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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2017-01709-01

Fecha
10 de octubre de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2017-01709-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de 3 de diciembre de 2020 proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así: “TERCERO. En consecuencia de lo anterior, ORDÉNASE al Instituto Nacional de Vías -INVIAS, la ejecución de las siguientes actividades, en aras de superar la violación de los derechos colectivos amparados: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 56 Número único de radicación: 250002341000201701709-01 Para que en el término de tres (3) meses, contados a partir de la notificación de esta providencia, adelanten las siguientes actividades: Realice los estudios necesarios con el fin de determinar los índices de accidentalidad en la Variante Zipaquirá Nemocón, en especial, en la intersección ubicada en la calle 8ª con carrera 36. Se adopten las medidas correctivas en aras de garantizar la protección de los derechos colectivos invocados en aras de evitar la alta accidentalidad en la zona. Se adelanten por las autoridades competentes, el mantenimiento preventivo y correctivo, así como la reparación del sistema de semaforización ubicado en la calle 8 con carrera 36, vía Zipaquirá – Nemocón. De igual manera, ORDÉNASE al Municipio de Zipaquirá, dentro del marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, prestar el apoyo debido al INVÍAS, para el cabal cumplimiento de las órdenes decretadas en la presente sentencia, en aras de contribuir en la garantía de protección de los derechos e intereses colectivos indicados supra”. SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de 3 de diciembre de 2020 proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así: “CUARTO. CONFORMAR el Comité de Verificación el cual estará integrado por el Personero Municipal de Zipaquirá - Cundinamarca, un representante del Municipio […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2017-01709-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

10 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 250002341000201701709-01
Actor: Miller Mauricio Castro Duque
Demandado: Instituto Nacional de Vías-INVIAS
Vinculadas: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional; Agencia
Nacional de Infraestructura – ANI; Unión Temporal Devinorte1 y Concesionaria Vial
de Colombia S.A.S. – CONVICOL S.A.S.

Tema: La garantía y protección de los derechos e intereses colectivos al goce de un
espacio público; y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide, en segunda instancia, los recursos de apelación interpuestos por el
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional; el Instituto Nacional de Vías -
INVIAS; la Concesionaria Vial de Colombia SAS – CONVICOL S.A.S.; la Agencia
Nacional de Infraestructura –ANI; y la Unión Temporal Devinorte contra la sentencia
de 3 de diciembre de 2020 proferida por la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. El señor Miller Mauricio Castro Duque presentó demanda, en ejercicio del
respectivo medio de control, con el objeto de lograr la protección de los derechos e
intereses colectivos al goce de un espacio público; y a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente.

1 Mincivil S.A.; Equipo Universal S.A.; Castro Tcherassi S.A.; Civila S.A.; 4g5 Secure Solutions Colombia S.A.;

Ofinsa Inversiones S.A.S e Integra de Colombia S.A.S. que conforman la Unión Temporal Devinorte.

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2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Que se declare la responsabilidad de los accionados respecto de la amenaza
o violación de los derechos colectivos.

2. Que se ordene la construcción del desnivel, glorieta o puente elevado sobre la vía
departamental que elimine el tema del semáforo y la accidentalidad del cruce a nivel
objeto de la acción popular.

3. Que se ordene el mantenimiento correctivo y preventivo así como la reparación
del sistema de semaforización de forma provisional mientras se realiza el proceso
contractual para la construcción solicitada en el numeral anterior.

4. Que se ordene la instalación de reductores de velocidad y señalización vial.

5. Que se ordene dar apertura a la doble vía de flujo y contraflujo.

6. Se solicita la coadyuvancia del Grupo de acciones constitucionales o acciones de
alto impacto de la Universidad de Nuestra Sra. Del Rosario y/o de la Universidad
Militar Nueva Granada para que ayuden a complementar y fundamentar la acción
[…]”.

Presupuestos fácticos

3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:

4. Manifestó que a comienzos del año 2011 se inició la construcción de la
variante Portachuelo - Casablanca de doble calzada y doble carril que tiene una
extensión cercana a 7 km, que iniciaba en la carrera 36 con calle 4 justo donde
termina la concesión vial de doble calzada de Devinorte, cruzando por la parte de
atrás de la hoy planta de tratamiento de aguas residuales núm. 2 del Municipio de
Zipaquirá, por la parte occidental del río Susagua y justo por un lado de la empresa
AVE Colombiana con calle 8 y siguiendo hacia el norte hasta volverse a conectar
más adelante del Hotel “[…] 90 grados […]”, con destino a los municipios de Tausa,
Sutatausa y Ubaté del Departamento de Cundinamarca, que está dentro del proyecto
Concesión Proyecto Vial Zipaquirá - Bucaramanga – Palenque; obra que culminó en
marzo de 2014.

5. Expresó que el 6 de mayo de 2015 fue inaugurada la obra de conexión de la
variante Portachuelo Casablanca por los directores de la Agencia Nacional de
Infraestructura - ANI, el Gobernador de Cundinamarca y los alcaldes de los
municipios cercanos a la obra, consistente en una glorieta con cinco ramales y sus
respectivos giros, los cuales permiten la efectiva conexión vial de las variantes
Bogotá - Zipaquirá, Bogotá - Variante Comuneros y las interconexiones viales a
Briceño, Ubaté y Zipaquirá.

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6. Adujo que en el cruce denominado por los habitantes de la zona como el “[…]
ave colombiana […]” por su cercanía con una empresa del mismo nombre que se
encuentra ubicada en el sector, administrada por la Unión Temporal (UT) Los
Comuneros, luego Concesionaria Vial de Colombia S.A.S. CONVICOL S.A.S.-, se
colocó una intersección semafórica para solucionar el problema de seguridad y
prevención vial.

7. Señaló que en la misma vía, en la intersección antes de pasar el cruce hacia
el norte, se instalaron un grupo de maletines de plástico para reducir el carril en la
intersección en un solo sentido.

8. Indicó que se han realizado por la Secretaría de Transporte y Movilidad de
Zipaquirá, así como por el municipio diferentes solicitudes a las entidades
accionadas con el fin que se tomen medidas frente al cruce que constituye un alto
riesgo de accidentalidad, haciendo mención a los diferentes requerimientos
realizados, así como las respuestas recibidas.

9. Agregó que, pese a las advertencias, se presentó el fallecimiento de una persona
por un accidente de tránsito ocurrido el 7 de septiembre de 2017 en la intersección
mencionada, así como pone de presente que según estadísticas solicitadas a la
Policía Nacional, Seccional Cundinamarca, desde abril de 2016 a la fecha de la
demanda se han presentado seis accidentes de los cuales dos han dejado cuatro
personas con lesiones personales y secuelas; y otro terminó con la vida de uno de
los ocupantes de los autos colisionados.

10. Resaltó que el 15 de septiembre de 2017 se realizó visita de inspección al
sitio de intersección de la vía nacional variante de Zipaquirá a cargo del INVIAS con
la carretera departamental Zipaquirá - Nemocón, que contó con la presencia de
autoridades municipales y nacionales, así como de la comunidad, llegando a una
serie de compromisos por el INVIAS, los cuales se plasman en oficio SRN 106496
de 22 de septiembre de 2017.

11. Precisó que el 27 de septiembre de 2017, la Secretaría de Transporte y
Movilidad en oficio SETM-1191-2017 informó que no puede certificar el
funcionamiento del cruce semafórico de la variable Zipaquirá - Ubaté, toda vez que
dicho cruce lo instaló la concesión encargada del momento y a la fecha no se había
efectuado la entrega oficial a la Alcaldía Municipal.

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Contestaciones de la demanda

Contestación del Instituto Nacional de Vías

12. El Instituto Nacional de Vías adujo que, en cuanto a la solicitud del actor
popular de “[…] una construcción del desnivel, glorieta o puente elevado sobre la vía
departamental […]”, es pertinente traer a colación lo mencionado en cuanto a este
punto por parte de la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras del INVIAS,
mediante el oficio SRN 106496 aportado por el mismo demandante, como prueba,
en donde se le manifestó que “[…] la construcción del puente a desnivel en la
intersección, como solución definitiva, no se encuentra dentro de los alcances de las
obras que adelantará el INVIAS próximamente, obra que muy probablemente fue
considerada en desarrollo de los contratos de concesión a cargo del INCO y de la
ANI, finalmente no llevada a cabo mientras duró la ejecución de los contratos
respectivos […]”.

13. Expresó que, en aras de contribuir al mejoramiento de la seguridad vial en la
zona, implementaría y construiría un grupo de diez bandas sonoras, que hará que
los vehículos reduzcan su velocidad en el cruce mencionado por el actor popular, lo
anterior se llevará cabo por medio del Contrato núm. 1090 del 17 de octubre de 2017
cuyo objeto es la “[…] SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS
CARRETERAS VARIANTE PORTACHUELO RUTA 45ACNB ZIPAQUIRÁ - UBATE
RUTA 45A04 Y VARIANTE PORTACHUELO CASABLANCA RUTA 45ACND […]”.

14. Adujo que el responsable de operar y poner en funcionamiento la red
semafórica a la que hace referencia el actor popular es la Alcaldía de Zipaquirá.

15. Manifestó que respecto a la operación bidireccional de la variante Portachuelo
y teniendo en cuenta los antecedentes de accidentalidad en la intersección con la
carretera a Nemocón, así como la visita realizada el día 4 de octubre de 2017, el
Grupo de Señalización y Seguridad Vial del INVIAS no recomienda la operación
bidireccional de esta vía, teniendo en cuenta que “[…] generaría pasar de 7
movimientos de tránsito a 12, duplicando el número de giros izquierdos, los cuales
son indeseables y generan un mayor riesgo de choque lateral, razón por la cual se
torna improcedente esta solicitud, ya que de acceder se estaría poniendo en un
riesgo aun mayor a la población en contravía de los derechos colectivos invocados
por el mismo accionante a la SEGURIDAD PUBLICA Y EL GOCE DEL ESPACIO
PUBLICO […]”.

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Contestación de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional

16. Expresó que constitucionalmente y legalmente, no tiene la función de: i)
construir reductores de velocidad; ii) instalar puntos refractivos sobre la vía; iii)
colocar protectores laterales en borde de vía en concreto y/o metálicos; iv) quitar los
terraplenes que se encuentran en los costados sur y noroccidentes de la vía; v) dar
apertura de la variante Portachuelo – Casablanca; y vi) quitar los separadores o
maletines de plástico.

17. Afirmó que la controversia jurídica del presente caso es por el presunto
incumplimiento por parte de la “[…] CONCECIONARIA VIAL DE COLOMBIA SAS
COVICOL S.A.S. INVIAS, ANI […]”, sobre la obra conexión variante Portachuelo -
Casablanca, que consiste en una glorieta con cinco ramales y sus respectivos giros,
los cuales permiten conexión vial de las variantes Bogotá Zipaquirá, Bogotá -
Variante Comuneros y las intersecciones viales Briceño, Ubaté, Zipaquirá, Bogotá y
el resto del país, construida con una inversión de 9.252 millones de pesos con una
extensión de longitud de 1.73 km, por lo que la Policía Nacional no hace parte del
respectivo contrato de concesión, solicitando que se declare probada la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva.

Contestación de la Unión Temporal Devinorte

18. Adujo que no está llamado a soportar los efectos jurídicos de la decisión que
se tome al interior del presente proceso, teniendo en cuenta que la Unión Temporal
Devinorte nunca tuvo a su cargo la sección vial que da origen a la presente demanda.

19. Señaló que respecto del contrato de concesión núm. 0664 de 1994, la Unión
Temporal Devinorte nunca tuvo a cargo el sector vial denominado “[…] AVE
Colombia […]”.

20. Indicó que el 30 de noviembre de 2017, entre la Agencia Nacional de
Infraestructura - ANI y la Unión Temporal Devinorte, “[…] se suscribió el acta de
entrega de la infraestructura que se encontraba afectada al contrato de concesión
0664 de 1994, acto seguido, la totalidad de dicha infraestructura fue entregada al
nuevo concesionario, el cual, en la actualidad, tiene a su cargo la operación y
mantenimiento de todo el corredor vial que se encontraba a cargo de DEVINORTE.
Infraestructura entre la cual, se encuentra el Tramo 4 del sector 2 de la ruta 45 Α
[…]”.

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Contestación de la Concesionaria Vial de Colombia S.A.S. – CONVICOL S.A.S.

21. Adujo que para la fecha de notificación del medio de control correspondiente
a la acción popular interpuesta por el señor Miller Mauricio Castro Duque ya se había
suscrito el Acta de Reversión entre la ANI, el INVIAS y la Concesionaria Vial de
Colombia S.A.S. -30 de junio de 2017-.

22. En ese orden de ideas, señaló lo siguiente:

“[…] Igualmente, en la Cláusula 78 del Contrato de Concesión No. 517 de 2013 se
establecieron los riesgos que se encuentran en cabeza de la Agencia -Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI)-, dentro de los cuales se estableció en el literal f)
del artículo 78, que:

"CLÁUSULA 78. Riesgos a cargo de la Agencia. A partir de la fecha de suscripción
del Contrato, la Agencia asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a
continuación, además de aquellos que se desprendan de otras Cláusulas o
estipulaciones de este Contrato, sus Anexos y sus Apéndices que de manera
expresa le asignen a la Agencia. En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales
riesgos se desprenda una obligación de pagar una suma de dinero al Concesionario,
se aplicará el procedimiento señalado en el (sic) Cláusula relativa al procedimiento
para restablecimiento del equilibrio económico del contrato. (...)

f. Los efectos favorables o desfavorables del riesgo político social, tales como
acciones populares, acciones colectivas y acciones judiciales o no judiciales que
impidan la instalación de casetas de Peaje, impliquen el movimiento de Estaciones
de Peaje y/o ejecución de obras complementarias […]”.

23. Indicó que en el Contrato quedó establecido que de presentarse una acción
popular el encargado de responder por este tipo de acciones era la Agencia y no la
Concesionaria como se pretende.

Contestación de la Agencia Nacional de Infraestructura

24. Expresó que en el Contrato de Concesión núm. 517 de 2013, se “[…] limitaría
principalmente al mantenimiento y rehabilitación del tramo concesionado, por lo que
las otras obligaciones que se pretenden endilgar exceden el objeto del contrato y no
eran posibles de ejecutar, pues están en cabeza de la autoridad municipal […]”.

25. Señaló que la Agencia Nacional de Infraestructura dentro del Contrato de
Concesión núm. 517 de 2013, tenía la función de vigilar y controlar el cumplimiento
de las obligaciones adquiridas por el concesionario para el corredor vial Zipaquirá -
Bucaramanga (Palenque) y no la ejecución de obras públicas, pues es era el
concesionario quien cobraba y se encontraba llamado al cumplimiento del objeto del
contrato, por su cuenta y riesgo.

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26. Adujo que no existe afectación a los derechos e intereses colectivos, toda vez
que la Agencia Nacional de Infraestructura no ejecuta, construye, ni rehabilita las
obras viales, esto lo hace directamente el concesionario; además, no figura en el
alcance del contrato de concesión la rehabilitación del puente supuestamente
afectado.

De la coadyuvancia2

27. El Municipio de Zipaquirá señaló que nos “[…] allanamos a todas y cada una
de las pretensiones […]”.

27.1 Expresó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca deberá hacer primar
la protección de los derechos e intereses colectivos al espacio público y a la
seguridad y salubridad públicas.

27.2 Señaló que “[…] ha realizado convenios con la Policía Nacional para mejorar
las condiciones de movilidad y seguridad en las vías del MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
[…]”.

La audiencia de pacto de cumplimiento

28. La audiencia de pacto de cumplimiento se realizó el 10 de agosto de 2018,
declarándose fallida, toda vez que las partes del proceso no llegaron a ningún
acuerdo.

Sentencia proferida, en primera instancia

29. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la sentencia de 3 de diciembre de 2020, resolvió lo
siguiente:

“[…] PRIMERO.- DECLÁRASE no probada la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva formulada por el Instituto Nacional de Vías-INVIAS, la Agencia
Nacional de Infraestructura - ANI, la Nación, Ministerio de Defensa - Policía Nacional,
la Concesionaria Vial de Colombia S.A.S. CONVICOL S.A.S. y la Unión Temporal
DEVINORTE, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.

SEGUNDO. DECLÁRASE probada la violación de los derechos colectivos a la
seguridad pública y el goce del espacio público originados en la falta de
mantenimiento o mantenimiento deficitario de la semaforización ubicada en la calle
8ª con carrera 36, en la intersección conocida como "ave colombiana", vía Zipaquirá
• Nemocón, así como la no realización de estudios que determinen las necesidades

2 La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto de 28 de

febrero de 2018 resolvió aceptar la solicitud de coadyuvancia presentada por el Municipio de Zipaquirá.

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reales de señalización del mismo punto, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.

TERCERO. En consecuencia de lo anterior, ORDÉNASE al Instituto Nacional de Vías
-INVIAS, a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, a la Concesionaria
Devinorte, a la Concesionaria Convicol S.A.S. y al Ministerio de Defensa - Policía
Nacional de Tránsito y Transporte, la ejecución de las siguientes actividades, en aras
de superar la violación de los derechos colectivos amparados:

Para que en el término de tres (3) meses, contados a partir de la notificación de esta
providencia, adelanten las siguientes actividades:

Realicen los estudios necesarios con el fin de determinar los índices de
accidentalidad en la Variante Zipaquirá Nemocón, en especial, en la intersección
ubicada en la calle 8ª con carrera 36, conocida como "ave colombiana.

Se adopten las medidas correctivas en aras de garantizar la protección de los
derechos colectivos invocados en aras de evitar la alta accidentalidad en la zona.

Se adelanten por las autoridades competentes, el mantenimiento preventivo y
correctivo, así como la reparación del sistema de semaforización ubicado en la calle
8 con carrera 36, vía Zipaquirá - Nemocón.

CUARTO. CONFÓRMASE el Comité de Verificación el cual estará integrado por el
Personero Municipal de Zipaquirá - Cundinamarca, un representante del Municipio
de Zipaquirá, un representante del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, un
representante de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, un representante de
la Concesionaria Devinorte, un representante de la Concesionaria Convicol S.A.S.,
un representante del Ministerio de Defensa Policía Nacional de Tránsito y Transporte
y el Agente del Ministerio Público, el cual será presidido por el Magistrado Ponente.

QUINTO. SIN CONDENA en costas en esta instancia.

SEXTO.- REMITASE copia de esta sentencia al Registro Público centralizado de
acciones populares y de grupo de la Defensoría del Pueblo […]”.

Consideraciones del Tribunal

30. El Tribunal explicó que el problema jurídico consistía en determinar: “[…] si se
han vulnerado los derechos colectivos a la seguridad pública y el goce del espacio
público por las entidades demandadas en la intersección del cruce variante de la
calle 8 con carrera 36 del municipio de Zipaquirá, lo que en criterio de la demandante
se generó por la falta de mantenimiento y reparación de la red de semáforos
comprendida en la por (sic) la (sic) instalación de reductores de velocidad en la
misma intersección, así como el bloqueo generado por separadores o maletines de
plástico […]”.

31. Consideró que, en relación con la vía de calzada única en doble sentido que
corresponde a la variante Zipaquirá - Ubaté y cuyo tramo culmina en el punto 90° de
la intersección, no se ha establecido que la misma haya sido proyectada para ser
una vía de doble calzada independiente. Indicó que, tampoco se ha establecido que

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las medidas adoptadas por la parte demandada en relación con el sentido de la vía,
hayan generado mayores afectaciones al tránsito regular y de accidentalidad.

32. Adujo que, respecto a los semáforos ubicados en la intersección denominada
“[…] ave colombiana […]”, de las pruebas, “[…] llama la atención de la Sala que pese
a haberse acordado en reunión realizada el 14 de abril de 2016, celebrada entre
autoridades del orden nacional y municipal, que el Concesionario se encargaría de
la instalación de los semáforos en dicha intersección, mientras que el municipio
realizaría el mantenimiento y operación de los mismos […]”.

33. Adujo que en el año 2015 se autorizó por el Concesionario para que el
Municipio operara dichos semáforos, el municipio continuara insistiendo en su
entrega formal y el INVIAS, en el año 2017 - tal como señala en oficios SRN106496
de 22 de septiembre de 2017 y SRN 109579 de 17 de octubre de 2017, reconociera
la necesidad que el Municipio de Zipaquirá, a través de la Secretaría de Transporte
y Movilidad, reciba oficialmente el semáforo, lo que genera dificultades a la hora de
realizar el mantenimiento correspondiente.

34. El Tribunal luego de valorar el acervo probatorio obrante en el expediente y
de hacer referencia a las competencias que recae en las autoridades en la
implementación de los dispositivos semaforizados en los términos de la Ley 769 de
6 de julio de 20023 y el Decreto núm. 2976 de 6 de agosto de 2010 4, concluyó lo
siguiente:

35. Debe tenerse en consideración que de conformidad con lo previsto en el
numeral 7.4. del Manual de Señalización Vial se debe hacer un mantenimiento
integral del sistema de semaforización, mediante la ejecución de acciones tanto
preventivas como correctivas, orientadas al funcionamiento integral de las
instalaciones semafóricas. Se debe indicar que el mantenimiento integral
corresponde a la ejecución de obras civiles, posters, red eléctrica, componentes
eléctricos, red de comunicación, equipo de control, planeamiento de tránsito y
centrales de tránsito.

36. De igual manera, el numeral 7.5 del mismo Manual hace referencia a la
necesidad de realizar un estudio de tránsito y de las características físicas de la
intersección para determinar si se justifica la instalación y para proporcionar los datos

3 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.
4 “Por el cual se reglamenta el parágrafo 3° del artículo 1° de la Ley 1228 de 2008, y se dictan otras disposiciones.

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necesarios para el diseño y la operación de un semáforo en aras de eliminar o reducir
el número y la gravedad de la accidentalidad.

37. Dada la imagen reproducida por el aplicativo “google maps”, en la actualidad
se encuentran tres semáforos ubicados en dicha intersección. De igual forma, se
advierte la presencia de señalización vertical, “[…] así como que se pintaron las
defensas de amarillo ubicadas al lado del Puente del Río Susuaga, sin que se
determine que las medidas allí implementadas sean las suficientes para evitar la
accidentalidad, menos aun cuando no se ha demostrado que se realizaron de
manera permanente el mantenimiento de los semáforos […]”.

38. El Tribunal consideró que “[…] [s]i bien se permite declarar el hecho superado
en materia de acción popular, ello es procedente cuando la violación de los derechos
invocados se supera efectivamente durante el trámite de la acción, debiendo ser
probado y alegado por la parte interesada, lo que no ha ocurrido en el asunto en
particular, en tanto, se han relacionado dos contratos, con los que pretende indicar
que se cumplió con la señalización de la vía, sin prueba de la intervención en la
intersección señalada en la demanda. En especial, se encuentra que el Contrato
1091 de 2017, señalado por INVIAS cuyo objeto respondió a la "señalización
horizontal y vertical de las carreteras variante Portachuelo o Ruta 45ACNB Zipaquirá
• Ubaté RUTA 45 A04 y variante Portachuelo", no se ha identificado con claridad las
obras realizadas en el cruce denominado "ave colombiana" y que las mismas sean
suficientes […]”.

39. Adujo que, si bien es cierto, no se ha acreditó la alta accidentalidad alegada
por el actor popular, se evidencia la vulneración del derecho colectivo a la seguridad
pública y goce del espacio público, toda vez que no se ha determinado que las
medidas adoptadas por la parte demandada sean las adecuadas con el fin de evitar
la accidentalidad en el sector, así como no se ha asumido responsabilidad por las
mismas frente a la operación y, en especial, el mantenimiento de los semáforos.

Recursos de apelación

40. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional; el Instituto
Nacional de Vías-INVIAS; la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI; la Unión
Temporal Devinorte 5 y la Concesionaria Vial de Colombia S.A.S. – CONVICOL
S.A.S. interpusieron sendos recursos de apelación contra la sentencia proferida, en

5 Mincivil S.A.; Equipo Universal S.A.; Castro Tcherassi S.A.; Civila S.A.; 4g5 Secure Solutions Colombia S.A.;

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primera instancia, y los sustentaron con base en los siguientes núcleos
argumentales:

Recurso de apelación interpuesto por la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional

41. Afirmó, por un lado, que la autoridad judicial resolvió unas medidas que nada
tiene que ver con la misionalidad, correspondiente a la Dirección de Tránsito y
Transporte de la Policía Nacional, establecida en la Resolución núm. 00202 del 26
de enero 2010 “[…] Por la cual se define la estructura orgánica Interna y se
determinan las funciones de la Dirección de Tránsito y Transporte y se deroga la
Resolución 02052 del 15 de Junio de 2007 y se modifica la Resolución No. 01550
del 28 de Mayo de 2009 […]”.

42. Expresó que, en el caso sub examine, la Policía Nacional, en virtud de sus
funciones constitucionales y legales llevó a cabo todas las actividades tendientes a
garantizar sus funciones esenciales, en donde, además, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca al proferir la sentencia de 3 de diciembre de 2020 hizo referencia
a que las actividades tenientes a garantizar los derechos colectivos a la seguridad y
goce de espacio público, como es el Contrato núm. 1091 de 2017 a cargo de INVIAS,
no se han cumplido y también se destaca lo pronunciado por el mismo Tribunal
referente a la instalación de semáforos, que los pasos urbanos corresponden al
tramo o sector vial urbano de la red vial a cargo de la Nación, administrada por el
INVIAS o los entes territoriales que se encuentran al interior o atraviesan la zona
urbana de los diferentes municipios.

43. Adujo que, no puede concluirse que la Policía Nacional por medio de la
Dirección de Tránsito y Transporte es responsable de la violación de los derechos
colectivos a la seguridad pública y el goce del espacio público tendiente a la falta de
mantenimiento de la semaforización de la calle 8.ª con carrera 36 vía Zipaquirá -
Nemocón, teniendo en cuenta que esas actividades de mantenimiento y ejecución
son de responsabilidad del Municipio de Zipaquirá, Instituto Nacional de Vías-
INVIAS, Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, la Concesionaria Devinorte y la
Concesionaria Convicol S.A.S.

44. Expresó, en lo referente a la conformación de un Comité de Verificación, que
no se opone a hacer parte del mismo, siempre y cuando quede de presente que la
ejecución de las actividades concernientes al punto tercero de la sentencia de
primera instancia del 3 de diciembre de 2020, están a cargo del Municipio de

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Zipaquirá, Instituto Nacional de Vías - INVIAS, Agencia Nacional de Infraestructura
Concesionaria Convicol S.A.S. ANI, la Concesionaria Devinorte y la Concesionaria
Convicol S.A.S.

Recurso de apelación interpuesto por el Instituto Nacional de Vías-INVIAS

45. Expresó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en su sentencia le
atribuyó una función que no corresponde a la Ley, por lo que la función de operación
y mantenimiento de la infraestructura de la semaforización, le corresponde al Ente
Territorial, que para el caso es el Municipio de Zipaquirá.

46. Señaló que, dando cumplimiento a sus funciones establecidas en el “[…]
Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, sus modificaciones contenidas en los
Decretos 2056 y 2067 de 2003 así como el Decreto 2618 de 2013, tiene a cargo la
Red Nacional de Carreteras de primer y algunas de tercer orden […]”.

47. Expresó que para dar cumplimiento a sus funciones respecto a la vía objeto
de la controversia jurídica, la entidad suscribió el contrato núm. 1090 de 2017 cuyo
objeto es el siguiente: “[…] SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS
CARRETERAS VARIANTE PORTACHUELO RUTA 45ACNB ZIPAQUIRA - UBATE
RUTA 45A04 Y VARIANTE PORTACHUELO CASABLANCA RUTA 45ACND […]”;
y el contrato núm. 1089 de 2017 “[…] MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA ZIPAQUIRA UBATÉ CÓDIGO 45ACNB VARIANTE PORTACHUELO
PR 03+0600 AL PR 05+01600, VÍA 45ACND VARIANTE PORTACHUELO
CASABLANCA PR 0+0250 AL PR 07+0000, VÍA 45A04 ZIPAQUIRÁ UBATÉ PR
28+0200 AL PR 67+1134, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA […]”.

48. Adujo que “[…] a la fecha se encuentran en curso dos (02) procesos de
contratación: LP-DT-063-2020 para realizar la contratación de las obras de
construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento de los
corredores viales del pacto bicentenario incluidos en el programa de obra pública
"VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030 y CMA-DT- 188-
2020 Interventoría obras de construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o
mantenimiento de los corredores viales del pacto bicentenario incluidos en el
programa de obra pública "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN,
VISIÓN 2030 […]”.

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Recurso de apelación interpuesto por la Agencia Nacional de Infraestructura –
ANI

49. Señaló que dentro de sus funciones no se encuentra de manera expresa la
de adelantar los estudios técnicos, adoptar medidas correctivas, realizar el
mantenimiento preventivo y correctivo, así como la reparación del sistema de
semaforización solicitados, por el contrario, la entidad se encarga es de la
administración de los contratos de concesión mediante los cuales el Concesionario
obtiene una remuneración por la materialización de unos proyectos de
infraestructura, siendo este último el ejecutor directo de tales proyectos viales.

50. Adujo que, dichas funciones podrán realizarse en el marco de un contrato de
concesión, teniendo en cuenta que, al momento de revertir algún corredor vial, este
pasa a competencia del INVIAS, quien es la entidad encargada de realizar el
mantenimiento de los tramos viales a su cargo.

51. Manifestó que, “[…] vale la pena poner en conocimiento que desde el 30 de
junio de 2017, el corredor vial Zipaquirá Bucaramanga (Palenque) está a cargo del
Instituto Nacional de Vías INVIAS, por lo tanto la Agencia Nacional de Infraestructura
ANI, perdió competencia sobre la vía, es decir, funcionalmente, la Entidad que
represento no puede realizar inversiones, ni adelantar ningún tipo de trabajo sobre
la misma […]”.

52. En ese orden de ideas expresó que, la Agencia Nacional de Infraestructura
está facultada para elaborar los estudios para la estructuración de proyectos de
concesión; por lo tanto, no está facultada para contratar estudios o ejecutar obras
como las solicitadas en la sentencia proferida por el Tribunal, teniendo en cuenta
que son los proyectos de asociación públicos privados los que tienen como finalidad
el diseño, construcción, mantenimiento, operación administración y explotación de
la infraestructura pública y a la fecha sobre el corredor Vial Zipaquirá - Bucaramanga
(Palenque), la Agencia Nacional de Infraestructura no tiene ningún contrato de
Concesión vigente.

Recurso de apelación interpuesto por la Unión Temporal Devinorte

53. Expresó que entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la Unión Temporal
Devinorte se suscribió el Acta de Entrega de la infraestructura que se encontraba
afectada al contrato de Concesión núm. 0664 de 1994, por lo que la totalidad de
dicha infraestructura fue entregada al nuevo concesionario, el cual, en la actualidad,
tiene a su cargo la operación y mantenimiento de todo el corredor vial que se

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encontraba a cargo de la Unión Temporal, infraestructura entre la cual, se encuentra
el Tramo 4 del sector 2 de la ruta 45 A.

54. Adujo que, la Unión Temporal Devinorte, no se “[…] encuentra llamada a
soportar las consecuencias jurídicas que se deriven del presente proceso, esta
afirmación encuentra sustento pues no existe, ni existió, un vínculo jurídico que
permita atribuirle responsabilidad sobre las acciones y/u omisiones que cometiera la
compañía o entidad que tiene o tuvo a cargo el sector de la vía que origina la acción
popular […]”.

55. Afirmó que, de la lectura del acta de entrega de la infraestructura, también se
puede evidenciar que, el área en la que se encuentra el sector vial denominado “[…]
AVE Colombia […]” no se encontraba incorporado al Contrato de Concesión núm.
0664 de 1994, por lo que se solicita que se declare la falta de legitimación en la
causa por pasiva.

56. Señaló que al revisarse el registro fotográfico resulta evidente que el sector
“[…] Ave Colombia […]” no estaba incluido dentro del Contrato de Concesión núm.
0664 de 1994, en ese orden de ideas, es improcedente imponer obligaciones al
Concesionario diferentes a las establecidas en el respectivo Contrato de Concesión.

57. Manifestó que, como se desprende del análisis del alcance del Contrato de
Concesión núm. 0664 de 1994, la Unión Temporal Devinorte nunca tuvo a cargo el
sector vial denominado “[…] AVE Colombia […]”.

Recurso de apelación interpuesto por la Concesionaria Vial de Colombia S.A.S.
– CONVICOL S.A.S

58. Expresó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al resolver declarar
no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Concesionaria Vial de Colombia S.A.S. – CONVICOL S.A.S, se fundamentó
exclusivamente en los documentos de prueba aportados por el actor popular,
documentos en donde no se corrobora la respectiva falta de legitimación,
desconociendo el artículo 176 del Código General del Proceso, pues en ningún
momento valoró las pruebas aportadas por Convicol S.A.S.

59. Afirmó que el Tribunal debió analizar y estudiar las siguientes pruebas
aportadas por Convicol S.A.S a la presente acción popular.

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60. Para la fecha de la notificación de la acción popular interpuesta por el señor
Castro Duque -26 de octubre de 2017-, ya se había suscrito el Acta de Reversión
entre la Agencia Nacional de Infraestructura, el Instituto Nacional de Vías y Convicol.
-30 de junio de 2017-.

61. En la cláusula 78-f del Contrato de Concesión núm. 517 de 2013 se
establecieron los riesgos que se encontraban en cabeza de la Agencia Nacional de
Infraestructura, dentro de los cuales se determinó que:

“[…] CLÁUSULA 78. Riesgos a cargo de la Agencia. A partir de la fecha de
suscripción del Contrato, la Agencia asume los efectos derivados de los riesgos que
se listan a continuación, además de aquellos que se desprendan de otras Cláusulas
o estipulaciones de este Contrato, sus Anexos y sus Apéndices que de manera
expresa le asignen a la Agencia. En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales
riesgos se desprenda una obligación de pagar una suma de dinero al Concesionario,
se aplicará el procedimiento señalado en el Cláusula relativa al procedimiento para
restablecimiento del equilibrio económico del contrato.

(...)

f. Los efectos favorables o desfavorables del riesgo político social, tales como
acciones populares, acciones colectivas y acciones judiciales o no judiciales que
impidan la instalación de casetas de Peaje, impliquen el movimiento de Estaciones
de Peaje y/o ejecución de obras complementarias […]”.

62. En ese orden de ideas, manifestó que en el Contrato de Concesión núm. 517
de 2013 quedó establecido que de presentarse una acción popular que afectara el
Proyecto, el encargado de responder por este tipo de acciones era la Agencia
Nacional de Infraestructura y no Convicol.

Actuaciones en segunda instancia

63. El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 2 de septiembre de
2022, admitió los recursos de apelación interpuestos por la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional; el Instituto Nacional de Vías -INVIAS; la
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI; la Unión Temporal Devinorte y la
Concesionaria Vial de Colombia S.A.S. – CONVICOL S.A.S. contra la sentencia de
3 de diciembre de 2020, proferida por la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

64. El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 12 de julio de 2024
resolvió decretar como prueba, el documento denominado “[…] Informe de
Interventoría de la Administración Vial Frente 1 RUTA 45ª 04 Sector Zipaquirá Ubaté,
Consorcio CG TRONCAL CENTRAL […]”, solicitado por el Instituto Nacional de Vías
• INVIAS, en el respectivo recurso de apelación.

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65. El Despacho sustanciador de igual manera, resolvió lo siguiente:

“[…] DECRETAR DE OFICIO las siguientes pruebas:

Requerir, por Secretaría General, al Alcalde del Municipio de Zipaquirá, para que
informe, en el término de cinco (5) días, contado a partir del recibo de la
correspondiente comunicación sobre: i) el estado actual del cruce semafórico
instalado en la intersección de ave colombiana, vía nacional variante proyecto vial
Zipaquirá – Bucaramanga (Palenque); y ii) el funcionamiento de los semáforos
ubicados en la carrera 36 con calle 8ª del Municipio de Zipaquirá, en la vía que de
Zipaquirá conduce a Nemocón.

Requerir, por Secretaría General, al Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, para que
informe, en el término de cinco (5) días, contado a partir del recibo de la
correspondiente comunicación sobre: i) los avances de los dos procesos de
contratación “[…] LP-DT-063-2020 […]” y “[…] CMA-DT- 188-2020 […]” para realizar
las obras de construcción, mejoramiento y mantenimiento de los “[…] corredores
viales del pacto bicentenario incluidos en el programa de obra pública “VIAS PARA
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030 […]”. Estos informes deberán
allegarse al expediente del proceso de la referencia acompañados de todos los
soportes que resulten pertinentes […]”.

66. El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 12 de agosto de
2024, ordenó a la “[…] Secretaría General de esta Corporación que se surta el
traslado a las partes de los documentos allegados por el Municipio de Zipaquirá y
por el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, contenidos en los índices 50 y 51 del
Sistema de Gestión Judicial, SAMAI […]”, de igual manera, cumplido lo anterior,
ordenó la presentación de alegatos.

67. El INVIAS, la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI y la Concesionaria
Vial de Colombia S.A.S. – CONVICOL S.A.S en sus alegatos de conclusión en
segunda instancia, reiteraron los argumentos jurídicos expuestos en el recurso de
apelación.

68. El Municipio de Zipaquirá expresó que “[…] Así las cosas, se tiene que la
naturaleza de la vía objeto de la acción popular, y que corresponde a la avenida
colombiana, como fue acreditado en el proceso, es una vía de carácter nacional,
teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que el municipio de Zipaquirá,
contrario a lo argumentado en la apelación propuesta por CONVICOL S.A.S, no es
la responsable del mantenimiento de la vía, lo que lleva implícito realizar una
señalización adecuada, al ser una vía nacional conforme a la ley, la única entidad
competente es la Nación, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura […]”.

69. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional reiteró “[…]
la solicitud de revocatoria del fallo de primera instancia en atención a que en cuanto
a mi representada no se probó vulneración alguna de los derechos colectivos […]”.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

70. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial de la acción popular; iv) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho e interés colectivo a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente; v) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho e interés colectivo al espacio público y vi) el análisis del
caso concreto.

Competencia de la Sala

71. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998 6 , sobre
competencia para conocer de las acciones populares en segunda instancia; ii) el
artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20197, sobre la distribución de asuntos
entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el 150 8 de la Ley 1437 de 18 de
enero de 20119, sobre competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia;
esta Sección es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de
apelación que se presenten contra las sentencias proferidas, en primera instancia,
por los tribunales administrativos en el trámite de las acciones populares.

72. Vistos los artículos 32010 y 32811 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201212,
norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley 472, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se
contraen los recursos interpuestos por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional; el Instituto Nacional de Vías-INVIAS; la Agencia Nacional de
Infraestructura – ANI; la Unión Temporal Devinorte 13 y la Concesionaria Vial de
Colombia S.A.S. – CONVICOL S.A.S, en el caso concreto.

6 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de

las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
7 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
8 Modificado por la Ley 1564 y por el artículo 26 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021. Aplicable en virtud del

artículo 86 de esta última norma.
9 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
10 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine

la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la
providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo […]”.
11 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
12 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
13 Mincivil S.A.; Equipo Universal S.A.; Castro Tcherassi S.A.; Civila S.A.; 4g5 Secure Solutions Colombia S.A.;

Ofinsa Inversiones S.A.S e Integra de Colombia S.A.S. que conforman la Unión Temporal Devinorte.

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73. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.

Problemas jurídicos

74. La Sala deberá determinar, con fundamento en los recursos de apelación, si
se encuentra o no probada la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional; el Instituto Nacional de Vías - INVIAS; la Agencia
Nacional de Infraestructura – ANI; la Unión Temporal Devinorte y la Concesionaria
Vial de Colombia S.A.S. – CONVICOL S.A.S., en la vulneración o amenaza de los
derechos e intereses colectivos al goce de un espacio público y a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente, con ocasión de la falta de
mantenimiento, mantenimiento defectuoso y reparación de la red de semáforos en
las intersecciones de la calle 8ª con carrera 36 y en la conocida como “ave
colombiana”, de la vía Zipaquirá - Nemocón, así como la no realización de estudios
que determinen las necesidades reales de señalización del mismo punto

75. En consecuencia, se determinará si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 3 de diciembre de 2020 proferida por la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la acción popular

76. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros
de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

77. Visto el artículo 2.° de la Ley 472, que define las acciones populares como
“[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos
[…]” que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

78. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.

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79. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.

80. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en
providencia de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y
principal y, además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin
embargo “[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción
popular por diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los
términos en que ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero
extenderse en la materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso,
puesto que es la parte actora quien en la demanda, fija el litigio […] ” 14.

81. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada
Ley 472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a
obtener la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos
como tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés colectivo
relativo a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles

82. Desde el punto de vista constitucional, este derecho colectivo tiene su
fundamento en el artículo 2.º de la Constitución Política15.

83. La relevancia de la actividad preventiva en el Estado Social de Derecho tiene
sustento en que el bienestar social debe lograse a través del despliegue de
conductas que mitiguen las trasgresiones o amenazas de los bienes jurídicos
superiores de las personas.

84. En tal escenario, el derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente le encarga al Estado el deber de proveer a los habitantes
de los mecanismos e instrumentos para que aquellos hechos riesgosos puedan ser
controlados de manera eficiente y eficaz.

85. Desde una perspectiva legal, la gestión del riesgo de desastres está definida
en la Ley 1523 de 24 de abril de 201216, como “[…] un proceso social orientado a la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con el propósito
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas
y al desarrollo sostenible […]”.

86. El derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente ha sido objeto de análisis por esta Corporación17, según la cual “[…]
este derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural o
humano, busca garantizar por vía de la reacción -ex ante- de las autoridades la
efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a las
comunidades y a las personas y la conservación de las condiciones normales de
vida en un territorio. Por esto demanda de los entes públicos competentes la
adopción de las medidas, programas y proyectos que resulten necesarios y

15 “[…] Articulo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural
de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia,
en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares […]”.
16
Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones
17 Sección Primera. C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 18 de mayo de 2017. Radicación

número: 13001-23-31-000-2011-00315-01(AP).

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adecuados para solucionar de manera efectiva y con criterio de anticipación (y no
solo de reacción posterior a los desastres, como es habitual en las actuaciones de
policía administrativa) los problemas que aquejan a la comunidad y que amenazan
su bienestar, integridad o tranquilidad y que resultan previsibles y controlables bien
por la simple observación de la realidad, bien por medio de la utilización de las
ayudas técnicas de las que hoy dispone la Administración Pública […]”.

87. En suma, el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres
técnicamente previsibles está íntimamente relacionado con el cumplimiento de uno
de los fines del Estado, consistente en “[…] servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución […]” en el sentido que propende porque las
autoridades públicas adopten medidas, programas y proyectos de carácter
preventivos que resulten necesarios y adecuados para salvaguardar, de manera
efectiva, los derechos de la comunidad que resulten amenazados por previsibles
desastres naturales o antrópicos.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al goce del
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público

88. Antes de la Constitución política de 1991, el marco normativo sobre los bienes
de uso público se encontraba contenido en el Código Civil. En efecto, el artículo 674
del ejusdem establece que son bienes de uso público aquellos cuyo "[…] uso
pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes
y caminos; se llaman bienes de la unión de uso público o bienes públicos del territorio
[…]”.

89. Por su parte y en relación con el espacio público, el artículo 5.º de la Ley 9
del 11 de enero de 198918, señala:

“[…] [A]rtículo 5º. Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados,
destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los
intereses individuales de los habitantes.

Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la
circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública,
activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de
las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y
similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos
básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento
urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés
18 “Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y

se dictan otras disposiciones”.

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público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos,
para la conservación, y preservación del paisaje y los elementos naturales del
entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las
playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos
vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o
debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y
conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute
colectivo […]" (Destacado fuera del texto).

37. Posteriormente, el Constituyente de 1991 consideró necesario brindar al espacio
público una protección expresa de rango constitucional; decisión que en criterio de
la Corte Constitucional es compatible con el Estado Social de Derecho. Al respecto,
en la sentencia C-265 de 200219, la alta Corte consideró que “[…] [S]in duda, una de
las manifestaciones del principio constitucional que identifica a Colombia como un
Estado Social de Derecho guarda relación con la garantía de una serie de derechos
sociales y colectivos como la recreación (artículo 52 C.P.), el aprovechamiento
del tiempo libre (Ibíd.), y el goce de un medio ambiente sano (artículo 79 C.P.)
que dependen de la existencia de un espacio físico a disposición de todos los
habitantes […]” (Destacado fuera del texto).

38. El artículo 63 de la Constitución Política señala que “[…] [L]os bienes de uso
público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de
resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables […]”.

39. El artículo 82 de la Constitución Política, prevé que el derecho al goce del espacio
público implica el deber del Estado de “[…] velar por la protección de la integridad
del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el
interés particular. […]”.

40. El derecho constitucional al espacio público, examinado en su dimensión
autónoma, es de carácter colectivo y puede ser protegido por medio de las acciones
populares. Dicho derecho está instituido expresamente en los artículos 82 y 88 de la
Constitución Política bajo el título de los “Derechos Colectivos y del Ambiente”.

41. De allí que para los efectos de esta providencia, sea pertinente enunciar los
rasgos relevantes del espacio público, conforme a los ya citados artículos 82 y 88 de
la Constitución Política, así:

i) Es deber del Estado, por ende, de sus autoridades, velar por la protección de la
integridad del espacio público.

ii) Es deber del Estado y de sus autoridades, velar por su destinación al uso común.

iii) Es deber de las autoridades asegurar la efectividad del carácter prevalente del
uso común del espacio público sobre el interés particular.

iv) Es deber de las entidades públicas ejercer la facultad reguladora en materia de
ordenamiento territorial, en relación con la utilización del suelo y del espacio público
para la defensa del interés común, entre otros.

v) Es un derecho e interés colectivo.

42. Así las cosas, el buen uso, el libre acceso y la preservación del espacio público
son aspectos que en una sociedad contribuyen a mejorar la calidad de vida y a
garantizar la existencia de un escenario de convivencia libre que acerca a todos los
habitantes de una ciudad en condiciones de igualdad […]”.

19 Corte Constitucional, Sala Plena (16 de abril de 2002). Sentencia C-265 de 2002. [MP Manuel José Cepeda

Espinosa]

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Análisis del caso concreto

90. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
expuestos en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el
análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo
jurídico, concluir el caso concreto.

91. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas, de conformidad con las
reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando
para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se
requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los
problemas jurídicos planteados en el caso sub examine.

Solución a los problemas jurídicos

92. La Sala procede a realizar el análisis de los argumentos expuestos en los
recursos de apelación, de acuerdo con los problemas jurídicos indicados supra, que,
se reitera, corresponden a determinar: si se encuentra o no probada la vulneración
o amenaza de los derechos e intereses colectivos al goce de un espacio público; y
a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, con ocasión de
la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional;
Instituto Nacional de Vías-INVIAS; Agencia Nacional de Infraestructura – ANI; Unión
Temporal Devinorte y Concesionaria Vial de Colombia S.A.S. – CONVICOL S.A.S.,
por la falta de mantenimiento y reparación de la red de semáforos en las
intersecciones de la calle 8ª con carrera 36 y en la conocida como “ave colombiana”,
de la vía Zipaquirá - Nemocón; y, en ese sentido, establecer si se debe confirmar,
modificar o revocar la sentencia de 3 de diciembre de 2020 proferida por la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

93. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que las pruebas relevantes
para resolver el caso sub examine son las siguientes:

93.1. Copia del Informe Ejecución del Convenio N° T-002-2017 -DECUN
INTERADMINISTRATIVO, No. S-2017-309/SETRA-UNMUN-38.10 de 12 de agosto
de 2017.

93.2. Copia del Informe novedad con el radicado No. S-2017-303/SETRA-UNMUN -
38.10 de 8 de agosto de 2017.

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93.3.Copia del oficio núm. S-2017-309/SETRA-UNMUN-38.10 de 12 de agosto de
2017.

93.4. Copia del oficio de la Secretaria de transporte y movilidad de Zipaquirá SETM-
977-2017, Radicado ministerio de Transporte 2017-409-083405-2 del 2 de agosto
de 2017.

93.5. Copia del oficio de la Secretaria de Transporte y Movilidad de Zipaquirá
mediante radicado SETM-1123-2017 del 8 de septiembre de 2017.

93.6. Copia del acta de “[…] REVERSIÓN Y ENTREGA DE LA AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-
INVIAS, DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y BIENES AFECTADOS AL
CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 517 DE 2013, SUSCRITO ENTRE LA ANI Y LA
SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL DE COLOMBIA CONVICOL SAS, PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONCESIÓN DENOMINADO ZIPAQUIRA-
BUCARAMANGA (PALENQUE) […]”.

93.7. Copia del oficio SRN 106496 del 22 de septiembre de 2017.

93.8. Copia del contrato núm. 1090 del 17 de octubre de 2017 cuyo objeto es el
siguiente: “[…] SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS
CARRETERAS VARIANTE PORTACHUELO RUTA 45ACNB ZIPAQUIRÁ - UBATE
RUTA 45A04 Y VARIANTE PORTACHUELO CASABLANCA RUTA 45ACND […]”.

93.9. Copia del contrato núm. 1089 de 2017 cuyo objeto es “[…] MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZIPAQUIRÁ UBATÉ CÓDIGO 45ACNB
VARIANTE PORTACHUELO PR 03+0600 AL PR 05+0160, VÍA 45ACND
VARIANTE PORTACHUELO CASABLANCA PR 0+0250 AL PR07+0000, VÍA 45A04
ZIPAQUIRÁ UBATÉ PR 28+0200 AL PR 67+1134, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA […]”.

93.10. Copia del Contrato de Concesión núm. 0664 de 1994 celebrado entre el
Instituto Nacional de Vías - INVIAS y la Unión Temporal Concesionaria.

93.11. Copia del acta de “[…] REVERSIÓN Y ENTREGA DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL Y LOS BIENES DESTINADOS AL CONTRATO DE
CONCESIÓN No. 664 DE 1994 DE LA UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO VIAL
PARA EL NORTE DE BOGOTÁ DEVINORTE A LA AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA ANI Y DE LA AGENCIA NACIONAL DE

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INFRAESTRUCTURA-ANI A ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ S.A.S. -
ACCENORTE EN VIRTUD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 001 DE 2017
[…]”.

93.12. Copia del Contrato de Concesión núm. 517 de 2013.

93.13. Copia del “[…] Informe de Interventoría de la Administración Vial Frente 1
RUTA 45ª 04 Sector Zipaquirá Ubaté, Consorcio CG TRONCAL CENTRAL […]”.

93.14. Copia del oficio núm. 2024-120.1-10740-1 de fecha 26 de julio de 2024
suscrito por la Secretaría de Transporte y Movilidad.

93.15. Copia del informe suscrito por el Director de Interventoría “[…] CONSORCIO
ICEACSA – TPF […]”.

La responsabilidad del Instituto Nacional de Vías-INVIAS, en el caso concreto

94. El Instituto Nacional de Vías-INVIAS en su respectivo recurso de apelación,
señaló que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en su sentencia le atribuyó
una función que no corresponde a la Ley, por lo que la función de operación y
mantenimiento de la infraestructura de la semaforización, le corresponde al Ente
Territorial que, para el caso sub examine, es el Municipio de Zipaquirá.

95. Expresó que el responsable de poner en funcionamiento la red semafórica es
Municipio de Zipaquirá.

96. Señaló que, dando cumplimiento a sus funciones establecidas en el “[…]
Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, sus modificaciones contenidas en los
Decretos 2056 y 2067 de 2003 así como el Decreto 2618 de 2013, tiene a cargo la
Red Nacional de Carreteras de primer y algunas de tercer orden […]”.

97. Expresó que para dar cumplimiento a sus funciones respecto a la vía objeto
de la controversia jurídica, la entidad suscribió el contrato núm. 1090 de 2017 cuyo
objeto es el siguiente: “[…] SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS
CARRETERAS VARIANTE PORTACHUELO RUTA 45ACNB ZIPAQUIRA - UBATE
RUTA 45A04 Y VARIANTE PORTACHUELO CASABLANCA RUTA 45ACND […]”;
y el contrato núm. 1089 de 2017 “[…] MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA ZIPAQUIRA UBATÉ CÓDIGO 45ACNB VARIANTE PORTACHUELO
PR 03+0600 AL PR 05+01600, VÍA 45ACND VARIANTE PORTACHUELO
CASABLANCA PR 0+0250 AL PR 07+0000, VÍA 45A04 ZIPAQUIRÁ UBATÉ PR
28+0200 AL PR 67+1134, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA […]”.

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98. Adujo que “[…] a la fecha se encuentran en curso dos (02) procesos de
contratación: LP-DT-063-2020 para realizar la contratación de las obras de
construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento de los
corredores viales del pacto bicentenario incluidos en el programa de obra pública
"VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030 y CMA-DT- 188-
2020 Interventoría obras de construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o
mantenimiento de los corredores viales del pacto bicentenario incluidos en el
programa de obra pública "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN,
VISIÓN 2030 […]”.

99. La Sala considera, teniendo en cuenta las pruebas aportadas al proceso y las
consideraciones contenidas en los marcos normativos y desarrollos
jurisprudenciales indicados supra, que, en este caso, se encuentra probada la
responsabilidad del Instituto Nacional de Vías en la vulneración de los derechos e
intereses colectivos indicados supra.

100. El Instituto Nacional de Vías - INVIAS y la Unión Temporal Concesionaria,
celebraron el Contrato de Concesión núm. 664 de 1994, cuyo objeto fue el siguiente:

“[…] CLAUSULA PRIMERA. OBJETO. LA UNIÓN TEMPORAL CONCESIONARIA
se obliga a ejecutar según lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993,
los estudios, diseños definitivos, las obras de rehabilitación y de construcción,
la operación, el mantenimiento y la administración fiduciaria del proyecto vial
denominado "Desarrollo vial del norte de Bogotá en el Departamento de
Cundinamarca”. PARÁGRAFO PRIMERO: El alcance básico de la construcción
incluye los siguientes trabajos: 1.- Estudios, diseños definitivos y obras para la
rehabilitación, y ampliación a tres carriles de las calzadas existentes en los sectores
Santafé de Bogotá (calle 236) - La Caro - Briceño, de la Ruta 55 y Santafé de Bogotá
(calle 236) La Caro Cajicá y Cajicá Zipaquirá de la Ruta 45 A. 2.- Estudios, diseños
definitivos y obras para la construcción de segunda calzada y pasos a desnivel en
los sectores La Caro - Briceño de la Ruta 55 y La Caro (Teletón) Cajicá y Variante
de Cajicá de la Ruta 45 A. 3.- Construcción del Parque del Puente Ei Común. 4.-
Construcción y mantenimiento de la infraestructura para la operación, de acuerdo
con lo indicado en el reglamento anexo al contrato. 5.- Ampliación del viaducto
existente y construcción de uno nuevo en La Caro. 6.- Ampliación del puente
existente y construcción de uno nuevo sobre el Rio Bogotá. 7.- Construcción de
intercambiadores o pasos a desnivel a Sindamanoy, Hatogrande, Los Clubes,
Briceño, Centro Chía, y variante Cajicá, así como el paso subterráneo de acceso a
la Universidad de La Sabana y de puentes peatonales y B.- el mantenimiento y la
operación de todos los sectores de carretera y obras mencionados. PARAGRAFO
SEGUNDO: El alcance físico adicional en este contrato corresponde a: a)
Construcción de la segunda calzada entre Cajicá (Capellanía) y Zipaquirá (retén). b)
Construcción de la variante de Portachuelo. PARAGRAFO TERCERO: Las
actividades que deberá ejecutar LA UNIÓN TEMPORAL CONCESIONARIA para
cumplir el objeto del contrato son: Estudios y diseños finales, financiación,
administración fiduciaria, construcción, suministro, instalación, montaje y prueba de
los equipos, puesta en funcionamiento y operación del proyecto, las cuales deben
hacerse de acuerdo con las condiciones, términos, alcances y obligaciones
establecidas en este documento, en la oferta de la UNIÓN TEMPORAL

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CONCESIONARIA aceptada por el INSTITUTO, en el pliego de condiciones y
adendos de la licitación pública No. 005- 94 […]”.

101. El 31 de octubre de 2013, se suscribió otro sí modificatorio del Contrato de
Concesión núm. 664 de 1994, en donde en el numeral cuarto de la parte
considerativa indicó que el proyecto Desarrollo Vial del Norte de Bogotá se divide en
dos sectores conformados por la ruta 55 y la ruta 45 A, esta última se subdivide en
5 tramos de acuerdo con su nomenclatura así:

“[…] a) RUTA 55-SECTOR 1: Corresponde con la ruta 55-01 comprendida entre el
PR 2+000 sitio denominado el Buda en la carrera séptima, hasta el PR 21+000 en
Briceño, incluyendo paso urbano.

b) RUTA 45 A-SECTOR 2: Corresponde con la ruta 45 A y los subtramos con las
diferentes nomenclaturas a saber

Tramo 1 comprendido entre el PR2+000 sitio denominado el buda en la autopista,
pasando por centro Chía hasta JUR en el PR 11+200;

• Tramo 2: Comprendido entre el PR 0+000 ubicado al lado del puente intercambiador
de entrada a Cajicá y el PR 6+200 sitio de empalme con la glorieta de capellanía y
denominado variante de Cajicá;

Tramo 3: Comprendido entre el PR16+200 glorieta de capellanía hasta el PR 26+000
sitio denominado T de Portachuelo (conocido también como T de Ubaté);

Tramo 4: Denominado acceso a Zipaquirá entre el PR0+000 sitio denominado
Puente de Portachuelo y el PR 3+257 sitio denominado Portal de Zipaquirá;

Tramo 5: Denominado variante Teletón entre el PR5+300 y el PR 7+200.

5. Que en el punto de conectividad entre las concesiones viales, "Devinorte" y
"Zipaquirá Palenque", de conformidad con los análisis técnicos efectuados resulta
necesario construir, en el sitio denominado "T de Portachuelo", un sistema de
intersección que brinde continuidad en términos de eficiencia en el servicio al
corredor de comercio exterior Bogotá - Cúcuta, lo que redundará en el fortalecimiento
de la conexión entre el centro del país y la zona fronteriza con Venezuela,
adicionalmente contribuirá a:

a) Velocidad de circulación vehicular constante

b) Disminución de la accidentalidad

c) Disminución de los tiempos de viaje

d) Disminución de los costos de operación asociados al transporte terrestre […]”.

102. En ese orden de ideas, en dicho otro sí modificatorio se dispuso en su cláusula
primera lo siguiente:

“[…] CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. Modificar el alcance del objeto del Contrato
de Concesión No. 664 de 1994, adicionado al alcance físico inicialmente contratado,
la denominada Intersección T de Portachuelo en su Fase I, para el desarrollo de las
siguientes actividades:

11. Estudios y diseños a nivel de detalle Fase III, de una intersección en el sitio
denominado T de Porlachuelo, localizada en la ruta 45 A04 PR26+000.

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12 Construcción de la intersección en el sitio denominado T de Portachuelo,
localizada en la ruta 45 A 04

13 Operación y el mantenimiento rutinario de la intersección en el sitio denominado
T de Portachuelo, localizada en la ruta 45 A04 PR26+000.

14. Gestión social

15 Gestión ambiental

16 Gestión y adquisición predial […]”.

103. Teniendo en cuenta el acta de “[…] REVERSIÓN Y ENTREGA DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL Y LOS BIENES DESTINADOS AL CONTRATO DE
CONCESIÓN No. 664 DE 1994 DE LA UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO VIAL
PARA EL NORTE DE BOGOTÁ DEVINORTE A LA AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA ANI Y DE LA AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA-ANI A ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ S.A.S. -
ACCENORTE EN VIRTUD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 001 DE 2017
[…]”, las partes acordaron lo siguiente:

“[…] PRIMERO.-La Unión Temporal DEVINORTE entrega formal y materialmente
a título de Reversión a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, el corredor
vial concesionado a través del Contrato de Concesión No. 654 de 1994, y de la
infraestructura que a él accede, las Rutas 45A04 Bogotá- Zipaquirá desde el
PR1+650 hasta el PR25+375 y 5501 Bogotá-Briceño desde el PR2+000 hasta el
PR21+000, infraestructura identificada y relacionada en los formatos de
reversión citados en el considerando No. 37 que hace parte de la Presente Acta,
que incluye: el Centro de Control de Operaciones (CCO) ubicado en la Ruta
45A04 PR2+950, el peaje Andes ubicado en la ruta 45A04 PR2+750, el peaje
Fusca ubicado en la ruta 5501 PR3+900, el peaje Unisabana ubicado en la Ruta
45A04 PR5+700, bascula fija ubicada en la Ruta 45A04 PR2+600 con sus
respectivos equipos y dotación, como consta en el Acta de Verificación de
Requisitos para Reversión, adjunta, en los términos pactados en el Contrato de
Concesión No. 664 de 1994 […]” (Destacado fuera de texto).

104. Entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la Sociedad Concesionaria Vial
de Colombia S.A. se suscribió el Contrato de Concesión núm. 517 de 2013, cuyo
objeto consistió en el otorgamiento de un Contrato de Concesión bajo el esquema
de asociación público privada, para que el Concesionario, realice por su cuenta y
riesgo el reforzamiento, obras de construcción, operación y mantenimiento, según
corresponda, del Proyecto Vial Zipaquirá - Bucaramanga (Palenque), y la
preparación de los estudios de detalle a que hubiere lugar, la gestión predial, social
y ambiental, la obtención y/o modificación de Licencias Ambientales o Permisos y la
financiación en el corredor concesionado "Zipaquirá - Bucaramanga (Palenque)"
denominado corredor "Zipaquirá -Bucaramanga (Palenque).

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105. En el acta20 “[…] DE REVERSIÓN Y ENTREGA DE LA AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA-ANI AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS, DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL Y BIENES AFECTADOS AL CONTRATO DE
CONCESIÓN NO. 517 DE 2013 SUSCRITO ENTRE LA ANI Y LA SOCIEDAD
CONCESIONARIA VIAL DE COLOMBIA CONVICOL S.A.S., PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONCESIÓN DENOMINADO ZIPAQUIRA-
BUCARAMANGA (PALENQUE) […]”, se señaló lo siguiente:

“[…] 14. Que en razón de lo anterior, se precisa que la Variante Portachuelo que
será revertida al INVÍAS, corresponde a la Ruta 45 ACNB y se localiza entre los
PRs PR 3+0600 y 5+0160, sitio donde empalma con el PR 28+0200 de la
carretera Zipaquirá - Ubaté, Ruta 45 A 04, por lo cual, la reversión de la Ruta 45
A 04 corresponderá al sector comprendido entre los PRs 28+0200 y 67+1134 de
la carretera Zipaquirá - Ubaté.

15. Que adicional a lo anterior y según lo señalado en el oficio SEI-28496 del 4
de junio de 2017 ya citado, es necesario aclarar que la via denominada
"Variante de Zipaquirá corresponde en la nomenclatura vial del INVIAS al sector
Variante Portachuelo - Casablanca, comprendido entre los PRs 0+0000 y
7+0000 de la Ruta 45 ACND, sitio donde empalma con el PR 33+0000 de la
cartelera Zipaquirá - Ubaté, Ruta 45 A 04.

16. Que en razón de lo expuesto con anterioridad, como consecuencia de la
terminación del Contrato de Concesión No. 517 de 2013, se requiere revertir al
INVÍAS la infraestructura vial correspondiente a los siguientes sectores de vía,
con todas las obras de infraestructura que la conforman, incluyendo puentes
vehiculares y peatonales, pontones, obras de arte, cunetas, bermas,
señalización, defensas metálicas, muros de contención, estaciones de peaje y
de pesaje, centros de control operativo y demás elementos que formen parte
de las vias:

a. Variante Portachuelo, comprendida entre los PRs PR 3+0600 y 5+0160 de la Ruta
45 ACNB, sitio donde empalma con el PR 28+0200 de la carretera Zipaquirá - Ubaté,
Ruta 45 A 04.

b. Sector Zipaquirá Ubaté, Ruta 45A-04, comprendida entre los PR 28+0200 al
67+1134, incluyendo la estación de peaje denominada Casablanca localizada en el
PR 40+000; Conformada por cuatro (4) carriles principales sistematizados y cuatro
(4) carriles de apoyo sistematizados, dos (2) Casetas de cobro sin equipo de tráfico
para contingencias, software y bases de datos, equipos software, sistema eléctrico,
infraestructura peaje, bienes muebles y señalización, paneles de mensajería variable
y detectores de altura en cada sentido de la vía. Los inventarios de cada uno de los
bienes que se enuncian, forman parte de la presente Acta de entrega y recibo.

c. Sector Variante Portachuelo Casablanca (referida como Variante de Zipaquirá en
el Contrato de Concesión APP No. 517 de 2013), comprendida entre los PRs 0+0250
y 7+0000 de la Rula 45 ACND, sitio donde empalma con el PR 33+0000 de la
carretera Zipaquirá - Ubaté, Ruta 45 A 04.

d. Sector Vía Perimetral de Ubaté comprendido entre los PR 0+000 al PR 3+0148
Ruta 45 ACNC […]”.

[…]

“[…] En atenciones a las anteriores consideraciones, las partes

20 30 de junio de 2017.

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ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: La ANI entrega y el INVIAS recibe, en el estado en que se
encuentra, con todos los elementos que la conforman, incluyendo puentes
vehiculares y peatonales, pontones, obras de arte, cunetas, bermas,
estructuras hidráulicas, señalización vertical y horizontal, defensas metálicas,
muros de contención, estaciones de peaje y de pesaje, centros de control
operativo y demás elementos que formen parte de la vía, la siguiente
infraestructura vial que la ANI declara haber recibido a entera satisfacción de
la sociedad CONCESIONARIA VIAL DE COLOMBIA - CONVICOL S. A. S., en los
términos pactados en el contrato de concesión APP No. 517 de 2013:

a. Variante Portachuelo, comprendida entre los PRs PR 3+0600 y 5+0160 de la
Ruta 45 ACNB, sitio donde empalma con el PR 28+0200 de la Ruta de la
carretera Zipaquirá - Ubaté, Ruta 45 A 04 […]”.

[…]

“[…] c. Sector Variante Portachuelo Casablanca (referida como Variante de Zipaquirá
en el Contrato de Concesión APP No. 517 de 2013), comprendida entre los PRs
0+0250 y 7+0000 de la Ruta 45 ACND, sitio donde empalma con el PR 33+0000 de
la carretera Zipaquirá - Ubaté, Ruta 45 A 04 […]” (Destacado fuera de texto).

106. La Secretaría de Transporte y Movilidad de Zipaquirá indicó que, con
posterioridad la ANI, respondió la petición de la Administración Municipal, mediante
radicado de salida 2016-306-0222188-1, recibido el día 09 de agosto de 2016,
manifestando que en los compromisos adquiridos mediante acta del 4 de abril de
2016, se cumplieron todos, “[…] sin embargo dentro de la lista de compromisos allí
mismo citada, se encuentran enunciados: La entrega oficial del cruce semafórico,
para la operación y control por parte del municipio y la Instalación de bandas sonoras
de desaceleración en los cruces; no obstante a la fecha estos dos compromisos no
se han llevado a cabo y por el contrario el dispositivo semafórico a la fecha se
encuentra totalmente fuera de servicio; por lo tanto es responsabilidad de la
Autoridad Nacional del Transporte tomar las acciones correctivas que permitan el
funcionamiento óptimo del dispositivo semafórico […]”.

107. En el informe novedad con el radicado núm. S-2017-303/SETRA-UNMUN -
38.10 de 8 de agosto de 201721 dirigido al Secretario de Transporte y Movilidad de
Zipaquirá se informó que la red semafórica del Municipio de Zipaquirá necesitaba
mantenimiento, teniendo en cuenta que se evidenciaban fallas en un 95%, por lo que
se incrementó la estadística de accidentalidad.

108. En el Oficio SETM-977-2017 de 2 de agosto de 2017 de la secretaría de
transporte y movilidad de Zipaquirá SETM-977-2017, dirigido al Instituto Nacional de
Vías - INVIAS se puso en conocimiento que el cruce semafórico instalado en la

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intersección de Ave Colombiana, vía nacional Variante Proyecto Vial Zipaquirá -
Bucaramanga (Palenque), se encuentra fuera de servicio, constituyéndose en un
cruce de alto riesgo de accidentalidad, derivada del flujo vehicular que se moviliza
tanto en la vía departamental como en la vía Nacional, en donde además; desde la
entrada en vigencia de dicha intersección, se han presentado múltiples accidentes
de tránsito que comprometen de manera considerable la vida y la integridad de los
actores viales, por lo que se solicitó al INVIAS que de manera urgente se adoptaran
las acciones correctivas para la reparación de la intersección semafórica.

109. La Secretaría de Transporte y Movilidad de Zipaquirá de igual manera, indicó
que “[…] la intersección semafórica nunca ha sido entregada de manera formal
a la Administración Municipal y de ello da cuenta el oficio de fecha 19-05-2017,
enviado a esta Secretaria por el gerente de proyectos carretero 2, quien indica
que el contrato de concesión No. 517 de 2013, se encuentra en etapa de
reversión y la infraestructura existente será entregada al INVIAS el 30 de junio,
para que este a su vez haga la entrega al municipio […]” (Destacado fuera de
texto).

110. A través del Oficio SETM-1123-2017 del 8 de septiembre de 2017 de la
Secretaría de Transporte y Movilidad de Zipaquirá SETM-977-2017, dirigido a la
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, se señaló que, la Administración
Municipal advirtió al Gobierno Nacional, la problemática que se preveía, respecto a
los potenciales riesgos de accidentalidad, en el cruce de la Vía Nacional proyecto
vial Zipaquirá Bucaramanga Palenque, en el sector de Ave Colombiana, donde
confluye la movilidad de la vía que comunica a Zipaquirá con el Municipio de
Nemocón y la Vía Nacional.

111. De igual manera, expresó que “[…] En marzo 11 de 2016, mediante oficio
SETM -245-2016, la Secretaría de Transporte y Movilidad de Zipaquirá, solicitó a la
CONCESION VIAL CONVICOL, el arreglo y mantenimiento prioritario del cruce
semafórico, el cual presentaba fallas continuas, por las cuales ya se habían
presentado varios accidentes; de igual manera, la Secretaría de Transporte y
Movilidad, le solicitó se considerase la posibilidad de hacer entrega formal, de la red
semafórica mediante la figura jurídica pertinente. Dicha entrega no se ha realizado
de manera formal, tal como se estableció en el acta suscrita el 29 de diciembre de
2016, donde se dejó como compromiso que el representante legal de la concesión
o la autoridad competente, elaboraría un documento para la entrega formal y material
del cruce […]”.

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112. Ahora bien, la Sala considera importante para resolver el problema jurídico
indicado supra, hacer referencia a las funciones legales que le competen al Instituto
Nacional de Vías – INVÍAS.

113. En los términos del Decreto 1292 de 14 de octubre de 2021 22 el Instituto
Nacional de Vías - INVÍAS, tendrá como objeto la ejecución de las estrategias,
políticas, programas, proyectos y planes, de la infraestructura no concesionada de
la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial, marítima y sus
infraestructuras conexas o relacionadas, con fundamento en los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Transporte.

114. De igual manera, el artículo 2 del Decreto 1292 de 2021 prevé las
funciones del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS en los siguientes términos:

“[…] 2.1 Ejecutar la política del Gobierno Nacional en relación con la infraestructura
de transporte de su competencia, de conformidad con los lineamientos establecidos
por el Ministerio de Transporte.

2.2 Elaborar conjuntamente con el Ministerio de Transporte los planes,
programas y proyectos tendientes a la construcción, reconstrucción,
mejoramiento, rehabilitación, conservación operación y mantenimiento,
atención de emergencias y demás obras que requiera la infraestructura de su
competencia.

2.3 Coordinar con el Ministerio de Transporte la ejecución de los planes y programas
de su competencia.

2.4 Adelantar investigaciones, estudios, análisis y proyectos para aportar
lineamientos técnicos al Sector.

2.5 Asesorar y prestar apoyo técnico, así como en la ejecución de proyectos a
las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados encargados de
la construcción, mantenimiento y atención de infraestructuras a su cargo,
cuando ellas lo soliciten, se cuente con recursos o se acuerde con el INVIAS.

2.6 Recaudar los peajes y demás cobros sobre el uso de la infraestructura de
transporte de su competencia o a su cargo.

2.7 Realizar operaciones financieras que permitan anticipar recursos futuros u otros
esquemas tendientes a la obtención de nuevas fuentes de financiación.

2.8 Celebrar todo tipo de negocios, contratos y convenios que se requieran
para el cumplimiento de su objetivo.

2.9 Elaborar, conforme a los planes del sector y de la entidad la programación de
compra de terrenos y adquirir los que se consideren prioritarios para el cumplimiento
de sus objetivos.

22 “Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías – INVIAS”.

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2.10 Llevar a cabo todas las acciones relacionadas con: la contribución nacional de
valorización, obras por impuestos, regalías, cooperación, de conformidad con la
normatividad vigente y/o los lineamientos del Ministerio de Transporte.

2.11 Dirigir y supervisar la elaboración de los proyectos para el análisis, liquidación,
distribución y cobro de la contribución nacional de valorización, causada por la
construcción y mejoramiento de la infraestructura de transporte de su competencia.

2.12 Adelantar los conceptos, estudios técnicos y jurídicos de viabilidad del cobro de
la contribución nacional de valorización en relación con la infraestructura del sector
transporte, de conformidad con la ley.

2.13 Ejercer como administrador tributario de la contribución nacional de valorización
conforme a las normas vigentes.

2.14 Prestar asesoría en materia de valorización, a los entes territoriales y entidades
del Estado que lo requieran.

2.15 Proponer los cambios que considere convenientes para mejorar la gestión
administrativa.

2.16 Definir las características técnicas de la demarcación y señalización de la
infraestructura de transporte de su competencia, así como las normas que
deberán aplicarse para su uso.

2.17 Ejecutar los planes, programas y proyectos relacionados con el desarrollo
de la infraestructura a su cargo y prioridades nacionales.

2.18 Supervisar la ejecución de las obras y proyectos conforme a los planes y
prioridades nacionales.

2.19 Controlar y evaluar la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos
relacionados con el desarrollo de la infraestructura a su cargo.

2.20 Definir, expedir y adoptar la regulación técnica relacionada con la infraestructura
de los modos de transporte carretero, fluvial, férreo y marítimo.

2.21 Impulsar la innovación y sostenibilidad por medio de la investigación e
implementación de nuevas tecnologías, proponiendo soluciones a las problemáticas
de infraestructura de transporte.

2.22 Coordinar con la Agencia Nacional de Infraestructura la entrega, mediante
acto administrativo de la infraestructura de transporte y bienes conexos, en
desarrollo de los contratos de concesión e igualmente el recibo de esta, una
vez se den las reversiones. Está infraestructura pasa a ser competencia del
INVIAS, exceptuando los pasos urbanos por ciudades capitales, conforme con
el Decreto 2171 de 1992 […]”. (Resaltado por la Sala).

115. Por su parte, el artículo 3 del Decreto 2976 de 2010 prevé lo siguiente:

“[…] Definiciones. Para efectos de interpretación y aplicación del presente decreto se
describen las siguientes definiciones: Pasos Urbanos:

Se entenderán única y exclusivamente como el tramo o sector vial urbano, de la Red
Vial a cargo de la Nación administrada por el Instituto Nacional de Vías — INVÍAS,
el Instituto Nacional de Concesiones — INCO o los entes territoriales, que se
encuentran al interior o atraviesan la zona urbana de los diferentes Municipios.

Fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión en pasos urbanos:
constituyen zonas de reserva o de exclusión para carreteras […]”.

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116. Ahora bien, la Sala evidencia que, la semaforización y señalización del cruce
al que hace referencia el actor popular, se encuentra ubicado en la carrera 36 con
calle 8.ª del Municipio de Zipaquirá, en la vía que de Zipaquirá conduce a Nemocón.

117. Está plenamente acreditado en el expediente que, como consecuencia de la
terminación del Contrato de Concesión núm. 517 de 2013, el 30 de junio de 2017 se
revirtió al Instituto Nacional de Vías – INVÍAS la infraestructura vial correspondiente
a los siguientes sectores de vía, con todas las obras de infraestructura que la
conforman, incluyendo puentes vehiculares y peatonales, pontones, obras de arte,
cunetas, bermas, señalización, defensas metálicas, muros de contención,
estaciones de peaje y de pesaje, centros de control operativo y demás elementos
que formen parte de las vías, como lo fue, la “[…] Variante Portachuelo Casablanca
(referida como Variante de Zipaquirá en el Contrato de Concesión APP No. 517 de
2013), comprendida entre los PRs 0+0250 y 7+0000 de la Ruta 45 ACND, sitio donde
empalma con el PR 33+0000 de la carretera Zipaquirá - Ubaté, Ruta 45 A 04 […]”.

118. Como se indicó en el informe novedad con el radicado núm. S-2017-
303/SETRA-UNMUN - 38.10 de 8 de agosto de 201723 se puso en conocimiento a
la Secretaría de Transporte y Movilidad de Zipaquirá, que la red semafórica del
Municipio de Zipaquirá necesitaba mantenimiento, teniendo en cuenta que se
evidenciaban fallas en un 95%.

119. En el expediente obra copia del Oficio SRN 106496 del 22 de septiembre de
2017 suscrito por el Subdirector Técnico Red Nacional de Carreteras del Instituto
Nacional de Vías, dirigido al Alcalde Municipal de Zipaquirá, poniendo en
conocimiento la visita de inspección realizada el 15 de septiembre de 2017 al sitio
de intersección de la vía nacional Variante Zipaquirá a cargo del INVÍAS con la
carretera departamental Zipaquirá - Nemocón, por medio de la cual se adquirieron
los siguientes compromisos entre las partes:

“[…] 1. EI INVIAS construirá reductores de velocidad sobre la vía nacional antes
de llegar al cruce para Nemocón, mejorará la señalización vertical y horizontal
de la zona y efectuará señalización vertical y horizontal sobre la vía Zipaquirá -
Nemocón, hasta la zona de carretera que forma parte de la Variante de
Zipaquirá, con cargo al contrato cuya adjudicación se tiene prevista para el 10
de octubre de 2017. Las obras deberán estar ejecutadas a más tardar al finalizar
la segunda semana del mes de noviembre de 2017.

2. EI INVIAS gestionará la realización de un estudio de tránsito que permita
mejorar las condiciones de operación de la intersección vial, mediante ajustes
a los tiempos semafóricos, gestión que será desarrollada en conjunto con el

23 Documento suscrito por el Jefe Grupo Tránsito y Transporte de Zipaquirá.

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municipio, analizando en forma integral las intersecciones de la calle 8ª con la
vía nacional y con la Variante, ambas a cargo del INVÍAS.

3. EI INVÍAS estudiará la posibilidad de bajar el terraplén localizado en el costado
suroccidental de la intersección, con el fin de mejorar la visibilidad de quienes llegan
a la intersección procedentes de Bogotá y los que la cruzan desplazándose desde
Zipaquirá hacia Nemocón, para cuyos fines el municipio informa estar en
disponibilidad de colaborar con la maquinaria que sea requerida.

4. El municipio insiste en que no le han sido entregados oficialmente los
semáforos por parte de la ANI, ni tampoco los documentos soportes como son
planos y diseños de ductos y canalizaciones, sistemas, software, etc. EI INVÍAS
se compromete a oficiar a la ANI solicitándole enviar al municipio los
documentos e información requerida.

5. EI INVIAS se compromete a gestionar ante la ANI una reunión, por solicitud de los
Concejales y Autoridades del Municipio, para que les brinden información sobre los
nuevos proyectos de concesión o de APP que se tengan para la vía y los alcances
de los mismos.

6. EI INVIAS se compromete a priorizar la atención de la rocería en el sector de la
intersección, con los Microempresarios de la Zona, gestión que será desarrollada a
partir de la fecha.

7. Se reitera que la construcción del puente a desnivel en la intersección como
solución definitiva, no se encuentra dentro de los alcances de las obras que
adelantará el INVIAS próximamente, obra que muy probablemente fue considerada
en desarrollo de los contratos de concesión a cargo del INCO y de la ANI, finalmente
no llevada a cabo mientras duró la ejecución de los contratos respectivos […]”.
(Destacado fuera de texto).

120. En ese orden de ideas, para la Sala, el INVÍAS no cumplió con sus funciones
toda vez que dentro de los compromisos adquiridos por las diferentes entidades para
garantizar la protección de los derechos e intereses colectivos indicados supra, dicha
entidad no aportó pruebas donde acreditara uno de los compromisos a los cuales se
obligó, como era el de oficiar a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI
solicitándole enviar al Municipio los documentos e información requerida, teniendo
en cuenta que, el Municipio insistió en que no le habían sido entregados oficialmente
los semáforos por parte de esta entidad.

121. Como está plenamente acreditado en el expediente, el Instituto Nacional de
Vías – INVIAS, recibió la infraestructura vial correspondiente a los siguientes
sectores de vía, con todas las obras de infraestructura que la conforman, incluyendo
puentes vehiculares y peatonales, pontones, obras de arte, cunetas, bermas,
señalización, defensas metálicas, muros de contención, estaciones de peaje y de
pesaje, centros de control operativo y demás elementos que formen parte de las
vías, como lo fue, la “[…] Variante Portachuelo Casablanca (referida como Variante
de Zipaquirá en el Contrato de Concesión APP No. 517 de 2013), comprendida entre
los PRs 0+0250 y 7+0000 de la Ruta 45 ACND, sitio donde empalma con el PR
33+0000 de la carretera Zipaquirá - Ubaté, Ruta 45 A 04 […]”, por lo que dentro de

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sus funciones legales en los términos del Decreto 1292 de 2021 se encontraban las
siguientes:

“[…] Elaborar conjuntamente con el Ministerio de Transporte los planes, programas
y proyectos tendientes a la construcción, reconstrucción, mejoramiento,
rehabilitación, conservación operación y mantenimiento, atención de emergencias y
demás obras que requiera la infraestructura de su competencia […]”.

[…]

“[…] Asesorar y prestar apoyo técnico, así como en la ejecución de proyectos a las
entidades territoriales o a sus organismos descentralizados encargados de la
construcción, mantenimiento y atención de infraestructuras a su cargo, cuando ellas
lo soliciten, se cuente con recursos o se acuerde con el INVIAS […]”.

122. En el acta suscrita entre el INVIAS y la Alcaldía de Zipaquirá de fecha 4 de
octubre de 2017 se acordaron los siguientes compromisos:

“[…] El Invías revisará la demarcación sobre la variante de Zipaquirá, el Municipio
revisará el diseño de los tiempos semafóricos una vez la ANI haga entrega formal de
los semáforos al municipio […]”.

123. En ese orden de ideas, la Sala pone de manifiesto que, la secretaría de
Transporte y Movilidad de Zipaquirá, indicó que “[…] la intersección semafórica
nunca ha sido entregada de manera formal a la Administración Municipal y de ello
da cuenta el oficio de fecha 19-05-2017, enviado a esta Secretaria por el gerente de
proyectos carretero 2, quien indica que el contrato de concesión No. 517 de 2013,
se encuentra en etapa de reversión y la infraestructura existente será entregada al
INVIAS el 30 de junio, para que este a su vez haga la entrega al municipio […]”.

124. Para la Sala, respecto del corredor vial a la altura de la carrera 8 con calle 36,
el INVIAS está llamado a responder por la contratación y ejecución de las obras de
mantenimiento, ampliación y mejoramiento, así como por diseñar soluciones para
mejorar la seguridad de movilización para todos los actores viales en la mencionada
intersección.

125. Al respecto, los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 2976 de 2010, prevén lo
siguiente:

“[…] ARTÍCULO 1°. Objeto. Por medio del presente Decreto, se reglamentan las
medidas especiales para fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión
en pasos urbanos de la Red Nacional de Carreteras a cargo de la Nación y se dictan
otras disposiciones.

ARTÍCULO 2°. Ámbito de Aplicación. El presente Decreto aplica para las carreteras
de la Red Vial a cargo de la Nación que se encuentran bajo la administración del
Instituto Nacional de Vías, Instituto Nacional de Concesiones o entes territoriales,
incluyéndose los pasos urbanos.

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ARTICULO 3°. Definiciones. Para efectos de interpretación y aplicación del presente
decreto se describen las siguientes definiciones:

Pasos Urbanos: Se entenderán única y exclusivamente como el tramo o sector vial
urbano, de la Red Vial a cargo de la Nación administrada por el Instituto Nacional de
Vías — INVÍAS, el Instituto Nacional de Concesiones — INCO o los entes
territoriales, que se encuentran al interior o atraviesan la zona urbana de los
diferentes Municipios.

Fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión en pasos urbanos:
constituyen zonas de reserva o de exclusión para carreteras.

Vías de servicio: Corresponde a aquellas vías construidas sensiblemente paralelas
a la vía a cargo de la Nación, que sirven para el acceso a los predios colindantes a
la vía con el fin de no interrumpir el flujo vehicular. Estas vías estarán separadas de
la vía a cargo de la Nación mediante elementos físicos y estarán conectadas a ella a
través de carriles de aceleración o desaceleración los cuales serán definidos por los
estudios técnicos con base en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras
vigente expedido por el Instituto Nacional de Vías, o aquel que lo adicione y/o
sustituya.

Variante: Carretera que se construye por fuera del perímetro urbano de los
municipios con el fin de desviar a los vehículos que realicen un recorrido y no tengan
intención de ingresar a (SIC) dicho perímetro.

Ampliación de vías: Entiéndase por ampliación de vías aquellas obras que se realizan
en vías construidas y que contemplan la construcción de nuevos carriles […]”.

126. Respecto a los contratos núm. 1089 de 17 de octubre de 201724, 1090 de 17
de octubre de 201725, 971 de 2021 y 989 de 2021 que menciona el INVIAS, para
argumentar que dio “[…] cumplimiento a sus funciones en relación con la vía objeto
de la litis […]”, la Sala considera que no aportó prueba para efectos de evidenciar
con claridad las obras llevadas a cabo con el fin de garantizar la protección de los
derechos colectivos indicados supra, especialmente en lo que tiene que ver con las
medidas adoptadas para superar las irregularidades presentadas en la
semaforización de la zona, cuestión que por demás no fue objeto de apelación.

127. Para la Sala, la sola existencia de dichos contratos no demuestra que el
INVIAS haya cumplido con sus funciones legales, en los términos del Decreto 1292
de 2021, ni mucho menos que se haya superado la situación de vulneración de los
derechos e intereses colectivos, en este caso concreto.

128. Ahora bien, el INVIAS en su respectivo recurso de apelación, aportó como
prueba, el “[…] Informe de Interventoría de la Administración Vial Frente 1 RUTA 45ª

24 Objeto del contrato: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZIPAQUIRÁ UBATÉ
CÓDIGO 45ACNB VARIANTE PORTACHUELO PR 03+0600 AL PR 05+0160, VÍA 45ACND VARIANTE
PORTACHUELO CASABLANCA PR 0+0250 AL PR07+0000, VÍA 45A04 ZIPAQUIRÁ UBATÉ PR 28+0200 AL
PR 67+1134, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”.
25 Objeto del contrato: "[…] SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS CARRETERAS VARIANTE

PORTACHUELO RUTA 45ACNB ZIPAQUIRÁ - UBATE RUTA 45A04 Y VARIANTE PORTACHUELO
CASABLANCA RUTA 45ACND […]”.

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04 Sector Zipaquirá Ubaté, Consorcio CG TRONCAL CENTRAL […]” que indica lo
siguiente:

“[…] Por medio del presente se remite informe técnico del estado y acciones
realizadas en el PR 02+0200 de la vía 45ACND.

1. Semáforos: los semáforos actualmente se encuentran en funcionamiento, de los
cuales a la presente fecha no se han recibido quejas o reclamos de su mal
funcionamiento. Estos se encuentran a cargo de la administración municipal de
Zipaquirá.

2. En el contrato de obra 1090 de 2017 cuyo objeto es: SEÑALIZACIÓN
HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS CARRETERAS VARIANTE PORTACHUELO
RUTA 45ACNB, ZIPAQUIRÁ-UBATE RUTA 45A04 Y VARIANTE PORTACHUELO
CASABLANCA RUTA 45ACND, se realizó la construcción de 10 bandas alertadoras
antes de llegar al cruce Ave Colombiana sobre la vía 45ACND. Esto con el objeto de
mejorar las condiciones de seguridad de la zona, advirtiendo o alertando a los
conductores que puede ser necesario realizar una acción preventiva de tal forma que
los vehículos reduzcan la velocidad de circulación al llegar al semáforo.

3. En el desarrollo del contrato de obra 1090 de 2017, se instalaron 1.000 tachas
reflectivas en las zonas de alta accidentalidad, en el sector de Ave Colombiana se
instalaron tachas reflectivas al borde de la vía desde las bandas alertadoras hasta el
cruce semaforizado

4. En la ejecución del contrato de obra 1090 de 2017, se instalaron 53 señales
verticales, en el sector de Ave Colombiana se instalaron 6 señales para reforzar la
señalización del cruce las cuales se encuentran en buen estado […]”.

129. En el oficio núm. 2024-120.1-10740-1 de fecha 26 de julio de 2024 suscrito
por la Secretaría de Transporte y Movilidad, se indicó lo siguiente:

“[…] En primer lugar, sea pertinente aclarar que, los sitios a que se hace referencia
en la petición son intersecciones viales donde se interceptan vías nacionales y
departamentales tal y como se procede a describir a continuación:

[…]

“[…] La primera es: la intersección de la Ruta Nacional 45A04 con la Ruta Nacional
45ACNB y la Troncal Departamental Zipaquirá - Nemocón, dicha intersección está a
carga del instituto nacional de vías INVIAS, como se muestra en el siguiente mapa
oficial de esta institución […]”.

[…]
“[…] La segunda es: la intersección de la Ruta Nacional 45ACND (Variante Zipaquirá
• Ubaté) con la Troncal Departamental Zipaquirá-Nemocón, en esta intersección se
está construyendo una glorieta para poner en funcionamiento la doble calzada
Zipaquirá - Bucaramanga (Palenque) esta construcción está a cargo del contratista
HMC S.A.S e INVIAS, como se muestra en el siguiente mapa oficial de esta
institución […]”.

[…]

“[…] Visto lo anterior, es importante mencionar sobre el primer punto, en el cual hace
referencia a: "1) el estado actual del cruce semafórico instalado en la intersección de
ave colombiana, vía nacional variante proyecto vial Zipaquirá - Bucaramanga
(Palenque)".

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Respuesta: En visita realizada por esta Secretaría el pasado 19 de Julio del
2024, a la intersección mencionada y denominada como intersección de ave
colombiana, vía nacional variante proyecto vial Zipaquirá - Bucaramanga
(Palenque), se pudo evidenciar la operación y funcionamiento de la
intersección acorde a lo presentado en el PMT (Plan de Manejo de Trafico) ante
el INVIAS.

Dicho PMT tiene a cargo el funcionamiento del cruce semafórico, y para la
implementación del PMT se realizó una actualización de los semáforos por
traslado de los mismos; esto se debe al proceso constructivo de la segunda
calzada de la variante Zipaquirá -Ubaté y la glorieta ubicada en este mismo
sector, así mismo se informa, que una vez culminen estas obras los
dispositivos semafóricos se quitaran para el buen funcionamiento de la
glorieta.

A continuación, se presenta el esquema de señalización y semaforización para la
intersección de la Ruta Nacional 45ACND (Variante Zipaquirá - Ubaté) con la Troncal
Departamental Zipaquirá - Nemocón.

[…]

“[…] De igual manera procedemos a presentar el estado actual de la intersección
mencionada, conforme a las imágenes captadas por este organismo de tránsito, en
la visita técnica realizada al lugar en mención para el día 19 de julio de 2024 […]”.

[…]

“[…] Respecto de la segunda (2) inquietud la cual refiera igualmente a: "ii) el
funcionamiento de los semáforos ubicados en la carrera 36 con calle 8ª del
Municipio de Zipaquirá, en la vía que de Zipaquirá conduce a Nemocón".

Respuesta: Es menester señalar igualmente que esta obra es de competencia del
INVIAS como ya se mencionó anteriormente, y como tal son ellos los responsables
de realizar las adecuaciones e instalaciones que se requieran para el buen manejo
de la seguridad y movilidad en ese sector; así las cosas, en la visita realizada se
pudo concluir que en la dirección carrera 36 con calle 8ª del Municipio de
Zipaquirá, no se cuenta la fecha con instalación de cruce semafórico tal y como
se puede evidenciar en las imágenes que se presentan a continuación: […]”
(Destacado fuera de texto).

130. Ahora bien, del respectivo informe suscrito por la Secretaría de Transporte y
Movilidad del Municipio de Zipaquirá, la Sala concluye lo siguiente:

131. En el informe suscrito por la Secretaría de Transporte y Movilidad se indicó
que en “[…] la dirección carrera 36 con calle 8ª del Municipio de Zipaquirá, no
se cuenta la fecha con instalación de cruce semafórico […]”.

132. La Sala destaca que, si bien es cierto en el informe se expresó que
respecto al estado actual del cruce semafórico instalado en la intersección
denominada “ave colombiana”, vía nacional variante proyecto vial Zipaquirá -
Bucaramanga (Palenque), se evidencia la operación y funcionamiento de la
intersección acorde a lo presentado en el Plan de Manejo de Tráfico ante el INVIAS,

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en donde además, “[…] Dicho PMT tiene a cargo el funcionamiento del cruce
semafórico, y para la implementación del PMT se realizó una actualización de los
semáforos por traslado de los mismos […]”, también se indicó que, respecto a “[…]
la dirección carrera 36 con calle 8ª del Municipio de Zipaquirá, no se cuenta la fecha
con instalación de cruce semafórico […]”.

133. Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que en el caso sub
examine y como se indicó supra, la omisión por parte del INVIAS, implicó vulneración
de los derechos e intereses colectivos, toda vez que no se probó la respectiva
instalación de cruce semafórico en el cruce de la carrera 36 con calle 8ª, del
Municipio de Zipaquirá.

134. La Sala considera que respecto de la instalación de semáforos en el cruce
denominado “ave colombiana”, se demostró con el informe que en ese punto el
INVIAS ha adelantado las acciones pertinentes para proteger los derechos colectivos
amparados; no obstante, la situación de vulneración continúa en el cruce de la
carrera 36 con calle 8ª, del Municipio de Zipaquirá, tal como se precisará en la parte
resolutiva de esta providencia.

135. Por último, en este acápite, la Sala considera que al Municipio de Zipaquirá
dentro del marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias le
compete participar en el cumplimiento de las órdenes decretadas en esta sentencia,
si bien, no como entidad que haya vulnerado los derechos colectivos amparados
sino en el marco del principio de colaboración entre entidades públicas y,
atendiendo, principalmente a las obligaciones del Municipio en materia de
prevención del riesgo de desastres y, en el caso concreto, de prevención de
accidentalidad en su jurisdicción.

136. La Sala destaca que el artículo 3° de la Ley 769 de 6 de julio de 2002 26
prevé lo siguiente:

“[…] Para los efectos de la presente ley entiéndase que son autoridades de
tránsito, en su orden, las siguientes:

El Ministro de Transporte.

Los Gobernadores y los Alcaldes.

26
“Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.

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Los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o Distrital.

La Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte.

Los Inspectores de Policía, los Inspectores de Tránsito, Corregidores o quien haga
sus veces en cada ente territorial.

La Superintendencia General de Puertos y Transporte.

Las Fuerzas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5o
de este artículo.

Los Agentes de Tránsito y Transporte […]”. (Resaltado por la Sala).

137. De igual manera, en los términos del numeral 7.1.2. del Manual de
Señalización “[…] Los semáforos que controlan el tránsito deben ser instalados y
operados en vías públicas y privadas abiertas al uso público únicamente por la
autoridad de tránsito competente, o en quien esté delegada esta actividad […]”.

138. En ese orden de ideas, la Sala considera que, al Municipio de Zipaquirá al
ser una autoridad de tránsito le compete la función de colaboración, por lo que le
deberá prestar apoyo al INVÍAS dentro del marco de sus competencias legales, para
el cabal cumplimiento de las órdenes decretadas en la presente sentencia, en aras
de contribuir en la garantía de protección de los derechos e intereses colectivos
indicados supra, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

La responsabilidad de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, en el caso
concreto

139. La Agencia Nacional de Infraestructura - ANI en su respectivo recurso de
apelación, señaló que dentro de sus funciones no se encuentra de manera expresa
la de adelantar los estudios técnicos, adoptar medidas correctivas, realizar el
mantenimiento preventivo y correctivo, así como la reparación del sistema de
semaforización solicitados, por el contrario, la entidad se encarga es de la
administración de los contratos de concesión mediante los cuales el Concesionario
obtiene una remuneración por la materialización de unos proyectos de
infraestructura, siendo este último el ejecutor directo de tales proyectos viales.

140. Adujo que dichas funciones podrán realizarse en el marco de un contrato de
concesión, teniendo en cuenta que, al momento de revertir algún corredor vial, este
pasa a competencia del INVIAS, quien es la entidad encargada de realizar el
mantenimiento de los tramos viales a su cargo.

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141. Manifestó que, “[…] vale la pena poner en conocimiento que desde el 30 de
junio de 2017, el corredor vial Zipaquirá Bucaramanga (Palenque) está a cargo del
Instituto Nacional de Vías INVIAS, por lo tanto la Agencia Nacional de Infraestructura
ANI, perdió competencia sobre la vía, es decir, funcionalmente, la Entidad que
represento no puede realizar inversiones, ni adelantar ningún tipo de trabajo sobre
la misma […]”.

142. En ese orden de ideas expresó que la Agencia Nacional de Infraestructura
está facultada para elaborar los estudios para la estructuración de proyectos de
concesión; por lo tanto, que no está facultada para contratar estudios o ejecutar
obras como las solicitadas en la sentencia proferida por el Tribunal, teniendo en
cuenta que son los proyectos de asociación públicos privados los que tienen como
finalidad el diseño, construcción, mantenimiento, operación administración y
explotación de la infraestructura pública y a la fecha sobre el corredor Vial Zipaquirá
• Bucaramanga (Palenque), la Agencia Nacional de Infraestructura no tiene ningún
contrato de Concesión vigente.

143. Ahora bien, el artículo 1° del Decreto núm. 4165 de 3 de noviembre de 2011
prevé que la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, tendrá por objeto contratar,
administrar evaluar, coordinar, planear y estructurar proyectos de concesiones y
otras formas de Asociación Público Privada (APP), para el “[…] diseño, construcción,
mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura
pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados
y el desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro tipo de
infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional
respecto de infraestructuras semejantes a las enunciadas en este artículo, dentro del
respeto a las normas que regulan la distribución de funciones y competencias y su
asignación […]”.

144. De igual manera, el artículo 2 del Decreto núm. 4165 de 3 de noviembre de
2011 establece las funciones de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI en los
siguientes términos:

“[…] Funciones generales. Como consecuencia del cambio de naturaleza, son
funciones generales de la Agencia Nacional de Infraestructura:

1. Identificar, evaluar la viabilidad y proponer iniciativas de concesión u otras formas
de Asociación Público Privada para el desarrollo de la infraestructura de transporte y
de los servicios conexos o relacionados.

2. Planear y elaborar la estructuración, contratación y ejecución de los proyectos de
concesión u otras formas de Asociación Público Privada para el diseño, construcción,
mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura

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pública y de los servicios conexos o relacionados, que hayan sido previamente
identificados por el Ministerio de Transporte o asignados por el Gobierno Nacional.

3. Crear y administrar un banco de proyectos de infraestructura de transporte que
sean susceptibles de desarrollarse mediante concesión u otras formas de Asociación
Público Privada.

4. Definir metodologías y procedimientos en las etapas de planeación,
preadjudicación, adjudicación, postadjudicación y evaluación de proyectos de
concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo.

5. Elaborar los estudios para definir los peajes, tasas, tarifas, contribución de
valorización y otras modalidades de retribución por el diseño, construcción,
operación, explotación, mantenimiento o rehabilitación de la infraestructura
relacionada con los proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público
Privada a su cargo.

6. Elaborar los estudios y adelantar las acciones necesarias para recopilar la
información de carácter predial, ambiental y social requerida para una efectiva
estructuración y gestión de los proyectos de concesión u otras formas de Asociación
Público Privada a su cargo

7. Identificar y proponer, como resultado del análisis de viabilidad técnica,
económica, financiera y legal, las modificaciones requeridas a los proyectos de
concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo, con la finalidad
de asegurar condiciones apropiadas para el desarrollo de los mismos.

8. Realizar directa o indirectamente la estructuración técnica, legal y financiera de los
proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo,
con base en los lineamientos y políticas fijadas por las entidades encargadas de la
planeación del sector transporte y por el Consejo Nacional de Política Económica y
Social, (Conpes).

9. Coordinar y gestionar, directa o indirectamente, la obtención de licencias y
permisos, la negociación y la adquisición de predios y la realización de las acciones
requeridas en el desarrollo de los proyectos de concesión u otras formas de
Asociación Público Privada a su cargo.

10. Adelantar los procesos de expropiación administrativa o instaurar las acciones
judiciales para la expropiación, cuando no sea posible la enajenación voluntaria de
los inmuebles requeridos para la ejecución de los proyectos a su cargo.

11. Identificar, analizar y valorar los riesgos de los proyectos de concesión u otras
formas de Asociación Público Privada a su cargo e incorporar en todos los contratos
de concesión y sus modificaciones las reglas de distribución de riesgos de forma que
sea explícita la asunción de riesgos de cada una de las partes.

12. Evaluar y hacer seguimiento a los riesgos contractuales e institucionales y
proponer e implementar medidas para su manejo y mitigación.

13. Controlar la evolución de las variables relacionadas con las garantías otorgadas
por la Nación durante la vigencia de los contratos de concesión u otras formas de
Asociación Público Privada a cargo de la entidad, y calcular y actualizar los pasivos
contingentes, si hubiere lugar a ello, para cubrir dichas garantías, de acuerdo con las
normas legales vigentes y los lineamientos impartidos por el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público.

14. Coordinar con el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Unidad Administrativa
Especial de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) la entrega y recibo de las áreas y/o la
infraestructura de transporte asociadas a los proyectos de concesión u otras formas
de Asociación Público Privada a su cargo.

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15. Ejercer las potestades y realizar las acciones y actividades necesarias para
garantizar la oportuna e idónea ejecución de los contratos a su cargo y para proteger
el interés público, de conformidad con la ley.

16. Supervisar, evaluar y controlar el cumplimiento de la normatividad técnica en los
proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo, de
acuerdo con las condiciones contractuales.

17. Realizar la medición y/o seguimiento de las variables requeridas en cada
proyecto para verificar el cumplimiento de los niveles de servicio y demás
obligaciones establecidas en los contratos de concesión u otras formas de
Asociación Público Privada a su cargo.

18. Asesorar a las entidades descentralizadas, territorialmente o por servicios y a las
entidades nacionales, en la estructuración técnica, legal y financiera de proyectos de
concesión u otras formas de Asociación Público Privada, para lo cual se suscribirán
los convenios y contratos que sean necesarios.

19. Administrar y operar de forma temporal la infraestructura ferroviaria nacional
cuando por razones de optimización del servicio esta haya sido desafectada de un
contrato de concesión y hasta tanto se entregue a un nuevo concesionario o se
disponga su entrega definitiva al Instituto Nacional de Vías (Invías).

20. Adelantar con organismos internacionales o nacionales, de carácter público o
privado, gestiones, acuerdos o contratos para el desarrollo de actividades
relacionadas con su objeto, tales como la realización de estudios o la estructuración
de proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada o la
prestación de servicios de consultoría.

21. Las demás funciones que se le asignen de conformidad con lo establecido en la
ley […]”.

145. La Sala evidencia que, la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI entregó al
Instituto Nacional de Vías- INVIAS, la respectiva infraestructura vial con todas las
obras de que la conforman, incluyendo puentes vehiculares y peatonales, pontones,
obras de arte, cunetas, bermas, señalización, defensas metálicas, muros de
contención, estaciones de peaje y de pesaje, centros de control operativo y demás
elementos que formen parte de las vías, como lo fue, la “[…] Variante Portachuelo
Casablanca (referida como Variante de Zipaquirá en el Contrato de Concesión APP
No. 517 de 2013), comprendida entre los PRs 0+0250 y 7+0000 de la Ruta 45 ACND,
sitio donde empalma con el PR 33+0000 de la carretera Zipaquirá - Ubaté, Ruta 45
A 04 […]”.

146. En ese orden de ideas, al haberse efectuado la respectiva reversión y entrega
de la respectiva infraestructura Vial al Instituto Nacional de Vías- INVIAS, la
consecuencia jurídica es que frente a la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI no
se deriva ningún tipo de obligaciones en los términos del contrato de Concesión núm.
517 de 2013.

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147. En el acta27 “[…] DE REVERSIÓN Y ENTREGA DE LA AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA-ANI AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS, DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL Y BIENES AFECTADOS AL CONTRATO DE
CONCESIÓN NO. 517 DE 2013 SUSCRITO ENTRE LA ANI Y LA SOCIEDAD
CONCESIONARIA VIAL DE COLOMBIA CONVICOL S.A.S., PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONCESIÓN DENOMINADO ZIPAQUIRA-
BUCARAMANGA (PALENQUE) […]”, se señaló lo siguiente:

“[…] En atenciones a las anteriores consideraciones, las partes

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: La ANI entrega y el INVIAS recibe, en el estado en que se
encuentra, con todos los elementos que la conforman, incluyendo puentes
vehiculares y peatonales, pontones, obras de arte, cunetas, bermas, estructuras
hidráulicas, señalización vertical y horizontal, defensas metálicas, muros de
contención, estaciones de peaje y de pesaje, centros de control operativo y demás
elementos que formen parte de la vía, la siguiente infraestructura vial que la ANI
declara haber recibido a entera satisfacción de la sociedad CONCESIONARIA VIAL
DE COLOMBIA - CONVICOL S. A. S., en los términos pactados en el contrato de
concesión APP No. 517 de 2013:

a. Variante Portachuelo, comprendida entre los PRs PR 3+0600 y 5+0160 de la Ruta
45 ACNB, sitio donde empalma con el PR 28+0200 de la Ruta de la carretera
Zipaquirá - Ubaté, Ruta 45 A 04 […]”.

[…]

“[…] c. Sector Variante Portachuelo Casablanca (referida como Variante de Zipaquirá
en el Contrato de Concesión APP No. 517 de 2013), comprendida entre los PRs
0+0250 y 7+0000 de la Ruta 45 ACND, sitio donde empalma con el PR 33+0000 de
la carretera Zipaquirá - Ubaté, Ruta 45 A 04 […]”.

148. Además, la Sala debe indicar que las funciones y competencias legales de la
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI consisten en contratar, administrar
evaluar, coordinar, planear y estructurar proyectos de concesiones y otras formas de
Asociación Público Privada (APP), para el “[…] diseño, construcción, mantenimiento,
operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte
en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de
proyectos de asociación público privada para otro tipo de infraestructura pública
cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional respecto de
infraestructuras semejantes a las enunciadas en este artículo, dentro del respeto a
las normas que regulan la distribución de funciones y competencias y su asignación
[…]”; por lo que la función de efectuar el mantenimiento o reparación de la
semaforización no se encuentra dentro de sus competencias legales.

27 30 de junio de 2017.

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149. En ese orden de ideas, la Sala revocará en lo pertinente la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia, tal como se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

La responsabilidad de la Unión Temporal Devinorte, en el caso concreto

150. Expresó que entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la Unión Temporal
Devinorte se suscribió el Acta de Entrega de la infraestructura que se encontraba
afectada al contrato de Concesión núm. 0664 de 1994, por lo que, la totalidad de
dicha infraestructura fue entregada al nuevo concesionario, el cual, en la actualidad,
tiene a su cargo la operación y mantenimiento de todo el corredor vial que se
encontraba a cargo de la Unión Temporal, infraestructura entre la cual, se encuentra
el Tramo 4 del sector 2 de la ruta 45 A.

151. Adujo que, la Unión Temporal Devinorte, no se “[…] encuentra llamada a
soportar las consecuencias jurídicas que se deriven del presente proceso, esta
afirmación encuentra sustento pues no existe, ni existió, un vínculo jurídico que
permita atribuirle responsabilidad sobre las acciones y/u omisiones que cometiera la
compañía o entidad que tiene o tuvo a cargo el sector de la vía que origina la acción
popular […]”.

152. Afirmó que, de la lectura del acta de entrega de la infraestructura, también se
puede evidenciar que, el área en la que se encuentra el sector vial denominado “[…]
AVE Colombia […]” no se encontraba incorporado al Contrato de Concesión núm.
0664 de 1994.

153. Señaló que al revisarse el registro fotográfico resulta evidente que el sector
“[…] Ave Colombia […]” no estaba incluido dentro del Contrato de Concesión núm.
0664 de 1994, en ese orden de ideas, es improcedente imponer obligaciones al
Concesionario diferentes a las establecidas en el respectivo Contrato de Concesión.

154. Manifestó que, como se desprende del análisis del alcance del Contrato de
Concesión núm. 0664 de 1994, la Unión Temporal Devinorte nunca tuvo a cargo el
sector vial denominado “[…] AVE Colombia […]”.

155. Ahora bien, para efectos de analizar la presunta responsabilidad de la Unión
Temporal Devinorte, la Sala analizará el contenido y alcance del contrato de
Concesión núm. 0664 de 1994; y el acta de entrega de la infraestructura que se
encontraba afectada al contrato de concesión 0664 de 1994.

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156. Se evidencia que, entre el Instituto Nacional de Vías y la Unión Temporal
Devinorte se celebró el Contrato de Concesión núm. 0664 de 1994, en virtud del
cual, la respectiva Unión Temporal, se obligó a ejecutar los estudios, diseños
definitivos, las obras de rehabilitación y de construcción, la operación, el
mantenimiento y la administración fiduciaria del proyecto vial denominado “[…]
Desarrollo Vial del Norte de Bogotá […]” en el Departamento de Cundinamarca.

157. El 30 de noviembre de 2017, entre la Agencia Nacional de Infraestructura -
ANI y la Unión Temporal Devinorte, se suscribió el acta de “[…] REVERSIÓN Y
ENTREGA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y LOS BIENES DESTINADOS AL
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 664 DE 1994 DE LA UNIÓN TEMPORAL
DESARROLLO VIAL PARA EL NORTE DE BOGOTÁ DEVINORTE A LA AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI Y DE LA AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA-ANI A ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ S.AS. -
ACCENORTE EN VIRTUD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 001 DE 2017
[…]”, al señalarse que:

“[…] PRIMERO.-La Unión Temporal DEVINORTE entrega formal y materialmente a
título de Reversión a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, el corredor vial
concesionado a través del Contrato de Concesión No. 664 de 1994, y de la
infraestructura que a él accede, las Rutas 45A04 Bogotá- Zipaquirá desde el
PR1+650 hasta el PR25+375 y 5501 Bogotá-Briceño desde el PR2+000 hasta el
PR21+000, infraestructura identificada y relacionada en los formatos de reversión
citados en el considerando No. 37 que hace parte de la Presente Acta, que incluye:
el Centro de Control de Operaciones (CCO) ubicado en la Ruta 45A04 PR2+950, el
peaje Andes ubicado en la ruta 45A04 PR2+750, el peaje Fusca ubicado en la ruta
5501 PR3+900, el peaje Unisabana ubicado en la Ruta 45A04 PR5+700, bascula fija
ubicada en la Ruta 45A04 PR2+600 con sus respectivos equipos y dotación, como
consta en el Acta de Verificación de Requisitos para Reversión, adjunta, en los
términos pactados en el Contrato de Concesión No. 664 de 1994 […]”.

[…]

“[…] SEGUNDO. La Agencia Nacional de Infraestructura ANI, procede de manera
simultánea a entregar real y materialmente a la Sociedad ACCESOS NORTE DE
BOGOTA S.A.S. ACCENORTE S.A.S., representada legalmente por Sergio
Echavarría Hoyos, el corredor vial concesionado a través del Contrato de Concesión
No. 664 de 1994, con todas las intersecciones, ramales y las obras que lo conforman,
según lo establecido en la cláusula primera de la presente Acta, en el estado en que
se encuentra, que incluye la infraestructura vial de las Rutas 45A04 Bogotá-
Zipaquirá desde el PR1+650 hasta el PR25+375 y 5501 Bogotá-Briceño desde el
PR2+000 hasta el PR21+000.

PARÁGRAFO: La entrega realizada, incluye la infraestructura concesionada en el
Contrato APP IP. No. 001 de 2017 origen - destino correspondiente a la Unidad
Funcional No. 4 en una extensión de 53,03 Kilómetros, al igual que la infraestructura
vinculada a las intersecciones, ramales y demás obras de infraestructura que hacen
parte del proyecto […]”.

158. En ese orden de ideas, al haberse efectuado la respectiva reversión y entrega
de la respectiva infraestructura Vial al Instituto Nacional de Vías- INVIAS, la

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consecuencia jurídica es que frente a la Unión Temporal Devinorte no se deriva, en
el marco de esta acción popular, ningún tipo de obligación en los términos del
contrato de Concesión núm. 0664 de 1994, por lo que se evidencia para la Sala
ausencia de acción u omisión por parte de la Unión Temporal Devinorte en la
vulneración de los derechos e intereses colectivos indicados supra.

La responsabilidad de la Concesionaria Vial de Colombia S.A.S. – CONVICOL
S.A.S, en el caso concreto

159. Expresó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al resolver declarar
no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Concesionaria Vial de Colombia S.A.S. – CONVICOL S.A.S, se fundamentó
exclusivamente en los documentos de prueba aportados por el actor popular,
documentos en donde no se corrobora la respectiva falta de legitimación,
desconociendo el artículo 176 del Código General del Proceso, pues en ningún
momento valoró las pruebas aportadas por Convicol S.A.S.

160. Afirmó que el Tribunal debió analizar y estudiar las siguientes pruebas
aportadas por Convicol S.A.S a la presente acción popular:

161. Para la fecha de la notificación de la acción popular interpuesta por el señor
Castro Duque -26 de octubre de 2017-, ya se había suscrito el Acta de Reversión
entre la Agencia Nacional de Infraestructura, el Instituto Nacional de Vías y Convicol.
-30 de junio de 2017-.

162. En la cláusula 78-f del Contrato de Concesión núm. 517 de 2013 se
establecieron los riesgos que se encontraban en cabeza de la Agencia Nacional de
Infraestructura, dentro de los cuales se determinó que:

“[…] CLÁUSULA 78. Riesgos a cargo de la Agencia. A partir de la fecha de
suscripción del Contrato, la Agencia asume los efectos derivados de los riesgos que
se listan a continuación, además de aquellos que se desprendan de otras Cláusulas
o estipulaciones de este Contrato, sus Anexos y sus Apéndices que de manera
expresa le asignen a la Agencia. En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales
riesgos se desprenda una obligación de pagar una suma de dinero al Concesionario,
se aplicará el procedimiento señalado en el Cláusula relativa al procedimiento para
restablecimiento del equilibrio económico del contrato.

(...)

f. Los efectos favorables o desfavorables del riesgo político social, tales como
acciones populares, acciones colectivas y acciones judiciales o no judiciales que
impidan la instalación de casetas de Peaje, impliquen el movimiento de Estaciones
de Peaje y/o ejecución de obras complementarias […]”.

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163. En ese orden de ideas, manifestó que en el Contrato de Concesión núm. 517
de 2013 quedó establecido que de presentarse una acción popular que afectara el
Proyecto, el encargado de responder por este tipo de acciones era la Agencia
Nacional de Infraestructura y no Convicol.

164. Ahora bien, para establecer si en el caso sub examine, la Concesionaria Vial
de Colombia S.A.S. – CONVICOL es responsable de la vulneración de los derechos
e intereses colectivos indicados supra, la Sala hará referencia al contenido y alcance
del contrato de Concesión núm. 517 de 2013 y al acta “[…] DE REVERSIÓN Y
ENTREGA DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI AL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS, DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y
BIENES AFECTADOS AL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 517 DE 2013
SUSCRITO ENTRE LA ANI Y LA SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL DE
COLOMBIA CONVICOL S.A.S., PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE
CONCESIÓN DENOMINADO ZIPAQUIRA-BUCARAMANGA (PALENQUE) […]”.

165. Entre la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI y la Concesionaria Vial de
Colombia S.A.S. – CONVICOL celebraron el contrato de Concesión núm. 517 de
2013, cuyo objeto principal consistió en que el concesionario realizara por su cuenta
y riesgo el “[…] reforzamiento, obras de construcción, Operación y mantenimiento,
según corresponda, del Proyecto Vial Zipaquirá Bucaramanga (Palenque), y la
preparación de los estudios de detalle a que hublere lugar, la gestión predial, social
y ambiental, la obtención y/o modificación de Licencias Ambientales o Permisos y la
financiación en el corredor concesionado "Zipaquirà Bucaramanga (Palenque)",
denominado corredor "Zipaquirá Bucaramanga (Palenque) […]”.

166. El 30 de junio de 2017 se reunió la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI
y el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, para llevar a cabo la reversión y entrega de
la infraestructura vial y bienes afectados al contrato de concesión núm. 517 de 2013,
por lo que las partes acordaron lo siguiente:

“[…] CLÁUSULA PRIMERA: La ANI entrega y el INVIAS recibe, en el estado en que
se encuentra, con todos los elementos que la conforman, incluyendo puentes
vehiculares y peatonales, pontones, obras de arte, cunetas, bermas, estructuras
hidráulicas, señalización vertical y horizontal, defensas metálicas, muros de
contención, estaciones de peaje y de pesaje, centros de control operativo y demás
elementos que formen parte de la vía, la siguiente infraestructura vial que la ANI
declara haber recibido a entera satisfacción de la sociedad CONCESIONARIA VIAL
DE COLOMBIA - CONVICOL S. A. S., en los términos pactados en el contrato de
concesión APP No. 517 de 2013 […]”.

167. Además, la Sala debe señalar que en los términos de la respectiva acta, la
reunión entre la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI y el Instituto Nacional de

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Vías – INVÍAS tenía como finalidad principal, formalizar la reversión y entrega de la
ANI al INVIAS, de una infraestructura vial, en razón de la terminación del contrato de
concesión núm. 517 de 2013, suscrito entre la ANI y la Sociedad CONCESIONARIA
VIAL DE COLOMBIA - CONVICOL S.A.S., para el desarrollo del proyecto de
concesión denominado “[…] ZIPAQUIRA BUCARAMANGA (PALENQUE) […]”.

168. En ese orden de ideas, la Sala evidencia que, no existe responsabilidad por
parte de Concesionaria Vial de Colombia S.A.S. – CONVICOL en la vulneración de
los derechos e intereses colectivos al goce de un espacio público; y a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente, toda vez que, como se indicó
supra, se liquidó el contrato núm. 517 de 2013, por lo que respecto a la
Concesionaria no se deriva ningún tipo de obligación, en el marco d esta acción
popular y de los derechos e intereses colectivo, respecto al Proyecto Vial Zipaquirá
Bucaramanga (Palenque), ni mucho menos efectuar algún tipo de mantenimiento de
la semaforización ubicada en la calle 8.º con carrera 36, en la intersección conocida
como “ave colombiana”, vía Zipaquirá – Nemocón, en donde además, la ANI entregó
al INVIAS en el estado en que se encuentra, la respectiva infraestructura vial que la
ANI declara haber recibido a entera satisfacción de la sociedad CONCESIONARIA
VIAL DE COLOMBIA - CONVICOL S. A. S., en los términos del contrato de
concesión núm. 517 de 2013, por lo que no cabe responsabilidad alguna de esta
entidad en el caso sub examine.

La responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional, en el caso concreto

169. Afirmó, por un lado, que la autoridad judicial resolvió unas medidas que nada
tiene que ver con la misionalidad, correspondiente a la Dirección de Tránsito y
Transporte de la Policía Nacional, establecida en la Resolución núm. 00202 del 26
de enero 2010 “[…] Por la cual se define la estructura orgánica Interna y se
determinan las funciones de la Dirección de Tránsito y Transporte y se deroga la
Resolución 02052 del 15 de Junio de 2007 y se modifica la Resolución No. 01550
del 28 de Mayo de 2009 […]”.

170. Adujo que, no puede concluirse que la Policía Nacional por medio de la
Dirección de Tránsito y Transporte es responsable de la violación de los derechos
colectivos a la seguridad pública y el goce del espacio público tendiente a la falta de
mantenimiento de la semaforización de la calle 8ª con carrera 36 conocida como
“[…] ave maría […]”, vía Zipaquirá - Nemocón, teniendo en cuenta que esas
actividades de mantenimiento y ejecución son de responsabilidad del Municipio de

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Zipaquirá, Instituto Nacional de Vías-INVIAS, Agencia Nacional de Infraestructura-
ANI, la Concesionaria Devinorte y la Concesionaria Convicol S.A.S.

171. Expresó que referente a la conformación de un Comité de Verificación, no se
opone a hacer parte del mismo, siempre y cuando quede de presente que la
ejecución de las actividades concernientes al punto tercero de la sentencia de
primera instancia del 03 de diciembre de 2020, están a cargo del Municipio de
Zipaquirá, Instituto Nacional de Vías - INVIAS, Agencia Nacional de Infraestructura
Concesionaria Convicol S.A.S. ANI, la Concesionaria Devinorte y la Concesionaria
Convicol S.A.S.

172. Ahora bien, la Sala considera importante para resolver el problema jurídico
indicado supra, hacer referencia a las funciones legales que le competen a la Policía
Nacional.

173. El artículo 218 de la Constitución Política de 1991 prevé lo siguiente:

“[…] La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a
cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar
que los habitantes de Colombia convivan en paz […]”.

174. En los términos del artículo 1° de la Ley 62 de 12 de agosto de 199328 la
Policía Nacional, tendrá como función principal “[…] proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y
libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de
los particulares […]”.

175. De igual manera, el artículo 5 de la Ley 62 dispone que la Policía Nacional es
un cuerpo armado, cuyo propósito es el “[…] mantenimiento de las condiciones
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas para asegurar la
paz ciudadana […]”.

176. Por su parte, el artículo 10 de la Ley 1801 de 29 de julio de 201629 prevé los
deberes de la Policía Nacional en los siguientes términos:

“[…] Son deberes generales de las autoridades de policía:

1. Respetar y hacer respetar los derechos y las libertades que establecen la
Constitución Política, las leyes, los tratados y convenios internacionales suscritos y
ratificados por el Estado colombiano.

28
“Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad
social y Bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se
reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República”.
29 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana".

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2. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, las normas contenidas en el
presente código, las ordenanzas, los acuerdos, y en otras disposiciones que dicten
las autoridades competentes en materia de convivencia.

3. Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.

4. Dar el mismo trato a todas las personas, sin perjuicio de las medidas especiales
de protección que deban ser brindadas por las autoridades de policía a aquellas que
se encuentran en situación de debilidad manifiesta o pertenecientes a grupos de
especial protección constitucional.

5. Promover los mecanismos alternativos de resolución de conflictos como vía de
solución de desacuerdos o conflictos entre particulares, y propiciar el diálogo y los
acuerdos en aras de la convivencia, cuando sea viable legalmente.

6. Recibir y atender de manera pronta, oportuna y eficiente, las quejas, peticiones y
reclamos de las personas.

7. Observar el procedimiento establecido en este código, para la imposición de
medidas correctivas.

8. Colaborar con las autoridades judiciales para la debida prestación del servicio de
justicia.

9. Aplicar las normas de policía con transparencia, eficacia, economía, celeridad y
publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la ley y las normas de convivencia.

10. Conocer, aplicar y capacitarse en mecanismos alternativos de solución de
conflictos y en rutas de acceso a la justicia.

11. Evitar al máximo el uso de la fuerza y de no ser esto posible, limitarla al mínimo
necesario.

12. Respetar el medio ambiente y velar por su cuidado, así como proteger todas las
formas de vida, incluyendo la de los animales en su calidad de seres sintientes,
velando por su bienestar, salud física y emocional y evitando el sufrimiento
innecesario".

177. La Sala considera que, dentro de las competencias constitucionales y legales
de la Policía Nacional no se encuentra la de efectuar algún tipo de mantenimiento
de la semaforización ubicada en la calle 8º con carrera 36, en la intersección
conocida como “ave colombiana”, vía Zipaquirá – Nemocón, por lo que se evidencia
que no vulneró los derechos e intereses colectivos indicados supra.

178. Como se indicó supra, la función principal de la Policía Nacional es la de
garantizar la paz de las personas y el mantenimiento de las condiciones necesarias
para el ejercicio de los derechos y libertades públicas; y no la de llevar a cabo algún
tipo de mantenimiento de la semaforización, además, no obra prueba en el
expediente que a título de acción u omisión haya incidido en la vulneración de los
derechos e intereses colectivos al goce de un espacio público; y a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente.

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179. Ahora bien, la Sala al revisar el acervo probatorio obrante en el expediente,
encuentra que la Policía Nacional desplegó diferentes acciones en el caso sub
examine, para cumplir con sus funciones legales y constitucionales.

180. Mediante el oficio núm. S-2017-309/SETRA-UNMUN-38.10 de 12 de agosto
de 2017, la dirección de tránsito y transporte de la Policía Nacional puso en
conocimiento al Secretario de Transporte de Movilidad de Zipaquirá “[…] la
ejecución del convenio No. T-002-2017-DECUN INTERADMINISTRATIVO,
CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICÍA
CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÀ, en cumplimiento a la
CLAUSULA SEGUNDA: COMPROMISOS DE LA POLICIA NACIONAL. La POLICÍA
NACIONAL, a través del Departamento de Policía Cundinamarca Seccional de
Tránsito y Transporte, con la observancia de las normas, regulaciones y políticas
que conforman el sistema de tránsito y transporte adoptado por los organismos
competentes, se compromete a: Planear, programar y ejecutar las actividades y
operativos de control necesarios para mejorar las condiciones de movilidad y
seguridad en las vías del Municipio de Zipaquirá, en coordinación con el respectivo
Organismo de Tránsito […]”.

181. En ese orden de ideas, el Secretario de Transporte de Movilidad de Zipaquirá
señaló que se desarrollaron desde el inicio de este convenio: i) actividades de control
con el transporte público de pasajeros, ii) servicio particular revisión de las
condiciones técnico- mecánicas del vehículo, iii) revisión de documentación del
vehículo y estado anímico de los conductores en el sector del municipio de Zipaquirá.

182. Indicó además, que en materia de seguridad vial se han llevado a cabo
diferentes campañas de prevención de la accidentalidad en los diferentes actores
viales; y “[…] Con el ánimo de educar a los diferentes actores viales, se han
adelantado las varias campañas en seguridad vial, creando cultura ciudadana en los
Zipaquireños en varios puntos del municipio de Zipaquirá […]”.

183. De igual manera, a través del oficio núm. S-2017-303/SETRA-UNMUN - 38.10
de 8 de agosto de 2017, la dirección de tránsito y transporte de la Policía Nacional
puso en conocimiento al Secretario de Transporte de Movilidad de Zipaquirá que la
red semafórica del Municipio de Zipaquirá necesita un mantenimiento inmediato, en
donde además “[…] con estas fallas que vienen presentando los semáforos, se ha
incrementado la estadística de accidentalidad elevando los índices de accidentes
solo daños, lesionados y al momento no se han presentado accidentes de tránsito

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con muertos pero de no tomarse las correcciones necesarias, existe alto riesgo de
probabilidades que suceda un accidente con fatales consecuencias […]”.

184. En ese orden de ideas, para la Sala, la Policía Nacional desplegó diferentes
acciones en el caso sub examine, para cumplir con sus funciones legales y
constitucionales, haciendo énfasis que dentro de sus competencias no estaba la de
llevar a cabo algún tipo de mantenimiento de la semaforización, pero a pesar de lo
anterior, puso en conocimiento de la administración municipal las irregularidades que
se estaban presentando frente a los semáforos, para que se adoptaran los
correctivos pertinentes para logar su mantenimiento, como se indicó supra.

185. En suma de todo lo anterior, la Sala considera que se debe modificar el ordinal
tercero de la parte resolutiva de la sentencia de 3 de diciembre de 2020 proferida
por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el sentido de que las órdenes decretadas por el Tribunal cobijarán
únicamente al Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, tal como se dispondrá en la parte
resolutiva de esta sentencia.

Respecto al comité de verificación de cumplimiento de la sentencia

186. Atendido a que el Tribunal, en la sentencia proferida, en primera instancia,
dispuso lo siguiente:

“[…] CUARTO. CONFÓRMASE el Comité de Verificación el cual estará integrado por
el Personero Municipal de Zipaquirá - Cundinamarca, un representante del Municipio
de Zipaquirá, un representante del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, un
representante de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, un representante de
la Concesionaria Devinorte, un representante de la Concesionaria Convicol S.A.S.,
un representante del Ministerio de Defensa Policía Nacional de Tránsito y Transporte
y el Agente del Ministerio Público, el cual será presidido por el Magistrado Ponente
[…]”.

187. La Sala considera que se debe modificar el ordinal cuarto de la parte resolutiva
de la sentencia de 3 de diciembre de 2020 proferida por la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el sentido de
precisar que el comité de verificación estará conformado por el Personero Municipal
de Zipaquirá - Cundinamarca, un representante del Municipio de Zipaquirá, un
representante del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, el Agente del Ministerio
Público, el cual será presidido por el Magistrado Ponente.

188. Finalmente y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.

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Conclusiones de la Sala

189. La Sala concluye que, en el caso sub examine, el Instituto Nacional de Vías –
Invías es el único responsable de la amenaza de los derechos colectivos al i) goce
de un espacio público; y a la ii) seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente. Sin embargo, la Sala considera que es necesario ordenar al Municipio
de Zipaquirá, que dentro del marco de sus competencias constitucionales, legales,
y reglamentarias, preste el apoyo debido al INVÍAS, para el cabal cumplimiento de
las órdenes impartidas en la presente sentencia, en aras de contribuir en la garantía
de protección de los derechos e intereses colectivos indicados supra.

190. En consecuencia, se deberá modificar el ordinal tercero de la parte resolutiva
de la sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

191. De igual manera, la Sala considera que se debe modificar el ordinal cuarto de
la parte resolutiva de la sentencia de 3 de diciembre de 2020 proferida por la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
en el sentido de precisar que el comité de verificación estará conformado por el
Personero Municipal de Zipaquirá - Cundinamarca, un representante del Municipio
de Zipaquirá, un representante del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, el Agente del
Ministerio Público, el cual será presidido por el Magistrado Ponente.

192. Por las razones expuestas, los argumentos de la apelación estudiados
prosperan.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley

III. RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de
3 de diciembre de 2020 proferida por la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia, el cual quedará así:

“TERCERO. En consecuencia de lo anterior, ORDÉNASE al Instituto Nacional de
Vías -INVIAS, la ejecución de las siguientes actividades, en aras de superar la
violación de los derechos colectivos amparados:

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Para que en el término de tres (3) meses, contados a partir de la notificación de esta
providencia, adelanten las siguientes actividades:

Realice los estudios necesarios con el fin de determinar los índices de accidentalidad
en la Variante Zipaquirá Nemocón, en especial, en la intersección ubicada en la calle
8ª con carrera 36.

Se adopten las medidas correctivas en aras de garantizar la protección de los
derechos colectivos invocados en aras de evitar la alta accidentalidad en la zona.

Se adelanten por las autoridades competentes, el mantenimiento preventivo y
correctivo, así como la reparación del sistema de semaforización ubicado en la calle
8 con carrera 36, vía Zipaquirá – Nemocón.

De igual manera, ORDÉNASE al Municipio de Zipaquirá, dentro del marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, prestar el apoyo debido al
INVÍAS, para el cabal cumplimiento de las órdenes decretadas en la presente
sentencia, en aras de contribuir en la garantía de protección de los derechos e
intereses colectivos indicados supra”.

SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de
3 de diciembre de 2020 proferida por la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia, el cual quedará así:

“CUARTO. CONFORMAR el Comité de Verificación el cual estará integrado por el
Personero Municipal de Zipaquirá - Cundinamarca, un representante del Municipio
de Zipaquirá, un representante del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, y el Agente
del Ministerio Público, el cual será presidido por el Magistrado Ponente”.

TERCERO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de 3 de diciembre de 2020
proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998.

SEXTO: Ejecutoriada esta sentencia, devuélvase el expediente al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala, en la sesión del día.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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