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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2016-01743-01

Fecha
8 de agosto de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2016-01743-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia del 20 de febrero de 2019 proferida Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 43 Radicación núm.: 25000234100020160174301 Demandante: Mariela Bohórquez de Céspedes por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO. - SIN CONDENA en costas de segunda instancia. TERCERO. - Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de Origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2016-01743-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

8 de agosto de 2025

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Radicación núm.: 25000234100020160174301
Demandante: Mariela Bohórquez de Céspedes

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá DC., ocho (08) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Medio de control de protección de derechos e
intereses colectivos
Radicación núm.: 25000234100020160174301

Demandante: Mariela Bohórquez de Céspedes
Demandados: Nación- Ministerio de Cultura y otros.

ACCIÓN POPULAR – SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, Ministerio de Cultura, el Municipio de Guaduas-
Concejo Municipal de Guaduas contra la sentencia del 20 de febrero de 2019
emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la cual se
ampararon los derechos colectivos a la protección de los bienes de interés
cultural de la nación y a la seguridad pública, previo recuento de los siguientes
antecedentes.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La Alcaldía Municipal de Guaduas, otras entidades y dependencias
administrativas funcionan en las instalaciones del Convento de la Recoleta de
Nuestra señora de los Ángeles (Convento de la Soledad) del municipio de
Guaduas, el cual, es un bien de conservación integral de acuerdo con la
resolución 021 de 1997 y la Ley 163 de 1959.

Señala el actor que la falta de mantenimiento, la ocupación irregular, el uso y
las intervenciones inadecuadas técnicamente sobre el referido bien vulneran
los derechos colectivos a la protección de los bienes de interés cultural de la
nación y a la seguridad pública.

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Demandante: Mariela Bohórquez de Céspedes

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“1.-Se ordene al Ministerio de Cultura que a partir de la ejecutoria de la
sentencia se incluya anualmente en el presupuesto del MINISTERIO DE
CULTURA las partidas necesarias para la recuperación, el mantenimiento y
conservación del inmueble denominado CONVENTO DE LA RECOLETA DE
NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES (CONVENTO DE LA SOLEDAD) de
GUADUAS.

2.- Se ordene al MINISTERIO DE CULTURA realizar anualmente una visita
para comprobar el estado del inmueble y ordenar la restauración de las
zonas en que exista la necesidad de hacerlo.

3.- Se ordene a la ALCALDÍA y demás entidades accionadas el desalojo del
inmueble, a más tardar en un (1) mes y se le conmine a no volver a
ocuparlo con ninguna dependencia del municipio y a tomar las medidas de
protección del inmueble, en materia de seguridad y de conservación de las
vías públicas y a realizar todas las acciones que impidan la afectación en el
entorno del CONVENTO y contribuyan a deteriorarlo.

4.- Se realice, una vez desocupado el inmueble materia de esta Acción, la
entrega del mismo por el Ministerio de Cultura al Patronato de Guaduas,
propietario de este Monumento Nacional para que esta entidad pueda
cumplir el objetivo de desarrollar labores culturales en beneficio de toda la
comunidad de Guaduas.

5.- Las demás que considere el señor Magistrado pertinentes en orden a la
protección del CONVENTO DE LA RECOLETA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS
ÁNGELES (CONVENTO DE LA SOLEDAD) de Guaduas y por aplicación de la
Tutela 443 de 2013 que establece la prevalencia del derecho sustancial
sobre el derecho formal y la posibilidad para el juez de la Acción Popular de
proferir fallos extra y ultra-petita, se tomen las demás medidas pertinentes
y adecuadas para proteger el bien.”1

Así mismo, presentó una solicitud de medida preventiva cautelar para que se
impidiera la agravación del daño y vulneración de los derechos colectivos con
la ocupación de la Alcaldía de Guaduas y de las otras entidades municipales

1 Fl. 524 del C. Principal respaldo.

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del Convento La Recoleta de Nuestra Señora de los Ángeles (Convenio La
Soledad), para lo cual, solicitó la cesación inmediata de actividades por parte
de la Alcaldía Municipal de Guaduas y de las entidades que funcionaban en el
convento, así como, el retiro de los bienes muebles que ocupaban el convento
y la actualización del proyecto de restauración del convento. Igualmente, pidió
que el Ministerio de Cultura aprobara los recursos necesarios para implementar
los trabajos de restauración requeridos y se ordenaran medidas frente a los
riesgos que pudieran representar las condiciones de invierno que se
avecinaban.2

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

II.1. Mediante auto del 19 de octubre de 2016, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca admitió la demanda, ordenó notificar al Ministerio de Cultura, al
alcalde Municipal de Guaduas, al presidente del Concejo municipal de Guaduas,
al personero municipal de Guaduas y al director del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado3.

En auto separado de la misma fecha, negó la solicitud de la medida cautelar.4

II.2. El Ministerio de Cultura contestó la demanda. Manifestó que el centro
histórico del Municipio de Guaduas fue declarado monumento nacional, según
la Ley 163 de 1959, ahora señalado como bien de interés cultural del ámbito
nacional, sin embargo, el Convento de la Recoleta de Nuestra Señora de los
Ángeles- Convento la Soledad no era considerado individualmente como tal,
sino que su protección se da en virtud del área afectada – centro del municipio
de Guaduas-.

Señaló que el bien era de propiedad del Patronato de Guaduas, por tanto, era
respecto del propietario que se podían predicar los cuidados y mantenimientos.
Indicó que al ser un bien privado que se encuentra en un centro histórico
pertenece a un régimen jurídico especial de protección por su ubicación.

2 Fl. 16 Cuaderno Principal.
3 Fls. 49 a 51 del C. Principal.
4 Fls 36 a 42 del C. Principal.

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Argumentó que no se puede pensar que, por la declaratoria de un inmueble
como un bien de interés cultural, se genere un cambio de su condición jurídica
y tampoco limitar los derechos y obligaciones que tienen los propietarios sobre
ellos.

Adujo que conforme a las competencias derivadas de la Ley 397 de 1997
modificada por la Ley 1185 de 2008, el Ministerio de Cultura es quien autoriza
las intervenciones que se pretendan realizar sobre el bien que se encuentre
dentro del área afectada o de influencia de bienes declarados como de interés
cultural, sin embargo, ello no implica que el Ministerio sea el que deba pagar
el costo de la intervención o que deba aportar para ello, porque esos costos
deben ser asumidos por el propietario o poseedor interesado.

Se opuso a las pretensiones de la demanda, por cuanto el Ministerio de Cultura
no había generado acciones u omisiones que vulneraran los derechos
colectivos reclamados. Alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva,
por no ser el propietario del bien y solicitó la vinculación del patronato de
Guaduas5.

II.3. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi contestó la demanda.
Manifestó que la acción popular era improcedente en relación con el Instituto,
porque no tenía competencia para realizar las acciones y medidas necesarias
para la recuperación del bien. Formuló como medio exceptivo la falta de
legitimación en la causa por pasiva. 6

II.4. El Municipio de Guaduas contestó la demanda. Señaló que no era
cierto que no se hubieran adelantado actividades de mantenimiento del bien.
Indicó que, al retirar a la Administración Municipal del inmueble, se colapsaría
la función pública que se realizaba en el lugar. Aclaró que la edificación
correspondiente a la iglesia no está ocupada por la Administración municipal,
por tanto, el deterioro de ese punto específico no es atribuible a la
administración. Finalmente, señaló que no hay pruebas del señalamiento de
descuido, mal uso y ocupación ilegal. Dijo que el inmueble cumplía con el
propósito legal de conservarse para el acceso y disfrute de generaciones

5 Fls. 67 a 76 del C. Principal.
6 Fls. 139 a 148 C. Principal.

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venideras, así como el reconocimiento y respeto de su valor histórico.7

II.5. El Patronato de Guaduas en su documento de contestación de la
demanda señaló que el Convento de la Recoleta de Nuestra Señora de los
Ángeles de Guaduas (Convento de la Soledad), contrario a lo dicho por el
Ministerio de Cultura, está en la categoría de bien de interés cultural y por lo
tanto está sometido a un régimen de conservación y protección legal.

Afirmó que venía siendo ocupado de manera ilegal por parte del municipio y
las demás entidades accionadas. El Patronato de Guaduas sí había realizado
actividades para la preservación del bien, como la solicitud de devolución, así
como, en asocio con el alcalde para el periodo de 1998 se adelantaron
gestiones acerca del apoyo financiero estatal que podría obtenerse y la
elaboración del anteproyecto de acuerdo con la metodología suministrada por
la Gobernación y se continuó y concretó el proceso.

Señaló que el 30 de septiembre de 2002 el Patronato de Guaduas presentó
ante la Secretaría Departamental de Cultura de Cundinamarca el proyecto para
la restauración del convento La Soledad, para ser inscrito ante el Banco de
Proyectos del Departamento. Concluyó que la vulneración de los derechos
colectivos se debía a la acción y omisión del Ministerio de Cultura, el Municipio
de Guaduas, la Personería Municipal de Guaduas y la Unidad Operativa de
Catastro de Guaduas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.8

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la protección al
derecho colectivo a la protección de bienes de interés cultural de la nación y a
la seguridad pública. A continuación, se transcribe la parte resolutiva:

“PRIMERO. - DECLÁRESE NO PROBADA la excepción denominada FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA propuesta por la Nación- Ministerio
de Cultura y el IGAC, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

7 Fls. 1 a 9 del C.4.
8 Fls. 193 a 212 del C. Principal. (1 A)

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SEGUNDO. – DECLÁRENSE no probadas la afectación de los derechos
colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público, por las razones
expuestas en esta providencia.

TERCERO. - DECLÁRESE la protección del derecho colectivo a “la protección de
los bienes de interés cultural de la nación y a la seguridad pública”, por las
razones expuestas en la parte resolutiva de la presente providencia.

CUARTO. – ORDÉNASE a la Alcaldía Municipal de Guaduas- Cundinamarca, al
Concejo Municipal de Guaduas, a la Personería Municipal de Guaduas y la Oficina
de Catastro de Guaduas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que, en el
término de un año contado a partir de la ejecutoria de esta providencia, procedan
a realizar ENTREGA a las distintas dependencias administrativas que
actualmente funcionan en el bien inmueble denominado CONVENTO LA
RECOLETA –ubicado en el Municipio de Guaduas Cundinamarca– al Patronato de
Guaduas.

QUINTO. –CONDÉNASE a la Alcaldía Municipal de Guaduas- Cundinamarca, al
Concejo Municipal de Guaduas, a la Personería Municipal de Guaduas y la Oficina
de Catastro de Guaduas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que, en el
término de seis meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia,
inicien las actuaciones administrativas necesarias que permitan garantizar la
restauración del bien denominado CONVENTO LA RECOLETA. Para ese
propósito deberán presentar un estudio técnico en virtud del cual se disponga el
retiro de todo objeto, material de construcción y elemento externo a la
estructura misma del bien inmueble denominado CONVENTO LA RECOLETA
Ubicado en el Municipio de Guaduas Cundinamarca. Las intervenciones físicas al
inmueble deberán ser presentadas y autorizadas por parte del Ministerio de
Cultura.

SEXTO. - DISPÓNGASE que el PATRONATO DE GUADUAS con la colaboración
de la Secretaría de Cultura de Guaduas, elabore con destino al Ministerio de
Cultura, un nuevo estudio en virtud del cual se determine (1) el estado actual
del inmueble; (2) el estado de devolución del inmueble; (3) los procedimientos
técnicos necesarios para disponer el inmueble a los propósitos de preservación
cultural para el cual ha sido reclamado; (4) el costo de conservación del
inmueble. Lo anterior con el propósito de que el Ministerio de Cultura autorice
las adecuaciones correspondientes.

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SÉPTIMO. – ORDÉNASE al Ministerio de Cultura, que dentro de los seis (6)
meses siguientes a la fecha de expedición de la presente providencia, elabore
un estudio técnico acerca del estado del inmueble, del procedimiento de
devolución, el valor comercial de su mantenimiento, y si fuese del caso, se
disponga el inicio del procedimiento administrativo de negociación del inmueble
para adquirirlo a favor del Estado; o, que conlleve a la expropiación que
garantice que el inmueble recupere el valor cultural para el cual ha sido
reconocido y declarado como un bien de interés cultural para la Nación.

OCTAVO. – REMÍTASE copia de esta sentencia al Registro Público centralizado
de acciones populares y de grupo de la Defensoría del Pueblo.

NOVENO. – Para garantizar el cumplimiento de la decisión se dispone la
conformación de un Comité de Verificación conformado por:

1) El actor popular
2) Por un delegado del Ministerio de Cultura
3) Un delegado del Instituto Colombiano de Antropología e Historia
4) Un representante de la Casa de la Cultura de Guaduas
5) Un delegado del Alcalde Municipal de Guaduas
6) Un Concejal del Municipio de Guaduas
7) Un delegado de la Personería Municipal

Incorpórese al Comité de Verificación de Cumplimiento al Arquitecto Gustavo
Murillo. Dicho Comité rendirá informes semestrales a este Despacho, sobre los
avances y logros de las gestiones que vienen ordenadas en la presente
sentencia. El Comité será presidido por el Magistrado Ponente.

DÉCIMO. - SIN LUGAR A CONDENAR EN COSTAS, por no haberse causado.
UNDÉCIMO. - Ejecutoriada esta providencia y previas las constancias del caso
ARCHÍVESE el expediente.
(…)”9

Para el amparo de los derechos solicitados, el Tribunal consideró que, según
la resolución 0854 del 1 de junio de 201110, el Ministerio de Cultura autorizó
el proyecto de restauración integral del Convento de la Recoleta de Nuestra
Señora de los Ángeles (Convento de la Soledad). Así mismo, que de acuerdo

9 Fls. 524 al 562 del Principal.
10 Fls. 396 a 402 del Principal.

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con la resolución 021 de 1997, el Convento está catalogado como inmueble de
conservación integral.

En esa vía, señaló que conforme al literal c) del artículo 4 de la ley 397 de
1997 los bienes del patrimonio cultural de la Nación, así como los bienes de
interés cultural, pueden pertenecer, según el caso, a la Nación, a personas
naturales o a personas jurídicas de derecho privado.

Resaltó que el ámbito de aplicación de la mencionada ley define un régimen
especial de salvaguarda, protección, sostenibilidad, divulgación y estímulo
para los bienes del patrimonio cultural de la Nación que sean declarados bienes
de interés cultural.

Concluyó que, desde el 1 de junio de 2011, el bien fue declarado de interés
cultural, el Ministerio de Cultura autorizó la restauración y está demostrado
que el inmueble se encontró “en estado de deterioro y con amenaza de ruina”.
Aunque sea un inmueble de una propiedad privada, la naturaleza de bien de
interés cultural, como monumento nacional con categoría de conservación
integral, le impone al Estado que se proteja como derecho colectivo el
patrimonio cultural de la Nación y la consiguiente reparación del inmueble.

Aclaró, en este caso, que el derecho colectivo a la defensa del patrimonio
cultural de la nación estaba siendo afectado no por la ocupación por parte de
la administración municipal, sino porque, la misma, por el uso, el paso del
tiempo y la falta de mantenimiento estaba viéndose afectado. Puntualizó que
la afectación venía tanto de las dependencias que funcionan en el convento,
como del Ministerio de Cultura, las primeras por acción al usarlo y no realizarle
mantenimiento y el segundo porque es el ente nacional encargado de velar de
manera activa por la no afectación de los bienes declarados de interés
cultural.11

IV. RECURSOS DE APELACIÓN

IV.I El Instituto Geográfico Agustín Codazzi apeló el fallo de primera
instancia. Como razones del recurso señaló que el fallo no tuvo en cuenta que

11 Fls. 524 a 562 del C. Principal.

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el IGAC era mero tenedor de una parte del inmueble objeto de la acción
popular, ya que el Municipio de Guaduas le facilitó ubicarse en las instalaciones
para que funcionara la Unidad Operativa de Catastro de Guaduas y prestar
atención a la comunidad.

Razón por la cual, insistió en la falta de legitimación en la causa por pasiva.
Manifestó que solo le correspondía la devolución del inmueble en las
condiciones que lo recibió, pero no debía realizar más actividades, porque no
tenía ninguna relación legal con el inmueble.

Estuvo inconforme con las órdenes dadas a la entidad, según las cuales, en el
término de seis meses desde la ejecutoria de la providencia, se iniciarían las
actuaciones administrativas necesarias que permitieran garantizar la
restauración del bien denominado CONVENTO LA RECOLETA, con la
presentación ante el Ministerio de Cultura junto con la Alcaldía Municipal de
Guaduas, el Concejo municipal y la Personería municipal de Guaduas de un
estudio técnico en el cual se dispusiera el retiro de todo objeto, material de
construcción y elemento externo a la estructura misma del bien.12

IV.II En escritos separados el Municipio de Guaduas- Concejo municipal
de Guaduas presentaron recursos de apelación. El Municipio de Guaduas
como sustento del recurso señaló que el numeral cuarto de la parte resolutiva
de la acción popular, excedió la competencia y naturaleza de la acción, porque
ordenó la restitución del inmueble a través de la acción popular, sin que el
propietario hubiere realizado una demanda de restitución de inmueble.

Aseguró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se había equivocado
al atribuirle la causa del deterioro del inmueble al Municipio de Guaduas,
porque la carga de mantenimiento del inmueble era del Patronato de Guaduas
como propietario.

Señaló que el dictamen pericial arrojó una causa distinta al deterioro que no
tenía que ver con el uso inadecuado de la administración municipal, sino que
correspondía a la falta de mantenimiento del bien. Concluyó que, como la
causa del deterioro era la falta de mantenimiento y ésta le correspondía al

12 Fls. 575 a 576 del C. Principal.

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Patronato de Guaduas, el Municipio no era a quien le correspondía cumplir las
órdenes del fallo.

Sostuvo que, como el bien es de interés cultural de la Nación, el Ministerio de
Cultura estaba a cargo de su conservación. Señaló que el fallo no observó la
solicitud del municipio presentada al departamento de Cundinamarca en la
vigencia de 2006 para financiar el 48% del proyecto junto con el documento
denominado “Estudios, diagnóstico, diseño y restauración del Convento de la
Soledad - Guaduas (Cundinamarca)”, para verificar las actuaciones y trámites
del municipio en relación con la preservación del bien. En ese sentido, sostuvo
que se dejó de vincular al Departamento de Cundinamarca, a quien, ante la
falta de recursos del municipio se acudió para solicitar apoyo financiero para
ejecutar las obras requeridas.

Argumentó que el Tribunal dio por probada de manera inadecuada la existencia
del daño real e inminente al interés colectivo de la seguridad pública, porque
a pesar de haberse criticado el dictamen pericial y haber advertido que sólo se
hizo a partir de una inspección ocular sin ningún sustento técnico, se les dio
validez y eficacia, para concluir el riesgo inminente.

Indicó que las medidas tomadas por el Tribunal son inadecuadas, al dejar de
ponderar dos derechos en colisión, la protección de un bien cultural y la
prestación de servicios públicos por parte de la administración municipal.
Indicó que el Tribunal debió tener en cuenta que la orden de desalojar las
instalaciones tiene un contrasentido, puesto que el Patronato no cuenta con
los recursos económicos para el sostenimiento adecuado del convento. En ese
sentido, señaló que el Tribunal como juez constitucional no consideró el grado
de satisfacción de los derechos contrapuestos.

Encontró inadecuado que no se hubiera tenido en cuenta el principio de
anualidad presupuestal, al ordenar el traslado de las dependencias de la
entidad sin contemplar la vigencia fiscal que implicaría un gasto adicional para
el municipio, además, la sexta categoría del municipio que lo obliga
presupuestalmente a acudir a otras entidades para obtener los recursos a fin
de restaurar el Convento la Recoleta como monumento nacional- bien de
interés cultural de ámbito nacional. Así mismo, señaló la imposibilidad del
municipio para invertir dinero público en un bien privado, dada la orden de

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entrega al Patronato de Guaduas.

Ahora, en el escrito aparte del recurso de apelación del Concejo municipal de
Guaduas solicitó que se revocaran los numerales 4, 5, 7, 8 y 9 de la parte
resolutiva de la sentencia. Señaló que, durante años, el municipio es el que ha
garantizado la conservación y cuidado del bien. Consideró que el Tribunal
excedió su competencia al ordenar la entrega de un bien inmueble de
propiedad particular abandonado por su propietario y ocupado por la Alcaldía
Municipal, cuando lo procedente era acudir a las acciones civiles que buscan
reivindicar el derecho de dominio del inmueble.

En ese sentido, argumentó que transgredieron el derecho de defensa frente a
la posesión del bien inmueble, por lo que, encontró inadecuada la orden de
entrega del predio cuando por 48 años, el concejo municipal había ejercido
una posesión. Señaló, además, que había una indebida representación de
quien funge en calidad de representante del Patronato de Guaduas, porque en
el expediente no se observa la identificación y poderes otorgados de quienes
dicen actuar en nombre del Patronato de Guaduas, por lo tanto, se incurrió en
una equivocación al ordenar la entrega del inmueble al Patronato de Guaduas
y desconocer la posesión de quien lo ha ocupado.

Señaló que, en cuanto al Patronato de Guaduas, no hay evidencia de quién lo
representa, por lo que de acuerdo con sus estatutos al liquidarse los bienes
pasarían a la Beneficencia de Cundinamarca. Manifestó que, al ser un bien
privado, la conservación y cuidado corresponde a los propietarios de acuerdo
con la reglamentación y requisitos que disponga el Ministerio de Cultura. 13

IV.III El Ministerio de Cultura interpuso recurso de apelación. Manifestó su
desacuerdo con la decisión de primera instancia. Señaló y solicitó se revocara
en su totalidad el numeral séptimo de la parte resolutiva de la sentencia de
primera instancia, porque la sentencia es imprecisa al considerar que el
Convento de la Recoleta de Nuestra Señora de los Ángeles- Convento la
Soledad, es un bien de interés cultural del ámbito nacional (BIC NAL), y que
por lo tanto ha sido declarado como tal.

13 Fls 577 a 594 y 602 a 621 del C. Principal.

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Sostuvo que el inmueble no tiene declaratoria individual como bien de interés
cultural del ámbito nacional. Señaló que el inmueble en mención se encuentra
en el centro histórico del municipio de Guaduas y que como el centro histórico
de Guaduas si tiene declaratoria como bien de interés cultural del ámbito
nacional, todas las intervenciones que se pretendan realizar sobre el bien
deben ser autorizadas por el Ministerio de Cultura, sin embargo, indicó que el
hecho de que un bien sea declarado bien de interés cultural nacional que sea
público y que las obligaciones del propietario desaparezcan.

Arguyó que el fallo de primera instancia le dio un alcance que no tiene a la ley
397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008, respecto de las funciones
del Ministerio de Cultura como garante de la protección del patrimonio cultural
de la Nación, puesto que no se puede deducir que el deber de velar por los
bienes protegidos, con el de sufragar los costos y gastos de los bienes que son
de propiedad particular, los cuales están a cargo de los propietarios.

Insistió que no existe acción u omisión imputable al Ministerio de Cultura y
que la orden dada en el numeral séptimo del fallo es idéntica a la del numeral
sexto, entonces no entiende la finalidad de realizar dos estudios.

Manifestó la inconformidad con la orden impartida al Ministerio, para que,
conforme a las apropiaciones presupuestales, se disponga con fines de
protección y conservación del inmueble, que se adelante el proceso de
enajenación voluntaria, para que el inmueble constituya patrimonio público a
favor de alguna de las entidades del Estado que garantice su conservación, y
que si fuera del caso se realizase su expropiación en los términos del artículo
58 de la Constitución Política, con el objetivo de conservarlo y recuperarlo
como valor cultural. Hizo consistir su inconformidad en que no se puede forzar
a una entidad a adquirir un bien del cual no tiene intención o vocación de uso
o explotación.

Además, indicó que no median razones de utilidad pública o interés general
que lleven al Ministerio a pretender adquirir el bien y los demás privados que
hubieran sido declarados BIC NAL – Bienes de Interés Cultural Nacional y
tampoco hay razones para que una orden judicial señale la compra de un bien
de manera forzada sin saber su cuantía y las condiciones particulares del
mismo.

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Concluyó que se debe revocar parcialmente la decisión de primera instancia,
concretamente el numeral séptimo en su integridad.14

IV.IV. Medida cautelar decretada en la segunda instancia

Mediante auto del 20 de septiembre de 2023, el Despacho decretó la medida
cautelar que consistió en lo siguiente:

PRIMERO: CONCEDER la medida cautelar presentada el 13 de enero de
2020, por la señora Mariela Bohórquez de Céspedes, en su calidad de actora
popular, en su calidad de actora popular, en el sentido de ORDENAR al
municipio de Guaduas, Cundinamarca, que dentro del plazo de treinta (30)
días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, desocupe en su
totalidad las instalaciones del Convento de la Recoleta de Nuestra Señora
de los Ángeles (Convento de la Soledad).

Para decretar la medida cautelar, el Despacho tuvo en cuenta los siguientes
razonamientos:

• La finalidad de una medida cautelar en un proceso de acción popular, según lo
dispuesto en el artículo 25 de la ley 472 de 1998 puede ser la de prevenir un
daño inminente o para hacer cesar el que se hubiere causado.

• Según el dictamen pericial se estableció que los estudios de restauración
integral contratados por la Alcaldía de Guaduas determinaron que el inmueble
no tenía un adecuado mantenimiento y presentaba un avanzado estado de
deterioro y sus principales espacios habían sido subdivididos con muros de
mampostería.

• Según el dictamen pericial, señaló que se había determinado que, de acuerdo
con la ficha de evaluación del proyecto realizada por el Ministerio de Cultura y
el oficio enviado a la Alcaldía en el 2008, se demostró el deterioro avanzado
de la cubierta y los entrepisos por falta de mantenimiento, con exceso de
cargas de los mismos. A tal punto que el Ministerio de Cultura llegó a solicitarle
al Municipio realizar un traslado lo antes posible de las dependencias de las

14 Fls. 595 a 599 del C. Principal.

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cuales se presta la atención al público para disminuir el riesgo que amenaza a
las personas que trabajan y visitan el inmueble.

• Estableció que, en la visita presencial del peritaje se observó que las
intervenciones realizadas en años anteriores habían afectado tanto las
condiciones espaciales y tipológicas del Convento como los sistemas
constructivos originales que les confiere el valor técnico, con riesgo de la
protección y salvaguarda del bien patrimonial de valor histórico de la nación.

• Finalmente, señaló de acuerdo con el peritaje, que las intervenciones
adelantadas por la Alcaldía de Guaduas posteriores a la realización integral no
se enmarcan dentro del artículo tercero de la resolución 0854 del 1 de junio
de 2011 del Ministerio de Cultura. Resaltó que el peritaje técnico estimó que
las intervenciones realizadas en los últimos seis años habían continuado
afectando las características especiales y de los sistemas constructivos del
inmueble por no realizarse de conformidad con lo autorizado dentro de la
Resolución.15

En cuanto al cumplimiento de las órdenes dadas en la medida cautelar, en el
expediente obran oficios allegados por el señor Luis Ricardo Ávila Pinto en
donde manifiesta que:

“(…)

1. El inmueble ha entrado en un estado de deterioro acelerado y progresivo,
amenazando ruina y destrucción exagerada que pone en peligro la vida de
las personas que pudiesen estar cerca del inmueble en cualquier momento,
toda vez que la administración municipal no ha implementado, ni ha
permitido implementar por parte del patronato ninguna de las medidas de
primeros auxilios ya emitida en concepto técnico por el ministerio de
cultura.

2. En febrero de 2023 fue instaurada en el juzgado promiscuo del circuito de
Guaduas (Cundinamarca) demanda ordinaria de pertenencia contra el
patronato de Guaduas, sobre una parte del inmueble objeto de este
proceso, por parte de una persona natural.

15 Índice 0056 de SAMAI.

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3. Desde el mes de noviembre de 2023 el inmueble quedo sin seguridad en
su puerta principal de acceso, lo que ha permitido el libre ingreso de
personas habitantes de calle a pernoctar en el antejardín, pudiendo en esta
situación generar hechos adicionales y deletéreos como invasiones y
similares. (…)”16

Seguido, se observa en el expediente, una petición del 22 de
septiembre de 2023, en que el representante legal de patronato
señala:

“(…)
2. Como ha sido de público conocimiento y a través de la Acción Popular
25000234100020160174300 de la Señora MARIELA BOHORQUEZ DE
CESPEDES (QEPD) Vs. MINISTERIO DE CULTURA y Otros, que declaro “la
protección del derecho colectivo a la protección de los bienes de interés
cultural de la nación y a la seguridad pública” mediante Sentencia de veinte
(20) de febrero de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Primera Subsección “A”, Magistrado Dr. FELIPE ALIRIO SOLARTE
AMAYA. Hoy en apelación ante el H. Consejo de Estado, donde entre otras
cosas, Ordeno el desalojo del inmueble por los diferentes entes públicos
que lo ocuparon para su beneficio propio, situación que a la fecha de hoy
ya se ha dado cumplimiento.

3. Es de aclarar que desde su desalojo por parte de los entes públicos y
hasta la fecha los deterioros de la edificación del Convento se han agravado
preocupantemente sin que se conozca ninguna acción oportuna y eficaz
encaminada a contrarrestarlos; antes, por el contrario, violando toda
norma y disposición de Conservación como Monumento Nacional,
amenazando ruina y peligro de desplomarse.

4. Por lo anterior y de CARÁCTER URGENTE, solicitamos la entrega formal
y material del inmueble donde se nos indique a través de correo electrónico
patronatodeguaduas@gmail.com; que ya los entes que se encontraban
habitándolo para su beneficio han desalojado en un cien por ciento (100%)
dando cumplimiento a lo ordenado por la Ley. (…) “17

16 Índice 67 de SAMAI
17 Índice 62 de SAMAI

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V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.I. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el
artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019,
proferido por el Consejo de Estado, esta Corporación es competente para
conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación en contra de las
sentencias emitidas por los Tribunales Administrativos en los medios de control
de defensa de intereses y derechos colectivos.

V.II. Delimitación de la decisión de segunda instancia.

Según lo dispuesto en los recursos de apelación, le corresponde a la Sala
establecer si procede revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar,
negar el amparo de los derechos colectivos a la protección de los bienes de
interés cultural de la nación y a la seguridad pública a cargo de la Alcaldía de
Guaduas- Concejo Municipal de Guaduas, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi IGAC y el Ministerio de Cultura.

De la lectura de los recursos de apelación, la Sala observa que ninguno
desconoce la existencia de la vulneración de los derechos colectivos
amparados, sino que buscan exculparse de su responsabilidad individual frente
a dicha vulneración, o que se evalúe las ordenes en específico, las cuales, a
su juicio, desconocieron el ordenamiento jurídico. Razón por la cual, se
delimitará el análisis a los reparos de responsabilidad de cada uno de los
recurrentes.

V.III. El IGAC- Instituto Geográfico Agustín Codazzi

De acuerdo con el recurso de apelación del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi IGAC, a la entidad –como tenedora de una parte del inmueble objeto
de la acción popular– solo le correspondía la devolución del inmueble en las
condiciones que lo recibió, pero no debía realizar más actividades, porque no
tenía ninguna relación legal con el inmueble.

En ese sentido, sostuvo que no se le ha debido ordenar su participación para

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iniciar las actuaciones administrativas necesarias que permitieran garantizar
la restauración del bien denominado CONVENTO LA RECOLETA - con la
presentación junto con las demás entidades obligadas - ante el Ministerio de
Cultura del estudio técnico en el cual se dispusiera el retiro de todo objeto,
material de construcción y elemento externo a la estructura misma del bien.

Frente a los argumentos expuestos, la Sala no comparte el razonamiento del
IGAC, puesto que no es, en este caso, la relación legal, la que define la orden
que le fue impuesta.

Los artículos 2 y 9 de la ley 472 de 1998, disponen que las acciones populares
son los medios de protección de los derechos e intereses colectivos, para evitar
un daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o
agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosa a su
estado originario, en cuanto fuere posible.

Son, por tanto, procedentes las acciones populares frente a toda acción u
omisión de las autoridades o de los particulares que hayan vulnerado o
amenazado vulnerar derechos o intereses colectivos.

Si la anterior norma se lee en conjunto con el artículo 34 de la ley 472 de
1998, dice que, en la sentencia se puede exigir a las autoridades la realización
de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior de la
vulneración del derecho o interés colectivo, cuando fuere físicamente posible;
y se entiende que la orden debe precisar las conductas que deben hacerse o
no hacerse con el fin de cumplir y proteger el derecho o interés colectivo
amenazado o vulnerado y prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u
omisiones que dieron mérito para acceder a la pretensión de protección,
entonces la orden del Tribunal se considera ajustada. Lo anterior porque, de
la lectura de la parte resolutiva en desacuerdo señala:

“CONDÉNASE a la Alcaldía Municipal de Guaduas- Cundinamarca, al
Concejo Municipal de Guaduas, a la Personería Municipal de Guaduas y la
Oficina de Catastro de Guaduas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
que, en el término de seis meses contados a partir de la ejecutoria de esta
providencia, inicien las actuaciones administrativas necesarias que
permitan garantizar la restauración del bien denominado CONVENTO LA

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RECOLETA. Para ese propósito deberán presentar un estudio técnico en
virtud del cual se disponga el retiro de todo objeto, material de construcción
y elemento externo a la estructura misma del bien inmueble denominado
CONVENTO LA RECOLETA Ubicado en el Municipio de Guaduas
Cundinamarca. Las intervenciones físicas al inmueble deberán ser
presentadas y autorizadas por parte del Ministerio de Cultura.

Para la Sala, esta decisión no es más que un tratamiento especial al inmueble
que, en términos de la ley 163 de 1959, integró el sector antiguo de Guaduas,
Cundinamarca en la declaración como monumento nacional por estar ubicado
en dicho sector. En efecto, el parágrafo del artículo 4 determinó que se
entendería -como sectores antiguos- las calles, plazas, plazoletas, murallas,
inmuebles, incluidos casas y construcciones históricas, en armonía con la
resolución 021 de 1997, según la cual “se aprobó en todas y cada una de sus
partes la reglamentación para el centro histórico de Guaduas, Cundinamarca”,
para que fuera adoptada y aplicada dentro del perímetro que en ella se
estableció. Se dispuso que cualquier modificación que se debiera efectuar a
dicha reglamentación, debería ser previamente aprobada por el Consejo de
Monumentos Nacionales. Esta reglamentación, a su vez, determinó que el
Antiguo Convento de San Francisco ubicado en la manzana 11 es un inmueble
de conservación integral.

Quiere decir que, conforme al artículo 20 de la reglamentación del sector
antiguo del municipio de Guaduas adoptado por la resolución 021 de 1997 del
Consejo de Monumentos Nacionales- Colcultura y por las características
singulares e históricas, los bienes que conforman esa área deben ser
protegidos en su totalidad en cuanto a: volumen edificado, distribución
espacial, sistema portante y elementos arquitectónicos relevantes tales como
puertas, ventanas y ornamentación.18

En ese sentido, la orden contenida en la sentencia en el sentido de conceder
un término de seis meses para que se inicien las actuaciones administrativas
que permitan garantizar la restauración del bien, es pedir, justamente, que se
organice lo pertinente para el traslado físico y administrativo –necesario en la
protección del inmueble– y que se repare técnicamente el bien –con precisa
observancia de las reglas de conservación–. De allí que deba hacerse, en lo

18 Fls. 88 a 136 del C. Principal.

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que tiene que ver con intervenciones físicas, con presentación y autorización
del Ministerio de Cultura.

En esa vía, disponer que el retiro de los objetos o materiales de construcción
y elementos externos a la estructura misma es diferente a lo que comúnmente
se denomina como “trasteo”. Además, contemplar que las exigencias del
traslado de una dependencia administrativa de una entidad (que, además, está
funcionando dentro de un bien cuya conservación integral exige un cuidado
técnico) hizo que la orden del Tribunal estimara necesario el informe técnico
para verificar la forma en que se retirarían objetos, materiales de construcción
y elementos externos a la estructura misma del bien.

Por tanto, fue y es adecuado –en términos legales– intentar volver las cosas
al estado anterior, con una orden específica de hacer, cuyo contenido no es
hacer cumplir de cualquier forma, sino que –de manera precisa– se garantice
que el derecho vulnerado sea protegido y evitar un traumatismo mayor o una
nueva vulneración a los derechos protegidos.

En esa vía, se trata de proteger los bienes de interés cultural de la Nación y la
seguridad pública; el primero, atendiendo a la ubicación del bien y su
naturaleza, y, el segundo, para evitar riesgos que pudieran significar el hecho
mismo del traslado y el riesgo que ello implica.

Ahora, en los documentos obrantes en el proceso -frente a la solicitud de la
accionante de protección del derecho colectivo- el IGAC lo siguiente:

«En atención a su oficio recibido en la Unidad Operativa de Catastro de
Guaduas, radicada con el No 2252016ER12926 del 18-07-2016, me
permito informarle que por oficio EE 11681, se comunicó a la Alcaldía
Municipal su petición con el fin de que en el caso de ser necesario y por
fuerza mayor el traslado se nos ubique en otro lugar. No obstante, lo
anterior y teniendo en cuenta que el funcionamiento de la Unidad Operativa
de Catastro de Guaduas (UOC) en dicho lugar es suministrado por el
municipio de Guaduas, de acuerdo con el Convenio Interadministrativo
suscrito para el funcionamiento de la UOC. De igual manera, le comunico
que el Instituto no ha realizado ninguna acción en el tiempo, que de alguna
forma dañe o afecte la edificación, que no hemos sido parte en ningún

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momento del proceso que menciona y desconocemos el fallo
correspondiente».19

En consecuencia, la respuesta del IGAC da cuenta del funcionamiento de una
unidad operativa de catastro del municipio. Además, de la existencia de un
convenio interadministrativo que, aun cuando no se observa que se hubiere
aportado al expediente –como mínimo– demuestra que lo necesario entre las
entidades municipio de Guaduas e IGAC es acordar las actuaciones
administrativas necesarias para ver el estado del inmueble e iniciar las
actuaciones administrativas para garantizar su restauración. Entonces, es
acertada la orden, pues no basta con salir del inmueble, sino que debe
verificarse en qué condiciones se entrega, si se intervino y si se deterioró por
el uso específico del IGAC, y en caso de serlo así, construir la fórmula de
recuperación o de conservación, según fuera el caso.

V.IV. El Municipio de Guaduas-Concejo Municipal de Guaduas
presentaron recursos de apelación, los cuales se estudiarán en bloque.20

En primer lugar, el Municipio de Guaduas señaló en el recurso que se ordenó
la restitución del inmueble a través de la acción popular, sin que el propietario
hubiere realizado una demanda de restitución de inmueble.

Frente a lo anterior, de entrada, la Sala encuentra que la orden de salir del
inmueble –como quedó expresado en la sentencia y en la medida cautelar
decretada en la segunda instancia– no se da con ocasión de una orden de
restitución o una de reivindicación del derecho de dominio. El objetivo de este
medio de control (protección de derechos colectivos vulnerados) fue bien
aplicado. Basta con observar la argumentación del Tribunal para entender su
razonamiento:

“En el caso sometido a examen se encuentra que el inmueble se encuentra
en estado de deterioro, amenaza ruina. Sin embargo, el medio de
protección de los derechos colectivos no constituye el instrumento
adecuado en orden a obtener indemnizaciones económicas.

19 Fl. 40 del C. Principal 1 A.
20 Expediente N°. 73001-23-31-000-2002-00548-01(5464-03). Actor: Álvaro Vera Ricaurte

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Sin embargo, la especial situación del inmueble y su representación para la
Historia de Colombia, comporta afirmar que al estado al que se ha sometido
ha llegado por dos razones fundamentales: (1) por su uso por parte de
entidades públicas; y, (2) por un indebido mantenimiento de sus
estructuras. Se debe recordar que, en derecho, quien usa y daña, repara.

El Monumento Nacional Convento la Recoleta no es patrimonio público. Sin
embargo, es un Monumento Nacional atado a nuestra historia, con una
categoría de Conservación Integral.

La Conservación del inmueble le corresponde al propietario a quien ha
hecho uso indebido del mismo, poniéndolo en estado de ruina, lo que
amerita adoptar medidas de protección que garanticen su conservación
histórica.

De la demanda se observa que hay una intensión particular, que lo que se
pretende es que el inmueble sea desocupado, para que el propietario lo
ponga en uso para la finalidad que fue creado y que las demandadas
dispongan del dinero para restaurarlo conforme a las pautas que dio el
arquitecto contratado por los propietarios, sin embargo, no se puede
desconocer esta Sala de Decisión que el bien en cuestión está protegido
por haber sido declarado de interés cultural del ámbito nacional, y que, por
disposición legal – Ley 397 de 1997- así el bien pertenezca a un particular,
es deber del Estado protegerlo, conservarlo y recuperarlo, por lo que
dispone que “ los planes de desarrollo de las entidades territoriales y los
planes de las comunidades, grupos sociales y poblacionales incorporados a
estos, deberán estar armonizados en materia cultural con el Plan Nacional
de Desarrollo y asignarán los recursos para la salvaguardia, conservación,
recuperación, protección, sostenibilidad y divulgación del patrimonio
cultural”, por lo que, es claro que debe haber apropiación presupuestal para
la reparación solicitada.

Conforme a lo anterior, es claro que el derecho de defensa del patrimonio
cultural de la nación si está siendo afectado, pero no por la ocupación de
parte de la administración municipal, sino porque el mismo, por el uso, el
paso del tiempo y la falta de mantenimiento está viéndose afectado, y que
esa afectación viene de parte tanto de las dependencias que funcionan en
el bien, como del Ministerio de Cultura, las primeras por acción por cuanto
por su uso y su falta de mantenimiento, y el segundo, porque es el ente
nacional encargado de velar de manera activa por la no afectación de los

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bienes declarados de interés cultural, por lo que, por esa razón, no es de
recibo excusarse en que no son los responsables de los hechos de la
demanda.

Por lo que, se dispondrá que se encuentre probada la afectación del derecho
colectivo al patrimonio cultural de la Nación, lo cual conllevará a adoptar
las medidas de protección necesarias en aras de garantizar que el inmueble
recupere su naturaleza como bien de interés cultural de la nación, para lo
cual deberá disponerse la recuperación del inmueble.

De tal manera que, el razonamiento del Tribunal no provino de una pretensión
reivindicatoria y tampoco de una de restitución –como quedó explicado por el
mismo fallo de primera instancia– sino que se produjo ante la necesidad
demostrada de proteger las instalaciones de su deterioro y la de asegurar que
las personas que acudían a las instalaciones, no estuvieran o se pusieran en
riesgo.

Por otro lado, el recurso del municipio también señaló que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca se había equivocado al atribuirle la causa del
deterioro del inmueble al Municipio de Guaduas, porque la carga de
mantenimiento era del propietario Patronato de Guaduas.

Igualmente indicó que el dictamen pericial arrojó una causa distinta al
deterioro –que no tenía que ver con el uso inadecuado de la administración
municipal– sino que correspondía a la falta de mantenimiento del bien.
Concluyó que como la causa del deterioro era la falta de mantenimiento y ésta
le corresponde al Patronato de Guaduas, el Municipio no era a quien le
correspondía cumplir las órdenes del fallo.

De la lectura de las órdenes dadas al Municipio se observa que, en el término
de un año, junto con las demás entidades debían entregar las diversas
dependencias que funcionaban en el inmueble. Para la Sala esta orden es
adecuada y obedece a la necesidad de conservar el bien y la seguridad de las
personas que lo visitan o trabajan allí. Por tanto, en este punto, discutir si la
causa es el descuido en el mantenimiento y a quien le correspondía cede ante
la imperiosa necesidad de preservar los derechos colectivos vulnerados.

Lo anterior, si se observa, en armonía con el inciso segundo, literal a) del

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artículo 74 de la ley 1185 de 2008 que modificó la ley 397 de 1997, según el
cual, son objetivos de la política estatal en lo referente al patrimonio cultural
la salvaguarda, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y
divulgación del mismo, con el propósito de que sirva de testimonio de la
identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro; para lograr
el objetivo, los planes de desarrollo de las entidades territoriales y los planes
de las comunidades, grupos sociales y poblacionales deberán estar
armonizados en materia cultural con el Plan Decenal de Cultura y el Plan
Nacional de Desarrollo, en consecuencia, se asignarán los recursos para la
salvaguarda, conservación, recuperación, protección, sostenibilidad y
divulgación del patrimonio cultural.

De tal manera, que, por disposición de la ley, el municipio sí debe incluir la
planeación de los recursos dentro de su plan de desarrollo. En consecuencia,
el fallo del Tribunal no se equivocó al ordenar al municipio la recuperación para
la conservación del inmueble. Más cuando el dictamen pericial rendido por el
arquitecto restaurador –quien acreditó su idoneidad como experto en
patrimonio arquitectónico– da cuenta de los siguientes aspectos:

“VALORACIÓN ESTÉTICA, TÉCNICA Y CONSTRUCTIVA DEL CONVENTO
El Convento de Nuestra Señora de los Ángeles es una edificación sencilla y
adusta que toma rasgos de la arquitectura Andaluza al sur de España.

ARCADAS Y MUROS
Uno de los elementos arquitectónicos más valiosos y representativos son
las arcadas que conforman el patio principal, de sencilla y rica definición
están compuestas por arcos de medio punto con pilastras cuadradas de
estilo toscano. Son enaltecidas por molduras que a manera de
entablamiento divide el plano de los dos pisos de la edificación.

PATIO PRINCIPAL
Conformado por cuatro arquerías sobre las cuatro fachadas del patio, en
primer piso la norte y sur se encuentran abiertas hacia el patio y la oriental
y occidental solo permite el acceso al patio por el arco del medio punto
central pues los otros presentan antepechos que ocupan el ancho del arco.

CARPINTERIAS DE MADERA
Presenta un rico y variado diseño de puertas y ventanas originales,
predominando las puertas entableradas que corresponden a la arquitectura

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del claustro. También se encuentran escaleras de valor estético y técnico
realizadas en madera.

PISOS
Están construidos en ladrillo tablón de arcilla de forma cuadrada y de
diferentes proporciones; en algunos sectores como en patios y zaguanes
aparece combinado con cantos rodados también de diversos tamaños. En
los corredores de las galerías del segundo piso también se encuentran los
tablones de arcilla asentados sobre morteros de cal-arena

ENTREPISOS
Están constituidos con vigas aserradas de madera rectangulares de
dimensiones variables entre 12 cm y 16 cm, que soportan un entramado
de tablones de madera de promedio de 30 cm de ancho los cuales dan base
a soporte de argamasa de cal- arena sobre los que se asientan los
cuartones de arcilla cocida de diferentes dimensiones.

ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE
Establecido en la visita de peritaje realizada los días 8 y 9 de julio de 2017
INTERVENCIONES DE ORDEN TIPOLÓGICO Y ESPACIAL

MUROS Y DIVISIONES QUE ALTERAN EL ESPACIO Y LA TIPOLOGÍA DEL
CONVENTO
INTERVENCIÓN REALIZADA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE
GUADUAS
Se observa la construcción de nuevas dependencias de la Alcaldía en el
área de los corredores perimetrales al patio principal. Recientemente se
ubicó la dependencia para recibo de correspondencia en el pasillo sur del
patio y se agregó un cerramiento para configurar un depósito.

RECOMENDACIONES DE LOS ESTUDIOS Y DE LA PROPUESTA DE
INTERVENCIÓN AVALADA POR EL MINISTERIO DE CULTURA
Desmontar la totalidad de las divisiones de madera que se fueron
instalando para adecuar el espacio al uso de las oficinas.

VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN POR EL PRESENTE PERITAJE TÉCNICO
La construcción de oficinas y dependencias en los corredores perimetrales
al patio desvirtúa la tipología original del claustro y deterioran su calidad
espacial.
Esta es a todas luces una absurda y agresiva intervención que afecta la

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circulación alrededor del patio, que una de las características esenciales del
claustro de un convento.

CUBIERTAS Y CIELORASOS
INTERVENCIÓN REALIZADA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE
GUADUAS

Las cubiertas han sido recientemente intervenidas; algunos tramos han
sido desmontados y cambiados, otros apuntalados y los cielorrasos se han
hecho con un entramado en bambú materializándolo con malla vena y
morteros de cemento.

RECOMENDACIONES DE LOS ESTUDIOS Y DE LA PROPUESTA DE
INTERVENCIÓN AVALADA POR EL MINISTERIO DE CULTURA

Fundir con viga corona en concreto reforzado sobre los muros, con el fin de
construir un diafragma rígido; reemplazar en la estructura de cubierta las
piezas que se encuentran con fallas mecánicas de acuerdo al Estudio
Fitosanitario; reparar las piezas de la estructura de cubiertas recuperables
mediante la elaboración de prótesis; inmunizar el brochado con Dursban
WT o similar.

VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN POR EL PRESENTE PERITAJE TÉCNICO
Ninguna de las acciones recomendadas por el Estudio Integral se ha
cumplido; todas las intervenciones realizadas en los últimos años en las
cubiertas no han sido técnicamente ejecutadas, poniendo en riesgo la
estabilidad estructural de la edificación y, peor aún, la integridad y la vida
de las personas que trabajan y visitan diariamente las oficinas de la Alcaldía
de Guaduas.

ENTREPISOS

INTERVENCIÓN REALIZADA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE
GUADUAS
Se evidencia el cambio de las vigas de madera que constituyen el entrepiso
sin contemplar el Estudio Fitosanitario realizado en los Estudios de
Restauración Integral del convento.

RECOMENDACIONES DE LOS ESTUDIOS Y DE LA PROPUESTA DE
INTERVENCIÓN AVALADA POR EL MINISTERIO DE CULTURA

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Reforzar la estructura de entrepiso mediante la instalación de platinas
metálicas de 3/8” y 0,15 de ancho, atornilladas a las vigas de madera con
tornillos de 5/16” y 0,20m de longitud, las cuales irán intercaladas con el
fin de evitar la intervención de la totalidad de las vigas.

VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN POR EL PRESENTE PERITAJE TÉCNICO
El reemplazo de las vigas de madera que se viene haciendo, no considera
ni respeta ninguna de las recomendaciones fijadas en el Diseño Estructural
del ingeniero Mauricio Páez autorizado y avalado por el Ministerio de
Cultura. Los trabajos no se han realizado ni material ni técnicamente bien;
con lo cual sigue en riesgo la integridad de las personas que laboran y
visitan las oficinas de la Alcaldía de Guaduas.

ESTRUCTURAS DE MUROS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
INTERVENCIÓN REALIZADA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE
GUADUAS
Se evidencia un total abandono de la parte posterior del Convento; la
ausencia de un mínimo mantenimiento por muchos años pone en riesgo la
estabilidad estructural del mismo.

RECOMENDACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DE LA PROPUESTA DE
INTERVENCIÓN AVALADA POR EL MINISTERIO DE CULTURA

Reforzar la cimentación existente mediante la construcción de vigas de
amarre de concreto reforzado, con el fin de confinarla y darle mayor rigidez.
Recuperar todos los vanos originales del inmueble que fueron tapiados
obedeciendo adecuaciones funcionales posteriores al uso original.

VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN POR EL PRESENTE PERITAJE TÉCNICO
La realización del adecuado reforzamiento estructural del edificio
patrimonial en la cimentación y muros (muros de carga), y de su integridad
con el sistema de cubiertas y entrepisos garantizará su conservación futura
y el uso seguro del inmueble por quienes que en él trabajen o lo visiten.

PAÑETES

INTERVENCIÓN REALIZADA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE
GUADUAS

Se evidencia el uso de pañetes de cemento en diferentes partes del edificio;

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tanto en los espacios interiores como en las fachadas exteriores del mismo.
Trabajos que posteriormente vienen siendo cubiertos con pinturas vinílicas.

RECOMENDACIONES DE LOS ESTUDIOS Y DE LA PROPUESTA DE
INTERVENCIÓN AVALADA POR EL MINISTERIO DE CULTURA

Consolidar los pañetes que están en mal estado de conservación y
presentan desprendimientos, procurando mantener la fractura original de
los mismos con pañetes de cal-arena.

VALORACIÓN DE LA PRESENTE INTERVENCIÓN POR EL PRESENTE
PERITAJE TÉCNICO

En ningún caso es recomendable el uso de pañetes de cemento en las
construcciones patrimoniales antiguas como el Convento que nos ocupa.
Este material no es compatible con los muros de tapia pisada o adobe, pues
estos terminan desprendiéndose de la superficie y aumentando la
afectación del muro. Este tipo inadecuado de intervención oculta y maquilla
los problemas estructurales de fondo que presenta el bien patrimonial.

PISOS

INTERVENCIÓN REALIZADA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE
GUADUAS

De forma sistemática se han venido realizando intervenciones en los pisos
del Convento con reparcheos y uso de materiales inapropiados como
morteros de cemento.

RECOMENDACIONES DE LOS ESTUDIOS Y DE LA PROPUESTA DE
INTERVENCIÓN AVALADA POR EL MINISTERIO DE CULTURA
Recuperar el piso de tabón de arcilla hecho a mano, restituyendo las piezas
que están en mal estado por piezas de las mismas características y
restaurando las piezas que sean recuperables. Instalar el tablón de arcilla
con morteros de cal-arena en proporción 1:3

VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN POR EL PRESENTE PERITAJE TÉCNICO
Desafortunadamente no se han atendido las recomendaciones dadas por el
Estudio Integral de Restauración; al contrario, se evidencia el uso de
morteros de cemento y una pobre factura tanto material como técnica.

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CONCLUSIONES

El Convento de la Recoleta de Nuestra Señora de los Ángeles (Convento de
la Soledad) de Guaduas es un inmueble patrimonial de alto valor histórico,
estético y técnico que debe ser conservado con el uso más adecuado posible
para disfrute de las presentes y futuras generaciones.

Los Estudios de Restauración Integral contratados por la Alcaldía de
Guaduas al arquitecto Gustavo Murillo en el año 2006 en cumplimiento del
Convenio suscrito con la Gobernación de Cundinamarca, evidencian que el
Convento, en ese momento ya carecía de un adecuado mantenimiento.
Indican los estudios que el conjunto arquitectónico presentaba un avanzado
estado de deterioro y que sus principales espacios han sido subdivididos
con muros de mampostería, de ladrillo o divisiones en láminas de tríplex
para conformar nuevos espacios para oficinas. En sus sistemas
constructivos de orden estructural como cubiertas y entrepisos se
encuentran con alabeos, pandeos y fallas mecánicas que denotan graves
problemas de orden estructural.

Se mantiene la preocupación que genera el uso actual del Convento. La
ficha de Evaluación del proyecto realizada por el Ministerio de Cultura y el
oficio enviado a la Alcaldía en el 2008 muestran la gran preocupación por
la integridad y salvaguarda de este valioso patrimonio cultural de la nación,
reafirmando que la cubierta se encuentra en avanzado estado de deterioro
y que los entrepisos presentan fallas graves por falta de mantenimiento;
denunciando también el exceso de cargas de los mismos. En este sentido,
la preocupación del Ministerio de Cultura llega a tal punto de solicitarle al
alcalde del Municipio de Guaduas para “realizar un traslado lo antes posible
de las dependencias en las cuales se presta atención al público con el
propósito de disminuir el riesgo que amenaza a las personas que trabajan
y visitan el inmueble patrimonial.

En la visita presencial del peritaje se estableció que las intervenciones
realizadas en años anteriores han afectado tanto las condiciones espaciales
y tipológicas del Convento como los sistemas constructivos originales que
le confieren el valor técnico, poniendo en riesgo la protección y salvaguarda
de este bien patrimonial de valor histórico para la nación. De igual manera,
se evidencia que las malogradas intervenciones realizadas en el Convento,
luego de aprobado el Proyecto de restauración, no se ajustan a los Criterios

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de Intervención establecidos en el Estudio de Restauración Integral y en
ningún caso a lo autorizado por la Resolución 0854 de junio de 2011
mediante la cual el Ministerio de Cultura avala y aprueba el proyecto de
intervención del bien patrimonial.

Las intervenciones adelantadas por la Alcaldía de Guaduas posteriores a la
realización de los estudios de restauración integral no se enmarcan dentro
del Artículo Tercero de la Resolución 0854 de junio 1 de 2011 expedida por
el Ministerio de Cultura. Como lo indica la Resolución, “En el evento de
pretender adelantar cualquier modificación o propuesta de adecuación
funcional complementaria al proyecto, se debe presentar el
correspondiente proyecto de modificación o intervención para autorización
por parte del Ministerio de Cultura”. Como se evidenció en la visita de
peritaje técnico, las intervenciones realizadas en los últimos seis años han
continuado afectando las características espaciales y de los sistemas
constructivos del inmueble por no realizarse de conformidad con lo
autorizado dentro de la referida Resolución.
(…) 21

De la lectura del dictamen pericial (el cual cuenta con firmeza y soporte
probatorio) se puede verificar no solo el estado de deterioro del inmueble, sino
que, a pesar de tener unas recomendaciones para intervenirlo -del Ministerio
de Cultura- las mismas no fueron aplicadas técnicamente.

En ese sentido, los demás argumentos del recurso, tales como (i) que, el bien
es de interés cultural de la Nación y que el Ministerio de Cultura estaba a cargo
de su conservación. (ii) Que el fallo no observó la solicitud del municipio
presentada al Departamento de Cundinamarca en la vigencia de 2006 para
financiar el 48% del proyecto junto con el documento denominada “Estudios,
diagnóstico, diseño y restauración del Convento de la Soledad- Guaduas
(Cundinamarca)”, para verificar las actuaciones y trámites del municipio en
relación con la preservación del bien. Y (iii) que se dejó de vincular al
Departamento de Cundinamarca, a quien, ante la falta de recursos del
municipio se acudió para solicitar apoyo financiero para ejecutar las obras
requeridas, son argumentos que se deben desestimar, frente a la intervención
inadecuada del municipio sobre el bien, del cual se requiere sea recompuesto
técnicamente y conservado.

21 Fls. 339 a 367 del C. Principal.

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Y es que, la sola gestión administrativa no implica la verdadera protección del
bien de interés cultural de la nación, más cuando las intervenciones efectuadas
distaron de la técnica de conservación que les había señalado el Ministerio de
Cultura, porque la construcción de oficinas y dependencias en los corredores
perimetrales al patio desvirtuó la tipología original del claustro y deterioró su
calidad espacial; el uso de morteros de cemento y una pobre factura tanto
material como técnica; el uso de pañetes de cemento en diferentes partes del
edificio, tanto en los espacios interiores como en las fachadas exteriores del
mismo y su cubrimiento con pinturas vinílicas son la prueba de la vulneración
de los derechos colectivos amparados.

En cuanto a que el Tribunal dio por probada de manera inadecuada la
existencia del daño real e inminente al interés colectivo de la seguridad
pública, porque a pesar de haberse criticado el dictamen pericial y haber
advertido que solo se hizo a partir de una inspección ocular sin ningún sustento
técnico, se les dio validez y eficacia, para concluir el riesgo inminente, la Sala
establece que no hay lugar a descalificar lo dicho por el perito, puesto que la
idoneidad del mismo fue acreditada dentro del expediente como arquitecto
restaurador experto en patrimonio arquitectónico.

Además, de la idoneidad del perito, la conclusión del Tribunal, en relación con
el derecho colectivo a la seguridad pública, no hay razón para restarle eficacia
probatoria a su estudio, porque, al revisar las pruebas del proceso resulta que
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Riesgos-Subdirección de
Reducción de Desastres, en la inspección ocular del estado de la estructura del
Convento de la Recolecta de Nuestra Señora de los Ángeles- Convento La
Soledad- adelantada por un ingeniero de la entidad, señaló:

“El día 18 de agosto de 2017, se procedió a realizar la visita de inspección
ocular a varios puntos de la edificación denominada convento de la
Recoleta, ubicada en el municipio de Guaduas, actual edificio de la alcaldía
municipal, con el fin de evaluar el estado de edificación en general y
aspectos asociados con la Inspección. Dentro de la vivita se analizaron
varios componentes de la estructura afectados por el tiempo de la
estructura como tal y se tuvo acompañamiento de los funcionarios de la
alcaldía municipal. (…)

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PRIMER PUNTO CRÍTICO DE AFECTACIÓN “ESTADO DE LA CUBIERTA”
La cubierta se encuentra en estado avanzado estado de deterioro, presenta
fallas algunas piezas que componen la estructura. En intervenciones
pasadas se evidencia que se han adicionado puntuales internos cambiando
el chusque o la caña por guadua, cambiando los sectores de apoyo y
agudizando las fallas estructurales. Soporte de la cubierta existente.

SEGUNDO PUNTO CRÍTICO DE AFECTACIÓN “VIGAS COMPONEN LOS
ENTRESUELOS”

Los entrepisos presentan fallas graves por falta de mantenimiento e
inmunización de la madera, lo que ha generado problemas de pudrición y
fisuras debido al exceso de cargas. Esto se refleja en sectores de la casa
que al día de hoy se encuentran funcionando dentro de la edificación, las
oficinas de la Personería Municipal, la Inspección Municipal, es por eso que
se siente que la estructura tiembla o se mueve, y en algunas situaciones
las ventanas que dan hacia la calle no cierran por desnivel que se presentan
en los vanos de las mismas.

TERCER PUNTO CRÍTICO “CARGA MUERTA QUE SOPORTA LA
EDIFICACIÓN”
La edificación al tener el tipo de uso que presenta la actualidad evidencia
un deterioro de la misma, esto debido al aumento de carga muerta en la
edificación, carga que se evidencia en el mobiliario de la oficina, estantes
de archivo (Oficina de Contratación), Servicio de Bodega (Umata), todo
esto relacionado al destino que ejerce la edificación como es la de palacio
Municipal.

CONSECUENCIAS

PRIMER PUNTO CRÍTICO AFECTACIÓN “ESTADO DE LA CUBIERTA”
La consecuencia inminente que está ocurriendo es la evidencia y presencia
de humedad en los cielorrasos, en los muros, ocasionando un deterioro a
estas partes de la estructura de la edificación. El estado de la cubierta
genera con el tiempo un desgaste en la estructura de la edificación,
contribuyendo así a la estabilidad de la misma frente al tiempo y su valor
histórico y arquitectónico.

SEGUNDO PUNTO CRÍTICO AFECTACIÓN “VIGAS QUE COMPONEN LOS
ENTRESUELOS “

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Las consecuencias de punto, se evidencia en que el piso en algunas partes
de la estructura se encuentra roto o destruido por las faltas de apoyo de
las vigas que componen el entresuelo. En algunas partes de la edificación,
presenta movimiento, sensación de que la estructura se mueve. Estos
sectores son la Personería y la Inspección Municipal.

TERCER PUNTO CRÍTICO “CARGA MUERTA QUE SOPORTA LA
EDIFICACIÓN”
El destino al cual se le está dando a la edificación como tal, es un uso de
“Palacio Municipal “, despacho de la alcaldía municipal, por tal motivo las
dependencias las cuales se encuentran en esta edificación hacen que sea
necesario el mobiliario, los archivos, y demás elementos que hacen que se
encuentren allí, para poder ejercer sus funciones como despacho de la
alcaldía municipal. Ocasionando fuertes y excesivas cargas muertas para la
estructura de la edificación. Cargas que en su momento muy
probablemente no fueron presupuestadas y a las cuales está expuesta la
edificación. Las consecuencias se evidencian en desgastes de pisos, muros
y por ende la estabilidad de la estructura del segundo piso.

MITIGACIÓN DEL RIESGO

Para reducir el riesgo de un año o colapso parcial de la construcción, se
hace necesario un reforzamiento estructural de los elementos que ya
presentan daños ocasionados por las sobrecargas y vejez del edificio, para
determinar el reforzamiento se hace necesario un estudio muy detallado de
la patología de la estructura para evidenciar las fallas y el comportamiento
irregular a que ha estado sometida la construcción.

RECOMENDACIONES
(…)
Evaluar a través del CMGRD las acciones de mitigación que se describen y
recomiendan en el presente informe.

Con los organismos de socorro del municipio llevar a cabo monitoreo
constante de la edificación a fin de determinar situaciones de riesgo y en
caso tal comunicarlo al CMGRD a fin de que se tomen las medidas y
acciones preventivas de manera inmediata.22

22 Ibídem.

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Por lo tanto, de la lectura tanto del peritazgo rendido por el arquitecto como
del informe de asistencia técnica allegado por UNGRD, no hay lugar a la Sala
para no entender que coinciden –cada uno desde su especialidad- en
determinar el deterioro físico del inmueble, por tanto, el riesgo y la necesidad
del amparo del derecho colectivo a la seguridad pública.

Por otra parte, frente a la aparente colisión de derechos formulada por el
recurso, entre la protección de un bien cultural y la prestación de servicios
públicos por parte de la administración municipal y el grado de satisfacción de
derechos contrapuestos, no hay tal, puesto que uno de los derechos en
supuesta colisión –el de la prestación del servicio público de la entidad a los
administrados– estaría soportado sobre el riesgo de los usuarios de los
servicios de la administración municipal, es decir, no existe el derecho a poner
en riesgo a la comunidad –empleados y usuarios de la administración pública.

En relación con que no se tuvo en cuenta el principio de anualidad
presupuestal, al ordenar el traslado de las dependencias de la entidad sin
contemplar la vigencia fiscal que implicaría un gasto adicional para un
municipio de sexta categoría, para la Sala, el argumento debe ser
desestimado. En primer lugar, porque el deterioro del inmueble no es un
asunto nuevo, lo cual le daría el suficiente tiempo a la administración municipal
para ejercer su planeación. Por otra parte, como quedó expresado con
anterioridad, el inciso segundo, literal a) del artículo 74 de la ley 1185 de 2008
–que modificó la ley 397 de 1997– determina como objetivo de la política
estatal en lo referente al patrimonio cultural la salvaguarda, protección,
recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación de este, con el
propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en
el presente como en el futuro. Y establece que, para lograr el objetivo, los
planes de desarrollo de las entidades territoriales y los planes de las
comunidades, grupos sociales y poblacionales deberán estar armonizados en
materia cultural con el Plan Decenal de Cultura y el Plan Nacional de Desarrollo.
En consecuencia, debe asignar los recursos para la salvaguarda, conservación,
recuperación, protección, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural.

En esa lógica, como el municipio debe incorporar en su plan de desarrollo
medidas de salvaguarda, protección, recuperación, conservación,

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sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural, se hace necesario precisar
que el principio de anualidad no es el único que debe observarse en el
desarrollo de sus funciones, sino que además deben tenerse en cuenta los
siguientes aspectos:

• El Plan de Desarrollo Territorial es el documento de planificación de las
administraciones departamentales, distritales o municipales durante su
periodo de gobierno. En los términos del artículo 339 de la Constitución Política
se establece que las entidades territoriales deben elaborar y adoptar de
manera concertada entre ellas y el Gobierno Nacional, los planes de desarrollo,
con la finalidad de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño
adecuado de las funciones que les hayan asignado la Constitución y la ley.

• El inciso final del citado artículo 339 se identifican dos componentes: uno
estratégico, que consiste en la identificación y formulación de objetivos,
programas, metas e indicadores que la administración pretende lograr durante
del periodo de gobierno; y un plan de inversiones que constituye la asignación
de recursos financieros disponibles para el cumplimiento de los programas y
proyectos definidos en la parte general del plan.

• El artículo 339 constitucional, la ley 152 de 1994, por la cual se establece la
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo establece los mecanismos para la
elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los
planes de desarrollo territorial. Concretamente, el artículo 39 de la ley 152 de
1994 dispone que el gobernador o alcalde elegido es la autoridad responsable
de impartir las orientaciones en la elaboración del Plan de Desarrollo
Territorial, función que está a cargo de la Secretaría, Departamento
Administrativo u Oficina de Planeación. Una vez elaborado el plan, se presenta
ante el Consejo de Gobierno o el cuerpo que haga sus veces, quien tiene la
función de consolidarlo.

• En materia presupuestal, una vez aprobado el Plan de Desarrollo Territorial,
para cumplir los planes y programas, las entidades territoriales cuentan con el
presupuesto anual de ingresos y gastos, que consiste en una estimación
anticipada de los ingresos y la autorización máxima de gastos públicos que se
efectuarán dentro del periodo fiscal respectivo.

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El sistema presupuestal se rige, entre otros principios, por el de anualidad, el
cual establece que el año fiscal empieza el 1° de enero y termina el 31 de
diciembre de cada año, por lo que las asambleas departamentales y los
concejos municipales solo pueden aprobar el presupuesto para esa vigencia;
así mismo, el principio de universalidad -artículo 15 del Estatuto Orgánico del
Presupuesto-, según el cual, la administración debe hacer una programación
presupuestal, que es susceptible de ser modificada pero no de manera
desordenada producto de la falta de planeación sino por otras razones, y
finalmente, el principio de especialización que corresponde a las autorizaciones
máximas de gasto y delimitan éste según su finalidad; quiere decir que, solo
se ejecutan conforme al fin para el cual fueron programadas, para evitar que
los recursos se destinen para financiar un gasto diferente al cual fue autorizado
por el presupuesto.

• En cuanto a la elaboración y aprobación del presupuesto anual de las
entidades territoriales se requiere coherencia entre los sistemas de planeación
y presupuestal, ya que del presupuestal depende la realización del plan de
desarrollo territorial, en esa medida, las entidades territoriales deben adecuar
el presupuesto que está en ejecución y la programación presupuestal anual
con el nuevo plan de desarrollo territorial durante todo el periodo de gobierno.

• En todo caso existen diferentes tipos de modificaciones presupuestales, a
saber. i) las adiciones: procedimiento que se adelanta para incorporar
conceptos de gastos no contemplados en el presupuesto inicial, el cual requiere
contar con el recurso que lo va a financiar y que se apruebe por medio de
ordenanza o acuerdo para tales efectos; ii) reducciones y aplazamientos:
Eventos en que la entidad territorial o alguna de sus entidades necesita reducir
o posponer la apropiación de un gasto, cuando los ingresos resultan ser
menores a los previstos y, por tanto, se requiere mantener el equilibrio
presupuestal y iii) traslados (créditos y concréditos) : consiste en proporcionar
a una apropiación insuficiente o agotada recursos sobrantes, en la que,
dependiendo de las partidas que se afecten, requerirá autorización por la
autoridad o dependencia correspondiente.23

Por lo tanto, para la Sala, el argumento presupuestal no es de recibo, por las

23 Guía de Presupuesto Público Territorial, Auditoria General de la República, 2012.

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razones y explicaciones dadas. Además, porque no desarmoniza con la parte
resolutiva del fallo de primera instancia, según el cual, se concedió el término
de un año para dar cumplimiento, tiempo suficiente –que sumado al
conocimiento de la situación– no constituyen un argumento fuerte como para
modificar el amparo.

Ahora, en relación con los argumentos expuestos en el escrito del Concejo
municipal de Guaduas, señaló que, durante años, el municipio es el que ha
garantizado la conservación y cuidado del bien, como ya quedó demostrado
con el dictamen pericial, la conservación no ha sido la adecuada conforme a la
naturaleza del bien, por lo tanto, el argumento es desestimado.

Por otra parte, en el recurso consideró que el Tribunal excedió su competencia
al ordenar la entrega de un bien inmueble de propiedad particular abandonado
por su propietario y ocupado por la Alcaldía Municipal, cuando lo procedente
era acudir a las acciones civiles que buscan reivindicar el derecho de dominio
del inmueble. Sobre el particular, la Sala no se pronunciará en relación con los
argumentos, como quiera que este no es el escenario judicial adecuado para
referirse a otros aspectos, como tampoco, para alegaciones de derechos
diferentes a la protección de derechos de naturaleza colectiva.

En cuanto a la indebida representación del Patronato de Guaduas, se
encuentra que quien confiere poder es el señor Luis Ricardo Ávila Pinto, quien
funge como representante legal de la Fundación Patronato de Guaduas, según
el certificado de existencia y representación legal de entidad sin ánimo de lucro
expedido por la Cámara de Comercio de Honda.24

En suma, por las diferentes razones, se confirmará la decisión de primera
instancia en relación con las órdenes dadas al municipio de Guaduas, el cual
contemplaba las dependencias de la administración ubicadas en el mismo,
entre ellas, las del Concejo Municipal.

V.V. El Ministerio de Cultura en su recurso señaló y solicitó que se
revocara en su totalidad el numeral séptimo de la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia, porque la sentencia es imprecisa al considerar

24 Fls. 509 a 511 del C.Principal.

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que el Convento de la Recoleta de Nuestra Señora de los Ángeles- Convento
la Soledad, es un bien de interés cultural del ámbito nacional (BIC NAL), y que,
por tanto, ha sido declarado como tal.

Manifestó que el inmueble no tiene declaratoria individual como bien de interés
cultural del ámbito nacional. Señaló que el inmueble en mención se encuentra
en el centro histórico del municipio de Guaduas y que como el centro histórico
de Guaduas sí tiene declaratoria como bien de interés cultural del ámbito
nacional, todas las intervenciones que se pretendan realizar sobre el bien
deben ser autorizadas por el Ministerio de Cultura. Sin embargo, indicó que el
hecho de que un bien sea declarado Bien de Interés Cultural Nacional que sea
público no implicaba que desaparecieran frente a él las obligaciones del
propietario.
De entrada, la sentencia de primera instancia no señala que el bien haya sido
declarado como bien de interés cultural individualmente considerado; lo que
dice es que en términos de la ley 163 de 1959 se integró el sector antiguo de
Guaduas, Cundinamarca en la “declaración como monumento nacional”.25

De la lectura de la Resolución 021 de 1997, se observa que “se aprobó en
todas y cada una de sus partes la reglamentación para el Centro Histórico de
Guaduas, Cundinamarca para que fuera adoptada y aplicada dentro del
perímetro que en ella se estableció”; y se dispuso que cualquier modificación
que se debiera efectuar a dicha reglamentación, debería ser previamente
aprobada por el Consejo de Monumentos Nacionales.

En efecto, Esta reglamentación determinó que el Antiguo Convento de San
Francisco –ubicado en la manzana 11– es un inmueble de conservación
integral.

El artículo 20 de la Resolución 021 de 1997 reglamentación del sector antiguo
del municipio de Guaduas –adoptado por la Resolución 021 de 1997 del
Consejo de Monumentos Nacionales-Colcultura– data del año 1997 son
inmuebles declarados por el Consejo de Monumentos Nacionales y que por sus
características singulares e históricas deben ser protegidos en su totalidad en

25 Ver fls 556 reverso a 559. Se debe leer en integridad, para comprender el razonamiento
del Tribunal.

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cuanto a: volumen edificado, distribución espacial, sistema portante y
elementos arquitectónicos relevantes tales como puertas, ventanas y
ornamentación.

En relación con el tratamiento de estos bienes, el artículo 5º de la ley 397 de
1997 dispone que es deber del Ministerio de Cultura Coordinar el Sistema
Nacional de Patrimonio Cultural, fijar las políticas generales y dictar normas
técnicas y administrativas, a las que deben sujetarse las entidades y personas
que integran dicho sistema, mientras que, el numeral 2 del artículo 14 de la
ley 397 de 1997 señala que el Ministerio de Cultura debe elaborar y mantener
actualizado el registro de bienes de interés cultural del orden nacional. Así
mismo, le corresponde al Ministerio realizar el decomiso material y definitivo
de bienes de interés cultural por cualquiera de las faltas previstas en el artículo
15 de la Ley 397 de 1997, conforme lo establece el artículo 2.4.1.5.2 del
Decreto 1080 de 2015 y autorizar, en casos excepcionales, la enajenación o el
préstamo de bienes de interés cultural del ámbito nacional entre entidades
públicas, en términos del artículo 12 de la ley 397 de 1997.

Sobre el particular, la declaratoria de que trata el artículo 20 de la
reglamentación del sector antiguo del municipio de Guaduas –adoptado por la
resolución 021 de 1997 del Consejo de Monumentos Nacionales-Colcultura–
data del año 1997, antes de la expedición de la ley 1185 de 2008, según la
cual, le corresponde al Ministerio de Cultura en términos del inciso 5º del
artículo 7º de la ley 1185 de 2008 reglamentar para todo el territorio nacional
el contenido y requisito de los Planes Especiales de Manejo y Protección e
incorporar en dicha reglamentación, qué bienes de interés cultural de la
Nación, de los declarados previamente a la expedición de la ley, requieren de
adopción del mencionado Plan y plazo para hacerlo.

Como de la lectura de la mencionada Ley 1185 de 2008 se observa que es
discrecional del Ministerio la adopción de un plan especial de manejo, las
obligaciones concretas que pueden exigírsele –en el caso concreto al Ministerio
de Cultura– son las de autorización previa para cualquier clase de intervención
que se requiera hacer sobre él -en términos del artículo 11.2 de la ley 397 de
1997, modificado por el artículo 7º de la ley 1185 de 2008 y por el artículo
212 del Decreto Ley 019 de 2012.Así mismo, el requerimiento de que la
intervención se realice bajo la dirección de profesionales idóneos y la

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Demandante: Mariela Bohórquez de Céspedes

supervisión de profesionales en la materia debidamente acreditados ante el
Ministerio de Cultura.

Las pruebas del expediente dan cuenta que el Ministerio de Cultura, mediante
la resolución 0854 de 2011, autorizó el proyecto de restauración integral del
Convento de la Recoleta de Nuestra Señora de los Ángeles (Convento de la
Soledad). Por lo tanto, cumplió con la obligación legal que le corresponde de
conformidad con el artículo 11.2 de la ley 397 de 1997 modificado por el
artículo 7º de la ley 1185 de 2008 y por el artículo 212 del Decreto Ley 019
de 2012.

Ahora, en cuanto a la exigencia de que la intervención se realice por los
profesionales idóneos bajo la supervisión de profesionales en la materia
debidamente acreditados ante el Ministerio de Cultura, resulta que, al
contrastar el contenido de la resolución 0854 de 2011, con el dictamen pericial,
no se acreditó el cumplimiento del deber legal por parte del Ministerio de
Cultura de supervisión a los profesionales que intervinieron en las obras o por
lo menos no se ejerció la supervisión en debida forma.

Prueba de la anterior conclusión resulta de comparar la resolución 0854 del 1
de junio de 2011, según la cual se dieron las condiciones técnicas como debían
darse las obras para la conservación del inmueble, de acuerdo con su valor
histórico con el dictamen pericial que – al cotejar todos los ítems entre lo
aprobado por el Ministerio y lo realmente realizado- concluyó:

(…)
En la visita presencial del peritaje se estableció que las intervenciones
realizadas en años anteriores han afectado tanto las condiciones espaciales
y tipológicas del Convento como los sistemas constructivos originales que
le confieren el valor técnico, poniendo en riesgo la protección y salvaguarda
de este bien patrimonial de valor histórico para la nación. De igual manera,
se evidencia que las malogradas intervenciones realizadas en el Convento,
luego de aprobado el Proyecto de restauración, no se ajustan a los Criterios
de Intervención establecidos en el Estudio de Restauración Integral y en
ningún caso a lo autorizado por la Resolución 0854 de junio de 2011
mediante la cual el Ministerio de Cultura avala y aprueba el proyecto de
intervención del bien patrimonial.

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Las intervenciones adelantadas por la Alcaldía de Guaduas posteriores a la
realización de los estudios de restauración integral no se enmarcan dentro
del Artículo Tercero de la Resolución 0854 de junio 1 de 2011 expedida por
el Ministerio de Cultura. Como lo indica la Resolución, “En el evento de
pretender adelantar cualquier modificación o propuesta de adecuación
funcional complementaria al proyecto, se debe presentar el
correspondiente proyecto de modificación o intervención para autorización
por parte del Ministerio de Cultura”. Como se evidenció en la visita de
peritaje técnico, las intervenciones realizadas en los últimos seis años han
continuado afectando las características espaciales y de los sistemas
constructivos del inmueble por no realizarse de conformidad con lo
autorizado dentro de la referida Resolución.
(…)

De tal suerte que, las comparaciones de los medios de prueba citados con
antelación dan cuenta que el inmueble ha sido intervenido sin observar las
características de la Resolución 0854 de 2011 y que, aun cuando detallaron
las intervenciones, las mismas se hicieron de manera antitécnica. De allí que
la Sala no encuentre contradicción con la orden consagrada en la parte
resolutiva del fallo de primera instancia, en el sentido de ordenarle en el
numeral séptimo que dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de
expedición de la presente providencia, elabore un estudio técnico acerca del
estado del inmueble

Ahora, en cuanto al reparo del Ministerio de Cultura, según el cual, se debían
sufragar los costos y gastos de los bienes que son de propiedad privada, no es
cierto que se esté ordenando asumir estos gastos, lo que le está ordenando es
que constate el estado del inmueble desde el punto de vista técnico, del
procedimiento de devolución, que implica las condiciones de esta, que desde
su pericia establezca el valor comercial del mantenimiento.

En cuanto al resto de la orden, esto es, que “si fuere del caso, se disponga el
inicio del procedimiento administrativo de negociación del inmueble para
adquirirlo a favor del Estado; o, que conlleve a la expropiación que garantice
que el inmueble recupere el valor cultural para el cual ha sido reconocido y
declarado como un bien de interés cultural para la Nación” no hay
contradicción con el parágrafo 4 del artículo del artículo 22 de la ley 397 de
1997, según la cual –de conformidad con lo establecido en el capítulo III de la

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ley 9 de 1989– el Ministerio de Cultura podrá adelantar en forma directa o a
través de entidad pública beneficiaria o vinculada, el proceso de enajenación
voluntaria o de expropiación de inmuebles para efectos de la preservación de
patrimonio cultural, incluidos el histórico y el arquitectónico en zonas urbanas
y rurales y la ejecución de proyectos de construcción de infraestructura social
en los campos de la salud, educación, turismo, recreación, deporte, ornato y
seguridad.

Por lo tanto, no hay nada extraño en que el juez de primera instancia –dentro
de sus órdenes– deje abierta la fórmula de solución consagrada en la ley, más
cuando, está señalando en armonía con lo previsto bajo el verbo usado por la
norma “podrá” con la expresión “si fuere del caso”, lo que está es exhortando
a la entidad a que, ante la necesidad de proteger el bien, la ley habilita para
realizar de varias maneras un cometido, esto es, la protección del derecho
colectivo.

En cuanto a la identidad de las órdenes dadas en el numeral sexto y séptimo
de la parte resolutiva, el Despacho observa que no hay identidad entre las dos.
De su lectura textual se observa al cotejarlas:

SEXTO. - DISPÓNGASE que el PATRONATO DE GUADUAS con la
colaboración de la Secretaría de Cultura de Guaduas, elabore con destino
al Ministerio de Cultura, un nuevo estudio en virtud del cual se determine
(1) el estado actual del inmueble; (2) el estado de devolución del inmueble;
(3) los procedimientos técnicos necesarios para disponer el inmueble a los
propósitos de preservación cultural para el cual ha sido reclamado; (4) el
costo de conservación del inmueble. Lo anterior con el propósito de que el
Ministerio de Cultura autorice las adecuaciones correspondientes.

SÉPTIMO. – ORDÉNASE al Ministerio de Cultura, que dentro de los seis
(6) meses siguientes a la fecha de expedición de la presente providencia,
elabore un estudio técnico acerca del estado del inmueble, del
procedimiento de devolución, el valor comercial de su mantenimiento, y si
fuese del caso, se disponga el inicio del procedimiento administrativo de
negociación del inmueble para adquirirlo a favor del Estado; o, que conlleve
a la expropiación que garantice que el inmueble recupere el valor cultural
para el cual ha sido reconocido y declarado como un bien de interés cultural
para la Nación.

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Se concluye que la identidad alegada por el Ministerio de Cultura es aparente,
en tanto una está destinada al Patronato de Guaduas –puesto que se reconoce
que como propietario le corresponden las cargas de procurar la conservación
del bien– y la otra le corresponde al Ministerio de Cultura, en ejercicio,
justamente, de ese acompañamiento e idoneidad técnica que le obliga la ley y
que fue explicado con antelación.

Por las razones expuestas, se confirmará en este punto y en los demás que
fueron explicados la decisión adoptada y las órdenes frente al Ministerio de
Cultura.

IV.6. De la condena en costas.

Según lo previsto en la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2019 1, en
donde se estableció que “[…] En cualquiera de los eventos en que cabe el
reconocimiento de las costas procesales, bien sea en cuanto a las expensas y
gastos procesales o a las agencias en derecho, bien sea a favor del actor
popular o de la parte demandada, la condena se hará atendiendo las
reglas previstas en el artículo 365 del Código General del Proceso, de
forma que sólo se condenará al pago de aquellas que se encuentren
causadas y se liquidarán en la medida de su comprobación, conforme
con lo previsto en el artículo 366 del Código general del Proceso […]”.

No obstante, en el caso concreto no están probados los gastos del proceso ni
agencias en derecho, en que hubiera tenido que incurrir la accionante en esta
instancia, razón por la cual no habrá condena en costas de segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia del 20 de febrero de 2019 proferida

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por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

SEGUNDO. - SIN CONDENA en costas de segunda instancia.

TERCERO. - Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al
Tribunal de Origen.

Cópiese, Notifíquese, Comuníquese y Cúmplase,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado
Presidenta
Con aclaración de voto

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO
Consejero de Estado CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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