Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-41-000-2017-01553-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-41-000-2017-01553-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-41-000-2017-01553-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
30 de enero de 2018
IMPROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ
De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporación, para que la acción de tutela sea procedente para deprecar el amparo constitucional de los bienes ius fundamentales que la persona considera afectados debe cumplir, entre otras cosas, con la cláusula formal de la inmediatez, es decir, que debe haberla interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la supuesta vulneración del derecho fundamental. (…) Conforme lo anterior, se advierte que la infracción por la que se expidió la orden de comparendo 47189000000003661519, se cometió el 4 de abril de 2015, es decir, hace casi dos años, lo cual desvirtúa la urgencia con la que la [accionante] acudió a este mecanismo de amparo constitucional para procurar el amparo de sus garantías ius fundamentales, esto en el entendido de que el procedimiento contravencional concluyó bastante tiempo atrás y la administración emitió un pronunciamiento sancionatorio definitivo frente al cual pudo hacer uso de los medios de defensa judicial idóneos para cuestionar su legalidad y alegar las posibles irregularidades en su expedición, circunstancias que claramente reflejan el incumplimiento del requisito de inmediatez para viabilizar formalmente esta tutela.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 25000-23-41-000-2017-01553-01(AC)
Actor: PRISCILA LÓPEZ VERGARA
Demandado: SECRETARÍA DE TRÁNSITO DE CIÉNAGA MAGDALENA
La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por Priscila López Vergara contra la sentencia de 31 de octubre de 2017, proferida por la subsección B de la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró improcedente el amparo los derechos fundamentales invocados dentro del asunto de la referencia, con ocasión del foto comparendo que le fue impuesto, aparentemente, con desconocimiento del debido proceso, en tanto no fue debidamente notificada de su existencia.
I. EL ESCRITO DE TUTELA
Para una mejor comprensión del asunto, la Sala se permite resumir de la siguiente forma los supuestos fácticos y jurídicos planteados por la parte demandante:
Manifestó que tuvo conocimiento de un comparendo que la Secretaría de Movilidad del municipio de Ciénaga cargó con su nombre y con el número 4789000000003661519, de tal manera, se enteró tiempo después de ocurrido el hecho, cuando ingresó a la página web del SIMIT, pero no porque se lo notificaran por correo certificado en los 3 días hábiles siguientes como lo preceptúa el artículo 22 de la Ley 1383 de 2010, tampoco a través del formulario único nacional de comparendo adoptado en el artículo 5° de la Resolución 3027 de 2010.
Señaló que no pudo hacer uso de los recursos procedentes en la vía gubernativa, pues si bien el artículo 142 del Código Nacional de Tránsito establece que aquellos deben interponerse en audiencia, ella no se enteró de la misma y por tanto le fue posible ejercer su derecho de defensa.
Indicó que aun cuando procedía la utilización del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a su juicio, ya no le es posible promoverlo, por cuanto ya transcurrieron los 4 meses de caducidad fijados en el C.P.A.C.A., en la medida en que la falta de notificación se lo impidió.
Relató que presentó derecho de petición ante la Secretaría de Movilidad del municipio de Ciénaga – Magdalena , con el fin de solicitarle la guía de envío del comparendo a su dirección, copia de la orden de comparendo único nacional, dirección suya que figura registrada en el RUNT y copia de la Resolución sancionatoria de la infracción de tránsito cometida.
Contó que conforme a la normatividad aplicable, la Secretaría de Movilidad de Ciénaga no logró demostrar que la notificación se realizara acorde a derecho, en atención a que no es suficiente que la autoridad accionada enviara foto del vehículo cometiendo la infracción sino que debe ir acompañada del formulario orden de comparendo único nacional, además de que si bien la entidad argumenta que notificó por aviso, no se cumplieron los requisitos necesarios bajo los cuales se entiende realizada de tal manera, pues no hay constancia de que anexara copia íntegra del acto administrativo y explicación de los recursos procedentes.
Pretensión
Como consecuencia de lo anterior, solicitó:
«[…] que tutele mis derechos fundamentales al debido proceso, legalidad y defensa, ordenando a quien corresponda, esto es, a la Secretaria de Tránsito (Movilidad) de CIENAGA revocar la(s) orden(es) de comparendo(s) 47189000000003661519 y la(s) resolución(es) sancionatoria(s) derivada(s) de los mismos e iniciar un nuevo proceso que respete mis derechos fundamentales con el fin de que se me vuelva a notificar y tener la oportunidad de defenderme en audiencia o aceptar la culpa y pagar con descuento” […]»
II. ACTUACIÓN PROCESAL DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante auto de 18 de octubre de 2017, la subsección B de la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la acción de tutela interpuesta por la señora Priscila López Velandia contra la Secretaría de Movilidad del municipio de Ciénaga - Magdalena, y ordenó su notificación como demandados, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 y concordantes del Decreto 2591 de 1991.
III. INFORME RENDIDO EN EL PROCESO E INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO.
3.1. Secretaría de Movilidad del municipio de Ciénaga - Magdalena.
La mencionada entidad guardó silencio durante el término de traslado de la acción de tutela en primera instancia. No obstante, después de proferirse el fallo del a quo, contestó el libelo introductorio a través de memorial de 31 de octubre de 2017, en el que manifestó que revisada la plataforma SIMIT a nombre de la señora Priscila López Vergara y la cédula de ciudadanía 51907653, no se encontraba comparendo alguno por lo cual aquella no tiene deudas pendientes por tal concepto y solicitó declarar la carencia actual de objeto dentro del presente asunto.
IV. LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección primera, subsección B, mediante la sentencia de 31 de octubre de 2017, declarar improcedente el amparo los derechos invocados, con los siguientes argumentos:
« […] para la Sala, la presente acción de tutela resulta improcedente por falta de inmediatez en su interposición, toda vez que, si lo pretendido por la demandante es que, se le revoque la sanción de comparendo impartida el día 4 de abril de 2015, no es posible que se espere más de dos (2) años para dicha pretensión, so pena de que la tutela resulte sin la inmediatez requerida; más aún cuando en los hechos de la demanda manifestó que, tuvo conocimiento del mismo, meses después de dicha infracción. […]».
V. LA IMPUGNACIÓN
La señora Priscila López Vergara impugnó la sentencia de 31 de octubre de 2017, proferida por subsección B de la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca reiterando los argumentos expuestos en el escrito de tutela, además de aducir que el juez de primera instancia no analizó por completo los cargos formulados, pues, al caducar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no cuenta con los mecanismos de defensa idóneos y se le causaría un perjuicio en el sentido de que tiene forma de defender sus intereses ante la entidad accionada.
VI. CONSIDERACIONES
Atendiendo a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: la competencia para decidir el recurso de amparo, determinación del problema jurídico, procedencia de la acción de tutela, marco normativo y jurisprudencial aplicable, y caso concreto.
6.1. Competencia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto estipula que « […] Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]», esta Sala es competente para conocer la impugnación interpuesta contra el fallo de tutela proferido por la subsección B de la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el día 31 de octubre de 2017.
6.2. Problema Jurídico.
Consiste en determinar si la acción de tutela es procedente para controvertir los actos mediante los cuales se le impuso la sanción por la infracción de tránsito cometida y, en consecuencia, establecer si la Secretaría de Movilidad del municipio de Ciénaga - Magdalena vulneraron el derecho fundamental al debido proceso de la señora Priscila López Vergara al haberle impuesto la sanción por infracción de tránsito, presuntamente, notificada de manera indebida.
6.3. De la procedencia de la acción de tutela.
El artículo 86 de la Carta Política consagró la acción de tutela para reclamar ante los Jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resultaren vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública [o incluso de particulares bajo determinados supuestos]. A su turno, según lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, este mecanismo procede: (1) cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial eficaz e idóneo; o, (2) cuando teniéndolo, se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en cuyo caso surgiría esta acción como mecanismo alterno de protección [artículo 8º del Decreto 2591 de 1991].
La Corte Constitucional en Sentencia T-187 de 2010. M.P. Doctor Jorge Iván Palacio Palacio, manifestó que la acción de tutela es subsidiaria y, por tanto, no sustituye los mecanismos procesales ofrecidos por el ordenamiento jurídico para defender los intereses de los particulares. Al respecto, precisó que:
«[…] La acción de amparo es un mecanismo preferente y sumario que busca dar protección privilegiada a los derechos fundamentales de las personas cuando los mismos se vean amenazados por una autoridad pública con su acción u omisión y excepcionalmente cuando se vean conculcados por un particular.
De igual manera la acción de tutela, por su naturaleza, opera de manera subsidiaria y residual, lo que implica que para su procedencia el accionante debe i) carecer de un mecanismo de defensa judicial o carezca de eficacia o ii) estar ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable y el amparo se promueva como mecanismo transitorio. […]» (Subrayas fuera del texto).
Dentro de este marco normativo es incuestionable que la acción de tutela contra actos administrativos generales (artículo 6º numeral 5º del Decreto 2591 de 1991) y contra actos administrativos particulares, es, en principio, improcedente, en la medida en que: (i) el ordenamiento constitucional y legal ha establecido mecanismos ordinarios de defensa, dotados de todas las garantías que ofrece el derecho al debido proceso con el objeto de discutir la legalidad de los mismos; y, (ii) porque en muchos eventos la pretensión de restarle validez a los mismos sólo se consigue previo un análisis legal especializado que no es competencia del juez constitucional.
Frente al tópico aquí referido la Corte Constitucional en la Sentencia T-548 de 2010, M.P. Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó:
«[…] Debido a lo anterior, en reiterada jurisprudencia se ha establecido la improcedencia de la tutela contra actos administrativos de contenido particular y concreto, pues para controvertir estos actos se tiene la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se ejerce ante la jurisdicción contencioso administrativa “gracias a la cual el interesado puede solicitar la suspensión provisional del acto que infringe la vulneración a los derechos cuya protección se invoca. […]».
Pese a lo anterior, el juez de tutela, por excepción, puede suspender la aplicación de estos actos administrativos en los siguientes eventos: i) como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, cuando éste se alegue y se pruebe dentro del proceso por la parte accionante [artículo 8º del Decreto 2591 de 1991], o ii) como mecanismo definitivo, cuando la acción principal no sea eficaz e idónea para la defensa judicial de quien demanda. Al respecto, en la providencia T-244 de 2010, M.P. Doctor Luis Ernesto Vargas Silva, se afirmó:
«[…] En este orden de ideas, la Corte ha decantado dos supuestos excepcionales en los cuales el carácter de subsidiario de la acción de tutela no impide su utilización, a pesar de existir mecanismos alternos de defensa judicial al alcance del interesado. La primera de esas excepciones se encuentra prevista en el artículo 86 Superior, la cual se presenta cuando la tutela se ha interpuesto como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; la segunda, se configura cuando el otro medio de defensa existe, pero en la práctica es ineficaz para amparar el derecho fundamental cuya protección se invoca, excepción que no emana directamente de la Constitución, pero ha sido introducida por la jurisprudencia de esta Corporación. […]».
Lo anterior se debe, se reitera, a que la acción de tutela como mecanismo de protección y defensa de los derechos fundamentales, cuando estos han sido violados o se encuentran en amenaza, es, en virtud del artículo 86 de la Carta Política de Colombia, de orden subsidiario y residual, lo cual ha sido en repetidas ocasiones confirmado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
El perjuicio irremediable, a su turno, ha sido entendido como aquel que presente las características de: inminente, esto es que amenaza o está por suceder; urgente, en relación con las medidas a adoptar para evitar la consumación del mismo aplicando para el efecto un criterio de proporcionalidad; grave, relacionado con el bien jurídico protegido por el ordenamiento y que es objetivamente [determinado o determinable] relevante para el afectado; e, impostergabilidad, lo que determina que la tutela sea adecuada para el restablecimiento del orden social justo en su integridad. Además, el aludido perjuicio debe ser valorado en concreto por el juez atendiendo a las circunstancias en que se encuentre el accionante, a quien, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Sala, le compete la carga de probarlo.
Del mismo modo, la existencia real de un mecanismo de defensa debe ser analizado de cara a las circunstancias del caso que se plantee, pues su sola procedencia legal no lo hace eficaz e idóneo en todos los asuntos. Este aspecto, pues, también le corresponde ser valorado por el juez constitucional de tutela y determina, se reitera, los efectos del fallo de tutela.
Ahora bien, en tratándose de actos de trámite, los cuales no son, en principio, susceptibles de demanda, la jurisprudencia constitucional, entre otras, en la Sentencia T-123 de 2007, señaló que: «[…] la acción de tutela sólo procede con carácter excepcional cuando el Estado ha actuado con prescindencia de todo referente legal y ha incurrido en una vía de hecho que impide al afectado contar con las garantías mínimas del debido proceso administrativo […]». En ese sentido, habrá de indicarse que la acción de amparo constitucional procede excepcionalmente contra actos administrativos de trámite cuando aquellos han sido proferidos con total desconocimiento de las garantías previstas en el ordenamiento jurídico para la satisfacción del derecho fundamental al debido proceso de quien interviene en el trámite administrativo.
En estos casos, tal y como lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia T-123 de 2007, la acción de tutela deviene en un mecanismo definitivo de defensa judicial contra el acto administrativo de tramite a efectos de permitir al administrado el ejercicio de las garantías del debido proceso; lo anterior, bajo el entendido que el juez de tutela no puede interferir en la decisión definitiva que deba adoptar la administración una vez culminado el trámite sancionatorio y sustituir, por tanto, el control posterior de legalidad que, sobre el mismo, le corresponde ejercer al juez de lo contencioso administrativo.
6.4. Debido proceso administrativo.
El debido proceso ha sido definido como «[…] la regulación jurídica que (…) limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los individuos, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley […]», premisa construida con fundamento en el principio superior de la primacía del derecho sustancial sobre las formas, que, según el artículo 29 de la Constitución Política, «[…] se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas […]».
El objetivo fundamental del referido derecho, entonces, no es otro que la preservación del valor material de la justicia, situación que demanda de las autoridades públicas que sus actuaciones estén destinadas a preservar las garantías sustanciales y procedimentales consagradas en la Constitución y en la ley.
En sentido amplio, el referido planteamiento encierra a su vez la protección de ciertas garantías mínimas que la jurisprudencia constitucional ha enlistado de la siguiente manera: «[…] (i) el derecho de acceso a la administración de justicia con la presencia de un juez natural; (ii) el derecho a ser informado de las actuaciones que conduzcan a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una obligación o sanción; (iii) el derecho de expresar libre y abiertamente sus opiniones; (iv) el derecho de contradecir o debatir las pretensiones o excepciones propuestas; (v) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable y sin dilaciones injustificadas y, por supuesto, (vi) el derecho a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra. […]».
Por su parte, y en atención a que el derecho en estudio es aplicable a todas las actuaciones de la administración, debe resaltarse que el derecho al debido proceso administrativo, cuya garantía -como derecho fundamental- parte de la consagración establecida -de manera general- en el artículo 29 de la Constitución Política, tiene relación directa con el complejo espectro de garantías que permiten el curso de un trámite previamente establecido, en el que a las partes se les respete el derecho de defensa en una clara sujeción de las autoridades estatales al principio de legalidad. Al respecto, en la providencia T-928 de 2010, la Corte Constitucional expresó:
«[…] Refiriéndose específicamente a la naturaleza del derecho al debido proceso administrativo, la jurisprudencia de esta Corporación lo definió como “(…) la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados por la ley”. Así las cosas, el debido proceso administrativo se convierte en una manifestación del principio de legalidad, conforme al cual toda competencia ejercida por las autoridades públicas debe estar previamente señalada por la ley, como también las funciones que les corresponden y los trámites a seguir antes y después de adoptar una determinada decisión. Por lo tanto, se debe indicar que tal derecho no existe solamente para impugnar una decisión de la Administración, sino que se extiende durante toda la actuación administrativa que se surte para expedirla y posteriormente en el momento de su comunicación e impugnación […]».
Establecido lo anterior, a continuación se procederá a analizar el caso en concreto.
6.5. Del caso en concreto.
En el presente asunto, concretamente, pretende el accionante que por vía de tutela, como consecuencia de la protección de sus derechos fundamentales, se ordene a la Secretaría de Movilidad del municipio de Ciénaga – Magdalena que se deje sin efectos la sanción por infracción de tránsito impuesta, presuntamente, mediante actuaciones que fueron notificadas de manera indebida.
De lo anterior, se infiere que con el presente mecanismo constitucional la señora Priscila López Vergara no está cuestionando directamente un acto administrativo definitivo como pudiera serlo dentro del procedimiento contravencional sancionatorio el acto administrativo de sanción, sino, por el contrario la notificación de la orden de comparendo impuesta y la de las demás actuaciones surtidas al interior del procedimiento contravencional sancionatorio.
Por lo anterior, debe advertirse que en el análisis del sub examine no se centra en los pronunciamientos o actos administrativos de carácter definitivo que pudo efectuar la administración dentro del procedimiento contravencional sancionatorio señalado y la procedencia de la tutela al respecto, pues frente a estos, debe reiterarse, el Legislador estableció mecanismos ordinarios de defensa que disponen todas las garantías procedimentales para cuestionar la legalidad de los actos enjuiciados, además del análisis especializado que aquellos requieren por parte del juez competente.
En este orden de ideas, teniendo en cuenta que la notificación de las actuaciones de impulso procesal no son, en principio, susceptibles de demanda, esta acción de amparo constitucional es procedente para analizar etapas que surtió la administración, a través de la Secretaría de Movilidad del municipio de Ciénaga - Magdalena, dentro del procedimiento contravencional sancionatorio, con el fin de establecer si aquellas fueron proferidas omitiendo las garantías previstas en el ordenamiento jurídico para la satisfacción del debido proceso de quienes intervinieron en el mencionado trámite.
Cabe anotar que este mecanismo constitucional tiene un carácter definitivo de defensa judicial para verificar las actuaciones y etapas tramitadas a efectos de permitir al administrado el ejercicio de las garantías del debido proceso, por lo tanto, el juez de tutela se limitará a este estudio sin interferir en la decisión definitiva que haya adoptado la administración una vez culminado el trámite sancionatorio, en la medida en que no le está dado sustituir el control posterior de legalidad que, sobre el mismo, le corresponde ejercer al juez de lo contencioso administrativo.
Frente a la improcedencia de la acción de tutela en relación con actos administrativos que imponen sanción por la comisión de una infracción vial, se sostuvo en providencia del Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, de 27 de enero de 2011, C.P. Doctor Gerardo Arenas Monsalve, radicado interno No. AC 2010-03489-01, que:
«[…] Así las cosas, si el accionante consideraba que la multa no le era aplicable o si con la misma se le estaba ocasionando un daño antijurídico, debió hacer uso oportuno de los recursos de reposición y apelación contra la providencia que lo declaró contraventor y le impuso la sanción, y finalmente acceder a la jurisdicción contenciosa a través de la acción pertinente.
Cuando el demandante tuvo a su disposición otros medios de defensa judicial aptos para la protección de sus derechos y no hizo uso de los mismos, no puede ejercer la acción de tutela como si esta fuera un medio alternativo o sustituto de los medios ordinarios que el demandante, por descuido, negligencia o por propia voluntad, no ha querido utilizar. Así, la tutela no puede convertirse en el procedimiento sustitutivo o incluso modificatorio de los medios judiciales que, de ordinario, prevé el ordenamiento para la protección de los intereses de los ciudadanos. […]».
No obstante, debe advertirse que en el caso objeto de estudio no se encuentra acreditada la existencia de un perjuicio irremediable, ya que no se observa siquiera sumariamente demostrada la configuración de una grave afectación de sus derechos fundamentales con la sanción por infracción de tránsito que pudo habérsele impuesto, frente a lo cual debe advertirse que aquella, per se, no constituye por sí sola un menoscabo a sus bienes ius fundamentales.
Así entonces, para que el juez constitucional de tutela pueda interferir en la interpretación normativa que efectúan las autoridades administrativas y/o judiciales debe vislumbrarse un total desconocimiento de las garantías previstas en el ordenamiento jurídico para la satisfacción del derecho fundamental al debido proceso de quien interviene en el trámite contravencional sancionatorio; y, además, evidenciar la inminencia de un perjuicio irremediable.
Por su parte, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporación, para que la acción de tutela sea procedente para deprecar el amparo constitucional de los bienes ius fundamentales que la persona considera afectados debe cumplir, entre otras cosas, con la cláusula formal de la inmediatez, es decir, que debe haberla interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la supuesta vulneración del derecho fundamental.
Es así que la Corte Constitucional ha sostenido que la razonabilidad del plazo para presentar la acción de tutela debe ser estudiada por el juez de tutela de acuerdo a los contornos particulares que le presenta cada caso sujeto a su análisis. Al respecto, en Sentencia T-171 de 2014, la referida Corporación dijo:
«[…] La jurisprudencia constitucional ha entendido como requisito de procedibilidad de la acción de tutela, el hecho de que su interposición sea oportuna y se realice dentro de un plazo que se considere razonable. De esa manera, su presentación debe realizarse en el marco temporal de ocurrencia de la amenaza o la vulneración del derecho si lo que pretende es la protección de los derechos fundamentales ante la amenaza o la vulneración de los mismos.
En efecto, la razonabilidad del término de presentación de la acción de tutela depende de las circunstancias especiales del caso concreto. En tal sentido, esta Corporación ha señalado que le corresponde al juez constitucional en cada caso sopesar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el hecho que dio origen a la acción y la presentación de la misma y, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos […]».
En este orden de ideas, con el fin de resolver el primero de los problemas jurídicos planteados para determinar si es viable proceder al análisis del fondo del asunto planteado por la parte actora, se observa que al sub examine fueron aportados distintos medios probatorios al expediente de los cuales se puede establecer que:
• Derecho de petición de 30 de agosto de 2017 con el que la señora Priscila López Vergara se dirigió al Instituto de Tránsito y Transporte municipal de Ciénaga – Magdalena, con el fin de obtener algunos documentos relacionados con la orden de comparendo 47189000000003661519 que le fue impuesta el 4 de abril de 2015.
• Oficio de 18 de septiembre de 2017 con el que el Instituto de Tránsito y Transporte de Ciénaga – Magdalena dio respuesta a los requerimientos de la accionante, explicando los motivos por los cuales no era posible acceder a algunos de los mencionados y aportando copia del acta de audiencia adelantada 18 de mayo de 2015 con motivo de orden de comparendo 47189000000003661519, en la que se dejó constancia de los siguiente:
«[…] Siendo el día treinta y uno (31) hábil siguiente a la notificación del aviso de comparendo, por la presunta comisión de la infracción de tránsito consagrada en el artículo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 (sic) de la ley 1383 de 2010, de acuerdo con la orden de comparendo No. 47189000000003661519 de fecha 04 de abril de 2015. Habiéndose enviado el aviso de comparendo de conformidad a lo normado por el artículo 22 de la ley 1383 de 2010, que modificó el artículo 136 de la ley 769 de 2002, al propietario del vehículo de placas CDK057 Señor (a) PRISCILA LOPEZ VERGARA, identificado con cédula de ciudadanía No. 51907653, en el que presuntamente se cometió la infracción, quien se encuentra vinculado en el presente proceso contravencional, y a quien se le ordenó comparecer dentro de los once (11) días hábiles siguientes al recibo del aviso, en las instalaciones del instituto de tránsito y transporte de Ciénaga, con el objeto de ejercer su derecho a la defensa y rendir descargos. El citado no atendió la orden, ni aportó excusa que justificara su no concurrencia, ni rindió descargos o solicitó pruebas que desvirtuaran la comisión de la infracción, y teniendo en cuenta las pruebas de la comisión de la infracción, esto es, las ayudas tecnológicas que se anexaron a la orden de comparendo, este despacho decidirá lo que en derecho corresponda. […]»
Conforme lo anterior, se advierte que la infracción por la que se expidió la orden de comparendo 47189000000003661519, se cometió el 4 de abril de 2015, es decir, hace casi dos años, lo cual desvirtúa la urgencia con la que la señora Priscila Lopez Vergara acudió a este mecanismo de amparo constitucional para procurar el amparo de sus garantías ius fundamentales, esto en el entendido de que el procedimiento contravencional concluyó bastante tiempo atrás y la administración emitió un pronunciamiento sancionatorio definitivo frente al cual pudo hacer uso de los medios de defensa judicial idóneos para cuestionar su legalidad y alegar las posibles irregularidades en su expedición, circunstancias que claramente reflejan el incumplimiento del requisito de inmediatez para viabilizar formalmente esta tutela.
Adicionalmente, esta Sala de decisión debe precisar que si bien la señora Priscila López Vergara presentó derecho de petición el 30 de agosto de 2017 ante el Instituto de Tránsito y Transporte del municipio de Ciénaga – Magdalena con el fin de obtener algunos documentos relacionados con la sanción impuesta, no se puede desconocer que tal actuación no justifica el largo plazo transcurrido entre los hechos que originan esta acción de tutela y su interposición, máxime si se tiene en cuenta que sus pretensiones no están dirigidas a cuestionar el Oficio de respuesta que emitiera la administración el 18 de septiembre de la misma anualidad.
De lo anterior, se desprende que no es posible para el juez de tutela tener certeza de las afirmaciones realizadas por la parte actora ante la carencia de medios probatorios que respalden su dicho, razón por la cual no es posible aplicar la presunción de veracidad en su favor, aún más si se tiene en cuenta que en respuesta extemporánea, emitida por el Instituto de Tránsito y Transporte del municipio de Ciénaga – Magdalena, este afirma que, actualmente, la señora Priscila López Vergara no tiene deudas pendientes por concepto de comparendos.
De tal forma, el argumento expuesto por la parte accionada no es suficiente para declarar la carencia actual de objeto, en tanto no se aportaron las pruebas necesarias para concluir de tal manera pero sí permite inferir que el procedimiento contravencional que motivó la utilización de este mecanismo de protección constitucional ya está concluido, lo cual permite concluir que no se cumple con la inmediatez o la razonabilidad del plazo para acudir al juez de tutela ante una presunta vulneración.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
VII. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la Sentencia de 31 de octubre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección primera, subsección B que declaró improcedente el amparo invocado dentro de la acción de tutela interpuesta por la señora Priscila López Vergara contra la Secretaría de Tránsito de Ciénaga, de conformidad con las precisas razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO. LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.
TERCERO. En acatamiento a las disposiciones del artículo 32 ibídem, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La presente providencia fue discutida en la Sala de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
El proceso de la referencia subió al Despacho con informe de Secretaría General de la Corporación de 11 de diciembre de 2017, obrante a folio 91.
Folios 1 a 32.
Visible a folios 53 a 55 vto. del cuaderno principal.
Esta acción de tutela inicialmente iba a ser remitida al reparto de los juzgado civiles de circuito de ciénaga pero fue devuelta por la empresa de correos 4-72 por la causal de dirección no encontrada, razón por la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca asumió la competencia a prevención dentro del presente asunto con el fin de salvaguardar el acceso a la administración de justicia y con observancia del carácter expedito de la acción de amparo constitucional.
Folio 71.
Folios 60 a 68.
Folio 80 a 82.
Sentencias Corte Constitucional: T- 1277 de 2005, T-771 de 2004, T-408 de 2002, T-432 de 2002, SU-646 de 1999 y T-007 de 1992.
Corte Constitucional, Sentencias T- 771 de 2004 y T-600 de 2002.
Al respecto, ver las Sentencias T- 300 de 2010, T-1316 de 2001; T.225 de 1993, entre otras. La primera se refirió al concepto es estudio en los siguientes términos: “que (i) se esté ante un perjuicio inminente o próximo o suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y la causa del daño; (ii) el perjuicio debe ser grave, esto es, que conlleve la afectación de un bien susceptible de determinación jurídica, altamente significativo para la persona; (iii) se requieran de medidas urgentes para superar el daño, las cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a su vez, deben considerar las circunstancias particulares del caso; y (iv) las medidas de protección deben ser impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño irreparable.”.
Corte Constitucional, Sentencia C-641 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
Ibídem.
Sentencia T-982 de 2004.
La Sala Plena de esta Corporación, mediante sentencia C-1189 de 2005, señaló que“[e]l debido proceso tiene un ámbito de aplicación que se extiende a todos los tipos de juicios y procedimientos que conlleven consecuencias para los administrados, de manera que a éstos se les debe garantizar la totalidad de elementos inherentes a este derecho fundamental. De otra parte, y específicamente en lo que hace relación con los procedimientos administrativos, es necesario precisar que el derecho con que cuentan los ciudadanos, relativo a la posibilidad de controvertir las decisiones que se tomen en dicho ámbito es consubstancial al debido proceso. Si bien ambas son garantías que se derivan del principio de legalidad, son dos caras de la misma moneda, esto es, mientras que el derecho a cuestionar la validez de las decisiones funge como garantía posterior, las garantías propias del derecho fundamental al debido proceso, tales como (i) el acceso libre y en igualdad de condiciones a la justicia; (ii) el acceso al juez natural; (iii) la posibilidad de ejercicio del derecho de defensa (con los elementos para ser oído dentro del proceso); (iv) la razonabilidad de los plazos para el desarrollo de los procesos; y, (v) la imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces y autoridades, son elementos que deben ser garantizados durante el desarrollo de todo el procedimiento, y apuntan, principalmente, a brindar garantías mínimas previas. En efecto, los elementos del debido proceso arriba enumerados buscan garantizar el equilibrio entre las partes, previa la expedición de una decisión administrativa. Por el contrario, el derecho a cuestionar la validez de la misma, hace parte de las garantías posteriores a la expedición de la decisión por parte de la autoridad administrativa, en tanto cuestiona su validez jurídica”
Folios 20 a 32.
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