Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2017-01952-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2017-01952-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2017-01952-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
6 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2017-01952-01
Demandante: Sergio Manuel Hernández Gamarra
Demandada: Contraloría General de la República
Asunto: Caducidad de la acción de responsabilidad fiscal.
SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia proferida el 29 de febrero de 2024 por la Sección Primera, Subsección A
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones
de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. Sergio Manuel Hernández Gamarra, en adelante la parte demandante,
presentó demanda1 ante la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca contra la Contraloría General de la República, en adelante la parte
demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho2.
1 Por intermedio de apoderado (Cfr. Folios 2 a 79 del cuaderno núm. 1 del expediente).
2 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “[…] Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
2
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Demandante: Sergio Manuel Hernández Gamarra
Pretensiones
2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] CAPÍTULO I.- PRETENSIONES Y CONDENAS
PRIMERA: Que se declare la nulidad del numeral primero del Fallo con Responsabilidad
Fiscal proferido dentro del Proceso Ordinario PRF-2014-03299-20-04-04 identificado
como Auto No. 876 del 11 de mayo de 2017 por la Contraloría Delegada Intersectorial
No. 16 Grupo para el Conocimiento y Trámite del Proceso de Responsabilidad Fiscal-
Unidad de Investigaciones contra la corrupción de la Contraloría General de la República,
por el cual se profiere fallo de primera instancia y se declara en su artículo primero la
Responsabilidad Fiscal del señor SERGIO MANUEL HERNÁNDEZ GAMARRA en su
condición de Rector de la UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, en una cuantía de
$34.875.759.239 indexada al 11 de mayo de 2017, de manera solidaria a título de Culpa
grave de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del citado fallo; y que se declare
la nulidad del artículo tercero del Fallo con Responsabilidad Fiscal proferido del Proceso
Ordinario PRF-2014-03299-2011-20-04-04 identificado como Auto No. 80112-0163 del
05 de junio de 2017 suscrito el Despacho del señor Contralor General de la República,
por el cual se profiere fallo de segunda instancia, se resuelven los recursos de apelación
y se revisa el grado de consulta y decide confirmar en su artículo tercero la decisión del
fallo de Responsabilidad Fiscal de primera instancia en contra del señor SERGIO
MANUEL HERNÁNDEZ GAMARRA.
SEGUNDA: Qué a título de Restablecimiento del Derecho, se declare que el señor
SERGIO MANUEL HERNÁNDEZ GAMARRA, no tiene la obligación fiscal de pagar la
suma de $34.875.759.239, cifra indexada a 11 de mayo de 2017, como consecuencia de
la nulidad de los Actos Administrativos indicados en la pretensión primera.
TERCERA: Qué como consecuencia de las declaraciones anteriores, se ordene a la
Contraloría General de la República que se excluya al señor SERGIO MANUEL
HERNÁNDEZ GAMARRA del BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES, que lleva la
Contraloría General de la República.
CUARTA. Que se condene en costas al demandando.
QUINTA. A la sentencia que le ponga fin al proceso se le dará cumplimiento en los
términos establecidos en los artículos 188, 192 y ss. del C.P.A.C.A. […]”.
Presupuestos fácticos
3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:
3.1. La parte demandante ejerció como rector de la Universidad de Cartagena
desde el 27 de diciembre de 2002 hasta el 5 de junio de 2006.
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3.2. La parte demandante, en su condición de rector de la Universidad de
Cartagena, suscribió con el Departamento de Casanare el Convenio
Interadministrativo de Obra Pública por Administración Delegada e Interventoría núm.
0867 de 27 de diciembre de 2002, el cual tenía como objeto:
"[…] La Universidad de Cartagena, en cumplimiento de este contrato, se
compromete con el Departamento de Casanare a prestar los servicios de
Administración Delegada y de Interventoría en ejecución de las obras y acciones
encaminadas a la ejecución del plan de inversión en la construcción, ampliación y
mantenimiento, pavimentación de vías urbanas municipales del Departamento del
Casanare, Construcción, ampliación y mantenimiento de la infraestructura de
acueductos y alcantarillados urbanos del Departamento, Construcción de
infraestructura hospitalaria del Departamento de Casanare; compra de terrenos,
construcción, ampliación y adecuación de escenarios deportivos, recreación y
canchas acústicas en el Departamento de Casanare; Construcción, ampliación y
mantenimiento de redes eléctricas en el Departamento de Casanare; Construcción
plan centro y Construcción de programas y proyectos de vivienda de interés social
en el Departamento […]”
3.3. El Convenio Interadministrativo núm. 0867 de 2002 se suscribió por un valor de
CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS ($47.990.398.187), e
incluyó obligación de construir el Hospital Nuevo de Yopal en un predio del
Departamento de Casanare. Indicó además que, el Convenio Interadministrativo núm.
0867 inició el 27 de marzo de 2003 y finalizó el 27 de junio de 2004 de forma unilateral
por el Departamento del Casanare.
3.4. La Universidad de Cartagena suscribió 4 contratos de consultoría, con el fin de
ejercer gerencia general sobre el convenio interadministrativo y así tener un mayor
control sobre los estudios, diseños de construcción, asesoría técnica y de supervisión
a la construcción del Hospital Nuevo de Yopal.
3.5. Dentro de las obligaciones a cargo del Departamento de Casanare se pactó la
de realizar las actividades de saneamiento en materia de servidumbres de paso, toda
vez que el terreno en el cual se proyectó la construcción del hospital, según el POT
expedido el 30 de junio del 2000, estaba considerado como parte de suelo de
expansión, por lo que se hacía necesario que el Concejo Municipal de Yopal autorizara
el uso de suelo para iniciar la obra.
3.6. El predio sobre el cual se había proyectado la construcción del Hospital Nuevo
de Yopal no se encontraba jurídicamente disponible para iniciar la construcción, por
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lo que la Universidad de Cartagena no pudo dar continuidad a la ejecución de las
obras objeto del Convenio, y por tanto las obras tuvieron que ser suspendidas por un
término de 294 días, hasta tanto el Departamento del Casanare procediera a cumplir
con la obligación de entregarle a la Universidad de Cartagena el predio donde se
ejecutarían las obras contratadas.
3.7. La Contraloría General de la República, como consecuencia de los anteriores
hechos, inició proceso administrativo de responsabilidad fiscal contra dos (2) Ex
Gobernadores del Departamento de Casanare, y contra la parte demandante como
Ex Rector de la Universidad de Cartagena frente a quien se produjo Fallo con
Responsabilidad Fiscal núm. 0876 de 11 de mayo de 2017 por: i) la construcción y
puesta en funcionamiento del hospital de Yopal, daño cuantificado en un valor de
$18.123.211.133; ii) costos derivados de la suscripción del leasing núm. 116828 de
2011, daño cuantificado en un valor de $6.229.452.325,16; y iii) adquisición y puesta
en funcionamiento de equipos biomédicos, daño cuantificado por un valor de
$12.443.307.390,19.
Normas violadas y concepto de violación
4. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:
• Artículos 1.°, 2.°, 6.° 13, 29, 209 y 228 de la Constitución Política
• Artículos 1.°, 2.°, 6.°, 8.°, 9.°, 22, 36, 39, ss. y 53 de la Ley 610 de 15 de agosto
20003; y
• Artículos 137 y 138 de la Ley 1437.
5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
violación así:
Primer cargo: “[…] PRIMERA CAUSAL DE NULIDAD DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS DEMANDANDOS (sic). VIOLACION A LA REGLA DE
DERECHO DE FONDO, POR VIOLACIÓN A LA LEY E INFRACCIÓN EN LAS
NORMAS EN LA QUE DEBERÍA FUNDARSE, ERROR DE DERECHO Y ERROR
DE HECHO. […]”
3 “[p]or la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.”
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5.1. Indicó que los actos acusados son nulos, por cuanto al iniciarse el proceso de
responsabilidad fiscal contra el demandante, mediante Auto núm. 000439 de 6 de
junio de 2012, ya se encontraba caducada la acción fiscal toda vez que ya habían
transcurridos más de 5 años desde la fecha que terminó el Convenio
Interadministrativo de Obra Pública por Administración Delegada núm. 0867 de 27 de
diciembre de 2002, esto es, el 10 de marzo de 2005.
5.2. Sobre el particular indicó:
“[…] 1.2.- EL ERROR DE DERECHO. En este caso, se configuro el error de derecho
por violación directa de una norma sustancial, toda vez que el falló del proceso de
Responsabilidad Fiscal No. PRF-2014-03299-2011-20-04-04 se inició estando la
respectiva acción fiscal caducada, y fue fallado con desconocimiento de las normas
que rigen el fenómeno de la caducidad, dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal
establecida expresamente en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000 […]”
5.3. Explicó que en el caso sub examine, la apertura del proceso de
Responsabilidad Fiscal No. 2014-03299-20-04-04 fue el 06 de junio de 2012, “[...] lo
cual indica que el término de caducidad de cinco años contados a partir del acta de
liquidación del Convenio Interadministrativo de Obra Pública por administración
delegada e interventoría núm. 0867, se cumplía el 10 de marzo de 2010. Es decir, el
proceso de Responsabilidad Fiscal No. 2014-03299-20-04-04, по podía haber sido
aperturado por la Contraloría General de la República, porque la caducidad ocurrió el
10 de marzo de 2010. […]”
5.4. Y respecto de lo que denomina “Error de Hecho” afirma:
“[…]
1.2.-EL ERROR DE HECHO: En este caso, la Contraloría General al adoptar
los Actos Administrativos identificados como Autos No. 876 del 11 de mayo de
2017 y No. 80112-0163 del 05 de junio de 2017 de primera y segunda instancia
respectivamente, funda su decisión distorsionando en su contenido o
tergiversando los medios probatorios, que dan cuenta de la caducidad del
proceso de responsabilidad, en donde se prueba claramente que el término
para accionar se encontraba vencido, pues debe tenerse en cuenta, que las
obligaciones de la UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, derivadas de la
celebración del Convenio Interadministrativo de Obra Pública por
administración delegada e interventoría No. 0867 cesaron para con el
DEPARTAMENTO DEL CASANARE, el 10 de marzo del año 2005, fecha en la
cual se suscribió el acta de liquidación unilateral del citado convenio. […]”
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5.5. Por lo anterior, considera el demandante que, al haber caducado la acción
fiscal, los actos demandados fueron expedidos con violación a la ley e infracción a las
normas en que debían fundarse, vulneración al debido proceso, error de derecho y
error de hecho, desviación o abuso de poder y falta de competencia
Segundo cargo: “[…] FALSA MOTIVACIÓN, CARENCIA DE MOTIVO LEGAL Y
DEFECTUOSA CALIFICACIÓN DE LOS MOTIVOS. […]”
5.6. La parte demandada le imputó conductas a título de culpa grave, por considerar
que no tuvo debido cuidado en la celebración y ejecución del Convenio
Interadministrativo de Obra Pública por Administración Delegada núm. 0867 de 27 de
diciembre de 2002 y, adicionalmente, por existir negligencia.
5.7. La Universidad de Cartagena sí contaba con toda la trayectoria y experiencia
suficientes para celebrar y ejecutar el contrato interadministrativo para la construcción
del Hospital de Yopal; razón por la cual, el acto demandado fue expedido con falsa
motivación en tanto aseveró que la institución educativa no tenía la experiencia para
cumplir con el Convenio Interadministrativo núm. 0867 de 2002.
5.8. Adujo que la parte demandante nunca actuó con negligencia, tanto así que una
vez se celebró el Convenio Interadministrativo núm. 0867 de 2002, el contratista quiso
dar inicio a las obras, pero se encontró con varios inconvenientes, tales como que el
predio en el cual se había dispuesto para la construcción del Hospital Nuevo de Yopal
no era apto jurídicamente para la edificación del mismo.
5.9. No podía imputarse conducta alguna a la parte demandante a título de culpa
grave, cuando el contratista desplegó toda su capacidad para la consecución del
objeto contractual; sin embargo, al momento de ejecutar el proyecto se encontró con
situaciones que no eran de su actuar.
5.10. La Universidad de Cartagena en aras de cumplir con el objeto del contrato,
celebró contratos de obras civiles, tendientes a proveer la estructura hospitalaria, las
acometidas, comunicaciones e instalaciones.
5.11. La parte demandada en el fallo con responsabilidad fiscal, no comprobó el
carácter cierto que se predica del daño, toda vez que, no existe convicción ni
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seguridad de que el daño que se atribuyó al demandante haya sido causado por un
comportamiento que sea imputable a su proceder, y en segundo lugar el detrimento
patrimonial del que dice la Contraloría haber sufrido el Estado tampoco se demostró
con el material probatorio que reposa en el expediente, lo que conlleva a firmar la
inexistencia del daño patrimonial.
5.12. La parte demandada no realizó un detalle acucioso de cada uno de los valores
que componían el daño, ni tampoco indicó en el fallo de responsabilidad fiscal, bajo
qué circunstancias se atribuían los hechos, por lo que no cuantificó en debida forma
el daño ni tampoco lo individualizó.
5.13. Respecto a la cuantificación del daño y el nexo causal, el fallo con
responsabilidad fiscal tuvo como sustento los siguientes hechos: i) construcción y
puesta en funcionamiento del Hospital de Yopal, con un daño cuantificado por
$18.123.211.133; ii) costos derivados de la suscripción del Leasing núm. 116828 de
2011, con un daño cuantificado por $6.229.452.325,16; y iii) adquisición y puesta en
funcionamiento de equipos biomédicos, con un daño cuantificado por
$444.307.390,19, por un valor total de $36.795.970.848,35, por lo que, fue declarado
responsable fiscal por todos los hechos y no únicamente por el hecho en el que
supuestamente había contribuido para que se configurara un presunto detrimento
patrimonial con la construcción del Hospital Nuevo de Yopal.
5.14. Indicó que la suscripción de nuevos contratos y convenios para culminar la
construcción del Hospital Nuevo de Yopal y, posteriormente, realizar la dotación de
este, no es una circunstancia en la cual se pueda establecer una relación directa entre
la no obtención de la meta de la obra y las contrataciones subsiguientes.
5.15. Los actos acusados fueron expedidos con falsa motivación, toda vez que, la
Universidad de Cartagena sí podía realizar la suscripción de nuevos contratos para el
cumplimiento del Convenio Interadministrativo núm. 0867 de 2002 y, adicionalmente,
porque no es cierto que la Universidad de Cartagena haya actuado de manera omisiva
en el manejo de las obras y los dineros públicos sin los controles legales pertinentes.
5.16. El Fallo con Responsabilidad Fiscal adolece de falsa motivación al considerar
que la parte demandante vulneró el principio de planeación, economía y eficiencia de
la contratación, toda vez que, si no se pudo realizar la construcción del Hospital Nuevo
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de Yopal no fue por el demandante sino porque no se contaba con el terreno en el
cual se debía edificar la obra.
5.17. Finalmente, adujo que el fallo con responsabilidad fiscal motivó su decisión sin
estar amparado en pruebas y se le atribuyó responsabilidad fiscal con fundamento en
deberes funcionales y supuesta contribución del daño patrimonial por fuera del término
de su responsabilidad, es decir más allá del 10 de marzo de 2005, fecha en la cual se
terminó el Convenio Interadministrativo de Obra Pública núm. 0867 de 2002.
5.18. Adicionalmente, indicó que se le endilgó hechos que acontecieron luego de
terminada su labor como Rector de la Universidad de Cartagena el 6 de junio de 2006.
Tercer cargo: “[…] TERCERA CAUSAL ADMINISTRATIVOS NULIDAD DE LOS
ACTOS DEMANDANDOS (sic). AUTOS NO. 876 DEL 11 DE MAYO DE 2017 y No.
80112-0163 DEL 05 DE JUNIO DE 2017 DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA
RESPECTIVAMENTE. INCOMPETENCIA […]”
5.19. Reiterando el cargo de caducidad, indica que una vez ocurrida la misma, la
parte demandada solo tiene competencia para declararla mediante la cesación de la
acción fiscal, y pierde competencia para adelantar proceso de Responsabilidad Fiscal
algún y proferir el fallo de responsabilidad fiscal, por lo tanto, los actos acusados
fueron expedidos sin competencia por haber operado la caducidad. La consecuencia
entonces de la caducidad es la incompetencia del ente de Control para fallar el
proceso de responsabilidad fiscal, por cuanto la norma del artículo 9 de la Ley 610 de
2000, es de orden público que enmarca garantías fundamentales.
Cuarto cargo: “[…] CUARTA CAUSAL NULIDAD DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS DEMANDANDOS (sic). AUTOS NO. 876 DEL 11 DE MAYO DE
2017 y No. 80112-0163 DEL 05 DE JUNIO DE 2017 DE PRIMERA Y SEGUNDA
INSTANCIA RESPECTIVAMENTE. DESVIACIÓN O ABUSO DE PODER. […]”
5.20. La parte demandada podía usar su poder como ente de control, única y
exclusivamente para declarar la caducidad de la acción fiscal, pero en ningún
momento podía pronunciarse de fondo, es decir, ejecutar una a una las etapas
procesales del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF-2014-03299-20-04-04; tal
actuación generó la desviación del poder, pues ese poder del cual está dotado la
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administración para el ejercicio de potestades administrativas fue utilizado para fines
distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico, para el cumplimiento de fines
mediáticos que se apartan rotundamente del derecho y su normatividad.
5.21. “[…] Repasando cada una de las actuaciones procesales, iniciamos con el Auto
de apertura No. 00439 de fecha 06 de junio de 2012, expedido extemporáneamente,
cuando el término para incoar la acción fiscal por la Contraloría General de la
República había caducado, aun así se expidieron los Autos No. 876 del 11 de mayo
de 2017 y Auto No. 0163 del 05 de junio de 2017 en los cuales se resuelve la primera
y segunda instancia del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF-2014-03299- 20-
04-04, evidenciándose una vez más la persecución de un fin distinto al que persigue
la ley, el desconocimiento y vulneración de las garantías fundamentales que rigen el
proceso de responsabilidad fiscal, y no siendo esto suficiente, declarando la
Responsabilidad Fiscal de mi apoderado, cuando la misma no encuentra asidero
jurídico por las razones expuestas dentro del compendio de la presente demanda.
[…]”
Contestación de la demanda
6. La parte demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones
formuladas, así:
6.1. Se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de la
demanda debido a que no existen motivos facticos ni jurídicos para que sea declarada
la petición de nulidad formulada por la parte demandante, al carecer de fundamento
constitucional y legal.
Frente al primer cargo de violación a la ley e infracción en las normas en la que
debería fundarse, error de derecho y error de hecho.
6.2. Manifestó que no le asiste razón a la parte demandante por cuanto únicamente
menciona el Convenio núm. 0867 de 2012, cuando en el auto de apertura núm.
000439 de 6 de junio de 2012 fueron más los contratos suscritos.
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6.3. En este sentido, no se configuró la caducidad de la acción fiscal, toda vez que
se trata de hechos de tracto sucesivo originados de la suscripción del Convenio
Interadministrativo de Obra Pública por Administración Delegada núm. 0867 de 27 de
diciembre de 2002 y, adicionalmente, de los contratos núms. 100-04-101-85000-867-
01-01, 100-04-101-85000-867-01-02, 100-04-101-85000-867-01-03 y 100-04-101-
85000-867-01-04 celebrados por el demandante, señor Sergio Hernández Gamarra
para la construcción del Hospital Nuevo de Yopal.
6.4. El proceso de responsabilidad fiscal se fundamentó tanto en el Convenio núm.
0867 de 2002 como en los 4 contratos celebrados para la construcción del Hospital
Nuevo de Yopal; razón por la cual, la caducidad de la acción fiscal no solo se puede
contar basándose en el convenio interadministrativo, sino que también debe tener en
cuenta los contratos, dentro de los cuales el núm. 100-04-101-85000-867-01-04 fue
liquidado el 18 de julio de 2011.
Frente al segundo cargo: “[…] FALSA MOTIVACIÓN, CARENCIA DE MOTIVO
LEGAL Y DEFECTUOSA CALIFICACIÓN DE LOS MOTIVOS. […]”
6.5. Afirmó que la parte demandante incurre en contradicción cuando afirma que el
contratista al pretender dar inicio a las obras, "SE ENCONTRÓ", con situaciones tales
como: que el predio en el cual se había dispuesto la construcción del Hospital no era
apto jurídicamente para la edificación del mismo, toda vez que, si bien es cierto la
administración debe diseñar negocios pensados en sus necesidades reales, producto
de estudios y diseños responsables que permitan el cumplimiento de los fines
estatales y la protección del patrimonio público; no es menos cierto que la ley le
imponga obligaciones a los particular y el deber de colaboración al celebrar y ejecutar
contratos con las entidades estatales; razón por la cual, es responsabilidad del
contratista conocer qué es lo que va a contratar, a dónde, cuándo y en qué
circunstancias.
6.6. Los errores que conllevaron a la demora en la construcción y puesta en
funcionamiento del Hospital Nuevo de Yopal, que ocasionaron el daño al patrimonio
público, son imputables tanto al contratante como al contratista.
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6.7. El Convenio Interadministrativo núm. 0868 de 2002 y demás contratos de obra
suscritos por la Universidad de Cartagena tuvieron una gestión fiscal ineficaz; por
cuanto, se entregó una obra sin concluir que hizo que se encareciera el contrato,
implicando mayores valores pegados.
6.8. La Universidad de Cartagena suscribió varios contratos para el cumplimiento y
gerencia del Convenio Interadministrativo núm. 0868 de 2002 y, posteriormente, se
tuvieron que suscribir otros contratos para poder finalizar la obra, lo cual significa que
los recursos públicos de Regalías invertidos por la suma de $19.341.648.995, son el
resultado de una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente en virtud a que
permanecieron “enterrados” en una construcción que no prestó ningún tipo de utilidad
ni funcionalidad a la población, pues se inició la construcción con todas las debilidades
en materia de planeación, carencias de licencias, sin acometidas para servicios
públicos, etc. lo cual hizo que desde la suscripción del contrato interadministrativo en
el 2002 hasta la fecha en que finalmente se dio al servicio en forma total, esto es,
marzo de 2015, transcurrieran 13 años.
6.9. Se desconocieron todas las normas y principios aplicables a la contratación
estatal, al suscribir por la modalidad de contratación directa el Contrato
Interadministrativo de Obra Pública por Administración Delegada e Interventoría núm.
0867 de 27 de diciembre de 2002 con la Universidad de Cartagena, entidad que no
cumplía con el requisito de idoneidad, pues tuvo que subcontratar todas las
obligaciones a su cargo e incluso la gerencia del proyecto. Se emprendió un Proyecto
de grandes proporciones sin contarse con planos aprobados, servidumbres,
acometidas, vías de acceso, Plantas de tratamiento de residuos sólidos, permisos ni
licencias, pese a las observaciones planteadas por el Ministerio de Salud frente a
debilidades presupuestales lo que demuestra la falta de planeación que a la postre
conllevó a que se entregara una obra sin concluir a la que le fueron invertidos $
43.262.551.413,23, y años después le fueron invertidos $19.341.648.995.
6.10. Indicó que la parte demandante trata de confundir cuando expone que se
cuantificó el daño por la suma de $18.123.211.133, y que se falla con Responsabilidad
fiscal en cuantía de $59.460.247.404 que según el apoderado resulta de sumar los 3
hechos que se investigan, dicha afirmación no es cierta, pues tanto en el auto de
imputación como en el fallo con responsabilidad fiscal, se endilga el Hecho No. 1 y
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este se cuantificó en la suma de $18.123.211.133, suma que luego de haber sido
indexada, arrojó la cifra de $34.875.759.239.
6.11. Existe un nexo causal, toda vez que se logró demostrar que la parte
demandante subcontrató la totalidad de las obligaciones suscritas en el Contrato
Interadministrativo de Obra Pública por Administración Delegada e Interventoría No.
0867 de 27 de diciembre de 2002, para la construcción del Hospital de Yopal.
6.12. Indicó que no existe falsa motivación ni en el fallo de primera ni en el de
segunda instancia, toda vez que, el principio de planeación obliga a las entidades a
elaborar los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones,
con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o firma del
contrato, según sea el caso.
Frente al tercer cargo: “[…] TERCERA CAUSAL ADMINISTRATIVOS NULIDAD
DE LOS ACTOS DEMANDANDOS (sic). AUTOS NO. 876 DEL 11 DE MAYO DE
2017 y No. 80112-0163 DEL 05 DE JUNIO DE 2017 DE PRIMERA Y SEGUNDA
INSTANCIA RESPECTIVAMENTE. INCOMPETENCIA […]”
6.13. Reiteró que la parte demandada ha cumplido el debido proceso, garantizado el
derecho de defensa y todas las actuaciones se han proferido con sujeción a la
Constitución Política y a la Ley el proceso de responsabilidad fiscal se inició en el
marco del término legal, habida cuenta que la construcción del hospital del Hospital
de Yopal, derivó en la suscripción del convenio 0867 de 2002 y de los contratos: 100-
04-101-85000-867-01-01, 100-04-101-85000-867-01-02, 100-04-101-85000-867- 01-
03, у 100-04-101-85000-867-01-04 todos ellos suscritos por la parte demandante,
hechos de tracto sucesivo, que si se adopta la fecha de liquidación, el último de ellos,
se liquidó en el 18 de julio de 2011 y el proceso se inició mediante Auto 000439 de 6
de junio de 2012, es decir un año después de la liquidación.
6.14. “[…] El demandante se contradice en todo el escrito de la demanda; pues hace
mención a los contratos: 100-04-101-85000-867-01-01, 100-04-101-85000-867- 01-
02, 100-04-101-85000-867-01-03, у 100-04-101-85000-867-01-04 celebrados por su
poderdante para demostrar que los recursos se invirtieron. Pero al referirse a la
pretendida caducidad sólo se refiere al Convenio 0867 DE 2002. No puede
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desprenderse de modo alguno EL CONVENIO 0867 DE 2002 DE LOS CONTRATOS
100-04-101-85000-867-01-01, 100-04-101-85000- 867-01-02, 100-04-101-85000-
867-01-03, у 100-04-101-85000-867-01-04, pues los contratos se derivaron del
convenio y todos tiene que ver con la construcción del Hospital de Yopal. […]”
Frente al cuarto cargo: “[…] CUARTA CAUSAL NULIDAD DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS DEMANDANDOS (sic), AUTOS NO. 876 DEL 11 DE MAYO DE
2017 y No. 80112-0163 DEL 05 DE JUNIO DE 2017 DE PRIMERA Y SEGUNDA
INSTANCIA RESPECTIVAMENTE. DESVIACIÓN O ABUSO DE PODER. […]”
6.15. No existe desviación de poder en la expedición de los actos acusados, por
cuanto el proceso de responsabilidad fiscal se inició dentro de los límites de la
competencia, cumpliendo las formalidades de procedimiento y no se incurrió en
violación de la ley.
6.16. El Auto de apertura núm. 00439 de fecha 06 de junio de 2012, se expidió en los
términos legales al igual que el Auto No. 876 de mayo de 2017 y Auto No. 0163 del
05 de junio de 2017 en los cuales se resuelve la primera y segunda instancia del
Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF-2014-03299-20-04-04. Y reiteró:
“[…] No es de recibo, que se hubiera obrado con incompetencia y por fuera de los
términos legales. El proceso de Responsabilidad Fiscal se surtió con estricta sujeción
a la normatividad que lo regula, contenida en la ley 610 de 2000 y en la ley 1474 de
2011, y los autos No. 876 del 11 de mayo de 2017 y No. 80112-0163 del 05 de junio
de 2017 de primera y segunda instancia respectivamente, se profirieron en
observancia a las garantías Constitucionales y Legales. El desarrollo de lo aquí
expuesto ya se ha repetido en toda la respuesta de la demanda. […]”
Sentencia proferida en primera instancia
7. El a quo, en sentencia proferida el 29 de febrero de 2024, resolvió:
“[…]
PRIMERO. - DECLÁRASE infundado el impedimento manifestado por la
Magistrada Dra. Claudia Elizabeth Lozzi Moreno, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. - DECLÁRASE la nulidad del numeral primero del Fallo con
Responsabilidad Fiscal proferido dentro del Proceso Ordinario PRF-2014-03299-
20-04- 04 - Auto No. 876 del 11 de mayo de 2017 por la Contraloría Delegada
Intersectorial No. 16 Grupo para el Conocimiento y Trámite del Proceso de
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Demandante: Sergio Manuel Hernández Gamarra
Responsabilidad Fiscal- Unidad de Investigaciones contra la corrupción de la
Contraloría General de la República en lo que respecta al señor SERGIO
MANUEL HERNÁNDEZ GAMARRA; y consecuencialmente DECLÁRASE la
nulidad del artículo tercero del Auto No. 80112- 0163 del 05 de junio de 2017
suscrito por el Contralor General de la República, que resolvió el recurso de
apelación y surtió el grado de consulta, en lo que respecta al señor SERGIO
MANUEL HERNÁNDEZ GAMARRA, por caducidad de la acción fiscal, de
conformidad con el artículo 9 de la Ley 610 de 2000.
TERCERO.- Como restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la Contraloría
General de la República que proceda a suprimir el nombre del señor SERGIO
MANUEL HERNÁNDEZ GAMARRA del Boletín de Responsables Fiscales, en lo
que respecta a las actuaciones sancionadas en el Proceso Ordinario PRF-2014-
03299-20-04-04, por las razones expuestas en la presente providencia.
CUARTO.- SIN CONDENA en costas en esta instancia procesal.
QUINTO.- En atención a lo dispuesto en el artículo 9 del Acuerdo No. 209 de 1997,
por Secretaría DEVUELVASE el expediente al Despacho de la Magistrada Dra.
Claudia Elizabeth Lozzi Moreno, para los trámites subsiguientes. […]”.
8. El a quo, después de hacer referencia a la demanda; a la contestación de la
demanda; a las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso; consideró:
8.1. Que “[…] En efecto, es claro que el proceso se llevó a cabo en contra del
demandante por la suscripción del Contrato Interadministrativo de obra pública No.
0867, de 2002, firmado en diciembre de 2022, y pese a que el señor Hernández
Gamarra suscribe igualmente los contratos Nos. 100-04-101-85000-867-01-01, 100-
04-101-85000-867-01-02, 100- 04-101-85000-867-01-03 y 100-04-101-85000-867-
01-04, no se puede obviar el hecho de que el Contrato No. 0867 de 2002 fue liquidado
unilateralmente el 10 de marzo de 2005, así como tampoco se puede desconocer que
el vínculo del señor Hernández Gamarra, como representante legal de la Universidad
de Cartagena finalizó el 5 de junio de 2006. […]”.
8.2. “[…] En consecuencia, teniendo como extremo inicial el 10 de marzo de 2005,
el extremo final debió ser la apertura de investigación, la cual debía ser proferida hasta
marzo de 2010; sin embargo, dicha apertura de investigación ocurrió el 6 de junio de
2012, esto es, 7 años y 2 meses después de la liquidación del Contrato No. 0867 de
2002 y 6 años después de la desvinculación del señor Hernández Gamarra a la
rectoría de la Universidad de Cartagena. […]”
8.3. Concluyó afirmando que en el caso sub examine, se extinguió el derecho de
acción que tiene la Contraloría para iniciar formalmente un proceso de responsabilidad
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fiscal, partiendo del hecho de que el control fiscal, normalmente se ejerce de manera
posterior a la liquidación del contrató estatal que causó el daño al patrimonio público,
que en el caso bajo estudio es el Contrato No. 0867 de 2002,y, en consecuencia de
ello, el cargo de nulidad está llamado a prosperar debido a que en el caso sub examine
se presentó la caducidad de la acción fiscal, debido a la ocurrencia de la causal
prevista en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000 y, “por economía procesal se abstiene
de realizar el estudio de los demás cargos alegados en la demanda“
Recurso de apelación de la parte demandada
9. La parte demandada4, presentó recurso de apelación contra la sentencia
proferida, en primera instancia, por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en los siguientes términos:
“[…] De la celebración Contrato Interadministrativo de obra pública por
administración delegada de interventoría No. 0867 de 2002 […]”
9.1. El convenio interadministrativo No. 0867 de 2002 fue objeto de varias adiciones
en valor; una de ellas se realizó a través del CDP234847 de fecha diciembre de 2003,
por $40.000.000.000 con el fin de complementar la obra del Hospital Nuevo de Yopal,
con atención para el tercer y cuarto nivel y la Unidad de cuidados intermedios, es
decir, que el total de las partidas presupuestales asignadas para la construcción del
Hospital Nuevo de Yopal ascendió finalmente a la suma de $47.990.398.187.
9.2. El contrato Interadministrativo No. 0867 de 2002, por su naturaleza, implicaba
que la entidad contratante, debía contar con toda la capacidad técnica, administrativa,
financiera y jurídica, para cumplir con el objeto contractual, conforme a lo previsto en
el artículo 355 de la Constitución política, desarrollado por el inciso 3 del artículo 1 del
decreto 777 de 1992, modificado por el decreto 1403 de 1992. Es decir que la
Universidad de Cartagena debía contar con toda la idoneidad para acatar los
cometidos y propósitos de los convenios interadministrativos, y en este sentido,
cooperar entre las entidades.
4 Por intermedio de apoderado.
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9.3. Indicó que la Universidad de Cartagena, representada por la parte demandante
no contaba con la capacidad técnica, administrativa, financiera y jurídica, para cumplir
con el objeto contractual, por lo que tuvo que contratar la totalidad de las obligaciones
convenidas con la Gobernación, a través de 4 contratos de obra para la construcción
del Hospital, por valor de $ 43.262.551.413,23.
9.4. Igualmente, la parte demandante, en su condición de Rector de la Universidad
de Cartagena, para desarrollar el convenio interadministrativo tuvo que suscribir 4
contratos de consultoría por valor de $ 8.386.600.733.24, para ejercer la gerencia
general del convenio interadministrativo núm. 0867, razón por la cual no se evidencia
el resultado del término “aunar esfuerzos” y ayuda mutua entre las entidades, en el
cumplimiento del propósito del proyecto, y en este caso, el esfuerzo se circunscribió
en realizar otros procesos contractuales, convirtiéndose la Universidad de Cartagena
en intermediaria y no ejecutora y así se consideró en el auto de imputación y en el
fallo No.876 de 11 de mayo de 2017 y su confirmatorio, expedidos dentro del PRF-
2011-20-04-04.
“[…] 2. Respecto de la Caducidad de la acción Fiscal. […]”
9.5. El convenio interadministrativo 867 de 2002 se ejecutó mediante contratos
celebrados por la Universidad con particulares para el cumplimiento del mismo,
prolongando en el tiempo su existencia ya que los recursos provenían del convenio
interadministrativo.
9.6. Reprocha de la sentencia proferida en primera instancia, que se tome como
punto de referencia, la liquidación del convenio No.867 de 2002, esto es, el 10 de
marzo de 2005, para decretar la caducidad de la acción fiscal, cuando los contratos
que dieron origen al desarrollo del convenio no se habían liquidado. Al respecto afirmó:
“[…] Pasa por alto la Sala, que los contratos realizados por la Universidad de
Cartagena para ejecutar el contrato interadministrativo son de tracto sucesivo y que
sin estos no se hubiera podido ejecutar, y han debido tenerse en cuenta para no haber
decretado la caducidad de la acción fiscal.
[…]
El tema en discusión, está en que la Sala al proferir sentencia no tuvo en cuenta los
contratos celebrados para la ejecución del contrato interadministrativo No.0867 de
2002, el cual fueron liquidados hasta el 2011 teniendo que el último de los cuales fue
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liquidado el 18 de julio de 2011, por lo que la apertura del proceso de responsabilidad
fiscal PRF-2011-20-04-04, se realizó el 6 de junio de 2012, por lo que se profiere dentro
del término otorgado por la Ley.
Así las cosas señor Magistrado, no se puede pasar por alto que el contrato
interadministrativo por sí solo no generaría daño patrimonial por la suscripción y
liquidación, es por la celebración de los referidos contratos que desarrollan el convenio
interadministrativo, pues como se expuso no tenía como ejecutarlos, y es así que
acudió a terceros (particulares) para contratar el objeto del contrato interadministrativo
No.0867 de 2002, para poderlo desarrollar, por lo que mal podría no tenerse en cuenta
para contabilizar el término de caducidad de la acción fiscal. […]”
Actuación en segunda instancia
Admisión del recurso
10. Este Despacho, mediante providencia de 9 de diciembre de 2024 admitió el
recurso de apelación.5
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
11. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) los actos
administrativos acusados; iii) los problemas jurídicos; iv) el marco normativo sobre el
régimen de responsabilidad fiscal; v) el acervo probatorio; y vi) análisis del caso
concreto.
Competencia de la Sala
12. Vistos el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo sobre la competencia del Consejo de Estado, en segunda
instancia; y el artículo 136 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20197, expedido
por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia.
13. Agotados los procedimientos inherentes a la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, sin que se observe causal de nulidad que pueda
5 Cfr. Índice del aplicativo web SAMAI. “11Autoqueadmite_20170195201ADMITEres(.pdf) NroActua 4”
6 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm 434 de 2024. “Por medio del cual se modifican los artículos 13,
67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2’019, y se adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 90”
7 “[…] Reglamento interno del Consejo de Estado […]”.
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invalidar lo actuado, la Sala procederá a examinar las argumentaciones expuestas por
la parte demandada en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
proferida el 29 de febrero de 2024 por la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Actos acusados
14. Los actos acusados son los siguientes8:
14.1. El artículo primero del fallo con responsabilidad fiscal núm. 0876 de 11 de mayo
de 2017, “[…] Por medio del cual se falla con responsabilidad fiscal, dentro del proceso
ordinario PRF-2011-20-04-04 CASANARE” […]”, expedido por la Contralora Delegada
Intersectorial No. 16 Grupo para el Conocimiento y Trámite del Proceso de
Responsabilidad Fiscal Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción,
que resolvió, entre otros y respecto de la parte demandante, lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL a título
de CULPA GRAVE EN CUANTÍA DE CINCUENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS MCTE $59.460.247.404 INDEXADOS,
en la proporción y términos que se describen a continuación y de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia en contra de las
siguientes personas:
[…]
• SERGIO MANUEL HERNÁNDEZ GAMARRA, identificado con C.C. […], en su
condición de Rector de la Universidad de Cartagena, en cuantía de
$34.875.759.239 INDEXADOS, de manera solidaria, a título de Culpa Grave, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. […]”
8 Se procede a transcribir la parte resolutiva, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los
cargos.
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14.2. El artículo tercero del Auto núm. ORD-80112-2017 0163 de 5 de junio de 2017,
"Por la cual se resuelve unos recursos de apelación y se surte el grado de consulta
de la decisión contenida en el Fallo con Responsabilidad Fiscal proferido dentro del
PRF-2011-20-04-04", expedido por el Contralor General de la República, que resolvió,
entre otros, y respecto de la parte demandante, lo siguiente:
"[...] ARTÍCULO TERCERO. CONFIRMAR en grado de consulta, el fallo con
responsabilidad fiscal adoptado mediante auto No. 876 del 11 de mayo de 2017,
proferido por la Contraloría Delegada Intersectorial No. 16 Grupo para el
Conocimiento y Trámite del Proceso de Responsabilidad Fiscal - Unidad de
Investigaciones Especiales contra la Corrupción mediante el cual se declaró la
responsabilidad fiscal de los vinculados dentro del presente proceso de
responsabilidad fiscal de la siguiente manera: [...].
• SERGIO MANUEL HERNANDEZ GAMARRA, identificado con C.C. [...], en su
condición de Rector de la Universidad de Cartagena, en cuantía de
$34.875.759.239 INDEXADOS; de manera solidaria, a título de Culpa Grave, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. [...]”
Problema jurídico
15. La Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado, con fundamento en la
demanda, la contestación a la demanda, el recurso de apelación y las pruebas legal y
válidamente aportadas al expediente, le corresponde resolver:
15.1. Si debe ser declarado nulo o no el artículo primero del Fallo con responsabilidad
fiscal núm. 0876 de 11 de mayo de 2017, “[…] Por medio del cual se falla con
responsabilidad fiscal, dentro del proceso ordinario PRF-2011-20-04-04 CASANARE”
[…]”, confirmado por el Auto núm. ORD-80112-2017 163 de 5 de junio de 2017, "Por
la cual se resuelve unos recursos de apelación y se surte el grado de consulta de la
decisión contenida en el Fallo con Responsabilidad Fiscal proferido dentro del PRF-
2011-20-04-04", expedido por el Contralor General de la República, respecto de la
responsabilidad fiscal atribuida a la parte demandante por haber operado la caducidad
de la acción fiscal.
15.2. Si como consecuencia de lo anterior, se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia.
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16. Los problemas jurídicos planteados se desarrollarán infra, de la siguiente
manera:
Marco normativo sobre el proceso de responsabilidad fiscal
17. Visto el artículo 267 de la Constitución Política, vigente para le época de los
hechos, el control fiscal es una función pública que ejerce la Contraloría General de la
República, responsable de vigilar “[…] la gestión fiscal de la administración y de los
particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, en todos los
niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos […]” (Destacado
fuera de texto). (
18. Visto el artículo 268 de la Constitución Política; en especial el numeral 5.º, al
Contralor General de la República, le corresponde: “[…] Establecer la
responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones
pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva
sobre los alcances deducidos de la misma […]” (Destacado fuera de texto).
19. Visto el artículo 272 ibidem, sobre la vigilancia de la gestión fiscal de los
departamentos, distritos y municipios en que existan contralorías, establece lo
siguiente:
“[…] Artículo 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos
y municipios donde haya contralorías, corresponde a estas en forma
concurrente con la Contraloría General de la República.
La vigilancia de los municipios incumbe a las contralorías departamentales,
salvo lo que la ley determine respecto de contralorías municipales.
La ley regulará las competencias concurrentes entre contralorías y la prevalencia
de la Contraloría General de la República.
Corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar
las respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía
administrativa y presupuestal, y garantizar su sostenibilidad fiscal.
La Auditoría General de la República realizará la certificación anual de las
contralorías territoriales a partir de indicadores de gestión, la cual será el insumo
para que la Contraloría General de la República intervenga administrativamente
las contralorías territoriales y asuma competencias cuando se evidencie falta de
objetividad y eficiencia.
Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el
ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de
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la República en el artículo 268 en lo que sea pertinente, según los principios de
coordinación, concurrencia, y subsidiariedad. El control ejercido por la Contraloría
General de la República será preferente en los términos que defina la ley […]”
(Destacado fuera de texto).
20. Visto el artículo 1.° de la Ley 610, “[…] El proceso de responsabilidad fiscal es
el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin
de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los
particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen
por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado
[…]” (Destacado fuera de texto).
21. Visto el artículo 3.° de la ley citada supra, por gestión fiscal se entiende “[…] el
conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los
servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren
recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición,
planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación,
consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como
a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines
esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía,
eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de
los costos ambientales […]” (Destacado fuera de texto).
22. Visto el artículo 4.º de la Ley 610, el objeto de la responsabilidad fiscal es “[…]
el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia
de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante el pago
de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva
entidad estatal.[…]”; responsabilidad que “[…] es autónoma e independiente y se
entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad […]” (Destacado fuera
de texto).
23. Visto el artículo 5.° ibidem, son elementos de la responsabilidad fiscal, los
siguientes: i) una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona (natural o
jurídica) que realiza gestión fiscal; ii) un daño patrimonial al Estado; y iii) un nexo
causal entre los dos elementos anteriores.
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Demandante: Sergio Manuel Hernández Gamarra
24. Visto el artículo 6.° de la Ley 610, por daño patrimonial al Estado se debe
entender “[…] la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo,
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o
recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una
gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en
términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines
esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional,
programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho
daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la
persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa
produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público […]” 9
(Destacado y subrayado fuera de texto).
25. Visto los artículos 23, 24, 25, 28, 30 y 32 de la Ley 610; sobre pruebas para
responsabilizar; petición de pruebas; libertad de pruebas; pruebas trasladadas;
pruebas inexistentes; y oportunidad para controvertir las pruebas; se advierte que: i)
el fallo de responsabilidad únicamente procede cuando obra prueba que dé certeza
del daño patrimonial y la responsabilidad del investigado; ii) el investigado o quien
rinda exposición libre pueden pedir la práctica de pruebas; iii) el daño al patrimonio y
la responsabilidad del investigado puede demostrarse por cualquier medio de prueba
legalmente reconocido; iv) al proceso de responsabilidad fiscal se puede trasladar
cualquier prueba obrante válidamente en un proceso judicial, administrativo,
disciplinario o de responsabilidad fiscal; v) los hallazgos encontrados en las auditorías
fiscales tienen validez probatoria siempre que se hayan recaudado cumpliendo los
requisitos de ley; vi) toda prueba recaudada sin el lleno de los requisitos de ley o que
afecte los derechos fundamentales del investigado se debe tener como inexistente; y
vii) el investigado puede controvertir las pruebas a partir de la exposición espontánea
en la indagación preliminar o desde la notificación del auto que da apertura al proceso
de responsabilidad fiscal.
Marco normativo de la caducidad de la responsabilidad fiscal
26. Visto el artículo 9º de la Ley 610, sobre la caducidad de la responsabilidad fiscal,
9 Mediante sentencia C-340 de 2007, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión “o a los
intereses patrimoniales del Estado” contenida en el artículo 6° de la Ley 610 de 2000, así como la inexequibilidad
de las expresiones “uso indebido” e “inequitativa” contenidas en la misma disposición.
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Demandante: Sergio Manuel Hernández Gamarra
que establece:
“[…] ARTICULO 9. CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN.
La acción fiscal caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia
del hecho generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de
apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Este término empezará a
contarse para los hechos o actos instantáneos desde el día de su realización,
y para los complejos, de tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado
desde la del último hecho o acto.
La responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años, contados a partir del
auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si dentro de dicho
término no se ha dictado providencia en firme que la declare.
El vencimiento de los términos establecidos en el presente artículo no impedirá
que cuando se trate de hechos punibles, se pueda obtener la reparación de la
totalidad del detrimento y demás perjuicios que haya sufrido la administración,
a través de la acción civil en el proceso penal, que podrá ser ejercida por la
contraloría correspondiente o por la respectiva entidad pública. [...]”
(Destacado fuera de texto).
27. De acuerdo con la norma indicada supra: i) el término de cinco (5) años se
contabiliza a partir del hecho generador del daño al patrimonio público; ii) dentro de
dicho término la Nación – Contraloría General de la República debe expedir el auto de
apertura del proceso de responsabilidad fiscal; y iii) al finalizar el término caduca la
acción fiscal, esto es, se extingue el derecho de acción del Estado para atribuir
responsabilidad fiscal.
28. Esta Corporación10, respecto de la caducidad de la acción fiscal consideró:
"[...] De la claridad de la norma transcrita, se puede concluir: (i) la acción fiscal
caduca si transcurridos cinco años, desde la ocurrencia del hecho generador
del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de apertura del
proceso de responsabilidad fiscal; (ii) el citado término se empieza a contar
a) para los hechos o actos instantáneos desde el día de su realización;
mientras que, b) para los hechos o actos complejos, de tracto sucesivo, de
carácter permanente o continuado, desde el último hecho o acto [...]"
29. De conformidad con el marco normativo y los criterios jurisprudenciales
indicados supra, la Sala concluye que la acción fiscal caduca si transcurridos cinco (5)
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta; sentencia de 9 de agosto de 2018;
C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; número único de radicación 25000-23-24-000-2012-00195-01. De conformidad
con lo dispuesto en el Acuerdo de descongestión 357 de 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las secciones
Primera y Quinta del Consejo de Estado
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años, desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público, no se
ha proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, y para efectos de
contabilizar el término de caducidad, es preciso verificar si se trata de: i) hechos o
actos instantáneos, en cuyo caso se empieza a contabilizar la caducidad desde el día
de realización del hecho o el acto generador del daño al patrimonio público; o, ii) de
hechos o actos complejos, de tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado,
frente a los cuales se empieza a contabilizar desde el último hecho o acto generador
del daño al patrimonio público.
30. Visto el marco normativo en la parte considerativa de esta sentencia y el
problema jurídico planteado, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio
para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto
refiriéndose a la caducidad de la acción fiscal planteada en la sentencia proferida en
primera instancia; y, en segundo lugar, a los argumentos planteados en el recurso de
apelación.
Solución del caso concreto
31. La parte demandante expone que, al momento de darse apertura al proceso
administrativo de responsabilidad fiscal, mediante el Auto núm. 000439 de 6 de junio
de 2012, ya había operado la caducidad de la acción fiscal, toda vez que, el Convenio
Interadministrativo núm. 0867 de 2002 terminó el 10 de marzo de 2005, es decir, casi
siete años antes de haberse abierto el proceso de responsabilidad fiscal.
32. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la sentencia proferida el 29 de
febrero de 2024, declaró la nulidad de los actos acusados al encontrar demostrados
dos principales supuestos: i) que se había configurado la caducidad de la acción fiscal,
en tanto que el Contrato No. 0867 de 2002 fue liquidado unilateralmente el 10 de
marzo de 2005; y ii) el vínculo de la parte demandante, como representante legal de
la Universidad de Cartagena finalizó el 5 de junio de 2006.
33. En este sentido consideró que “[…]teniendo como extremo inicial el 10 de
marzo de 2005, el extremo final debió ser la apertura de investigación, la cual debía
ser proferida hasta marzo de 2010; sin embargo, dicha apertura de investigación
ocurrió el 6 de junio de 2012, esto es, 7 años y 2 meses después de la liquidación del
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Demandante: Sergio Manuel Hernández Gamarra
Contrato No. 0867 de 2002 y 6 años después de la desvinculación del señor
Hernández Gamarra a la rectoría de la Universidad de Cartagena. […]”
34. La parte demandada, en su recurso de apelación, discrepa de la sentencia
proferida en primera instancia, y en especial, que se tome como punto de referencia,
la liquidación del convenio No.867 de 2002, el 10 de marzo de 2005, para decretar la
caducidad de la acción fiscal, sin tener en cuenta que los contratos que dieron origen
al desarrollo del convenio no se habían liquidado por su condición de tratarse de
obligaciones de tracto sucesivo.
Sobre la caducidad de la acción de responsabilidad fiscal en el caso sub
examine
35. La Sala advierte, de conformidad con las pruebas aportadas al proceso que, la
parte demandante, fungió como Rector de la Universidad de Cartagena desde el 27
de diciembre de 2002 hasta el 5 de junio de 2006, período durante el cual suscribió
con el Departamento de Casanare, el Convenio Interadministrativo de Obra Pública
por Administración Delegada e Interventoría núm. 0867 de 27 de diciembre de 2002,
el cual tenía como objeto:
"[…] La Universidad de Cartagena, en cumplimiento de este contrato, se
compromete con el Departamento de Casanare a prestar los servicios de
Administración Delegada y de Interventoría en ejecución de las obras y acciones
encaminadas a la ejecución del plan de inversión en la construcción, ampliación y
mantenimiento, pavimentación de vías urbanas municipales del Departamento del
Casanare, Construcción, ampliación y mantenimiento de la infraestructura de
acueductos y alcantarillados urbanos del Departamento, Construcción de
infraestructura hospitalaria del Departamento de Casanare; compra de terrenos,
construcción, ampliación y adecuación de escenarios deportivos, recreación y
canchas acústicas en el Departamento de Casanare; Construcción, ampliación y
mantenimiento de redes eléctricas en el Departamento de Casanare;
Construcción plan centro y Construcción de programas y proyectos de vivienda de
interés social en el Departamento […]”
36. El Convenio Interadministrativo núm. 0867 de 200211 se suscribió por valor de
$47.990.398.187 y una duración de 12 meses. Destaca la Sala que en la cláusula 8
se prohíbe la cesión del contrato en los siguientes términos:
11 Cfr. Carpeta 7 Folios 1003 y siguientes.
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“[…] LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA no podrá ceder total ni parcialmente la
Administración Delegada o la Interventoría de que trata este Contrato a un tercero. No
obstante lo anterior LA UNIVERSID DE CARTAGENA podrá sub-contratar con
terceras personas, naturales o jurídicas, la realización estudios, diseños, labores de
asesoría, consultoría, la ejecución de obras civiles, la interventoría una o varias de
estas actividades, así como sub-contratar todas las acciones que requiera para los el
cabal cumplimiento del Contrato. […]”
37. Lo anterior guarda relación con las notas contenidas en el acta de liquidación
del Convenio Interadministrativo núm. 0867 de 2002, cuando se hace saber que “[…]
El administrador delegado podrá ejecutar directamente o subcontratar, conforme lo
previsto en las cláusulas 1.2 y 1.3 de las CEC (condiciones especiales del contrato),
las acciones y las obras previstas en los planes y programas propuestos los cuales
han sido acordados con la administración departamental […]”
38. La Universidad de Cartagena, en desarrollo de esta cláusula, suscribió varios
contratos para la ejecución del Convenio Interadministrativo núm. 0867 de 2002,
respecto de los cuales se destaca la suscripción de 4 contratos de consultoría, con el
fin de ejercer gerencia general sobre el convenio interadministrativo y así tener un
mayor control sobre los estudios, diseños de construcción, asesoría técnica y de
supervisión a la construcción del Hospital Nuevo de Yopal.
39. En efecto, la Universidad de Cartagena suscribió, adicionalmente, los contratos
núms. 100-04-101-85000-867-01-01, 100-04-101-85000-867-01-02, 100-04-101-
85000-867-01-03 y 100-04-101-85000-867-01-04, cuyo objeto era la construcción del
Hospital Nuevo de Yopal; y pese a los cuales, transcurridos más de 10 años, no se
finalizó la construcción del hospital.
40. Por la naturaleza del Convenio Interadministrativo núm. 0867 de 2002, y de
cada uno de los subcontratos suscritos entre la Universidad de Cartagena y
particulares para el desarrollo del mismo, la Sala comparte las afirmaciones de la parte
demandada en su recurso de apelación cuando sostiene que se está frente a hechos
de tracto sucesivo originados no solo de la suscripción y ejecución del Convenio
Interadministrativo núm. 0867 de 27 de diciembre de 2002 sino también de los
contratos núms. 100-04-101-85000-867-01-01, 100-04-101-85000-867-01-02, 100-
04-101-85000-867-01-03 y 100-04-101-85000-867-01-04 suscritos por la parte
demandante para la construcción del Hospital Nuevo de Yopal.
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41. La Sala advierte que, con ocasión del Convenio Interadministrativo núm. 0867
de 2002, y con el único objeto de cumplir las obligaciones en él contenidas, se
suscribieron entre otros los siguientes contratos:
CONTRATO FECHA OBJETO FECHA DE
LIQUIDACIÓN
UDC-100-04-101- 15 de junio Construcción de la 26 de mayo de
85000-867-01-01 de 2004 estructura de concreto 200612
hospital, primero y segundo
nivel y la Unidad de
Cuidados Intensivos del
Municipio de Yopal
Casanare
UDC-100-04-101- 16 de enero Construcción de acabados 23 de junio de
85000-867-01-02 de 2006 arquitectónicos Fase I del 201113
Hospital Primero y Segundo
Nivel y la Unidad de
Cuidados Intensivos del
Municipio de Yopal
Casanare
UDC-100-04-101- 20 de enero Construcción de acabados 18 de julio de
85000-867-01-03 de 2006 arquitectónicos Fase II del 201114
Hospital Primero y Segundo
Nivel y la Unidad de
Cuidados Intensivos del
Municipio de Yopal
Casanare
UDC-100-04-101- 20 de enero Construcción e 24 de junio de
85000-867-01-04 de 2006 instalaciones eléctricas y 201115
comunicaciones Hospital
Primero y Segundo Nivel y
la Unidad de Cuidados
Intensivos del Municipio de
Yopal Casanare
42. En el mismo sentido, se encuentra demostrado otro tipo de contratos de
consultoría suscritos por valor de $8.386.600.733,24, con el fin que la Sociedad de
Servicios de Ingeniería S.A. ejerciera la gerencia general del Convenio
Interadministrativo núm. 0867 de 27 de diciembre de 200216, y que constituye una de
las razones por las que la Contraloría General de la República consideró fiscalmente
responsable a la parte demandante, por haber trasladado la totalidad de sus
obligaciones para la construcción del Hospital de Yopal a terceros.
12 Cfr. Folios 1071 de los antecedentes administrativos.
13 Cfr. Folios 1087 de los antecedentes administrativos.
14 Cfr. Folios 1104 de los antecedentes administrativos.
15 Cfr. Folios 1122 de los antecedentes administrativos.
16 Cfr. Folio 08 anverso cdno. 1.
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43. De lo anterior se tiene que los dineros que se imputan como pérdida del
patrimonio del Estado están relacionados no solo con la suscripción del Convenio
Interadministrativo núm. 0867 de 27 de diciembre de 2002, sino con todos los
negocios jurídicos que de él se derivaron para el cumplimiento del mismo.
44. Para la Sala, el control fiscal que se puede ejercer sobre la contratación estatal
y los recursos públicos afectos a ella se ejerce con posterioridad al ejercicio de la
gestión fiscal, esto es, una vez liquidado el contrato.
45. La Corte Constitucional17, sobre el particular consideró:
“[…] esta Corporación se pronunció sobre el alcance del carácter posterior del control
fiscal en relación con los contratos estatales, al declarar exequible un aparte del
artículo 65 de la Ley 80 de 1993 en el que se establece que la vigilancia fiscal se
efectuará “una vez liquidados o terminados los contratos”. La Corte consideró que el
contenido normativo demandado no se oponía a la Constitución, por cuanto: (i) el
control sobre los contratos estatales liquidados o terminados no es el único momento
en que se lleva a cabo el control fiscal, dado que este puede efectuarse a partir de su
legalización y durante su ejecución; (ii) el control posterior no es en sí mismo
inoportuno, pues este debe iniciarse una vez ejecutadas las operaciones o procesos
objeto de control y antes de que prescriban las acciones correspondientes. La Corte
precisó que el control fiscal respecto de los contratos estatales “se ejerce a partir de
su perfeccionamiento, durante todo el proceso de ejecución, y después de su
liquidación o terminación”. Dentro del mismo, cabe distinguir dos momentos: “1. una
vez concluidos los trámites administrativos de legalización de los contratos, es decir,
cuando se ha perfeccionado el acuerdo de voluntades, para vigilar la gestión fiscal de
la administración y, en general, el cumplimiento de las normas y principios que rigen
la contratación estatal. Igualmente, se deberá ejercer control posterior sobre las
cuentas y pagos derivados del contrato, y 2. una vez liquidados o terminados los
contratos, para ejercer un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la
eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales”. […]
46. En el caso sub examine, el daño al patrimonio que fue endilgado a la parte
demandante no se agota únicamente en el Convenio Interadministrativo núm. 0867
de 27 de diciembre de 2002, sino que se extiende a las diferentes conductas y
actividades que se llevaron a cabo con ocasión y por causa del mismo, y cuya gestión
se extiende a los diferentes negocios jurídicos relacionados con el mismo.
47. No de otra forma se explica como al momento de la suscripción de dichos
contratos, se narran como antecedentes del mismo, el Convenio Interadministrativo
núm. 0867 de 27 de diciembre de 2002, sino que en el acta de liquidación se
17 Corte Constitucional, sentencia C-103 de 2015
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contextualiza en el encabezado del acta respectiva el convenio indicado, lo que
permite entender su correlación entre uno y otros.
48. En este sentido, la caducidad de la acción fiscal no debe contabilizarse
únicamente teniendo como extremo inicial la fecha de liquidación del Convenio
Interadministrativo núm. 0867 de 2002, sino que, en tanto los recursos destinados al
mismo estaban en entredicho por la suscripción de sub contratos, estos también
deben ser objeto de análisis por parte del órgano de control para determinar el uso
debido, el cumplimiento de las obligaciones y el resultado obtenido, como en efecto
sucedió en el procedimiento adelantado por la parte demandada.
49. El Contrato núm. UDC-100-04-101-85000-867-01-03 de 20 de enero de 2006,
uno de aquellos subcontratos derivados del Convenio interadministrativo, tenía como
objeto la construcción de acabados arquitectónicos Fase II del Hospital Primero y
Segundo Nivel y la Unidad de Cuidados Intensivos del Municipio de Yopal Casanare,
fue liquidado el 18 de julio de 2011, es decir, se trató de un hecho de tracto sucesivo
y, por tanto, se entiende este acto como el último hecho generador del daño al
patrimonio público.
50. Atendiendo a la fecha de apertura del proceso de responsabilidad fiscal el 6 de
junio de 2012, mediante Auto núm. 000439, no habían trascurrido los cinco (5) años
que prevé el citado artículo 9.° de la Ley 610 de 2000, para dar apertura al proceso
de responsabilidad fiscal y, por tanto, no se configuró la caducidad de la acción fiscal,
razón por la que revocará la sentencia proferida en primera instancia.
Garantía de la doble instancia respecto de los demás cargos de nulidad que no
fueron objeto de análisis en la sentencia proferida en primera instancia
51. La Sala considera que, de manera particular en el presente caso, y en atención
a la especial naturaleza de los procesos de responsabilidad fiscal, se debe devolver
el expediente al Tribunal de origen con el propósito de garantizar el derecho
fundamental de las partes al debido proceso y a la segunda instancia, para que se
pronuncie sobre los cargos de nulidad que no fueron objeto de análisis en la sentencia
proferida en primera instancia, en atención a que dicha sentencia se centró
exclusivamente en la caducidad del proceso de responsabilidad fiscal, sin que el a
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quo analizara y resolviera los demás fundamentos jurídicos de la demanda, y en
atención a que la competencia del ad quem está delimitada por el recurso de alzada.
52. Para ello, la Sala hace extensivo, en lo pertinente al caso sub examine, lo
considerado por esta Sección en sentencia de 26 de abril de 201318:
“[…] Cabe advertir que esta Corporación, al estudiar en segunda instancia los recursos
de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera por los Tribunales
Contencioso Administrativos, en las cuales no se ha resuelto el fondo del asunto -ello
ha sido considerado injustificado-, en su lugar, ha procedido a proferir la providencia
de mérito que corresponda, en aplicación del ultimo inciso del artículo 357 del C. de
P.C., el cual prevé:
“[…] Sin embargo, la Sala observa que esta norma resulta incompatible con el texto de
los artículos 29 y 31 de la Carta Política, que consagran el principio de la doble
instancia. […]
Dicho principio no sólo se encuentra previsto en los artículos 29 y 31 de la Carta
Fundamental, sino que también aparece consagrado en las normas de derecho
internacional humanitario, concretamente, en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José) y en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, los cuales le otorgan el carácter de garantía judicial y de mecanismo
de protección, destinado a hacer efectivos los derechos consagrados en el
ordenamiento jurídico y a velar por la recta actuación de la administración, máxime en
aquellos casos en los cuales a partir del ejercicio de sus funciones puede imponer
sanciones (v.gr. en los procesos penales).
Así, en torno al desarrollo del procedimiento penal, el artículo 8 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), dispone que: "Garantías
judiciales. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso
toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: h)
Derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior". A su vez, el artículo 14 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que: " (...)5. Toda
persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y
la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo
prescrito por la ley.
Luego, la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera
genérica y en relación con todo tipo de procedimientos, determina que: "Artículo 25.
Protección judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución,
la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas
que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. […]
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de abril de 2013; C.P.
18
María Elizabeth García González, número único de radicación 2006-01004-01 […]”.
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Es claro que a partir de la interpretación armónica y sistemática de la Constitución
Política y de los tratados internacionales de derechos humanos, el principio de la doble
instancia se erige en una garantía esencial para preservar el debido proceso y,
además, para mantener incólume la integridad de los derechos e intereses de los
asociados.
En esta medida, el principio de la doble instancia se convierte en una garantía
constitucional que informa el ejercicio del ius puniendi del Estado en todas sus
manifestaciones, no sólo cuando se trata de la aplicación del derecho penal por los
órganos judiciales sino también en el derecho administrativo sancionatorio y,
específicamente, en tratándose del desarrollo y práctica del derecho disciplinario.
Es, entonces, indudable que en el origen de la institución de la doble instancia
subyacen los derechos de impugnación y de contradicción. En efecto, la garantía del
derecho de impugnación y la posibilidad de controvertir una decisión, exigen la
presencia de una estructura jerárquica que permita la participación de una autoridad
independiente, imparcial y de distinta categoría en la revisión de una actuación previa,
sea porque los interesados interpusieron el recurso de apelación o resulte forzosa la
consulta. […]
Como quiera que el asunto a que se contrae la sentencia dictada en el proceso
de la referencia, no está considerado dentro de los casos que deban ventilarse
en única instancia, resolver de fondo la controversia en la segunda instancia,
implica reemplazar al a quo en el estudio de los cargos de la demanda que no
realizó y equivale a convertirla en única instancia, privando a la parte
desfavorecida del derecho fundamental de ejercer legítimamente su defensa,
íntimamente ligado al debido proceso y al acceso a la Administración de Justicia
[…]” (Negrilla fuera de texto original).
53. Esta Sección ha considerado en el mismo sentido, que la imposibilidad de
abordar cargos en segunda instancia, que no fueron analizadas en la primera, no
constituye una omisión sino, por el contrario, la garantía de los principios de limitación
de la competencia del Juez superior, de la doble instancia y del debido proceso, toda
vez que “[…] resolver de fondo la controversia en la segunda instancia, implica
reemplazar al a quo en el estudio de los cargos de la demanda que no realizó y
equivale a convertirla en única instancia, privando a la parte desfavorecida del derecho
fundamental de ejercer legítimamente su defensa, íntimamente ligado al debido
proceso y al acceso a la Administración de Justicia […]”19.
54. De conformidad con lo anterior, la Sala procederá a devolver el expediente al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que, teniendo en cuenta la plena
observancia de los principios de economía, celeridad, eficiencia y eficacia procesal,
adopte la decisión de fondo respecto de los otros cargos de nulidad de la demanda
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de abril de 2013,
C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 50001233100020060100401.
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Núm. único de radicación: 25000-23-41-000-2017-01952-01
Demandante: Sergio Manuel Hernández Gamarra
que no fueron objeto de análisis en la sentencia proferida, en primera instancia. Esa
decisión de fondo deberá proferirse, conjuntamente con la orden de obedecimiento,
dentro de los cuarenta (40) días siguientes de ingreso del expediente al Despacho
según lo previsto en el artículo 120 del Código General del Proceso.
Conclusiones de la Sala
55. Esta Sala, atendiendo lo anterior, considera que, en el caso sub examine, no
se presentan los supuestos fácticos previstos en el artículo 9 de la Ley 610, respecto
de la caducidad de la acción de responsabilidad fiscal y, en consecuencia, revocará
la sentencia de 29 de febrero de 2024, proferida en primera instancia por la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Condena en costas
56. Vistos los numerales: i) 4 del artículo 365 de la Ley 1564 sobre condena en
costas “[…] cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior […]”; y ii) 8 ibidem “[…] cuando en el expediente aparezca que se causaron y
en la medida de su comprobación […]”; y atendiendo al criterio objetivo valorativo de
las mismas y a que en el expediente no aparecen causadas ni probadas, la Sala no
condenará en costas a la parte demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia, en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
II. RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 29 de febrero de 2024 por la
Subsección A, Sección Primera, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para que, teniendo en
cuenta la plena observancia de los principios de economía, celeridad, eficiencia y
eficacia procesal, adopte la decisión de fondo respecto de los demás cargos de la
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demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Esa
decisión de fondo deberá proferirse, conjuntamente con la orden de obedecimiento,
dentro de los cuarenta (40) días siguientes de ingreso del expediente al Despacho
según lo previsto en el artículo 120 del Código General del Proceso.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta Con salvamento parcial de voto
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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