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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-01278-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-01278-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas, en esta instancia, a la parte demandante y en favor del IDU, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de $571.240 (equivalente al 0,2% del valor de las pretensiones), la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte actora. CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2016-01278-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01278-01
Actores: MARÍA TERESA ALFONSO Y LUIS ALBERTO MOLINA GARZÓN

TESIS: CONFIRMA SENTENCIA RECURRIDA. NO FUE DESVIRTUADA
LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
MEDIANTE EL CUAL FUE EXPROPIADO EL PREDIO DE LOS
ACTORES.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte

actora contra la sentencia de 8 de octubre de 2020, proferida por el

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,

Subsección “A”1, que denegó las pretensiones de la demanda y

condenó en costas a la parte actora.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- Los señores María Teresa Alfonso y Luis Alberto Molina

Garzón, actuando por conducto de apoderado, promovieron

demanda ante el Tribunal, en ejercicio de la acción especial de

1
En adelante el Tribunal.

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nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 71

de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el artículo 138 del

CPACA, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las

resoluciones núms. 61782 de 8 de octubre de 2015, «por la cual

se ordena una expropiación por vía administrativa», y 64297

de 12 de noviembre de 2015, «por la cual se resuelve un

recurso de reposición», expedidas por el Instituto de

Desarrollo Urbano - IDU2.

A título de restablecimiento del derecho, los actores elevaron las

siguientes pretensiones:

«[…]2. Que de acuerdo con el Parágrafo 2 del artículo 67 de la
Ley 388 de 1997, se declare que mis mandantes se encuentran
exentos de los pagos tributarios que por razones de
expropiación administrativa le obligaron a cancelar, toda vez
que sí, optaron por la vía contenciosa administrativa, fue por la
necesidad a que los llevó el Instituto de Desarrollo Urbano IDU,
al ofertar un precio injusto, así como por la falta de
negociación, más no por capricho de la demandante.

3. Que como consecuencia de lo anterior se condene al
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, a ajustar el precio
y así pagar a mis mandantes MARIA TERESA ALFONSO Y LUIS
ALBERTO MOLINA GARZON, los valores que en adelante
relaciono y/o de conformidad con lo que resulte probado en el
proceso; montos que han de ser actualizados en su valor.

3.1. DAÑO EMERGENTE

3.1.1. La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOS
PESOS M/cte, ($285.620.240.00), (sic) por ajuste al valor

2
En adelante el IDU.

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ordenado y pagado con la Resolución No. 64297 del 20 de
noviembre de 2015, por concepto de terreno y construcción del
inmueble ubicado en la Calle 127 C No. 89 -40 de Bogotá,
identificado con cédula catastral 009218371200000000, CHIP
AAA0132YSUZ y matrícula inmobiliaria 50N-20110407.

3.1.2. La suma que corresponda al pago de Notaría y Registro
por la compra que deba realizar mi mandante en reposición del
bien expropiado, como Gastos Notariales proporcional al valor
que se declare en la sentencia, así: Gastos Notariales: 3X1000;
Iva Gastos Notariales: (16%); Gastos de Escrituración; Gastos
de Registro 0.5 %; Beneficencia: (1.%).

3.1.3. Los Gastos de Desconexión de los Servicios Públicos así:
Energía Codensa Retiro de 2 acometidas y 2 medidores.
Conexión residencial $182.944.00; - Acueducto EAAB Un
medidor con suministro de tapón macho de hg $171.460.00.

3.1.4. El valor de SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL
QUINIENTOS SEIS PESOS M/cte ($7.141.506.00) equivalente
al 2.5% que le retuvo el Instituto de Desarrollo Urbano IDU,
por enajenación de bienes Raíces, toda vez que la aplicación de
la tabla de la tarifa tributaria ha sido aplicada de manera
indebida, ya que mis mandantes deben ser exentos de la
misma por ser expropiación por vía administrativa por la
decisión unilateral y arbitraria del precio ofertado y pagado por
parte del IDU, y que en el peor de los casos la retención
correspondería al 1.5%. máxime cuando no se evaluó de
manera individual la retención, sino que lo tomaron como si los
dos fueran uno solo.

3.1.5. El valor que se determine a través de perito designado
por el Honorable Tribunal, donde se avalúe o calcule el valor de
la Plusvalía no reconocido en la indemnización y que eleva el
precio del bien expropiado por el anuncio del proyecto, y que
de no haber sido expropiado y al cual tienen derecho por haber
cancelado la valorización que les cobro la misma entidad aquí
demandada.

3.2. LUCRO CESANTE

El Valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS PESOS M/cte ($1.833.800.00) equivalente al
20% de Retención que les realizo el IDU de los dineros que
reconocieron como Lucro Cesante, en razón a que no hay
justificación legal para retener dineros por ingreso de
arrendamiento.

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4. “A la sentencia que le ponga fin al proceso se le dará
cumplimiento en los términos de los artículos 192 del C.C.A
[…]».

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, la parte actora

señaló los siguientes:

Manifestaron que mediante Escritura Pública núm. 18334 de 23 de

diciembre de 1992, adquirieron el lote de terreno ubicado en la

Calle 127C # 89 – 40 de Bogotá D.C., marcado con el número 12,

manzana “K”, sobre el cual construyeron una vivienda de cuatro

plantas.

Agregaron que mediante la Resolución núm. 44158 de 18 de junio

de 2015, el IDU formuló oferta de compra sobre el inmueble

aludido por valor comercial del terreno y la construcción de

$285.620.240; por daño emergente la suma de $6.388.186; y por

concepto de lucro cesante $5.929.000, conforme al avalúo núm.

2014-1546 de 25 de septiembre de 2014, elaborado por la Unidad

Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD3.

Comentaron que agotada la etapa previa, el IDU expidió la

Resolución núm. 61782 de 8 de octubre de 2015, «por la cual se

ordena una expropiación por vía administrativa», con

3
En adelante la UAECD.

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fundamento en el régimen de la Ley 388 de 18 de julio de 1997 4,

respecto del inmueble aludido, por un valor de $ $300.142.284

especificado así:

• $ 285.620.240 por el avalúo comercial terreno y construcción

• $ 5.353.044 por daño emergente

• $ 9.169.000 por lucro cesante

Anotaron que, inconformes con lo anterior, interpusieron recurso de

reposición contra la referida decisión, cuestionando el método

utilizado para fijar el precio del metro cuadrado, el cual fue decidido

mediante la Resolución 64297 de 20 de noviembre de 2015,

que confirmó en todas sus partes la Resolución 61782 de 8 de

octubre del mismo año.

Agregaron que de la suma reconocida fueron descontados

$7.140.506, por concepto de retención por enajenación del bien

raíz a una tasa del 2.5%, además de $1.833.800.00, por concepto

de retención por los ingresos del lucro cesante, pese a que en la

resolución de expropiación, se señalaron otros descuentos, lo cual,

redujo ostensiblemente el valor ofertado.

4
“Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.

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I.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la vulneración

de los artículos 2º, 4º, 6º, 13, 58, 83 y 124 de la Constitución

Política; 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el

Ciudadano de 1789; 21.2 de la Convención Americana de Derechos

Humanos; 68 y artículo 70 (numerales 2 y 4) de la Ley 388; y 2º,

3º y 22 (numeral 7 y literal b) del Decreto 1420 de 24 de julio de

19985.

Manifestaron que los actos administrativos acusados incurrieron en

falsa motivación, por cuanto, en su sentir, el IDU dejó de pagar

una indemnización justa y la determinación de esta se soportó en

un avalúo comercial que presentaba graves falencias.

Señalaron que el avalúo y su manejo dentro del procedimiento

administrativo desconoció, entre otros, criterios normativos del

Decreto 1420 de 1998, además de que el IDU impuso el resultado

obtenido por la UAECD, sin dar conocer sus conclusiones,

aclaraciones y adiciones, ni los elementos que condujeron al

resultado, lo que desnaturaliza el concepto de valor comercial

previsto en la norma.
5
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del
Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de
1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”.

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Explicaron que los actos controvertidos desconocieron el numeral 2

del artículo 70 de la Ley 388, que impone a la entidad expropiante

la obligación de poner a disposición inmediata del expropiado el

valor correspondiente del precio indemnizatorio, y que si el

particular no lo retira dentro del término legal debe consignarse a

su disposición; obligación que, en su criterio, no se cumplió, habida

cuenta que el IDU no puso a disposición inmediata el valor

indemnizatorio, pues la orden de pago se expidió el 28 de

noviembre de 2015, el comprobante se emitió el 14 de diciembre y

el cheque se entregó el 23 de diciembre de ese mismo año, pese a

existir reserva presupuestal desde el 18 de septiembre de 2014,

por lo cual, dicha actuación desconoció el carácter inmediato del

pago exigido por la norma, sin que la entidad pudiera excusarse en

trámites internos para justificar el incumplimiento del deber legal.

Indicaron que, debido a lo anterior, también se infringió el numeral

4 de la norma aludida el cual, en su criterio, prevé que, si no se

ponen a disposición del propietario los valores en los términos allí

indicados, la decisión de expropiación no produce efecto alguno y la

entidad debe surtir nuevamente el procedimiento expropiatorio,

pues la entrega del pago se produjo aproximadamente dos meses

después de la ejecutoria del acto.

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Agregaron que conforme con los artículos 2º, 4º, 6º, 13, 58, 83 y

124 de la Constitución Política, el IDU tenía el deber de actuar con

sujeción a los fines esenciales del Estado y a los principios de buena

fe e imparcialidad, garantizando la efectividad de los derechos y el

cumplimiento de los presupuestos sustanciales previstos por la ley.

Afirmaron que la conducta omisiva de la entidad demandada generó

un enriquecimiento ilícito de la administración y el correlativo

empobrecimiento que recayó sobre ellos, afectando su derecho de

propiedad y el carácter previo y justo de la indemnización.

Cuestionaron que el avalúo hubiera desconocido variables que, en

su criterio, son exigibles para una estimación comercial como la

estratificación socioeconómica, la edad de materiales, acabados y

vida útil.

Insistieron en que, en materia de expropiación, el derecho a la

propiedad exige una indemnización previa y justa, para lo cual

además citó como referentes los artículos 17 de la Declaración de

los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y 21.2 de la

Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto al deber

de indemnizar los perjuicios derivados de la transferencia forzada

del dominio.

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II.- TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL

II.1.- Admisión. La demanda fue admitida por el Tribunal

mediante proveído de 25 de noviembre de 2016, admitió la

demanda y tuvo como parte demandada al IDU.

II.2.- Contestación de la demanda

II.2.1.- El IDU afirmó que las actuaciones cuestionadas no

desconocieron las normas invocadas, toda vez que el procedimiento

de expropiación administrativa se ajustó plenamente al marco

constitucional y legal vigente, en particular al artículo 58 de la

Constitución Política, la Ley 9ª de 11 de enero de 19896, la Ley 388

de 1997, el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución IGAC 620 de 2008,

por lo que el trámite se desarrolló con observancia del debido

proceso, garantizando el derecho de defensa de los propietarios y

reconociendo una indemnización previa y justa, determinada con

fundamento en un avalúo practicado por un tercero especializado y

ajeno a esa entidad.

Indicó que la expropiación se llevó a cabo para la obra de la Avenida

El Rincón, desde la Avenida Boyacá hasta la Carrera 91 por la Calle

125, en atención al interés general, sin que se hubiesen desconocido
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“Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de
bienes y se dictan otras disposiciones”.

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los fines estatales ni incurrido en falsa motivación o desviación de

poder, y sin desconocer el derecho a la indemnización del propietario.

Afirmó que la oferta económica se ajustó al avalúo elaborado por la

UAECD, practicado por profesionales especializados con competencia

normativa para tal efecto, conforme al artículo 61 de la Ley 388 de

1997, el artículo 12 del Decreto 1420 de 1998 y las disposiciones

reglamentarias aplicables, por lo que la indemnización reconocida

tiene naturaleza reparatoria y compensatoria, determinada con

criterios objetivos y técnicos, y que la parte demandante no acreditó

que el monto fijado desconociera ese carácter ni que se hubiese

configurado un detrimento patrimonial imputable a la administración.

Frente al avalúo aportado por la parte actora, elaborado por la firma

Sarmiento & Osorio, adujo que este no aplicó los métodos valuatorios

previstos en la Resolución 620 de 2008 expedida por el IGAC, al

tomar como referencia el valor del metro cuadrado bajo supuestos

propios del régimen de propiedad horizontal, considerando

únicamente el área construida y aplicando el método de costo de

reposición, pese a que el inmueble objeto de expropiación no se

encontraba sometido a dicho régimen, toda vez que, conforme al

artículo 13 de la citada resolución, en tales casos deben valorarse de

manera independiente el terreno y la construcción, empleando las

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técnicas autorizadas por la normativa valuatoria, por lo que el

informe allegado por la actora incurre en error grave de

procedimiento.

Afirmó que no era procedente acudir a fuentes abiertas como metro

cuadrado, finca raíz o la guía.com, por tratarse de indicadores

generales que no permiten clasificar ni depurar variables relevantes

del mercado inmobiliario.

Explicó que el avalúo aportado con la demanda presentaba

inconsistencias metodológicas frente a los estándares técnicos,

relativos a la explicación de los métodos de comparación o mercado y

de costo, áreas y variables relevantes, de modo que no era idóneo

para desvirtuar el avalúo oficial que soportó la actuación.

Concluyó que, tratándose de un inmueble no sometido al régimen de

propiedad horizontal, el valor del terreno debía calcularse de manera

independiente, cuestionando que el informe técnico aportado por la

parte actora no aplicara los métodos valuatorios establecidos en la

Resolución 620 del IGAC.

Adicionalmente, propuso las excepciones denominadas: i) «Falta de

elementos que desvirtúen la presunción de legalidad del acto

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administrativo atacado», respecto de la cual dijo que las

resoluciones demandadas están amparadas por la presunción de

legalidad, conforme la motivación técnica del avalúo comercial y sus

ajustes, de manera que despliegan efectos mientras no sean

anulados por la jurisdicción; ii) «Cumplimiento de los requisitos

constitucionales y legales para la determinación del precio

indemnizatorio», frente a la cual refirió que el precio indemnizatorio

fijado en el acto de expropiación se soportó en un informe técnico, el

marco del artículo 58 constitucional y la Ley 388, con reconocimiento

de los rubros respectivos, sin que fuera admisible imponer ajustes

por fuera del procedimiento ni sustituir el avalúo técnico por

apreciaciones sin soporte; y iii) «Cumplimiento de los requisitos

legales para la elaboración del avalúo e inexistencia del

resarcimiento por aplicación debida de la norma», del que

indicó que el avalúo que sirvió de fundamento para la indemnización

fue elaborado por autoridad competente, conforme a la metodología

y normativa aplicable al régimen de avalúos, además que se

tramitaron las solicitudes del demandante mediante el traslado a la

entidad técnica y que el avalúo fue aclarado y complementado en los

hitos señalados.

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III.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Mediante sentencia de 8 de octubre de 2020, el Tribunal denegó

las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte

actora.

Luego de destacar que la inconformidad de la parte actora incumbía

a la presunta falsa motivación y desviación de poder de los actos

demandados, por no pagarse un precio indemnizatorio justo,

advirtió la improcedencia del reproche relacionado con el hecho de

no haberse puesto a disposición de los expropiados los recursos

correspondientes al precio indemnizatorio y sin que hubiera lugar a

surtir un nuevo procedimiento expropiatorio, conforme con lo

previsto en los numerales 2 y 4 del artículo 70 de la Ley 388 de

1997.

Al respecto, señaló de las pruebas obrantes en el proceso,

concretamente el acta de 28 de diciembre de 2015 se advertía que

se entregó a los actores un sobre sellado con el número de

identificación del pago solicitado al Banco de Occidente el 21 de

diciembre de 2015, para reclamar el respectivo cheque en la

sucursal Avenida 19, por la suma de $145.583.989, la cual fue

cobrada por ellos en esa misma fecha.

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Sostuvo que, con anterioridad a la suscripción del acta

correspondiente, la Dirección Técnica Financiera del IDU expidió la

orden de pago núm. 5021 de 4 de diciembre de 2015 y que,

conforme a lo previsto en el artículo 3º de la Resolución 49637 de

2015, el desembolso del valor indemnizatorio se encontraba

condicionado al cumplimiento de los trámites financieros

pertinentes, lo cual evidenciaba que tales actuaciones se surtieron

en debida forma, de modo que el precio fue puesto a disposición de

la parte actora y posteriormente reclamado por esta, sin que se

configurara la vulneración alegada.

Analizó el dictamen oficial, elaborado por la UAECD, sobre el

inmueble objeto de expropiación y describió los componentes

técnicos del mismo, precisando que, respecto del lote de terreno, se

aplicó el método de comparación o de mercado, con estudio de

mercado de predios de similares características del mismo sector

catastral y aledaños, descontando el valor de la construcción y

aplicando tratamiento estadístico conforme al artículo 11 de la

Resolución IGAC 620 de 2008, y determinando un valor unitario de

$1.150.000 por m² para un área de 72 m².

Explicó que, para el componente de construcción, se empleó el

método de costo de reposición, tomando como referencia tipologías

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de construcción de la UAECD, aplicando depreciación según lo

previsto en la tabla “Fitto & Corvini” y un estado de conservación

conforme a lo observado en la visita, y aplicando la fórmula de

depreciación prevista en el artículo 37 de la Resolución IGAC 620 de

2008; frente a lo cual añadió que el avalúo consideró un área total

construida de 345.52 m² para los pisos 1 a 5, con un valor unitario

de $587.000 por m².

Destacó que el avalúo oficial consolidó los valores así:

$285.620.240 por “terreno y construcción”; $9.169.000 por “lucro

cesante”; y $5.353.044 por “daño emergente”; para un total de

$300.142.284, precisando además que dicho avalúo oficial fue el

único dictamen pericial reconocido dentro del proceso.

Advirtió que al haberse prescindido de los dictámenes periciales

allegados por la parte demandante y del elaborado por un auxiliar

de la justicia y al no existir un dictamen técnico que permitiera

comparar o desvirtuar la legalidad del avalúo oficial, la parte actora

no logró desvirtuar lo señalado por la UAECD, pues la demanda

carecía de sustento probatorio y se limitó a aseveraciones que no

fueron demostradas, sin lograrse desvirtuar la legalidad del avalúo

oficial que sirvió de base para los actos demandados.

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Indicó que, en desarrollo de la sentencia C-476 de 2007, la

administración debe ponderar, en cada caso, los intereses de la

comunidad y del interesado para determinar el valor y la forma de

pago, y que el legislador, al regular el artículo 67 de la Ley 388 de

1997, fijó parámetros de afectación máxima (pago en efectivo no

inferior al 40%, saldo en contados y documentos de deber, y

plazos), confiriendo discrecionalidad reglada a la administración

para definir, dentro de límites, la forma de pago que resulte justa.

Respecto a la presunta omisión de pago de la totalidad del daño

emergente conforme a la Ley 1682 de 2014, señaló que, en la

Resolución 61782 de 2015, el IDU descontó ciertos rubros

inicialmente incluidos en la oferta, tales como gastos notariales,

registro, desconexión de servicios públicos, traslado de bienes

muebles e impuesto predial, por no haberse demostrado su

causación efectiva.

Precisó que la indemnización no tiene por objeto cubrir todos los

costos necesarios para que el propietario adquiera un bien de

similares características al predio expropiado, ni incluye el

reconocimiento de perjuicios morales, y que su determinación exige

ponderar los intereses de la comunidad y del afectado.

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Descartó que factores como el incremento del valor de los

inmuebles en la ciudad, el tiempo invertido en la construcción o

circunstancias familiares ordinarias constituyeran parámetros

obligatorios para fijar el monto indemnizatorio, al no tratarse de

supuestos de especial protección constitucional.

Indicó que la vetustez del inmueble fue considerada en el avalúo, al

establecerse una edad aproximada de veinte (20) años y aplicarse

las metodologías de depreciación correspondientes.

En cuanto a la estratificación socioeconómica del inmueble, señaló

que, al momento de la visita técnica y elaboración del avalúo, el

inmueble se encontraba clasificado en estrato 2 conforme al

Decreto Distrital 291 de 2013, vigente para la época, y que la

modificación posterior a estrato 3 no afectaba la legalidad del

avalúo.

Agregó que el avalúo oficial sí tuvo en cuenta todos y cada uno de

los criterios legales establecidos en la Ley 388, el Decreto 1420 de

1998 y la Resolución IGAC 620 de 2008.

Concluyó, en suma, que no se desvirtuó la presunción de legalidad

del avalúo oficial, que no se acreditó la configuración de falsa

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motivación ni de desviación de poder y que la indemnización

reconocida se ajustó a los parámetros constitucionales y legales

aplicables, razón por la cual negó las pretensiones de la demanda.

IV.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora recurrió la sentencia proferida en primera instancia,

para lo cual manifestó, que el Tribunal incurrió en omisión y

desconocimiento de las pretensiones y, además, reiteró la ilegalidad

de los actos administrativos demandados.

Explicó que el a quo desconoció que el medio de control no fue

ejercido con ocasión de la vulneración de un derecho distinto, sino

con el propósito específico de controvertir el precio indemnizatorio y

obtener el reconocimiento de un valor justo en su favor, toda vez

que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si el

valor pagado por concepto de indemnización era justo.

Reprochó que el a quo hubiera otorgado valor determinante al

Avalúo 2014-1546 de 25 de septiembre de 2014 elaborado por la

UAECD, y que, a partir de ello, concluyó que no se desvirtuó la

legalidad del avalúo oficial que sirvió de base para los actos

demandados, pues, en su criterio, tenían muchas falencias.

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Alegó que el avalúo oficial, en lo referente a la construcción, aplicó

el método de reposición con “costos por tipología” elaborados por la

propia UAECD, lo que, a su juicio, impedía afirmar imparcialidad u

objetividad, por provenir la tipología de la misma entidad que

realizó el avalúo y por su naturaleza descentralizada del Distrito,

advirtiendo además que no había claridad sobre el origen de la

tipología empleada.

Señaló que, aun aceptando el método de reposición, el mismo debió

sustentarse con costos actuales de un bien semejante, menos

depreciación física y por estado de conservación, pero, que por el

contrario, no existía certeza sobre la descripción de materiales,

pues se observaron valores generalizados por tipología sin

explicación del origen de los resultados.

Indicó que, inconforme con lo anterior, allegó el avalúo comercial

núm. 9885 de 20 de octubre de 2014, elaborado por la firma

Sarmiento y Osorio, que arrojó un valor diferente y que incluyó

soportes claros y métodos sin falencias, con inspección directa del

inmueble por la perito Diana Patricia Osorio; no obstante, no fue

tenido en cuenta ni estudiado “a fondo”, por lo que solicitó su

valoración.

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Argumentó que la indemnización administrativa debía ser justa,

equilibrada e integral, considerando el valor del inmueble, los daños

y perjuicios, e invocó la sentencia C-1074 de 2002 para reiterar

que, tanto por vía administrativa como judicial, la indemnización

debía ser previa y justa, con finalidad reparatoria, e incluir los

valores correspondientes al lucro cesante y al daño emergente, sin

que la misma se encontrara sujeta a apreciaciones subjetivas de la

entidad expropiante.

Afirmó que, pese a haberse solicitado en la demanda el

reconocimiento de una indemnización integral acorde con la

realidad, ese aspecto no fue verificado probatoriamente por el

Tribunal, porque la sentencia controvertida se limitó a otorgar

valor probatorio al avalúo UAECD sin profundizar en métodos,

depreciación o vetustez, y sin realizar un análisis completo de dicho

avalúo, por lo que pidió ponderar el derecho a la igualdad y valorar

tanto el avalúo oficial como el aportado con la demanda.

Insistió en que la demanda fue promovida con el propósito de

controvertir el precio indemnizatorio fijado por la administración y

de obtener el reconocimiento de un “precio justo” en su favor. En

tal virtud, reformuló el eje del debate en torno a determinar si el

valor efectivamente pagado a título de indemnización satisfacía el

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estándar de justicia exigido en materia expropiatoria.

Adujo que el Tribunal no precisó cuál era el método de valoración

aplicable al asunto ni explicó el origen de los precios de

construcción empleados por la UAECD, pues si bien se hizo

referencia al método utilizado, no se expuso de manera clara la

forma en que se arribó a los valores finalmente adoptados.

Arguyó que los actos demandados carecían de debida motivación,

pues no se advierten razones suficientes sobre: (i) los motivos de

utilidad pública o interés social ni (ii) las condiciones de urgencia

invocadas para justificar la expropiación, por lo que estimó

incumplido el contenido del numeral 3 del artículo 68 de la Ley 388

de 1997.

Reiteró que la finalidad de la expropiación administrativa era

permitir avanzar en obras urgentes, mas no conferir a las entidades

poder para fijar precios; además, cuestionó que se hubiera

delegado en la UAECD la atribución de fijar el daño emergente y el

lucro cesante, sin que existiera fundamento legal para que esos

valores los determinara el perito, pese a que la Ley 1682 de 2013

establece la integralidad de la indemnización.

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Expresó que el Tribunal “[…] solo tuvo en cuenta el avalúo

comercial realizado por la UAECD, dándole todo el valor probatorio

y legal sin consultar ni profundizar sobre los métodos, depreciación

o vetustez aplicado en el mismo […]”.

Expuso que hubo desconocimiento del numeral 7 del artículo 22 del

Decreto 1420 de 1998, habida cuenta que el inmueble objeto de

expropiación fue valorado con fundamento en una estratificación

socioeconómica correspondiente al estrato 2, pese a que le

correspondía el estrato 3, circunstancia que habría incidido

negativamente en la determinación del valor comercial del bien.

Mencionó que dicha clasificación se encontraba “congelada” por

decisión del Distrito y que el avalúo oficial se elaboró con base en

ese estrato, lo que generó una disminución del precio

indemnizatorio reconocido y que este cuestionamiento no fue objeto

de pronunciamiento en la sentencia de primera instancia, por lo que

el debate sobre la incidencia de la estratificación en la

determinación del valor comercial permanece sin resolución de

fondo.

Solicitó analizar y valorar “[…] las pruebas en contexto, en igualdad

con la parte demandada, que las exigencias para el avalúo aportado

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con la demanda y el presentado por el perito designado por el

despacho, sean las mismas para el presentado por la UAECD, que

se haga pronunciamiento del por qué se aplica el error grave en

estos, y como conlleva a la conclusión de prosperar dichos errores

graves, como concatenados todos los requisitos exigidos por el

Decreto 1420 de 1998, en todos los avalúos […]”.

Finalmente solicitó revocar la sentencia recurrida por considerar

que el Tribunal no la fundamentó debidamente y, en su lugar,

acceder a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las

pruebas aportadas.

V.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

V.1. La actora reiteró los argumentos expuestos en el recurso de

apelación y enfatizó en que, contrario a lo señalado por el Tribunal

en la sentencia de primera instancia, se debe reconocer un monto

de indemnización justo, acorde a sus derechos como expropiada.

V.2. El IDU solicitó confirmar el fallo apelado, habida cuenta que

las pretensiones de la actora no tienen vocación de prosperidad.

V.3. El Ministerio Público emitió concepto solicitando denegar las

pretensiones, pues no existen elementos de juicio para declarar la

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nulidad de los actos administrativos demandados.

Sostuvo que el IDU actuó adecuadamente al facultar a la UAECD

para realizar el avalúo oficial catastral, de la misma manera notificó

a las partes y efectuó el pago de la indemnización que le

correspondía legalmente, esperando se realizaran los trámites

administrativos pertinentes para expedir de forma oportuna los

cheques y que los mismos fueran reclamados por cada uno de los

demandantes afectados.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para resolver la presente controversia, se abordará el análisis de los

siguientes aspectos: i) la competencia; ii) el planteamiento del

problema jurídico; iii) los actos administrativos demandados; iv)

generalidades del procedimiento de expropiación administrativa; y

v) el análisis del caso concreto.

VI.1.- Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la

Constitución Política, en el artículo 150 del CPACA y en el artículo

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137 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20198, la Sección Primera

del Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda

instancia, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera

instancia por los tribunales administrativos.

VI.2. El planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la

sentencia de 8 de octubre de 2020, proferida por la Sección

Primera, Subsección “A”, del Tribunal, de conformidad con los

aspectos que fueron objeto de impugnación en el recurso de

apelación presentado por la parte actora.

VI.3. Los actos administrativos demandados y su contenido

El objeto del presente proceso recae sobre la legalidad de los

siguientes actos administrativos:

➢ Resolución 61782 de 8 de octubre de 2015

«[…] POR LA CUAL SE ORDENA UNA EXPROPIACIÓN POR VÍA
ADMINISTRATIVA

[…]

7
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del
cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los
artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.

8
“[…] Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”

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CONSIDERANDO:

[…]

Que declaradas las condiciones de urgencia y con base en lo
previsto en el artículo 59 de la ley 388 de 1997, el artículo 455
del Decreto Distrital 190 de junio 22 de 2004 y el artículo 2 del
Decreto 316 del 19 de julio de 2007, el INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO, como Establecimiento Público del orden
Distrital, creado por el Acuerdo 19 de 1.972 del Concejo de
Bogotá, es el encargado de ejecutar las obras viales y de
espacio público para el desarrollo urbano de la capital y goza
de la competencia para decretar la expropiación de inmuebles
con miras al cumplimiento de los fines previstos por el artículo
63 de la Ley 388 de 1.997, dentro de las cuales se encuentra el
inmueble ubicado en la CL 127C N° 89 40 de la ciudad de
Bogotá D.C., con cédula catastral 009218371200000000
CHIP AAA0132YSUZ y matrícula inmobiliaria 50N-20110407
conforme al registro topográfico número 40855, donde
aparece debidamente delimitado y alinderado, en un área de
72.00M2 de terreno, una construcción de 345.52 M2.

Que, en virtud de dicha competencia, y al tenor de lo dispuesto
en el artículo 66 de la ley 388 de 1997, la Dirección Técnica de
Predios del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO expidió la
Resolución No. 44158 de 18 de junio de 2015, por la cual se
formuló una oferta de compra sobre el predio antes
identificado, dirigida a los señores LUIS ALBERTO MOLINA
GARZON, identificado con cédula de ciudadanía N° 17.006.970
y MARIA TERESA ALFONSO identificada con cédula de
ciudadanía N' 41.669.211 titulares del derecho real de dominio,
notificados personalmente el día 14 de julio de 2015.

[…]

Que mediante radicado IDU N' 20155261116202 de fecha 14
de agosto de 2015 la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital, Gerencia de Información Catastral,
Subgerencia de Información Económica, remitió adición del
avalúo comercial 2014-1546 de fecha 12 de agosto de 2015,
incrementado el valor del lucro cesante en un valor de TRES
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
($3.240.000) MONEDA CORRIENTE para un valor total de
NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL PESOS
($9.169.000) MONEDA CORRIENTE.

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[…]

Que, en virtud de la expropiación administrativa, y respecto a
la indemnización del daño emergente por la suma de SEIS
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO
OCHENTA Y SEIS PESOS ($6.388.186) MONEDA CORRIENTE"
se descontarán los siguientes factores:
A) El factor correspondiente al ítem de gastos de escrituración
predio adquirir por IDU la suma de QUINIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA OCHO PESOS ($538.738)
MONEDA CORRIENTE.
B) Del factor correspondiente a desconexión de servicios
públicos se descontará la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS ($354.404.00)
MONEDA CORRIENTE.
C) Se descontará el ítem de gastos de impuesto predial por la
suma de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL PESOS ($142.000.00)
MONEDA CORRIENTE. Dichos valores de conformidad con el
informe técnico de avalúo N° 2014-1546 de fecha, 25 de
septiembre de 2014 elaborado por la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital y el informe de reconocimientos
económicos de fecha 7 de octubre de 2015 elaborado por el
Grupo Económico de la Dirección Técnica de Predios del
instituto de Desarrollo Urbano — IDU.

Que una vez realizadas las anteriores deducciones la
indemnización del daño emergente a reconocer es la suma
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES
MIL. -CUARENTA Y CUATRO PESOS ($5. 353. 044.oo)
MONEDA CORRIENTE, de conformidad con el informe de
reconocimientos económicos de fecha siete (7) de octubre de
2015 elaborado por el Grupo Económico de la Dirección Técnica
de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano — IDU.

Que el valor total a pagar por el predio objeto de expropiación
es de TRESCIENTOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
($300.142. 284.oo) MONEDA CORRIENTE, el cual
corresponde al valor del' avalúo comercial terreno y
construcción y a la indemnización por daño emergente y lucro
cesante.

[…]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía
administrativa en favor del Instituto de Desarrollo Urbano —

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IDU NIT 899.999.081-6 del inmueble ubicado en la CL 127C
No. 89 – 40 de la ciudad de Bogotá D.C., con cédula catastral
009218371200000000, CHIP AAA0132YSUZ y matrícula
inmobiliaria 50N-20110407, cuyos titulares del derecho de
dominio inscritos objeto de expropiación son los señores LUIS
ALBERTO MOLINA GARZON identificado con cedula de
ciudadanía No. 17.006.970 y MARIA TERESA ALFONSO,
identificada con cédula de ciudadanía No. 41.669.211,
conforme al registro topográfico número 40855, elaborado por
la Dirección Técnica de Predios en el mes de diciembre de
2012, donde aparece debidamente delimitado y alinderado, en
un área de terreno de (72.00 M2), una construcción de (345.52
M2) cuyos linderos específicos son: […]

ARTÍCULO SEGUNDO: VALOR DEL PRECIO
INDEMNIZATORIO. - El valor del precio indemnizatorio de la
expropiación que se ordena por la presente resolución es de
TRESCIENTOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (300.142.
284.oo) MONEDA CORRIENTE, el cual corresponde a:

1. La suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES
SEISCIENTOS VEINTE MIL -DOSCIENTOS CUARENTA
PESOS ($285.620.240) MONEDA CORRIENTE, por
concepto de avalúo terreno más construcción conforme el
avalúo comercial No 2014-1546 de fecha 25 de septiembre del
2014 elaborado por la Unidad Administrativa Especial Catastro
Distrital - Gerencia de Información Catastral, Subgerencia de
Información Económica.

2. La suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS
($5.353.044) MONEDA CORRIENTE, por concepto de daño
emergente conforme el avalúo comercial No 2014-1549 de
fecha 25 de septiembre del 2014, -elaborado por la Unidad
Administrativa Especial Catastro Distrital - Gerencia de
Información Catastral, Subgerencia de Información Económica
y al informe de reconocimiento económico de fecha 7 de
octubre de 2015 elaborado por el Grupo Económico de la
Dirección Técnica de Predios.

3. La suma de NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y
NUEVE MIL ($9.169.000) MONEDA CORRIENTE, por
concepto de lucro cesante conformo el avalúo comercial No
2014-1546 de fecha 25 de septiembre del 2014,
complementado por el avalúo comercial 2014-1546 de fecha 12
de agosto de 2015 elaborado por la Unidad Administrativa
Especial Catastro Distrital – Gerencia de Información Catastral,

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Subgerencia de Información Económica […]”.

A través del acto en cita el IDU ordenó la expropiación del

inmueble en cuestión, con fundamento en el artículo 58 de la

Constitución Política, la Ley 388 y los acuerdos y decretos distritales

que declararon la existencia de condiciones especiales de urgencia

para las obras viales del proyecto Avenida El Rincón, de la ciudad

de Bogotá D.C.

En su parte considerativa se hizo un recuento del trámite de

adquisición previa, desde la oferta de compra formulada mediante

Resolución 44158 de 18 de junio de 2015 y el avalúo comercial y su

adición, realizados por la UAECD el 25 de septiembre de 2014 y el

14 de agosto de 2015, respectivamente, documento último con el

cual el IDU modificó la oferta y fijó el valor indemnizatorio en

$300.142.284, suma que incluye terreno y construcción, daño

emergente y lucro cesante, detallando además las deducciones

aplicables por gastos de escrituración, desconexión de servicios

públicos e impuesto predial.

La parte resolutiva concretó todas esas premisas, de forma que

ordenó la expropiación del inmueble, describiéndolo mediante

linderos y área, fijó el valor del precio indemnizatorio, discriminó el

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avalúo comercial en un valor de $285.620.240, el daño emergente

en $5.353.044 y el lucro cesante en $9.169.000.

En cuanto a la forma de pago dispuso que la Tesorería del IDU

pondría a disposición de los propietarios el valor total, señalando el

deber de consignarlo en el evento de no ser retirado dentro de los

diez días siguientes, además ordenó aplicar los descuentos

respectivos.

➢ Resolución 64297 de 20 de noviembre de 2015,

«[…] “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE
REPOSICIÓN

[…]

Respecto a las consideraciones del recurrente se precisa lo
siguiente:

Primero: En lo pertinente al numeral primero señalado en el
acápite de motivos de inconformidad, no será objeto de
respuesta por tratarse de una mera afirmación.

Segundo: En lo que respecta a su afirmación de que el avalúo
comercial 2014-1546 de 25 de septiembre de 2014 no se
encontraba en vigencia para la fecha de notificación de la
Resolución de Expropiación, le informamos que el avalúo
comercial señalado tiene vigencia de un año, tal y como lo
señala el Decreto 1420 de 1998. Así las cosas, para la fecha en
que se inició la actuación administrativa, es decir, en que se
profirió la oferta de compra y se notificó la misma el avalúo
comercial se encontraba vigente. Tenemos que una vez se ha
dado inicio al proceso de adquisición Con normas urbanísticas y
estratos socioeconómicos vigentes al momento de lo aquí
descrito, estas características no se modificaran y se deberá
dar continuidad a los procesos notificados mediante resolución

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de oferta de compra, con las normatividades vigentes al
momento de la misma.

Tercero: En lo pertinente a la afirmación consagrada en el
numeral N° 3 no son procedentes, con relación a los metros
cuadrados que usted indica (81.80) el informe técnico, describe
y valora por separado los metros cuadrados tanto de terreno
(72 m2) y de construcción (345 m2), tal como se evidencia en
sus folios 6,7 y 10. Segundo con relación a la vetustez, el
mismo informe a folio 7 indica que esta se obtuvo durante la
inspección al inmueble, se validó de acuerdo a los elementos
constructivos presentes en la edificación, determinándose en
20 años y no 25 como lo afirma el peticionario.

Cuarto: Con respecto al estrato, es procedente aclarar que ni
el IDU, ni la Unidad Administrativa Espacial de Catastro
Distrital son las entidades competentes para determinar esta
condición socio económica. Sin embargo, el Decreto 1420 de
1998 establece en el artículo 21 que la estratificación
económica del bien se deberá tener en cuenta para la
determinación del valor comercial, característica que fue tenida
en cuenta cómo se puede evidenciar folio 3 del informe técnico
del avalúo comercial No 2014-1546, y obedece a la
estratificación vigente al momento de la realización del informe
técnico de avalúo y a la notificación del mismo.

Quinto: Respecto a la manifestación indicada en el numeral 5
del escrito del recurrente la administración no se pronunciará
toda vez que se trata de una mera afirmación.

Sexto: En cuanto a que se vulneró el derecho de contradicción
por no habérsele comunicado al propietario del predio, objeto
de expropiación sobre la realización de un avalúo, es pertinente
indicarle, que al propietario al momento de notificarse de la
Resolución N° 44158 de 18 de junio de 2015 se le entregó
copia del avalúo N° 2014- 1546 de fecha 25 de septiembre de
2014, posteriormente se realizó un avalúo complementario el
cual se relaciona en la Resolución de Expropiación N° 61782 de
8 de octubre de 2015 y fue entregado a los propietarios con la
notificación del acto administrativo señalado.

Séptimo: Respecto a la afirmación de que la Unidad
Administrativa de Catastro Distrital no es competente para
tasar los valores como lucro cesante y daño emergente le
manifestamos que el artículo 37 de la ley 1682 de 2013 dice
"El precio de adquisición será igual al valor comercial
determinado por el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi"
(IGAC), la entidad que cumpla sus funciones... El valor

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comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación
urbanística municipal o distrital vigente al momento de la
oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir, su
destinación económica, el daño emergente y el lucro cesante.
El daño emergente incluirá el valor del inmueble y el lucro
cesante se calculará según los rendimientos reales del
inmueble al momento de la adquisición y hasta por un término
de seis (6) meses.

Octavo: Dentro del avalúo comercial 2014-1546 no se incurrió
en irregularidades con respecto al cálculo del lucro cesante
dado que éste se tasó con base en la documentación aportada
por sus poderdantes. Esta información corresponde a la
realidad la cual fue cotejada con la información que reposa en
la ficha censal del 17 de febrero de 2014.

Noveno: Con respecto a su afirmación "El avalúo elaborado
por la UAECD, se puede calificar como de mala fe, por cuanto
desconoció que el valor del terreno y construcción debería ser
acorde con un estrato socioeconómico del sector...", no es
conveniente su afirmación, por las razones expuestas en el
numeral 4 del presente escrito. Es oportuno precisar, que si se
ha dado inicio al proceso de adquisición con normas
urbanísticas y estratos socioeconómicos vigentes al momento
de lo aquí descrito, estas características no se modificaran,
teniendo en cuenta lo dispuesto por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, en el sentido de dar continuidad a los
procesos notificados mediante resolución de oferta de compra,
con las normatividades vigentes al momento de la misma, se
debe tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1420 de 1998,
Artículo 19°. Los avalúos tendrán una vigencia de un (1) año,
contados desde la fecha de su expedición o desde aquella en
que se decidió la" revisión o impugnación," Es conveniente
indicar que el estrato socioeconómico para determinar la
asignación de valores metro cuadrado de terreno, está inmerso
en los valores concluyentes por la oferta y la demanda de
bienes inmuebles del sector, es decir, en la oferta de venta de
un bien inmueble está contemplado todas las características
físicas, normativas, económicas y de estrato que corresponden
al sector, consideradas en la proporción que considere el
vendedor.

Décimo: Con respecto a su afirmación "Es claro que se está
desconociendo para el año 2015, es decir un año después de
realizado el Avalúo comercial base de la oferta, ha variado
representativamente el mercado inmobiliario para estratos 3 y
4 especialmente, lo que implica que de manera obligatoria del
IDU deberá ordenar la realización de un nuevo avalúo para

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este caso concreto", no es procedente su afirmación, se reitera
lo indicado en los numerales anteriores y además, se precisa
que el recurrente no aporta las pruebas que demuestre que las
oferta, ha variado representativamente el mercado inmobiliario
para estratos 3 y 4, y se insiste que al momento de realizar el
avalúo comercial el predio se encontraba en un estrato
socioeconómico dos (2).

Décimo primero: Con respecto a su afirmación "En el avalúo
comercial No. 2014-1546 del 25 de Septiembre de 2014, se
determina la vetustez del inmueble en 25 años, sin que se
tenga el soporte en el avalúo, desconociendo que mis
poderdantes adquirieron el lote de terreno en el año 2004 y
posterior a ello se levanta la construcción, lo que indica que la
vetustez es menor a 10 años”, no es procedente su afirmación
puesto que en el avalúo en mención a folio 7, se indica con
relación a la edad que esta se obtuvo durante la inspección al
inmueble, se validó de acuerdo a los elementos constructivos
presentes en la edificación, determinándose en 20 años y no
25 como lo afirma el peticionario. Además de lo anterior no
aporta documentación como la licencia de construcción entre
otros que den sustento a esta afirmación.

Décimo Segundo: Con respecto a los valores de construcción
y de terreno y su afirmación: "El valor de la construcción, así
como de terreno no se encuentra justificado en el avalúo
Comercial 2014-1546 del 25 de septiembre del 2014 así como
tampoco los soportes del mismo, impidiendo así el derecho a la
contradicción del mismo por parte del interesado y afectado",
no es procedente puesto que en el informe técnico
mencionado, folio 8, está sustentado en detalle el método y los
valores tanto de ofertas como de reposición utilizando las
fórmulas estadísticas que trata el capítulo VII de la resolución
620 de 2008.

Décimo Tercero: con relación a la valorización y plusvalía, se
aclara que no se tiene en cuenta dentro del valor del informe
técnico de avalúo comercial No. 2014-2014; La plusvalía o
mayor valor generado por el anuncio del proyecto, toda vez
que ha esta le aplica lo dispuesto en el Decreto 2729 del 27 de
Diciembre de 2012 "Por el cual se reglamenta el parágrafo 1
del artículo 61 de la Ley 388 de 1997 relativo al anuncio de
programas, proyectos u obras de utilidad pública o interés
social" Artículo 5 Inciso 1 "Identificado el mayor valor del suelo
generado por el anuncio del proyecto, se procederá a su
descuento del valor comercial del inmueble en los términos
definidos por el parágrafo del artículo 61 de la Ley 388 de 1997
y se determinará el precio de adquisición, salvo que el

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propietario haya pagado la participación en plusvalía o la
contribución de valorización, según sea el caso, evento en el
cual no se descontará el mayor valor del suelo generado por el
anuncio del proyecto, para fijar el precio de adquisición", es
decir, que en el caso de existir un mayor valor generado por
plusvalía, este valor no se reconocería de manera adicional al
valor total del avalúo, sino que se tendría que descontar éste
valor, del avalúo utilizado en la oferta de compra. En el caso
particular y siguiendo los lineamientos mencionados en el
Decreto anterior, al existir la cancelación de la contribución de
valorización, no fue procedente hacer descuento alguno a la
oferta del inmueble por concepto de plusvalía o mayor valor.

Décimo Cuarto: Con respecto a aceptar el valor comercial del
avalúo realizado por la firma SARMIENTO Y OSORIO, Cabe
recordar que los procesos de enajenación voluntaria y/o
expropiación administrativa y judicial adelantados por este
Instituto se hacen dentro del marco jurídico de la Ley 9 de
1989, Ley 388 de 1997, su decreto reglamentario 1420 de
1998 y en especial la resolución 620 de 2008, por la cual se
establecen los procedimientos para los avalúos ordenados para
este fin. Ahora bien, sea lo primero indicar lo señalado en el
parágrafo del artículo 12 del Decreto 1420 de 1998 establece:
"Artículo 12°, La entidad o persona solicitante podrá solicitar la
elaboración del avalúo a una de las siguientes entidades:
Parágrafo: Dentro del término de la vigencia del avalúo, no se
podrá solicitar el mismo avalúo a otra entidad autorizada, salvo
cuando haya vencido el plazo legal para elaborar el avalúo
contratado" Más adelante la misma norma en su artículo 19
señala que la vigencia de los avalúos será de un (1) año así:
"Artículo 19°, Los avalúos tendrán una vigencia de un (1) año,
contados desde la fecha de su expedición o desde aquella en
que se decidió la revisión o impugnación." Es así como para el
caso que nos ocupa el avalúo se encuentra vigente, razón por
la cual no resulta procedente tener en cuenta uno nuevo. Sin
embargo y en aras de continuar el proceso, es conveniente
indicar que el avalúo aportado de la firma SARMIENTO &
OSORIO, no tiene respaldo técnico ni jurídico, toda vez que
para la determinación del valor comercial del terreno no
cumple con la Resolución 620 de 2008 artículos 1 y 10,
"Método de Comparación o de Mercado. Es la técnica valuatoria
que busca establecer el valor comercial del bien, a partir del
estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes
semejantes y comparables al del objeto de avalúo. Tales
ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e
interpretadas para llegar a lo estimación del valor comercial...",
no se evidencia en este avalúo las ofertas o transacciones
recientes, así como su análisis y la interpretación para llegar a

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la estimación del valor comercial. Así como tampoco, la
aplicación del método estadístico, según lo contemplado en el
artículo 11 de la citada resolución, para determinar el valor
adoptado, este no sigue los lineamientos del citado artículo.
Tampoco cumple para la determinación del valor comercial de
la construcción, con el artículo 13 de la citada resolución
Método de Costo de Reposición. En desarrollo de este método
se debe entender por costo total de la construcción la suma de
los costos directos, costos indirectos, los financieros y los de
gerencia del proyecto, en que debe incurrirse. " Para el valor
del terreno y de la construcción, no se hace referencia en este
informe la fuente de información de la cual se obtiene el valor
de reposición asignado al predio, toda vez que este valor, debe
corresponder al valor a nuevo del predio objeto de avalúo de
acuerdo a sus componentes constructivos, y debe responder a
presupuestos de obra, tipologías constructivas o fuentes de
información de revistas especializadas, de igual manera no se
establece la vida útil de la construcción, lo anterior conforme a
lo dispuesto en el artículo 37 de la citada Resolución. Al no
presentar ofertas este avalúo de la firma SARMIENTO &
OSORIO, el valor metro cuadrado construido asignado no tiene
el soporte necesario que lo justifique, este valor es producto de
aplicar la depreciación conforme a la metodología establecida
en la resolución IGAC 620 de 2008, teniendo en cuenta para
esto las tablas de Fitto y Corvini, pues en las ofertas y el
análisis de estas, es donde se puede evidenciar la edad de la
construcción, el estado de conservación y la vida útil de las
misma, necesarias para verificar que el valor adoptado para la
construcción sea el adecuado. En consecuencia, en el avalúo
aportado no hay claridad en la aplicación de los conceptos de la
citada resolución, siendo además generador de expectativa en
cuanto a valores comerciales que como se observa no se
soporta normativamente, pudiendo incidir de alguna manera en
la afectación de la salud de los propietarios, según el punto 3
de sus consideraciones.

Décimo Quinto: La petición de reconocer el daño emergente
en su totalidad, como usted lo manifiesta "el propietario no
tiene por qué verse abocado a pagos de desconexión de
servicios públicos, así como tampoco a pagos de gastos de
escrituración, beneficencia y demás”. Por esta razón fueron
tenidos en cuenta el avalúo 2014-1546, y son. descontados en
el evento que la adquisición se haga por medio del proceso de
expropiación dado que le corresponderá al titular del predio es
decir al IDU, quien tiene la obligación de desconectar dichos
servicios; y realizar todos los demás trámites a los cuales usted
se refiere, por tal razón no hay lugar a hacer este desembolso
dado que el nuevo propietario lo realizará. Con relación al

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impuesto predial, los artículos 15 y 16 del decreto 352 de 2012
establece "El impuesto predial unificado se causa el 1° de
enero del respectivo año gravable. El período gravable del
impuesto predial unificado es anual, y está comprendido entre
el 1° de enero y el 31 de diciembre del respectivo año”, en
consecuencia, es deber que quien tenga la propiedad de un
predio es quien debe asumir estos gastos. El artículo 5 de la
resolución 1044 de 2014 establece "Este concepto se
reconocerá de forma exclusiva para la adquisición total de
predios, de conformidad al valor del impuesto predial, y de
forma proporcional de acuerdo al trimestre en que se elabore el
avalúo así: 1° Trimestre del 1 de enero hasta el 31 de marzo,
se reconocerá el 75% 2° Trimestre del 1 de abril hasta el 30 de
junio, se reconocerá el 50% 3° Trimestre del 1 de julio al 30 de
septiembre, se reconocerá el 25% 4° Trimestre del 1 de
octubre al 31 de diciembre, reconocerá el 0%".

Décimo sexto: En relación del incremento anual del lucro
cesante; como es de su conocimiento los valores corresponden
a la realidad en el tiempo en el cual se realizó el avalúo 2014-
1546.

Décimo séptimo: Respecto a su afirmación de que la
Resolución de expropiación se realizó con valores del año 2014
y que el impuesto predial para el 2015 se incrementó en su
avalúo catastral, le reiteramos lo manifestado anteriormente,
donde se indica que el avalúo comercial se encuentra en
vigencia. No obstante, y en gracia de discusión le indicamos
que el avalúo catastral es determinado por la UAECD con fines
exclusivamente fiscales, y la metodología utilizada para
determinarlo es el resultado de zonas geoeconómicas para el
terreno y modelos econométricos para las construcciones, por
tal motivo los resultados obtenidos desde el punto de vista
técnico (metodología valuatoria) y objeto del avalúo (fin del
avalúo), no es procedente su comparación en términos
económicos.

[…]

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la
Resolución No 61782 de 8 días del mes de octubre de 2015,
por medio de la cual se ordena la expropiación por vía
administrativa a favor del Instituto de Desarrollo Urbano —
IDU, del inmueble ubicado en la CALLE 127C N° 89 40 de la
ciudad de Bogotá D.C., con cédula catastral
009218371200000000, CHIP AAA0132YSUZ y matrícula
inmobiliaria No 50N20110407, cuyos titulares inscritos objeto
de expropiación son los señores LUIS ALBERTO MOLINA

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GARZON, identificado con cédula de ciudadanía N° 17.006.970
y la señora MARIA TERESA ALFONSO identificada con cedula de
ciudadanía No 41.669.211 conforme al registro topográfico
número 40855, elaborado por la Dirección Técnica de Predios
en el mes de diciembre de 2012, por las consideraciones
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo
[…]”.

A través de la resolución en cita se resolvió el recurso de reposición

interpuesto por los actores contra la Resolución 61782 de 8 de

octubre de 2015, en el sentido de confirmarla por considerarse que

la UAECD era la entidad competente para practicar los avalúos

comerciales de los inmuebles a expropiar y que el estudio

cuestionado se elaboró aplicando la metodología obligatoria,

prevista en el Decreto 1420 de 1998 y en la Resolución 620 de

2008, resultando infundada la acusación sobre supuestas falencias

estructurales en su elaboración.

En relación con la estratificación del predio, explicó que el IDU no

fijaba el estrato socioeconómico, pues esa competencia recae en la

Secretaría Distrital de Planeación y que el predio en cuestión estaba

en estrato 2 al momento del elaborarse el avalúo con base en esa

categorización oficial.

Frente al área y vetustez del predio indicó que se desvirtuaba la

afirmación sobre error en áreas, pues el informe técnico valoró por

separado terreno y construcción y, a su turno, la vetustez fue

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determinada en 20 años, de modo que el avalúo aplicó los

parámetros físicos verificados y actualizados.

Finalmente, la autoridad analizó el avalúo particular aportado por la

parte actora y concluyó que no podía considerarse válido para

efectos de desvirtuar oficial, porque no aplicaba la metodología

obligatoria del IGAC e incurría en inconsistencias técnicas, pues

omitió elementos esenciales de análisis, tales como la comparación

de mercado bajo parámetros homogéneos y la justificación del

valor de la construcción y de la vida útil, entre otros.

Concluyó que no existió mérito para modificar el valor

indemnizatorio ni para revocar el acto de expropiación, razón por la

cual confirmó íntegramente la Resolución 61782 de 8 de octubre de

2015.

VI.4. Generalidades del procedimiento de expropiación

administrativa

El artículo 58 de la Constitución Política define el derecho a la

propiedad privada, en los siguientes términos:

“[…] Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden
ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando

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de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad
pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de
los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés
privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad
es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es
inherente una función ecológica. El Estado protegerá y
promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o interés social definidos
por el legislador, podrá haber expropiación mediante
sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará
consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En
los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá
adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción
contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio […]”.

De esta norma se destaca que el derecho a la propiedad no es

absoluto y se funda en varios principios que la Corte Constitucional9

ha decantado como resultado de la interpretación del artículo 58 de

la Carta, así:

i) La garantía a la propiedad privada y los demás derechos

adquiridos se hace con arreglo a las leyes civiles; ii) la Constitución

Política protege y promueve las formas asociativas y solidarias de la

propiedad; iii) se reconoce el carácter limitable de la propiedad; iv)

se establecen las condiciones en que prevalece el interés público o

social sobre el interés privado; v) se le asigna a la propiedad una

función social y ecológica; y, vi) se fijan las modalidades y los

requisitos de la expropiación.

9
Así se puntualizó por la Corte Constitucional entre otros en los siguientes pronunciamientos.
Sentencias C-147/97, C-589/95, C-00/93, C-428/94, C-216/93 y C-227-11.

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De otra parte, y acorde con el desarrollo de este precepto

constitucional, la Ley 9ª de 11 de enero de 198910 estableció

instrumentos para la adquisición y expropiación de inmuebles por

motivos de utilidad pública e interés general, potestad que luego se

reguló por la Ley 388 de 1997, que modificó la citada Ley 9ª.

Los artículos 63 a 72 de la Ley 388 regulan el procedimiento que se

adelanta con el propósito de llevar a cabo la expropiación por vía

administrativa.

El artículo 68 de la norma en comento prevé que una vez iniciado el

proceso orientado a la adquisición del inmueble y transcurridos 30

días hábiles a partir de la ejecutoria del acto que así lo ordena sin

llegarse a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria11, la

autoridad dispondrá, mediante acto motivado, la expropiación

administrativa correspondiente.

El acto que se expide en cumplimiento de este procedimiento debe

contener: i) la identificación específica del inmueble expropiado, ii)

el valor del precio indemnizado y la forma de pago, iii) la

destinación que se dará al inmueble expropiado, iv) la inscripción

10
“Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de
bienes y se dictan otras disposiciones”.
11
Lo que se produce a través de la suscripción de un contrato de promesa de compraventa.

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del acto administrativo en la Oficina de Registro de Instrumentos

Públicos, sobre la transferencia del derecho de dominio, v) la orden

de notificar a los titulares del derecho de dominio u otros derechos

reales sobre el bien expropiado, y la información sobre los recursos

procedentes.

Frente a la obligatoriedad de la decisión de expropiación adoptada

el artículo 70 ibidem, prevé:

“[…] Una vez ejecutoriada la decisión por vía administrativa, por no
haberse formulado el recurso de reposición dentro del término legal
o por haber sido decidido el recurso interpuesto en forma negativa,
la decisión producirá los siguientes efectos:

1. El derecho de propiedad u otros derechos reales se
trasladarán de las personas titulares de ellos a la
entidad que ha dispuesto la expropiación, para lo cual
bastará con el registro de la decisión en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos. El registrador exigirá
que la entidad acredite que el propietario o los
titulares de otros derechos reales SOBRE EL
INMUEBLE, han retirado el valor de la
indemnización y los documentos de deber
correspondientes, o que se ha efectuado la
consignación correspondiente conforme a lo previsto en
el numeral 2 de este artículo.

2. La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a
disposición inmediata del particular expropiado,
según sea el caso, el valor total correspondiente o
el porcentaje del precio indemnizatorio que se
paga de contado y los documentos de deber
correspondientes a los cinco contados sucesivos
anuales del saldo. Si el particular no retira dichos
valores y los documentos de deber dentro de los diez
días siguientes a la ejecutoria, la entidad deberá
consignarlos en la entidad financiera autorizada para el
efecto a disposición del particular, y entregara copia de

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la consignación al Tribunal Administrativo en cuya área
de jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble dentro
de los diez (10) días siguientes, considerándose que ha
quedado formalmente hecho el pago.

3. Efectuado el registro de la decisión, la entidad pública
podrá exigir la entrega material del BIEN
INMUEBLE EXPROPIADO, sin necesidad de
intervención judicial, para lo cual podrá acudir al
auxilio de las autoridades de policía si es
necesario.

4. En caso de que los valores y documentos de deber no se
pongan a disposición del propietario o no se consignen
dentro de los términos señalados en el numeral 2 de
este artículo, la decisión de expropiación por vía
administrativa no producirá efecto alguno y la entidad
deberá surtir nuevamente el procedimiento
expropiatorio.

5. La entidad que haya adquirido el bien en virtud de la
expropiación por vía administrativa, adquiere la
obligación de utilizarlo para los fines de utilidad pública o
interés social que hayan sido invocados, en un término
máximo de tres (3) años contados a partir de la fecha de
inscripción de la decisión correspondiente en la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos.

Para este efecto, la persona que tenía la calidad de
propietario del bien expropiado podrá solicitar al Tribunal
Administrativo en cuya jurisdicción se encuentre ubicado
el inmueble, la verificación del cumplimiento de dicha
obligación, mediante proceso abreviado que se limitará
exclusivamente a la práctica de las pruebas que deberán
solicitarse exclusivamente en la demanda, durante un
término no superior a un mes, transcurrido el cual se
pronunciará sentencia inapelable.

En caso de que se compruebe el incumplimiento de la
obligación por parte de la entidad, la sentencia así lo
declarará y ordenará su inscripción en la respectiva
Oficina de Registro, a fin de que el demandante recupere
la titularidad del bien expropiado. En la misma sentencia
se determinará el valor y los documentos de deber que
la persona cuyo bien fue expropiado deberá reintegrar a
la entidad pública respectiva, siendo necesario para los
efectos del registro de la sentencia que se acredite
mediante certificación auténtica que se ha efectuado el

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reintegro ordenado […]”.

En lo que respecta al reconocimiento y pago de la indemnización, el

artículo 67 dispone que “[…] en el mismo acto que determine el

carácter administrativo de la expropiación se deberá indicar el valor

del precio indemnizatorio que se reconocerá A LOS

PROPIETARIOS, el cual será igual al avalúo comercial que se

utiliza para los efectos previstos en el artículo 61 12 de la

presente ley […]”. (Destacado fuera de texto).

De acuerdo con esta normativa, una de las características

esenciales de la expropiación radica en el hecho que la actuación del

Estado se hace por razones de utilidad pública e interés social,

previa y justa indemnización del inmueble, en cuando comprende

su valor y los perjuicios que se causan al afectado con dicha

medida, con el fin de alejarse de un acto confiscatorio.

Sobre el particular, esta Sección13 ha precisado:

12
“[…] ARTICULO 61. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACION
VOLUNTARIA. Se introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación
voluntaria regulado por la Ley 9a. de 1989:
El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o
asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de
conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que
sobre avalúos expida el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la
reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en
relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinación económica. […].
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 26 de abril
de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 05001-23-31-000-2007-
03162-01.

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“[…] el principio general que subyace en estas normas de
rango superior, indica que los daños y perjuicios que se
originen en el acto de autoridad mediante el cual se
decrete la incorporación al dominio público de bienes de
propiedad particular para satisfacer con ellos una
necesidad de interés general, presupone
necesariamente la obligación a cargo de la autoridad
que ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar
plena y previamente al afectado, con el propósito de
restablecer el equilibrio roto por la privación
patrimonial a la cual es sometido de manera forzada.
En otras palabras, el hecho de que en estos casos el
interés general deba prevalecer sobre los intereses
privados, no significa en modo alguno que por dicha
circunstancia queden excluidas las garantías que la
Constitución reconoce en favor del propietario, pues
no puede pretenderse que éste deba asumir a título
personal un detrimento en su patrimonio, como
consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el
reparto de las cargas públicas.

Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la
transmisión imperativa de su derecho de dominio,
constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio
sea transferido a todos los miembros de la colectividad y
reparado de manera integral […]”. (Destacado fuera de
texto).

Precisado el marco jurídico general aplicable, procede la Sala a

resolver los cargos de la apelación.

VI.5. Análisis del caso concreto

En el asunto sub examine los actores cuestionaron el procedimiento

de negociación directa y expropiación administrativa adelantado por

el IDU, respecto del inmueble identificado con matrícula 50N–

20110407, ubicado en la Calle 127 C # 89-40 de la ciudad de

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Bogotá D.C., a través de las resoluciones núms. 61782 de 8 de

octubre y 64297 de 20 de noviembre de 2015.

Como fundamentos de la demanda, en esencia, la parte actora

propuso discusiones sobre i) la indemnización reconocida por

fundarse en un avalúo oficial que adolece de falsa motivación y

graves falencias técnicas, en contraste con las conclusiones del

avalúo aportado con la demanda; ii) el término en el cual le fue

cancelada la suma de dinero reconocida y; iii) los descuentos y

retenciones efectuados.

El Tribunal denegó las pretensiones, por cuanto: i) el pago del

precio indemnizatorio estuvo supeditado a los trámites financieros

respectivos y una vez efectuados se puso a disposición de los

demandantes; ii) no se logró desvirtuar la legalidad del avalúo

oficial elaborado por la UAECD que sirvió de fundamento a la

expedición de los actos demandados; iii) no se desconoció que la

indemnización fue justa; iv) el avalúo comercial fue realizado por

una entidad competente; v) el cálculo del avalúo se realizó con

base en la información entregada así como aquella recopilada por el

avaluador al momento de la visita y no es posible su modificación

con información posterior a la diligencia; vi) al no configurarse la

enajenación voluntaria del inmueble no se reconocieron gastos de

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escrituración, de desconexión de servicios públicos y el

reconocimiento por el pago del impuesto predial; ni vii) se

reconocieron beneficios tributarios derivados de una enajenación

voluntaria.

Los recurrentes aducen reproches respecto del precio determinado

en el proceso de expropiación administrativa, planteamiento

respecto del cual dicen que el Tribunal debió analizar como

problema jurídico en el marco del principio de justa indemnización;

igualmente, cuestionaron el análisis realizado al avalúo oficial

elaborado por la UAECD y la omisión en la obtención de otros

avalúos; el desconocimiento de una indemnización justa, la

indebida aplicación del estrato socioeconómico y la falta de

fundamentación técnica y legal del avalúo oficial.

Establecido lo anterior, corresponden a la Sala determinar si el

precio indemnizatorio fijado en los actos de expropiación fue

establecido con sujeción al marco normativo aplicable y a los

parámetros constitucionales que gobiernan el proceso de

expropiación por vía administrativa, o si, por el contrario, los

cuestionamientos formulados contra el avalúo oficial —relativos a la

metodología empleada, la estratificación socioeconómica aplicada y

el presunto error grave— desvirtúan su validez y comprometen la

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conformidad del valor reconocido con el principio de indemnización

previa y justa consagrado en el artículo 58 de la Constitución

Política.

Para resolver el anterior planteamiento, la Sala examinará el debate

en torno a la presunta ilegalidad de los actos administrativos

demandados; verificará la alegada vulneración del principio

constitucional en materia de indemnización previa y justa y la falta

de motivación de las razones de utilidad pública y urgencia en el

acto acusado; y, finalmente, analizará los cuestionamientos

técnicos y probatorios dirigidos contra el avalúo oficial elaborado

por la UAECD que sirvió de fundamento al precio indemnizatorio,

así:

. Sobre la presunta ilegalidad de los actos administrativos
demandados

Del análisis integral del escrito de apelación se observa que los

recurrentes no se limitaron a controvertir la conclusión del

Tribunal respecto de la legalidad de los actos administrativos

demandados, sino que, manifestaron su inconformidad con la

delimitación del problema jurídico adoptado en la sentencia de

primera instancia.

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En efecto, sostuvieron que el debate no debía restringirse al análisis

de la nulidad de los actos acusados por presunta falsa motivación y

desviación de poder, sino orientarse a establecer si el precio

indemnizatorio fijado en tales decisiones fue determinado con

sujeción a las exigencias constitucionales y legales que rigen la

expropiación por vía administrativa, en particular al principio de

indemnización previa y justa establecido en el artículo 58 de la

Constitución Política.

No obstante, la Sala estima que no le asiste razón a los recurrentes

cuando afirman que el Tribunal incurrió en error al formular el

problema jurídico en términos de examinar la legalidad de los actos

administrativos acusados, pues dicho encuadramiento resulta

plenamente coherente con el medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho ejercido, con el alcance de las

pretensiones formuladas en la demanda así como en la fijación del

litigio, en las cuales se delimitó el objeto de la controversia en torno

a la declaratoria de nulidad de las resoluciones mediante las cuales

se ordenó la expropiación por vía administrativa y se resolvió el

recurso de reposición interpuesto contra dicha decisión, así como al

consecuente restablecimiento del derecho que de ello pudiera

derivarse.

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Precisamente, en el escrito de demanda presentado por los actores,

se observa que en el acápite de pretensiones se solicitó

expresamente la declaratoria de nulidad de las resoluciones

mediante las cuales el IDU ordenó la expropiación por vía

administrativa y resolvió el recurso de reposición interpuesto contra

dicha decisión, así como el consecuente restablecimiento del

derecho que estimaron vulnerado, documento del que se destaca:

«[…] DECLARACIONES PRINCIPALES

1.-Que acorde con el Artículo 58 de la Constitución Política;
numeral segundo del Artículo 68 de la Ley 388 de 1997;
Sentencia 1074 de 2002 de la Corte Constitucional y
Sentencia C-476 del 2007, se declare la Nulidad Parcial de
la Resolución No. 61782 del 08 de octubre de 2015, "POR
LA CUAL SE ORDENA UNA EXPROPIACIÓN POR VÍA
ADMINISTRATIVA" con respecto a los artículos SEGUNDO,
TERCERO y CUARTO. Parte Resolutiva —VALOR DEL
PRECIO
INDEMNIZATORIO., FORMA DE PAGO Y APROPIACIONES.

2. Que de acuerdo con el Parágrafo 2 del artículo 67 de la
Ley 388 de 1997, se declare que mis mandantes se
encuentran exentos de los pagos tributarios que por
razones de expropiación administrativa le obligaron a
cancelar, toda vez que sí, optaron por la vía contenciosa
administrativa, fue por la necesidad a que los llevó el
Instituto de Desarrollo Urbano IDU, al ofertar un precio
injusto, así como por la falta de negociación, más no por
capricho de la demandante.

3. Que como consecuencia de lo anterior se condene al
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, a ajustar el
precio y así pagar a mis mandantes MARIA TERESA
ALFONSO Y LUIS ALBERTO MOLINA GARZON, los valores
que en adelante relaciono y/o de conformidad con lo que
resulte probado en el proceso; montos que han de ser
actualizados en su valor […]».

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Asimismo, en la sentencia cuestionada se estableció la fijación del

litigio precisando que el acto susceptible de control es el que ordena

la expropiación, el cual incorpora el reconocimiento del precio

indemnizatorio y que en el presente caso, como la administración

incluyó un valor adicional por concepto de lucro cesante dentro de

dicho precio, se configuraba una unidad de contenido que imponía

examinar su legalidad de manera conjunta, en el marco del medio

de control de nulidad y restablecimiento del derecho ejercido, en los

siguientes términos:

«[…] 2.4. DE LA FIJACIÓN DEL LITIGIO.

¿Si se encuentran ajustados (1) la Resolución No? 61782 del
08 de octubre de 2015 que ordenó la expropiación por vía
administrativa del inmueble de propiedad de los hoy actores; y,
(2) Resolución No. 64297 de 2() de noviembre de 2015,
mediante la cual se resuelve el recurso de reposición
interpuesto contra la Resolución No. 61782 del 08 de octubre
de 2015; a través de las cuales se efectuó por el IDU un
reconocimiento del valor del precio indemnizatorio y se ordenó
el pago del mismo, ambas proferidas por la Directora Técnica
de Predios del IDU?
Ha dispuesto el párrafo primero del artículo 71 de la Ley 388
de 1997, lo siguiente:
(…)
De la norma en cita, se colige que el acto administrativo objeto
de control corresponde a un acto administrativo de
expropiación de manera exclusiva, el cual se hace el
reconocimiento del precio indemnizatorio. Sin embargo, y dado
que, en el asunto en particular, se ha hecho por la
administración un reconocimiento de un valor adicional por
lucro cesante como parte del precio indemnizatorio, entiende la
Sala que de ellas se deriva una unidad de contenido y de fin,
por lo que es del caso estudiar su legalidad […]».

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En ese contexto, aun cuando el problema jurídico inicialmente

planteado se refirió a la legalidad de las resoluciones de

expropiación, el estudio de dicha legalidad necesariamente

comprende la verificación de sí el precio indemnizatorio allí

establecido fue determinado con sujeción al marco normativo

aplicable, esto es, lo previsto en la Ley 388 de 1997, las demás

disposiciones que regulan la actividad valuatoria y los parámetros

constitucionales previstos en el artículo 58 de la Constitución

Política, conforme a los cuales la expropiación debe ir acompañada

de una indemnización previa cuya fijación consulte los intereses de

la comunidad y del afectado. En efecto el artículo 71 de la Ley 388

establece:

«[…] ARTÍCULO 71.-

Proceso contencioso administrativo.

Contra la decisión de expropiación por vía administrativa
procede acción especial contencioso-administrativa con el
fin de obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho
lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio
reconocido, la cual deberá interponerse dentro de los
cuatro meses calendario siguientes a la ejecutoria de la
respectiva decisión. El proceso a que da lugar dicha acción
se someterá a las siguientes reglas particulares: […]».

Del examen de la sentencia de primera instancia se advierte que el

Tribunal no se limitó a efectuar un análisis meramente formal de

la legalidad de las resoluciones demandadas, sino que abordó de

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manera expresa el estudio del precio indemnizatorio fijado en los

actos de expropiación, integrándolo al juicio de legalidad propio del

medio de control ejercido.

Posteriormente, luego de exponer el marco normativo aplicable a la

expropiación por vía administrativa, el Tribunal procedió a

examinar el avalúo oficial elaborado por la UAECD, identificando el

método empleado para la determinación del valor del terreno

(método de comparación o de mercado) y de la construcción

(método de costo de reposición), así como los criterios técnicos

utilizados y la normativa reglamentaria aplicable en materia de

avalúos, verificando si el valor reconocido se ajustaba a tales

parámetros.

Asimismo, la providencia acusada analizó expresamente la inclusión

de los factores correspondientes al daño emergente y al lucro

cesante dentro del precio indemnizatorio, precisando que el avalúo

comercial núm. 2014-1546 de 25 de septiembre de 2014 cumplía

con los dispuesto en el Decreto 1420 de 1998 y con la normativa

técnica aplicable, y que no se había desvirtuado su legalidad en

sede judicial.

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Adicionalmente, el Tribunal examinó los cuestionamientos relativos

a la estratificación socioeconómica del inmueble, la depreciación

aplicada y los descuentos efectuados en la resolución de

expropiación, concluyendo que tales aspectos fueron considerados

dentro del avalúo comercial que sirvió de fundamento al precio

indemnizatorio.

Este análisis resulta coherente con lo dispuesto en el artículo 70 de

la Ley 388 de 1997, conforme al cual el precio indemnizatorio en la

expropiación por vía administrativa debe fijarse con base en el

avalúo comercial del inmueble, determinado de conformidad con las

normas vigentes sobre la materia. Ello implica que el control judicial

del acto de expropiación necesariamente comprende la verificación

de que el valor reconocido se haya establecido con sujeción a las

reglas técnicas y jurídicas que rigen la actividad valuatoria.

En esa medida, es evidente que el estudio del precio indemnizatorio

no constituye un asunto ajeno o autónomo frente al juicio de

legalidad de los actos administrativos, sino un elemento estructural

del mismo, dado que la determinación del valor constituye uno de

los contenidos esenciales del acto expropiatorio. Por ello, al

examinar la metodología aplicada en el avalúo oficial, la inclusión

de los factores indemnizatorios y su correspondencia con el marco

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normativo aplicable, el Tribunal sí abordó sustancialmente la

controversia relativa a la justicia del precio, integrándola al análisis

de legalidad de las resoluciones demandadas. Así lo expuso la Corte

Constitucional en Sentencia C-474 de 2023:

«[…] 61. Es importante resaltar que contra el acto
administrativo que decide la expropiación procede el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, escenario en el
cual se podrán controvertir tanto los fundamentos que
sustentan la enajenación forzada como el precio
indemnizatorio reconocido[45] […]».

En ese contexto, la Corte Constitucional precisó que contra el

acto administrativo que ordena la expropiación por vía

administrativa procede el medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho y que, en ese escenario, es posible

controvertir no solo los fundamentos que justifican la enajenación

forzada, sino también el precio indemnizatorio reconocido, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 388 de

1997.

Significa lo precedente que el precio indemnizatorio no constituye

un aspecto independiente o desligado del acto expropiatorio, sino

un elemento estructural de su contenido, cuya determinación

incide directamente en su validez jurídica. En consecuencia, su

examen puede y debe efectuarse dentro del mismo juicio de

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legalidad del acto administrativo que lo incorpora, sin que ello

implique alterar la naturaleza del medio de control ejercido ni

desbordar el objeto del proceso.

En efecto, esta Sección, mediante sentencia de 9 de julio de

202014 precisó que el acto que ordena la expropiación es el

susceptible de control judicial cuando el objeto de controversia

incluye el precio indemnizatorio, lo que implica que el precio

indemnizatorio se examina en el contexto del acto que lo

contiene, y no como un asunto totalmente aislado del juicio de

legalidad del acto principal, así:

«[…] 80. Visto el artículo 71 de la Ley 388, contra la
decisión de expropiación por vía administrativa procede la
acción especial contencioso administrativa con el fin de
obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho
lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio
reconocido.

81. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante
sentencia proferida el 11 de diciembre de 2015, reiteró que
procede únicamente la acción especial contenciosa
administrativa contra el acto administrativo que decide la
expropiación, al tenor de lo dispuesto en el artículo 71 de la
Ley 388 de 1997, y que esa última decisión y la oferta de
compra no constituyen un acto administrativo complejo;
asimismo, en relación con los actos por medio de los cuales
se declaran los motivos de utilidad pública o de interés
social, rectificó “[…] el criterio que sostiene que ellos dentro
del proceso expropiatorio sólo cumplen una función
preparatoria en la expedición de los actos que finalmente
ordenan la expropiación, dado que lo mismos sí crean una

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de julio
de 2020; CP: Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 25000-23-24-000-2011-
00664-01.

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situación jurídica particular y concreta [45] […]».

Igualmente, revisada la sentencia de primera instancia se advierte

que no le asistió razón a la parte recurrente al afirmar que la

misma omitió pronunciarse en debida forma sobre el valor

indemnizatorio, pues del análisis integral de la misma se advierte

que el a quo no se limitó a un examen formal de los actos

acusados, sino que analizó expresamente el avalúo oficial que sirvió

de fundamento al precio indemnizatorio, integrando dicho estudio al

juicio de legalidad del acto expropiatorio.

Ello se acompasa con lo previsto e en los artículos 68 y 71 de la Ley

388 de 1997 y con la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la

Corte Constitucional, según la cual el acto que ordena la

expropiación es el único susceptible de control judicial y debe

contener, como elemento esencial, el valor del precio

indemnizatorio y su forma de pago, de modo que su corrección

puede y debe examinarse dentro del mismo proceso de nulidad y

restablecimiento del derecho, sin que ello implique escindir el

análisis del precio indemnizatorio respecto del examen de legalidad

del acto que lo incorpora.

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Así las cosas, no prospera este cargo, teniendo en cuenta que,

como se explicó en precedencia, el análisis del valor indemnizatorio

no constituye un asunto autónomo ni ajeno al proceso, sino un

componente estructural del examen de legalidad del acto, razón por

la cual no era necesario reformular el problema jurídico en los

términos propuestos por los recurrentes para que el debate sobre la

justicia del precio fuera abordado de fondo.

. De los motivos de utilidad pública y urgencia

La parte actora manifestó que al momento de fijar la indemnización

el IDU no motivó en debida forma las razones por las cuales se

configuró la utilidad pública y urgencia en la expropiación,

desconociendo así lo previsto en el numeral 3 del artículo 68 de la

Ley 388 de 1997.

Al respecto la Sala advierte que la expresión del artículo 58 de la

Constitución Política, según la cual la indemnización se fija

“consultando los intereses de la comunidad y del afectado”, no

impone a la administración ni al juez un ejercicio discrecional o

subjetivo de ponderación económica, sino que dicha ponderación se

encuentra previamente definida por el legislador, a través de las

reglas que gobiernan la expropiación, el avalúo comercial y los

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perjuicios indemnizables.

Dicha ponderación de intereses se traduce en la aplicación objetiva

del régimen legal de expropiación, que busca un equilibrio entre el

interés general derivado de la ejecución del proyecto que beneficia

a la comunidad y el interés del afectado que se garantiza mediante

la indemnización basada en un avalúo técnico reglado y el

reconocimiento de perjuicios probados.

En ese sentido, la indemnización derivada de la expropiación

administrativa tiene naturaleza reparatoria, y no comporta una

restitución ilimitada ni una compensación automática de cualquier

afectación alegada por el propietario, sino únicamente de los

perjuicios patrimoniales efectivamente causados y probados.

Esto implica que, además del valor comercial del bien deben

repararse los daños derivados, como el lucro cesante y el daño

emergente, no obstante, su resarcimiento exige prueba idónea,

certeza sobre su existencia y monto, además del nexo de

causalidad con la expropiación.

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Sobre este aspecto, esta Sección ha indicado15:

«[…] Además de lo anterior, es del caso aclarar que pese a que
es cierto que la Jurisprudencia ha estimado que la
indemnización que se reconoce a quienes se ven afectados con
la expropiación, tiene carácter reparatorio y debe comprender
no sólo el precio comercial del bien sino los demás perjuicios
que pudieron causarse con tal medida, incluidos el daño
emergente y el lucro cesante, es deber del interesado probar
ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa cuáles son los
perjuicios y su monto y su nexo de causalidad con la
expropiación decretada, lo que no ocurrió en el asunto de la
referencia […]».

Ahora bien, la Sala advierte que fue a través del Decreto 316 de 19

de julio de 2007 que el Distrito declaró las condiciones de urgencia

por razones de utilidad pública e interés social, en la adquisición de

los inmuebles requeridos para la ejecución de obras de valorización

contemplados en el Acuerdo 180 de 2005, modificado por el

Acuerdo 523 del 8 de julio de 2013, entre los que se encontraba la

obra “PROYECTO No. 108 AVENIDA EL RINCÓN DESDE LA AVENIDA

BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 POR LA CALLE 125”, acto

administrativo que no corresponde al objeto del presente proceso,

por lo que ese reproche tampoco tiene virtud de prosperar.

“De la prescindencia de la prueba pericial y la exclusión del

avalúo aportado”

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
marzo de 2014, MP NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN, número único de radicación 25000-23-24-000-
2012-00486-01.

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El Tribunal, en la práctica de pruebas prescindió de la prueba

pericial de oficio y dispuso tener como no presentado el dictamen

pericial aportado por la parte demandante con la demanda, por lo

cual, el avalúo oficial elaborado por la UAECD fue el único dictamen

pericial reconocido en el proceso, con fundamento en las siguientes

actuaciones:

• El 22 de agosto de 2017 tomó posesión como Auxiliar de la

Justicia, en calidad de perito, la señora Alicia Alarcón Gómez.

• El 14 de noviembre de 2017 la referida perito presentó el

dictamen pericial, consistente en el avalúo comercial del

inmueble ubicado en la Calle 127 # 89-40 de la ciudad de

Bogotá D.C., objeto de expropiación.

• El 17 de noviembre de 2017 el apoderado del IDU formuló

objeción por error grave contra el dictamen pericial rendido

por la perito.

• Mediante auto de 20 de noviembre de 2017 el Tribunal,

entre otras determinaciones, ordenó a la perito dar

cumplimiento a lo dispuesto en el auto de pruebas del 15 de

agosto de 2017, atendiendo los requerimientos efectuados

por las partes.

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• A través de auto de 27 de febrero de 2018 se suspendió la

audiencia de práctica del dictamen pericial ante la inasistencia

de la perito Alarcón Gómez, razón por la cual se fijó nueva

fecha y hora para la celebración de la audiencia de

presentación y contradicción del dictamen.

• El 8 de junio de 2018 se llevó a cabo audiencia de práctica del

dictamen pericial, en la cual la perito realizó la exposición del

informe y fue interrogada por las partes. No obstante, el

Despacho ordenó rehacer el dictamen, para lo cual concedió

un término de 5 días, tras advertir que el documento

presentado no precisaba los inmuebles considerados para el

estudio comparativo, no identificaban las fuentes materiales

utilizadas para determinar el valor del inmueble, ni las tablas

empleadas para establecer el valor del metro cuadrado de

terreno y construcción y su aplicación al método de costo de

reposición; tampoco indicaba las fuentes para fijar el canon

de arrendamiento ni los elementos utilizados para estimar el

lucro cesante, entre otros aspectos.

• Mediante auto de 15 de junio de 2018, se suspendió

nuevamente la continuación de la audiencia de práctica del

dictamen pericial, ante la inasistencia de la perito, fijándose

nueva fecha para su reanudación.

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• A través de auto de 18 de junio de 2018 se resolvió no

reanudar la audiencia programada para el 19 de junio de

2018, en consideración a que la perito informó encontrarse

enferma; en su lugar, señaló como nueva fecha para la

reanudación el 7 de septiembre de 2018.

• Mediante auto de 19 de junio de 2018 se aclaró la providencia

anterior y resolvió remover de su cargo a la Auxiliar de la

Justicia Alicia Alarcón Gómez, así como no incorporar al

proceso el dictamen por ella presentado. En la misma decisión

designó como nuevo perito al Auxiliar de la Justicia Francisco

Acevedo Fonseca, quien tomó posesión del cargo el 20 de

junio de 2018.

• Mediante auto de 25 de julio de 2018 se aceptó la solicitud de

aplazamiento presentada por nuevo el perito respecto de la

diligencia de exposición y contradicción del dictamen

programada para el 7 de septiembre de 2018, y fijó como

nueva fecha el 16 de noviembre de 2018.

• A través de auto de 16 de noviembre de 2018 se suspendió la

audiencia de práctica del dictamen pericial por inasistencia del

perito Francisco Acevedo Fonseca y, con fundamento en el

inciso segundo del artículo 238 de la Ley 1564 de 2011, se

dispuso a excluirlo de la práctica del dictamen pericial. En esa

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misma providencia, con el propósito de continuar el trámite

procesal, se prescindió de la práctica de la prueba pericial

decretada de oficio y dar trámite al dictamen presentado por

la parte demandante, para lo cual se convocó a la perito

Diana Patricia Osorio Abello a audiencia pública con el fin de

surtir la contradicción del dictamen, para lo cual señaló como

fecha para dicha diligencia el 15 de febrero de 2019.

• Mediante auto de 15 de febrero de 2019 se suspendió por

media hora la audiencia de práctica del dictamen pericial ante

la inasistencia de la perito Diana Patricia Osorio Abello; una

vez reanudada la diligencia sin la compareciera de esta, el

Despacho dispuso tener como no presentado el dictamen,

conforme a lo previsto en la Ley 1564 de 2012. Contra esa

decisión el apoderado de la parte demandante no interpuso

recurso alguno y el agente del Ministerio Público manifestó

que se habían garantizado los derechos de la parte actora,

expresando su conformidad con la determinación adoptada.

• Finalmente, mediante auto de 10 de abril de 2019 se ordenó

dar cumplimiento al numeral sexto del auto de pruebas del 15

de agosto de 2017, en el que se dispuso:

«[…] 6. DECRÉTASE los oficios a la UAE CATASTRO
DISTRITAL relacionados en los párrafos segundo y
tercero del acápite "DE OFICIO" vistos a folio 24 del
escrito de la demanda […]».

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En ese orden, debido a que la audiencia de práctica y contradicción

del dictamen pericial decretado no pudo llevarse a cabo, en razón a

la inasistencia tanto de los auxiliares de la justicia designados por el

Despacho como de la perito que presentó el dictamen aportado por

la parte demandante, se decidió prescindir de la práctica de la

prueba pericial y se dispuso tener por no presentados los

dictámenes anteriormente referidos, en aplicación de lo dispuesto

en el artículo 228 de la Ley 1564 de 2012.

No obstante, pese a que en diversas oportunidades se citó a los

peritos para que, en audiencia pública, rindieran y sustentaran el

dictamen correspondiente, conforme a lo previsto en el artículo 228

de la Ley 1564 de 2012, dichas diligencias no pudieron surtirse en

debida forma por las razones anteriormente expuestas. En

consecuencia, el Despacho sustanciador procedió a dar

cumplimiento a la prueba decretada en el numeral sexto del auto

que abrió el proceso a pruebas, consistente en los oficios dirigidos a

la UAE Catastro Distrital, relacionados en los párrafos segundo y

tercero del acápite “De oficio”, visibles a folio 24 del escrito de la

demanda16.

16
Dichas solicitudes consistían en lo siguiente:
“[…] Que se oficie a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y al IDU, para que allegue
el Original del Avalúo No. 2014-1546 del 25 de Septiembre de 2014, junto con las fotografías del
inmueble que se le tomaron, actas de quien realizo la verificación y realizo la visita, que informe fecha
de solicitud del Avalúo y fecha de entrega del mismo al IDU, que allegue todos y cada uno de los

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Del anterior recuento procesal se advierte que el Tribunal sí

desplegó múltiples actuaciones orientadas a garantizar la práctica y

contradicción de la prueba pericial, pues designó perito de oficio,

quien tomó posesión y presentó dictamen, frente al cual se formuló

objeción por error grave y el Despacho sustanciador ordenó su

complementación, al advertir falencias relacionadas con la

identificación de inmuebles comparables, fuentes documentales,

metodología aplicada y soportes técnicos.

Posteriormente, ante las reiteradas inasistencias a las audiencias

programadas para su sustentación, se procedió a remover a la

auxiliar de la justicia y a no incorporar el dictamen presentado.

Por lo precedente, se designó un nuevo perito de oficio, quien

igualmente tomó posesión; sin embargo, ante su inasistencia a la

audiencia de práctica del dictamen, el Tribunal dispuso su

exclusión conforme al inciso segundo del artículo 238 del Código

General del Proceso y, con el fin de no paralizar el trámite, decidió

prescindir de la prueba pericial decretada de oficio.

soportes documentales que tuvo en cuenta para realizar el Avalúo y que informe como realizan los
valores tipología para catastro.
Además de lo anterior solicitar a la Unidad Especial Administrativa de Catastro Distrital, entregue
copia del Avalúo base que se realizó a los bienes del sector previo a iniciar las expropiaciones, acorde
con el Decreto 20 del 2011 a fin de calcular el efecto de la plusvalía […]”.

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De manera simultánea, el Despacho otorgó trámite al dictamen

aportado por la parte demandante y convocó a audiencia para

efectos de su contradicción. No obstante, la perito que lo suscribió

no compareció a la diligencia programada, pese a la suspensión

inicial de la audiencia y su posterior reanudación y, de conformidad

con las reglas del Código General del Proceso, el Tribunal dispuso

tener por no presentado dicho dictamen y contra esa decisión no se

interpuso recurso alguno, y el Ministerio Público manifestó su

conformidad, dejando constancia de que se habían garantizado los

derechos de la parte actora.

Así las cosas, la Sala advierte que la exclusión de los dictámenes

obedeció a la incomparecencia reiterada de los peritos a las

audiencias de sustentación previstas en el artículo 228 del CGP,

diligencias indispensables para la contradicción técnica de la

prueba, mas no a la omisión del Tribunal de valorar dichas

pruebas. En tales condiciones, la consecuencia procesal adoptada,

esto es, prescindir de la prueba pericial y tener por no presentado

el dictamen, encuentra sustento normativo y resulta coherente con

el deber del juez de dirigir el proceso y evitar dilaciones

injustificadas, conforme con lo previsto en el artículo 22817 del CGP.

17
“[…] ARTÍCULO 228. CONTRADICCIÓN DEL DICTAMEN. La parte contra la cual se aduzca un
dictamen pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar

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Así las cosas, conforme a lo previsto en el artículo 228 del CGP,

cuando el dictamen deba sustentarse en audiencia, el perito está

obligado a comparecer para su explicación y contradicción. En caso

de inasistencia injustificada, el dictamen carece de valor probatorio.

En el asunto sub examine, la no comparecencia de los peritos

debidamente citados impedía su contradicción técnica, razón por la

cual el Tribunal actuó en consonancia con la consecuencia prevista

por la norma citada en precedencia y decidió tener por no

presentado el dictamen y prescindir de la prueba pericial, que no

pudo ser apreciado por el juez, pues perdió aptitud probatoria.

Como consecuencia de lo anterior, el avalúo oficial elaborado por la

UAECD permaneció como el único dictamen técnico incorporado

válidamente al proceso, como consecuencia de la ausencia de otros

ambas actuaciones. Estas deberán realizarse dentro del término de traslado del escrito con el cual
haya sido aportado o, en su defecto, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la
providencia que lo ponga en conocimiento. En virtud de la anterior solicitud, o si el juez lo considera
necesario, citará al perito a la respectiva audiencia, en la cual el juez y las partes podrán interrogarlo
bajo juramento acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del dictamen. La
contraparte de quien haya aportado el dictamen podrá formular preguntas asertivas e insinuantes.
Las partes tendrán derecho, si lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al perito, en el orden
establecido para el testimonio. Si el perito citado no asiste a la audiencia, el dictamen no
tendrá valor.
Si se excusa al perito, antes de su intervención en la audiencia, por fuerza mayor o caso fortuito, el
juez recaudará las demás pruebas y suspenderá la audiencia para continuarla en nueva fecha y hora
que señalará antes de cerrarla, en la cual se interrogará al experto y se surtirán las etapas del
proceso pendientes. El perito solo podrá excusarse una vez.

Las justificaciones que por las mismas causas sean presentadas dentro de los tres (3) días siguientes
a la audiencia, solo autorizan el decreto de la prueba en segunda instancia, si ya se hubiere proferido
sentencia. Si el proceso fuera de única instancia se fijará por una sola vez nueva fecha y hora para
realizar el interrogatorio del perito.

En ningún caso habrá lugar a trámite especial de objeción del dictamen por error grave.
PARÁGRAFO. En los procesos de filiación, interdicción por discapacidad mental absoluta e
inhabilitación por discapacidad mental relativa, el dictamen podrá rendirse por escrito […]”.
(Destacado de la Sala).

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dictámenes que hubieran sido válidamente sustentados y sometidos

a contradicción en los términos del artículo 228 del CGP.

Adicionalmente, el Tribunal no cerró el debate probatorio, sino que

ordenó el cumplimiento de la prueba decretada en el numeral sexto

del auto de apertura a pruebas, consistente en oficios dirigidos a la

UAE Catastro Distrital para allegar soportes técnicos y

metodológicos del avalúo oficial, así como el avalúo base del sector,

lo cual evidencia que se procuró robustecer el acervo probatorio con

elementos documentales pertinentes.

En consecuencia, la Sala advierte que no le asistió razón a los

recurrentes al solicitar respecto del avalúo allegado con la demanda

“[…] que se haga pronunciamiento del por qué se aplica el error

grave en estos, y como conlleva a la conclusión de prosperar dichos

errores graves […]”, por cuanto, la determinación de prescindir de

la prueba pericial decretada de oficio y de tener por no presentado

el dictamen aportado por la parte demandante se adoptó con

estricto apego a lo dispuesto en el artículo 228 del CGP y a las

facultades de dirección procesal del juez, sin que se configure

vulneración alguna del debido proceso o del derecho de

contradicción, habida cuenta que la consecuencia jurídica derivó del

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incumplimiento de las cargas procesales previstas en la ley y no de

una actuación arbitraria o sorpresiva por parte del despacho.

Al respecto la Sala advierte que, conforme a la jurisprudencia de

esta Sección, cuando el precio o la indemnización incorporados al

acto administrativo reposan en un avalúo oficial, la determinación

del valor está amparada por la presunción de legalidad, de modo

que quien lo controvierte asume la carga de demostrar su

incorrección.

En ese escenario, esta Sección ha reiterado que la prueba idónea

para desvirtuar la corrección técnica del avalúo oficial es, por regla

general, el dictamen pericial, y que un avalúo aportado como

simple documento no reemplaza esa carga demostrativa.

En efecto en sentencia de 10 de abril de 2025 18, esta Sección

indicó:

«[…] 50. Para resolver este argumento de apelación, la Sala
recuerda que la jurisprudencia, con fundamento en la normativa
que regula el asunto, ha considerado que el precio indemnizatorio
está amparado por la presunción de legalidad al ser incorporado al
acto administrativo que ordena la expropiación, por lo tanto, la
parte demandante tiene la carga de probar cuál es error o la
incorrección del avalúo oficial […]

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de
abril de 2025, MP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación
25000234100020190102101.

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51. Además, la Sección Primera del Consejo de Estado ha precisado
que el dictamen pericial es la prueba idónea para acreditar la
incorrección del avalúo oficial; en la sentencia proferida el 30 de
abril de 2020, indicó lo siguiente:

[…] Con fundamento en las anteriores premisas, en nuestro
ordenamiento jurídico la prueba idónea para demostrar la
incorrección del avalúo oficial que determinó el valor comercial de
un bien inmueble objeto de expropiación es el dictamen pericial y,
en consecuencia, tal y como lo estimó el a quo, el avalúo
presentado por el actor con la demanda, siendo una prueba
documental, no resulta conducente para esa finalidad […]».

Ahora bien, el dictamen no obliga al juez, pues la valoración debe

efectuarse bajo las reglas de la sana crítica, de manera que el juez

puede acogerlo total o parcialmente o apartarse de él cuando

carezca de firmeza, precisión y claridad o no permita verificar la

razonabilidad técnica de sus conclusiones.

Incluso, la jurisprudencia ha precisado que el juez puede separarse

del dictamen aun cuando no prosperen objeciones por error grave,

si tras su examen concluye que no brinda certeza suficiente para

fundar la decisión19.

. De la incorreción del avalúo oficial

Aclarado lo anterior, la Sala procederá a examinar el avalúo oficial

incorporado al expediente, en tanto constituye el único dictamen

19
Ver. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de
abril de 2025, MP. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 15001 2331 005 2011 00630
01.

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técnico válidamente allegado y susceptible de valoración probatoria

dentro del proceso, a efectos de verificar su conformidad con el

marco normativo aplicable y determinar si el mismo desvirtúa o no

los cargos formulados en la demanda, en los cuales se señaló que

el mismo adolece de graves falencias pues desconoció el Decreto

1420 de 1998, las resoluciones 620 de 2008, 898 de 2014 y la Ley

388 de 1997, específicamente el artículo 69 con respecto al precio

de indemnización.

En ese orden, del contenido del avalúo oficial20 se advierte lo

siguiente:

20
El avalúo oficial elaborado por la UAECD fue el único dictamen pericial reconocido dentro en el
proceso de la referencia.

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Ahora bien, los recurrentes sostienen que el avalúo oficial, en lo

atinente a la construcción, aplicó el método de reposición con base

en “costos por tipología” elaborados por la propia UAECD, lo que, a

su juicio, compromete su objetividad e imparcialidad, al provenir

tales tipologías de la misma entidad valuadora y no evidenciarse

claridad sobre su origen ni sobre la determinación de los valores

utilizados.

Señalaron que, incluso aceptando la idoneidad del método de

reposición, este debió sustentarse en costos actuales de bienes

semejantes, descontando la depreciación física y el estado de

conservación, pues dichos aspectos no fueron debidamente

explicados, pues se emplearon valores generalizados sin

justificación técnica suficiente.

Agregaron que el Tribunal se limitó a otorgar pleno valor

probatorio al avalúo oficial sin profundizar en la metodología

aplicada ni ponderar en igualdad de condiciones el avalúo aportado

con la demanda, pese a haberse solicitado el reconocimiento de una

indemnización integral.

Finalmente, expusieron la vulneración del numeral 7 del artículo 22

del Decreto 1420 de 1998, al haberse valorado el inmueble con

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estrato 2 cuando correspondía al estrato 3, clasificación que se

encontraba “congelada” por decisión del Distrito y que habría

incidido negativamente en el valor comercial fijado, cuestión que,

en su criterio, no fue resuelta de fondo en la sentencia impugnada.

Cabe resaltar que sobre este asunto, esta Sección ha sostenido que

al haber sido incorporado el valor del avalúo comercial en el acto

administrativo, este goza de presunción de legalidad y debe tenerse

como válido, creíble y fundamentado, por lo que corresponde a la

parte que se siente afectada probar en el proceso que el avalúo

oficial es equivocado, demostrando precisamente sus incorreciones

y, en particular, la incidencia de estas en el valor que se ha

atribuido al bien expropiado, de la siguiente manera21:

“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la jurisprudencia
de esta Corporación en la cual se ha sostenido que el precio
establecido en los actos acusados se encuentra amparado por la
presunción de legalidad y de certeza de las decisiones de la
administración, y que la misma debe ser desvirtuada a través de los
diferentes medios de prueba establecidos en el ordenamiento
jurídico, lo cual no ocurrió en el sub lite.

Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al analizar
objeciones frente al avalúo que sirvió de fundamento para la
determinación del monto de una indemnización expropiatoria, y en
la cual la Sección Primera sostuvo que “al haberse incorporado
dicho valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se encuentra
amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 15 de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000-23-24-
000-2011-00196-01.

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que se predica de las decisiones de la administración, lo cual
admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el
proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando
precisamente su incorrección”.

Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección sostuvo que
“todo lo anterior conduce a la Sala a considerar que debe
tenerse como válido, creíble y fundamentado, el avalúo que
sirvió de base a las decisiones enjuiciadas, sin que el mismo
pueda ser objeto de modificación dado que la actora, quien
tenía la carga probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo”.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y como lo
concluyó el juez de primera instancia, el actor no logró demostrar la
incorrección del avalúo en virtud del cual el Instituto de Desarrollo
Urbano determinó el justo precio de la indemnización expropiatoria
y, en consecuencia, no desvirtuó la presunción de legalidad del acto
administrativo demandado, que lo incorporó […]” (Destacado fuera
de texto).

Ahora, en lo que concierne al alcance de la carga de la prueba para

desvirtuar el avalúo oficial, esta Sala22 ha precisado lo siguiente:

“[…] Para precisar el alcance de la carga que recae sobre el
demandante, atendiendo las presunciones de que gozan los actos
de la administración, no es del caso que el escrito de demanda
anexe otros avalúos, si se pretende con ellos desvirtuar el realizado
por la entidad pública; para atacar la presunción de legalidad y
veracidad de que goza el avalúo oficial, es indispensable que
el actor, con base en las normas que regulan la materia,
indique el defecto en que se ha incurrido y su impacto en el
precio oficialmente establecido, pues de lo que se trata es
precisamente de llevar al convencimiento del juez de que se
ha incurrido en error al establecer el monto de la
indemnización, y no simplemente de identificar otras
alternativas probables […]” (Destacado fuera de texto).

Conforme con la jurisprudencia en cita, para desvirtuar el valor

incorporado en los actos administrativos de expropiación, no basta

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
febrero de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2011-
00115-01.

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con que a la demanda se anexen otros avalúos del bien sobre el

cual recayó la medida, sino que corresponde al interesado

probar los errores del avalúo oficial y, en particular, la

incidencia de estos en el precio que fue determinado.

Al respecto esta Sala recuerda que el Decreto 1420 de 1998 fijó los

lineamientos técnicos y metodológicos que rigen los avalúos para

efectos de expropiación administrativa y establece los métodos de

comparación o de mercado, el de renta o capitalización por

ingresos, el de costo de reposición o el residual, desarrollados en la

Resolución 620 de 2008, así:

«[…] ARTÍCULO 1o. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Es la técnica valuatoria que busca establecer el
valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o
transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables
al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán
ser clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la
estimación del valor comercial.

ARTÍCULO 2o. MÉTODO DE CAPITALIZACIÓN DE RENTAS
O INGRESOS. Es la técnica valuatoria que busca establecer el
valor comercial de un bien, a partir de las rentas o ingresos
que se puedan obtener del mismo bien, o inmuebles
semejantes y comparables por sus características físicas, de
uso y ubicación, trayendo a valor presente la suma de los
probables ingresos o rentas generadas en la vida remanente
del bien objeto de avalúo, con una tasa de capitalización o
interés.

PARÁGRAFO. Se entiende por vida remanente la diferencia
entre la vida útil del bien y la edad que efectivamente posea el
bien. Para inmuebles cuyo sistema constructivo sea muros de
carga, la vida útil será de 70 años y, para los que tengan

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estructura en concreto, metálica o mampostería estructural, la
vida útil será de 100 años.

ARTÍCULO 3o. MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN. Es el
que busca establecer el valor comercial del bien objeto de
avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a
precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y
restarle la depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le
debe adicionar el valor correspondiente al terreno. Para ello se
utilizará la siguiente fórmula:

[…]

ARTÍCULO 10. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Cuando para la realización del avalúo se acuda a
información de ofertas y/o transacciones, es necesario que en
la presentación del avalúo se haga mención explícita del medio
del cual se obtuvo la información y la fecha de publicación,
además de otros factores que permitan su identificación
posterior.

Para los inmuebles no sujetos al régimen de propiedad
horizontal, el valor del terreno y la construcción deben ser
analizados en forma independiente para cada uno de los datos
obtenidos con sus correspondientes áreas y valores unitarios.
Para los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal
se debe presentar el valor por metro cuadrado de área privada
de construcción.

Se debe verificar que los datos de áreas de terreno y
construcción sean coherentes.

En los eventos en que sea posible, se deben tomar fotografías
de los predios en oferta o de los que se ha obtenido datos de
transacción para facilitar su posterior análisis.

[…]

ARTÍCULO 13. MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN. En
desarrollo de este método se debe entender por costo total de
la construcción la suma de los costos directos, costos
indirectos, los financieros y los de gerencia del proyecto, en
que debe incurrirse para la realización de la obra. Después de
calculados los volúmenes y unidades requeridos para la
construcción, se debe tener especial atención con los costos
propios del sitio donde se localiza el inmueble.

Al valor definido como costo total se le debe aplicar la

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depreciación.

PARÁGRAFO 1o. Este método se debe usar en caso de que el
bien objeto de avalúo no cuente con bienes comparables por su
naturaleza (colegios, hospitales, estadios, etc.) o por la
inexistencia de datos de mercado (ofertas o transacciones) y
corresponda a una propiedad no sujeta al régimen de
propiedad horizontal […]”.

La Resolución 620 de 2008 establece los métodos técnicos

mediante los cuales debe determinarse el valor comercial de un

inmueble, entre los cuales desarrolla el método de comparación o

de mercado, el método de costo de reposición y la técnica residual,

cada uno de los cuales parte de supuestos distintos y exige un nivel

propio de soporte técnico.

El método de comparación o de mercado constituye la técnica

por excelencia para determinar el valor comercial de un inmueble,

porque busca reproducir el comportamiento real del mercado

mediante el estudio de ofertas o transacciones recientes de bienes

semejantes y comparables.

Para su adecuada aplicación, el avaluador debe identificar

inmuebles similares respecto de ubicación, uso, características

físicas y estado de conservación, recolectar información verificable

de esas ofertas o ventas y dejar constancia expresa del medio de

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donde proviene, su fecha y los elementos que permitan su posterior

verificación.

Además, la norma en cita prevé que, respecto de los predios no

sometidos al régimen de propiedad horizontal, el valor del terreno y

la construcción deben ser analizados en forma independiente para

cada uno de los datos obtenidos con sus correspondientes áreas y

valores unitarios.

Por su parte, el método de costo de reposición se orienta a

determinar el valor comercial de la edificación a partir del costo que

tendría reproducir hoy una construcción equivalente, restándole la

depreciación acumulada y sumándole el valor del terreno.

En este enfoque el avaluador debe estimar los costos directos e

indirectos, así como los financieros y administrativos necesarios

para ejecutar una obra semejante, teniendo en cuenta las

condiciones del sitio donde se encuentra el inmueble.

. Sobre la alegada indebida aplicación de las tipologías y
características de materiales descritas en el avalúo oficial.

Ahora, en lo que respecta al argumento de los apelantes, de que el

avalúo oficial habría aplicado criterios improcedentes que

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condujeron a que el inmueble objeto de expropiación fuera

avaluado muy por debajo del valor comercial real, específicamente,

cuestionó las fuentes en que se basó el avalúo oficial para

desarrollar el ítem de tipologías y la falta de certeza de la

descripción de los materiales de construcción.

La Sala advierte que dichos planteamientos solo fueron aducidos en

el recurso de apelación, lo que constituye un nuevo cargo contra los

actos acusados, que no fueron invocados en la demanda, situación

que a todas luces es improcedente, no solo por extemporáneo,

pues se insiste que el momento procesal oportuno era la demanda

o su adición, sino también porque de acogerse su estudio se violaría

el derecho de defensa y contradicción de la parte demandada en el

proceso, siendo deber del juez hacer efectiva la igualdad de estas

en el mismo.

Para la Sala la indicación de nuevos cargos contra los actos

acusados en el recurso de apelación resulta a todas luces

improcedente, no solamente por extemporáneos, pues el momento

procesal es en la demanda o su adición, sino en razón a que de

acometer su estudio se estaría violando el derecho de defensa de la

parte demandada en el proceso y el deber del juez de hacer

efectiva la igualdad de las partes en el mismo.

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Así lo ha sostenido esta Sección en varios pronunciamientos, entre

ellos, la sentencia de 31 de mayo de 201823, en la que se señaló:

“[…] la Sala debe puntualizar que los motivos de inconformidad
de la parte apelante involucran normas que no fueron
invocadas en la demanda como violadas, pues las indicadas en
ésta se circunscribieron a los artículos 29 y 58 de la
Constitución Política y 66 de la Ley 388.
A este respecto conviene poner de presente que la
invocación de nuevas normas en esta instancia significa,
ni más ni menos, la formulación de nuevos cargos contra
los actos acusados, lo cual resulta a todas luces
improcedente, no solamente por extemporáneos, pues el
momento procesal es en la demanda o su adición, sino en
razón a que de acometer su estudio se estaría violando el
derecho de defensa de la parte demandada en el proceso y el
deber del juez de hacer efectiva la igualdad de las partes en el
mismo.
Por consiguiente, la Sala solo se referirá a los cuestionamientos
que formula el recurrente con base en los artículos 29 y 58 de
la Constitución Política y 66 de la Ley 388, y no así a los
artículos 187, 252 del C de PC, ni al cargo de falsa motivación.
[…]” (Destacado fuera de texto).

Asimismo, en posterior pronunciamiento, esto es, en sentencia de 8

de octubre de 202024, esta Sección consideró que el ad quem no

puede abordar materias o cuestiones que se plantean en la

apelación, que no hacen parte del concepto de violación del libelo,

ni de lo que la sentencia de primera instancia estudió, pues es su

deber salvaguardar los derechos fundamentales al debido proceso y

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de
mayo de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 25000-23-40-000-
2008-00074-02.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de
octubre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 85001-23-33-000-2017-
00135-01.

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de defensa de la contraparte en el proceso, en los siguientes

términos:

“[…] El Consejo de Estado ha considerado que en los procesos
ordinarios el recurso de apelación tiene límites, toda vez que
debe guardar correspondencia con el petitum de la demanda,
los fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentan, los
argumentos de oposición a la misma y las consideraciones que
sirven de sustento al a quo para fundamentar la sentencia.
Sobre el particular, esta Sección precisó:

“[…] Esta Sala de decisión se limitará a conocer solamente de
los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso,
pues los mismos, en el caso de apelante único, definen el
marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.
[…] Sobre el particular, esta Sección en diversas oportunidades
ha puesto de presente que “[…] el juez de la segunda instancia
está sujeto, al decidir la apelación, a los planteamientos
expuestos en el recurso de alzada sin que esté facultado para
pronunciarse sobre aspectos o puntos de la sentencia de
primera instancia que no fueron objeto de impugnación.
Igualmente ha reiterado que no puede abordar materias
o cuestiones que se plantean en la apelación, pero que
no hacen parte del concepto de violación del libelo, ni
que la sentencia de primera instancia estudió” […] La
Sala reitera que en virtud de los principios de lealtad
procesal, contradicción y de defensa y la congruencia
que debe existir entre el recurso, la sentencia
censurada, el concepto de violación de la demanda y los
argumentos expuestos en la contestación de la misma,
imponen que al apelante le esté vedado exponer en el
recurso de apelación hechos, cargos y presentar
pretensiones nuevas que no alegó ni en la demanda ni
en la contestación. Si lo hiciere, el ad quem no puede
abordar el estudio de estos nuevos reproches, pues es su
deber salvaguardar los derechos fundamentales al
debido proceso y de defensa de la contraparte en el
proceso […]”. (Resaltado fuera de texto).

Es oportuno reiterar que el recurso de apelación tiene como
finalidad controvertir las decisiones proferidas, en primera
instancia, es decir, su contenido y análisis jurídico y probatorio,
para que el superior funcional las revoque, modifique o
adicione; en esa medida, no es un instrumento para incluir
cargos nuevos en contra del acto administrativo acusado

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porque ello desconocería los principios de lealtad procesal,
contradicción, defensa y congruencia que debe existir entre el
recurso y la sentencia apelada. […]” (Destacado fuera de
texto).

En consecuencia, la Sala no puede hacer pronunciamiento de fondo

alguno sobre este cargo, habida cuenta que solo fue invocado como

argumento de defensa en el recurso de apelación. Proceder de

manera contraria rompería el equilibrio procesal y la igualdad de

las partes, pues la parte demandada no tendría la posibilidad de

controvertir y desvirtuar los nuevos argumentos25.

. De la estratificación

La parte actora insistió en que el avalúo oficial desconoció la

realidad socioeconómica del inmueble, en la medida en que este fue

valorado como estrato 2, cuando durante el trámite de la

expropiación el sector ya correspondía al estrato 3.

Mencionó que dicha clasificación se encontraba “congelada” por

decisión del Distrito y que el avalúo oficial se elaboró con base en

ese estrato, lo que, en su criterio, generó una disminución del

precio indemnizatorio reconocido y que este cuestionamiento no fue

objeto de pronunciamiento en la sentencia de primera instancia y

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de
marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación
23001233300420160014301

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que, en consecuencia, el debate sobre la incidencia de la

estratificación en la determinación del valor comercial permanece

sin resolución de fondo.

Sobre este asunto, esta Sección ha sostenido que al haber sido

incorporado el valor del avalúo comercial en el acto administrativo,

este goza de presunción de legalidad y debe tenerse como válido,

creíble y fundamentado, por lo que corresponde a la parte que se

siente afectada probar en el proceso que el avalúo oficial es

equivocado, demostrando precisamente sus incorreciones y, en

particular, la incidencia de estas en el valor que se ha atribuido al

bien expropiado, de la siguiente manera26:

“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la jurisprudencia
de esta Corporación en la cual se ha sostenido que el precio
establecido en los actos acusados se encuentra amparado por la
presunción de legalidad y de certeza de las decisiones de la
administración, y que la misma debe ser desvirtuada a través de los
diferentes medios de prueba establecidos en el ordenamiento
jurídico, lo cual no ocurrió en el sub lite.

Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al analizar
objeciones frente al avalúo que sirvió de fundamento para la
determinación del monto de una indemnización expropiatoria, y en
la cual la Sección Primera sostuvo que “al haberse incorporado
dicho valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se encuentra
amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza
que se predica de las decisiones de la administración, lo cual
admite desde luego prueba en contrario. En tales

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 15 de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000-23-24-
000-2011-00196-01.

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circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el
proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando
precisamente su incorrección”.

Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección sostuvo que
“todo lo anterior conduce a la Sala a considerar que debe
tenerse como válido, creíble y fundamentado, el avalúo que
sirvió de base a las decisiones enjuiciadas, sin que el mismo
pueda ser objeto de modificación dado que la actora, quien
tenía la carga probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo”.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y como lo
concluyó el juez de primera instancia, el actor no logró demostrar la
incorrección del avalúo en virtud del cual el Instituto de Desarrollo
Urbano determinó el justo precio de la indemnización expropiatoria
y, en consecuencia, no desvirtuó la presunción de legalidad del acto
administrativo demandado, que lo incorporó […]” (Destacado fuera
de texto).

En lo que concierne al alcance de la carga de la prueba para

desvirtuar el avalúo oficial, esta Sala27 ha precisado lo siguiente:

“[…] Para precisar el alcance de la carga que recae sobre el
demandante, atendiendo las presunciones de que gozan los actos
de la administración, no es del caso que el escrito de demanda
anexe otros avalúos, si se pretende con ellos desvirtuar el realizado
por la entidad pública; para atacar la presunción de legalidad y
veracidad de que goza el avalúo oficial, es indispensable que
el actor, con base en las normas que regulan la materia,
indique el defecto en que se ha incurrido y su impacto en el
precio oficialmente establecido, pues de lo que se trata es
precisamente de llevar al convencimiento del juez de que se
ha incurrido en error al establecer el monto de la
indemnización, y no simplemente de identificar otras
alternativas probables […]” (Destacado fuera de texto).

Conforme con la jurisprudencia en cita, para desvirtuar el valor

incorporado en los actos administrativos de expropiación, no basta

con que a la demanda se anexen otros avalúos del bien sobre el
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
febrero de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2011-
00115-01.

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cual recayó la medida, sino que corresponde al interesado probar

los errores del avalúo oficial y, en particular, la incidencia de estos

en el precio que fue determinado.

Ahora bien, respecto al alegado cambio de estratificación el sector

en el que se ubicaba el inmueble objeto de expropiación, que pasó

del estrato socioeconómico 2 al 3, la Sala advierte que la visita

técnica para la elaboración del avalúo fue efectuada el 29 de mayo

de 2014, fecha a partir de la cual quedó fijado el marco fáctico,

técnico y normativo bajo el cual debía determinarse el valor

comercial del inmueble objeto de expropiación.

En ese contexto temporal, el estrato socioeconómico vigente del

sector era el 2, con fundamento en el Decreto Distrital 291 de 26

de junio de 2013, circunstancia que fue expresamente consignada

en el informe de avalúo oficial, así:

« […]

[…]»28

28
Sede para la Gestión Judicial “SAMAI”; índice 25; Cuaderno Tribunal; folio 407.

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En consecuencia, el ejercicio de avaluación se adelantó con base en

la estratificación oficialmente vigente para el momento en que se

efectuó la visita técnica para la elaboración del informe técnico.

Posteriormente, mediante Resolución 0001 de 12 de febrero de

2016, la Dirección de Estratificación de la Secretaría Distrital de

Planeación de Bogotá accedió a una solicitud de cambio de estrato

2 al 3, entre otros, respecto del predio objeto de la presente

controversia. Sin embargo, dicha modificación se produjo con

posterioridad a la elaboración a que se efectuó la visita técnica para

la elaboración del avalúo oficial.

Sobre el particular, la Sala precisa que el avalúo comercial no

constituye una valoración dinámica ni abierta a modificaciones

sucesivas, sino un ejercicio técnico con una vigencia definida, que

debe elaborarse a partir de la información oficial existente al

momento de la visita técnica y de la suscripción del informe, de

manera que los cambios posteriores en variables administrativas

como la estratificación no inciden automáticamente en el valor

comercial ya determinado.

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Al respecto, en sentencia de 24 de julio de 202529, esta Sala indicó:

«[…] 122.En el momento en que se realizó el informe técnico
de avalúo comercial, el sector en el que se encontraba ubicado
el inmueble correspondía al estrato 2. Por lo tanto, el avalúo
debió realizarse conforme al estrato legalmente establecido en
ese entonces, tal como se procedió en este caso concreto.

123.Es importante precisar que, aunque mediante la
Resolución núm. 0053 de 9 de septiembre de 201533 el
director de Estratificación de la Secretaría Distrital de
Planeación modificó el estrato asignado por el Decreto Distrital
de 26 de junio de 2013 a la vivienda, este hecho no constituye
un argumento válido para modificar el valor de la
indemnización, en consideración a que conforme al numeral 8°
del artículo 22 del Decreto 1420 de 1998, el estrato vigente
para el predio en el año 2014 era el estrato 234 y, en
consecuencia, el avalúo debe basarse en esa estratificación
[…]».

En esa medida, resulta claro que el eventual cambio de estrato

ocurrido en 2016 no podía ser considerado para ajustar el valor del

avalúo oficial cuya recolección de información fue en el 2014, sin

que ello implique desconocimiento del derecho de propiedad ni del

principio de indemnización justa, además porque la parte actora no

probó cómo ese cambió de estratificación podía variar el valor del

bien.

Cabe anotar que la estratificación socioeconómica constituye una

variable administrativa orientada al cumplimiento de fines de

29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de
julio de 2025, MP Germán Eduardo Osorio Cifuentes, número único de radicación 25000-23-41-000-
2016-00605-01.

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política pública y tarifarios, pero no es un factor determinante

autónomo del valor de mercado de un inmueble.

El precio comercial depende de un conjunto de elementos técnicos,

entre los cuales se destacan la ubicación, las condiciones físicas del

bien, su uso efectivo, el comportamiento real del mercado y los

comparables utilizados conforme a la metodología aplicable, todos

los cuales fueron considerados en el avalúo oficial.

Conforme con lo anterior, la Sala no encuentra desvirtuada la

presunción de legalidad del avalúo oficial.

En este orden de ideas, habida cuenta que la parte actora no

demostró en el proceso que el avalúo oficial era equivocado e

incorrecto, ni acreditó la corrección del justiprecio presentando

otro avalúo que fuera sustentado en los términos del artículo 228

del CGP, ni en las demás pruebas allegadas y practicadas, debe

tenerse como válido, creíble y debidamente fundamentado, el

avalúo oficial que sirve de sustento a las resoluciones acusadas.

Al respecto, se debe destacar que esta Sección ha sostenido que al

haber sido incorporado el avalúo comercial al acto administrativo,

este goza de presunción de legalidad y debe tenerse como válido,

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creíble y fundamentado, por lo que corresponde a quien recurre, en

este caso, al demandante, demostrar en el proceso que el avalúo

oficial es equivocado, acreditando precisamente sus incorreciones.

Sobre el particular, la Sala en sentencia de 15 de agosto de 201930

indicó:

“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha
sostenido que el precio establecido en los actos acusados se
encuentra amparado por la presunción de legalidad y de
certeza de las decisiones de la administración, y que la
misma debe ser desvirtuada a través de los diferentes
medios de prueba establecidos en el ordenamiento jurídico,
lo cual no ocurrió en el sub lite.

Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al
analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de
fundamento para la determinación del monto de una
indemnización expropiatoria, y en la cual la Sección Primera
sostuvo que “al haberse incorporado dicho valor en el
texto de los actos administrativos demandados, debe
entenderse que el mismo se encuentra amparado por
la misma presunción de legalidad y de certeza que se
predica de las decisiones de la administración, lo cual
admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar
en el proceso que el avalúo oficial es equivocado,
demostrando precisamente su incorrección”31.

Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección32
sostuvo que “todo lo anterior conduce a la Sala a
considerar que debe tenerse como válido, creíble y
fundamentado, el avalúo que sirvió de base a las
decisiones enjuiciadas, sin que el mismo pueda ser

30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25-000-23-24-000-
2011-00196-01.
31
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de mayo de 2009, expediente 2005 03509.
C.P: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
32
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 17 de marzo de 2011 y 31 de mayo de 2018,
expedientes 2005 00273 y 2008 0074. C.P: María Elizabeth García González. Ver entre otras
sentencias la 31 de mayo de 2018, expediente 2008 0074.

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objeto de modificación dado que la actora, quien
tenía la carga probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo”.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y
como lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no
logró demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual
el Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio
de la indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no
desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo
demandado, que lo incorporó […]” (Destacado fuera de
texto).

Además de lo anterior, es del caso aclarar que pese a que es cierto

que la Jurisprudencia ha estimado que la indemnización que se

reconoce a quienes se ven afectados con la expropiación, tiene

carácter reparatorio y debe comprender no sólo el precio comercial

del bien sino los demás perjuicios que pudieron causarse con tal

medida, incluidos el daño emergente y el lucro cesante, es deber

del interesado probar ante la Jurisdicción Contencioso

Administrativa, cuáles son los perjuicios y su monto y su nexo de

causalidad con la expropiación decretada, lo que no ocurrió en el

asunto de la referencia33.

Sobre el particular, cabe advertir que, frente a la carga de la prueba

de la parte demandante para efectos de desvirtuar el avalúo oficial

33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de
julio de 2016, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 05001-23-33-000-
2013-01598-01.

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en los procesos de expropiación, esta Sala sostuvo en sentencia de

20 de febrero de 202034, que ahora se prohíja, lo siguiente:

“[…] Para precisar el alcance de la carga que recae sobre el
demandante, atendiendo las presunciones de que gozan los
actos de la administración, no es del caso que el escrito de
demanda anexe otros avalúos, si se pretende con ellos
desvirtuar el realizado por la entidad pública; para atacar
la presunción de legalidad y veracidad de que goza el
avalúo oficial, es indispensable que el actor, con base
en las normas que regulan la materia, indique el
defecto en que se ha incurrido y su impacto en el
precio oficialmente establecido, pues de lo que se
trata es precisamente de llevar al convencimiento del
juez de que se ha incurrido en error al establecer el
monto de la indemnización, y no simplemente de
identificar otras alternativas probables […]” (Destacado
fuera de texto).

Así las cosas, la Sala considera que los argumentos de la alzada no

están llamados a prosperar, en tanto no desvirtúan la presunción de

legalidad del proceso expropiatorio y de los actos administrativos

acusados, razón por la que se confirmará la sentencia recurrida y

así se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

COSTAS PROCESALES

Por último, en cuanto a la condena de costas, de conformidad con

lo previsto en el artículo 18835 del CPACA en armonía con el

34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
febrero de 2020, C.P: Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 2011-00115.
35
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

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numeral 8 del artículo 365 del CGP36, esto es, en aplicación de un

criterio objetivo valorativo37, la Sala condenará a la parte apelante,

en los términos del numeral 3 del artículo 36538 ibidem, al pago de

las costas en esta instancia.

Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la

totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del

proceso39 y por las agencias en derecho40”, de manera que le

corresponde a esta Sala, producto de la comprobación de la gestión

útil de la parte vencedora, fijar el valor de las costas en el

componente de agencias en derecho al verificarse en esta instancia

la intervención de la parte demandada a través de apoderado

<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
36
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
37
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto
prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP;
y, valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.
38
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.
39
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
40
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

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judicial. Frente a las expensas y los gastos del proceso, su fijación

se sujetará a la liquidación41 que realice el secretario del Tribunal

a quo y según la comprobación de que se incurrieron en éstos.

Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del

artículo 366 del CGP42, se fijan como agencias en derecho, la suma

de $571.240 (equivalente al 0,2% del valor de las pretensiones43) a

favor del IDU. Lo anterior, de conformidad con las tarifas

establecidas en el del artículo 6°44 del Acuerdo núm. 1887 de 26 de

junio de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura,

según la naturaleza del proceso, la calidad y duración de la gestión

realizada por la parte vencedora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

41
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la
primera instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366
ibidem.
42
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de
obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin
que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.
43
De conformidad con el folio 2 del C. Principal de primera instancia, el valor de la mayor pretensión
corresponde a $285.620.240.
44
“[…] ARTÍCULO 6º.Tarifas. […] III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. […] 3.1.3.
Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con
cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia […]”.

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F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas, en esta instancia, a la parte

demandante y en favor del IDU, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de $571.240

(equivalente al 0,2% del valor de las pretensiones), la cual deberá

incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte actora.

CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al

Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 febrero de

2026.

PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente Aclara voto
Salva voto parcial

GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Aclara voto

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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