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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-02052-01

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-02052-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 17 de septiembre de 2020 por la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2016-02052-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

6 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción especial contencioso administrativa prevista en el artículo 71
de la Ley 388 de 18 de julio de 19971
Número único de radicación: 250002341000201602052-01
Demandantes: Mery Alvarado Suárez y Policarpo Gil Cárdenas
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano

Asunto: Expropiación por vía administrativa e incorrección del avalúo del bien
inmueble - Reiteración Jurisprudencial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida, en primera instancia, el 17 de septiembre de 2020 por la
Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Los señores Mery Alvarado Suárez y Policarpo Gil Cárdenas2, en adelante la
parte demandante, presentó demanda contra el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU,
en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción especial contencioso
administrativa prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 18 de julio de 19973.

1 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
2 Por intermedio de apoderado.
3 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.

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2

Núm. único de radicación: 250002341000201602052-01
Demandante: Mery Alvarado Suárez y otro

Pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRETENSIONES PRINCIPALES:

Primero. Que se declare la nulidad del Art[í]culo 2, de la Resolución Número 4370
de 2016, ‘por la cual se ordena una expropiación por vía administrativa’, expedida por
el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU), la cual ordena decretar la
expropiación del inmueble ubicado en la AK 91 No 128 B 65 de la ciudad de Bogotá
D.C., en cuanto fijó en DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS ($200.945.167.00) MONEDA
CORRIENTE, el precio indemnizatorio por concepto de aval[úo] comercial, lucro
cesante y daño emergente.

(ARTÍCULO SEGUNDO. VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO. El valor del
precio indemnizatorio de la expropiación que se ordena por la presente resolución
es de DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS ($200.945.167.00) MONEDA CORRIENTE,
de acuerdo con el informe técnico avalúo comercial No 2014.2533 del 06 de enero
de 2015, el cual aclar[ó] y complement[ó] el avalúo comercial No 2014 2533 del 12
de noviembre de 2014, elaborado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
CATASTRO DISTRITAL - Gerencia de Información Catastral, Subgerencia de
Información Económica y el informe de reconocimiento económico del 14 marzo de
2016, el citado valor incluye:

La suma de CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA
Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS ($186.984.290.00)
MONEDA CORRIENTE, por concepto de avalúo comercial terreno y
construcción.

La suma de tres millones setecientos un mil ochocientos setenta y siete
pesos (83.701.877.00) MONEDA CORRIENTE, por concepto de indemnización
por daño emergente.

La suma de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
PESOS ($10.259.000.00) MONEDA CORRIENTE por concepto de
indemnización por lucro cesante.

PAR[Á]GRAFO: Que la presente resolución de expropiación, no implica la
aplicación del artículo 129 de la ley 142 de 1994 que establece la cesión de los
contratos de servicios públicos con ocasión de la trasferencia del dominio […]).

Segundo. Que se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN N[Ú]MERO 5619 DE 2016,
‘por cual se resuelve un recurso de reposición’, expedida por el INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO (IDU), en cuanto a que confirma el valor del precio
indemnizatorio.

Tercero: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los anteriores
actos administrativos, se restablezca en su derecho a los demandantes, condenando
al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU- al pago de los perjuicios
económicos que a título de DAÑO EMERGENTE, se producen ‘entendiéndose el
daño emergente como el justo precio dejado pagar por la entidad demandada por la
expropiación (este precio debe ser como mínimo la suma de TRESCIENTOS
NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS
($393.876.000.00), por valor del inmueble expropiado, lo que equivaldría a una
diferencia de DOSCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
SETECIENTOS DIEZ PESOS ($206.891.710.00), por pago del inmueble
expropiado)’.

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Núm. único de radicación: 250002341000201602052-01
Demandante: Mery Alvarado Suárez y otro

La estimación de la indemnización por concepto de Daño Emergente, se hace por
parte de los accionantes bajo juramento (Art[í]culo 206 del Código General del
Proceso), y se adopta de la diferencia entre el valor que existe del [a]valúo Comercial
tomado dentro del acto administrativo que orden[ó] la expropiación y el [a]valúo
Comercial que presentamos que es parte dentro del material probatorio y que fue
elaborado por un avaluador inscrito en la LONJA DE COLOMBIANA, el avaluador
JOS[É] REN[É] AGUIRRE HENAO, (Ver, Tasación del Daño, Daño Emergente).

Cuarto. Que[,] como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los anteriores
actos administrativos, se restablezca en su derecho a los demandantes, condenando
al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU- al pago de los perjuicios
económicos que a título de LUCRO CESANTE, se prueben dentro del proceso, ‘como
los rendimientos dejados de percibir por mis poderdantes como consecuencia del no
pago de ese justo precio y los cánones de arriendo que produc[í]a el inmueble
expropiado’.

Quinto: Se condene a la entidad demandada al pago de los intereses comerciales y
moratorios establecidos en el Art[í]culo 192 del Código Contencioso Administrativo,
que se causen entre la fecha de ejecutoria de la sentencia y la fecha efectiva de pago
de las condenas indemnizatorias citadas en las pretensiones de la demanda.

Sexto: Que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

Séptimo: Que[,] en caso de no decretarse la nulidad de ninguno de los actos
demandados, se ordene la modificación del Art[í]culo 2, de la RESOLUCIÓN
NÚMERO 4370 DE 2016, ‘por la cual se ordena una expropiación por vía
administrativa’, y la RESOLUCIÓN N[Ú]MERO 5619 DE 2016, ‘por cual se resuelve
un recurso de reposición’, en el sentido de ajustar el precio establecido en ellos como
compensación de la expropiación, según se prueben dentro del proceso.

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS.

Primero. Por lo expuesto en los hechos 14, 15 y 16, esto es, no haber realizado el
pago del valor indemnizatorio en el término de 10 días contados a partir de la
ejecutoria del acto administrativo que expropi[ó] el bien inmueble, propiedad de mi
representado, solicito se declare sin efectos la expropiación por vía administrativa del
inmueble ubicado en la AK 91 No 128 B 65 de la ciudad de Bogotá, de matrícula
inmobiliana 50N-506769, lo anterior, según el sustento normativo de los Numeral 2 y
4, del Art[í]culo 70 de la Ley 388 de 1997 […]”4.

Presupuestos fácticos

3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones5:

3.1. El Instituto de Desarrollo Urbano expidió la Resolución núm. 105802 de 3 de
diciembre de 20146, mediante la cual constituyó oferta de obra y determinó la
adquisición del inmueble ubicado en la Avenida Carrera 91 # 128B – 65 de Bogotá,

4 Cfr. índice 10 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO 1 TRIBUNAL(.pdf) NroActua

10. Páginas 5-7.
5 Cfr. índice 10 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO 1 TRIBUNAL(.pdf) NroActua

10. Páginas 7-10.
6 “[…] Por la cual se determina la adquisición de un inmueble, por el procedimiento de expropiación

administrativa y se formula una oferta de compra […]”.

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Demandante: Mery Alvarado Suárez y otro

el cual era propiedad de los demandantes. Más adelante, modificó la oferta de
compra mediante Resolución núm. 66494 de 28 de diciembre de 20157.

3.2. Posteriormente, la entidad ordenó la expropiación administrativa, mediante
Resolución núm. 4370 de 30 de marzo de 2016, fijando como precio indemnizatorio
la suma de doscientos millones novecientos cuarenta y cinco mil ciento sesenta y
siete pesos ($200.945.167) distribuidos de la siguiente forma:

3.2.1. La suma de ciento ochenta y seis millones novecientos ochenta y cuatro mil
doscientos noventa pesos ($186.984.290) por concepto de terreno y construcción.

3.2.2. La suma de tres millones setecientos un mil ochocientos setenta y siete
pesos ($3.701.877) por concepto de daño emergente.

3.2.3. La suma de diez millones doscientos cincuenta y nueve mil pesos
($10.259.000) por concepto de lucro cesante.

3.3. Luego, interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto de manera
desfavorable mediante Resolución núm. 5619 de 17 de mayo de 20168 confirmando
la decisión de expropiación.

3.4. Aportó, por un lado, copia de la Resolución 7785 de 2015 “por la cual se
termina la adquisición de un inmueble por el procedimiento de expropiación
administrativa y se formuló una oferta de compra”, a modo de facultar la
comparación relacionada con el predio aledaño ubicado en la Carrera 91 núm. 128D
– 25, respecto al cual se estableció que el metro cuadrado costaba $2.300.000
cuando en el presente caso se dispuso que costaba $1.650.000.

3.5. Y, por el otro, un avalúo comercial del inmueble en cuestión, rendido por el
avaluador José René Aguirre Henao, quien se encuentra afiliado a la Lonja
Colombiana. En dicho documento se estimó que el avalúo comercial correcto
correspondería a la suma de trescientos noventa y tres millones ochocientos setenta
y seis mil pesos ($393.876.000) diferenciándose del valor señalado en el avalúo
elaborado por el Instituto de Desarrollo Urbano de ciento ochenta y seis mil
novecientos ochenta y cuatro mil doscientos noventa pesos ($186.984.290).

3.6. Adujo que la entidad demandada debía reconocer y determinar la
indemnización de forma previa, equitativa y justa; de lo contrario, se trataría de un

7 “[…] Por la que se modifica la Resolución No. 105802 del 3 de diciembre de 2014 […]”.
8 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”.

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Demandante: Mery Alvarado Suárez y otro

enriquecimiento sin justa causa. Además, por una serie de incumplimientos en el
debido proceso, la decisión de expropiación administrativa no debe producir efecto
alguno y se debe surtir nuevamente el procedimiento expropiatorio.

Normas violadas

4. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

• Artículos 29, 34 y 58 de la Constitución Política.
• Artículos 61, 62, 68 y 70 de la Ley 388 de 18 de julio de 19979.
• Artículos 2 y 19 del Decreto 1420 de 24 de julio de 199810.
• Artículos 1 y 3 de la Resolución 620 de 23 de septiembre de 200811.

Concepto de violación

5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
la violación, así:

Primer cargo: Vulneración al derecho al debido proceso

5.1. La parte demandada transgredió el derecho al debido proceso por no atender
las exigencias de la regulación en la materia en razón a que: i) no reunió los
requisitos legales que exige el ordenamiento regulador; ii) no se hizo una oferta de
compra con una propuesta que tuviera en cuenta la condición mixta del inmueble
por tratarse de una vivienda urbana con un espacio de utilidad comercial; iii) el
avalúo comercial fue elaborado el 12 de noviembre de 2014, la oferta de compra fue
notificada el 17 de diciembre de 2014 y solo hasta el 19 de abril de 2016 se notificó
la resolución que ordenó la expropiación administrativa vulnerando el término de
treinta (30) días que conceden los artículos 61 y 68 de la Ley 388; y iv) el valor total
del inmueble no se puso a disposición inmediata de los particulares expropiados,
ocurrió el 28 de septiembre de 2016.

5.2. El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU despojó de la propiedad a los
demandantes y no realizó el pago del valor indemnizatorio dentro del término de

9 “[…] Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”.
10 “[…] por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley

2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del
Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos […]”.
11 “[…] Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388

de 1997 […]”.

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diez (10) días contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que expropió
el bien inmueble.

Segundo cargo: Falsa motivación

5.3. La parte demandada incurrió en una falsa motivación del precio indemnizatorio
debido a que: i) el acto administrativo mediante el cual se ordenó la expropiación
tuvo como fundamento un avalúo comercial que ya no se encontraba vigente; ii) por
parte de los demandantes no hubo resistencia a la enajenación tradicional, sino que
se trataba de una oferta “desfasada” que era imposible de aceptar; y iii) hubo
afectación patrimonial por el pago incompleto de la indemnización y por la falta de
pago en calidad de lucro cesante, en cuanto a que van a dejar de percibir ganancias
del inmueble.

5.4. Indicó que el artículo 2 del Decreto 1420 de 24 de julio de 1998 12 define valor
comercial como “[…] el precio más favorable por el cual éste se transaría en un
mercado donde el comprador y el vendedor actuarían libremente, con el
conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien […]”,
concepto que se encuentra transgredido en cuanto el avalúo comercial que se tomó
para motivar la indemnización por expropiación no cumplió con ser el precio más
favorable. Además, en dicho avalúo se comparó el bien con otros inmuebles que no
tienen sus características físicas.

5.5. Señaló que los métodos de mercado y de costo de reposición aplicados para
establecer el valor comercial del inmueble se encuentra mal elaborado por cuanto
no cumple con lo previsto en la norma respecto a que la comparación de los bienes
no es entre semejantes con aquel objeto de avalúo, ni se puede verificar su
transacción o fechas en las cuales se visitaron los inmuebles. El avalúo del Instituto
de Desarrollo Urbano – IDU es impreciso, carente de motivación y deja para el
expropiado dificultades en la interpretación.

Contestación de la demanda

6. El Instituto de Desarrollo Urbano13 contestó la demanda, y se opuso a las
pretensiones de la parte demandante14, así:

12 “[…] Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley

2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del
Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos […]”.
13 Por intermedio de apoderada.
14 Cfr. índice 10 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO 2 TRIBUNAL(.pdf) NroActua

10. Páginas 2-23.

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Demandante: Mery Alvarado Suárez y otro

6.1. Sostuvo que formuló oferta de compra dirigida al titular del predio por la suma
que señaló el avalúo comercial núm. 2014-2533 de 12 de noviembre de 2014,
elaborado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital de Bogotá, de
acuerdo con la normativa vigente. Agregando que los demandantes no rechazaron
la oferta de compra y, mediante escritos con radicados núms. IDU2015526056142
de 19 de enero de 2015 e IDU20155260097322 de 28 de enero de 2015, solicitaron
la revisión del avalúo, la reconsideración del valor de la oferta y la adición tanto del
daño emergente como del lucro cesante.

6.2. Señaló que, en respuesta a la solicitud de complementación al avalúo
comercial mencionado, se expidió la Resolución núm. 66494 de 28 de diciembre de
2015 y se fijó como nuevo valor indemnizatorio la suma de doscientos dos millones
ochocientos setenta y nueve mil setecientos quince pesos ($202.879.715).

6.3. Destacó que la norma no establece que el pago indemnizatorio deba
realizarse dentro de los diez (10) días siguientes contados a partir de la ejecutoria
del acto que expropió el bien inmueble, dicho término se estableció para que el
propietario del predio retire los valores del pago so pena de que la entidad se vea
obligada a constituir depósito judicial.

6.4. Afirmó que el término “inmediato” del artículo 70 de la Ley 388 promueve la
mayor brevedad posible en la gestión, sin que ello suponga un plazo perentorio,
agregando que el valor del precio indemnizatorio estuvo a disposición de la
Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo desde el 23 de septiembre de 2015
para que fuera reclamado por la parte demandante. Al respecto, indicó que dicho
término debe interpretarse bajo el entendido de que el pago se ajusta a los
reglamentos internos de la entidad competente, atendiendo a los trámites
presupuestales necesarios para el desembolso del dinero, sin que ello implique
vicios de nulidad.

6.5. Manifestó que la indemnización debe ser previa a la transferencia del derecho
de dominio y, en este caso, se cumplió dicha instrucción por cuanto el pago se
realizó según acta de entrega de 28 de septiembre de 2016 y el predio fue entregado
el 14 de diciembre de 2016.

6.6. Sostuvo que los actos administrativos gozan de presunción de legalidad, son
de obligatorio cumplimiento y fueron expedidos por la entidad competente acatando
los preceptos de la Constitución Política y la ley. Además, el valor pagado por el
Instituto de Desarrollo Urbano como indemnización comprende los conceptos de

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Demandante: Mery Alvarado Suárez y otro

daño emergente, lucro cesante, valor del terreno y de la construcción, sumado a lo
cual señaló que los descuentos realizados se ajustan a los lineamientos legales.

6.7. Advirtió que, en actuación administrativa, se había pronunciado frente al
avalúo aportado por la parte demandante y elaborado por José René Aguirre Henao
indicando que el documento no cuenta con respaldo técnico ni jurídico toda vez que
no cumple con lo regulado en el artículo 13 de la Resolución núm. 620 de 2008,
expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, en cuanto a que no
hace una valoración independiente entre el terreno y la construcción.

6.8. Señaló que en ningún momento se pretendió ejercer actos confiscatorios que
trasgredieran derechos constitucionales ni privar a los propietarios del derecho de
dominio, la indemnización reparatoria fue legal y se otorgó conforme a los avalúos
expedidos por la entidad encargada cumpliendo con los requisitos legales.

6.9. Indicó que los actos administrativos demandados no se encuentran inmersos
en ninguna de las causales de nulidad previstas en la ley y de las pruebas aportadas
al proceso no es posible evidenciar la causa de un perjuicio para los propietarios del
inmueble ni que sea imputable al Instituto de Desarrollo Urbano.

6.10. Por último, propuso las excepciones denominadas “falta de elementos que
desvirtúen la presunción de legalidad del acto administrativo atacado”, “legalidad de
los actos administrativos emanados” y “ausencia total de imputabilidad del perjuicio
al IDU”.

Sentencia apelada

7. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia proferida el 17 de septiembre de 202015,
resolvió:

“[…] PRIMERO. ABSTÉNGASE de pronunciar sentencia de fondo en relación
con los siguientes actos administrativos de trámite, por no son (sic) objeto de
control judicial: Resoluciones Nos. 4370 de 30 de marzo de 2016 y 5619 de 17
de mayo de 2016, ambas proferidas por la Directora Técnica de Predios del
IDU, emitidas por la Directora Técnica de Predios del INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO - IDU, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO.- DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda, en
consideración a que no se ha desvirtuado la presunción de legalidad de los
15 Cfr. índice 10 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO 1 TRIBUNAL(.pdf) NroActua

10. Páginas 646-691.

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Demandante: Mery Alvarado Suárez y otro

actos administrativos demandados.

TERCERO.- Por Secretaría, se devolverá a la parte actora el remanente de los
gastos de proceso, previa liquidación.

CUARTO.- CONDÉNASE en costas a la parte demandante; en consecuencia,
por Secretaría, LIQUIDANSE las costas procesales, de conformidad con la
parte motiva de esta decisión.

QUINTO.- ARCHİVESE, previa ejecutoria […]”.

Consideraciones del Tribunal

8. El Tribunal adujo que la objeción al dictamen por error grave debía presentarse
en la audiencia destinada para ese propósito y no mediante documento posterior.
Además, que al estudiar la legalidad de los actos administrativos evidenció que las
normas que sirvieron de sustento y la motivación son adecuadas, teniendo en
cuenta que el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU reconoció valor adicional por lucro
cesante y daño emergente como parte del precio indemnizatorio, lo cual
corresponde a determinar el precio justo del bien inmueble objeto de expropiación.

9. Trajo a colación el análisis que hizo la Corte Constitucional sobre los artículos
de la Ley 388 que regulan la materia de expropiación administrativa y agregó que la
indemnización, en caso de expropiación, si bien podría ser restitutiva respecto de
sujetos y bienes especialmente protegidos por la Constitución no tiene que serlo en
todas las ocasiones por la función social de la propiedad.

10. Afirmó que la parte demandante no probó ninguno de los cargos de nulidad
invocados en la demanda ligados a una supuesta infracción de las normas que
debían ser fundamento de los actos administrativos estando en desacuerdo con: i)
las normas que se tuvieron como sustento para determinar cómo debía realizarse
el avalúo del precio indemnizatorio; ii) el valor señalado en las Resoluciones
demandadas; iii) la metodología adoptada por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi para el avalúo; y iv) la falta de motivación de las Resoluciones.

11. Indicó que para que haya una reparación de la totalidad de los daños y
perjuicios en las modalidades patrimoniales de daño emergente y lucro cesante, así
como en las extrapatrimoniales en categorías como daño moral, debe acreditarse
la existencia de estos. En ese sentido, se tiene que la indemnización pagada por la
entidad cumplió con las normas que regulan la materia, sobre todo destacando que
se le requirió al demandante para que acreditara el lucro cesante que alegaba haber
sufrido sin que ello fuera probado.

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12. Manifestó que se cumplieron a cabalidad las etapas establecidas en la
normativa de la materia garantizando el debido proceso a la parte demandante,
dentro de las cuales se encuentra la presentación de oferta de compra elevada por
la entidad demandada que cumplió con los requisitos que debe incluir por cuanto
contiene la información suficiente para la identificación del predio, sus linderos, el
precio, los procedimientos a adelantarse, el avalúo, la indemnización y demás
elementos con los que una persona común podría conocer los términos de la oferta.

13. Precisó que el precio de adquisición deberá corresponder al valor comercial
determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por peritos privados
inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, haciendo uso de uno de los
métodos enunciados en el artículo 25 del Decreto 1420 de 1998. Tal valor se
determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital
vigente al momento de la oferta de compra con relación al inmueble a adquirir, en
especial, con su destinación económica.

14. Consideró que el avalúo contaba con el debido soporte legal y fáctico como
son la revisión de los documentos suministrados por la entidad peticionaria, la
información adicional que se requiere para la identificación del bien, el
reconocimiento del terreno y las fotos que permiten identificar las características
más importantes del bien inmueble objeto de análisis.

15. Adujo que, al estudiar los términos del artículo 70 de la Ley 388 sobre el
término para pagar la indemnización, se tiene que con acta de 28 de septiembre de
2016 se entregó un sobre sellado contentivo del número de identificación del pago
solicitado para que la parte demandante reclamara por el valor del precio
indemnizatorio y que la orden correspondiente al pago se expidió antes de dicha
fecha. Al respecto, el Tribunal encontró que el pago estuvo supeditado a que se
efectuaran los trámites financieros respectivos, una vez eso sucedió se puso a
disposición del demandante, quien reclamó el precio indemnizatorio.

16. Al comparar los dictámenes realizados sobre el inmueble objeto de este
proceso, el Tribunal concluyó que no concuerdan con el valor del metro cuadrado
del terreno, si bien el avalúo aportado por el demandante no lo indica, aquel allegado
por el perito lo determina como de $700.000, esto es, menos de la mitad del valor
entregado en el avalúo oficial.

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17. Otra conclusión a la que llegó el Tribunal fue que si bien hicieron uso del
método de costo de reposición no hay claridad de las razones por las cuales llegan
a las distintas conclusiones; además, con la intención de determinar el precio de la
construcción estudió cuatro tipos de construcciones, con estado de conservación
2.0, sin indicar cuál es el valor de cada una: i) una edificación de 3 pisos con 20
años de antigüedad; ii) una enramada de 10 años de antigüedad; iii) una placa
volada; y iv) un antepecho. Adicionando que en el avalúo del perito el inmueble
expropiado tenía 38 años de antigüedad, mientras que en otro era de 28 años con
estado de conservación bueno.

18. Agregó que “[…] [e]l avalúo traído por los demandantes no especifica los
valores de lucro cesante y daño emergente mientras que el avalúo del perito no
precisa de manera clara la metodolog[í]a para arrojar un valor superior del señalado
en el avalúo oficial […]”.

19. En suma, consideró que no se logró desvirtuar la legalidad del avalúo oficial
elaborado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD y
respecto a la liquidación por conceptos de daño emergente y lucro cesante, en los
avalúos del perito y de la parte demandante, no hay claridad de los fundamentos
que llevan a establecer dichos valores y en el avalúo de parte ni siquiera se tuvo en
consideración.

20. Respecto a la idoneidad de los peritos que realizaron los avalúos, el Tribunal
mencionó que el dictamen era un verdadero avalúo debido a que se había realizado
el 13 de marzo de 2018, entre el periodo de transición en el que las personas que
se dedican a la actividad del avaluador puedan inscribirse en el Registro Abierto de
Avaluadores sin necesidad de presentar prueba de la formación académica exigida
en ese artículo, periodo de dos (2) años que corría a partir del 12 de mayo de 2016
hasta el 11 de mayo de 2018.

21. Finalmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437
de 18 de enero de 201116, decidió condenar en costas a la parte vencida.

16 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

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Recurso de apelación

22. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente el recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, con base en los
siguientes argumentos17:

22.1. Indicó que, en el procedimiento de expropiación vía administrativa, no se
garantizó el debido proceso ni el derecho a la propiedad privada al reconocer y
pagar un valor indemnizatorio con precios totalmente devaluados o
desactualizados.

22.2. Adujo que, por la rigurosidad del trámite, la Ley 388 establece que una vez el
acto administrativo que ordena la expropiación administrativa se encuentra en firme,
el pago debe realizarse de contado dentro de un término de diez (10) días so pena
de que la decisión en comento no produzca efecto alguno y deba realizarse
nuevamente el procedimiento por parte de la entidad.

22.3. Advirtió que, en este caso, el acto administrativo que ordenó la expropiación
fue notificado el 19 de abril de 2016, contra el cual se interpuso recurso de
reposición que se resolvió mediante Resolución núm. 5619 de 17 de mayo de 2016,
notificada el 23 de mayo de 2016, fecha desde la cual contaban los días para el
pago de contado mencionado previamente; sin embargo, hasta el 28 de septiembre
de 2016 la entidad puso el pago a disposición de la parte demandante.

22.4. Manifestó que dicha extemporaneidad fue aceptada por la parte demandada
en el escrito de contestación cuando afirmó que el pago está precedido de unos
trámites internos que seguramente condujeron al incumplimiento de los términos
legales, por lo cual incurrió en una vulneración al derecho al debido proceso, a lo
que el juez “[…] no puede legislar estableciendo excepciones a los efectos
establecidos en la norma por el no pago oportuno del valor indemnizatorio […]”.

22.5. Agregó que el Tribunal evidenció dicha tardanza y, en ese sentido, debió
ordenar la realización del procedimiento expropiatorio surtiéndose nuevamente
destacando que, a pesar de haber realizado el pago, el efecto de la demora en la
realización de este no varía. Además, indicó que el Tribunal estaba avalando el
desconocimiento de los términos legales dentro de la actuación administrativa en

17 Cfr. índice 10 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO 1 TRIBUNAL(.pdf) NroActua

10. Páginas 699-704.

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cuanto precisó que la extralimitación en los términos no afecta la legalidad de los
actos demandados.

22.6. Adujo que así la norma no establezca los efectos que produce el mencionado
desconocimiento, aquello no es ápice para justiciar su incumplimiento, reiteró que
el término de treinta (30) días entre la oferta de compra y el acto que ordena la
expropiación debía acogerse so pena de incurrir en falsa motivación del acto
administrativo que ordena la expropiación por cuanto el valor del precio
indemnizatorio se encontraría desactualizado, considerando los incrementos que
mes a mes ocurren en el campo de finca raíz.

22.7. Indicó que pasó más de un año entre el 12 de noviembre de 2014, cuando
se elaboró el avalúo comercial, y el 19 de abril de 2016, fecha en que se notificó la
resolución que ordenó la expropiación y no fue sino hasta el 28 de septiembre de
2016 que la entidad puso el dinero a disposición de los propietarios del bien
expropiado.

Actuación en segunda instancia

23. El Despacho sustanciador, mediante auto de 25 de marzo de 2022, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 17 de septiembre de 2020 por la Subsección “A” de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

24. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) los actos
administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo de la
expropiación administrativa; y v) el análisis del caso en concreto.

Competencia de la Sala

25. Vistos el artículo 15018 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en
segunda instancia, aplicable en los términos del artículo 30819 de la Ley 1437 de

18 “[…] Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El

Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que
se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código […]”.
19 “[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el

dos (2) de julio del año 2012. […] Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la

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201120, sobre el régimen de transición y vigencia; y el artículo 1321 del Acuerdo núm.
80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la
Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente
asunto, en segunda instancia.

26. Agotados los trámites inherentes a la acción especial contencioso
administrativa prevista en el artículo 71 de la Ley 388, sin que se observe causal de
nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante.

27. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por la parte demandante en el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia proferida el 17 de septiembre de 2020 por la Subsección “A” de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con los
artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201222, norma aplicable al
presente caso en virtud de lo previsto en el artículo 306 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo23, el juez se limitará a conocer de
los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso.

Actos acusados

28. Los actos acusados son los siguientes:

28.1. El artículo segundo de la Resolución núm. 4370 de 30 de marzo de 201624
“[…] por la cual se ordena una expropiación por vía administrativa […]”, expedida
por la Directora Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU que
resolvió:

“[…] ARTÍCULO SEGUNDO.- VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO.- El valor
del precio indemnizatorio de la expropiación que se ordena por la presente resolución
es de: DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS ($200.945.167.00) MONEDA CORRIENTE, de
acuerdo con el Informe Técnico Avalúo Comercial No 2014-2533 del 06 de enero de

entrada en vigencia. […] Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el
régimen jurídico anterior […]”.
20 “Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
21 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 2024, ”por medio del cual se modifican los artículos

13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
y 90”.
22 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
23 “[…] Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el

Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo […]”.
24 Cfr. índice 10 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO 1 TRIBUNAL(.pdf) NroActua

10. Página 47.

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2015, el cual aclaró y complementó el avalúo comercial No. 2014-2533 del 12 de
noviembre de 2014, elaborados por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
CATASTRO DISTRITAL - Gerencia de Información Catastral, Subgerencia de
Información Económica y el informe de Reconocimiento Económico del 14 de marzo
de 2016, el citado valor incluye:

La suma de CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS ($186.984.290.00) MONEDA
CORRIENTE por concepto de avalúo comercial terreno y construcción.

La suma de TRES MILLONES SETECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA
Y SIETE PESOS ($3.701.877.00) MONEDA CORRIENTE por concepto de
indemnización por daño emergente.

La suma de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS
($10.259.000.00) MONEDA CORRIENTE por concepto de indemnización por lucro
cesante.

PARÁGRAFO: Que la presente resolución de expropiación no implica la aplicación
del artículo 129 de la ley 142 de 1994 que establece la cesión de los contratos de
servicios públicos con ocasión a la transferencia del dominio: ‘En la enajenación de
bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión de todos los contratos de servicios
públicos domiciliarios, salvo que las partes acuerden otra cosa. La cesión operará de
pleno derecho, e incluye la propiedad de los bienes inmuebles por adhesión o
destinación utilizados para usar el servicio’, teniendo en cuenta que los predios
adquiridos por el IDU por motivos de utilidad pública e interés social son destinados
exclusivamente a la construcción de obras, de infraestructura vial lo que implica un
cambio en la naturaleza del mismo que pasa de ser un inmueble con vocación de
domicilio para convertirse en un bien de uso público dejando por ello de ser
destinatario de servicios públicos domiciliarios, motivo por el cual continuará siendo
responsable del consumo, deudas y demás cargos que se generen hasta la
cancelación de los mismos los señores POLICARPO GIL CARDENAS […] у MERY
ALVARADO SUAREZ […]”.

28.2. La Resolución núm. 5619 de 17 de mayo de 201625, mediante la cual se
resolvió un recurso de reposición, así:

“[…] ART[Í]CULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No
4370 del 30 de marzo de 2016, por medio de la cual se ordena la expropiación por
vía administrativa a favor del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, del inmueble
ubicado en la AK 91 No 128 B - 65 de la ciudad de Bogotá D.C., con cédula catastral
SB 15208, CHIP AAA0129BBMS y matrícula inmobiliaria No 50N-506769, cuyos
titulares inscritos objeto de expropiación son los señores POLICARPO GIL
CARDENAS […] y MERY ALVARADO SUAREZ […] conforme al registro topográfico
número 44170, elaborado por la Dirección Técnica de Predios en el mes de noviembre
de 2014, por las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo […]".

Problema jurídico

29. Corresponde a la Sala, con fundamento en el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante, determinar si los actos administrativos demandados
deben ser anulados por encontrarse falsamente motivados y haber desconocido el

25 Cfr. índice 10 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO 1 TRIBUNAL(.pdf) NroActua

10. Páginas 51-55.

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derecho al debido proceso. Lo anterior, teniendo en cuenta que el proceso de
expropiación vía administrativa del inmueble, propiedad de la parte demandante,
inició después del término de treinta (30) días de la ejecutoria de la Resolución núm.
66494 de 28 de diciembre de 2015, la cual modificó la Resolución núm. 10582 de 3
de diciembre de 2014 que formuló la oferta de compra.

30. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la
nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho
solicitado y, en consecuencia, si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
proferida por la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

31. Los problemas jurídicos planteados se desarrollarán infra, de la siguiente
manera:

Marco normativo de la expropiación administrativa

32. Visto el artículo 58 de la Constitución Política, “[…] [p]or motivos de utilidad
pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación
mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los
intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el
legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta
a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio
[…]” (Destacado fuera de texto).

33. El capítulo VIII de La Ley 388 regula la expropiación administrativa, la cual está
compuesta por varias etapas: i) la declaratoria de urgencia, de conformidad con los
artículos 63 a 65 ibidem, que indica que por motivos de utilidad pública o interés social
se puede expropiar por vía administrativa el derecho de propiedad y los demás
derechos reales sobre terrenos e inmuebles; ii) la oferta de compra, en los términos
del artículo 66 ibidem; iii) la negociación del precio; iv) la enajenación voluntaria; y v)
la decisión de expropiación, en caso de no lograrse un acuerdo en la etapa de
enajenación voluntaria, como se explicará infra.

34. Visto el artículo 66 ibidem, la decisión de expropiación por la vía administrativa
deberá tomarse a partir de la iniciación del procedimiento correspondiente, mediante
acto administrativo formal, el cual se notificará al titular del derecho de propiedad
sobre el inmueble cuya adquisición se requiera y será inscrito por la entidad
expropiante en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, dentro de los cinco

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(5) días hábiles siguientes a su ejecutoria. Este mismo acto constituirá la oferta de
compra dirigida a obtener un acuerdo de enajenación voluntaria.

35. Visto el artículo 67 ibidem, en el acto que determine el carácter administrativo
de la expropiación, se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se
reconocerá a los propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza
para los efectos previstos en el artículo 61 ibidem26. Además, la entidad deberá
precisar las condiciones para el pago del precio indemnizatorio, las cuales podrán
prever el pago de contado o el pago entre un cuarenta (40%) y un sesenta por ciento
(60%) del valor al momento de la adquisición voluntaria y el valor restante en cinco
(5) contados anuales sucesivos o iguales, con un interés anual igual al interés
bancario vigente en el momento de la adquisición voluntaria.

36. El pago del precio indemnizatorio se podrá realizar en dinero o títulos valores,
derechos de construcción y desarrollo, de participación en el proyecto o permuta.
En todo caso el pago se hará siempre en su totalidad de contado cuando el valor de
la indemnización sea inferior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales
al momento de la adquisición voluntaria o de la expropiación.

37. Visto el artículo 68 de la Ley 388, sobre la decisión de la expropiación, indica
que cuando hayan transcurrido 30 días hábiles, contados desde la ejecutoria del
acto mediante el cual se hizo la oferta de compra, sin que se llegue a un acuerdo
formal para la enajenación voluntaria, la autoridad dispondrá, mediante acto
administrativo motivado, la expropiación administrativa del inmueble. La norma
señala:

“[…] Artículo 68º.- Decisión de la expropiación. Cuando habiéndose determinado
que el procedimiento tiene el carácter de expropiación por vía administrativa, y
transcurran treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del acto
administrativo de que trata el artículo 66 de la presente Ley, sin que se haya llegado
a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria contenido en un contrato de
promesa de compraventa, la autoridad competente dispondrá mediante acto motivado
la expropiación administrativa del bien inmueble correspondiente, el cual contendrá lo
siguiente:

1. La identificación precisa del bien inmueble objeto de expropiación.

2. El valor del precio indemnizatorio y la forma de pago.

3. La destinación que se dará al inmueble expropiado, de acuerdo con los motivos de
utilidad pública o de interés social que se hayan invocado y las condiciones de
urgencia que se hayan declarado.

26 Artículo 67 Ley 388.

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4. La orden de inscripción del acto administrativo, una vez ejecutoriado en la
correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para los efectos de
que se inscriba la transferencia del derecho de dominio de su titular a la entidad que
haya dispuesto la expropiación.

5. La orden de notificación a los titulares de derecho del dominio u otros derechos
reales sobre el bien expropiado, con indicación de los recursos que legalmente
procedan en vía gubernativa […]”.

38. De acuerdo con las normas citadas supra, el Estado puede adquirir el bien
inmueble por medio de una enajenación voluntaria que implica un acuerdo formal
de voluntades entre las partes; sin embargo, si esto no es posible dentro del término
de treinta (30) días hábiles, contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo
que determina que el procedimiento tiene el carácter de expropiación por vía
administrativa, la autoridad competente, mediante un acto administrativo motivado,
debe ordenar la expropiación.

39. La expropiación por vía administrativa conlleva la obligación, a cargo de la
entidad, de reconocer una indemnización justa y plena que comprenda el valor del
bien inmueble objeto de expropiación y los perjuicios toda vez que esta “[…]
constituye “[…] un instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a
todos los miembros de la colectividad y reparado de manera integral […]”27.

40. La Ley 388 fue reglamentada por el Gobierno Nacional por medio del Decreto
1420 de 1998, cuyas disposiciones regulan los procedimientos, parámetros y
criterios para la elaboración de los avalúos que determinan el valor comercial.

41. Visto el artículo 2.° ibidem, el valor comercial de un inmueble es el precio más
favorable por el cual éste se transaría en un mercado donde el comprador y el
vendedor actuarían libremente, con el conocimiento de las condiciones físicas y
jurídicas que afectan el bien. En efecto, la determinación del valor comercial de los
inmuebles la debe realizar, a través de un avalúo, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que haga sus veces o las personas naturales o jurídicas de
carácter privado registradas y autorizadas por las lonjas de propiedad raíz del lugar
donde se ubiquen los bienes objeto de la valoración28.

42. Visto el artículo 20 ibidem, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad
que cumpla sus funciones y las personas naturales o jurídicas registradas y
autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo, especificarán el método

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 6 de febrero de

2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación 080012331000199712256-01.
28 Artículo 3.° Decreto 1420 de 1998.

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utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de las
edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal
estimación.

43. Visto el artículo 21 ibidem, para determinar el valor comercial se deben tener
en cuenta los siguientes parámetros:

“[…] - La reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la
realización del avalúo en relación con el inmueble objeto del mismo.

• La destinación económica del inmueble.

• Para los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, el avalúo se
realizará sobre las áreas privadas, teniendo en cuenta los derechos provenientes
de los coeficientes de copropiedad.

• Para los inmuebles que presenten diferentes características de terreno o
diversidad de construcciones, en el avalúo se deberán consignar los valores
unitarios para cada uno de ellos.

• Dentro de los procesos de enajenación y expropiación, que afecten parcialmente
el inmueble objeto del avalúo y que requieran de la ejecución de obras de
adecuación para la utilización de las áreas construidas remanentes, el costo de
dichas obras se determinará en forma independiente y se adicionará al valor
estimado de la parte afectada del inmueble para establecer su valor comercial.

• Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los
inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente
una afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación
de ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse
independientemente del avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que
se dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis (6) meses.

• Cuando el objeto del avalúo sea un inmueble declarado de conservación histórica,
arquitectónica o ambiental, por no existir bienes comprables en términos de
mercado, el método utilizable será el de reposición como nuevo, pero no se
descontará la depreciación acumulada, también deberá afectarse el valor por el
estado de conservación física del bien. Igualmente, se aceptará como valor
comercial de dicho inmueble el valor de reproducción, entendiendo por tal el
producir el mismo bien, utilizando los materiales y tecnología con los cuales se
construyó, pero debe tenerse en cuenta las adecuaciones que se le han
introducido.

• La estratificación socioeconómica del bien […]”

44. Visto, el artículo 22 ibidem, para la determinación del valor comercial de los
inmuebles, se deberá tener en cuenta, por lo menos, las siguientes características:

“[…] A. Para el terreno:

1. Aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía y forma.

2. Clases de Suelo: urbano, rural, de expansión urbana, suburbano y de protección.

3. Las normas urbanísticas vigentes para la zona o el predio.

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4. Tipo de construcciones en la zona.

5. La dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios públicos
domiciliarios, así, como la infraestructura vial y servicio de transporte.

6. En zonas rurales, además de las anteriores características deberá tenerse en
cuenta las agrológicas del suelo y las aguas.

7. La estratificación socioeconómica del inmueble.

B. Para las construcciones:

1. El área de construcciones existentes autorizadas legalmente.

2. Los elementos constructivos empleados en su estructura y acabados.

3. Las obras adicionales o complementarias existentes.

4. La edad de los materiales.

5. El estado de conservación física.

6. La vida útil económica y técnica remanente.

7. La funcionalidad del inmueble para lo cual fue construido.

8. Para bienes sujetos a propiedad horizontal, las características de las áreas
comunes […]” (Destacado fuera de texto).

45. Visto el artículo 25 ibidem, para la elaboración de los avalúos que se requieran
con fundamento en las Leyes 9 de 11 de enero de 198929 y 388 de 1997, se deberá
aplicar uno de los siguientes métodos: i) el método de comparación o de mercado;
ii) el de renta o capitalización por ingresos; o iii) el de costo de reposición o el
residual.

46. En suma, para elaborar el avalúo y determinar el valor del bien inmueble objeto
de expropiación administrativa, la autoridad debe tener en cuenta la reglamentación
urbanística municipal vigente y criterios de carácter objetivo; además, este no puede
incorporar meras expectativas sino hechos ciertos y verificables.

Acervo probatorio

47. La Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso sub examine
son las siguientes:

29 “[…] por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de

bienes y se dictan otras disposiciones […]”.

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Demandante: Mery Alvarado Suárez y otro

47.1. Copia de escritura pública núm. 3174 de 15 de noviembre de 198830
mediante la cual los señores Mery Alvarado Suárez y Policarpo Gil
Cárdenas adquirieron el inmueble.

47.2. Copia de Informe Técnico Avalúo Comercial, elaborado el 12 de noviembre
de 2014 por la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital31.

47.3. Resolución núm. 105802 de 3 de diciembre de 201432 “[…] por la cual se
determina la adquisición de un inmueble, por el procedimiento de expropiación por
vía administrativa y se formula una oferta de compra […]”, expedida por la Directora
Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.

47.4. Copia de Informe Técnico Avalúo Comercial, elaborado el 6 de enero de
2015 por la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital33, mediante el cual se
complementó el avalúo anterior agregando la indemnización por daño emergente y
lucro cesante.

47.5. Resolución núm. 66494 de 28 de diciembre de 201534 “[…] por la que se
modifica la Resolución No. 105802 del 3 de diciembre de 2014 […]”, expedida por
la Directora Técnica de Predios (E) del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.

47.6. Notificación personal de la Resolución núm. 66494 de 28 de diciembre de
201535, realizada el 12 de enero de 2016.

47.7. Resolución núm. 4370 de 30 de marzo de 201636 “[…] por la cual se ordena
una expropiación por vía administrativa […]”, expedida por la Directora Técnica de
Predios del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.

47.8. Notificación personal de la Resolución núm. 4370 de 30 de marzo de 201637.

30 Cfr. índice 10 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO 1 TRIBUNAL(.pdf) NroActua

10. Páginas 93-98.
31 Cfr. índice 10 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO 1 TRIBUNAL(.pdf) NroActua

10. Páginas 57-67.
32 Cfr. índice 10 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO 1 TRIBUNAL(.pdf) NroActua

10. Páginas 25-36.
33 Cfr. índice 10 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO 1 TRIBUNAL(.pdf) NroActua

10. Páginas 76-81.
34 Cfr. índice 10 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO 1 TRIBUNAL(.pdf) NroActua

10. Páginas 38-41.
35 Cfr. índice 10 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO 1 TRIBUNAL(.pdf) NroActua

10. Página 42.
36 Cfr. índice 10 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO 1 TRIBUNAL(.pdf) NroActua

10. Página 47.
37 Cfr. índice 10 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO 1 TRIBUNAL(.pdf) NroActua

10. Página 50.

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Demandante: Mery Alvarado Suárez y otro

47.9. Copia de Informe Técnico Avalúo Comercial, elaborado el 25 de abril de
2016 por el avaluador José René Aguirre Henao38.

47.10. Resolución núm. 5619 de 17 de mayo de 201639, mediante la cual, se
resolvió un recurso de reposición.

47.11. Notificación personal de la Resolución núm. 5619 de 17 de mayo de 201640.

47.12. Copia de acta de entrega del pago indemnizatorio por expropiación
administrativa de 28 de septiembre de 201641, el cual señala que se hace entrega a
la parte demandante de “[…] un sobre sellado que contiene el número de
[i]dentificación del pago solicitado al Banco de Occidente en fecha 23/09/2016, para
reclamar el cheque en la Sucursal Avenida 19, por valor de NOVENTA Y SIETE
MILLONES CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.
($97.109.380,00), por concepto del pago del precio indemnizatorio señalado en el
art[í]culo Tercero de la Resolución de Expropiación número 4370 del 2016, con
Orden de Pago No 2676 del 23/09/2016 […]”.

47.13. Dictamen pericial elaborado el 15 de septiembre de 2017 por el perito Álvaro
Gabriel Gordillo Lancheros42, en el cual se concluyó que “[…] actualizado el avalúo
comercial, así como, corregidas las bases para la determinación del valor del precio
indemnizatorio, dentro de la expropiación por v[í]a administrativa de que trata la
resolución n[ú]mero 4370 del 30 de marzo de 2016, as[í] como actualizadas las
unidades monetarias a la fecha de la resolución, se ha establecido una diferencia a
favor de los aquí demandantes por la suma de trescientos treinta y nueve millones
setecientos treinta y cinco mil cincuenta y seis pesos ($339'735.056,00) moneda
corriente […]”.

47.14. Dictamen pericial de 13 de marzo de 2018, presentado por el perito Álvaro
Gabriel Gordillo Lancheros43, atendiendo las instrucciones del Tribunal respecto a
la metodología y la fecha en que se elaboró el avalúo oficial para determinar el valor
del inmueble.

38 Cfr. índice 10 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO 1 TRIBUNAL(.pdf) NroActua

10. Páginas 112-136.
39 Cfr. índice 10 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO 1 TRIBUNAL(.pdf) NroActua

10. Páginas 51-55.
40 Cfr. índice 10 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO 1 TRIBUNAL(.pdf) NroActua

10. Página 56.
41 Cfr. índice 10 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO 1 TRIBUNAL(.pdf) NroActua

10. Páginas 112-136.
42 Cfr. índice 10 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO 1 TRIBUNAL(.pdf) NroActua

10. Páginas 289-299.
43 Cfr. índice 10 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO 1 TRIBUNAL(.pdf) NroActua

10. Páginas 567-586.

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48. La Sala procederá a apreciar y valorar la totalidad de las pruebas solicitadas,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
de la Ley 156444, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación los problemas jurídicos planteados en el caso sub
examine.

Análisis del caso concreto

49. En este caso concreto, la Sala evidenció que, mediante la Resolución núm.
105802 de 3 de diciembre de 2014, se determinó la adquisición del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria núm. 50N-506769 en donde se advirtió la
necesidad de la adquisición por la realización de la obra “Avenida El Rincón (AK 91
y AC 131A) desde la Carrera 91 hasta la Avenida la Conejera (Transversal 97)” y
que el valor del precio indemnizatorio que presentaba la entidad era de ciento
ochenta y seis millones novecientos ochenta y cuatro mil doscientos noventa pesos
($186.984.290).

50. Más adelante, mediante la Resolución núm. 66494 de 28 de diciembre de
2015, se modificó el valor del precio indemnizatorio por doscientos dos millones
ochocientos setenta y nueve mil setecientos quince pesos ($202.879.715)
comprendidos así: i) ciento ochenta y seis millones novecientos ochenta y cuatro
mil doscientos noventa pesos ($186.984.290) por concepto de terreno y
construcción; ii) diez millones doscientos cincuenta y nueve mil pesos ($10.259.000)
por concepto de lucro cesante; y iii) cinco millones seiscientos treinta y seis mil
cuatrocientos veinticinco pesos ($5.636.425) por concepto de daño emergente. Lo
anterior se determinó conforme al Informe Técnico de Avalúo núm. 2014-2533 de 6
de enero de 2015, que complementó aquel identificado con núm. 2014-2533 de 12
de noviembre de 2014, elaborados por la Unidad Administrativa Especial Catastro
Distrital.

51. Con posterioridad, mediante la Resolución núm. 4370 de 30 de marzo de 2016,
se ordenó la expropiación por vía administrativa señalando que luego de aplicar una
serie de deducciones correspondientes a impuesto predial, gastos de escrituración
y desconexión de servicios públicos; el valor por precio indemnizatorio es de
doscientos millones novecientos cuarenta y cinco mil ciento sesenta y siete pesos

44 Visto el artículo 624 de la Ley 1564, esa normativa resulta aplicable al caso sub examine, teniendo en cuenta

que el recurso fue interpuesto el 6 de mayo de 2015.

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($200.945.167). Allí también se indicó que la totalidad del pago se realizaría de
contado una vez se radicara la orden de pago.

52. Seguidamente, el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU expidió la Resolución
núm. 5619 de 17 de mayo de 2016, mediante la cual resolvió el recurso de
reposición, confirmando la anterior decisión e indicando que los inmuebles tenidos
en cuenta para determinar el valor del terreno al inmueble objeto de adquisición sí
son semejantes y comparables, de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 620
de 2008 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi; además, que no es
procedente tener a consideración el avalúo realizado por el señor José René Aguirre
Henao debido a que el anterior avalúo se encontraba vigente y no cumple con los
parámetros normativos que rigen la materia.

53. Los señores Mery Alvarado Suárez y Policarpo Gil Cárdenas demandaron los
actos administrativos citados supra, en los cuales se ordenó la expropiación
administrativa y se resolvió un recurso de apelación confirmando la anterior
decisión, alegando que encontraban imprecisiones relacionadas con el precio
indemnizatorio del avalúo comercial y que había incumplimiento de los términos en
las distintas etapas del procedimiento administrativo.

54. Al respecto, la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia, por un lado, resolvió lo
siguiente: “[…] ABSTÉNGASE de pronunciar sentencia de fondo en relación con
los siguientes actos administrativos de trámite, por no [ser] objeto de control judicial:
Resoluciones Nos. 4370 de 30 de marzo de 2016[45] y 5619 de 17 de mayo de
2016[46] […]”. Y, por el otro, negó las pretensiones de la demanda por considerar
que la parte demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
administrativos demandados.

55. En virtud de lo indicado, respecto del control judicial de los actos que se
expiden dentro del proceso expropiatorio, la Sala estima pertinente destacar que
esta Sección47 encuentra necesario garantizar la oportunidad de defensa judicial
respecto de los motivos de utilidad pública o de interés social dentro del proceso
expropiatorio y ha sostenido que se trata de actos que crean una situación jurídica
particular y concreta, razón por la cual estos pueden ser impugnados mediante

45 “[…] por la cual se ordena una expropiación por vía administrativa […]”.
46 “[…] por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”.
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 11 de diciembre

de 2015. Núm. de radicación: 250002324000200601002-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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recursos tanto en la actuación administrativa como en las acciones contenciosas
administrativas; es decir, las Resoluciones núms. 4370 de 30 de marzo de 2016 y
5619 de 17 de mayo de 2016, controvertidas en el presente proceso, sí son objeto
de control judicial.

56. La parte demandante manifestó, en el recurso de apelación, que se
desconoció el término legal de treinta (30) días entre la presentación de la oferta de
compra y el inicio del proceso de expropiación administrativa establecido en el
artículo 68 de la Ley 388.

57. Asimismo, adujo que se debió ordenar la realización de un nuevo
procedimiento expropiatorio debido a que se había incumplido el plazo legal para la
entrega del dinero destacando que la Resolución núm. 5619 de 2016, mediante la
cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución que
decidió la expropiación administrativa, fue notificada el 23 de mayo de 2016 y la
entidad realizó el pago hasta el 28 de septiembre de 2016 a pesar que únicamente
tenía diez (10) días después del término de ejecutoria del acto administrativo que
ordenó la expropiación administrativa del inmueble.

58. De conformidad con los marcos normativos y desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

59. En este punto, se debe analizar el trámite que debe adelantarse para realizar
una expropiación administrativa, este tiene varias etapas, dentro de las cuales se
encuentran principalmente: i) la oferta de compra, ii) la etapa de negociación y iii) el
proceso expropiatorio que culmina con la expedición de un acto administrativo que
ordene la expropiación del bien. Esta última etapa surgirá siempre que se cumplan
dos requisitos, por un lado, que se presenten motivos de interés social o utilidad
pública que autoricen este tipo de expropiación y, por el otro, que se configure una
condición de urgencia de aquellas mencionadas taxativamente en la ley.

60. Para analizar el argumento del apelante, la Sala destaca lo señalado por esta
Sección respecto a que la motivación del acto administrativo es un requisito de
validez del acto, el cual “[…] constituye, entonces, uno de los elementos esenciales
o fundamentos de legalidad del acto administrativo, a tal punto que cuando se
pretermite, o cuando se demuestra que las razones que sustentan la decisión no
son reales, no existen o están distorsionadas, se presenta un vicio que lo invalida[,]
[…] teniendo en cuenta la presunción de legalidad de la cual goza el acto

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administrativo, concierne a quien pretende desvirtuarlo por la causal de falsa
motivación demostrar el vicio en el elemento causal de la decisión, es decir, la
inexistencia o el error de los antecedentes de hecho y derecho que facultan
su expedición o, en otras palabras, que lo expresado en el acto administrativo
no corresponde a la realidad […]”48 (Destacado fuera de texto).

61. Asimismo, la Sección estableció que la falsa motivación de los actos
administrativos se configura cuando: “[…] i) se presenta inexistencia de
fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la
Administración Pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son
contrarios a la realidad, bien por error o por razones engañosas o simuladas; iii)
porque el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance
que no tienen[;] y iv) porque los motivos que sirven de fundamento al acto no
justifiquen la decisión […]”49.

62. En virtud de lo señalado, en el caso sub examine el apelante indicó que se
configuró el vicio de la falsa motivación en los actos administrativos demandados
por cuanto el avalúo oficial realizado el 12 de noviembre de 2014 había perdido
vigencia para el momento en que se expidió la resolución que ordenó la
expropiación administrativa.

63. Al respecto, la Sala encontró demostrado que para expedir la Resolución núm.
105802 de 3 de diciembre de 2014, mediante la cual se formuló la oferta de compra,
se tuvo en cuenta el Informe Técnico Avalúo comercial núm. 2014-2533 de 12 de
noviembre de 2014 que concluyó por concepto de avalúo comercial de terreno y
construcción un valor de ciento ochenta y seis millones novecientos ochenta y
cuatro mil doscientos noventa pesos ($186.984.290).

64. Más adelante, se adicionó el Informe Técnico Avalúo Comercial núm. 2014-
2533 de 6 de enero de 2015 al estudio anterior, en el cual se determinó que dentro
del valor de la indemnización se debía incluir el concepto de lucro cesante por diez
millones doscientos cincuenta y nueve mil pesos ($10.259.000) y el concepto de
daño emergente por cinco millones seiscientos treinta y seis mil cuatrocientos
veinticinco pesos ($5.636.425).

48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 11 de julio de

2019. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Núm. de radicación: 250002324000201200509-01.
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 12 de diciembre

de 2019. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Núm. de radicación: 250002324000200900249-01.

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65. Con posterioridad al Informe Técnico, se expidió la Resolución núm. 66494 de
28 de diciembre de 2015, mediante la cual se modificó la Resolución núm. 105802
de 3 de diciembre de 2014, agregando los conceptos mencionados en el último
avalúo realizado el mismo año en enero. En ese sentido, la Sala destaca que el acto
administrativo que adoptó el avalúo dentro del proceso de expropiación
administrativa, incluso en su etapa de negociación, lo empleó dentro del año de
vigencia de este, como establece el artículo 19 del Decreto 1420 de 1998.

66. Por lo mencionado, el acto administrativo que ordenó la expropiación tiene
como fundamento la información que fue adoptada en previos actos administrativos
que hacen parte del mismo procedimiento, como lo es aquel que contenía la
formulación de la oferta de compra; ello no hace que se trate de una falsa motivación
por cuanto no se encuentra configurada una alteración a la realidad o una
interpretación errónea.

67. Adicionalmente, si bien la norma establece que se tienen treinta (30) días
hábiles para dar inicio a la expropiación del inmueble, contados a partir de la
ejecutoria de la oferta de compra prevista en el artículo 66 de la Ley 388, esta
Sección50 ha señalado que “[…] no puede catalogarse como un término preclusivo,
esto es, de aquellos que dan lugar a la caducidad, prescripción o silencio
administrativo positivo […]” debido a que ello no se prevé de esa forma en las
disposiciones normativas, ni resulta razonable que la oferta de compra inicial pierda
vigencia como presupuesto para la posterior emisión de la resolución de
expropiación, en caso tal que no se logre la enajenación voluntaria mediante
escritura pública dentro del término allí señalado, dado que dicho lapso alude más
a una fase razonable de negociaciones que, “[…] de resultar infructuosas, permitan
a la administración desistir de la búsqueda de una enajenación voluntaria ante el
administrado y proceder a expropiar el inmueble. De este modo, el desconocimiento
del término anotado por parte de la administración dará lugar a lo sumo a una
investigación disciplinaria al interior de la Entidad, pero no a la nulidad de la
actuación como lo pretende el libelista […]”.

68. En ese sentido, la Sala considera que la entidad competente de la expropiación
administrativa tiene una regulación interna que respetar para suplir de forma
responsable el pago a cancelar, destacando que la entidad adelantó los pasos
pertinentes para lograr desembolsar el dinero correspondiente sin que con ello se

50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 20 de febrero de

2014. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Núm. de radicación: 250002324000200500348-01.

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haya incurrido en alguna vulneración de una norma superior o se configure un vicio
de los actos administrativos demandados.

69. Adicionalmente, respecto a los cuestionamientos del demandante sobre la
legalidad de los actos administrativos demandados, la jurisprudencia del Consejo
de Estado ha considerado en reiteradas oportunidades que el precio indemnizatorio
del avalúo está amparado por la presunción de legalidad, por cuanto este es
incorporado al acto administrativo que ordena la expropiación y, por ese motivo, la
parte demandante tiene la carga de probar cuál es error o la incorrección del avalúo
oficial.

70. Sobre el particular, no ocurrió que el actor haya desvirtuado la certeza de las
decisiones de la administración y, en este caso, no ha demostrado en el proceso
que el avalúo oficial es equivocado; la eventual pérdida de fuerza ejecutoria del acto
administrativo, del cual ya hace parte el avalúo, no es fundamento jurídico para
declarar la nulidad de la actuación toda vez que aquella no implica una expedición
ilegal.

71. La Sala trae a colación lo mencionado por esta Sección51, respecto a la
presunción de legalidad del avalúo presentado en los procedimientos de
expropiación por la vía administrativa y la obligación de la parte demandante de
demostrar en el proceso judicial los errores que se cometieron en ese avalúo,
advirtiendo lo siguiente:

“[…] En este punto, la Sala considera relevante precisar el alcance de la carga que
recae sobre el demandante, atendiendo las presunciones de que gozan los actos de
la administración; no basta entonces con que se argumente que los mismos no
cumplieron con lo determinado en la norma para atacar la presunción de legalidad
y veracidad de que goza el avalúo oficial. Resulta indispensable que la parte
demandante indique el defecto en que se ha incurrido y cuál es el impacto en el
precio que se ofreció por la administración conforme las normas que regulan la
materia.

Así las cosas, la Sala no comparte las apreciaciones de la parte apelante respecto
del avalúo utilizado por el Municipio de Medellín para fijar el valor del precio
indemnizatorio, pues no se desvirtuó su presunción de legalidad y, por el contrario,
se puede concluir que el avalúo acogió las reglas determinadas en la normatividad
aplicable para su determinación […]”.

72. En virtud de lo anterior, considera la Sala que el Instituto de Desarrollo Urbano
• IDU, en el caso sub examine, formuló la motivación de las Resoluciones núms.
4370 de 30 de marzo de 2016 y 5619 de 17 de mayo de 2016, de conformidad con

51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 14 de septiembre

de 2020. C.P. Oswaldo Giraldo López. Núm. de radicación: 050012331000200700419-01.

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Demandante: Mery Alvarado Suárez y otro

las normas que rigen la expropiación administrativa, explicando de manera clara y
precisa los supuestos fácticos y jurídicos que fundamentaron la decisión, así como
el interés general que motivó la expedición de los actos; por lo tanto, el cargo de
falsa motivación de los actos acusados no está llamado a prosperar frente a las
resoluciones demandadas.

Conclusiones

73. La Sala considera que la parte demandante no desvirtuó la presunción de
legalidad de los actos acusados; en consecuencia, se confirmará la sentencia
proferida, en primera instancia.

Condena en costas

74. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre la condena
en costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que
no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no se condenará
en costas a la parte demandante, en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 17 de septiembre de 2020 por la
Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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30

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Demandante: Mery Alvarado Suárez y otro

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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