Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2017-00559-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2017-00559-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2017-00559-02
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2017-00559-02
Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Actor: JOSÉ VIRGILIO BOGOYA MARTÍNEZ
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. LA PARTE ACTORA
NO LOGRÓ DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL
AVALÚO OFICIAL, QUE FUNDAMENTÓ LAS RESOLUCIONES DE
EXPROPIACIÓN ACUSADAS. NO CUMPLIÓ CON LA CARGA DE
DEMOSTRAR QUE EL VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE,
CALCULADO POR EL AVALÚO OFICIAL, ERA EQUIVOCADO E
INCORRECTO. EL AVALÚO OFICIAL NO FUE DESVIRTUADO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el actor contra
la sentencia de 15 de mayo de 2024, proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA -
SUBSECCIÓN “C”1, que denegó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
I.1.- El ciudadano JOSÉ VIRGILIO BOGOYA MARTÍNEZ, actuando
1
En adelante el Tribunal
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Actor: JOSÉ VIRGILIO BOGOYA MARTINEZ
por conducto de apoderado, promovieron demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo CPACA2, contra el INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO -IDU3, con la finalidad de discutir la
legalidad de los siguientes actos administrativos:
➢ Resolución 795 de 18 de enero de 2016, «por la cual se ordena
una expropiación por vía administrativa», expedida por la
Dirección Técnica de Predios del IDU.
➢ Resolución 004207 de 22 de marzo de 2016, «por la cual se
resuelve un recurso de reposición», expedida por la Dirección
Técnica de Predios del IDU.
Además de la nulidad de los actos administrativos referidos, como
restablecimiento del derecho, el actor elevó las siguientes
pretensiones:
«[…] 2. Que de acuerdo con el Parágrafo 2 del artículo 67 de la
Ley 388 de 1997, se declare que mis mandantes se encuentran
exentos de los pagos tributarios que por razones de expropiación
administrativa le obligaron a cancelar, toda vez que sí optaron
por la vía contenciosa administrativa, fue por la necesidad a que
los llevó el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, al ofertar un
2
En adelante CPACA.
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En adelante el IDU.
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precio injusto, así como por la falta de negociación, más no por
capricho de los demandantes.
3. Que como consecuencia de lo anterior se condene al
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, a ajustar el precio y
así pagar a mi mandante JOSÉ VIRGILIO BOGOYA
MARTÍNEZ, los valores que en adelante relaciono y/o de
conformidad con lo que resulte probado en el proceso; montos
que han de ser actualizados en su valor.
3.1. DAÑO EMERGENTE
3.1.1. La suma de CIENTO QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS
M/cte, ($115.884. 860.oo), por ajuste al valor ordenado y
pagado con la Resolución No. 00795 del 18 de enero del 2016,
por concepto de terreno y construcción del inmueble ubicado en
la CL 129 No. 91- 16 de Bogotá, identificado con cédula catastral
009202213800000000, CHIP AAA0129BALF y matrícula
inmobiliaria 50N-20260435.
3.1.2. La suma que corresponda al pago de Notaría y Registro
por la compra que deba realizar mi mandante en reposición del
bien expropiado, como Gastos Notariales proporcional al valor
que se declare en la sentencia, así.
Gastos Notariales: 3X1000
Iva Gastos Notariales: (16%)
Gastos de Escrituración
Gastos de Registro 0.5 %
Beneficencia: (1. %)
3.1.3. Los Gastos de Desconexión de los Servicios Públicos así:
• Energía Codensa Retiro de dos acometidas y medidores.
Conexión residencial $91. 472.oo
• Acueducto EAAB, corte de servicio de acueducto desde la red,
incluye excavación, retiro de manguera, suspensión del registro
o colocación de tapón. Reconstrucción de andén y levantamiento
de escombros, desmonte de medidor. $110. 850.oo
• Suministro de tapón macho de hg 6” 4; $60. 610.oo
• Gas Natural: suspensión definitiva de cuatro instalaciones $131.
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032.oo.
3.1.4. El valor de TRES MILLONES SEICIENTOS NOVENTA Y UN
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/cte
($3.691.494.oo) equivalente al 2.5% que le retuvo el Instituto
de Desarrollo Urbano IDU, por enajenación de bienes Raíces,
toda vez que el IDU aplica la tabla de la tarifa tributaria de
manera indebida, ya que mi mandante debe ser exento de la
misma por ser expropiación por vía administrativa por la decisión
unilateral y arbitraria del precio ofertado y pagado por parte del
IDU, y que en el peor de los casos la retención correspondería al
1.5%.,.
3.1.5. La suma de UN MILLON TRECIENTOS NUEVE MIL
NOVESCIENTOS PESOS M/cte ($1.309. 900.oo) que le
retuvieron al demandante y que corresponden al veinte por
ciento (20%) de los valores que les reconocieron por Lucro
Cesante, (cánones de arrendamiento) sin que se encuentre
justificación legal alguna para ello.
3.1.6. El valor que se determine a través de perito designado
por el Honorable Tribunal, donde se calcule el valor de la
Plusvalía no reconocido en la indemnización y que eleva el precio
del bien expropiado por el anuncio del proyecto de no haber sido
expropiado y que tienen derecho por haber cancelado la
valorización.
4. A la sentencia que le ponga fin al proceso se le dará
cumplimiento en los términos de los artículos 192 del C.C.A.
[…]».
I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, la parte actora señaló
los siguientes:
Manifestó que, mediante escritura pública 8258 de 18 de diciembre
de 1985, adquirió el lote de terreno ubicado en la Calle 129 # 91- 16
de Bogotá, sobre el cual construyeron una vivienda de dos plantas
distribuidas así: en la primera planta, un local comercial debidamente
acreditado, dotado de dos baños y escaleras de acceso; y en la
segunda planta, un apartamento independiente conformado por dos
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alcobas, un baño, cocina a gas, terraza descubierta, lavadero y sus
respectivas escaleras de acceso.
Sostuvo que a través del Decreto Distrital núm. 450 de 16 de octubre
de 2014 se declaró la existencia de condiciones de urgencia por
motivos de utilidad pública e interés social para la adquisición de
cuatro inmuebles requeridos para el desarrollo integral de los
Sistemas de Movilidad y Espacio Público Construido, señalados en el
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C., en concordancia
con los objetivos propuestos por la Alcaldía Mayor en el Plan de
Desarrollo "Bogotá Humana 2012-2016".
Indicó que la Secretaría Distrital de Planeación, mediante la
Resolución núm. 0811 de 15 de julio de 2014, definió el trazado y las
zonas de reserva vial del proyecto Avenida El Rincón (AK 91 y AC
131 A), en el tramo comprendido entre la Carrera 91 y la Avenida La
Conejera (Transversal 97).
Añadió que el Concejo de Bogotá, mediante Acuerdo núm. 489 de
2012, adoptó el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y
de Obras Públicas 2012–2016 “Bogotá Humana”, dentro del cual se
estableció, en el programa de movilidad humana, el objetivo de
mejorar las condiciones de movilidad de los habitantes mediante un
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sistema de transporte masivo con criterios de equidad, calidad,
sostenibilidad y seguridad, concebido bajo un enfoque intermodal
que integrara las distintas formas de transporte urbano, rural y
regional.
Precisó que el artículo 59 de dicho acuerdo incluyó el proyecto
Avenida El Rincón (AK 91 y AC 131 A), desde la Carrera 91 hasta la
Avenida La Conejera (Transversal 97), como una obra de
infraestructura de movilidad priorizada para su ejecución durante la
vigencia del referido plan de desarrollo.
Afirmó que mediante la Resolución núm. 114474 de 30 de diciembre
de 2014, el IDU formuló oferta de compra sobre el inmueble aludido
con fundamento en el avalúo núm. 2014-3007 de 29 de diciembre
de 2014, fijando como precio la suma de $93.226.000, sin incluir los
conceptos de lucro cesante ni daño emergente.
Agregó que, con posterioridad, la Unidad Administrativa Especial
de Catastro Distrital -UAECD4 allegó la complementación del
avalúo inicial mediante el informe técnico núm. 2015-0219, en el cual
se adicionó el valor correspondiente al daño emergente, y que dicha
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En adelante la UAECD
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actualización fue incorporada por el IDU a través de la Resolución
núm. 59302 de 1o. de septiembre de 2015, acto en el que se fijó el
precio indemnizatorio en la suma total de $151.368.749,
discriminada en $147.659.760 por concepto de valor comercial del
terreno y la construcción y $3.708.989 por daño emergente, con
fundamento en el avalúo comercial núm. 2014-3007 de 29 de
diciembre de 2014, complementado por el Avalúo núm. 2015-0219
de 15 de mayo de 2015, ambos elaborados por la UAECD.
Comentó que, agotada la etapa previa, el IDU expidió la Resolución
núm. 795 de 18 de enero de 2016, «por la cual se ordena una
expropiación por vía administrativa», con fundamento en el
régimen de la Ley 388 de 18 de julio de 19975, respecto del inmueble
aludido, por un valor de $ 150.704.736.
Adujo que, para la fecha de elaboración del avalúo practicado por la
UAECD, el inmueble se encontraba en estratificación cero,
circunstancia que, para efectos del impuesto predial, implicaba su
tratamiento como bien de uso comercial; no obstante, señaló que en
el avalúo núm. 2015-0219 se registró estrato dos y se afirmó que el
sector se encontraba clasificado, desconociendo que la liquidación del
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“Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
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impuesto predial se realizaba bajo la categoría de inmueble
comercial.
Agregó que el 8 de marzo de 2016 interpuso recurso de reposición
contra la Resolución núm. 795 de 18 de enero de 2016, con el
propósito de obtener el incremento del valor reconocido y la
corrección de los errores que presentaba el avalúo.
Sostuvo que mediante Resolución núm. 4207 de 22 de marzo de
2016 se resolvió dicho recurso y, además, se adicionó la decisión
inicial en el sentido de incluir el factor indemnizatorio del lucro
cesante en cuantía de $6.549.500.
I.3.- Fundamentos de derecho
En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la vulneración
de los artículos 2, 4, 6, 13, 58, 83 y 124 de la Constitución Política,
17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de
1789 y 21.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 68
y artículo 70 (numerales 2 y 4) de la Ley 388 y 2, 3 y 22 (numeral 7
y literal b) del Decreto 1420 de 24 de julio de 19986.
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“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-
ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el
artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”.
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Manifestó que los actos administrativos acusados incurrieron en la
causal de falsa motivación, por cuanto, a su juicio, el IDU dejó de
pagar una indemnización justa y la determinación de esta, en sus
diferentes actos, se soportó en un avalúo comercial que presentaba
graves falencias.
Señaló que el avalúo y su manejo dentro del procedimiento
desconocieron, entre otros, criterios normativos del Decreto 1420 de
1998, y alegó que el IDU impuso el resultado obtenido por la
UAECD, sin que se conocieran adecuadamente sus conclusiones, sus
aclaraciones y adiciones, ni los elementos que condujeron al
resultado, lo que desnaturaliza el concepto de valor comercial
previsto en la norma.
Explicó que los actos controvertidos desconocieron el numeral 2 del
artículo 70 de la Ley 388 de 1997, que, a su juicio, impone a la
entidad expropiante la obligación de poner a disposición inmediata
del expropiado el valor correspondiente del precio indemnizatorio, y
que, si el particular no lo retira dentro del término legal debe
consignarse a su disposición.
Precisó que esa obligación no se cumplió, habida cuenta que el IDU
no puso a disposición inmediata el valor indemnizatorio, pues no
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existía justificación alguna para retardar el pago más de tres meses,
por lo cual, dicha actuación desconoció el carácter inmediato del pago
exigido por la norma, sin que la entidad pudiera excusarse en
trámites internos para justificar el incumplimiento del deber legal.
Indicó que, debido a lo anterior, también se infringió el numeral 4 de
la norma aludida el cual, en su criterio, prevé que, si no se ponen a
disposición del propietario los valores en los términos aludidos, la
decisión de expropiación no produce efecto alguno y la entidad debe
surtir nuevamente el procedimiento expropiatorio, toda vez que la
entrega del pago se produjo aproximadamente tres meses después
de la ejecutoria del acto.
Agregó que conforme a lo previsto en los artículos 2, 4, 6, 13, 58, 83
y 124 de la Constitución Política, el IDU tenía el deber de actuar con
sujeción a los fines esenciales del Estado y a los principios de buena
fe e imparcialidad, garantizando la efectividad de los derechos y el
cumplimiento de los presupuestos sustanciales previstos por la ley.
Afirmó que la conducta omisiva de la entidad demandada generó un
enriquecimiento sin causa de la administración y su correlativo
empobrecimiento, afectando su derecho de propiedad y el carácter
previo y justo de la indemnización.
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Cuestionó que el avalúo hubiera desconocido variables que, en su
criterio, son exigibles para una estimación comercial como la
estratificación socioeconómica, la edad de materiales, acabados y
vida útil.
Insistió en que, en materia de expropiación, el derecho a la propiedad
exige una indemnización previa y justa, para lo cual además citó
como referentes los artículos 17 de la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano de 1789 y 21.2 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, en cuanto al deber de indemnizar
los perjuicios derivados de la transferencia forzada del dominio.
I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
I.4.1.- El IDU, por conducto de apoderada judicial, contestó la
demanda7 y manifestó su oposición a las pretensiones.
Afirmó que actuó dentro del marco de las competencias legalmente
atribuidas, con observancia del debido proceso de la demandante, y
que los actos administrativos acusados fueron expedidos con
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SAMAI Índice 00012 del expediente digital de primera instancia
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motivación suficiente, sin que se configuraran los vicios de falsa
motivación ni desviación de poder.
Aseveró que la expropiación por vía administrativa se adelantó con
fundamento en lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política
y en la Ley 388 de 18 de julio de 19978, debido a motivos de utilidad
pública e interés social asociados a la ejecución de proyectos de
infraestructura vial y de transporte masivo.
Sostuvo que el procedimiento expropiatorio se surtió con observancia
de las etapas legalmente previstas de oferta, negociación directa y
expropiación, y señaló que, ante la imposibilidad de concretar la
enajenación voluntaria del inmueble, procedió a expedir la
Resolución núm. 795 de 2016 y a efectuar su notificación de
conformidad con las reglas previstas en el CPACA.
En ese sentido, sostuvo que se ofertó y pagó un precio justo, de
conformidad con las resoluciones expedidas por la autoridad
competente en materia de avalúos, y que dicho pago se efectuó con
anterioridad a la entrega del inmueble y a la transferencia del
derecho de dominio, siendo además reclamado por el beneficiario.
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Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.
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Añadió que no era jurídicamente posible para esa entidad eximir los
pagos tributarios legalmente procedentes, razón por la cual se
practicaron los descuentos establecidos en la normatividad aplicable,
esto es, la retención en la fuente equivalente al 20% del valor fijado
por concepto de lucro cesante y el descuento correspondiente al
2,5% por enajenación de inmuebles, de conformidad con lo previsto
en el Decreto 1512 de 31 de mayo de 19859.
Asimismo, afirmó que no era cierto que se hubieran dejado de
reconocer los conceptos de daño emergente o lucro cesante dentro
de la indemnización.
Sostuvo, además, que el avalúo practicado en 2015 fue elaborado
por una entidad idónea y legalmente habilitada para ello, como lo es
la UAECD, y que dicho estudio constituyó la base técnica de la
negociación y de la posterior expropiación administrativa, al haber
cumplido con los requisitos, la metodología y el análisis exigidos para
determinar el justo precio.
Finalmente, afirmó que en el proceso contencioso-administrativo no
se logró desvirtuar, ni desde el punto de vista metodológico ni
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“Por el cual se reglamenta el artículo 30 de la Ley 9ª de 1983 y se dictan normas en materia de
retención en la fuente”
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técnico, el avalúo realizado por la UAECD, y que el demandante no
aportó pruebas idóneas que permitieran infirmarlo o justificar su
modificación.
En consecuencia, solicitó que se declararan probadas las excepciones
de falta de elementos para desvirtuar la presunción de legalidad de
los actos demandados, legalidad de los actos administrativos
acusados y ausencia total de imputabilidad del presunto perjuicio al
IDU, así como cualquier excepción que resultara acreditada de oficio
en el proceso.
En efecto, propuso como excepciones las siguientes:
-. “Falta de elementos que desvirtúen la presunción de legalidad del
acto administrativo demandado”: la cual sustentó en el hecho de que
los actos acusados fueron expedidos por autoridad y funcionarios
competentes, en desarrollo de las competencias asignadas por
acuerdos distritales y normas orgánicas del Distrito, con soporte en
la declaratoria de condiciones de urgencia y en el marco del artículo
58 constitucional y la Ley 388 de 1997.
. – “Legalidad del acto administrativo demandado”: señaló que en el
presente asunto se acataron las normas que regulan la realización de
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avalúos y que el mismo fue practicado por la UAECD como entidad
competente y fue elaborado por profesionales especializados, con
fundamento en el Decreto 583 de 15 de diciembre de 201110, el
artículo 61 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 12 del Decreto 1420
de 1998.
Adujo que la indemnización se determinó conforme a parámetros de
imparcialidad y equidad, sin que la parte actora demostrara su
improcedencia.
. - “Ausencia total de imputabilidad del perjuicio al IDU”: afirmó que
en el desarrollo del proceso se observaron las garantías de legalidad,
debido proceso e indemnización previa y justa, que el avalúo cumplió
el marco normativo aplicable y que las pruebas de la parte actora no
acreditaban un perjuicio que le fuera imputable, máxime aun,
teniendo en cuenta las inconsistencias del informe aportado con la
demanda.
Solicitó, finalmente, la prosperidad de la excepción genérica o
innominada, con el propósito de que se declarara de oficio cualquier
otra excepción que apareciera probada en el proceso.
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“Por medio del cual se reglamenta la prestación del servicio de avalúos comerciales de
inmuebles, de que trata el literal e) del artículo 63 del Acuerdo 257 de 2006”
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I.4.2.- La UAECD, entidad llamada en garantía, por intermedio de
apoderado judicial contestó la demanda11, y para oponerse a la
prosperidad de las pretensiones, adujo, en esencia, lo siguiente:
Señaló que actuó en ejercicio de la competencia legal que le asiste
para la elaboración de avalúos, con sujeción a las normas que
regulan dicha actividad y a las garantías previstas en el Contrato
Interadministrativo núm. 1321 de 2013, razón por la cual solicitó
desestimar las pretensiones de la demanda y declarar su falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Explicó que el avalúo comercial solicitado por el IDU comprendió la
valoración del terreno, la construcción y los componentes
indemnizatorios correspondientes, y que la estimación del lucro
cesante y del daño emergente se efectuó conforme a los parámetros
técnicos y normativos aplicables.
Precisó, en ese sentido, que se consultó de manera puntual la
normativa urbanística del inmueble, que para la valoración del
terreno se aplicó el método de comparación o de mercado y para la
construcción el método de reposición, de acuerdo con lo previsto en
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SAMAI Índice 00013 del expediente digital de primera instancia
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la Resolución 620 de 2008 del IGAC, atendiendo la finalidad
específica de cada uno de dichos métodos.
Añadió que, para la correcta aplicación del método de reposición, se
incorporaron y describieron detalladamente los materiales y
dependencias de la construcción, a partir de los cuales se definió el
valor mediante un cálculo presupuestal sustentado en los costos de
la publicación Construdata y del software TEKHNE, mientras que el
valor del terreno se determinó a partir del estudio del mercado
inmobiliario, en consonancia con lo dispuesto en la Resolución 620
de 2008 del IGAC.
Finalmente, en cuanto al cuestionamiento relacionado con la
estratificación, aclaró que el informe de avalúo únicamente indicó
que el sector donde se ubicaba el predio correspondía al estrato dos,
sin que en ningún momento se hubiera afirmado que tal clasificación
resultara aplicable al inmueble en sí mismo, el cual tenía destinación
económico comercial.
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Actor: JOSÉ VIRGILIO BOGOYA MARTINEZ
II-. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal mediante sentencia de 15 de mayo de 2024, desestimó
las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes
argumentos:
Sostuvo que el avalúo elaborado por la firma “Sarmiento & Osorio
soluciones inmobiliarias” no fue tenido como prueba, por las razones
expuestas en providencia de 3 de agosto de 2023, y puntualizó que
en esa misma decisión se decretó la práctica de un dictamen pericial,
se impuso al demandante la carga de allegar la hoja de vida de dos
personas con las calidades profesionales requeridas y se advirtió que
luego se podrían considerar para desarrollar la experticia, y concluyó
que, ante el incumplimiento de esa carga, en la audiencia de pruebas
de 25 de septiembre de 2023 se prescindió del dictamen pericial
decretado.
Asimismo, advirtió que el avalúo comercial 2014-3007, realizado por
la UAECD, utilizó el método de comparación de mercado para
establecer el valor del terreno y el método de reposición para
determinar el valor de la construcción, y destacó que tales métodos
se encuentran definidos en el artículo 1° y en el artículo 3° de la
Resolución IGAC 620 de 2008, el primero orientado a establecer el
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Actor: JOSÉ VIRGILIO BOGOYA MARTINEZ
valor comercial a partir del estudio de ofertas o transacciones
recientes de bienes semejantes y comparables, y el segundo dirigido
a estimar el costo total de la construcción a precios de hoy de un bien
semejante, restándole la depreciación acumulada y adicionando el
valor correspondiente al terreno.
Precisó que al cotejar el avalúo oficial 2014-3007 con las reglas
contenidas en el Decreto 1420 de 1998 y en la Resolución 620 de
2008 del IGAC, encontró que el avalúo sí mencionó que, según el
estudio de mercado anexo, se depuraron cuatro ofertas, que
arrojaron un promedio de mercado de $1.500.479 por metro
cuadrado, con un límite inferior de $1.397.526 y superior de
$1.603.432 por metro cuadrado y con un coeficiente de variación de
6.86%, y añadió que, teniendo en cuenta la ubicación interna sobre
vía secundaria, se asignó un valor de $1.400.000 por metro cuadrado
de terreno.
En el mismo sentido, encontró que el avalúo oficial no describió las
características o condiciones físicas de los inmuebles con los cuales
se realizó la homogenización, ni acompañó las fotografías de las
condiciones reales de tales predios, y precisó que solo refirió la
ubicación del predio, el área del terreno y la fuente, entre otros
aspectos, lo cual, según dijo, no permitía determinar la semejanza
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de aquellos inmuebles con el predio expropiado, así como tampoco a
partir del plano adjunto en el que todos los terrenos eran diferentes.
Estimó que, pese a haberse presentado algunas falencias
metodológicas menores en el avalúo oficial, ello no contrarrestaba su
credibilidad por dos razones, de un lado porque no tenían gravedad
suficiente para alterar el resultado final, dado que el coeficiente de
variación fue de 6.86% y se mantuvo dentro del límite legal, y de
otro lado porque el demandante no alegó reparo alguno concreto al
contenido técnico del avalúo oficial en esos aspectos.
Igualmente, señaló que el avalúo oficial núm. 2015-0219 utilizó el
método de costo de reposición para determinar el valor de la
construcción y que en el mismo se indicó que el valor del metro
cuadrado para la edificación se calculó según la tipología constructiva
determinada por la UAECD para una vivienda de dos pisos, sistema
portante estructural en concreto, cubrimiento de muros en pañete,
dos habitaciones, un baño, una cocina y cubierta en placa, cuyo valor
de reposición era de $544.000 por metro cuadrado, valor que fue
depreciado según la edad y estado de conservación de la
construcción, adoptando un valor de $407.000 por metro cuadrado,
y añadió que igual valoración se efectuó para el local comercial y
para el valor unitario de la enramada.
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Concluyó que el avalúo oficial tenido en cuenta por el IDU para
expedir los actos enjuiciados no se ajustó con pleno rigor a las
normas técnicas que regulan la elaboración de avalúos comerciales;
no obstante, sostuvo que tales falencias no eran suficientes para
restarle credibilidad técnica, en tanto existían otros medios de prueba
que corroboraban su acierto, pues el estudio respetaba el parámetro
de desviación admisible y, además, el demandante no acreditó cuál
fue la incidencia negativa concreta que tales deficiencias habrían
tenido en la determinación final del precio indemnizatorio.
Refirió que, entre las objeciones formuladas por el actor se
encontraba la relacionada con el cambio de estratificación ocurrido
en el año 2016, frente a lo cual explicó que dicha modificación solo
resultaba aplicable a inmuebles de uso residencial, mientras que el
predio objeto de expropiación tenía un uso mixto; añadió que, en
todo caso, la variación del estrato se produjo en 2016, es decir, con
posterioridad al avalúo practicado en 2015, razón por la cual para
ese momento el inmueble se encontraba clasificado en estrato 2.
Indicó que, en relación con la solicitud de devolución de los gastos
correspondientes a la desconexión de los servicios públicos
domiciliarios, tales conceptos fueron reconocidos y pagados por el
IDU dentro del rubro de daño emergente, lo que significaba que esos
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valores no ingresaron al patrimonio del demandante, sino que
estuvieron destinados directamente a las respectivas empresas
prestadoras de servicios.
En ese contexto, sostuvo que no se acreditó que la expropiación por
vía administrativa hubiera obedecido a una decisión arbitraria en
cuanto al precio ofrecido, ni que se hubiese practicado retención del
20% sobre las sumas reconocidas por concepto de lucro cesante
derivado del arrendamiento, razón por la cual decidió negar las
pretensiones de la demanda y abstenerse de emitir pronunciamiento
sobre el llamamiento en garantía formulado respecto de la UAECD.
III-. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia
proferida en primera instancia, para lo cual expuso que los motivos
de inconformidad con la decisión apelada se sustentan en los
siguientes términos:
Señaló que se debía revocar la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, se debía acceder a las pretensiones de la demanda, por
cuanto, no se resolvieron adecuadamente los motivos de
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inconformidad planteados frente al trámite expropiatorio y al valor
indemnizatorio reconocido.
Afirmó que el problema jurídico formulado por el Tribunal debía
orientarse a establecer si el precio fijado en el avalúo oficial no
correspondía al valor real del inmueble objeto de expropiación, en
atención a las falencias que presentaba el mismo, y, además, si con
ocasión de la expedición de los actos acusados, se vulneraron normas
de rango constitucional y legal relacionadas con el derecho de
propiedad, el debido proceso y el principio de reparación integral.
Manifestó que la conclusión del a quo, según la cual no existió
violación de normas de orden legal y superior, no se ajustaba a las
pruebas documentales allegadas al proceso, habida cuenta que, no
se reconoció una indemnización justa.
Adujo que se pretendió desnaturalizar el alcance de la Ley 388 de
1997, al asumir que la facultad conferida a las entidades para
adelantar la expropiación con fundamento en el valor comercial del
inmueble, determinado conforme a las metodologías elaboradas por
el IGAC, sin atender la realidad comercial y social del bien conforme
a los valores determinados por particulares al momento de enajenar
sus inmuebles.
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Discutió que la sentencia cuestionada hubiera acogido que el avalúo
presentado por el IDU fijara el precio indemnizatorio y se ajustara
las exigencias propias de los métodos de mercado y de costo de
reposición, pese a que no podía permitirse que la expropiación por
vía administrativa transgrediera sus límites mediante la imposición
de un valor en cuya determinación los afectados carecían de
posibilidad real de intervención.
Sostuvo que el Tribunal sustentó su análisis principalmente en lo
consignado en la resolución administrativa, sin efectuar un examen
integral, profundo y suficiente de cada uno de los medios de prueba
allegados al expediente.
Afirmó que la expropiación por vía administrativa no podía erigirse
en un mecanismo para desconocer derechos legalmente adquiridos
ni para vulnerar el debido proceso, en tanto debía adelantarse
mediante un trámite ajustado a los parámetros legales, respetuoso
de dicha garantía y encaminado a propiciar una negociación
adecuada que condujera, en primer término, a un acuerdo voluntario.
Indicó que, en el caso concreto, se impuso de manera injustificada el
valor del bien, el avalúo que le sirvió de sustento y la correspondiente
orden de pago, por cuanto los afectados no tuvieron participación
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efectiva dentro del procedimiento administrativo, de modo que la
decisión obedeció exclusivamente a una determinación unilateral de
la administración.
Insistió en que la indemnización reconocida, ya fuera por vía
administrativa o judicial debía revestir el carácter de previa, integral
y justa, de manera que reflejara adecuadamente tanto el valor del
inmueble como los daños y perjuicios ocasionados con la
expropiación, de conformidad con lo previsto en la Ley 388 de 1997
y con la jurisprudencia constitucional, en particular la Sentencia C-
1074 de 2002; no obstante, afirmó que ese presupuesto no fue
objeto de verificación probatoria suficiente en la sentencia
impugnada.
Señaló que, al momento de revisar el avalúo que aportó, el Tribunal
dio relevancia a la identificación de aquello que correspondía a los
valores presentados, pese a que en el avalúo se explicaba de manera
secuencial y mediante ejercicios matemáticos la forma en que se
integraban los valores que componían el valor total a reconocer.
Destacó que la adecuada elaboración de los avalúos resultaba
relevante para evitar afectaciones a los derechos fundamentales de
los propietarios, mediante una correcta identificación física del
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predio, la determinación del uso del suelo y la revisión de las
variables que incidían sobre éste, contrario a lo sucedido con los
avalúos oficiales que no cumplían con los requisitos necesarios para
otorgar veracidad a los datos reales del bien ni para servir de soporte
suficiente en la determinación de sus valores reales.
Cuestionó la comparación efectuada por el juez entre el avalúo
catastral distrital y el que aportó con la demanda, que fue practicado
por la firma evaluadora SARMIENTO & OSORIO, en cuanto condujo
a considerar que el realizado por el IDU satisfacía las exigencias del
precio indemnizatorio.
Trajo a colación la Sentencia C-306 de 2013 de la Corte
Constitucional, en la que se indicó que la indemnización no siempre
es restitutiva ni exige necesariamente el pago total de los daños y
costos sufridos por el afectado, pues su determinación debe consultar
los intereses de la comunidad y del particular, aunque sin desconocer
su carácter previo ni la exigencia de una tasación justa que al menos
resulte compensatoria.
Expresó que el legislador, al regular la expropiación por vía
administrativa, procuró dotar a las entidades públicas de
instrumentos eficaces para la ejecución de obras de carácter urgente,
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mas no conferirles una potestad discrecional para fijar
unilateralmente el precio del bien objeto de adquisición.
Cuestionó además que a la UAECD se le hubiese atribuido la
determinación del daño emergente y del lucro cesante, al estimar
que no se conocía el fundamento legal de esa delegación, puesto que,
a su juicio, si bien la Ley 1682 de 2013 preveía que la indemnización
debía ser integral, no disponía que tales valores también debieran
ser definidos por el perito avaluador.
Finalmente, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera
instancia y, que, en su lugar, se accediera a las pretensiones.
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Mediante providencia de 31 de enero de 2025 el Despacho
sustanciador dispuso admitir el recurso de apelación y, en atención
a que no se solicitaron pruebas en esta instancia, determinó que no
había lugar a conceder traslado para alegar de conclusión, de
conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 247 del
CPACA.
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Al respecto, se precisa que el 11 de febrero de 2025 la apoderada
judicial de la UAECD presentó memorial de “pronunciamiento sobre
el recurso de apelación”,12 el cual será tenido en cuenta, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 247 del
CPACA13, por cuanto fue radicado oportunamente, esto es, dentro del
término comprendido entre la concesión del recurso y la ejecutoria
del auto que lo admitió en segunda instancia, providencia que fue
notificada electrónicamente el 6 de febrero de 202514 y por estado el
día 10 de ese mismo mes y año15.
Sobre el particular, resulta oportuno precisar que el memorial
presentado por la UAECD se limitó, en lo sustancial, a reiterar los
argumentos expuestos en el escrito de contestación de la demanda,
razón por la cual su contenido será valorado en esa medida, al
momento de resolver el recurso, sin que del mismo se advierta la
formulación de planteamientos nuevos o de consideraciones
12
Índice 00008 del expediente digital
13
ARTÍCULO 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. <Artículo
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El recurso de
apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente
procedimiento:
(…)
4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la
admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el
recurso de apelación formulado por los demás intervinientes.
14
Índice 00006 del expediente digital
15
Índice 00007 del expediente digital
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adicionales que impongan un pronunciamiento autónomo y
diferenciado en esta instancia.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de la
Resolución núm. 795 de 18 de enero de 2016, “por la cual se
ordena una expropiación por vía administrativa” y de la Resolución
004207 de 22 de marzo de 2016, «por la cual se resuelve un
recurso de reposición», expedidas por la Dirección Técnica de Predios
del IDU, mediante las cuales se dispuso la expropiación
administrativa del inmueble de propiedad de la parte actora ubicado
en la Calle 129 #91 - 16, de la ciudad de Bogotá, identificado con
cédula catastral 0092022113800000000, CHIP AAA0129BALF y
matrícula inmobiliaria 50N 20260435, cuyo propietario es el actor.
Como fundamentos de la demanda, en esencia, la parte actora
propuso discusiones sobre i) la indemnización reconocida por
fundarse en un avalúo oficial que adolece de falsa motivación y
graves falencias técnicas, en contraste con las conclusiones del
avalúo aportado con la demanda; ii) el término en el cual le fue
cancelada la suma de dinero reconocida y; iii) los descuentos y
retenciones efectuados.
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El Tribunal desestimó las pretensiones de la demanda, por
considerar que la parte actora no desvirtuó la presunción de legalidad
que ampara los actos acusados.
Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte actora
formuló reparos dirigidos, en primer lugar, a cuestionar el precio
fijado dentro del proceso de expropiación administrativa, al estimar
que dicho aspecto debía ser examinado por el Tribunal como
problema jurídico y desde la perspectiva del principio de justa
indemnización; en segundo lugar, censuró que se hubiera
convalidado el trámite expropiatorio y el avalúo oficial que le sirvió
de fundamento, al tiempo que se desestimó, sin sustento suficiente,
el avalúo aportado con la demanda; y, finalmente, reprochó la falta
de una valoración integral del acervo probatorio y la admisión de una
determinación unilateral del valor indemnizatorio y de los perjuicios,
circunstancias que, en su criterio, comportaron la vulneración del
derecho de propiedad y del debido proceso.
Previo al análisis de fondo, es del caso advertir que la Sala es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos
contra los fallos de primera instancia en aquellos temas que
constituyeron la oposición específica a la decisión de los Tribunales.
De este modo, el estudio y la competencia del fallador de segunda
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instancia se limitará a examinar los reproches invocados en el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
instancia.
Problema jurídico
A partir de los cargos planteados en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la
sentencia de 15 de mayo de 2024, proferida por la Subsección “C”
de la Sección Primera del Tribunal.
Para resolver el problema jurídico aludido, la Sala enunciará el acto
acusado y su contenido, para enseguida desarrollar el estudio de los
cargos planteados en la apelación.
. - Actos acusados y su contenido
El objeto del presente proceso recae sobre la legalidad del siguiente
acto administrativo:
➢ Resolución núm. 795 de 18 de enero de 2016, expedida
por la Dirección Técnica de Predios del IDU, “Por la cual se
ordena una expropiación por vía administrativa”, del inmueble
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ubicado la Calle 129 # 91- 16 de Bogotá, identificado con CHIP
AAA0129BALF y matrícula inmobiliaria núm. 50N-20260435,
en cuya parte resolutiva, dispone lo siguiente:
“[…]
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía
administrativa a favor del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
del inmueble ubicado en CL 129 No. 91 - 16, de la ciudad de
Bogotá D.C. e identificado con la cédula catastral
009202213800000000, CHIP AAA0129BALF y matricula
inmobiliaria 50N-20260435 y Registro topográfico No. 44163
elaborado por la Dirección Técnica de Predios en el mes de junio
de 2014 donde aparece debidamente delimitado y alinderado
con un área de terrero de 66.59 M2, y un área construida: 1).-
(Construcción 2° Piso Placa) de 41.42 M2; 2).- (Construcción 1°
Piso Placa - Local) de 59.99 M2; 3).- (Enramada) de 6.96 M2;
4- (Placa volada) de 2.79 M2 y 5).-(Antepecho) de 7.72 M2,
cuyos linderos específicos son: POR EL NORTE: Del punto A al
punto B en línea recta en extensión (4.17 mts.) limita con
propiedad particular; POR EL ORIENTE: Del punto B al punto C
en línea recta en extensión de (15.05 mts.), limita con propiedad
particular; POR EL SUR Del punto C al punto D en línea recta en
extensión de (4.64 mts.), limita con la calle 129; POR EL
OCCIDENTE: Del punto D al punto A en línea recta en extensión
de (15.19 mts.), limita con propiedad privada. Cuyo titular
inscrito de derecho de dominio del inmueble objeto de
expropiación es el señor JOSE VIRGILIO BOGOYA MARTINEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.236.728.
ARTÍCULO SEGUNDO. - VALOR DEL PRECIO
INDEMNIZATORIO. - El valor de precio indemnizatorio de la
expropiación que se ordena por la presente resolución es
CIENTO CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (150.704.736.00)
MONEDA CORRIENTE, el citado valor incluye:
A) La suma de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
SESENTA PESOS ($147.659. 750.oo) MONEDA CORRIENTE,
por concepto de terreno y construcción conforme los avalúos
comerciales Nos. 2014-3007 del 29 de diciembre de 2014,
complementado por el avalúo No. 2015-0219 del 15 de
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mayo de 2015, elaborados por la Unidad Administrativa
Especial Catastro Distrital - Gerencia de Información
Catastral, Subgerencia de Información Económica.
B) La suma de TRES MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($3.044.976.00)
MONEDA CORRIENTE, por concepto de Daño emergente
conforme los avalúos comerciales Nos. 2014-3007 del 29 de
diciembre de 2014, complementado por el avalúo No. 2015-
0219 del 15 de mayo de 2015, elaborados por la Unidad
Administrativa Especial Catastro Distrital - Gerencia de
Información Catastral, Subgerencia de Información
Económica y el informe de reconocimiento económico RT
Nº44163 elaborado por el grupo económico de la Dirección
Técnica de Predios- Instituto de Desarrollo Urbano de fecha
14 de enero de 2016.
PARÁGRAFO: Que la presente resolución de expropiación
no implica la aplicación del artículo 129 de la ley 142 de
1994 que establece la cesión de los contratos de servicios
públicos con ocasión a la transferencia del dominio: "En la
enajenación de bienes raíces urbanos se entiende que hay
cesión de todos los contratos de servicios públicos
domiciliarios, salvo que las partes acuerden otra cosa. La
cesión operará de pleno derecho, e incluye la propiedad de
los bienes inmuebles por adhesión o destinación utilizados
para usar el servicio", teniendo en cuenta que los predios
adquiridos por el IDU por motivos de utilidad pública e
interés social son destinados exclusivamente a la
construcción de obras de infraestructura vial lo que implica
un cambio en la naturaleza del mismo que pasa de ser un
inmueble con vocación de domicilio para convertirse en un
bien de uso público dejando por ello de ser destinatario de
servicios públicos domiciliarios, motivo por el cual
continuará siendo responsable del consumo, deudas y
demás cargos que se generen hasta la cancelación de los
mismos al señor JOSE VIRGILIO BOGOYA MARTINEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.236.728.
ARTICULO TERCERO.- FORMA DE PAGO.- El trámite de pago
se efectuará por la Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano,
previa autorización expresa y escrita de la Dirección Técnica de
Predios, una vez ésta radique la(s) orden(es) de pago así: Un
cien por ciento del valor del precio indemnizatorio, o sea la
cantidad de CIENTO CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS
CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
(150.704.736.00) MONEDA CORRIENTE, el citado valor, será
puesto por parte de la Tesorería del Instituto de Desarrollo
Urbano a disposición del señor JOSÉ VIRGILIO BOGOYA
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Actor: JOSÉ VIRGILIO BOGOYA MARTINEZ
MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
79.236.728, una vez ejecutoriada la presente resolución y
efectuados los respectivos trámites financieros […]”.
➢ Resolución 004207 de 22 de marzo de 2016, «por la cual
se resuelve un recurso de reposición», expedida por la
Dirección Técnica de Predios del IDU, que confirmó la anterior
decisión.
V.2.- Caso concreto
Precisado el problema jurídico y determinado el contenido de los
actos acusados, procede la Sala a resolver los cargos planteados en
el recurso de apelación. En ese orden de ideas, para resolver el
interrogante planteado, se hará referencia al marco jurídico general
aplicable a la expropiación administrativa, para enseguida abordar el
estudio del caso concreto.
• Del procedimiento de expropiación administrativa -
Generalidades
El artículo 58 de la Constitución Política define el derecho a la propiedad
privada, en los siguientes términos:
“[…] Se garantizan la propiedad privada y los demás
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales
no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por
motivos de utilidad pública o interés social, resultare en
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conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por
ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés
público o social. La propiedad es una función social que
implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función
ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas
asociativas y solidarias de propiedad.
Por motivos de utilidad pública o interés social
definidos por el legislador, podrá haber expropiación
mediante sentencia judicial e indemnización previa.
Este se fijará consultando los intereses de la comunidad y del
afectado. En los casos que determine el legislador, dicha
expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta
a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso
respecto del precio […]”.
De esta norma se destaca que el derecho a la propiedad no es
absoluto y se funda en varios principios que la Corte Constitucional16
ha decantado como resultado de la interpretación del artículo 58 de
la Carta, así: i) La garantía a la propiedad privada y los demás
derechos adquiridos se hace con arreglo a las leyes civiles; ii) la
Constitución Política protege y promueve las formas asociativas y
solidarias de la propiedad; iii) se reconoce el carácter limitable de la
propiedad; iv) se establecen las condiciones en que prevalece el
interés público o social sobre el interés privado; v) se le asigna a la
propiedad una función social y ecológica; y, vi) se fijan las
modalidades y los requisitos de la expropiación.
De otra parte, y acorde con el desarrollo de este precepto
16
Así se puntualizó por la Corte Constitucional entre otros en los siguientes pronunciamientos.
Sentencias C-147/97, C-589/95, C-00/93, C-428/94, C-216/93 y C-227-11.
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constitucional, la Ley 9ª de 11 de enero de 198917 estableció
instrumentos para la adquisición y expropiación de inmuebles por
motivos de utilidad pública e interés general, potestad que luego se
reguló por la Ley 388 de 1997, que modificó la citada Ley 9ª.
Los artículos 63 a 72 de la Ley 388 regulan el procedimiento que se
adelanta con el propósito de llevar a cabo la expropiación por vía
administrativa.
El artículo 68 de la norma en comento prevé que una vez iniciado el
proceso orientado a la adquisición del inmueble y transcurridos 30
días hábiles a partir de la ejecutoria del acto que así lo ordena sin
llegarse a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria18, la
autoridad dispondrá, mediante acto motivado, la expropiación
administrativa correspondiente.
En lo que respecta al reconocimiento y pago de la indemnización, el
artículo 67 dispone que “[…] en el mismo acto que determine el carácter
administrativo de la expropiación se deberá indicar el valor del precio
indemnizatorio que se reconocerá A LOS PROPIETARIOS, el cual será igual
al avalúo comercial que se utiliza para los efectos previstos en el artículo
17
“Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y
expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”.
18
Lo que se produce a través de la suscripción de un contrato de promesa de compraventa.
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6119 de la presente ley […]”. (Destacado fuera de texto).
De acuerdo con esta normativa, una de las características esenciales
de la expropiación radica en el hecho que la actuación del Estado se
hace por razones de utilidad pública e interés social, previa y justa
indemnización del inmueble, en cuanto comprende su valor y los
perjuicios que se causan al afectado con dicha medida, con el fin de
alejarse de un acto confiscatorio.
Sobre el particular, esta Sección20 ha precisado:
“[…] el principio general que subyace en estas normas de
rango superior, indica que los daños y perjuicios que se
originen en el acto de autoridad mediante el cual se decrete
la incorporación al dominio público de bienes de
propiedad particular para satisfacer con ellos una
necesidad de interés general, presupone
necesariamente la obligación a cargo de la autoridad
que ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar
plena y previamente al afectado, con el propósito de
restablecer el equilibrio roto por la privación
patrimonial a la cual es sometido de manera forzada.
En otras palabras, el hecho de que en estos casos el interés
19
“[…] ARTICULO 61. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACION
VOLUNTARIA. Se introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria
regulado por la Ley 9a. de 1989:
El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o
asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de conformidad
con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos
expida el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística
municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir,
y en particular con su destinación económica. […].
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 26 de abril de
2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 05001-23-31-000-2007-03162-
01.
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general deba prevalecer sobre los intereses privados, no
significa en modo alguno que por dicha circunstancia
queden excluidas las garantías que la Constitución
reconoce en favor del propietario, pues no puede
pretenderse que éste deba asumir a título personal
un detrimento en su patrimonio, como consecuencia de
la ruptura del principio de igualdad en el reparto de las
cargas públicas.
Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la
transmisión imperativa de su derecho de dominio,
constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio
sea transferido a todos los miembros de la colectividad y
reparado de manera integral […]”. (Destacado fuera de
texto).
Corolario de lo anterior, para la Sala se hace necesario traer a
colación los criterios expuestos por esta Sección en relación con la
acción especial contencioso administrativa de nulidad y
restablecimiento del derecho que procede contra la decisión de
expropiación por vía administrativa, ya que servirán para el análisis
del recurso interpuesto. Al respecto, se ha señalado:
“[…] Bajo las anteriores consideraciones, la Sala analizará si,
como lo aduce la parte actora, el Tribunal de origen analizó
indebidamente la acción incoada y valoró de forma
inadecuada las normas superiores invocadas como violadas
y las pruebas allegadas al proceso.
Para ello, sea lo primero precisar que, si bien el artículo 71
de la Ley 388 de 1997 prescribe que contra la decisión de
expropiación por vía administrativa procede la acción
especial contencioso administrativa con el fin de obtener su
nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para
controvertir el precio indemnizatorio reconocido, en la
medida en que el valor de la indemnización es incorporado
en el acto administrativo que ordena la expropiación es
analizar su legalidad, aun cuando la demanda esté
encaminada solo a obtener la revisión o ajuste del precio
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indemnizatorio ya que, como se ha sostenido, el principio de
legalidad, fundamento de todo Estado de Derecho, es uno de
los pilares sobre los cuales descansa el trámite de
expropiación.
En ese sentido, siendo que los motivos de utilidad pública o
de interés social constituyen un presupuesto para la legalidad
de la expropiación, hace bien el juez que ejerce el control de
legalidad sobre la decisión de expropiación al verificar su
cumplimiento, como en efecto lo hizo el a quo, lo cual no
implica, como aduce el recurrente, que la acción especial
contencioso administrativa se aborde como una acción
ordinaria de nulidad.
[…]
En el mismo orden, es propicia la confrontación del
procedimiento administrativo con las normas legales y
reglamentarias que regulan y reglamentan la materia, en
desarrollo del artículo 58 de la Carta.
Bajo esa lógica, resulta también acertado verificar que
el avalúo técnico que da soporte legal y fáctico al acto
administrativo que ordena la expropiación se ajusta a
la normativa aplicable […]” 21 (Destacado fuera del texto).
Igualmente, cabe advertir que la Sección en la sentencia de 14 de
mayo de 200922, indicó los elementos que debe contener la
indemnización, como consecuencia de una expropiación
administrativa, de la siguiente manera:
“[…] 3.1.- Consideraciones preliminares relacionadas con el
carácter justo y pleno de las indemnizaciones expropiatorias
El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia,
garantiza la intangibilidad de la propiedad privada y de los
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. En su
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto
de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000 2011 00196
01.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de mayo
de 2009, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 05001-23-31-000-2005-
03509-01.
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inciso 4°, modificado por el Acto Legislativo Nº 1 de julio 30
de 1999, se establece sin embargo que, “Por motivos de
utilidad pública o de interés social definidos por el legislador,
podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e
indemnización previa. Ésta se fijará consultando los intereses
de la comunidad y del afectado. En los casos que determine
el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía
administrativa, sujeta a posterior acción contencioso-
administrativa, incluso respecto del precio.” (negrillas ajenas
al texto)
En ese orden de ideas, cuando un particular se ve
constreñido por el Estado a transferirle una porción de su
patrimonio por motivos de utilidad pública o de interés
social debidamente determinados por el legislador, tiene
derecho al pago de una indemnización de carácter
reparatorio y pleno, que comprenda tanto el valor del bien
expropiado, como el que corresponda a los demás
perjuicios que se le hubieren causado, tal como lo han
precisado en forma reiterada la H. Corte Constitucional y
el H. Consejo de Estado.
En ese mismo sentido, el artículo 17 de la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789,
establece de manera tajante y asertiva que “Siendo la
propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie podrá ser
privado de ella sino en caso evidente de necesidad pública,
debidamente justificada y previa una justa
indemnización.” (negrillas ajenas al texto)
El Pacto de San José de Costa Rica, relativo a los derechos
económicos y sociales, que por virtud de lo dispuesto en el
artículo 94 de la Constitución Política de 1991 forma parte
del llamado «bloque de constitucionalidad», prevé
igualmente en su artículo 21.2 el pago de una
indemnización previa y justa que cubra la totalidad de los
perjuicios que se deriven de la transferencia forzada de un
bien de dominio privado en favor del Estado. Lo anterior
significa que el valor que se determine con esa finalidad
debe ser comprensivo de todas las ablaciones
patrimoniales causadas, de tal suerte que las mismas sean
objeto de una reparación integral. Por lo mismo, en la
determinación del quantum indemnizatorio debe tenerse
especial cuidado en no rebasar, en uno u otro sentido, la
línea divisoria que marca las fronteras entre el
enriquecimiento y el menoscabo.
Como bien se puede observar, el principio general que
subyace en estas normas de rango superior, indica que los
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daños y perjuicios que se originen en el acto de autoridad
mediante el cual se decrete la incorporación al dominio
público de bienes de propiedad particular para satisfacer
con ellos una necesidad de interés general, presupone
necesariamente la obligación a cargo de la autoridad que
ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar plena y
previamente al afectado, con el propósito de restablecer el
equilibrio roto por la privación patrimonial a la cual es
sometido de manera forzada. En otras palabras, el hecho
de que en estos casos el interés general deba prevalecer
sobre los intereses privados, no significa en modo alguno
que por dicha circunstancia queden excluidas las garantías
que la Constitución reconoce en favor del propietario, pues
no puede pretenderse que éste deba asumir a título
personal un detrimento en su patrimonio, como
consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el
reparto de las cargas públicas.
Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la
transmisión imperativa de su derecho de dominio,
constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio
sea transferido a todos los miembros de la colectividad y
reparado de manera integral.
Partiendo de las anteriores consideraciones, La H. Corte
Constitucional, mediante sentencia C-153 de 1994 señaló
que el quantum de la expropiación debe abarcar, además
del valor del bien expropiado, el de “…los daños que sean
consecuencia directa e inmediata de la expropiación”. Y
agrega: “Por todo lo anterior, es evidente que la
indemnización prevista en el artículo 58 de la Constitución
es reparatoria y debe ser plena, ya que ella debe
comprender el daño emergente y el lucro cesante que
hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido
expropiado.” (Cursivas de la Corte). (…)
En esa misma línea de pensamiento, el destacado
administrativista argentino MANUEL MARÍA DÍEZ, señala que
“[…] la suma a pagar debe cubrir exactamente el daño que
se irrogue al propietario, sin que éste se empobrezca ni
enriquezca, en la medida que tal resultado pueda
razonablemente alcanzarse.” (negrillas ajenas al texto).
En sintonía con la anterior apreciación, el profesor RAFAEL
BIELSA comenta que “La reparación integral debe ser justa
y razonable” y continúa diciendo, “… «el justiprecio» es el
que representa y restablece el equilibrio, no, desde luego,
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nominalmente, sino realmente, efectivamente.” (negrillas
ajenas al texto)
Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la
decisión de expropiar un bien del dominio privado
comporta necesariamente la obligación de indemnizar el
daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin
pecar por exceso o por defecto, pues es claro que una
indemnización que exceda los límites de lo justo, o que
resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de
justicia consagrado por el constituyente.
Así las cosas, toda indemnización que se torne írrita o
injusta ocasiona un menoscabo o desmedro económico al
patrimonio de la persona afectada con la expropiación, a
quien le asiste el derecho subjetivo de ser indemnizada
conforme a la garantía constitucional ya mencionada. En
caso contrario, el asunto podrá ser objeto de acción
contencioso-administrativa, puesto que ésta es procedente
respecto del precio, cuando el expropiado considere
incumplido el mandato de que la indemnización sea justa y
plena. […].”
Ahora bien, para cumplir con los fines de la indemnización en los
términos anotados, la autoridad cuenta con mecanismos legales
que le permitan fijar el precio indemnizatorio y las condiciones para
el pago de este. Así se desprende de lo consignado en el artículo
61 de la Ley 388, que es del siguiente tenor:
“[…] El precio de adquisición será igual al valor
comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos
privados inscritos en las lonjas o asociaciones
correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley
2150 de 1995, de conformidad con las normas y
procedimientos establecidos en el decreto reglamentario
especial que sobre avalúos expida el gobierno. El valor
comercial se determinará teniendo en cuenta la
reglamentación urbanística municipal o distrital
vigente al momento de la oferta de compra en relación
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con el inmueble a adquirir, y en particular con su
destinación económica.
La forma de pago del precio de adquisición podrá ser en
dinero o en especie, en títulos valores, derechos de
construcción y desarrollo, derechos de participación en el
proyecto a desarrollar o permuta. […]” (Destacado fuera de
texto).
El artículo en cita permite diferenciar el llamado precio de
adquisición del precio indemnizatorio. Mientras el primero se
refiere al valor del inmueble que se establece conforme el avalúo que
para dichos efectos realice la entidad correspondiente, el segundo,
además de comprender aquel, contiene el daño emergente y el
lucro cesante, así como los demás perjuicios que merezcan ser
reparados para garantizar una indemnización plena.
En consecuencia, el avalúo determina el precio de adquisición, de
manera que si este no cumple con los requisitos legales que permitan
inferir que el valor otorgado fue el resultado de un estudio técnico
apropiado, el precio indemnizatorio se verá necesariamente
afectado23.
V.4.2. Resolución del caso concreto
23
Ver sentencia de 30 de mayo de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 50001-23-31-000-2011-
00564-01).
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Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda, mediante la cual se pretendía
la declaratoria de nulidad de los actos administrativos que ordenaron
la expropiación por vía administrativa y la consecuente modificación
del precio indemnizatorio fijado.
. Sobre el problema jurídico y el alcance del debate en
torno a la presunta ilegalidad de los actos administrativos
demandados
Del análisis integral del recurso de apelación, la Sala advierte que
uno de los motivos de inconformidad del recurrente se circunscribió
a cuestionar la forma en que el Tribunal delimitó el problema jurídico
objeto de decisión en la sentencia de primera instancia, al estimar
que el a quo no encuadró adecuadamente el núcleo de la
controversia.
En ese sentido, el apelante sostuvo que el Tribunal debió formular
el problema jurídico en términos de establecer si el precio fijado en
el avalúo comercial practicado dentro del trámite de expropiación
correspondía al valor real del inmueble debido a las falencias
atribuidas al avalúo oficial y con ello, establecer si con la expedición
de los actos demandados se configuraba la vulneración del derecho
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de propiedad, del debido proceso y del principio de reparación
integral.
Frente a ese reparo, la Sala considera que no le asiste razón al
apelante, habida cuenta que el problema jurídico debía guardar
correspondencia con la naturaleza del medio de control promovido,
con las pretensiones de la demanda, con los cargos de nulidad
formulados y con la fijación del litigio, todo lo cual imponía al juez de
primera instancia encuadrar el debate en el examen de legalidad de
los actos administrativos acusados, así como de los avalúos oficiales
que les servían de fundamento.
Precisamente, en la sentencia cuestionada, se observa que el a quo
delimitó el problema jurídico en los siguientes términos:
«[…] 21.- Corresponde a la Sala de Decisión determinar si,
¿Los avalúos oficiales que hacen parte integral de los actos
acusados de expropiación del predio ubicado en la Calle 129
No? 91 - 16 de Bogotá, identificado con folio de matrícula
inmobiliaria 50N-20260435 de propiedad del señor José
Virgilio Bogoya-demandante- se ajusta a lo dispuesto en la
Resolución No. 620 de 2008 sobre la elaboración de avalúos
y el método para calcular el precio comercial del inmueble
expropiado? […]».
En ese orden, si bien es cierto que el problema jurídico no fue
formulado por el Tribunal en los términos propuestos por la parte
recurrente, tal circunstancia no implica que se hubiese omitido el
estudio del núcleo sustancial de la controversia, por el contrario, al
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centrar el análisis en establecer si los avalúos oficiales que sirvieron
de fundamento a los actos administrativos acusados se ajustaban a
la normativa aplicable a su elaboración y a la metodología empleada
para la determinación del valor comercial del bien expropiado, el a
quo asumió, desde la perspectiva propia del control jurisdiccional de
legalidad, el examen del eje central de la inconformidad planteada
por la parte actora.
En efecto, la Sala observa que, pese a que el problema jurídico no
se enunció expresamente en función de determinar si el precio
fijado correspondía o no al valor real del inmueble, el examen de
la legalidad de los actos administrativos demandados
necesariamente comprendía la verificación de si el precio
indemnizatorio allí establecido había sido fijado con sujeción al
marco normativo aplicable.
Así las cosas, la revisión de si los avalúos oficiales se ajustaban a
las disposiciones técnicas y jurídicas que regulaban su elaboración
constituía el presupuesto necesario para determinar si la fijación
del valor comercial del inmueble y, por ende, del precio
indemnizatorio reconocido en sede administrativa, se ajustaba o
no al ordenamiento jurídico.
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En ese contexto, aun cuando el problema jurídico formulado por el
Tribunal se estructuró en torno a la legalidad de las resoluciones
mediante las cuales se dispuso la expropiación por vía administrativa
y se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra dicha
decisión, lo cierto es que el control de legalidad de esos actos
comprendía necesariamente el análisis de si el precio indemnizatorio
fijado en sede administrativa se ajustó al ordenamiento jurídico
aplicable, esto es, a la Ley 388 de 1997, a las disposiciones que
regulan la actividad valuatoria y a los parámetros constitucionales
previstos en el artículo 58 de la Constitución Política, conforme a los
cuales la expropiación debe estar acompañada de una indemnización
previa y justa.
En ese sentido, conviene señalar que el artículo 71 de la Ley 388 de
1997 dispone que contra la decisión de expropiación por vía
administrativa procede la acción especial contencioso administrativa,
mecanismo a través del cual puede cuestionarse, entre otros
aspectos, el precio indemnizatorio reconocido, lo que confirma que
este aspecto no es ajeno al juicio de legalidad del acto, sino uno de
los extremos que pueden ser objeto de control judicial. En efecto el
artículo 71 de la Ley 388 establece:
«[…] ARTÍCULO 71.-
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Proceso contencioso administrativo.
Contra la decisión de expropiación por vía administrativa
procede acción especial contencioso-administrativa con el
fin de obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho
lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio
reconocido, la cual deberá interponerse dentro de los cuatro
meses calendario siguientes a la ejecutoria de la respectiva
decisión. El proceso a que da lugar dicha acción se someterá
a las siguientes reglas particulares: […]».
Del examen de la sentencia de primera instancia se advierte que el
Tribunal no se limitó a efectuar un análisis meramente formal de la
legalidad de las resoluciones demandadas, sino que abordó de
manera expresa el estudio del precio indemnizatorio fijado en los
actos de expropiación, integrándolo al juicio de legalidad propio del
medio de control ejercido.
En esa medida, el análisis del precio indemnizatorio no constituye un
asunto ajeno o autónomo frente al juicio de legalidad de los actos
administrativos demandados, sino un elemento estructural del
mismo, dado que la determinación del valor constituye uno de los
contenidos esenciales del acto expropiatorio. Así lo expuso la Corte
Constitucional en Sentencia C-474 de 2023:
«[…] 61. Es importante resaltar que contra el acto
administrativo que decide la expropiación procede el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, escenario en el
cual se podrán controvertir tanto los fundamentos que
sustentan la enajenación forzada como el precio
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indemnizatorio reconocido[45] […]».
En ese sentido, la Corte Constitucional precisó que contra el acto
administrativo que ordena la expropiación por vía administrativa
procede el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho y que, en ese escenario, es posible controvertir tanto los
fundamentos que sustentan la enajenación forzada como el precio
indemnizatorio reconocido, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 71 de la Ley 388 de 1997.
Significa lo precedente que el precio indemnizatorio no constituye
un aspecto independiente o desligado del acto expropiatorio, sino
un elemento estructural de su contenido, cuya determinación
incide directamente en su validez jurídica. En consecuencia, su
examen debe efectuarse dentro del mismo juicio de legalidad del
acto administrativo que lo incorpora, sin que ello implique alterar
la naturaleza del medio de control ejercido ni desbordar el objeto
del proceso.
En efecto, esta Sección, mediante sentencia de 9 de julio de 2020 24
precisó que el acto que ordena la expropiación es el susceptible de
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de julio
de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 25000-23-24-000-2011-00664-
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control judicial cuando el objeto de controversia incluye el precio
indemnizatorio, lo que implica que el precio indemnizatorio se
examina en el contexto del acto que lo contiene, y no como un
asunto totalmente aislado del juicio de legalidad del acto principal,
así:
«[…] 80. Visto el artículo 71 de la Ley 388, contra la
decisión de expropiación por vía administrativa procede la
acción especial contencioso administrativa con el fin de
obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho
lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio
reconocido.
81. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante
sentencia proferida el 11 de diciembre de 2015, reiteró que
procede únicamente la acción especial contenciosa
administrativa contra el acto administrativo que decide la
expropiación, al tenor de lo dispuesto en el artículo 71 de la
Ley 388 de 1997, y que esa última decisión y la oferta de
compra no constituyen un acto administrativo complejo;
asimismo, en relación con los actos por medio de los cuales se
declaran los motivos de utilidad pública o de interés social,
rectificó “[…] el criterio que sostiene que ellos dentro del
proceso expropiatorio sólo cumplen una función preparatoria
en la expedición de los actos que finalmente ordenan la
expropiación, dado que lo mismos sí crean una situación
jurídica particular y concreta [45] […]».
Igualmente, revisada la sentencia de primera instancia se advierte
que no le asistió razón a la parte recurrente al afirmar que la misma
omitió pronunciarse en debida forma sobre el valor indemnizatorio,
pues del análisis integral de la misma se advierte que el a quo no se
limitó a un examen formal de los actos acusados, sino que analizó
expresamente el avalúo oficial que sirvió de fundamento al precio
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indemnizatorio, integrando dicho estudio al juicio de legalidad del
acto expropiatorio.
Ello se acompasa con lo previsto en los artículos 68 y 71 de la Ley
388 de 1997 y con la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la
Corte Constitucional, según la cual el acto que ordena la expropiación
es el único susceptible de control judicial y debe contener, como
elemento esencial, el valor del precio indemnizatorio y su forma de
pago, de modo que su corrección puede y debe examinarse dentro
del mismo proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que
ello implique escindir el análisis del precio indemnizatorio respecto
del examen de legalidad del acto que lo incorpora.
Así las cosas, no prospera este cargo, teniendo en cuenta que, como
se explicó en precedencia, el análisis del valor indemnizatorio no
constituye un asunto autónomo ni ajeno al proceso, sino un
componente estructural del examen de legalidad del acto, razón por
la cual no era necesario reformular el problema jurídico en los
términos propuestos por los recurrentes para que el debate sobre la
justicia del precio fuera abordado de fondo.
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. Sobre el cuestionamiento formulado frente a los errores
e irregularidades del avalúo que sirvió de base a la
expropiación y el valor indemnizatorio
La parte apelante cuestionó que el Tribunal hubiese tenido por válido
el avalúo aportado por el IDU como sustento del precio
indemnizatorio y que lo hubiera considerado ajustado a los métodos
de comparación o mercado y de costo de reposición, pese a que, a
su juicio, los afectados no contaron con una posibilidad real y efectiva
de intervención en su determinación y, además, tampoco se efectuó
un examen integral de los medios de prueba. Asimismo, reprochó
que se hubiera afirmado que el avalúo elaborado por SARMIENTO
& OSORIO SOLUCIONES INMOBILIARIAS, allegado por ella con
la demanda, no satisfacía los lineamientos técnicos previstos en el
artículo 10 de la Resolución 620 de 2008.
Al respecto, cabe mencionar que el Avalúo oficial núm. 2014-
3007 de 29 de diciembre de 2014, elaborado por la UAECD,
respecto del inmueble ubicado en la CL 129 núm. 91-16 de Bogotá
D.C., en el cual se fijó el valor total de la indemnización por concepto
del terreno en $93.226.000, indicó que la valoración se efectuó
mediante la aplicación del método de comparación o de mercado, en
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Posteriormente, fue tenido en cuenta el daño emergente y el avalúo
de la construcción, los cuales fueron tasados en el Informe Técnico
Avalúo Comercial núm. 2015-0219 de 29 de abril de 2015, el
cual arrojó un valor total del avalúo por $151.368.749 y, contrario a
lo afirmado por el demandante, sí se identificó el predio objeto de
expropiación, el tipo de inmueble, su destinación, la delimitación del
sector, su uso mixto y la actividad predominante, entre otros, de la
siguiente manera:
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Verificado el avalúo oficial núm. 2015-0219, la Sala advierte que
contrario a lo afirmado por el recurrente, la UAECD sí consignó en
dicho informe los elementos de identificación del inmueble y del
estudio técnico adelantado, pues precisó que se trataba de un
“Informe Técnico Avalúo Comercial No. 2015-0219”, correspondiente
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al registro topográfico RT 44163, respecto del inmueble ubicado en
la dirección CL 129 # 91 16, identificado con CHIP AAA0129BALF,
matrícula inmobiliaria 50N-20260435 y tipo de inmueble “Casa Uso
Mixto”. Asimismo, en el documento se dejó constancia de que su
objeto comprendía la valoración de la construcción y de la
indemnización, y en el resumen final se indicó que el avalúo del
terreno fue estimado mediante el método de mercado o de
comparación a través del avalúo núm. 2014-3007 y de la
construcción mediante el método de reposición, por el avalúo núm.
2015-0219.
De igual manera, el informe técnico describió las características
físicas del inmueble, al señalar que este tenía la siguiente
distribución: en el primer piso, “un local amplio con dos baños
(hombres y mujeres)”, y en el segundo piso, “dos habitaciones, una
cocina, un baño y una enramada”. También precisó que, en general,
la edificación estaba construida con estructura en concreto —vigas y
columnas—, muros en ladrillo con cubrimiento de pañete, piso en
cemento afinado, cubierta en teja de asbesto cemento y puertas
internas y externas en lámina metálica, y consignó el estado de
conservación como “malo”. Del mismo modo, relacionó el área
construida según su fuente, así: 41,42 m² de vivienda en segundo
piso placa, 59,99 m² de local en primer piso placa, 6,96 m² de
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enramada, 2,79 m² de placa volada y 7,72 ml de muro antepecho.
Además, dejó registrado que, de acuerdo con la base de datos de la
UAECD contrastada con los propietarios del predio, el inmueble tenía
aproximadamente 15 años de construido.
Ahora bien, en lo que atañe a la metodología aplicada, el avalúo
oficial indicó lo siguiente:
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Como se puso de presente anteriormente, se evidencia que el avalúo
oficial núm. 2014-3007 aplicó el método de comparación o de
mercado, con la finalidad de establecer el valor de terreno, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 1º de la Resolución núm.
620 de 2008, mientras que, para fijar el valor de la construcción el
avalúo núm. 2015-0219, acudió al método de costo de reposición,
previsto en el artículo 3º ibidem. Dichas disposiciones prevén lo
siguiente:
“[…] ARTÍCULO 1o. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Es la técnica valuatoria que busca establecer el
valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o
transacciones recientes, de bienes semejantes y
comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o
transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e
interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial.
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[…]
ARTÍCULO 3o. MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN. Es
el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de
avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a
precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y
restarle la depreciación acumulada. Al valor así obtenido se
le debe adicionar el valor correspondiente al terreno. Para
ello se utilizará la siguiente fórmula:
Vc = {Ct – D} + Vt
En donde:
Vc = Valor comercial
Ct = Costo total de la construcción
D = Depreciación
Vt = Valor del terreno
PARÁGRAFO. Depreciación. Es la porción de la vida útil que
en términos económicos se debe descontar al inmueble por
el tiempo de uso, toda vez que se debe avaluar la vida
remanente del bien.
Existen varios sistemas para estimar la depreciación, siendo
el más conocido el Lineal, el cual se aplicará en el caso de las
maquinarias adheridas al inmueble. Para la depreciación de
las construcciones se deben emplear modelos continuos y no
los discontinuos o en escalera. Deberá adoptarse un
sistema que tenga en cuenta la edad y el estado de
conservación, tal como lo establece Fitto y Corvini, para
lo cual se presentan las ecuaciones resultantes del ajuste
para los estados 1, 2, 3 y 4. (Ver Capítulo VII De las Fórmulas
Estadísticas) […]” (Destacado fuera de texto).
Al respecto, se observa que los artículos 10 y 13 de la Resolución
núm. 620 de 2008, sobre la aplicación del método de comparación o
de mercado y de reposición, establecen lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 10. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Cuando para la realización del avalúo se acuda a
información de ofertas y/o transacciones, es necesario que
en la presentación del avalúo se haga mención explícita del
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medio del cual se obtuvo la información y la fecha de
publicación, además de otros factores que permitan su
identificación posterior.
Para los inmuebles no sujetos al régimen de propiedad
horizontal, el valor del terreno y la construcción deben ser
analizados en forma independiente para cada uno de los
datos obtenidos con sus correspondientes áreas y valores
unitarios. Para los inmuebles sujetos al régimen de propiedad
horizontal se debe presentar el valor por metro cuadrado de
área privada de construcción.
Se debe verificar que los datos de áreas de terreno y
construcción sean coherentes.
En los eventos en que sea posible, se deben tomar fotografías
de los predios en oferta o de los que se ha obtenido datos de
transacción para facilitar su posterior análisis.
[…]
ARTÍCULO 13. MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN. En
desarrollo de este método se debe entender por costo total
de la construcción la suma de los costos directos, costos
indirectos, los financieros y los de gerencia del proyecto, en
que debe incurrirse para la realización de la obra. Después
de calculados los volúmenes y unidades requeridos para la
construcción, se debe tener especial atención con los costos
propios del sitio donde se localiza el inmueble.
Al valor definido como costo total se le debe aplicar la
depreciación.
PARÁGRAFO 1o. Este método se debe usar en caso de que
el bien objeto de avalúo no cuente con bienes comparables
por su naturaleza (colegios, hospitales, estadios, etc.) o por
la inexistencia de datos de mercado (ofertas o transacciones)
y corresponda a una propiedad no sujeta al régimen de
propiedad horizontal.
PARÁGRAFO 2o. Para depreciar los equipos especiales que
posea el bien, se emplea el método lineal, tomando en cuenta
la vida remanente en proporción a la vida útil establecida por
el fabricante […]”.
Cabe mencionar que la UAECD para aplicar el método de
comparación o de mercado y determinar el valor comercial del
inmueble, para el terreno, cumplió con los requisitos técnicos
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previstos en el citado artículo 1º de la Resolución núm. 620 de 2008,
pues en el citado avalúo oficial núm. 2014-3007, señaló que tuvo en
cuenta las ofertas o transacciones recientes de bienes semejantes y
comparables al del predio objeto de expropiación, para la época del
avalúo25, relacionadas en la Tabla de estudio de mercado, como se
muestra a continuación:
A su turno, en el componente indemnizatorio, el avalúo oficial
discriminó el daño emergente en los siguientes rubros: gastos de
notariado y registro por valor de $2.815.057, gastos de desconexión
de servicios públicos por $262.932, gastos de desmonte, embalaje,
traslado y montaje de bienes muebles por $530.000 e impuesto
25
Folio 51 del índice 2 del expediente digital “SAMAI”.
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predial por $101.000, para un total de daño emergente de
$3.708.989. En ese mismo acápite, el documento registró el lucro
cesante en cuantía de $0, tanto por concepto de pérdida de utilidad
por renta como por pérdida de utilidad derivada de otras actividades
económicas. Finalmente, en el resumen del avalúo comercial se
consignó un valor del inmueble de $147.659.760, lucro cesante de
$0, daño emergente de $3.708.989 y un total de avalúo comercial
de $151.368.749, en los siguientes términos:
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En ese orden de ideas, la Sala observa que le asistió razón al Tribunal
al concluir que el avalúo oficial se sustentó en la aplicación de los
métodos de comparación o de mercado para la valoración del terreno
y de costo de reposición para la construcción, y que dicho estudio no
fue desvirtuado técnicamente por la parte actora dentro del proceso.
En efecto, el a quo puso de presente que no se logró infirmar el
avalúo oficial elaborado por la UAECD, el cual sirvió de fundamento
para la fijación del precio indemnizatorio del inmueble expropiado.
Lo anterior encuentra respaldo en los documentos valuatorios
obrantes en el expediente, los cuales dan cuenta de una metodología
diferenciada para cada uno de los componentes del precio
indemnizatorio, en tanto el Avalúo oficial núm. 2014-3007 sirvió de
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base para la determinación del valor del terreno mediante el método
de comparación o de mercado, mientras que el Avalúo oficial núm.
2015-0219 complementó dicho estudio con la valoración de la
construcción a través del método de costo de reposición y con la
liquidación del daño emergente, dejando consignado el lucro cesante
en cero, por lo cual, la Sala encuentra que el valor de resultado del
avalúo se estructuró a partir de la sumatoria del avalúo del terreno,
el avalúo de la construcción y los componentes indemnizatorios
reconocidos, en los montos anteriormente precisados.
Asimismo, el contenido conjunto del Avalúo Oficial núm. 2014-3007
y de su complementario núm. 2015-0219 permite constatar que la
UAECD consignó los datos de identificación del inmueble, la
descripción física y constructiva, las áreas edificadas, la antigüedad
aproximada de la construcción, el método técnico empleado para su
valoración, los valores unitarios adoptados y los componentes
reconocidos por concepto de daño emergente, así como el registro
del lucro cesante en cuantía de cero dentro del mismo informe.
En efecto, en lo concerniente a los valores consignados en el Avalúo
oficial núm. 2015-0219, se advierte que el resumen final registró un
valor del inmueble de $147.659.760, correspondiente al terreno y la
construcción; fijó el lucro cesante en $0; determinó el daño
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emergente en $3.708.989; y estableció un total de avalúo comercial
de $151.368.749 y a su turno, dentro del componente
indemnizatorio, discriminó por concepto de daño emergente las
sumas de $2.815.057 por gastos de notariado y registro, $262.932
por desconexión de servicios públicos, $530.000 por desmonte,
embalaje, traslado y montaje de bienes muebles, y $101.000 por
impuesto predial.
Igualmente, se observa que la UAECD, en el referido avalúo oficial
núm. 2015-0219, cumplió con los requisitos técnicos previstos en el
citado artículo 3º de la Resolución núm. 620 de 2008, toda vez que,
para aplicar el método de reposición y determinar el valor del
inmueble a partir del costo de construcción, tuvo en cuenta la
identificación plena del bien, la descripción física y detalle de la
construcción, su distribución interna, las áreas edificadas, la tipología
constructiva determinada por la UAECD, la antigüedad aproximada
de la edificación, -estimada en 15 años-, y los valores unitarios
adoptados para cada componente constructivo, pues el informe
consignó que se trataba de una casa de uso mixto ubicada en la Calle
129 # 91-16, con primer piso destinado a local amplio con dos baños
y segundo piso conformado por dos habitaciones, cocina, baño y
enramada; además, relacionó como áreas construidas 41,42 m² de
vivienda en segundo piso placa, 59,99 m² de local en primer piso
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placa, 6,96 m² de enramada, 2,79 m² de placa volada y 7,72 ml de
muro antepecho, y señaló que, para la valoración de la construcción,
aplicó el método de costo de reposición, adoptando valores de
$407.000 por metro cuadrado para la vivienda de dos pisos,
$607.000 por metro cuadrado para el local comercial y $39.000 por
metro cuadrado para la enramada, al paso que para el valor del
terreno remitió expresamente al avalúo comercial 2014-3007;
igualmente, el informe incorporó el componente indemnizatorio por
daño emergente, en el que discriminó gastos de notariado y registro,
desconexión de servicios públicos, desmonte, embalaje, traslado y
montaje de bienes muebles e impuesto predial, para un total de
$3.708.989, con lucro cesante registrado en cero, de manera que el
resumen final reportó un avalúo del inmueble por $147.659.760 y un
total de avalúo comercial de $151.368.749.
En ese orden, la Sala concluye que le asistió razón al Tribunal al
considerar que el avalúo oficial que sirvió de fundamento a la
actuación expropiatoria satisfizo, en lo sustancial, las exigencias
técnicas previstas en la Resolución 620 de 2008 del IGAC, en tanto
la valoración del inmueble no se realizó de manera global e
indiferenciada, sino a partir del análisis separado de sus
componentes de terreno y construcción, con sus correspondientes
áreas y valores unitarios.
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En efecto, la sentencia de primera instancia estableció que el avalúo
comercial 2014-3007 acudió al método de comparación o de mercado
para establecer el valor del terreno, mientras que el avalúo 2015-
0219 complementó dicho estudio mediante la aplicación del método
de costo de reposición para la construcción; a su vez, este último
informe precisó expresamente que el valor del terreno fue tomado
del avalúo 2014-3007 y que para la construcción se aplicó el método
de costo de reposición, con determinación diferenciada de valores
unitarios según la tipología constructiva identificada, al adoptar
$407.000 por metro cuadrado para la vivienda de dos pisos,
$607.000 por metro cuadrado para el local comercial y $39.000 por
metro cuadrado para la enramada.
Asimismo, el avalúo 2015-0219 consignó la identificación del bien,
su destinación, la descripción física y constructiva del inmueble, la
distribución interna, las áreas edificadas y la antigüedad aproximada
de la construcción, y reportó en el resumen final un avalúo del
inmueble por $147.659.760, daño emergente por $3.708.989 y un
total de avalúo comercial de $151.368.749.
De igual manera, aunque el a quo advirtió algunas falencias
metodológicas menores en el avalúo oficial, particularmente en la
descripción de los inmuebles utilizados para la homogeneización
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dentro del método de mercado, estimó que estas no tenían entidad
suficiente para alterar el resultado final, entre otras razones porque
el coeficiente de variación fue de 6,86 % y porque el demandante no
formuló un reproche técnico específico ni aportó prueba idónea que
desvirtuara de manera sustancial y directa las conclusiones y cálculos
del avalúo oficial. Por ello, al estar acreditado en el expediente que
la metodología valuatoria distinguió entre terreno y construcción y
que el avalúo oficial no fue técnicamente desvirtuado en el proceso,
la Sala concluye que el cargo de apelación orientado a cuestionar la
validez del avalúo oficial no tiene vocación de prosperidad.
Aunado a lo anterior, conforme se expuso en la sentencia
cuestionada, el avalúo oficial se encuentra amparado por la
presunción de legalidad, de manera que correspondía a la parte
actora desvirtuar fundadamente su corrección, carga que el a quo
estimó incumplida al concluir que “no se desvirtuó en su integridad
el avalúo oficial de la UAECD” y que el demandante no allegó un
medio técnico idóneo que permitiera evidenciar falencias con
incidencia sustancial y directa en la determinación del precio
indemnizatorio.
Frente al particular, resulta oportuno precisar que se presume la
legalidad del acto administrativo que incorporó el avalúo oficial, aun
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cuando en el informe técnico no se precisen las operaciones
inmobiliarias o los avalúos recientes que se tuvieron en
cuenta para hacer la comparación o la forma como fueron
calculados los valores correspondientes, conforme lo sostuvo la
Sala en la sentencia de 19 de abril de 202126, en la que, al efecto,
discurrió:
“[...] 68. En esa línea, se observa que estos avalúos más allá
de controvertir o desvirtuar la presunción de legalidad del
avalúo AV-466-07-36549-IDU realizado por la Lonja
Inmobiliaria de Bogotá sobre el cual se sustentó la expedición
de los actos demandados, presentan características
generales correspondientes a cualquier avalúo; razón por la
cual no le asiste razón al accionante cuando indica que el a
quo no tomó en cuenta estos avalúos, puesto que los mismos
no controvierten ni aportan pruebas sobre las cuales se
pueda determinar que el avalúo comercial realizado por la
Lonja Inmobiliaria de Bogotá es errado y no se encuentra
ajustado a las normas sobre avalúos., valga decir, no
desvirtúa la presunción de legalidad que los cobija.
69. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo
de Estado ha indicado que se presume la legalidad del
acto administrativo que incorporó el avalúo oficial, aun
cuando en el informe técnico no se precisan las
operaciones o la forma como fueron calculados los
valores correspondientes, por ello la parte
demandante debe aportar las pruebas para demostrar
los errores de este. En este contexto, esta Sección,
mediante sentencia proferida el 6 de febrero de 2020, expuso
lo siguiente:
“[…] La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca
de los avalúos comerciales practicados por las entidades
legalmente autorizadas, a efectos de fijar el valor de la
indemnización en los eventos de expropiación y ha concluido
que, aun cuando en el informe técnico no se precisen las
operaciones o la forma como fueron calculados los valores a
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril
de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2009-00232-
01.
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Actor: JOSÉ VIRGILIO BOGOYA MARTINEZ
partir de los cuales se obtuvo el precio indemnizatorio, en la
medida en que dicho precio hace parte del acto
administrativo mediante el cual se dispone la expropiación,
se presume ajustado o calculado conforme a la ley y, por
ende, corresponde al interesado desvirtuar tal presunción.
En efecto, en sentencia de 14 de mayo de 2009, la Sala,
sobre el particular, expresó lo siguiente:
“[…] Observa esta Corporación que si bien en el avalúo
elaborado por la Subsecretaría de Catastro Municipal,
obrante a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se
anuncia que el precio del inmueble establecido por la
administración se determinó como resultado de la
aplicación del “MÉTODO COMPARATIVO DE
MERCADO”, que “Consiste en deducir el precio por
comparación de transacciones, oferta y avalúos de
inmuebles similares o equiparables, previos ajustes de
tiempo, conformación y localización entre otros”, y
aunque se asegura que “Se han consultado las
estadísticas y avalúos recientes y la de varios
miembros afiliados a la Lonja de Propiedad Raíz de
Medellín S. A., sobre operaciones y avalúos efectuados
recientemente sobre inmuebles similares”, lo cierto es
que en ninguno de los apartes de dicho documento ni
en sus anexos se señalan cuáles fueron exactamente
las operaciones inmobiliarias o los avalúos recientes
que se tuvieron en cuenta para hacer la anunciada
comparación, lo cual permite concluir que contra el
justiprecio realizado por esa dependencia municipal cabrían
exactamente las mismas críticas que el apoderado del
Municipio demandado formula en su apelación contra el
dictamen rendido por la perito, pues ante la ausencia de la
mencionada información, el avalúo practicado por la
Subsecretaría de Catastro Municipal también estaría
desprovisto de argumentos técnicos y de apoyo
probatorio.
No obstante, lo anterior, al haberse incorporado dicho
valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las decisiones
de la administración, lo cual admite desde luego prueba en
contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga
de demostrar en el proceso que el avalúo oficial es
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equivocado, demostrando precisamente su
incorrección27 […].” (la Sala destaca) […]”28
74. Así las cosas, no es de recibo para esta Sala que los
argumentos que sustentan la incorrección del avalúo
realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., y
que sustentó la expedición de los actos
administrativos acusados, sea que no se indicó los
inmuebles con los cuales se realizó la comparación y
que al ser mayor el precio del avalúo comercial
determinado en los avalúos contratados por el
demandante, ello resulte suficiente para decretar la
nulidad parcial de estos [...].” (Destacado fuera de texto)
Sobre el particular, vale la pena destacar que en los procesos de
expropiación administrativa el avalúo comercial del inmueble
constituye el soporte técnico esencial para la determinación del
precio indemnizatorio que se consigna en el acto administrativo de
oferta de compra y en la resolución que dispone la expropiación.
Ahora bien, una vez dicho valor es incorporado en el acto
administrativo, opera en su favor la presunción de legalidad, razón
por la cual cuando el administrado pretende controvertirlo en sede
judicial le corresponde asumir la carga de la prueba, demostrando,
mediante elementos técnicos idóneos, que el avalúo oficial: i) adolece
de errores metodológicos, ii) se aparta de las normas técnicas que
27
Consejo de Estado. Sección primera. Sentencia de 14 de mayo de 2009, Expediente No. 2005-03509-
01. Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia Margoth
Peña Garzón; sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de
radicación:08001233100019971225601
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regulan la actividad valuatoria y iii) no refleja el valor comercial real
del bien objeto de expropiación.
En este punto, se advierte que la jurisprudencia de esta
Corporación29 ha sostenido que el precio indemnizatorio está
amparado por la presunción de legalidad al ser incorporado al acto
administrativo que ordena la expropiación y, por lo tanto, la parte
demandante tiene la carga de probar cuál es el error o la incorrección
del avalúo oficial, así:
“[…] al haberse incorporado dicho valor en el texto de los
actos administrativos demandados, debe entenderse que el
mismo se encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las decisiones de la
administración, lo cual admite desde luego prueba en
contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga de
demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado,
demostrando precisamente su incorrección […]”30.
De manera que la mera discrepancia subjetiva del expropiado frente
al valor asignado al inmueble, así como la aportación de elementos
probatorios desprovistos de sustento técnico suficiente, no resultan
idóneos para desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo oficial
que sirve de fundamento al precio indemnizatorio, por lo que
29
Sobre este asunto se puede consultar entre otras providencias: Consejo de Estado. Sección Primera.
Sentencia del 20 de febrero de 2020. Rad. 25000-23-24-000-2011-00115-01. C.P: Oswaldo Giraldo
López; Sentencia de 28 de abril de 2022, Rad. 05-001-2331-000-2010-0195901, C.P. Hernando
Sánchez Sánchez.
30
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 14 de mayo
de 2009. Rad. 05001-23-31-000-2005-03509-01. C.P.: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
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corresponde a la parte actora cumplir con la carga de demostrar
mediante prueba idónea, que el avalúo oficial adolece de errores, que
permitan desvirtuar la presunción de legalidad que lo ampara.
De ahí que deba distinguirse con claridad la habilitación del control
jurisdiccional contra el acto administrativo y la demostración de los
supuestos fácticos y técnicos que justifican su anulación y el
consecuente restablecimiento del derecho.
• Del avalúo elaborado por Sarmiento & Osorio Soluciones
Inmobiliarias
La Sala advierte que, para desvirtuar el anterior avalúo oficial, la
parte actora allegó con la demanda el avalúo comercial núm.
10.085/2016 de 29 de febrero de 2016, elaborado por SARMIENTO
& OSORIO SOLUCIONES Inmobiliarias, por la perito DIANA
PATRICIA OSORIO ABELLO, y que, a su juicio, debía ser tenido en
cuenta para la fijación del precio indemnizatorio. En dicho avalúo se
expuso lo siguiente:
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Ahora bien, de la revisión del proceso se advierte que la parte actora
aportó el referido avalúo comercial núm. 10.085/2016, elaborado por
la firma SARMIENTO & OSORIO SOLUCIONES INMOBILIARIAS,
en el que se determinó como valor comercial del inmueble la suma
de $263.544.620; sin embargo, no fue tenido como prueba por el
Tribunal31. Aunado a lo anterior, aunque en esa misma decisión se
decretó un dictamen pericial para suplir el debate técnico, la parte
31
Dicha decisión obedeció a que mediante providencia de 3 de agosto de 2023 el Tribunal determinó:
“[…] I.2. Referente al “AVALÚO COMERCIAL No. 10.085/2016” realizado por la firma de Soluciones
Inmobiliarias Sarmiento y Osorio, más exactamente por Diana Patricia Osorio Abello, en calidad de
perito avaluador y quien suscribió el peritaje, el Despacho de conocimiento, mediante auto proferido el
29 de abril de 2022, reiterado el 9 de junio del mismo año, ordenó oficiar al Registro Abierto de
Avaluadores (R.A.A.), para que certificara si la profesional se encontraba debidamente inscrita en el
registro para el 29 de febrero de 2016, fecha en la cual realizó el dictamen pericial.
En respuesta, el Gerente General SEED EM SAS, en calidad de operador del R.A.A., mediante escrito
remitido por correo el 2 de agosto de 20221, certificó que Diana Patricia Osorio Abello está inscrita y
activa desde el 7 de diciembre de 2021, con la anotación que de conformidad con lo dispuesto en la
Resolución 88634 de 2016 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio entró en operación
a partir del mes de diciembre de 2016.
Ahora, a efectos de determinar la conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba pericial aportada por
la parte demandante, es importante resaltar lo dispuesto en las normas que regulan la actividad de los
avaluadores en Colombia.
Conforme con lo certificado por el Registro Abierto de Avaluadores – R.A.A., la inscripción de los
profesionales en dicho registro entró en operación a partir del mes de diciembre de 2016, pero con
anterioridad, de acuerdo con el Decreto 1074 de 2015, vigente para la fecha en que se realizó el avalúo,
la lista era conformada por la Superintendencia de Industria y Comercio, prueba que no se aportó con
el dictamen. Así las cosas, el Despacho advierte que Diana Patricia Osorio Abello no cumplió con los
requisitos señalados por la normatividad que regulaba la materia, para que el dictamen rendido sea
tenido como prueba dentro del presente asunto.
En consecuencia, se NIEGA el decreto de la prueba pericial aportada por la parte actora […]”.
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actora incumplió la carga de allegar las hojas de vida requeridas,
motivo por el cual en la audiencia de pruebas de 25 de septiembre
de 2023 se prescindió de dicha experticia.
En contraste, en lo que respecta al avalúo oficial que sirvió de
fundamento a la expropiación, se advierte que el avalúo núm. 2014-
3007 acudió al método de comparación o de mercado para establecer
el valor del terreno y que el avalúo núm. 2015-0219 complementó
dicho estudio mediante la aplicación del método de costo de
reposición para la construcción, reportando en el resumen final un
avalúo del inmueble de $147.659.760, daño emergente por
$3.708.989 y un total de avalúo comercial de $151.368.749,
metodología que fue corroborada en el proceso por el testimonio de
NÉSTOR ANDRÉS VILLALOBOS CARO, contratista de la Dirección
Técnica de Predios del IDU, quien manifestó haber revisado el avalúo
oficial y verificado las metodologías valuatorias, así como la
existencia de soportes para el valor comercial del terreno y de la
construcción, lo cual, le permitió concluir que dicho avalúo contenía
el justiprecio del inmueble.
Asimismo, el testigo técnico solicitado por la UAECD, señor JHON
JAIRO DAZA GARCÍA indicó haber realizado personalmente el
avalúo de la construcción y de la indemnización en el año 2015 y
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corroboró que el avalúo contenía los elementos técnicos que sirvieron
de fundamento para la determinación del justiprecio del inmueble.
En ese contexto, le asistió razón al Tribunal al concluir que no se
desvirtuó en su integridad el avalúo oficial de la UAECD, habida
cuenta que el demandante no aportó prueba técnica idónea que
demostrara falencias con incidencia sustancial y directa en las
conclusiones y cálculos del precio.
Además, la Sala debe destacar que, en el presente asunto, el avalúo
comercial núm. 10.085/2016, elaborado por la firma SARMIENTO &
OSORIO SOLUCIONES INMOBILIARIAS y allegado por la parte
actora, utilizó el método de reposición para obtener el valor total del
inmueble en el que fijó un valor comercial global para el inmueble
incluyendo terreno y construcción por la suma de $263.544.620;
entretanto, en el avalúo oficial que sirvió de fundamento a la
actuación expropiatoria se observa una metodología diferenciada
para cada uno de esos componentes, pues, el avalúo núm. 2014-
3007 acudió al método de comparación o de mercado para establecer
el valor del terreno y el avalúo 2015-0219 complementó dicho
estudio mediante la aplicación del método de costo de reposición
para determinar el valor de la construcción, dejando expresamente
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consignados sus correspondientes valores unitarios según la tipología
constructiva identificada.
Lo anterior pone de manifiesto que, mientras en el avalúo oficial la
determinación del valor total del inmueble se estructuró a partir de
la separación metodológica entre terreno y construcción, con sus
respectivas áreas y valores unitarios, el avalúo elaborado por
SARMIENTO & OSORIO SOLUCIONES INMOBILIARIAS, para el
cálculo del valor total del inmueble no utilizó los métodos utilizados
en el avalúo oficial, de la misma forma, como lo adujo la parte
apelante y, además, reportó un valor global del inmueble, sin que
pueda tenerse por acreditado en este asunto, con eficacia probatoria,
un esquema metodológico equiparable al expresamente
documentado en los avalúos oficiales.
Cabe mencionar que no se podía acudir a métodos diferentes a los
utilizados por el avalúo oficial, en la medida en que el precio final
podía resultar diferente, dadas las particularidades y lineamientos
que se deben seguir en cada método valuatorio.
De modo que, para controvertir el avalúo oficial practicado a partir
de la metodología de comparación o mercado y de reposición, lo
procedente era que el nuevo cálculo fuera hecho aplicando los
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Actor: JOSÉ VIRGILIO BOGOYA MARTINEZ
mismos sistemas técnicos que permitieran el análisis de la posible
diferencia de precio entre el avalúo oficial y el avalúo allegado por la
parte actora, esto es, aplicando el método de comparación o de
mercado, con la finalidad de establecer el valor de terreno, y el
método de costo de reposición, para fijar el valor de la construcción.
Sobre la realización de un nuevo avalúo, en el que se apliquen
métodos valuatorios diferentes al utilizado en el avalúo oficial, en
sentencia de 19 de abril de 202132, esta Sección señaló que para
desvirtuar el avalúo oficial no se puede tener en cuenta un avalúo en
el que se haya utilizado un método distinto al del avalúo oficial, en la
medida en que el precio final puede resultar diferente dadas las
particularidades y lineamientos que se deben seguir en cada método
valuatorio.
Así lo indicó esta Sala:
“[…] La parte demandante en su recurso de alzada, aduce
que el tribunal en primera instancia debió ponderar que si
bien en la demanda se pidió la realización de un nuevo avalúo
dando aplicación al método comparativo, el perito no tenía
otra alternativa distinta a la de aplicar el método de
capitalización de rentas y no el comparativo, dada la
imposibilidad de acceder al inmueble expropiado y a los
demás inmuebles vecinos, ya que a la fecha en la que se
realizó el dictamen, los inmuebles ya habían sido totalmente
demolidos.
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril
de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2009-00232-
01.
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Actor: JOSÉ VIRGILIO BOGOYA MARTINEZ
[…] La Sala observa que el avalúo rendido en primera
instancia no podía ser tomado en cuenta, en razón que
se utilizó un método distinto al de comparación y que
las especificaciones y criterios contenidos en este,
difieren de aquel utilizado por la Lonja Inmobiliaria de
Bogotá mediante avalúo No. AV-466-07-36549 IDU
04-07 del 27 de diciembre de 2007, en la medida en
que el precio final puede resultar diferente dadas las
particularidades y lineamientos que se deben seguir en
cada método valuatorio. […]” (Destacado fuera de texto).
De igual forma, se evidencia que, en efecto, el avalúo aportado con
la demanda, elaborado por SARMIENTO & OSORIO SOLUCIONES
INMOBILIARIAS, determinó las características del inmueble objeto
de expropiación, tales como su ubicación, topografía, el estado de
aprovechamiento, su uso, las vías de acceso, las características
relevantes del sector, el potencial de explotación, los materiales y
acabados de construcción, estado de conservación.
Sin embargo, en el referido avalúo no existió claridad en cuanto a la
forma como se obtuvieron dichos valores, ni se dio una explicación
técnica sobre la forma como fueron calculados esos valores, ni se
expusieron las operaciones aritméticas o el procedimiento de cálculo
empleado para establecer dichos valores, lo cual impide verificar la
coherencia interna del dictamen y la razonabilidad de sus
conclusiones económicas.
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Dicho avalúo tampoco aportó elementos probatorios, que permitieran
constatar la veracidad de las cifras expuestas, la necesaria relación
de causalidad que debe existir ente la suma cuyo reconocimiento se
procura y la medida expropiatoria, que conduzca a demostrar la
corrección del justiprecio que se hace en este avalúo y que entraña,
obviamente, la incorreción del avalúo oficial.
Por lo tanto, la Sala considera que el avalúo realizado por la
mencionada Perito DIANA PATRICIA OSORIO ABELLO, de
SARMIENTO & OSORIO SOLUCIONES INMOBILIARIAS,
evidencia que el mismo está desprovisto de la suficiente
fundamentación fáctica y probatoria que permita corroborar la
corrección y certeza de sus dichos, esto es, que respalde los valores
señalados en el mismo para obtener el valor del inmueble, objeto de
expropiación, pues, conforme se indicó anteriormente, no existió
claridad en cuanto a la forma como se obtuvieron los valores
indicados en el mismo, y aplicó un método valuatorio para obtener el
valor total del inmueble expropiado diferente a los utilizados en el
avalúo oficial.
Además, el referido avalúo tampoco dio cuenta de las razones de
orden fáctico y probatorio que permitan descartar los valores de los
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precios indemnizatorios del bien expropiado, o que demuestren el
error en el que incurrió la Administración al fijar el monto específico
establecido en el avalúo oficial y que fue acogido en las resoluciones
demandadas.
Dicho avalúo se limitó a señalar de forma autónoma un nuevo y
mayor valor comercial para el bien expropiado, pero no estuvo
encaminado a desvirtuar el resultado al que llegó la UAECD, en el
avalúo oficial.
Lo anterior, debido a que en este avalúo no se incluyeron argumentos
que permitieran determinar si el avalúo oficial, que sirvió de
fundamento a las resoluciones acusadas, si se realizó de forma
contraria a la ley, o si incurrió en yerros que propiciaron un valor de
precio comercial del predio que no se ajustaba a la realidad, ni
mencionó de qué modo éste incurrió en fallas o pasó por alto algún
parámetro legal.
Frente a este asunto, cabe mencionar que la Sección Primera en
sentencia de 14 de septiembre de 202033, señaló que se debe
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
septiembre de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 05001-2331-000-2007-
00419-01.
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2017-00559-02
Actor: JOSÉ VIRGILIO BOGOYA MARTINEZ
convencer al juez del error en el que ha incurrido la Administración
al fijar un monto específico para la indemnización.
Asimismo, precisó que el justo precio de la indemnización
expropiatoria se encuentra amparado por la presunción de legalidad
del acto administrativo que lo acoge; lo que significa que el avalúo
técnico brinda soporte legal y fáctico al acto administrativo que
ordena la expropiación, por lo que deberá ser desvirtuado a través
de los medios de prueba establecidos en el ordenamiento jurídico.
Así, discurrió la Sala:
“[…] Al respecto, la Sala reitera que la carga de atacar la
presunción de legalidad y veracidad de que goza el avalúo
utilizado por la administración recae sobre el demandante.
Para lo cual, no será suficiente señalar y atacar los
métodos que se utilizaron, sino que se debe convencer
al juez del error en el que ha incurrido la
Administración al fijar un monto específico para la
indemnización.
Esta Corporación ya se ha pronunciado en repetidas
ocasiones, en el sentido de establecer que el justo precio
de la indemnización expropiatoria se encuentra
amparado por la presunción de legalidad del acto
administrativo que lo acoge; lo que significa que el
avalúo técnico brinda soporte legal y fáctico al acto
administrativo que ordena la expropiación, por lo que
deberá ser desvirtuado a través de los medios de
prueba establecidos en el ordenamiento jurídico.
“Por esa misma razón ha de concluirse que el actor tampoco
logró desvirtuar la presunción de legalidad que cobija los
actos administrativos demandados que acogieron ese
justiprecio, pues al no obrar en el expediente ningún medio
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2017-00559-02
Actor: JOSÉ VIRGILIO BOGOYA MARTINEZ
de prueba que permita demostrar que el avalúo fijado por la
administración fuese incorrecto, no hay ninguna razón para
decretar la nulidad parcial deprecada por el actor en lo
relativo al precio indemnizatorio.” 34[…]” (Destacado fuera de
texto).
En tal sentido, para la Sala, es claro que, en este caso, correspondía
a la parte demandante probar que el valor comercial del inmueble
calculado por la UAECD no estaba ajustado a los parámetros y
criterios dispuestos en el Decreto 1420 y que, por tanto, no
indemnizaba de manera justa y plena los perjuicios causados con la
expropiación, en cuanto al valor del inmueble se refiere.
Así las cosas, el avalúo aportado con la demanda no presenta ningún
razonamiento que soporte la determinación del justiprecio que
permita desvirtuar el precio indemnizatorio fijado por la entidad
demandada mediante avalúo oficial. En este punto, la Sala recuerda
que, en reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha sostenido que
el justo precio de la indemnización expropiatoria se encuentra
amparado por la presunción de legalidad, ello considerando que el
avalúo técnico brinda soporte legal y fáctico al acto administrativo
que ordena la expropiación, razón por la cual debe ser desvirtuado a
34
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 14 de mayo
de 2009. Radicación: 05001-23-31-000-2005-03509-01. Magistrado Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont
Pianeta. Actor: Walter de Jesús Osorio Ciro.
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través de los diferentes medios de prueba establecidos en el
ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió en el caso sub lite.
En ese entendido, la Sala advierte que efectivamente le asistió razón
al TRIBUNAL, al concluir que el avalúo allegado por la parte actora
se realizó de forma inapropiada, motivo por el cual no podía ser
tenido en cuenta para desvirtuar la legalidad del precio
indemnizatorio establecido en los actos demandados.
. - Sobre la ausencia de valoración integral del acervo
probatorio
La Sala advierte que otro de los ejes de inconformidad del recurso de
apelación se dirigió a sostener que el Tribunal no efectuó una
valoración integral del material probatorio obrante en el expediente,
pues, según la parte recurrente, sustentó su decisión principalmente
en lo consignado en los actos administrativos demandados y en el
avalúo oficial, sin examinar las pruebas allegadas al proceso ni las
objeciones que formuló frente al precio indemnizatorio reconocido,
por lo cual, reprochó que la conclusión del a quo, en el sentido de no
hallarse acreditada la violación de normas superiores y legales, no se
acompasaba con el acervo documental y técnico incorporado al
expediente.
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Al respecto, la Sala estima necesario precisar que no le asiste razón
al recurrente cuando sostiene que la sentencia de primera instancia
da cuenta de que el Tribunal limitó su examen a una lectura aislada
de los actos acusados, sino que, por el contrario, elaboró el marco
fáctico del litigio, precisó el contenido de la demanda, reseñó la
oposición formulada por el IDU y la UAECD, incorporó el análisis del
marco normativo aplicable a la expropiación administrativa como a
la actividad valuatoria, y, además, examinó de manera concreta los
medios de convicción relevantes para resolver la controversia, entre
ellos los avalúos oficiales, el avalúo aportado por la parte
demandante, la providencia que negó valor probatorio a este último,
la imposibilidad de practicar el dictamen pericial decretado en el
proceso y los testimonios técnicos recaudados en la actuación. En
efecto, en la sentencia cuestionada se precisó:
“[…] 60.- Respecto de los anteriores testimonios técnicos, la
Sala estima que su dicho no aporta más argumentos al
proceso valuatorio del precio adjudicado al bien inmueble del
demandante que fue expropiado, puesto que, el primero
manifestó que había hecho su revisión y el segundo fue quien
realizó el avalúo 2015-0219. Sí llama la atención que Jhon
Jairo Daza García hizo referencia al reconocimiento de un
lucro cesante, pero revisado el avalúo este está tasado en
$0.
61.- Con todo, según el acervo probatorio recaudado, no se
desvirtuó en su integridad el avalúo oficial de la UAECD,
soporte del precio de indemnización del inmueble
expropiado, ya que, teniendo la oportunidad y la carga, el
demandante no aportó otro que lograra evidenciar las
falencias técnicas de aquél en un grado tal que incidiera en
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forma sustancial y directa en las conclusiones y cálculos del
precio. En consecuencia, no es dable afirmar el
desconocimiento de una indemnización justa por parte del
IDU.” […]”
Por otra parte, en lo que concierne al alcance de la carga de la prueba
para desvirtuar el avalúo oficial, esta Sección 35 ha precisado lo
siguiente:
“[…] Para precisar el alcance de la carga que recae sobre el
demandante, atendiendo las presunciones de que gozan los actos de
la administración, no es del caso que el escrito de demanda anexe
otros avalúos, si se pretende con ellos desvirtuar el realizado por la
entidad pública; para atacar la presunción de legalidad y
veracidad de que goza el avalúo oficial, es indispensable que
el actor, con base en las normas que regulan la materia,
indique el defecto en que se ha incurrido y su impacto en el
precio oficialmente establecido, pues de lo que se trata es
precisamente de llevar al convencimiento del juez de que se
ha incurrido en error al establecer el monto de la
indemnización, y no simplemente de identificar otras
alternativas probables […]” (Destacado fuera de texto).
En consecuencia, no prospera el reparo relativo a la supuesta
ausencia de valoración integral del acervo probatorio, pues de la
lectura de la sentencia apelada se evidencia que el Tribunal sí
efectuó un examen conjunto y razonado de los elementos de
convicción incorporados al expediente, incluidos los documentos
técnicos y testimoniales relevantes para la definición del litigio; sin
embargo, en ejercicio de la sana crítica y su facultad de apreciación
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
febrero de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2011-00115-
01.
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probatoria, no les otorgó el alcance demostrativo pretendido por la
parte actora, al estimar que aquellos no resultaban suficientes para
desvirtuar de manera técnica y concluyente el avalúo oficial ni para
demostrar la ilegalidad de los actos demandados. Por ello, no puede
afirmarse válidamente que hubiese existido omisión en la valoración
probatoria, sino una discrepancia del apelante con las conclusiones a
las que arribó el a quo a partir de su apreciación razonada del
material probatorio.
. - Sobre la imposición unilateral del valor indemnizatorio
y la atribución a la UAECD de la determinación del daño
emergente y del lucro cesante
La apelante afirmó que la expropiación por vía administrativa no
podía convertirse en un mecanismo para desconocer derechos
adquiridos ni para vulnerar el debido proceso, pues debía
desarrollarse mediante un trámite respetuoso de las garantías
legales y orientado, en primer término, a propiciar una negociación
adecuada y voluntaria.
Señaló que, en el caso concreto, se impuso de manera injustificada
el valor del bien, el avalúo que le sirvió de sustento y la orden de
pago, sin que los afectados hubieran contado con una participación
efectiva en el procedimiento administrativo, de modo que la decisión
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obedeció exclusivamente a una determinación unilateral de la
administración. Dentro de este mismo reparo, cuestionó que a la
UAECD se le hubiera atribuido la facultad de determinar el daño
emergente y el lucro cesante sin que, en su criterio, existiera
fundamento legal para ello.
Sobre el particular, la Sala considera que dichos argumentos
constituyen nuevos cargos contra los actos acusados que no fueron
alegados en la demanda.
Para la Sala, la indicación de nuevos cargos contra los actos
administrativos acusados en el recurso de apelación resulta a todas
luces improcedente, no solamente por extemporáneos, en la medida
en que el escenario procesal previsto para su proposición es en la
demanda o su adición, sino también porque su examen en esta
instancia comportaría una vulneración del derecho de defensa de la
parte demandada y desconocería el deber del juez de garantizar la
igualdad de las partes dentro del proceso.
Así lo ha sostenido esta Sección en varios pronunciamientos, entre
ellos, la sentencia de 31 de mayo de 201836, en la que se señaló:
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de mayo
de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 25000-23-40-000-2008-
00074-02.
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“[…] la Sala debe puntualizar que los motivos de inconformidad
de la parte apelante involucran normas que no fueron invocadas
en la demanda como violadas, pues las indicadas en ésta se
circunscribieron a los artículos 29 y 58 de la Constitución Política
y 66 de la Ley 388.
A este respecto conviene poner de presente que la
invocación de nuevas normas en esta instancia significa,
ni más ni menos, la formulación de nuevos cargos contra
los actos acusados, lo cual resulta a todas luces
improcedente, no solamente por extemporáneos, pues el
momento procesal es en la demanda o su adición, sino en razón
a que de acometer su estudio se estaría violando el derecho de
defensa de la parte demandada en el proceso y el deber del juez
de hacer efectiva la igualdad de las partes en el mismo.
Por consiguiente, la Sala solo se referirá a los cuestionamientos
que formula el recurrente con base en los artículos 29 y 58 de la
Constitución Política y 66 de la Ley 388, y no así a los artículos
187, 252 del C de PC, ni al cargo de falsa motivación. […]”
(Destacado fuera de texto).
Asimismo, en posterior pronunciamiento, esto es, en sentencia de 8
de octubre de 202037, esta Sección consideró que el ad quem no
puede abordar materias o cuestiones que se plantean en la apelación,
que no hacen parte del concepto de violación del libelo, ni de lo que
la sentencia de primera instancia estudió, pues es su deber
salvaguardar los derechos fundamentales al debido proceso y de
defensa de la contraparte en el proceso, en los siguientes términos:
“[…] El Consejo de Estado ha considerado que en los procesos
ordinarios el recurso de apelación tiene límites, toda vez que
debe guardar correspondencia con el petitum de la demanda, los
fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentan, los
argumentos de oposición a la misma y las consideraciones que
sirven de sustento al a quo para fundamentar la sentencia. Sobre
el particular, esta Sección precisó:
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de octubre
de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 85001-23-33-000-2017-00135-
01.
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“[…] Esta Sala de decisión se limitará a conocer solamente de
los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso,
pues los mismos, en el caso de apelante único, definen el marco
de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia. […] Sobre
el particular, esta Sección en diversas oportunidades ha puesto
de presente que “[…] el juez de la segunda instancia está sujeto,
al decidir la apelación, a los planteamientos expuestos en el
recurso de alzada sin que esté facultado para pronunciarse sobre
aspectos o puntos de la sentencia de primera instancia que no
fueron objeto de impugnación. Igualmente ha reiterado que
no puede abordar materias o cuestiones que se plantean
en la apelación, pero que no hacen parte del concepto de
violación del libelo, ni que la sentencia de primera
instancia estudió” […] La Sala reitera que en virtud de los
principios de lealtad procesal, contradicción y de defensa
y la congruencia que debe existir entre el recurso, la
sentencia censurada, el concepto de violación de la
demanda y los argumentos expuestos en la contestación
de la misma, imponen que al apelante le esté vedado
exponer en el recurso de apelación hechos, cargos y
presentar pretensiones nuevas que no alegó ni en la
demanda ni en la contestación. Si lo hiciere, el ad quem
no puede abordar el estudio de estos nuevos reproches,
pues es su deber salvaguardar los derechos
fundamentales al debido proceso y de defensa de la
contraparte en el proceso […]”. (Resaltado fuera de
texto).
Es oportuno reiterar que el recurso de apelación tiene como
finalidad controvertir las decisiones proferidas, en primera
instancia, es decir, su contenido y análisis jurídico y probatorio,
para que el superior funcional las revoque, modifique o adicione;
en esa medida, no es un instrumento para incluir cargos
nuevos en contra del acto administrativo acusado porque
ello desconocería los principios de lealtad procesal,
contradicción, defensa y congruencia que debe existir entre el
recurso y la sentencia apelada. […]” (Destacado fuera de texto).
En consecuencia, la Sala no puede hacer pronunciamiento de fondo
alguno sobre estos cargos, habida cuenta que solo fueron invocados
como argumentos de defensa en el recurso de apelación; proceder
de manera contraria quebrantaría el equilibrio procesal y la igualdad
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de las partes, en tanto no fueron planteados en la demanda.
En ese contexto, la Sala concluye que las argumentaciones, antes
señaladas, fueron planteadas en el recurso de apelación, por lo que
carecen de la entidad probatoria suficiente para desvirtuar la
presunción de legalidad de los actos administrativos acusados.
Lo anterior, sin perder de vista que el avalúo comercial del inmueble
constituye el soporte técnico esencial para la determinación del
precio indemnizatorio que se consigna en el acto administrativo de
oferta de compra y en la resolución que dispone la expropiación. Una
vez dicho valor es incorporado en el acto administrativo, opera en su
favor la presunción de legalidad.
En este orden de ideas, habida cuenta que la parte actora no
demostró en el proceso que el avalúo oficial era equivocado e
incorrecto, ni acreditó la corrección del justiprecio presentado en el
avalúo realizado por la firma SARMIENTO & OSORIO
SOLUCIONES INMOBILIARIAS, debe tenerse como válido,
creíble y debidamente fundamentado, el avalúo oficial que sirve de
sustento a las resoluciones acusadas.
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Al respecto, se debe destacar que esta Sección ha sostenido que al
haber sido incorporado el avalúo comercial al acto administrativo,
este goza de presunción de legalidad y debe tenerse como válido,
creíble y fundamentado, por lo que corresponde a quien recurre, en
este caso, a la parte demandante, demostrar en el proceso que el
avalúo oficial es equivocado, acreditando precisamente sus
incorreciones. Sobre el particular, la Sala en sentencia de 15 de
agosto de 201938 indicó:
“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha sostenido
que el precio establecido en los actos acusados se encuentra
amparado por la presunción de legalidad y de certeza de las
decisiones de la administración, y que la misma debe ser
desvirtuada a través de los diferentes medios de prueba
establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió
en el sub-lite.
Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al
analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de fundamento
para la determinación del monto de una indemnización
expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al
haberse incorporado dicho valor en el texto de los
actos administrativos demandados, debe entenderse
que el mismo se encuentra amparado por la misma
presunción de legalidad y de certeza que se predica de
las decisiones de la administración, lo cual admite
desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en
el proceso que el avalúo oficial es equivocado,
demostrando precisamente su incorrección”39.
38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto
de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25-000-23-24-000-2011-
00196-01.
39
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de mayo de 2009, expediente 2005 03509.
C.P: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
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Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección40 sostuvo
que “todo lo anterior conduce a la Sala a considerar que
debe tenerse como válido, creíble y fundamentado, el
avalúo que sirvió de base a las decisiones enjuiciadas,
sin que el mismo pueda ser objeto de modificación
dado que la actora, quien tenía la carga probatoria de
desvirtuarlo, no lo hizo”.
De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y
como lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no
logró demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual
el Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio de
la indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no
desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo
demandado, que lo incorporó […]” (Destacado fuera de
texto).
Adicionalmente, es del caso traer a colación la sentencia de 19 de
abril de 202141, en la que la Sala sostuvo que se presume la legalidad
del acto administrativo que incorporó el avalúo oficial, y que por ello
la parte demandante debe aportar las pruebas para demostrar los
errores de este; y que no es de recibo que los argumentos que
sustentan la incorrección del avalúo oficial, que sustentaron la
expedición de los actos administrativos acusados, sean que al ser
mayor el precio del avalúo comercial determinado en el avalúo
contratado por la parte demandante, ello resulte suficiente para
decretar la nulidad de los actos administrativos acusados. Así
discurrió la Sección en la citada providencia:
40
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 17 de marzo de 2011 y 31 de mayo de 2018,
expedientes 2005 00273 y 2008 0074. C.P: María Elizabeth García González. Ver entre otras sentencias
la 31 de mayo de 2018, expediente 2008 0074.
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril
de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2009-00232-
01.
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Actor: JOSÉ VIRGILIO BOGOYA MARTINEZ
“[...]
No obstante, lo anterior, al haberse incorporado dicho
valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las decisiones
de la administración, lo cual admite desde luego prueba en
contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga
de demostrar en el proceso que el avalúo oficial es
equivocado, demostrando precisamente su
incorrección42 […].” (la Sala destaca) […]”43
74. Así las cosas, no es de recibo para esta Sala que los
argumentos que sustentan la incorrección del avalúo
realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., y
que sustentó la expedición de los actos
administrativos acusados, sea que no se indicó los
inmuebles con los cuales se realizó la comparación y
que al ser mayor el precio del avalúo comercial
determinado en los avalúos contratados por el
demandante, ello resulte suficiente para decretar la
nulidad parcial de estos [...].” (Destacado fuera de texto).
Así las cosas, la Sala considera que los argumentos de la alzada no
están llamados a prosperar, en tanto no desvirtúan la presunción de
legalidad del proceso expropiatorio y de los actos administrativos
acusados, razón por la que se confirmará la sentencia recurrida y así
se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.
42
Consejo de Estado. Sección primera. Sentencia de 14 de mayo de 2009, Expediente No. 2005-03509-
01. Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia Margoth
Peña Garzón; sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de
radicación:08001233100019971225601.
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DE LAS COSTAS
Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso44 y por las agencias en derecho45“.
De conformidad con lo previsto en el artículo 18846 del CPACA en
armonía con el numeral 8 del artículo 365 del CGP47, esto es, en
aplicación de un criterio objetivo valorativo48, corresponde a la
Sala examinar si hay lugar a condenar en costas a la parte a la que
se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación, en los
términos de los numerales 1°, 2°, 3° y 449 del artículo 365 ibidem,
habida cuenta de la decisión que aquí se profiere.
44
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
45
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los
criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
46
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
47
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
48
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe
que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y, valorativo,
en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación. Esto
indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre probada y atendiendo
al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de condenar en costas de manera
total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo autoriza la ley o porque no aparecen
comprobadas.
49
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
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Al respecto se tiene que, en esta instancia, y según las reglas
previstas en el artículo 365 del CGP la Sala no condenará en costas
procesales en el componente de agencias en derecho ni expensas por
no encontrarse probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, en esta instancia, por lo
expuesto en esta providencia.
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida
será condenada a pagar las costas de ambas instancias” […]”.
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TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de abril de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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