer de
los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso.
Actos acusados
26. Los actos acusados son los siguientes:
26.1. La Resolución núm. 108915 de 12 de diciembre de 201424 “[…] por la cual se
determina la adquisición de un inmueble, por el procedimiento de expropiación por
vía administrativa y se formula una oferta de compra […]”, expedida por la Directora
Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU que resolvió:
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que
se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código […]”.
19 “[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el
dos (2) de julio del año 2012. […] Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la
entrada en vigencia. […] Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el
régimen jurídico anterior […]”.
20 “Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
21 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 2024, ”por medio del cual se modifican los artículos
13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
y 90”.
22 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
23 “[…] Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el
Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo […]”.
24 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 2. Páginas 32-43.
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Demandantes: Edilberto León Martin y otro
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Con fundamento en el artículo 66 de la Ley 388 de 1997,
determinar la adquisición del inmueble ubicado en la CL 131F 92 34 de la ciudad de
Bogotá D.C., identificado con la cédula catastral 009204710800000000 CHIP
AAA0129PUYN y matrícula inmobiliaria 050N-20331616 todo de acuerdo con el
Registro Topográfico número 44229 cuya copia se anexa, donde aparece delimitado
y alinderado, con un área de 72.00 m2 de terreno, 3 pisos placa más 3 pisos placa
con enramada(solo piso 1,2 y 3), más piso teja triple altura 217. 56 m2, 3 piso teja con
enramada (solo enramada) 25.16 m2, una placa volada de 0.60 m2 y un muro
antepecho de 6.00 m2, el cual es objeto de la presente oferta, dirigida a los señores
EDILBERTO LE[Ó]N MARTIN […] e ISMENIA CARDENAS CARDENAS […],
titulares del derecho real de dominio; adquisición que se realizará mediante el
procedimiento de la expropiación por vía administrativa establecido en el capítulo VII
y VIII de la Ley 388 de 1997, con destino a la obra: AVENIDA EL RINC[Ó]N (AK 91
Y AC 131 A) DESDE LA CARRERA 91 HASTA LA AVENIDA LA CONEJERA
(TRANSVERSAL 97).
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acto administrativo constituye oferta de compra
tendiente a obtener un acuerdo de enajenación voluntaria, advirtiendo al actual titular
de derechos reales que si dentro del término de treinta (30) días hábiles siguientes a
la ejecutoria de la presente resolución, no ha sido posible llegar a un acuerdo formal
para la enajenación voluntaria, contenido en un contrato de promesa de compraventa
o suscrito éste se incumpliere con cualquiera de sus estipulaciones contractuales, el
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO con NIT 899.999.081-6, procederá a emitir
el acto administrativo de expropiación por vía administrativa según lo dispuesto por el
artículo 68 de la citada Ley 388 de 1997.
ART[Í]CULO TERCERO: El valor del precio indemnizatorio que presenta el
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, es de DOSCIENTOS VEINTI[Ú]N
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA
Y SEIS PESOS ($221.951.756) MONEDA CORRIENTE, el citado valor comprende:
A) DOSCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO
SESENTA PESOS ($211.586.160) MONEDA CORRIENTE por concepto de avalúo
terreno y construcción. B) CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS
MIL PESOS ($ 5.352.000) MONEDA CORRIENTE por concepto de Lucro Cesante.
C) CINCO MILLONES MILL TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
($5.013.596) MONEDA CORRIENTE por concepto de Daño Emergente. Para dar
cumplimiento al artículo 13 de la Ley 9a de 1989 y el artículo 67 de la Ley 388 de
1997, en concordancia con el artículo 61 de la misma norma, se anexa fotocopia del
informe técnico de avalúo comercial No 2014-1896 del 22 de octubre de 2014,
practicado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital de Bogotá D.C.,
de acuerdo con los parámetros y criterios establecidos en la normatividad vigente.
ARTÍCULO CUARTO. FORMA DE PAGO: El INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO, se obliga a pagar el precio indemnizatorio, así: En caso de que el
propietario, una vez notificado del presente acto administrativo acepte el precio
indemnizatorio y suscriba promesa de compraventa para la enajenación voluntaria de
que trata el artículo 68 de la Ley 388 de 1997, el pago total se realizará previa
expedición de los registros presupuestales y autorización expresa y escrita de la
Dirección Técnica de Predios, por la suma de DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
PESOS ($221.951.756) MONEDA CORRIENTE, el pago que se realizará en la forma
y términos previstos en la promesa de compraventa respectiva, dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes, a la fecha en que se radique (n) la(s) orden(es) de pago
en la Dirección Técnica Administrativa y Financiera del INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO, siempre que el (los) propietarios (s) cumpla (n) las
siguientes condiciones: 1) Legalización de la correspondiente promesa de
compraventa, 2) Presentación del certificado de libertad y tradición actualizado, en el
que conste la inscripción de la oferta de compra, en el evento de que existan
limitaciones y/o gravámenes al dominio, éstos deberán levantarse previo al trámite de
este pago. 3) Verificación del estado de cuenta por la contribución de valorización y
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el estado de cuenta del Impuesto Predial de los últimos cinco (5) años. 4) La entrega
real y material del inmueble objeto de adquisición al IDU. 5) La transferencia del
derecho de dominio por parte de los PROPIETARIOS al IDU o de la posesión quieta,
pac[í]fica, regular e inscrita. En todo caso, el desembolso de este porcentaje
únicamente se realizará previa constatación del hecho de que el inmueble objeto de
compra, se encuentra libre de condiciones resolutorias, vicios, gravámenes y/o
limitaciones al derecho de dominio.
PAR[Á]GRAFO PRIMERO: La transferencia del derecho de dominio y la entrega
material del inmueble se llevará a cabo por parte del (los) PROPIETARIO(S) al IDU,
dentro del término establecido para tal efecto en la respectiva promesa de
compraventa o en el término que acuerden las partes, el cual en todo caso no podrá
ser superior a los 30 días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Igualmente se descontará de la partida equivalente al
Daño Emergente, el valor que tenga que asumir el Instituto de Desarrollo Urbano por
concepto de los pagos que haya realizado con motivo del traslado de acometidas o
taponamientos que haya necesidad de realizar en el predio objeto de la presente
oferta, para el efecto desde ya el titular de derecho del dominio o el poseedor inscrito
autoriza que se efectúe ese pago directamente a la Empresa de Servicios Públicos
correspondiente.
ARTÍCULO QUINTO. APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor total de la
adquisición se ampara en el presupuesto del INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO emitido por la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad, según
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 5856 del 12 de diciembre de 2014.
ARTÍCULO SEXTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la ley 388
de 1997, el señor Registrador de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Bogotá Zona Norte, procederá a inscribir la presente resolución en el folio de matrícula
inmobiliaria 050N-20331616.
ARTÍCULO S[É]PTIMO: - NOTIFICACIÓN: La presente resolución se notifica al
titular del derecho de propiedad conformidad con lo previsto en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y contra ésta no
procede recurso de acuerdo con lo señalado en los incisos 1º del artículo 13 de la ley
9ª de 1989 y 4º del artículo 61 de la ley 388 de 1997 […]”.
26.2. La Resolución núm. 34477 de 19 de mayo de 201525 “[…] por la cual se
ordena una expropiación por vía administrativa […]”, expedida por la Directora
Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU que resolvió:
“[…] ART[Í]CULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía administrativa a favor
del Instituto de Desarrollo Urbano IDU del inmueble ubicado en la […] CL 131F 92 34
de la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula catastral
009204710800000000 CHIP AAA0129PUYN y matrícula inmobiliaria 050N-
20331616 todo de acuerdo con el Registro Topográfico número 44229 cuya copia se
anexa, donde aparece delimitado y alinderado, con un área de 72.00 m2 de terreno,
3 pisos placa más 3 pisos placa con enramada (solo piso 1,2 y 3), más piso teja triple
altura de 217. 56 m2, 3 piso teja con enramada (solo enramada) 25.16 m2, una placa
volada de 0.60 m2 y un muro antepecho de 6.00 m2, conforme al Registro Topográfico
número 44229 elaborado por la Dirección Técnica de Predios en el mes de mayo de
2014, cuyos linderos específicos son: POR EL NORTE: Del punto A al punto B en
línea recta y distancia de (6.00 mts.), con propiedad particular; POR EL ORIENTE:
25Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 2. Páginas 100-106.
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Núm. único de radicación: 250002341000201600699-01
Demandantes: Edilberto León Martin y otro
Del punto B al punto C en línea recta y distancia de (12.00 mts.) con propiedad
particular. POR EL SUR: Del punto C al punto D en línea recta y distancia de (6.00
mts.), con la CL 131 F; POR EL OCCIDENTE: Del punto D al punto A en línea recta
y distancia de (12.00 mts.), con propiedad particular.
Los titulares inscritos del inmueble objeto de expropiación son los Señores
EDILBERTO LE[Ó]N MARTIN […] е ISMENIA CARDENAS CARDENAS […].
ARTÍCULO SEGUNDO.- VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO.- El valor del
precio indemnizatorio de la expropiación que se ordena por la presente resolución es
de DOSCIENTOS VEINTI[Ú]N MILLONES CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y DOS PESOS ($221.051.872.00) MONEDA CORRIENTE, de acuerdo
con el Avalúo Comercial No. 2014-1896 del 22 de octubre de 2014, elaborado por la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CATASTRO DISTRITAL Gerencia de
Información Catastral, Subgerencia de Información Económica y el informe de
Reconocimiento Económico del 14 de mayo de 2015, el citado valor incluye:
1. La suma de DOSCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS
MIL CIENTO SESENTA PESOS ($211.586.160) MONEDA CORRIENTE por
concepto de avalúo de terreno y construcción.
2. La suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
PESOS ($ 5.352.000) MONEDA CORRIENTE por concepto de Lucro Cesante.
3. La suma de CUATRO MILLONES CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS DOCE
PESOS ($4.113.712.00) MONEDA CORRIENTE por concepto de Daño Emergente.
PARÁGRAFO: Que la presente resolución de expropiación no implica la aplicación
del artículo 129 de la ley 142 de 1994 que establece la cesión de los contratos de
servicios públicos con ocasión a la transferencia del dominio: ‘En la enajenación de
bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión de todos los contratos de servicios
públicos domiciliarios, salvo que las partes acuerden otra cosa. La cesión operará de
pleno derecho, e incluye la propiedad de los bienes inmuebles por adhesión o
destinación utilizados para usar el servicio’, teniendo en cuenta que los predios
adquiridos por el IDU por motivos de utilidad pública e interés social son destinados
exclusivamente a la construcción de obras de infraestructura vial lo que implica un
cambio en la naturaleza del mismo que pasa de ser un inmueble con vocación de
domicilio para convertirse en un bien de uso público dejando por ello de ser
destinatario de servicios públicos domiciliarios, motivo por el cual continuará siendo
responsable del consumo, deudas y demás cargos que se generen hasta la
cancelación de los mismos los Señores EDILBERTO LE[Ó]N MARTIN […] e
ISMENIA CARDENAS CARDENAS […].
ART[Í]CULO TERCERO.- FORMA DE PAGO.- El trámite de pago se efectuará por
la Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano, previa autorización expresa y escrita
de la Dirección Técnica de Predios, una vez ésta radique la(s) orden(es) de pago así:
Un cien por ciento del valor del precio indemnizatorio, o sea la cantidad de
DOSCIENTOS VEINTI[Ú]N MILLONES CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y DOS PESOS ($221.051.872.00) ΜΟNEDA CORRIENTE, el citado valor,
será puesto por parte de la Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano a disposición
de los Señores EDILBERTO LE[Ó]N MARTIN […] e ISMENIA CARDENAS
CARDENAS […].
PARÁGRAFO PRIMERO. Si el valor del precio indemnizatorio, una vez puesto a
disposición de los Señores EDILBERTO LE[Ó]N MARTIN […] e ISMENIA
CARDENAS CARDENAS […], no es retirado dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes, este se consignará en la entidad financiera autorizada para el efecto, de
acuerdo con lo establecido en el numeral 2º del artículo 70 de la ley 388 de 1997,
remitiendo copia de la consignación al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
considerándose que de esta manera ha quedado formalmente efectuado el pago.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Núm. único de radicación: 250002341000201600699-01
Demandantes: Edilberto León Martin y otro
PAR[Á]GRAFO SEGUNDO: Para efectos del pago del precio indemnizatorio se
efectuarán los descuentos correspondientes a impuestos, tasas y contribuciones
aplicables, contemplados en la normatividad vigente.
PARÁGRAFO TERCERO: Para el desembolso de la suma de dinero correspondiente
al único contado, se deberá verificar el estado de cuenta por la contribución de
valorización; en caso de existir saldo alguno por este concepto, se dará aplicación a
la compensación consagrada en los artículos 1714 y 1715 del código civil colombiano.
ART[Í]CULO CUARTO. APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor total de la
adquisición se ampara en el presupuesto del INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO, según Certificado de Registro Presupuestal No. 1655 del 11 de mayo de
2015, emitido por la Dirección Técnica Administrativa y Financiera, Subdirección
Técnica de Presupuesto y Contabilidad del IDU.
ART[Í]CULO QUINTO.- DESTINACIÓN.- El inmueble referido, será destinado para la
construcción de la obra: AVENIDA EL RINC[Ó]N (AK 91 Y AC 131 A) DESDE LA
CARRERA 91 HASTA LA AVENIDA LA CONEJERA (TRANSVERSAL 97), de
acuerdo con la Resolución No. 0811 del 15 de Julio de 2014, expedida por la
Secretaria Distrital de Planeación.
ART[Í]CULO SEXTO. SOLICITUD CANCELACION OFERTA, GRAVÁMENES Y
LIMITACIONES AL DOMINIO.- Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en
el artículo 68 núm. 4 de la ley 388 de 1997, se ordena cancelar la Anotación número
02 de fecha 08 de enero de 2015, Radicación:2015- 1175 del Folio de Matricula
Inmobiliaria 50N-20331616 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona
Norte, donde se encuentra registrada la Resolución No 108915 del 12 de diciembre
de 2014, ‘POR LA CUAL SE DETERMINA LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE,
POR EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA Y SE
FORMULA UNA OFERTA DE COMPRA’, cuya inscripción se solicitó mediante oficio
con RAD IDU No 20143251874481 el 29 de diciembre de 2014.
ART[Í]CULO SÉPTIMO.- ORDEN DE INSCRIPCIÓN.- De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 68 núm. 4 de la ley 388 de 1997, ORDENASE al (a) señor (a)
Registrador (a) de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Norte,
inscribir la presente resolución en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20331616 con
lo que se surtirán los efectos atinentes a la transferencia del derecho de dominio en
cabeza del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, identificado con Nit:
899.999.081-6.
ART[Í]CULO OCTAVO. ENTREGA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
70 numeral 3 de la Ley 388 de 1997, efectuado el registro de la presente resolución
el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO exigirá la entrega del inmueble
identificado en el artículo primero (1°), para lo cual en caso de renuencia del
expropiado, acudirá al auxilio de las autoridades de policía.
ARTÍCULO NOVENO.- Notifíquese la presente resolución de conformidad con las
reglas establecidas en el artículo 66 y ss del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo a los Señores EDILBERTO LE[Ó]N MARTIN […]
e ISMENIA CARDENAS CARDENAS […], haciéndoles saber que contra la presente
solo procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha de notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la ley 388 de
1997, en concordancia con el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo […]”.
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26.3. La Resolución núm. 50426 de 7 de julio de 201526, “[…] por la cual se
modifica la Resolución No. 34477 del 19 de mayo de 2015, por la cual se ordena
una expropiación administrativa […]”, expedida por la Directora Técnica de Predios
(E) del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU que resolvió:
“[…] ART[Í]CULO PRIMERO. Modificar la Resolución 34477 del 19 de mayo de
2015, en el artículo segundo el cual quedará así:
ART[Í]CULO SEGUNDO: VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO.- El valor del
precio indemnizatorio de la expropiación que se ordena por la presente resolución
es de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL DIEZ PESOS ($234.884.010.00) MONEDA
CORRIENTE, de acuerdo con el Avalúo Comercial No. 2014-1896 del 19 de mayo
de 2015, elaborado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CATASTRO
DISTRITAL Gerencia de Información Catastral, Subgerencia de Información
Económica y el informe de Reconocimiento Económico del 10 de junio de 2015, el
citado valor incluye:
1. La suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO
NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($225.190.560.00)
MONEDA CORRIENTE por concepto de avalúo de terreno y construcción.
2. La suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
PESOS ($ 5.352.000) MONEDA CORRIENTE por concepto de Lucro
Cesante.
3. La suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($4.341.450.00) MONEDA
CORRIENTE por concepto de Daño Emergente.
PARÁGRAFO: Que la presente resolución de expropiación no implica la aplicación
del artículo 129 de la ley 142 de 1994 que establece la cesión de los contratos de
servicios públicos con ocasión a la transferencia del dominio: ‘En la enajenación de
bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión de todos los contratos de
servicios públicos domiciliarios, salvo que las partes acuerden otra cosa. La cesión
operará de pleno derecho, e incluye la propiedad de los bienes inmuebles por
adhesión o destinación utilizados para usar el servicio’, teniendo en cuenta que los
predios adquiridos por el IDU por motivos de utilidad pública e interés social son
destinados exclusivamente a la construcción de obras de infraestructura vial lo que
implica un cambio en la naturaleza del mismo que pasa de ser un inmueble con
vocación de domicilio para convertirse en un bien de uso público dejando por ello de
ser destinatario de servicios públicos domiciliarios, motivo por el cual continuará
siendo responsable del consumo, deudas y demás cargos que se generen hasta la
cancelación de los mismos los Señores EDILBERTO LE[Ó]N MARTIN […] e
ISMENIA CARDENAS CARDENAS […].
ART[Í]CULO SEGUNDO: Modificar la Resolución 34477 del 19 de mayo de 2015,
en el artículo tercero el cual quedará así:
ART[Í]CULO TERCERO: FORMA DE PAGO. El trámite de pago se efectuará por
la Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano, previa autorización expresa y escrita
de la Dirección Técnica de Predios, una vez ésta radique la(s) orden(es) de pago
así: Un cien por ciento del valor del precio indemnizatorio, o sea la cantidad de
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL DIEZ /PESOS ($234.884.010.00) MONEDA CORRIENTE, el citado
26Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 2. Páginas 114-118.
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valor, será puesto por parte de la Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano a
disposición de los Señores EDILBERTO LE[Ó]N MARTIN […] e ISMENIA
CARDENAS CARDENAS […].
PARÁGRAFO PRIMERO. Si el valor del precio indemnizatorio, una vez puesto a
disposición de los Señores EDILBERTO LE[Ó]N MARTIN […] e ISMENIA
CARDENAS CARDENAS […], no es retirado dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes, este se consignará en la entidad financiera autorizada para el efecto, de
acuerdo con lo establecido en el numeral 2º del artículo 70 de la ley 388 de 1997,
remitiendo copia de la consignación al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
considerándose que de esta manera ha quedado formalmente efectuado el pago.
PAR[Á]GRAFO SEGUNDO: Para efectos del pago del precio indemnizatorio se
efectuarán los descuentos correspondientes a impuestos, tasas y contribuciones
aplicables, contemplados en la normatividad vigente.
PARÁGRAFO TERCERO: Para el desembolso de la suma de dinero
correspondiente al único contado, se deberá verificar el estado de cuenta por la
contribución de valorización; en caso de existir saldo alguno por este concepto, se
dará aplicación a la compensación consagrada en los artículos 1714 y 1715 del
código civil colombiano.
ART[Í]CULO TERCERO: Modificar la Resolución 34477 del 19 de mayo de 2015,
en el artículo cuarto el cual quedará así[:]
ARTÍCULO CUARTO: APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor total de la
adquisición se ampara en el presupuesto del INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO, según Certificado de Registro Presupuestal No. 1655 del 11 de mayo de
2015 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 2928 del 11 de junio de 2015
emitidos por la Dirección Técnica Administrativa y Financiera, Subdirección Técnica
de Presupuesto y Contabilidad del IDU.
ARTÍCULO CUARTO: Confirmar los demás artículos de la Resolución No 34477
del 19 de mayo de 2015.
ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución se notificará a los titulares del derecho
de propiedad de conformidad con lo previsto en el Código Contencioso
Administrativo, y contra ésta no procede recurso alguno de acuerdo a lo señalado
por el artículo 66 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el artículo 13 inc. 1
de la ley 9ª de 1989 y artículo 61 inciso 4º de la ley 388 de 1997 […]” (Subrayas del
texto).
26.4. Resolución núm. 58213 de 21 de agosto de 201527, “[…] por la cual se
aclara la Resolución modificatoria de expropiación No 50426 del 07 de julio de 2015
[…]”, expedida por la Directora Técnica de Predios (E) del Instituto de Desarrollo
Urbano – IDU que resolvió:
“[…] ART[Í]CULO PRIMERO. Aclarar la Resolución 50426 del 07 de julio de 2015
‘POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION No 34477 DEL 19 DE MAYO DE
2015, POR LA CUAL SE ORDENA UNA EXPROPIACION ADMINISTRATIVA’, en
el artículo quinto el cual quedará así:
ART[Í]CULO QUINTO: Notifíquese la presente resolución de conformidad con las
reglas establecidas en el artículo 66 y ss del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo a los Señores EDILBERTO LE[Ó]N MARTIN […]
27Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 2. Páginas 120-121.
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Demandantes: Edilberto León Martin y otro
e ISMENIA CARDENAS CARDENAS […], haciéndoles saber que contra la presente
solo procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha de notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la ley 388
de 1997, en concordancia con el artículo 76 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ART[Í]CULO SEGUNDO: Confirmar los demás artículos de la Resolución No 50426
del 07 de julio de 2015 ‘POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION No 34477
DEL 19 DE MAYO DE 2015, POR LA CUAL SE ORDENA UNA EXPROPIACI[Ó]N
ADMINISTRATIVA’ […]”.
26.5. Resolución núm. 62351 de 14 de octubre de 201528, “[…] por la cual se
resuelve un recurso de reposición […]”, expedida por la Directora Técnica de
Predios del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU que resolvió:
“[…] ART[Í]CULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución de
expropiación administrativa No 34477 del 19 de mayo de 2015, modificada por la
Resolución No 50426 del 07 de julio de 2015, y aclarada por la Resolución No 58213
del 21 de agosto de 2015, del inmueble ubicado en la CL 131F 92 34 de la ciudad
de Bogotá D.C., identificado con la cédula catastral 009204710800000000 CHIP
AAA0129PUYN y matrícula inmobiliaria 50N-20331616, las cuales fueron
notificadas personalmente a los Señores EDILBERTO LE[Ó]N MARTIN […] e
ISMENIA CARDENAS CARDENAS […], conforme al registro topográfico número
44229 elaborado por la Dirección Técnica de Predios en el mes de mayo de 2014,
por las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.
[…]
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese la presente resolución al Doctor JOS[É]
ORLANDO RUBIANO CARRANZA, en calidad de apoderado de los Señores
EDILBERTO LE[Ó]N MARTIN […] e ISMENIA CARDENAS CARDENAS […], de
acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 68 y ss del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, informándole que
contra la presente providencia no procede recurso alguno y queda agotada la
actuación administrativa, según lo establecido en el artículo 69 de la Ley 388 de
1997 […]”.
Cuestión previa
Excepción de falta de jurisdicción por actos susceptibles de control judicial
27. Vistos los artículos: i) 43, sobre actos definitivos de la Ley 1437; y ii) 100 de la
Ley 1564, en especial, el numeral 1.° y atendiendo a que esta Sección ha
considerado que el acto mediante el cual la entidad pública hace una oferta de
compra para adquirir el bien inmueble, previo a ordenar su expropiación, no es
susceptible de control judicial, se reitera:
“[…] En efecto el artículo 71 de la Ley 388 de 1997 señala que sólo pueden
controvertirse ante la jurisdicción, mediante la acción especial contencioso-
administrativa, los actos que deciden la expropiación. A propósito, esta norma
28Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 2. Páginas 131-138.
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Demandantes: Edilberto León Martin y otro
dispone:
[…]
De la literalidad de la norma transcrita se infiere, evidentemente, que la demanda ante
esta Jurisdicción procede únicamente contra el acto administrativo que decide
la expropiación.
[…]
De otro lado, es del caso señalar que los actos referentes a la oferta de compra no están
llamados a generar perjuicios al administrado, teniendo únicamente tal potencialidad
el acto administrativo de expropiación, por lo que, desde esta perspectiva, tampoco
se vislumbra el que proceda la acción incoada por la demandante contra aquellos. Así
se puntualizó por esta Sección en Sentencia de 18 de marzo de 2010, Expediente
No. 2008-00434-01, con ponencia de quien presenta esta Providencia:
De las explicaciones expuestas, considera la Sala que en la etapa de negociación
voluntaria la administración no está efectuando ningún tipo de actividad administrativa
que pueda perjudicar al administrado, pues precisamente, los términos en que se
presenta la negociación es voluntaria. Lo anterior permite concluir que el acto por medio
del cual se hace una oferta al propietario del bien inmueble que puede ser objeto de
expropiación administrativa o judicial dependiendo de las circunstancias ya reseñadas,
no genera un perjuicio alguno para el actor.
Así las cosas, le asiste razón al a quo cuando afirma que la acción especial
contencioso administrativa tendiente a obtener la nulidad y restablecimiento
del derecho o a controvertir el precio indemnizatorio, se predica en exclusiva del
acto administrativo expropiatorio en los términos del artículo 71 de la Ley 388 de 1997
[…]”29 (Destacado fuera de texto).
28. Por lo expuesto anteriormente, se considera que la Resolución núm. 108915
de 12 de diciembre de 2014, expedida por la Directora Técnica de Predios del
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU del Distrito de Bogotá, mediante la cual se
determinó la adquisición del inmueble ubicado en la Calle 131F 92-34 de la ciudad
de Bogotá D.C. y se formuló la correspondiente oferta de compra, no es susceptible
de control judicial, por cuanto la acción prevista en el artículo 71 de la Ley 388 no
procede contra este tipo de actos.
29. En consecuencia, se declarará de oficio la excepción de falta de jurisdicción,
de conformidad con el numeral 1.° del artículo 100 de la Ley 156430, por tratarse de
actos que no son demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 29 de octubre de
2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación: 25000232400020120057202-01. En el
mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de
23 de julio de 2015; C.P. María Claudia Rojas Lasso; número único de radicación: 150012331000200504046-
01.
30 En el mismo sentido la siguiente sentencia: “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera; sentencia de 29 de octubre de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de
radicación 25000-23-24-000-2012-00572-02 […]”.
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Problema jurídico
30. Corresponde a la Sala, con fundamento en el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante, determinar, por un lado, si los actos administrativos
demandados deben ser anulados por haber incurrido en desviación de poder o por
encontrarse falsamente motivados; y, por el otro, si en el avalúo oficial se incurrió
en alguna incorrección o defecto que afectara el precio indemnizatorio.
31. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la
nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho
solicitado y, en consecuencia, si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
proferida por la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
32. Los problemas jurídicos planteados se desarrollarán infra, de la siguiente
manera:
Marco normativo de la expropiación administrativa
33. Visto el artículo 58 de la Constitución Política, “[…] [p]or motivos de utilidad
pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación
mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los
intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el
legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta
a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio
[…]” (Destacado fuera de texto).
34. El capítulo VIII de La Ley 388 regula la expropiación administrativa, la cual está
compuesta por varias etapas: i) la declaratoria de urgencia, de conformidad con los
artículos 63 a 65 ibidem, que indica que por motivos de utilidad pública o interés social
se puede expropiar por vía administrativa el derecho de propiedad y los demás
derechos reales sobre terrenos e inmuebles; ii) la oferta de compra, en los términos
del artículo 66 ibidem; iii) la negociación del precio; iv) la enajenación voluntaria; y v)
la decisión de expropiación, en caso de no lograrse un acuerdo en la etapa de
enajenación voluntaria, como se explicará infra.
35. Visto el artículo 66 ibidem, la decisión de expropiación por la vía administrativa
deberá tomarse a partir de la iniciación del procedimiento correspondiente, mediante
acto administrativo formal, el cual se notificará al titular del derecho de propiedad
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sobre el inmueble cuya adquisición se requiera y será inscrito por la entidad
expropiante en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a su ejecutoria. Este mismo acto constituirá la oferta de
compra dirigida a obtener un acuerdo de enajenación voluntaria.
36. Visto el artículo 67 ibidem, en el acto que determine el carácter administrativo
de la expropiación, se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se
reconocerá a los propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza
para los efectos previstos en el artículo 61 ibidem31. Además, la entidad deberá
precisar las condiciones para el pago del precio indemnizatorio, las cuales podrán
prever el pago de contado o el pago entre un cuarenta (40%) y un sesenta por ciento
(60%) del valor al momento de la adquisición voluntaria y el valor restante en cinco
(5) contados anuales sucesivos o iguales, con un interés anual igual al interés
bancario vigente en el momento de la adquisición voluntaria.
37. El pago del precio indemnizatorio se podrá realizar en dinero o títulos valores,
derechos de construcción y desarrollo, de participación en el proyecto o permuta.
En todo caso el pago se hará siempre en su totalidad de contado cuando el valor de
la indemnización sea inferior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales
al momento de la adquisición voluntaria o de la expropiación.
38. Visto el artículo 68 de la Ley 388, sobre la decisión de la expropiación, indica
que cuando hayan transcurrido 30 días hábiles, contados desde la ejecutoria del
acto mediante el cual se hizo la oferta de compra, sin que se llegue a un acuerdo
formal para la enajenación voluntaria, la autoridad dispondrá, mediante acto
administrativo motivado, la expropiación administrativa del inmueble. La norma
señala:
“[…] Artículo 68º.- Decisión de la expropiación. Cuando habiéndose determinado
que el procedimiento tiene el carácter de expropiación por vía administrativa, y
transcurran treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del acto
administrativo de que trata el artículo 66 de la presente Ley, sin que se haya llegado
a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria contenido en un contrato de
promesa de compraventa, la autoridad competente dispondrá mediante acto motivado
la expropiación administrativa del bien inmueble correspondiente, el cual contendrá lo
siguiente:
1. La identificación precisa del bien inmueble objeto de expropiación.
2. El valor del precio indemnizatorio y la forma de pago.
31 Artículo 67 Ley 388.
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3. La destinación que se dará al inmueble expropiado, de acuerdo con los motivos de
utilidad pública o de interés social que se hayan invocado y las condiciones de
urgencia que se hayan declarado.
4. La orden de inscripción del acto administrativo, una vez ejecutoriado en la
correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para los efectos de
que se inscriba la transferencia del derecho de dominio de su titular a la entidad que
haya dispuesto la expropiación.
5. La orden de notificación a los titulares de derecho del dominio u otros derechos
reales sobre el bien expropiado, con indicación de los recursos que legalmente
procedan en vía gubernativa […]”.
39. De acuerdo con las normas citadas supra, el Estado puede adquirir el bien
inmueble por medio de una enajenación voluntaria que implica un acuerdo formal
de voluntades entre las partes; sin embargo, si esto no es posible dentro del término
de treinta (30) días hábiles, contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo
que determina que el procedimiento tiene el carácter de expropiación por vía
administrativa, la autoridad competente, mediante un acto administrativo motivado,
debe ordenar la expropiación.
40. La expropiación por vía administrativa conlleva la obligación, a cargo de la
entidad, de reconocer una indemnización justa y plena que comprenda el valor del
bien inmueble objeto de expropiación y los perjuicios toda vez que esta “[…]
constituye “[…] un instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a
todos los miembros de la colectividad y reparado de manera integral […]”32.
41. La Ley 388 fue reglamentada por el Gobierno Nacional por medio del Decreto
1420 de 1998, cuyas disposiciones regulan los procedimientos, parámetros y
criterios para la elaboración de los avalúos que determinan el valor comercial.
42. Visto el artículo 2.° ibidem, el valor comercial de un inmueble es el precio más
favorable por el cual éste se transaría en un mercado donde el comprador y el
vendedor actuarían libremente, con el conocimiento de las condiciones físicas y
jurídicas que afectan el bien. En efecto, la determinación del valor comercial de los
inmuebles la debe realizar, a través de un avalúo, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que haga sus veces o las personas naturales o jurídicas de
carácter privado registradas y autorizadas por las lonjas de propiedad raíz del lugar
donde se ubiquen los bienes objeto de la valoración33.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 6 de febrero de
2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación 080012331000199712256-01.
33 Artículo 3.° Decreto 1420 de 1998.
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43. Visto el artículo 20 ibidem, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad
que cumpla sus funciones y las personas naturales o jurídicas registradas y
autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo, especificarán el método
utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de las
edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal
estimación.
44. Visto el artículo 21 ibidem, para determinar el valor comercial se deben tener
en cuenta los siguientes parámetros:
“[…] - La reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la
realización del avalúo en relación con el inmueble objeto del mismo.
• La destinación económica del inmueble.
• Para los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, el avalúo se
realizará sobre las áreas privadas, teniendo en cuenta los derechos provenientes
de los coeficientes de copropiedad.
• Para los inmuebles que presenten diferentes características de terreno o
diversidad de construcciones, en el avalúo se deberán consignar los valores
unitarios para cada uno de ellos.
• Dentro de los procesos de enajenación y expropiación, que afecten parcialmente
el inmueble objeto del avalúo y que requieran de la ejecución de obras de
adecuación para la utilización de las áreas construidas remanentes, el costo de
dichas obras se determinará en forma independiente y se adicionará al valor
estimado de la parte afectada del inmueble para establecer su valor comercial.
• Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los
inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente
una afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación
de ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse
independientemente del avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que
se dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis (6) meses.
• Cuando el objeto del avalúo sea un inmueble declarado de conservación histórica,
arquitectónica o ambiental, por no existir bienes comprables en términos de
mercado, el método utilizable será el de reposición como nuevo, pero no se
descontará la depreciación acumulada, también deberá afectarse el valor por el
estado de conservación física del bien. Igualmente, se aceptará como valor
comercial de dicho inmueble el valor de reproducción, entendiendo por tal el
producir el mismo bien, utilizando los materiales y tecnología con los cuales se
construyó, pero debe tenerse en cuenta las adecuaciones que se le han
introducido.
• La estratificación socioeconómica del bien […]”
45. Visto, el artículo 22 ibidem, para la determinación del valor comercial de los
inmuebles, se deberá tener en cuenta, por lo menos, las siguientes características:
“[…] A. Para el terreno:
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1. Aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía y forma.
2. Clases de Suelo: urbano, rural, de expansión urbana, suburbano y de protección.
3. Las normas urbanísticas vigentes para la zona o el predio.
4. Tipo de construcciones en la zona.
5. La dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios públicos
domiciliarios, así, como la infraestructura vial y servicio de transporte.
6. En zonas rurales, además de las anteriores características deberá tenerse en
cuenta las agrológicas del suelo y las aguas.
7. La estratificación socioeconómica del inmueble.
B. Para las construcciones:
1. El área de construcciones existentes autorizadas legalmente.
2. Los elementos constructivos empleados en su estructura y acabados.
3. Las obras adicionales o complementarias existentes.
4. La edad de los materiales.
5. El estado de conservación física.
6. La vida útil económica y técnica remanente.
7. La funcionalidad del inmueble para lo cual fue construido.
8. Para bienes sujetos a propiedad horizontal, las características de las áreas
comunes […]” (Destacado fuera de texto).
46. Visto el artículo 25 ibidem, para la elaboración de los avalúos que se requieran
con fundamento en las Leyes 9 de 11 de enero de 198934 y 388 de 1997, se deberá
aplicar uno de los siguientes métodos: i) el método de comparación o de mercado;
ii) el de renta o capitalización por ingresos; o iii) el de costo de reposición o el
residual.
47. En suma, para elaborar el avalúo y determinar el valor del bien inmueble objeto
de expropiación administrativa, la autoridad debe tener en cuenta la reglamentación
urbanística municipal vigente y criterios de carácter objetivo; además, este no puede
incorporar meras expectativas sino hechos ciertos y verificables.
Precio indemnizatorio justo: Reconocimiento del daño emergente y el lucro
cesante
34 “[…] por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes
y se dictan otras disposiciones […]”.
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48. Visto el artículo 58 de la Constitución Política, el cual prevé que, por motivos
de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, el Estado podrá
adelantar una expropiación por vía judicial o administrativa, mediante una
indemnización previa, la cual se debe fijar previa consulta a los intereses de la
comunidad y del afectado.
49. Visto el artículo 67 de la Ley 388, sobre la indemnización y forma de pago, el
cual establece que en “[…] el mismo acto que determine el carácter administrativo
de la expropiación, se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se
reconocerá a los propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza
para los efectos previstos en el artículo 61 de la presente ley. Igualmente se
precisarán las condiciones para el pago del precio indemnizatorio, las cuales podrán
contemplar el pago de contado o el pago entre un cuarenta (40%) y un sesenta por
ciento (60%) del valor al momento de la adquisición voluntaria y el valor restante en
cinco (5) contados anuales sucesivos o iguales, con un interés anual igual al interés
bancario vigente en el momento de la adquisición voluntaria […]”.
50. La Corte Constitucional ha considerado que la indemnización debe ser justa y
ponderar los intereses de la persona afectada y de la comunidad; asimismo, es
necesario atender el principio de igualdad para que los particulares no tengan que
soportar una carga pública desproporcionada que afecte el acceso a la propiedad.
51. En la sentencia C-476 de 2007, esa Corporación explicó que, por regla
general, la indemnización no se limita al precio del bien, toda vez que esta pude
incluir los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la expropiación; sin
embargo, esta es diferente a la indemnización prevista en el artículo 90 de la
Constitución Política porque el artículo 58 ibidem no se refiere a un daño antijurídico,
sino a una carga que debe soportar el particular.
52. Además, reiteró que la indemnización que procede como consecuencia de la
expropiación no se fundamenta exclusivamente en los intereses privados, toda vez
que esta debe tener en cuenta el bienestar común. Por lo tanto, en algunos casos,
cuando los intereses de la comunidad asumen una relevancia especial, la
indemnización cumple una función compensatoria; no obstante, también puede
ocurrir que los intereses de la persona afectada tengan una importancia
constitucional especial y, en este caso, la indemnización tiene una función
restitutiva.
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53. La Corte Constitucional explicó en la sentencia C-1074 de 2002 las reglas
generales que rigen la indemnización, en el marco de la expropiación, así:
“[…] De lo anterior, a la luz de la Constitución y de la jurisprudencia constitucional en
la materia, se deducen las siguientes conclusiones:
1. No puede haber expropiación sin indemnización;
2. La indemnización debe ser previa al traspaso del dominio del bien del particular
al Estado;
3. La indemnización debe ser justa, es decir, debe ser fijada teniendo en cuenta los
intereses de la comunidad y del afectado y, por lo tanto, esos intereses deben ser
ponderados caso por caso. La ponderación dentro del marco legal y constitucional la
hará el juez civil en el evento de expropiación por vía judicial, y la entidad expropiante
o el juez contencioso en el evento de la expropiación por vía administrativa;
4. La función de la indemnización es, por regla general, de orden reparatorio.
Comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante. No obstante, en algunas
circunstancias, al ser consultados los intereses de la comunidad y asumir dichos
intereses un peso especial, ésta puede reducirse y cumplir tan sólo una función
compensatoria. De otra parte, en circunstancias diversas, al ser consultados los
intereses del afectado y adquirir éstos una relevancia constitucional especial, como
en el evento de la vivienda familiar y en otros que serán precisados en esta sentencia,
la indemnización puede, tanto en su monto como en su forma de pago, asumir una
modalidad que la lleve a cumplir una función restitutiva.
5. La indemnización no tiene que ser siempre pagada en dinero en efectivo, pero si
se paga la indemnización con instrumentos distintos al dinero, éstos han de reunir por
lo menos las siguientes características: i) No pueden transformar el pago de la
indemnización previa, en un pago futuro, posterior a la trasmisión del dominio del bien
expropiado; (ii) deben garantizar un pago cierto de la obligación y no meramente
simbólico o eventual; (iii) deben constituir un medio legal de pago de obligaciones, de
tal forma que realmente constituyan para el afectado una indemnización; (iv) deben
permitir que el valor de la indemnización por expropiación reconocido como justo, en
el caso concreto, se mantenga en el tiempo, si el expropiado actúa en los negocios
diligentemente; (v) deben ser libre y efectivamente negociables, a fin de garantizar
que el afectado pueda convertirlos, en dinero en el momento en que lo desee,
inclusive al día siguiente del traspaso del dominio del bien; (vi) no pueden ser
revocados unilateralmente por la entidad que los emite […]”35.
54. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia proferida el 6
de febrero de 2020, con fundamento en los artículos 21.236 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos37 y 1738 de la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano, reiteró que la expropiación conlleva la obligación de
indemnizar plena y previamente al afectado, con el propósito de restablecer el
equilibrio. Además, esta Corporación explicó lo siguiente:
35 Corte Constitucional C-1074 de 4 de diciembre de 2002, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
36 “[…] 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa,
por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley […]”
37 Adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969; aprobada mediante la Ley 16 de 30 de
diciembre de 1972.
38 “[…] Artículo 17. Por ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo
cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y con la condición de haya
una justa y previa indemnización […]”
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“[…] Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la decisión de expropiar un
bien del dominio privado comporta necesariamente la obligación de indemnizar el
daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin pecar por exceso o por
defecto, pues es claro que una indemnización que exceda los límites de lo justo, o
que resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de justicia consagrado
por el constituyente.
[…]
No sobra precisar que, para poder obtener la reparación de los daños accesorios que
hubieren podido consumarse con la expropiación, es indispensable que los mismos
sean ciertos y que exista necesariamente un nexo de causalidad entre ellos y la
decisión administrativa mediante la cual se decretó la expropiación.
El carácter resarcible del daño depende fundamentalmente de la certeza de su
ocurrencia, pues es claro que las lesiones de carácter hipotético o contingente no
pueden ser objeto de reparación o compensación. El agravio debe estar revestido
entonces de certeza para que produzca efectos jurídicos y dé lugar al resarcimiento,
pues todo aquello que constituya una simple conjetura o una suposición no puede dar
lugar a una indemnización. Lo anterior no obsta para que se tengan como ciertos
aquellos daños futuros que a pesar de no haberse consolidado todavía, no existe
ninguna duda acerca de su advenimiento. Para que el perjuicio exista, resulta
completamente indiferente que aquél ya se haya presentado como un hecho existente
en el plano ontológico o que aparezca como la prolongación cierta y directa de un
estado de cosas actual. Al fin y al cabo, el daño futuro no es sino una modalidad del
daño cierto, tal como lo ha sostenido, en reiteradas oportunidades esta Corporación.
En todo caso, los daños ajenos a la pérdida del derecho de dominio deben ser
acreditados en el proceso por quien reclama su resarcimiento, ya sea por tratarse de
lesiones ya causadas o de daños que, si bien no se han producido todavía, existe una
alta probabilidad en torno a su ocurrencia […]”39.
55. De acuerdo con lo expuesto, cuando la persona afectada acude a la
jurisdicción contenciosa administrativa porque, a su juicio, la indemnización no fue
justa y plena, le asiste la carga de probar la existencia de los perjuicios que reclama
-daño emergente y lucro cesante- y su nexo de casualidad con el acto que dispuso
la expropiación.
Acervo probatorio
56. La Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso sub examine
son las siguientes:
56.1. Copia de escritura pública núm. 5237 de 4 de diciembre de 200140 a través
de la cual los señores Edilberto León Martin e Ismenia Cárdenas Cárdenas
adquirieron el inmueble objeto del presente proceso.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia Margoth Peña
Garzón; sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de radicación: 08001233100019971225601
40 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 2. Páginas 155-160.
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56.2. Copia del Avalúo Comercial de 22 de octubre de 201441, elaborado por la
Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital de Bogotá.
56.3. Copia de Resolución núm. 108915 de 12 de diciembre de 201442 “[…] por la
cual se determina la adquisición de un inmueble, por el procedimiento de
expropiación por vía administrativa y se formula una oferta de compra […]”,
expedida por la Directora Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano –
IDU.
56.4. Copia del Avalúo Comercial núm. 9.901/2015, elaborado el 19 de enero de
2015 por la firma Sarmiento & Osorio Soluciones Inmobiliarias43.
56.5. Copia del certificado catastral44, expedido el 28 de enero de 2015 por la
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital de Bogotá, en el cual consta
que el inmueble ubicado en la Calle 131F 92-36 se encontraba en estrato dos (2) y
constaba de un área de terreno de 73.12m2 y un área de construcción de 252.05m2.
56.6. Copia de la Resolución núm. 34477 de 19 de mayo de 201545 “[…] por la cual
se ordena una expropiación por vía administrativa […]”, expedida por la Directora
Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.
56.7. Copia del Avalúo Comercial núm. 2014-1896, elaborado el 19 de mayo de
2015 por la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital de Bogotá46, mediante
el cual se aclaró aquel realizado el 22 de octubre de 2014 en el sentido de la
vetustez de la construcción.
56.8. Copia de la Resolución núm. 0028 de 25 de mayo de 201547, “[…] [p]or
medio del (sic) cual se resuelve la solicitud de variación de estrato formulado por el
señor JORGE ORLANDO RUBIANO CARRANZA, contra el Decreto Distrital 291 del
26 de junio de 2013, con radicación 1-2015-22071 del 23 de abril de 2015 […]”,
41 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 2. Páginas 45-64.
42 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 2. Páginas 32-43.
43 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 2. Páginas 77-90.
44 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 2. Página 152.
45 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 2. Páginas 100-106.
46 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 2
PRINCIPAL-RESERVADO(.pdf) NroActua 2. Páginas 167-190.
47 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 2. Páginas 108-113.
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expedida por el Director de Estratificación de la Secretaría Distrital de Planeación
de Bogotá.
56.9. Copia de la Resolución núm. 50426 de 7 de julio de 201548, “[…] por la cual
se modifica la Resolución No. 34477 del 19 de mayo de 2015, por la cual se ordena
una expropiación administrativa […]”, expedida por la Directora Técnica de Predios
(E) del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.
56.10. Copia de la Resolución núm. 62351 de 14 de octubre de 201549, “[…] por la
cual se resuelve un recurso de reposición […]”, expedida por la Directora Técnica
de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.
56.11. Copia de actas de entrega del pago indemnizatorio de 27 de noviembre de
201550, para los señores Edilberto León Martin e Ismenia Cárdenas Cárdenas, en
las cuales se indicó que la parte demandante recibiría “[…] sobre sellado que
contiene el número de identificación del pago solicitado al Banco de Occidente en
fecha 26/07/2015, para reclamar el cheque […] por valor de CIENTO CATORCE
MILLONES NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VENTITR[É]S PESOS MCTE.
($114.091.923.00), por concepto del pago del precio indemnizatorio señalado en el
artículo Tercero de la Resolución de Expropiación número 50426 y 34477 de 2015,
con Orden de Pago No 4283 de 2015 del 26/07/2015 [...]”.
56.12. Copia del dictamen pericial de 6 de agosto de 201851, realizado por el
avaluador Rigoberto Acosta Tarazona, y la grabación de la audiencia de
contradicción celebrada el 22 de febrero de 2019.
57. La Sala procederá a apreciar y valorar la totalidad de las pruebas solicitadas,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
de la Ley 156452, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación los problemas jurídicos planteados en el caso sub
examine.
48 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 2. Páginas 114-118.
49 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 2. Páginas 131-138.
50 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 2. Páginas 140-141.
51 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 2
PRINCIPAL-RESERVADO(.pdf) NroActua 2. Páginas 37-71.
52 Visto el artículo 624 de la Ley 1564, esa normativa resulta aplicable al caso sub examine, teniendo en cuenta
que el recurso fue interpuesto el 6 de mayo de 2015.
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Análisis del caso concreto
58. De conformidad con los marcos normativos y desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
59. La parte demandante manifestó sus inconformidades, en el recurso de
apelación, relacionadas con que, en primer lugar, no se expusieron los motivos por
los cuales se realizó la expropiación administrativa; en segundo lugar, el acto que
la ordenó no necesariamente debía contener el precio del avalúo comercial
presentado para la etapa de negociación; y, en tercer lugar, que para la elaboración
del avalúo no se consultaron sus condiciones personales.
60. Igualmente, adujo que es incorrecto que la misma entidad que realizó el avalúo
fuera la encargada de recaudar los datos para analizar el inmueble con el método
de reposición. Así como que no es adecuado que el avalúo solo haya tenido como
sustento las fórmulas indicadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC
y que no se haya pronunciado respecto a la estratificación atribuida al inmueble.
61. La Sala clarifica que el trámite a adelantar para una expropiación
administrativa es necesario surtir varias etapas que consisten en: i) la declaratoria
de motivos de utilidad pública o de interés social; ii) la oferta de compra, iii) la etapa
de negociación y iv) el proceso expropiatorio en sí mismo, el cual culmina con la
expedición de un acto administrativo que ordene la expropiación del bien. Se reitera
que esta última etapa surgirá siempre que se cumplan dos requisitos, por un lado,
que se presenten motivos de interés social o utilidad pública que autoricen este tipo
de expropiación y, por el otro, que se configure una condición de urgencia de
aquellas mencionadas taxativamente en la ley.
62. Para el análisis de los cargos expuestos en el caso concreto, la Sala destaca
lo señalado por esta Sección respecto a la motivación del acto administrativo, se
trata de un requisito de validez del acto que “[…] constituye, entonces, uno de los
elementos esenciales o fundamentos de legalidad del acto administrativo, a tal
punto que cuando se pretermite, o cuando se demuestra que las razones que
sustentan la decisión no son reales, no existen o están distorsionadas, se presenta
un vicio que lo invalida[,] […] teniendo en cuenta la presunción de legalidad de la
cual goza el acto administrativo, concierne a quien pretende desvirtuarlo por la
causal de falsa motivación demostrar el vicio en el elemento causal de la
decisión, es decir, la inexistencia o el error de los antecedentes de hecho y
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derecho que facultan su expedición o, en otras palabras, que lo expresado en
el acto administrativo no corresponde a la realidad […]”53 (Destacado fuera de
texto).
63. Asimismo, la Sección estableció que la falsa motivación de los actos
administrativos se configura cuando: “[…] i) se presenta inexistencia de
fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la
Administración Pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son
contrarios a la realidad, bien por error o por razones engañosas o simuladas; iii)
porque el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance
que no tienen[;] y iv) porque los motivos que sirven de fundamento al acto no
justifiquen la decisión […]”54.
64. En virtud de lo mencionado, se analizará el contenido del avalúo oficial y los
elementos probatorios para enfrentarlo con los argumentos que manifestó la parte
demandante y determinar si se encuentra demostrada la falsa motivación o la
desviación de poder.
65. En primer lugar, la Sala destaca que el motivo de utilidad pública e interés
social fue establecido en el Decreto núm. 450 de 16 de octubre de 2014, expedido
por el Distrito de Bogotá, mediante el cual “[…] se declar[ó] la existencia de
condiciones especiales de urgencia por motivos de utilidad pública e interés social,
para la adquisición de los derechos de propiedad y demás derechos reales sobre
los terrenos e inmuebles requeridos para la ejecución de las obras contenidas en el
Acuerdo Distrital 523 de 2013 y Acuerdo Distrital 527 de 2013 […]”.
66. En ese sentido, la entidad territorial relacionó una serie de obras de
infraestructura vial que se construirían en la ciudad, dentro de las cuales se
encuentra la construcción de la Avenida El Rincón desde la Carrera 91 hasta la
Avenida La Conejera (Transversal 97), sector en donde se encontraba ubicado el
inmueble objeto de este proceso.
67. Igualmente, en el artículo quinto del acto administrativo que ordenó la
expropiación administrativa se estableció que, de acuerdo con la Resolución núm.
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 11 de julio de
2019. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Núm. de radicación: 250002324000201200509-01.
54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 12 de diciembre
de 2019. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Núm. de radicación: 250002324000200900249-01.
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0811 de 15 de julio de 201455, expedida por la Secretaría Distrital de Planeación de
Bogotá, el inmueble referido sería destinado para la construcción de dicha obra.
68. En segundo lugar, respecto a la supuesta obligación de establecer un nuevo
precio indemnizatorio distinto a aquel señalado en el avalúo comercial realizado
desde la etapa de negociación, la Sala reitera que el artículo 67 de la Ley 388
establece que “[…] [e]n el mismo acto que determine el carácter administrativo de
la expropiación, se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se
reconocerá a los propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza
para los efectos previstos en el artículo 61 de la presente ley […]”.
69. Así, se tiene que en el citado artículo 61, se prevén las modificaciones al
procedimiento de enajenación voluntaria dentro de las que se incluye que el precio
de adquisición “[…] será igual al valor comercial determinado por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos
privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes […]”; es decir,
contrario a lo señalado por el apelante, el precio del inmueble a incluir en el acto
administrativo que ordena la expropiación administrativa debe ser aquel que cumpla
los lineamientos normativos de la materia, el cual podrá ser el mismo presentado en
la etapa de negociación, sin perjuicio de los ajustes que correspondan en cada caso
específico.
70. En este punto, la Sala señala que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –
IGAC quien -de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 del Decreto 1420 de 1998-
debe establecer los parámetros, criterios y normas metodológicas para la
realización y presentación de los avalúos. Así, en cumplimiento de ello, la entidad
expidió la Resolución núm. 620 de 2008, a través de la cual estableció los
procedimientos para los avalúos señalando los métodos, etapas y fórmulas para su
elaboración y, en este caso concreto, en el avalúo oficial se aplicaron dichas
instrucciones debido a que se trata de indicaciones dadas por la ley.
71. En tercer lugar, frente al argumento de no haber tenido en cuenta la condición
especial en la cual se encontraba la parte demandante, se evidenció en los avalúos
lo siguiente:
55 “[…] Por la cual se define la zona de reserva vial para la Avenida El Rincón desde la Carrera 91 con Calle
128B hasta Avenida La Conejera, y la Avenida El Tabor desde Avenida La Conejera hasta Avenida Ciudad de
Cali y se dictan otras disposiciones […]”.
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Demandantes: Edilberto León Martin y otro
“[…]
Fuente: Información tomada del documento presentado por Edilberto León
Martin y constatada contra base catastral.
[…]
8[.] CONSIDERACIONES GENERALES
Adicionalmente a las características más relevantes del predio, expuesta[s]
anteriormente, se ha[n] tenido en cuenta para la determinación del valor comercial,
las siguientes particularidades:
La localización de la propiedad en estudio en el sector al nororiente de la
Ciudad de Bogotá D.C., Jurisdicción de la Localidad Once (11) de Suba, más
específicamente sobre el costado norte de la Calle 131F, entre Carrera 92 y
la Carrera 93.
La conformación de la zona de estudio por edificaciones desarrolladas por
procesos de autoconstrucción desde una (1) hasta cuatro (4) plantas,
destinadas básicamente al uso residencial.
La presencia en menor escala de usos comerciales de tipo popular,
centralizados en las propiedades que hacen frente a los corredores viales de
ingreso al sector y sobre parte de los primeros pisos de las edificaciones.
La condición normativa que regula la zona de estudio y por ende la propiedad
en estudio, la cual se encuentra definida por la Unidad de Planeamiento
Zonal (UPZ) El Rincón Nº 28, el cual define al predio en el Área de Actividad
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Residencial, Zona Residencial con Actividad Económica en la Vivienda,
Tratamiento de Mejoramiento Integral con Intervención Reestructurante.
El sector presenta una condición socioeconómica media-baja, clasificada
bajo el estrato dos (2) según el Decreto 291 del 26 de Junio de 2013.
El corresponder el bien objeto de avalúo a un predio compuesto por lote y
construcción. Que acorde a la petición del IDU se hace una valoración
TOTAL de la propiedad.
La disposición de tipo Medianero que presenta la propiedad.
La condición singular de la propiedad en estudio, donde el mismo se
encuentra dentro del área de desarrollo e influencia del proyecto vial Avenida
El Rincón.
La condición particular que refiere a la aparente reserva vial, la cual no se
encuentra inscrita en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria del
inmueble, luego en cumplimiento de lo señalado en el Artículo 8 de la
Resolución 620 de 2008, para fines del presente avalúo, dicha afectación
será considerada como inexistente, es decir de analiza el predio en su globo
sin señalar la afectación.
La tipología constructiva, edad y materiales empleados en la construcción de
las unidades que lo componen.
El hecho de contar el sector con acceso por la Avenida Carrera 91, vía con
un sentido exclusivo de sur - norte, generando una conexión inmediata desde
la Avenida Ciudad de Cali y hacia la Avenida Suba. Además de la presencia
de la Carrera 93, con sentido exclusivo de norte-sur, la cual desemboca en
la Avenida Ciudad De Cali.
La información de áreas ha sido tomada de la respectiva Ficha Técnica
Predial aportada por el Instituto de Desarrollo Urbano, para la realización del
presente estudio.
El valor asignado corresponde al valor comercial, entendiendo por valor
comercial aquel que un comprador y un vendedor están dispuestos a pagar
y recibir de contado o en términos razonablemente equivalentes, en forma
libre y sin presiones, en un mercado normal y abierto, existiendo alternativas
de negociación para las partes.
El valor comercial asignado se entiende como valor presente del inmueble
tal y como se encontraba al momento de efectuar la inspección ocular al
mismo.
De acuerdo con el Artículo 19 del Decreto 1420 del 24 de Julio de 1998,
expedidos por el Ministerio del Desarrollo Económico, el presente avalúo
tiene una vigencia de un (1) año a partir de la fecha de expedición de este
informe, siempre que las condiciones extrínsecas e intrínsecas que puedan
afectar el valor se conserven […]”56(Destacado fuera de texto).
72. De lo observado, la Sala considera que el análisis realizado por la Unidad
Especial de Catastro Distrital - UAECD incluyó suficientes elementos específicos del
inmueble para llegar a una conclusión técnica apropiada. Asimismo, en el avalúo se
56Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 2
PRINCIPAL-RESERVADO(.pdf) NroActua 2. Páginas 179,185-186.
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Demandantes: Edilberto León Martin y otro
tuvo en cuenta información aportada por el demandante y la cotejó con aquella
registrada en la ficha catastral del inmueble. Adicionalmente, destacó que el valor
asignado al inmueble corresponde a aquel que un comprador y un vendedor estén
dispuestos a pagar y recibir de contado o en términos razonablemente equivalentes.
73. Asimismo, se destaca lo señalado por esta Sección cuando indicó que “[…]
para poder obtener la reparación de los daños accesorios que hubieren podido
consumarse con la expropiación, es indispensable que los mismos sean ciertos
y que exista necesariamente un nexo de causalidad entre ellos y la decisión
administrativa mediante la cual se decretó la expropiación […] [y que el] agravio
debe estar revestido entonces de certeza para que produzca efectos jurídicos y dé
lugar al resarcimiento, pues todo aquello que constituya una simple conjetura o una
suposición no puede dar lugar a una indemnización […]”57 (Destacado fuera de
texto).
74. En cuarto lugar, ante la manifestación de la incorrección del avalúo sobre que
la misma entidad que lo realizó no podía ser la encargada de recaudar los datos
para analizar el inmueble con el método de reposición y que, si así se hiciere, se
incurriría en desviación de poder; la Sala encuentra que no hubo una única fuente
de información, si bien la Unidad Especial de Catastro Distrital – UAECD tomó
antecedentes de su base de datos como referencia en su estudio, también analizó
datos aportados por la parte demandante y, como adujo en una nota del informe
técnico del avalúo, sin excluir lo anterior, “[…] la fuente de la información [también]
corresponde a los documentos aportados por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
[…]”.
75. Aunado a lo anterior, es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC quien
tiene la facultad de establecer las directrices sobre la tipología de las
construcciones, las cuales consisten en las características de diseño y constructivas
especiales; en ese sentido, ya es una tipología establecida de acuerdo a los
lineamientos de la entidad encargada a nivel nacional y, en el ejercicio de realizar
el avalúo comercial en el Distrito de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital de Bogotá – UAECD brindó los costos sin que con ello se incurriera
en desviación de poder, parcialidad o subjetividad en el ejercicio de sus funciones.
57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia Margoth Peña
Garzón; sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de radicación: 08001233100019971225601
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76. En quinto lugar, la parte demandante adujo que no se tuvo en cuenta que el
inmueble no era estrato dos; sin embargo, la Sala encuentra que la modificación del
estrato ocurrió mediante Resolución núm. 0028 de 201558, expedida por el Director
de Estratificación de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, “[…] generando
cambio de estrato de dos (2) a tres (3) a la manzana 00920471 […]” y la
estratificación vigente al momento de la elaboración del informe técnico del avalúo
fue de un inmueble estrato dos.
77. La Sala señala que, si bien los efectos de la Resolución núm. 0028 de 2015
inician a partir de su expedición, es decir, el 25 de mayo de 2015; la Resolución
núm. 34477, que ordenó la expropiación administrativa del inmueble, fue expedida
el 19 de mayo de 2015 y se elaboró con fundamento en un avalúo realizado el 22
de octubre de 2014 y aclarado el 19 de mayo de 2015.
78. En ese sentido, el avalúo debió realizarse conforme al estrato legalmente
establecido en ese entonces, tal como se procedió en este caso concreto, y si bien
se modificó el estrato, ello ocurrió posterior a la realización del avalúo y a la orden
de expropiación. Lo anterior no constituye un argumento válido para modificar el
valor de la indemnización debido a que, conforme al numeral 7° del artículo 22 del
Decreto 1420 de 1998, el estrato vigente para el predio en mayo de 2015 era el
estrato 2 y, en consecuencia, el avalúo debe basarse en esa estratificación.
79. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado en reiteradas
oportunidades que el precio indemnizatorio del avalúo está amparado por la
presunción de legalidad, por cuanto este es incorporado al acto administrativo que
ordena la expropiación y, por ese motivo, la parte demandante tiene la carga de
probar cuál es error o la incorrección del avalúo oficial.
80. La Sala trae a colación lo mencionado por esta Sección59, respecto a la
presunción de legalidad del avalúo presentado en los procedimientos de
expropiación por la vía administrativa y la obligación de la parte demandante de
demostrar en el proceso judicial los errores que se cometieron en ese avalúo,
advirtiendo lo siguiente:
“[…] En este punto, la Sala considera relevante precisar el alcance de la carga que
recae sobre el demandante, atendiendo las presunciones de que gozan los actos de
la administración; no basta entonces con que se argumente que los mismos no
58 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 2. Páginas 108-113.
59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 14 de septiembre
de 2020. C.P. Oswaldo Giraldo López. Núm. de radicación: 050012331000200700419-01.
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cumplieron con lo determinado en la norma para atacar la presunción de legalidad
y veracidad de que goza el avalúo oficial. Resulta indispensable que la parte
demandante indique el defecto en que se ha incurrido y cuál es el impacto en el
precio que se ofreció por la administración conforme las normas que regulan la
materia.
Así las cosas, la Sala no comparte las apreciaciones de la parte apelante respecto
del avalúo utilizado por el Municipio de Medellín para fijar el valor del precio
indemnizatorio, pues no se desvirtuó su presunción de legalidad y, por el contrario,
se puede concluir que el avalúo acogió las reglas determinadas en la normatividad
aplicable para su determinación […]”.
81. Al respecto, en el dictamen pericial de 6 de agosto de 2018, realizado por el
avaluador Rigoberto Acosta Tarazona, se indicó como inconformidad que el Instituto
de Desarrollo Urbano – IDU “[…] no tuvo en cuenta otro concepto pues de manera
unilateral al IGAC, desconociendo que podrían haber realizado una licitación con
Unilonjas o peritos privados para así obtener otro concepto más ajustado a la
realidad y así llegar a promediar, pues se dejó al arbitrio y autoritarismo de la
Administración Distrital […]”; sin embargo, se reitera que el avalúo oficial realizado
por la Unidad Especial de Catastro Distrital - UAECD fue elaborado por una entidad
que está legalmente facultada para adelantar dicha actividad.
82. En el dictamen, se aplicó el método de comparación de mercado para la
evaluación del terreno y para la evaluación de las construcciones aplicó el de costo
de reposición; sin embargo, utilizó un método distinto debido a que en el avalúo
oficial para determinar el “[…] valor comercial de otras construcciones o anexos en
estudio y de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1420 del 24 de julio de 1998
[…] y su correspondiente Resolución Reglamentaria No. 0620 de octubre de 2008,
expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, así como también por las
premisas básicas del presente informe, se utilizó el método de reposición […]”
(Destacado fuera de texto).
83. Así, se encuentra que el dictamen allegado por la parte demandante no lográ
desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados, toda vez que no se
precisaron los errores de los avaluos aportados por la entidad demandada y
respecto de las construcciones se dice que se utilizó el método de costo o de
reposicion, sin indicar la fuente de información o la prueba que concluya que el valor
asignado realmente corresponda al fijado en el dictamen.
84. En este caso, si bien se presentó un avalúo comercial realizado el 19 de enero
de 2015 por la firma Sarmiento & Osorio Soluciones Inmobiliarias60 y un dictamen
60Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 2. Páginas 77-90.
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Demandantes: Edilberto León Martin y otro
pericial de 6 de agosto de 201861, realizado por el avaluador Rigoberto Acosta
Tarazona, la Sala no encontró desvirtuada la presunción de legalidad por cuanto la
información registrada en el avalúo oficial cumplió los elementos requeridos en la
normativa y se encuentra acorde con los estudios técnicos propios del bien inmueble
objeto del presente proceso.
85. En virtud de lo señalado, en el caso sub examine el apelante indicó que se
configuró el vicio de la falsa motivación y desviación de poder en los actos
administrativos demandados; sin embargo, por lo mencionado supra en el análisis
de cada argumento, la Sala no evidenció la configuración de una alteración a la
realidad o una interpretación errónea y, en ese sentido, no encontró desvirtuada la
certeza de las decisiones de la administración por cuanto en el proceso no se
demostró que el avalúo oficial sea incorrecto.
86. La Sala considera que el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, en el caso sub
examine, formuló la motivación de las Resoluciones núms. 34477 de 19 de mayo,
50426 de 7 de julio, 58213 de 21 de agosto y 62351 de 14 de octubre de 2015, de
conformidad con las normas que rigen la expropiación administrativa, explicando de
manera clara y precisa los supuestos fácticos y jurídicos que fundamentaron la
decisión, así como el interés general que motivó la expedición de los actos y la
idoneidad de las entidades que allí intervinieron; por lo tanto, el cargo de falsa
motivación de los actos acusados y de desviación de poder no están llamados a
prosperar frente a las resoluciones demandadas.
Conclusiones
87. La Sala considera que la parte demandante no desvirtuó la presunción de
legalidad de los actos acusados; en consecuencia, se confirmará la sentencia
proferida, en primera instancia.
Condena en costas
88. Vistos los artículos 18862 de la Ley 1437 y 365 de la Ley 1564, sobre la
condena en costas y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y a que
en el expediente no aparecen causadas ni probadas, la Sala no condenará en
costas a la parte demandante.
61 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 2
PRINCIPAL-RESERVADO(.pdf) NroActua 2. Páginas 37-71.
62
Adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Núm. único de radicación: 250002341000201600699-01
Demandantes: Edilberto León Martin y otro
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN
respecto de la Resolución núm. 108915 de 12 de diciembre de 2014, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 17 de marzo de 2023 por la
Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Aclara voto
Consejera de Estado Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto Consejero de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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