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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2017-00127-01

Concurso de méritos en superintendencia de sociedades: provisión de cargos de carrera administrativa, Convocatoria 329 de 2015

Fecha
18 de mayo de 2017
Consejero ponente
María Elizabeth García González

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2017-00127-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de 17 de febrero de 2017 proferida por la Sección Primera –Subsección “B”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2017-00127-01

Consejero ponente: María Elizabeth García González

18 de mayo de 2017

CONCURSO DE MÉRITOS EN SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES - Provisión de cargos de carrera administrativa, Convocatoria 329 de 2015 / CONVOCATORIA VALORACIÓN DE ANTECEDENTES - La evaluación de la prueba solamente evalúa la experiencia y la formación académica adicional a los requisitos mínimos / ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTUACIONES EN CONCURSO DE MÉRITOS - Ausencia de vulneración ya que el actor estaba obligado a aportar en la etapa de cargue los documentos referentes a su Título de Especialización para que fueran tenidos en cuenta

[S]e advierte que la acción de tutela va dirigida contra la calificación impartida por la Universidad de La Sabana a la prueba de Valoración de Antecedentes, lo que se constituye como un acto de trámite (…). [A]dvierte la Sala que las consideraciones expuestas por las entidades accionadas para asignar la referida puntuación estuvieron ajustadas a la normativa que regula la Convocatoria (…) es de resaltar que las accionadas explicaron que la razón por la cual no tenían en cuenta la experiencia adquirida en los cargos de Auxiliar Administrativo 5120-7-9, Técnico Administrativo 4065-10-12, Técnico Operativo 4080-13 y Técnico Administrativo 3124-15-16, es porque tales cargos no eran de nivel profesional (…). Asimismo, la experiencia adquirida en el Concejo de Bogotá, Fendipetroleo Nacional y en el Taller de Maquinaria LCP, tampoco podía ser tenida en cuenta, pues fue adquirida con anterioridad a la fecha del grado como abogado. La Sala resalta que el actor con su escrito de demanda e impugnación allegó unos documentos con los cuales pretende demostrar que las labores desempeñadas en la Superintendencia de Sociedades tienen relación con las del cargo al que aspiró, no obstante, los mismos no pueden ser tenidos en cuenta para efecto de estudiar si la conducta de las entidades accionadas estuvo ajustada a derecho, toda vez que el examen de la Sala debe recaer sobre los mismos documentos analizados en su oportunidad por la Universidad de La Sabana (…) [L]a Sala estima que (…) las equivalencias solo se tienen en cuenta para verificar los requisitos mínimos para participar en la Convocatoria y no para la prueba de Valoración de Antecedente, la cual, como se vio, solamente evalúa la experiencia y la formación académica adicional a los requisitos mínimos, razón por la que no resultaría procedente aplicar equivalencias en esta etapa (…).[R]esulta claro para la Sala que el actor estaba obligado a aportar en la etapa de cargue de documentos el Título de Especialización en Derecho Comercial para que éste fuera tenido en cuenta, pues de lo contrario no podía ser puntuado como en efecto ocurrió (…). Comoquiera que la evaluación a la prueba de Valoración de Antecedentes efectuada por la Universidad de La Sabana estuvo ajustada a las normas aplicables a la convocatoria, es del caso confirmar el fallo impugnado

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 42 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 43 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 75 / ACUERDO 540

NOTA DE RELATORÍA: Respecto de la procedencia de la acción de tutela para cuestionar decisiones emitidas al interior de concursos de mérito, consultar Consejo de Estado, sentencia de 4 de febrero de 2016, exp. 2015-01969-01. C. P. María Elizabeth García González, sentencia de 28 de enero de 2016, exp. 2015-01969-01, C.P. Elizabeth García González, sentencia de 02 de junio de 2016, exp. 2016-00306-01, C.P. Elizabeth García González. Para efectos de cuestionar vía acción de tutela la lista de elegibles, consultar, Consejo de Estado, sentencia de 23 de junio de 2016, exp. 2016-00853-01, C.P. María Elizabeth García González. Respecto de los actos de tramites proferidos dentro de los concursos de méritos, Consultar Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 1 de septiembre 2014, exp. 2008-01185-01. C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, Sección Tercera, sentencia de agosto 09 de 2004, exp. 12279. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Frente a los actos de trámite ver: Corte Constitucional, sentencia SU-617 de 05 de septiembre de 2013. M.P. Nilson Pinilla Pinilla

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCIA GONZÀLEZ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 25000-23-41-000-2017-00127-01(AC)

Actor: HORACIO SERNA ORTIZ

Demandado: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y OTROS

Procede la Sala a decidir la impugnación, oportunamente interpuesta por el actor, contra el fallo de 17 de febrero de 2017, proferido por la Sección Primera –Subsección “B”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que denegó el amparo solicitado.

ANTECEDENTES.

I.1.- La Solicitud.

El señor HORACIO SERNA ORTÍZ, en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC- y la Universidad de La Sabana, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la defensa, debido proceso e igualdad.

I.2 Hechos.

Afirmó que, a través del Acuerdo núm. 540 de 2 de julio de 2015, se convocó a concurso abierto de méritos para proveer los empleos pertenecientes al Sistema Específico de Carrera Administrativa de la Superintendencia de Sociedades. Dicho concurso se rige por las reglas contenidas en la Convocatoria núm. 329 de 2015.

Indicó que con ocasión de lo anterior, se inscribió para el empleo núm. 213275, código 2044, Grado 7, Dependencia Grupo de Régimen Cambiario -Nivel Jerárquico-, por lo cual le fue asignado el PIN núm. 854N2W3E63.

Afirmó que en las pruebas básicas y funcionales y de competencias comportamentales obtuvo un puntaje de 94.02 y 72.04, respectivamente.

En relación con la prueba de valoración de antecedentes, puso de manifiesto que de acuerdo con la Oferta Pública de Empleos de Carrera -OPEC- para el empleo núm. 213275, código 2044, se establecieron los siguientes requisitos de estudio y equivalencia:

“-. Requisitos de estudio.
Título profesional en disciplina académica del núcleo básico de conocimiento, en derecho y afines, tarjeta profesional en los casos exigidos por la ley, título de posgrado en la modalidad de especialización en las áreas relacionadas con las funciones del cargo.
-. Experiencia: 18 meses de experiencia profesional relacionada.
-. Equivalencia: Título profesional en disciplina académica del núcleo básico de conocimiento en derecho y afines, tarjeta profesional en los casos exigidos por la ley y título de posgrado en la modalidad de especialización en las áreas relacionadas con las funciones del cargo.”

Para el efecto, adujo que aportó lo siguiente: i) tarjeta profesional en la que consta que su fecha de grado fue el 18 de marzo de 2005 y que la misma fue expedida el 14 de junio del mismo año; ii) diploma del título de especialización en Derecho Comercial. En este aspecto, puso de presente que tuvo inconvenientes técnicos al intentar cargar electrónicamente este título, pues finalmente quedó registrada solamente la certificación de la terminación de materias de dicha especialización, de lo cual dejó constancia; iii) y Título de especialización en Derecho Procesal Constitucional.

Adujo que su prueba de valoración de antecedentes arrojó un resultado de 36.00. En consecuencia, contra dicha decisión presentó una reclamación con fundamento en los siguientes argumentos:

-. No se tuvieron en cuenta las dos especializaciones que realizó, las cuales son conexas con la labor funcional que cumple como profesional universitario en la Superintendencia de Sociedades.
-. No se tuvo en cuenta que, de conformidad con la Corte Constitucional, la profesión de abogado se inicia con la terminación del plan de estudios, lo cual se puede advertir en la Tarjeta Profesional que consigna la fecha del grado. En consecuencia, su experiencia profesional debe ser valorada desde esta fecha, pues en caso contrario se le vulnerarían sus derechos a la igualdad en el acceso a la carrera administrativa, debido proceso y la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. Agregó que de contarse su experiencia a partir de las fechas consignadas en la tarjeta profesional, ésta sería de 120 meses y, por tanto, en aplicación del artículo 40 del Acuerdo 540, se le debe otorgar una puntuación de 40 porque su experiencia supera los 49 meses que exige la disposición en comento.

Señaló que las entidades accionadas, mediante Oficio de 28 de diciembre de 2016, dieron respuesta a su reclamación en el sentido de sostener el puntaje asignado y, además, expresaron que contra su decisión no procedía ningún recurso.

A su juicio, las accionadas no efectuaron mayor análisis respecto de sus cuestionamientos, en especial, en lo relacionado con la valoración que se le decía dar a la experiencia, la cual no se podía contar solamente a partir de la certificación laboral expedida por la Superintendencia de Sociedades, sino desde la fecha de terminación de estudios y/o fecha de grado, cuyos datos están contenidos en la Tarjeta Profesional, conforme lo ha señalado la Corte Constitucional en sentencia T-470 de 2007.

Asimismo, argumentó que no fue tenida en cuenta su especialización en derecho comercial, respecto de la cual tuvo inconvenientes técnicos para cargar en el sistema su título, pues solamente quedó registrada la certificación de terminación de materias.

Señaló, en relación con las equivalencias, que aportó dos títulos de especialización, lo que da cuenta de que tiene más de 129 meses de experiencia profesional relacionada, pues trabajó como Abogado Ponente de Régimen Cambiario desde el año 2006, lo que indica que tiene más de la suficiente experiencia relacionada. De igual forma, precisó lo siguiente:

“Téngase en cuenta que ni el Acuerdo 540 del 2 de julio de 2015, ni en las cartillas posteriores emitidas por las entidades responsables arriba mencionadas, no se estableció el procedimiento mediante el cual se aplicarían las equivalencias en relación con la experiencia relacionada, de suerte que la experiencia, como elemento esencial y central del mérito para acceder al cargo ofertado, debe tener un valor preponderante de reconocimiento y valoración, para que el concurso cumpla la finalidad propuesta, cual es lograr una mayor eficiencia en el desempeño de la administración pública, de tal manera que con ello se respete el debido proceso y el derecho a la igualdad, que debe inspirar una convocatoria para proveer vacantes y/o de ascenso en el sector público.”

Aseguró que trabaja en la Superintendencia de Sociedades desde el 1° de abril de 1991, esto es, hace más de 25 años. Terminó materias de pregrado en Derecho en el primer semestre del año 2003, en consecuencia, cuenta con más de 126 meses de experiencia profesional relacionada. Desde la fecha de su grado (18 de marzo de 2005) hasta que participó en la convocatoria para proveer el cargo 2044, tiene más de 9 años de servicio como abogado ponente, lo que significa que cumple con la experiencia más que mínima de 108 meses que se exige para este cargo, que es de 18 meses; ello sin contar el tiempo adicional de más de 25 años de servicio a la Superintendencia de Sociedades.

Consideró que la anterior información debió ser tenida en cuenta por las entidades accionadas para valorar su experiencia profesional relacionada, máxime si se observa la naturaleza de las labores desempeñadas en la Superintendencia aludida, las cuales describió in-extenso.

Expresó lo siguiente:

“Quiere con lo anterior decir, que si en los requisitos mínimos me hubiesen tenido en cuenta mi título profesional de abogado, las dos especializaciones (Derecho Comercial y Procesal Constitucional), en especial la fecha del grado expresada en el documento público conocido como tarjeta profesional son 126 meses de experiencia profesional específica y relacionada, inclusive, menos los 18 meses propios para el empleo, en la valoración de antecedentes se me entregó 16 puntos por la experiencia profesional debiendo ser 40, de otro lado, en la educación formal para el cargo debe tenerse en cuenta que solo fue valorada en 20 puntos, sin tener en cuenta, la especialización en Derecho Comercial lo que debe dar 40 puntos, es decir, 40 por la experiencia profesional 40, sumarían 80 puntos, puntaje suficiente para la valoración de antecedentes con la adicional relacionada (Artículo 40 Acuerdo 540 del 02 de Julio de 2015).

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la interpretación de cualquier convenio y en este caso, el convenio 540, supone acudir a las reglas de interpretación de la ley prevista en el Código Civil y en tal virtud, respecto de normas cuyo sentido literal sea claro, para conocer su alcance debe acudirse a su sentido propio, por lo cual si el Acuerdo 540, consagra la expresión de “requisitos mínimos”, esta debe entenderse con su sentido propio, de tal forma que si el tiempo de experiencia profesional relacionada excede los tiempos requeridos, es claro que los estudios adicionales, como los de posgrado, exceden el “requisito mínimo” y deben puntuarse como parte de los antecedentes junto con la experiencia adicional; pues de lo contrario, sería tanto como desconocer la existencia adicional; pues de lo contrario, sería tanto como desconocer la existencia de uno de los dos, de lo que resulta que se rompe el principio de igualdad y equidad, que se observa en otros casos si se tuvieron en cuenta y en mi caso no.

En este sentido, como se advierte de la certificación de experiencia aportada, ingresé a la entidad el 1° de abril de 1991, y, cumplo funciones profesionales desde antes de terminar materias en la Superintendencia de Sociedades, es decir, que como mínimo se me debe reconocer los 126 meses de experiencia profesional relacionada; desde ese momento he trabajado en diferentes dependencias que tienen relación con el cargo para el cual estoy aspirando.” (Subrayas del texto)

I.3 Pretensiones.

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y, en consecuencia, que se le ordene a las entidades accionadas que para la prueba de la valoración de antecedentes se tengan en cuenta las especializaciones que acreditó y su experiencia profesional, y por tanto, se le otorguen los puntajes de 40, respectivamente, como lo ordenan los artículos 23 y 41 del Acuerdo 540, con el fin de obtener la calificación necesaria para integrar la lista de elegibles.

Adicionalmente, solicitó que su experiencia profesional sea valorada a partir de la fecha del grado, esto es, el 18 de marzo de 2005 y que se suspenda la conformación de la lista de elegibles hasta tanto no se decida la presente acción de tutela.

I.4 Defensa.

I.4.1.- La Universidad de La Sabana, explicó que la CNSC convocó a concurso abierto de méritos para proveer los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de la Superintendencia de Sociedades. Una de las etapas del concurso era la de Valoración de Análisis de Antecedentes, la cual fue definida por el artículo 36 del Acuerdo 540 como “un instrumento de selección de los aspirantes, que evalúa el mérito mediante el análisis de la historia académica y laboral, relacionada con el empleo al cual concursa…”; de igual forma, cumple con la finalidad de valorar la “formación y experiencia acreditada por el aspirante, adicional a los requisitos mínimos exigidos para el empleo a proveer…”.

Indicó que la valoración de los factores se efectúa, a través de medios técnicos, que responden a criterios de objetividad e imparcialidad, bajo parámetros previamente establecidos en el artículo 31 ibídem. Asimismo, en relación con los factores de mérito para la valoración de antecedentes, que son la educación y la experiencia, se encuentran consagrados en el artículo 38 del Acuerdo en mención.

Precisó que la referida prueba se lleva a cabo con los documentos aportados en la etapa de inscripción de documentos, de suerte que el aspirante no cuenta con ningún otro período adicional para entregar la documentación.

Ilustró sobre la forma en que se define la puntuación según el nivel del cargo al cual aspira el solicitante, que es de 40 puntos para la Experiencia Profesional Relacionada y 60 para la Educación Formal.

Por su parte, los criterios valorativos para puntuar la experiencia se determinan dependiendo del nivel de inscripción, siendo para el de Profesional Universitario el siguiente:
NÚMERO DE MESES DE EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA
PUNTAJE
61 meses o más
40
49 a 60 meses
33
37 a 48 meses
26
25 a 36 meses
19
12 a 35 meses
12
Menor a 12 meses
5

En cuanto a la educación, señaló que se debía tener en cuenta el siguiente factor de puntuación:

Título Nivel
Doctorado
Maestría
Especialización
Profesional
Profesional
60
40
20
50

Hizo especial énfasis en que la naturaleza de la prueba de Valoración de Antecedentes obedece a documentación adicional al requisito mínimo y relacionada con las funciones del empleo.

Señaló que los aspirantes que se inscriben en las convocatorias deben conocer de antemano las características de la documentación que deben presentar, luego no le resulta lógico que aleguen un error propio en cuanto a la documentación presentada como alegato o pretensión.

En el caso concreto del actor, manifestó que la valoración de antecedentes se realizó teniendo como punto de partida los requisitos mínimos previstos en la OPEC 213275, a saber:

Propósito principal del empleo:
Realizar las labores y actividades necesarias para adelantar las investigaciones administrativas por violación del régimen de cambios internacionales, desarrolladas en el área de trabajo y efectuar el análisis y verificación de las radicaciones del grupo de trabajo, de conformidad con los procedimientos y requisitos señalados por la normatividad vigente en la materia.
Requisitos de Estudio:
Título profesional en disciplina académica del núcleo básico de conocimiento en: Derecho y afines; Ingeniería de Sistemas, telemática y afines.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la Ley.
Requisitos de Experiencia:
Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada

Equivalencia:
Título profesional en disciplina académica del núcleo básico de conocimiento en: Derecho y afines; Ingeniería de Sistemas, telemática y afines.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la Ley

Título de posgrado en la modalidad de especialización en las áreas relacionadas con las funciones del cargo.

En cuanto a los documentos aportados por el actor y la calificación asignada a los mismos, aseguró lo siguiente:

“a.- Educación Formal, cuya ponderación corresponde al 60% de acuerdo al Artículo 39 del Acuerdo 540 de 2015.

(…)

Se encuentra que el aspirante aportó los siguientes diplomas y/o certificaciones:

Folio
Modalidad
Observación
5
Título en Derecho
Se valida como Requisito por tanto No puntúa según lo estipulado en el artículo 38 del Acuerdo 540 de 2015
6
Certificado de terminación de materias en la especialización en derecho comercial expedida el 17-01-2012
NO VÁLIDO. El documento aportado no es el Título de la Especialización por tanto No puntúa según lo estipulado en el artículo 41 del Acuerdo 540 de 2015.
7
Título en Especialización en Derecho Procesal Constitucional
Válido. Se le otorga un total de 20 puntos según lo establecido en el artículo 41 del Acuerdo 540 de 2015.
8
Certificado de terminación de materias en la especialización en derecho comercial expedida el 17-01-2012
NO VÁLIDO. El documento aportado no es el Título de la Especialización por tanto No puntúa según lo estipulado en el artículo 41 del Acuerdo 540 de 2015.
9
Acta de Grado Especialización en Derecho Procesal Constitucional
Documento valorado en el folio No. 7.

Es importante señalar que el artículo 41 del Acuerdo 540 de 2015 dispone que en la etapa de valoración de antecedentes se tendrán en cuenta los criterios y puntajes establecidos en el Acuerdo rector respecto de los TÍTULOS adicionales al requisito mínimo exigido siempre y cuando se relacionen con las funciones del empleo, por tanto la certificación de materias aportada por el accionante no es válida ni genera puntuación alguna para la mencionada etapa.

(…)

Respecto a los documentos aportados en la etapa de reclamación frente a los resultados de la prueba de valoración de antecedentes es pertinente aclarar que no serán tenidos en cuenta ni serán objeto de análisis según lo estipulado en el artículo 21 y 22 del Acuerdo 540 de 2015.

Cabe resaltar que la entrega de documentos de manera oportuna es una obligación a cargo del aspirante según el artículo 22 del Acuerdo rector.
De lo anterior se evidencia que el accionante por concepto de educación formal adicional al requisito mínimo exigido por el empleo NO aportó ningún título adicional relacionado con las funciones del empleo a proveer y su clasificación en este factor es de 0.0., puntuación dada inicialmente en el ítem de educación formal. Lo que indica que está correcta ya que se ajusta a lo dispuesto en las normas del Acuerdo rector que rige la Convocatoria 329 de la Superintendencia de Sociedades.

b.- Experiencia Profesional Relacionada cuya ponderación corresponde al 40% de acuerdo al Artículo 39 del Acuerdo 540 de 2015.

Se encuentra que el aspirante aportó las siguientes certificaciones:

Folio
Entidad
Cargo
Observaciones
15
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
VALIDO. Se valida únicamente la experiencia profesional relacionada adquirida en el cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044-07 del 19/09/2012 al 18/09/2015. Certifica válidamente un total de 35.97 meses de experiencia profesional relacionada. Se descuentan los 18 meses de experiencia profesional relacionada solicitada en la OPEC, los meses restantes se puntúan según lo establecido en el Artículo 40 del Acuerdo 540 de 2015.
La experiencia adquirida en los cargos de AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120-7-9, TÉCNICO ADMINISTRATIVO 4065-10-12 NO SE VALIDA dado que en los cargos de TÉCNICO OPERATIVO 4080-13 Y TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124-15-16 NO SE VALIDA dado que la Experiencia certificada es la adquirida en un cargo que no corresponde a un cargo de nivel profesional por lo que no puede valorarse como Experiencia Profesional Relacionada exigida en la OPEC.
14
CONCEJO DE BOGOTÁ
ASISTENTE DE CONCEJAL
NO VALIDO. Certificación de experiencia anterior a la fecha de grado (18-03-2005)
13
FENDIPETROLEO NACIONAL
MENSAJERO
NO VALIDO. Certificación de experiencia anterior a la fecha de grado (18-03-2005)
12
TALLER DE MAQUINARIA LCP
AYUDANTE OPERARIO
NO VALIDO. Certificación de experiencia anterior a la fecha de grado (18-03-2005)

Respecto de la experiencia certificada en el Folio 15 en los cargos TÉCNICO OPERATIVO 4080-13 y TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124-15-16 es pertinente expresar que el Departamento Administrativo de la Función Pública en concepto No. 20146000181591 y 20146000150261 ha reiterado que no es posible tener como experiencia profesional relacionada aquella realizada en cargos técnicos o asistenciales y precisa “en este orden de ideas la experiencia profesional se adquiere en el ejercicio de las actividades propias de la profesión… por lo tanto, debe expresarse que la experiencia adquirida en el ejercicio del empleo del nivel técnico, así se cuente con la aprobación del respectivo pensum académico de una formación profesional no es experiencia profesional, pues la naturaleza general de las funciones del empleo del nivel técnico y del profesional son diferentes”. De manera que atendiendo al concepto citado la experiencia por el accionante adquirida en el ejercicio del empleo de nivel TÉCNICO OPERATIVO grado 480-13 y TÉCNICO ADMINISTRATIVO grados 3124-15 y 3124-16, no es experiencia profesional pues la naturaleza de las funciones difiere con las establecidas para el cargo al cual aspira el Sr. Serna.

Que el accionante certificó válidamente un total de 35,97 meses de experiencia profesional relacionada, que para el cargo aplicado se exige como requisito mínimo dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada, los cuales NO puntúan y se descuentan del total de experiencia certificada por el aspirante.
Los diecisiete punto noventa y siete (17.97) meses adicionales restantes de experiencia profesional relacionada, generan un puntaje de 16 puntos según lo estipulado en el artículo 40 del Acuerdo 540 de 2015, por lo que no es procedente otorgar puntaje adicional al establecido inicialmente.

A continuación se resumen los resultados obtenidos por el Sr. Serna en esta prueba

FACTOR
PUNTAJE
EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA
16.00
EDUCACIÓN FORMAL
20.00
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO
00.00
EDUCACIÓN INFORMAL
00.00
PUNTAJE DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES
36.00
(…)”

Señaló que los anteriores resultados fueron publicados el 13 de diciembre de 2016 y, en consecuencia, dio apertura a la etapa de reclamaciones del 14 al 15 de ese mes y año. Adujo que en dicho término el actor presentó su reclamación, la cual fue resuelta mediante Oficio de 28 de diciembre de 2016, en el que se expusieron las razones por las cuales no consideraba acertadas las observaciones del solicitante y, además, se le aclararon aspectos sobre factores, criterios, calificación y normativa aplicada, sin que se diera variación alguna a la puntuación obtenida inicialmente.

A su juicio, lo anterior pone de manifiesto que ha impartido un trato en condiciones de igualdad a todos los aspirantes de la convocatoria; ha respetado los derechos fundamentales del actor, pues ha dado respuesta eficientemente a sus reclamaciones.

Sostuvo que la prueba y su calificación respondieron a altos estándares de calidad exigidos por la CNSC y la entidad convocante, respecto de lo cual el actor no logró demostrar la validez de sus apreciaciones y por tanto, no resulta procedente acceder a sus reclamaciones.

Adujo que el actor cuenta con otros medios de defensa judicial, razón por la que el amparo solicitado es improcedente, máxime si no reúne ninguno de los presupuestos para admitir excepcionalmente su procedencia.

I.4.2.- La CNSC consideró que el amparo solicitado era improcedente, por cuanto para la defensa de los derechos fundamentales invocados, el actor cuenta con otro mecanismo de defensa judicial que es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, aunado al hecho de que la Convocatoria cuestionada es un acto de contenido general y, por ende, no es susceptible de amparo constitucional.

A su juicio, el actor no demostró la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente de manera excepcional la acción de tutela.

Argumentó que las reglas de la convocatoria son de obligatorio cumplimiento tanto para la Administración como para las entidades contratadas para la realización del concurso y los participantes.

Efectuó similares explicaciones a las expuestas por la Universidad de La Sabana en cuanto a qué aspectos se evaluaron en la prueba de Valoración de Antecedentes y cómo se asignó la puntuación respectiva a cada uno de los documentos allegados oportunamente por el actor, así como lo relacionado con la etapa de reclamaciones.

Agregó que en la evaluación cuestionada no se aplica ningún tipo de equivalencias, pues en esta prueba se valora la formación y experiencia acreditada por el aspirante adicional al requisito mínimo. Asimismo, resaltó que el artículo 38 del Acuerdo 540 menciona que los factores de mérito para la Valoración de Antecedentes serán la Educación y Experiencia, los cuales fueron analizados de conformidad con los parámetros establecidos por la normativa que rige para esa convocatoria.

II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO.

La Sección Primera –Subsección “B”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia de 17 de febrero de 2017, denegó el amparo de los derechos fundamentales deprecados por el actor.

Para el efecto, argumentó que la acción de tutela era el mecanismo judicial idóneo para controvertir el puntaje asignado a la prueba de Valoración de Antecedentes, habida cuenta de que comoquiera que aún no había lista de elegibles o un acto administrativo definitivo, el actor no se encuentra facultado para acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Explicó que, de conformidad con los artículos 36 y 37 del Acuerdo 540, sólo se valorarán los documentos allegados oportunamente al momento de la inscripción al concurso, los cuales deben ser idóneos con el fin de certificar las especializaciones afines con las funciones del cargo, que serían los diplomas.

Precisó que de acuerdo con lo manifestado por las entidades accionadas, sólo se puntuó lo adicional al título de profesional (abogado), esto es, las especializaciones y experiencia laboral certificada. En relación con la especialización en derecho comercial, aquellas indicaron que no se allegó el diploma sino el certificado de terminación de materias, lo que no acredita la obtención del título y por ello no se le otorgó ningún valor.

Por lo anterior, consideró que no era posible que el accionante pretendiera que se le calificara un certificado de terminación de materias de especialización como diploma de especialista.
Señaló que, el actor debía comprender que una cosa es haber culminado las materias y otra es el título de especialista en derecho comercial, de suerte que el tratamiento impartido por las accionadas al valorar dicho documento no afecta el derecho fundamental al debido proceso del actor.

En relación con el derecho a la igualdad, destacó que no se advierte que otro participante hubiese obtenido un trato diferencial o que el actor estuviere sujeto a conductas discriminatorias por parte de las accionadas.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN.

El actor, además de reiterar los argumentos expuestos en su escrito de demanda, precisó que la sentencia de primer grado no se ajusta a los hechos y antecedentes que motivaron su solicitud de amparo, así como tampoco tuvo en cuenta las pruebas allegadas que daban crédito a sus afirmaciones.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA.

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 1991. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

En el presente caso, el actor solicita la protección de sus derechos fundamentales a la defensa, debido proceso e igualdad, que considera vulnerados por la Universidad de La Sabana y la CNSC.

La vulneración de los referidos derechos se atribuye al hecho de que las entidades accionadas al calificar la prueba de Valoración de Antecedentes incurrieron en los siguientes yerros, lo que afectó el puntaje asignado:

.- No tuvieron en cuenta su especialización en derecho comercial. Al respecto, precisó que en el momento de subir los documentos al sistema tuvo inconvenientes con el título de dicha especialización, razón por la que fue ayudado por un tecnólogo en sistemas, “funcionario de la entidad”. No obstante, solamente cargó la certificación de la terminación de materias y no el correspondiente diploma, de lo cual dejó constancia.

-. La experiencia relacionada, a su juicio, debe contarse desde la fecha del grado que se encuentra consignada en su tarjeta profesional y no desde la certificación laboral expedida por la Superintendencia de Sociedades.

-. Aseguró que para la OPEC 213275 empleo 2044 Grado 7, además de los requisitos de estudio, se permitieron las equivalencias, por lo cual se debe tener en cuenta el título profesional y de posgrado en la modalidad de especialización en las áreas relacionadas con el cargo. En consecuencia, comoquiera que aportó dos títulos de especialización y su tarjeta profesional, se debe entender que tiene más de 126 meses de experiencia profesional relacionada, aunado al hecho de que trabaja como “abogado ponente del grupo de Régimen Cambiario” en la Superintendencia de Sociedades desde el año 2006, lo que supera el mínimo establecido que es de 18 meses.

Agregó que tiene un tiempo adicional de más de 25 años de servicio en la Superintendencia de Sociedades, que es la que debe tener en cuenta la Universidad de La Sabana para valorar su experiencia profesional.

Por lo precedente, consideró que su puntaje en esta evaluación debió ser de 80 y no de 36 puntos, como erradamente lo calificaron.

En virtud de lo anterior, corresponde a la Sala dilucidar los siguientes problemas jurídicos: de conformidad con la reglas de la Convocatoria previstas en el Acuerdo 540, para la OPEC 213275 empleo 2044 Grado 7 i) cómo debe contarse la experiencia profesional relacionada en la prueba de Valoración de Antecedentes y si para la misma aplican las equivalencias; y ii) si las entidades accionadas debieron valorar el certificado de terminación de materias correspondiente a la especialización en derecho comercial, teniendo en cuenta que el actor alegó que tuvo inconvenientes con el sistema al momento de cargar el título obtenido.

Antes de entrar a dilucidar los problemas jurídicos expuestos, es necesario que la Sala se refiera a la procedencia de la acción de tutela contra actuaciones surtidas al interior de los concursos de mérito previos a la expedición de la lista de elegibles.

De la procedencia de la acción de tutela para cuestionar decisiones emitidas al interior de concursos de mérito.

Es pertinente recordar que en numerosos pronunciamientos esta Corporación ha aceptado la procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir decisiones administrativas expedidas dentro de los concursos abiertos de méritos, debido a la celeridad en la que se surten estos procesos de selección y a la complejidad de los medios de control ordinarios para proteger oportunamente los derechos fundamentales presuntamente vulnerados.

Asimismo, es de tener en cuenta que esta Sección ha sido enfática en señalar que la acción de tutela resulta improcedente cuando se dirige contra la lista de elegibles, pues para cuestionarla, el actor cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, habida consideración de que dicho acto reviste la calidad de definitivo y, por ende, es susceptible de control jurisdiccional.

Lo precedente no puede predicarse respecto de los demás actos emitidos al interior de un concurso de méritos, los cuales, por regla general son considerados como de trámite y por tanto no pueden ser demandados a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Al respecto, es de advertir que la Sección Segunda de esta Corporación en sentencia de 1° de septiembre de 2014, consideró lo siguiente:

“Sea lo primero aclarar que esta Corporación ha sido unificada en el criterio de que los actos expedidos durante el transcurrir de una convocatoria son actos de trámite, pues solo se considera definitivo el que contiene la lista de elegibles que ha de usarse para proveer los cargos que se sometieron a concurso.”

En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia SU- 617 de 2013, respecto de la procedencia de la acción de tutela frente a los actos administrativos de trámite emitidos en un concurso de méritos, adujo que éstos eran un conjunto de actuaciones intermedias que preceden a la formación de la decisión administrativa que se consigna en un acto definitivo. Asimismo, señaló que el artículo 75 del CPACA dispuso que los actos de trámite, por regla general no son susceptibles de recursos en vía gubernativa, de tal suerte que su control solamente se efectúa frente al acto definitivo.

La Corte en esa oportunidad concluyó que la acción de tutela resulta procedente excepcionalmente frente a aquellos actos de trámite que tienen la potencialidad de definir una situación especial y sustancial, dentro de la actuación administrativa y que sean producto de una actuación irrazonable o desproporcionada, que vulnera las garantías constitucionales.

Para el efecto, la Corte Constitucional consideró lo siguiente:

“Tercera. Procedencia excepcional de la acción de tutela frente a los actos administrativos de trámite proferidos en un concurso de méritos.

Esta corporación ha reiterado que, conforme al artículo 86 de la carta, la acción de tutela es un medio de protección de carácter residual y subsidiario, que puede ser utilizado ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no exista otro medio idóneo de defensa de los derechos invocados, o cuando existiéndolo se requiera acudir al amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Por consiguiente, si hubiere otras instancias judiciales que resultaren eficaces, expeditas y oportunas para alcanzar la protección que se reclama, el interesado debe acudir a ellas, antes de pretender la tutela constitucional. Así, la subsidiaridad implica agotar previamente los medios de defensa legalmente disponibles al efecto, pues el amparo no puede desplazar los mecanismos específicos de defensa previstos en la correspondiente regulación común.

Con relación a las controversias que se suscitan contra actos administrativos, esta Corte ha precisado que si bien, en principio, no es viable el directo amparo constitucional, en casos excepcionales si procede. En ese sentido, esta corporación en sentencia T-945 de diciembre 16 de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo, sintetizó:

“(…)”
Ahora bien, sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela frente a los actos administrativos de trámite, es importante precisar con respecto a su definición que estos no expresan en conjunto la voluntad de la administración, pues simplemente constituyen el conjunto de actuaciones intermedias, que preceden a la formación de la decisión administrativa que se plasma en el acto definitivo y, en la mayoría de los casos, no crean, definen, modifican o extinguen situaciones jurídicas.

Según lo dispuesto por el inciso final del artículo 50 del anterior C.C.A., “son actos definitivos que ponen fin a la actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla”. En tal virtud, según lo ha entendido la jurisprudencia, los actos de trámite dan impulso a la actuación preliminar de la administración, o disponen u organizan los elementos de juicio que se requieren para que ésta pueda adoptar, a través del acto principal o definitivo, la decisión sobre el fondo del asunto.

Es obvio, como lo advierte la expresión final de la norma citada, que un acto de trámite puede tornarse definitivo cuando de alguna manera decida sobre la cuestión de fondo, o ponga fin a la actuación administrativa, de suerte que se haga imposible la continuación de ésta.

Con el fin de garantizar la eficiencia y celeridad de las funciones que le competen a la administración, el artículo 75 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, Ley 1437 de 2011) ha previsto que los actos de trámite no sean susceptibles, por regla general, de recursos en vía gubernativa, de forma que su control solamente es viable frente al acto definitivo, bien sea interponiendo los recursos procedentes contra él, o bien denotando alguna causal de anulación ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo. Ello puede ser ilustrado mediante la respectiva jurisprudencia, así:

“(…) al ser un acto que no define una actuación determinada, se tiene que el mismo no contiene una declaración de la administración que cree, transforme o extinga una situación jurídica determinada, por lo que sería inane una declaración judicial sobre un acto que analizado individualmente, no tiene efectos jurídicos claros y concretos.

La doctrina se ha referido al caso de la impugnación judicial de actos de trámite, conceptuando que:

Dentro de los actos excluidos de la jurisdicción contenciosa, en principio, se pueden distinguir los actos de trámite de los actos definitivos. El acto de trámite no incide en la decisión de la misma que haya de tomarse, tiene en cuenta aspectos de puro procedimiento.”

(…)

Por tanto, contra los actos de trámite la acción de tutela solo procede de manera excepcional, cuando el respectivo acto tiene la potencialidad de definir una situación especial y sustancial dentro de la actuación administrativa y ha sido fruto de una actuación abiertamente irrazonable o desproporcionada del funcionario, con lo cual vulnera las garantías establecidas en la Constitución.”

En consecuencia, de conformidad con lo expuesto, estima conveniente la Sala en precisar que la acción de tutela es procedente excepcionalmente contra actos emitidos durante el trámite de un concurso de méritos, siempre y cuando no se hubiese conformado la lista de elegibles, pues en este caso, el mecanismo de defensa por excelencia es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Al revisar el caso concreto, se advierte que la acción de tutela va dirigida contra la calificación impartida por la Universidad de La Sabana a la prueba de Valoración de Antecedentes, lo que se constituye como un acto de trámite. En consecuencia, de conformidad con lo expuesto, la acción de tutela resulta procedente para conocer el amparo solicitado, pues el acto cuestionado no es susceptible de control jurisdiccional por vía de nulidad y restablecimiento del derecho, aunado al hecho de que a la fecha no se ha emitido la lista de elegibles para proveer este empleo como se advierte en la página web de la CNSC.

Caso concreto.

Aclarado lo anterior, la Sala resolverá los problemas jurídicos planteados en precedencia respecto de la indebida calificación de la prueba de Valoración de Antecedentes para la OPEC 213275 empleo 2044 Grado 7 de la Superintendencia de Sociedades.

De la valoración de la experiencia profesional relacionada.

El actor puso de manifiesto que la experiencia relacionada debe contarse desde la fecha del grado que se encuentra consignada en su tarjeta profesional y no desde la certificación laboral expedida por la Superintendencia de Sociedades.

Asimismo, expresó que para el cargo al cual aspiró, además de los requisitos de estudio, se permitieron las equivalencias, por tanto, se debe tener en cuenta el título profesional y de posgrado en la modalidad de especialización en las áreas relacionadas con el cargo. Siendo ello así, consideró que comoquiera que aportó dos títulos de especialización y su tarjeta profesional, se debe entender que tiene más de 126 meses de experiencia profesional relacionada, aunado al hecho de que trabaja como “abogado ponente del grupo de Régimen Cambiario” en la Superintendencia de Sociedades desde el año 2006, lo que supera el mínimo establecido que es de 18 meses.

Agregó que tiene un tiempo adicional de más de 25 años de servicio en la Superintendencia de Sociedades, que es la que debe tener en cuenta la Universidad de La Sabana para valorar su experiencia profesional.

Al respecto, la Sala advierte lo siguiente:

De conformidad con la OPEC 213275, el empleo 2044, grado 7, exige los siguientes requisitos:

1.- Requisitos de Estudio: “Título profesional en disciplina académica del núcleo básico de conocimiento en: Derecho y afines; Ingeniería de Sistemas, telemática y afines.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la Ley.”

2.- Requisitos de Experiencia: 18 meses de experiencia profesional relacionada.

3.- “Equivalencia: Título profesional en disciplina académica del núcleo básico de conocimiento en: Derecho y afines; Ingeniería de Sistemas, telemática y afines.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la Ley.

Título de posgrado en la modalidad de especialización en las áreas relacionadas con las funciones del cargo.”

El Acuerdo 540 “Por el cual se convoca a Concurso Abierto de Méritos para proveer definitivamente los Empleos vacantes pertenecientes al Sistema Específico de Carrera Administrativa de la Superintendencia de Sociedades, Convocatoria No. 329 de 2015”, establece las reglas que regulan dicho Concurso. Para el efecto, previó en su artículo 9° que los requisitos referidos en precedencia son los mínimos que debe tener en cuenta el aspirante para participar en el concurso de méritos para proveer dicho cargo. La norma en comento dispuso lo siguiente:

“Artículo 9°. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. Para participar en el concurso de méritos se requiere:
1.- Ser ciudadano (a) colombiano (a).
2.- Cumplir con los requisitos mínimos del Empleo que escoja el aspirante, señalados en la Oferta Pública de Empleos de Carrera –OPEC- de la Superintendencia de Sociedades.
3.- No encontrarse incurso dentro de las causales constitucionales y legales de inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos públicos.
4.- Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en la Convocatoria.
5.- No haber sido sancionado administrativamente por alguna Superintendencia en los últimos cinco (5) años.
6.- Las demás establecidas en las normas legales y reglamentarias vigentes.

Parágrafo: El trámite y cumplimiento de las disposiciones previstas en esta normatividad será responsabilidad exclusiva del aspirante. La inobservancia de lo señalado en los numerales 1 y 3 será impedimento para tomar posesión del cargo.”

Según lo dispuso el artículo 23 ibídem, los requisitos mencionados son valorados en la etapa de “verificación de requisitos mínimos”, la cual tiene por objeto establecer si los aspirantes son o no admitidos para continuar en el concurso. Adicionalmente, estableció que esta etapa no era una prueba ni un instrumento de selección, sino una condición obligatoria de orden constitucional y legal, cuyo incumplimiento era causal de no admisión y, por ende, daba lugar al retiro del aspirante del concurso.

Ahora bien, las pruebas del concurso, según el artículo 31 del Acuerdo 540 son: i) de Competencias Básicas y Funcionales; ii) de Competencias Comportamentales; y iii) de Valoración de Antecedentes.

En relación con esta última, el artículo 36 ibídem, consagró lo siguiente:

Artículo 36°. PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. La prueba de Valoración de Antecedentes es un instrumento de selección de los aspirantes, que evalúa el mérito mediante el análisis de la historia académica y laboral relacionada con el empleo para el que concursa.
Esta prueba tendrá carácter clasificatorio y tiene por objeto, la valoración de la formación y de la experiencia acreditada por el aspirante, adicional a los requisitos mínimos exigidos para el empleo a proveer y de aplicará únicamente a los aspirantes que hayan superado la prueba sobre Competencias Básicas y Funcionales y Comportamentales.

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) o la universidad, institución universitaria e institución de educación superior contratada para el efecto por la CNSC, con base en los documentos allegados por los aspirantes en la etapa de cargue de documentos, procederá a valorarlos y se calificarán numéricamente en escala de cero (0) a cien (100) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales.
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) o la universidad, institución universitaria e institución de educación superior contratada para el efecto por la CNSC, realizará la Valoración de Antecedentes teniendo como fecha de corte, el día de inicio de la entrega de los documentos previsto por la Comisión Nacional del Servicio Civil.” (Negrillas y subrayas fuera del texto)

De lo descrito se advierte que la prueba de Valoración de Antecedentes atiende a la educación y la experiencia adicional a los requisitos mínimos que se exigen en la OPEC para ocupar el cargo ofertado. Ello se puede advertir claramente de la lectura del artículo 38 ibídem que se transcribe a continuación.

Artículo 38° FACTORES DE MÉRITO PARA LA VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. Los factores de mérito para la prueba de Valoración de Antecedentes, serán: educación y experiencia. La puntuación de los factores que componen la prueba de Valoración de Antecedentes, se realizará sobre las condiciones de los aspirantes que excedan los requisitos mínimos previstos para el empleo.

Para efectos del presente Acuerdo, en la evaluación del factor Educación se tendrán en cuenta tres categorías: Educación Formal, Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y Educación Informal; el factor Experiencia se clasifica en profesional relacionada, y experiencia relacionada; tales factores se tendrán en cuenta de acuerdo con lo establecido en la OPEC de la “Convocatoria No. 329 de 2015-Superintendencia de Sociedades” y en el artículo 18° del presente Acuerdo.” (Negrillas y subrayas fuera del texto)

Por su parte, el artículo 39 consagró el valor porcentual que debía tener cada factor de la prueba, esto es, experiencia y educación. En el caso concreto se advierte que el actor aspiró a un cargo de nivel Profesional, al cual se le asignaron los siguientes porcentajes:

Ponderación de los factores de la prueba de Valoración de Antecedentes
Factores
Experiencia
Educación

Total
NivelExperiencia Profesional RelacionadaExperiencia
RelacionadaEducación FormalEducación para el Trabajo y el Desarrollo HumanoEducación InformalProfesional40N.A.6000100
Según lo anterior, los factores que debía tener en cuenta la Universidad de La Sabana para calificar la prueba de Valoración de Antecedentes del actor, son: i) la Experiencia Profesional Relacionada que excede a los 18 meses (tiempo exigido como requisito mínimo para ingresar al concurso); y ii) la Educación Formal diferente al título profesional.

Según el artículo 18 del Acuerdo 540, la Experiencia Profesional Relacionada es aquella “adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva formación profesional, diferente a la Técnica Profesional y Tecnológica, en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del empleo a proveer.” (Negrillas fuera del texto).

Asimismo, es de tener en cuenta que el artículo 20 ibídem, dispuso que la certificación de la experiencia, debía hacerse en los siguientes términos:

“Artículo 20°. CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA. Para la contabilización de la experiencia profesional a partir de la fecha de terminación del pensum académico, deberá adjuntarse la certificación expedida por la Institución Educativa en que conste la fecha de terminación y la aprobación del pénsum académico. En caso de no aportarse, la misma se contará a partir de la obtención del título profesional.

Los certificados de experiencia en entidades públicas o privadas, deben indicar de manera expresa y exacta:

a.- Nombre o razón social de la empresa que la expide.
b.- Cargos desempeñados.
c.- Funciones, salvo que la ley las establezca.
d.- Fecha de ingreso y de retiro (día, mes y año)
e.- jornada laboral, en los casos de vinculación legal o reglamentaria.
(…)”

Entonces, según lo expuesto, la experiencia profesional relacionada es la adquirida con posterioridad a la terminación de materias, o a la de la obtención del título cuando no se aporte la respectiva certificación expedida por la Institución Educativa en que conste la fecha de terminación del pensum académico, siempre y cuando las labores desempeñadas tengan que ver con funciones similares a las del empleo al cual aspiró.

Bajo este parámetro, la Universidad de La Sabana para la valoración de experiencia profesional debe tener en cuenta los siguientes aspectos: i) La fecha de terminación de materias o de la obtención del título, según sea el caso; ii) la certificación de experiencia emitida por la entidad donde laboró el solicitante en la que se pueda advertir la fecha de ingreso y retiro y que las funciones desempeñadas sean similares a las del empleo al que aspira y diferentes a la Técnica Profesional y Tecnológica; y iii) su conteo empieza a partir del término que excede a los 18 meses inicialmente laborados, pues éstos solamente se deben tener en cuenta como requisito mínimo para participar en el concurso de méritos.

En relación con los criterios valorativos para puntuar la experiencia de esta prueba en cuanto al Nivel de Profesional Universitario, al cual pertenece el empleo escogido por el actor, el artículo 40° ibídem, dispuso lo siguiente:

NÚMERO DE MESES DE EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA
PUNTAJE
49 meses o más
40
37 a 48 meses
32
25 a 36 meses
24
12 a 24 meses
16
Menor a 12 meses
8

Es de tener en cuenta que el artículo 22 del Acuerdo 540 previó que la entrega de documentos de manera oportuna era una obligación del aspirante y ello se realiza a través del aplicativo dispuesto por la CNSC o el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES- o la Universidad contratada para el efecto. De igual forma, indicó que la oportunidad para aportarlos era en la etapa de recepción de documentos y que con éstos se acreditarían los requisitos mínimos para llevar a cabo la prueba de Valoración de Antecedentes.

Siendo ello así, tanto la Universidad de La Sabana como la CNSC aseguraron que en la referida etapa, el actor aportó los siguientes documentos para acreditar su experiencia profesional relacionada:

Folio
Entidad
Cargo
Observaciones
15
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
VALIDO. Se valida únicamente la experiencia profesional relacionada adquirida en el cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044-07 del 19/09/2012 al 18/09/2015. Certifica válidamente un total de 35.97 meses de experiencia profesional relacionada. Se descuentan los 18 meses de experiencia profesional relacionada solicitada en la OPEC, los meses restantes se puntúan según lo establecido en el Artículo 40 del Acuerdo 540 de 2015.
La experiencia adquirida en los cargos de AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120-7-9, TÉCNICO ADMINISTRATIVO 4065-10-12 NO SE VALIDA dado que en los cargos de TÉCNICO OPERATIVO 4080-13 Y TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124-15-16 NO SE VALIDA dado que la Experiencia certificada es la adquirida en un cargo que no corresponde a un cargo de nivel profesional por lo que no puede valorarse como Experiencia Profesional Relacionada exigida en la OPEC.
14
CONCEJO DE BOGOTÁ
ASISTENTE DE CONCEJAL
NO VALIDO. Certificación de experiencia anterior a la fecha de grado (18-03-2005)
13
FENDIPETROLEO NACIONAL
MENSAJERO
NO VALIDO. Certificación de experiencia anterior a la fecha de grado (18-03-2005)
12
TALLER DE MAQUINARIA LCP
AYUDANTE OPERARIO
NO VALIDO. Certificación de experiencia anterior a la fecha de grado (18-03-2005)

Por lo expuesto, la Universidad de La Sabana, al ítem de Experiencia Profesional Relacionada, en atención a que el actor logró acreditar una experiencia de 17.97 meses, le asignó una calificación de 16 puntos, de conformidad con lo estipulado en el artículo 40 del Acuerdo 540.

En efecto, advierte la Sala que las consideraciones expuestas por las entidades accionadas para asignar la referida puntuación estuvieron ajustadas a la normativa que regula la Convocatoria referida en precedencia, pues para efectuar el respectivo conteo se tuvo en cuenta: i) la fecha de grado del actor consignada en la tarjeta profesional, esto es, 18 de marzo de 2005; ii) asimismo, las accionadas indicaron que validaban la experiencia profesional relacionada adquirida en el cargo de Profesional Universitario 2044-7 que va desde el 19 de septiembre de 2012 al 18 de septiembre de 2015, según lo certificado por la Superintendencia de Sociedades, lo cual sumaba un tiempo de 35.97 meses; y iii) que de dicho tiempo se debían descontar 18 meses que correspondían al requisito mínimo para aspirar al cargo, lo que daba como resultado una experiencia profesional relacionada de 17.97 meses, que de acuerdo con el Artículo 40 antes referido era del caso asignar un puntaje de 16.

De igual forma, es de resaltar que las accionadas explicaron que la razón por la cual no tenían en cuenta la experiencia adquirida en los cargos de Auxiliar Administrativo 5120-7-9, Técnico Administrativo 4065-10-12, Técnico Operativo 4080-13 y Técnico Administrativo 3124-15-16, es porque tales cargos no eran de nivel profesional. Tales consideraciones atienden a la definición de Experiencia Profesional Relacionada contenida en el artículo 18 del Acuerdo 540, que prevé claramente que ésta tiene que ser diferente a la “Técnica Profesional y Tecnológica”.

Asimismo, la experiencia adquirida en el Concejo de Bogotá, Fendipetroleo Nacional y en el Taller de Maquinaria LCP, tampoco podía ser tenida en cuenta, pues fue adquirida con anterioridad a la fecha del grado como abogado.

La Sala resalta que el actor con su escrito de demanda e impugnación allegó unos documentos con los cuales pretende demostrar que las labores desempeñadas en la Superintendencia de Sociedades tienen relación con las del cargo al que aspiró, no obstante, los mismos no pueden ser tenidos en cuenta para efecto de estudiar si la conducta de las entidades accionadas estuvo ajustada a derecho, toda vez que el examen de la Sala debe recaer sobre los mismos documentos analizados en su oportunidad por la Universidad de La Sabana.

En relación con el argumento del actor referente a que el cargo al cual aspiró permite las equivalencias, razón por la que por su título profesional y de posgrado en la modalidad de especialización en las áreas relacionadas con el cargo, se debe entender que tiene más de 126 meses de experiencia profesional relacionada, aunado al hecho de que trabaja como “abogado ponente del grupo de Régimen Cambiario” en la Superintendencia de Sociedades desde el año 2006, lo que supera el mínimo establecido que es de 18 meses.

Al respecto, la Sala estima que el Acuerdo 540 regula lo relacionado con las equivalencias en el su artículo 14, el cual hace referencia a “las consideraciones previas al proceso de inscripción”. Para el efecto, previó que para el proceso de selección se deben aplicar las equivalencias señaladas específicamente para cada empleo, siempre y cuando estén previstas en el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la entidad.

Lo precedente permite afirmar que las equivalencias solo se tienen en cuenta para verificar los requisitos mínimos para participar en la Convocatoria y no para la prueba de Valoración de Antecedente, la cual, como se vio, solamente evalúa la experiencia y la formación académica adicional a los requisitos mínimos, razón por la que no resultaría procedente aplicar equivalencias en esta etapa.

Aún, si en gracia de discusión se admitiera la posición del actor, es del caso señalar que el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los Empleos de la Planta de la Superintendencia de Sociedades de 17 de marzo de 2015, consagra que para el cargo 2044-7 las equivalencias no aplican para la Experiencia, razón por la que la Universidad de La Sabana tampoco tenía que tener en cuenta los estudios realizados por el actor para convalidar la experiencia.

De la valoración de la Educación Formal.

El actor manifestó que las entidades accionadas debieron valorar el certificado de terminación de materias correspondiente a la especialización en derecho comercial, teniendo en cuenta que tuvo inconvenientes con el sistema al momento de cargar el título obtenido.

Al respecto, se advierte que la Educación Formal fue definida por el artículo 18 del Acuerdo 540 de la siguiente manera: “Se entiende por estudios los conocimientos académicos adquiridos en instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, correspondientes a la educación básica primaria, básica secundaria, media vocacional; superior en los programas de pregrado en las modalidades de formación técnica profesional, tecnológica y profesional, y en programas de posgrado en las modalidades de especialización, maestría, doctorado y posdoctorado.”

Asimismo, como se expresó en precedencia, según el artículo 36 ibídem, la prueba de Valoración de Antecedentes se lleva a cabo con base en los documentos allegados por los aspirantes en la etapa de cargue de documentos.

En igual sentido se advierte que La Educación Formal se puntúa, según el artículo 41 del Acuerdo 540, de la siguiente manera:

“Artículo 41°. CRITERIOS VALORATIVOS PARA PUNTUAR LA EDUCACIÓN EN LA PRUEBA. Para la evaluación de la formación académica se tendrán en cuenta los criterios y puntajes relacionados a continuación, respecto de los títulos adicionales al requisito mínimo exigido que se presenten, siempre y cuando se encuentren relacionados con las funciones del empleo.

1.- Educación Formal: En la siguiente tabla se describe la puntación que puede obtener un aspirante con la presentación de Educación Formal que exceda el requisito mínimo y que se encuentre debidamente finalizado.
a.- Empleos de nivel Profesional

Título Nivel
Doctorado
Maestría
Especialización
Profesional
Profesional
60
40
20
50

(…)”

De lo anterior, resulta claro para la Sala que el actor estaba obligado a aportar en la etapa de cargue de documentos el Título de Especialización en Derecho Comercial para que éste fuera tenido en cuenta, pues de lo contrario no podía ser puntuado como en efecto ocurrió.

El actor aseguró que dejó constancia de los inconvenientes que tuvo al momento de subir a la plataforma su título de especialización, no obstante no se advierte la misma en el expediente. En consecuencia, la Universidad de La Sabana no estaba facultada para valorar el título de Especialización en Derecho Comercial allegado con la reclamación contra la prueba de Valoración de Antecedentes.

Comoquiera que la evaluación a la prueba de Valoración de Antecedentes efectuada por la Universidad de La Sabana estuvo ajustada a las normas aplicables a la convocatoria, es del caso confirmar el fallo impugnado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de 17 de febrero de 2017 proferida por la Sección Primera –Subsección “B”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE a las partes en la forma más expedita.

TERCERO: REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 18 de mayo de 2017.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ.

La Comisión Nacional del Servicio Civil suscribió el contrato de prestación de servicios núm. 322 de 2015 con la Universidad de La Sabana para efectos de que ésta desarrolle el proceso de selección de la Convocatoria núm. 540 del 2 de julio de 2015, realizada para proveer definitivamente empleos pertenecientes al Sistema Específico de Carrera Administrativa de la Superintendencia de Sociedades.
En virtud del contrato de prestación de servicios núm. 322 de 2015, la Universidad de La Sabana debe desarrollar el proceso de selección para la provisión de los empleos vacantes de la planta de personal de la Superintendencia de Sociedades, pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa, desde la etapa de verificación de requisitos mínimos hasta la consolidación de la información para la conformación de listas de elegibles.
Sentencia de 4 de febrero de 2016, Expediente 2015-00671-01, Actor: Jaime de Jesús Redondo Soto. Sentencia de 28 de enero de 2016, Expediente 2015-01969-01, Actora: Myriam Alix Núñez Rengifo. Sentencia de 2 de junio de 2016, Expediente 2016-00306-01, Actores: Dayana García Pardo y otros. Sentencia de 21 de abril de 2016, Expediente 2016-00356-01, Actor: Wilson Santiago Casas Ortiz. Sentencia de 14 de mayo de 2015, Expediente 2015-00641-01, Actora: Liceth Zapata Ávila. Sentencia de 16 de abril de 2015, Expediente 2015-00013-01, Actora: Ruth García Ocampo. Sentencia de 5 de febrero de 2015, Expediente 2014-00536-01, Actor: Andrés Felipe Losada Quintero. Sentencia de 14 de mayo de 2015, Expediente 2015-00780-01, Actor: Angélica Yolanda González Rodríguez, entre otras.
Debido a los términos excesivamente perentorios que caracterizan estos procesos de selección o por la inexistencia de un mecanismo de defensa judicial idóneo para demandar la legalidad de los actos de trámite que se expiden en éstos.
Sobre este último evento, puede consultarse la sentencia de la Sala calendada el 23 de junio de 2016, Expediente núm. 2016-00853-01, Consejera ponente: María Elizabeth García González.
Expediente núm. 2008-01185-01. Consejero ponente Luis Rafael Vergara Quintero.
Ver SU-201 de abril 21 de 1994 y T-420 de agosto 13 de 1998, en ambas M. P. Antonio Barrera Carbonell; T-961 de octubre 7 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-123 de febrero 22 de 2007; M. P. Álvaro Tafur Galvis, T-945 de diciembre 16 de 2009; M. P. Mauricio González Cuervo, T-1012 de diciembre 7 de 2010, M. P. María Victoria Calle Correa; y T-050 de febrero 5 de 2013, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
El nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, Ley 1437 de 2011), indica en su artículo 43: “Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación.”
Consejo de Estado, Sección Tercera, agosto 19 de 2004, expediente 12279, con ponencia del Consejero Ramiro Saavedra Becerra, en la que esa corporación se inhibió de fallar de fondo en un asunto sometido a su consideración, pues la demanda pretendía la nulidad de un acto considerado por la Sala como de trámite.
Esta información puede ser consultada en el siguiente enlace: HYPERLINK "http://gestion.cnsc.gov.co/BNLElegiblesListas/faces/consultaWebLE.xhtml" http://gestion.cnsc.gov.co/BNLElegiblesListas/faces/consultaWebLE.xhtml
Acuerdo 540. Artículo 23: VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS. En firme los resultados definitivos, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) o la Universidad, institución universitaria e institución de educación superior contratada por la CNSC, realizará a todos los aspirantes que aportaron documentos, la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para el empleo que hayan seleccionado y que estén señalados en la OPEC de la Superintendencia de Sociedades, con el fin de establecer si son o no admitidos para continuar en el concurso.

La verificación de requisitos mínimos se realizará exclusivamente con base en la documentación de estudios y experiencia aportada por el aspirante en la forma y oportunidad establecidos por la CNSC, teniendo como fecha de corte, el día de inicio de la entrega de los documentos previstos por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

La verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos para el empleo al que se aspira, no es una prueba ni un instrumento de selección, es una condición obligatoria de orden constitucional y legal, que de no cumplirse será causal de no admisión y, en consecuencia, genera el retiro del aspirante del Concurso.

El aspirante que acredite y cumpla los requisitos mínimos establecidos para el empleo al cual se inscribió, será admitido para continuar en el proceso de selección.

El aspirante que no cumpla con todos los requisitos mínimos establecidos para el empleo al cual se inscribió, será inadmitido y no podrá continuar en el proceso de selección.

Los documentos que soporten el cumplimiento de los requisitos mínimos para el ejercicio del empleo al cual se inscribió, deberán ser allegados por el aspirante en la fecha y por el medio que determine la CNSC.

PARÁGRAFO. En lo previsto en los anteriores artículos, en tratándose de la verificación del cumplimiento de requisitos mínimos, se aplicarán las disposiciones referentes a la prueba de Valoración de Antecedentes del presente Acuerdo.”
Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los Empleos de la Planta de la Superintendencia de Sociedades. Páginas 454 y 455. Este Manual puede ser consultado en el siguiente enlace: HYPERLINK "http://www.supersociedades.gov.co/superintendencia/EstOrgTal/Manual-Funciones/Documents/GTH-M-001%20MANUAL%20FUNCIONES_2015.pdf" http://www.supersociedades.gov.co/superintendencia/EstOrgTal/Manual-Funciones/Documents/GTH-M-001%20MANUAL%20FUNCIONES_2015.pdf

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