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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2018-00288-01

Fecha
27 de abril de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2018-00288-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el señor Consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ para intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia, se le separa del conocimiento del mismo. SEGUNDO: MODIFICAR los numerales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de 11 de junio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los cuales quedarán así: “TERCERO.- ORDENAR a la Nación – MINISTERIO DE CULTURA, al DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, al Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 72 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2018-00288-01 Actor: ANDRÉS MAURICIO VELA CORREA INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA y a los municipios de GUADUAS, VILLETA, FACATATIVÁ y ALBÁN que, de manera conjunta, y en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, determinen si el Camino Real de Honda debe ser declarado BIC del ámbito nacional, departamental o municipal, teniendo en cuenta que tal calificación no necesariamente será excluyente, de acuerdo con el concepto que para tal efecto expidan los respectivos Consejos de Patrimonio Cultural. En el evento de que sea favorable la declaratoria de dicho bien como BIC, las autoridades mencionadas, en el marco de sus competencias, deberán iniciar y culminar el procedimiento de que trata el artículo 8° de la Ley 397, modificado por el artículo 5° de la Ley 1185, en el término máximo de un año, contado a partir del momento en que definan que el bien en comento debe ser declarado BIC. De todo lo anterior, deberán rendir informe al Comité de Verificación del fallo.” “CUARTO.- ORDENAR a los municipios de GUADUAS, VILLETA, FACATATIVÁ y ALBÁN adoptar las medidas necesarias a fin de identificar, proteger, conservar y rehabilitar el sendero colonial Camino Real de Honda, en la parte correspondiente a la localización dentro del territorio de su jurisdicción. Los municipios actuarán en coordinación con el Departamento de Cundinamarca y el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca, en […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2018-00288-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

27 de abril de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2018-00288-01
Referencia: Acción Popular – Fallo
Actor: ANDRÉS MAURICIO VELA CORREA

TESIS: CONCEDE AMPARO FRENTE A LA AMENAZA DEL DERECHO
COLECTIVO A LA DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA
NACIÓN, EN ATENCIÓN A QUE EL SENDERO COLONIAL DE
RELEVANCIA HISTÓRICA SE ENCUENTRA EN ESTADO DE
ABANDONO Y LAS DEMANDADAS NO HAN ADELANTADO Y/O
CULMINADO PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN COMO BIEN DE
INTERÉS CULTURAL.

DERECHO COLECTIVO INVOCADO COMO VULNERADO: A LA DEFENSA DEL
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el

MINISTERIO DE CULTURA1 y el MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

contra la sentencia de 11 de junio de 2020, proferida por el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca2.

1
En adelante el Ministerio.
2
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2018-00288-01
Actor: ANDRÉS MAURICIO VELA CORREA

I.- ANTECEDENTES

I.1- La demanda

El ciudadano ANDRÉS MAURICIO VELA CORREA, actuando en

nombre propio y en ejercicio de la acción popular prevista en el

artículo 88 de la Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de

5 de agosto de 19983, presentó demanda ante el Tribunal tendiente

a obtener la protección del derecho colectivo al patrimonio cultural

de la Nación, presuntamente vulnerado por el MINISTERIO, el

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA4, la CORPORACIÓN

AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA5 y los municipios de

GUADUAS, VILLETA, FACATATIVÁ y ALBÁN6.

I.2. Hechos

Indicó que el trayecto conocido como Camino Real de Honda es un

sendero colonial representativo de la historia del país debido a que

fue construido para comunicar Puerto Gallote, corregimiento de

Puerto Bogotá (Guaduas) con Santa Fe de Bogotá, para facilitar la

3
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
4
En adelante el Departamento.
5
En adelante la CAR.
6
Fueron tenidos como demandados, a través del auto admisorio de la demanda de 21 de marzo de
2018.

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Actor: ANDRÉS MAURICIO VELA CORREA

movilidad de bienes y personas y, además, por él pasaron los

recursos que estaban destinados a la construcción del centro del país.

Explicó que el Camino Real es un sendero emblemático porque

cuenta la historia de la Nación, pues por él transitaron virreyes,

presidentes y otros personajes ilustres, como el prócer de la

independencia, Simón Bolívar, y José Celestino Mutis con su Real

Expedición Botánica, entre otros.

Informó que el mencionado camino está constituido por cuatro

tramos, a saber: el primero de ellos abarca de Puerto Gallote en el

corregimiento de Puerto Bogotá hasta la cabecera municipal de

Guaduas, con una extensión de 18.76 Km; el segundo tramo parte

del MUNICIPIO DE GUADUAS hasta el MUNICIPIO DE VILLETA,

con una extensión de 17.94 Km; el tercer tramo inicia en el

MUNICIPIO DE VILLETA y llega al MUNICIPIO DE ALBÁN, con

una extensión de 16.7 Km; y, finalmente, el cuarto tramo inicia en

el MUNICIPIO DE ALBÁN y llega al MUNICIPIO DE

FACATATIVÁ, con una extensión de 11.36 Km.

Aseveró que el camino se deterioró a tal punto que ya no cubre las

distancias originales y perdió continuidad, como sucedió con el

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primer tramo del que en la actualidad solo existe una parte (30%

aproximadamente) y el resto se encuentra invadido por bosques y

pastizales, lo que ha afectado a las posadas ubicadas a la orilla del

sendero.

Puso de presente que el 30 de marzo de 2017 solicitó que el

mencionado camino real fuera declarado como bien de interés

cultural de la Nación -BIC. Sin embargo, el MINISTERIO no se ha

pronunciado al respecto.

Asimismo, informó que el 5 de septiembre de ese año elevó

diferentes peticiones a las alcaldías de los municipios de HONDA,

GUADUAS, ALBÁN y FACATATIVÁ, así como a los

DEPARTAMENTOS DEL TOLIMA y CUNDINAMARCA, sin obtener

una respuesta satisfactoria al respecto.

I.3. Pretensiones

El actor solicitó lo siguiente:

“[…] 1. Ordenar a la Nación – Ministerio de Cultura, Gobernación de
Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –
CAR y a las demás involucradas, rescatar, restaurar, delimitar, señalizar,
reforestar y preservar el Camino Real de Honda.

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2. Que se declare el Camino Real de Honda, bien de interés cultural del
ámbito Nacional […]”.

I.4. Defensa

I.4.1.- El DEPARTAMENTO se refirió a la sentencia C - 082 de 2014,

proferida por la Corte Constitucional, sobre las normas que rigen los

BIC, para indicar que aquellos que no han sido declarados como tal

tienen dificultades para obtener apoyo automático del Estado, debido

a que las erogaciones públicas están sujetas a procedimientos,

disponibilidades, prioridades políticas y mecanismos de concurso o

de conveniencia pública.

Aseveró que el apoyo público para la cultura y el patrimonio cultural

no podía estar sujeto al querer de una persona o grupo de personas,

sino que debía ser producto del agotamiento de los procedimientos

legalmente establecidos, conforme a la disponibilidad de recursos

públicos, ya que la cultura se debe priorizar con base en los registros

de bienes declarados como de interés cultural o patrimonio cultural.

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Expresó que el procedimiento para la declaratoria de un BIC está

definido en la Ley 1185 de 12 de marzo de 20087, conforme a la cual,

en el ámbito nacional, le corresponde al MINISTERIO su

declaratoria; y en el ámbito territorial, al Municipio, Distrito o

Departamento, según corresponda, procedimiento dentro del cual se

deben agotar las respectivas etapas para la expedición del acto

administrativo.

Estimó, con base en lo dicho, que el actor no puede desconocer el

trámite previsto para la declaratoria del camino real de Honda como

BIC, pues la solicitud que radicó ante el MINISTERIO el 30 de

marzo de 2017 debe ser resuelta por medio de acto administrativo

debidamente motivado y hasta la fecha de presentación de la

demanda, esto no había ocurrido.

Afirmó que la Ordenanza Departamental núm. 062 de 1999 en el

artículo 1º denomina la red de caminos de Cundinamarca al conjunto

de vías rurales y urbanas para el uso exclusivo de peatones, ciclistas,

semovientes, carreteras de tracción animal y similar, así como los

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“Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras
disposiciones.”

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caminos indígenas, reales, de herradura, senderos, trochas y

similares que se encuentran en el DEPARTAMENTO; del mismo

modo, precisó que el artículo 2º autorizó al Gobernador para iniciar

las acciones necesarias para acudir en apoyo de los Municipios en los

procesos de restitución y recuperación de los caminos o parte de

ellos, que hayan sufrido invasión, cierre o similares.

Aseguró que el artículo 7º de la misma disposición normativa, le

impone al Departamento de Planeación de Cundinamarca desarrollar

una estrategia de coordinación con los Municipios para la

restauración, construcción, conservación, uso y permanencia de la

red de caminos del ente territorial.

Informó que en cumplimiento de lo dispuesto en la citada Ordenanza

se expidió el Decreto núm. 261 de 15 de octubre de 2008, por medio

del cual se creó el INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y

CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, el cual tiene dentro

de sus funciones “programar y ejecutar los planes y proyectos de

rehabilitación y mantenimiento de infraestructura vial”, lo que pone de

manifiesto que la red de caminos de Cundinamarca no se encuentra

dentro de su órbita de competencia.

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Agregó que de acuerdo con lo establecido en la Ley 1551 de 6 de

julio de 20128 le corresponde a los Municipios, en materia de vías, la

construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales de rango

municipal, lo cual, en su criterio, incluye caminos indígenas, reales,

de herradura, senderos, trochas y similares, como lo indica el artículo

3º de la citada norma; y que conforme a los decretos

Departamentales, como las ordenanzas núm. 05 de 2008 y núm. 04

de 2016 y el Decreto núm. 265 de 2016, tienen a su cargo no solo el

mantenimiento, construcción o similar de dichos caminos, sino

también la posible declaratoria como BIC.

Propuso como excepciones, las siguientes:

• «INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN AL DERECHO COLECTIVO

AL PATRIMONIO MATERIAL CULTURAL DE LA NACIÓN»:

argumentó que como el Camino Real de Honda no ha sido declarado

como BIC de la Nación no hay lugar a afirmar que existe afectación

o amenaza al derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural

de la Nación.

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“Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.

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• «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DEL

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA»: fundamentó esta

excepción en los argumentos expuestos en párrafos anteriores, en el

sentido de indicar que, de acuerdo con la Ley y las ordenanzas

Departamentales, corresponde a los municipios que atraviesa el

trazado del Camino Real de Honda satisfacer las pretensiones de la

demanda, toda vez que existe una derogatoria tácita de la Ordenanza

núm. 062 de 1999, amén de que las disposiciones legales expedidas

le asignan competencias privativas a los municipios en la materia.

• «FALTA DE INTEGRACIÓN DEL LITISCONSORCIO

NECESARIO»: Estimó que como la misión del INSTITUTO

DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE

CUNDINAMARCA, creado por medio del Decreto Ordenanza núm.

00264 de 2008, es la preservación y recuperación del patrimonio

cultural en sus diversas manifestaciones, su vinculación procesal era

innecesaria.

I.4.2.- El MINISTERIO argumentó que era necesario diferenciar

entre el concepto de patrimonio cultural de la Nación y los BIC, en

atención a que estos últimos hacen parte del patrimonio, pero que

no todo lo que se considera patrimonio es necesariamente un BIC,

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conforme a lo establecido en la Ley 397 de 7 de agosto de 19979,

modificada por la Ley 1185.

Manifestó que el Camino Real de Honda no cuenta con declaratoria

como BIC en el ámbito nacional, la cual le corresponde al

MINISTERIO, pero que sí fue reconocido como BIC en el nivel

territorial, por lo que la competencia para el manejo de dicho bien

le corresponde al INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DE

CUNDINAMARCA.

Propuso como excepción la siguiente:

-. «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA»: la

fundamentó en que de acuerdo con las competencias que le fueron

asignadas en la Ley 397, el Decreto 1080 de 26 de mayo de 201510 y

demás normas concordantes, y teniendo en cuenta que el Camino

Real de Honda no ha sido declarado como BIC de la Nación y

tampoco hay certeza sobre su ubicación, resulta forzoso concluir que

son los propietarios de los predios por donde cruza dicho sendero

9
“Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Política; se dictan normas sobre
el patrimonio cultural, fomento y estímulos a la cultura; se crea el Ministerio de Cultura y se trasladan
algunas dependencias”.
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“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”.

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quienes tienen el deber legal de tomar las medidas necesarias para

mantener y conservar el bien.

I.4.3.- El MUNICIPIO DE GUADUAS11 argumentó que de

conformidad con el artículo 8º de la Ley 397, modificado por el

artículo 5º de la Ley 1185, le corresponde al MINISTERIO, previo

concepto favorable del Consejo de Patrimonio Cultural, la

declaratoria y manejo de los BIC de la Nación.

Precisó que, de acuerdo con lo informado por el MINISTERIO, el

Camino Real de Honda no está catalogado como BIC de la Nación,

pero que estudiaría la pertinencia de su declaratoria como tal, así

como la respectiva caracterización y registro que debe realizarse con

los requisitos legalmente establecidos.

Estimó, con base en lo anterior, que no se afectó el derecho colectivo

objeto de la solicitud de amparo, pues el MINISTERIO ha

demostrado su interés por adelantar los trámites para la declaratoria

del mencionado camino como BIC.

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Fue tenido como demandado, a través del auto admisorio de la demanda de 21 de marzo de 2018.

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En cuanto al deterioro que presenta el camino real, adujo que

mediante Acuerdo Municipal núm. 036 de 2000 se aprobó el PBOT

del ente territorial, en el que se indicó que el sistema vial primario

del municipio está conformado por el conjunto de vías que integran

la red o malla vial que permiten la comunicación vial al interior y al

exterior del territorio, así como las vías primarias municipales,

circunstancia que, a su juicio, demuestra que sí se han adelantado

acciones para resaltar el valor e importancia que el antiguo camino

representa.

Precisó que el tramo que va desde la vereda Santa Rosa hasta

Sargento y Malambo, está interrumpido debido a que algunas partes

han desaparecido y su posible reconstrucción está sujeta a la

intervención por parte del MINISTERIO, así como a su declaración

como BIC.

I.4.4.- El MUNICIPIO DE VILLETA afirmó que ha emprendido

acciones para el cuidado y mantenimiento del Camino Real, debido a

que es un sitio de referencia turística para sus visitantes; no

obstante, debido a la falta de recursos públicos y de apoyo por parte

de autoridades del orden Nacional y Departamental, no ha sido

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posible la recuperación cabal de dicho sendero, máxime si no ha sido

declarado como BIC.

Argumentó que en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial - PBOT

del año 2010 se estableció que el camino real hace parte de su

sistema estructurante como sistema vial e, igualmente, dispuso que

es un recurso natural tangible de protección y conservación, para lo

cual adoptó acciones de protección como el Acuerdo núm. 009 de

1990 y el ajuste de los planes de desarrollo.

I.4.5.- El MUNICIPIO DE FACATATIVÁ indicó que su POT

reconoció el Camino Real de Honda como una vía del sistema vial en

el componente rural, en el sector comprendido entre la vereda los

Manzanos hasta el límite con el MUNICIPIO DE ALBÁN.

Precisó que su Plan Turístico, dentro de la fase de desarrollo, previó

la recuperación física y temática de los caminos reales dentro del que

se encuentra el ya mencionado.

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I.4.6.- La CAR presentó como argumentos de defensa, las siguientes

excepciones:

• «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA»: señaló que la

competencia sobre los hechos debatidos le corresponde

exclusivamente al INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA

DE CUNDINAMARCA, como responsable de la declaratoria de BIC

del sendero objeto de estudio, para posteriormente poder ser

declarado como patrimonio cultural de la Nación por parte del

MINISTERIO, organismo que, además, debe proteger, valorar y

difundir el patrimonio cultural de la Nación, conforme a lo establecido

en el Decreto 1080 de 2015.

• «INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN A LOS DERECHOS E

INTERESES COLECTIVOS»: argumentó que no vulneró los

derechos e intereses colectivos alegados en el marco de la presente

acción, pues no está dentro de sus funciones la preservación o

mantenimiento de los bienes que componen el patrimonio cultural de

la Nación, puesto que su deber principal es velar por la protección y

mantenimiento de los recursos naturales.

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I.4.7.- El INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURAL Y

TURISMO DE CUNDINAMARCA12 argumentó que el Camino Real de

Honda por no estar catalogado como BIC, no podía afirmarse que

hubo afectación al derecho colectivo a la defensa del patrimonio

cultural de la Nación, así como tampoco podría darse cumplimiento

a lo solicitado en las pretensiones de la demanda.

Aseveró que de acuerdo con la Ley 1151, los municipios tienen a su

cargo la construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales de

rango municipal, razón por la que ni el MINISTERIO, ni la CAR ni

ese Instituto tienen la obligación de adelantar las acciones

pretendidas por el actor.

Señaló que es necesario adelantar el procedimiento legalmente

establecido para la declaratoria del Camino Real como BIC de la

Nación, en cumplimiento de cada una de las etapas legalmente

establecidas, pues no hacerlo implica no garantizar su protección y

sostenibilidad en el tiempo, además de no ser sujeto del Régimen

Especial de Protección – REP, ni tampoco podría incorporarse el Plan

Especial de Manejo y Protección – PEMP.

12
Vinculado por el Tribunal, por medio de auto de 3 de mayo de 2018.

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Propuso como excepciones las siguientes:

• «IMPROCEDENCIA Y CADUCIDAD DE LA ACCIÓN POPULAR-

INEXISTENCIA DE VUNERACIÓN, DAÑO O AMENAZA ACTUAL

CONTRA LOS DERECHOS COLECTIVOS»: explicó que no existe

norma o acto administrativo que le dé sustento a la apropiación de

recursos para restaurar el Camino Real de Honda, por lo que las

pretensiones de la presente acción no están llamadas a prosperar.

Añadió que la improcedencia de la acción también se sustenta en que

lo alegado es un supuesto daño que no está demostrado y que

además no existe, pues no hay declaración de BIC de por medio.

• «INSUFICIENCIA PROBATORIA – CARGA PROBATORIA EN

CABEZA DEL ACCIONANTE»: la fundamentó en que la solicitud

elevada por el accionante ante el MINISTERIO para la declaratoria

del Camino Real de Honda como BIC de la Nación no ha sido resuelta,

lo que evidencia que aquél no ha cumplido cabalmente con su

obligación de probar los hechos en que fundamenta la demanda.

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• «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA»:

argumentó que, de acuerdo con las leyes 1551 y 1185 y el Decreto

1080 de 2015, a las administraciones municipales les corresponde el

manejo del patrimonio cultural y los BIC que se localizan en sus

territorios, por lo tanto le compete a los respectivos municipios

verificar la situación planteada por el accionante.

I.5. Pacto de cumplimiento

La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 21 de

septiembre de 2018, la cual se declaró fallida por ausencia de ánimo

conciliatorio de las partes.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, mediante sentencia de 11 de junio de 2020, aclarada en

proveído de 9 de julio de 202113, resolvió:

“[…] PRIMERO. - DECLÁRASE PROBADA la excepción FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA propuesta por la CAR,

13Por solicitud del Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca
-IDECUT, el Tribunal modificó los numerales tercero y sexto de la parte resolutiva
de la sentencia de 11 de junio de 2020, en el sentido de excluir a la Secretaría de
Cultura del Departamento de Cundinamarca y, en su lugar, las órdenes en comento
quedaron a cargo del Departamento de Cundinamarca.

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por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En consecuencia, se absuelve de las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO.- DECLÁRASE que está amenazada la protección del
derecho colectivo a la protección del patrimonio cultural de la
nación, por las razones expuestas en la parte resolutiva (SIC) de
la presente providencia.

TERCERO.- ORDÉNASE a la Nación – Ministerio de Cultura, al
Departamento de Cundinamarca, el Instituto de Cultura y Turismo
de Cundinamarca, al Municipio de Guaduas, al Municipio de Villeta,
al Municipio de Facatativá, al Municipio de Albán, para que con la
coordinación de la Gobernación de Cundinamarca, lleven a su
terminación la actuación administrativa por medio de la cual se
adopte medida definitiva por medio de la cual se califique la
naturaleza jurídica del Camino Real de Honda, como un inmueble
de connotación histórica que pueda ser calificado y clasificado como
un bien de interés cultural.

CUARTO.- ORDÉNASE al Ministerio de Cultura que dentro de los
seis (6) meses siguientes a la fecha de expedición de la presente
providencia, aporte un estudio técnico o informe acerca del estado
del inmueble, el avance de la actuación administrativa y la
actuación adelantada por las partes.

QUINTO.- REMÍTASE copia de esta sentencia al Registro Público
centralizado de acciones populares y de grupo de la Defensoría del
Pueblo.

SEXTO.- Para garantizar el cumplimiento de la decisión se dispone
la conformación de un Comité de Verificación conformado por:

1. El actor popular
2. Un delegado del Ministerio de Cultura
3. Un (1) delegado del Instituto Colombiano de Antropología e
Historia
4. Un (1) representante de la Casa de la Cultura de Guaduas
5. Un delegado del Alcalde Municipal de Guaduas, de Facatativá,
de Albán y de Villeta Cundinamarca
6. Un delegado de la Gobernación de Cundinamarca
7. Un delegado del Instituto Departamental de Cultura y Turismo.

El Comité será presidido por el Magistrado Ponente.

SÉPTIMO.- SIN LUGAR A CONDENAR EN COSTAS, por no haberse
causado. […]”.

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19

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2018-00288-01
Actor: ANDRÉS MAURICIO VELA CORREA

Respecto de la excepción de falta de legitimación en la causa por

pasiva propuesta por la CAR, consideró que dicha entidad no está

llamada a responder por los hechos alegados en la demanda, porque

pertenece al Sistema Nacional Ambiental, cuyas competencias no

están relacionadas con el patrimonio cultural de la Nación.

En relación con la protección del derecho colectivo invocado en la

demanda, explicó que los caminos reales son considerados

patrimonio cultural de la Nación y que se trata de bienes de uso

público, según lo establecido en el artículo 674 del Código Civil. En

consecuencia, y en atención a la conducta procesal asumida por las

entidades demandadas, era viable concluir que es un hecho notorio

que el Camino Real de Honda es un bien de uso público que le

pertenece al Estado, a quien le corresponde su protección.

Afirmó que mediante la Ley 12 de 21 de septiembre de 194914 se

adoptó el plan vial de Colombia, se destinó presupuesto para la

construcción de las vías públicas y se inició el proceso de diseño y

construcción de la red vial nacional, con lo cual las vías coloniales

fueron relegadas, como sucedió con el Camino Real de Honda, cuyo

14
Sobre plan vial y planificación de ferrocarriles, carreteras, caminos y pavimentación de carreteras.

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20

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Actor: ANDRÉS MAURICIO VELA CORREA

mantenimiento fue abandonado por la construcción de la vía Bogotá

– Guaduas que forma parte de la troncal transversal y de la Autopista

Bogotá – Medellín.

Advirtió que de acuerdo con lo probado en el proceso, el Camino Real

de Honda ha sido destacado como una de las obras de desarrollo más

importante del siglo XVI, con un diseño bajo los criterios y técnicas

de construcción romana y los caminos de comercio de los indígenas,

el cual fue paso obligado de virreyes, científicos y personajes

históricos como Antonio Nariño, Simón Bolívar, Manuelita Sáenz y

Policarpa Salavarrieta; y que, sin embargo, “el valor histórico del

bien como tal deberá ser efectuado por parte de las autoridades

competentes en el marco de su competencia”, por lo que concluyó

que “se encuentra amenazada la afectación del derecho colectivo al

patrimonio cultural de la Nación, lo cual conllevará a adoptar las

medidas de protección necesarias en aras de garantizar que las

autoridades atiendan los estudios (sic) en aras a (sic) declarar al

Camino Real de Honda como un bien de interés cultural si a ese

cometido se llega por las autoridades competentes”.15

15
Cfr. Expediente digital, página 577.

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Actor: ANDRÉS MAURICIO VELA CORREA

En lo que se refiere a la responsabilidad frente a la amenaza

evidenciada, puntualizó que le corresponde a las entidades

demandadas adoptar acciones al respecto en atención a que cada

una de ellas deriva su participación en los hechos debatidos, bien sea

de las leyes que regulan la materia o de las ordenanzas y acuerdos,

expedidos por dichas entidades.

Sobre este asunto en particular determinó que no le asistía razón a

las demandadas al señalar que el artículo 8° de la Ordenanza 062 de

1999 había sido derogado, pues una cosa es la competencia en

materia de inversión y otra la obligación de implementar medidas

tendientes al reconocimiento de BIC o Monumento Nacional; y que,

en esa medida, correspondía a la Secretaría de Cultura

Departamental “la implementación de las herramientas

gubernamentales que permitan declarar a los caminos que

corresponda como Monumentos Nacionales, con coordinación con el

Ministerio de Cultura”.

En orden a dar cumplimiento a lo anterior, concluyó que:

“[…] La protección de dicho inmueble comporta adoptar las
siguientes órdenes: (1) la ejecución coordinada, mancomunada,
coordinada (SIC) por parte de la Secretaría de la Cultura de
Cundinamarca para concurrir ante las autoridades

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departamentales y nacionales competentes, en el propósito de
obtener decisión definitiva de fondo, por medio de la cual se
defina la naturaleza jurídica del Camino Real de Honda como un
bien de interés cultural territorial o nacional […]”.

III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1. EL MINISTERIO solicitó que se revoque la sentencia de

primera instancia y, en su lugar, se denieguen las pretensiones de la

demanda. En forma subsidiaria, pidió revocar el numeral cuarto de

la parte resolutiva del fallo, en cuanto impone la obligación de

“realizar un estudio técnico o informe acerca del estado del inmueble,

el avance de la actuación administrativa y la actuación adelantada

por las partes”.

Arguyó que la providencia desconoció el procedimiento señalado en

la Ley 397, modificada por la Ley 1185, y el Decreto 1080 de 2015,

en cuanto a los requisitos, trámite y competencias para la

declaratoria de los BIC.

Afirmó que es un hecho cierto y aceptado que el Camino Real de

Honda cuenta con una declaración de BIC a nivel territorial, pero

para que sea posible que dicha declaratoria tenga el carácter de

nacional se debe adelantar una serie de estudios técnicos o informes

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sobre el bien para después ser evaluados y realizar, de ser viable, la

inscripción del bien como posible candidato, luego de lo cual

correspondería al CONSEJO NACIONAL DEL PATRIMONIO,

órgano independiente consultivo del gobierno nacional darle el

trámite correspondiente.

Puso de presente que el cumplimiento de la orden impartida por el

Tribunal, en los precisos términos en que quedó consignada en la

parte resolutiva, impediría a la comunidad intervenir en el trámite,

porque se estaría adelantando un procedimiento ajeno al previsto en

la ley, obviando por ejemplo el conocer los planes y proyectos que

se tengan frente al bien, así como su proyección a futuro para su

desarrollo y sostenibilidad, debido a que dichos bienes deben ser

conservados y mantenidos por sus propietarios, en este caso, los

municipios por los cuales atraviesa el sendero.

Concluyó que como se señala en la decisión apelada, las calles,

plazas y espacios de uso público son de propiedad de los respectivos

entes territoriales y su manejo compete a esas autoridades, las

cuales deben asignar recursos para su rehabilitación, mantenimiento

y sostenibilidad.

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III.2. EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ señaló que no se cumplen

los presupuestos para la procedencia de la acción popular, pues, a su

juicio, el Tribunal debió verificar si se encontraba quebrantado el

derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural, para lo cual

debió establecer si el Camino Real de Honda gozaba de protección

especial y, en caso afirmativo, proceder a su protección.

Precisó que como está probado que el camino real no ha sido

declarado como BIC nacional, no era procedente declarar la

afectación al derecho colectivo de protección del patrimonio público,

por lo que el Tribunal actuó en contra de la jurisprudencia del Consejo

de Estado, específicamente las sentencias proferidas el 28 de enero

de 2018, dentro del proceso identificado con el número de radicado

25000-23-24-000-2010-00625-01 y el 6 de noviembre de 2014,

proferida dentro del proceso identificado con el número de radicado

17001-23-31-000-2011-00416-01.

Añadió que se quebrantó el principio de congruencia de la sentencia,

dado que en la parte resolutiva se emitieron órdenes disímiles con lo

dicho en la ratio decidendi, además de que la orden del numeral

segundo de la parte resolutiva de la sentencia no solo tiene errores

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de redacción, sino que corresponde a una situación no pedida ni

probada por el actor.

Puso de presente que la sentencia de primera instancia dio por hecho

que el camino real constituye un bien de uso público de interés

cultural y, al mismo tiempo, advierte que se debe agotar el

procedimiento administrativo previsto para que sean las autoridades

competentes las que determinen dicha condición, postura que,

además de desconocer el principio de congruencia de la decisión

judicial, desborda “de alguna manera la competencia del juez por

cuanto con el fallo quisiera direccionar el sentido de la decisión

administrativa para la declaratoria de tal calidad jurídica sobre el bien

objeto de estudio”.

Manifestó que en lo que le respecta no se aportó ninguna prueba que

acreditara su responsabilidad por acción u omisión en la supuesta

afectación del derecho colectivo que el Tribunal declaró como

vulnerado, motivo por el que la decisión debe ser revocada pues no

le asiste competencia legal dentro del procedimiento administrativo

para la declaratoria de un inmueble como BIC.

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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestión previa

Previo a resolver el asunto sub examine, la Sala advierte que el señor

consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, mediante escrito obrante

en el índice 20 del expediente digital16, manifestó su impedimento

para actuar en el proceso de la referencia, por cuanto la CAR,

mediante auto de 28 de abril de 2022, suscrito por la doctora María

Fernanda Zuluaga Martínez en su calidad de Directora Encargada

Regional Bogotá – La Calera, dio apertura al proceso sancionatorio

ambiental núm. 87833 en su contra, providencia que le fue notificada

el 27 de enero de 2023.

Asimismo, indicó que contra el auto de 28 de abril de 2022 expedido

por la CAR presentó acción de tutela en la que solicitó la protección

de su derecho fundamental al buen nombre. El proceso fue radicado

bajo el núm. 25377 4089-001-2023-00046-00 y su conocimiento le

correspondió al Juzgado Promiscuo Municipal de la Calera, que en

sentencia de 24 de febrero de 2023 denegó el amparo solicitado y,

en consecuencia, impugnó la decisión, sin que a la fecha se hubiese

16
El expediente digital se encuentra en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial, SAMAI.

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emitido el correspondiente fallo de segunda instancia por parte del

Juzgado 46 Civil del Circuito de Bogotá.

Con fundamento en lo precedente, el magistrado OSWALDO

GIRALDO LÓPEZ considera que se encuentra incurso en la causal

de impedimento prevista en el numeral 6 del artículo 141 del Código

General del Proceso -CGP.

Al respecto, la Sala pone de manifiesto que la Ley 472, no contiene

disposiciones especiales que regulen las manifestaciones de

impedimento; no obstante, en virtud del artículo 44 ibidem, es del

caso aplicar el CPACA debido a la remisión que efectúa dicha norma

en aspectos no regulados.

Precisado lo anterior, la Sala observa que la causal de impedimento

que se invoca es la prevista en el numeral 6 del artículo 141 del CGP,

la cual dispone:

“[…] ARTÍCULO 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de
recusación las siguientes:

(…)

6. Existir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge, compañero
permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 3, y

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cualquiera de las partes, su representante o apoderado. […]”
(Resaltado fuera del texto).

De la causal transcrita, se colige que para que se configure la misma

deben concurrir dos elementos objetivos: 1) la existencia de un pleito

pendiente entre 2) el juez o los referidos parientes y cualquiera de

las partes del proceso, su representante o apoderado.

Siendo ello así, de la causal transcrita y los hechos que soportan el

impedimento manifestado por el Consejero OSWALDO GIRALDO

LÓPEZ, la Sala advierte que concurren los presupuestos para el

efecto, toda vez que la CAR, parte demandada en el proceso de la

referencia, inició un proceso sancionatorio ambiental contra el

mencionado Consejero y, además, el citado magistrado presentó una

acción de tutela contra dicha entidad que, a la fecha, no ha sido

resuelta.

En virtud de lo anterior, la Sala declarará fundado el impedimento

manifestado por el Consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ y lo

separará del conocimiento del presente proceso, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

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Actor: ANDRÉS MAURICIO VELA CORREA

Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de

los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten

amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño

contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o

de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la

comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para la protección de sus derechos.

Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos expuestos por los recurrentes,

corresponde a la Sala determinar si se configura la amenaza del

derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural de la Nación,

debido a que el Camino Real de Honda no ha sido declarado como

BIC del orden nacional y, en esa medida, si es procedente o no la

intervención de las demandadas, a fin de llevar a cabo el trámite que

culmine con tal declaratoria.

Del derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural

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Actor: ANDRÉS MAURICIO VELA CORREA

La protección del patrimonio cultural de la Nación encuentra respaldo

en varios artículos de la Constitución Política, entre los cuales se

destacan los siguientes:

“ARTÍCULO 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso
a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por
medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica,
artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la
identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la
nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que
conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el
desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación”.

“ARTÍCULO 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son
libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las
ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas
e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las
demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas
e instituciones que ejerzan estas actividades”.

“ARTÍCULO 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección
del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que
conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables,
inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para
readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y
reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos
asentados en territorios de riqueza arqueológica”.

En desarrollo de lo anterior, fue expedida la Ley 397, -Ley General

de la Cultura- modificada y adicionada por la Ley 1185, que definió

el patrimonio cultural de la Nación en los siguientes términos17:

17
Además de la Ley 397 de 1997, existe un conjunto de leyes y tratados internacionales que se refieren
a la protección de la integridad del patrimonio cultural de la Nación, como lo señaló la Corte
Constitucional en la sentencia C-742 de 2006.

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“[…] Artículo 4°. Integración del patrimonio cultural de la
Nación. Modificado por el art. 1°, Ley 1185 de 2008. El patrimonio
cultural de la Nación está constituido por todos los bienes
materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las
representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad
colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos
de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el
conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los
hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble
e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial
interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en
ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano,
arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual,
fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico,
museológico o antropológico […]”. (Resaltado fuera del texto
original)

La Ley General de la Cultura previó como objetivos principales de la

política estatal del patrimonio cultural de la Nación la salvaguardia,

protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y

divulgación del mismo, con el propósito de que “sirva de

testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente

como en el futuro”18. Para el logro de dichos objetivos, la misma

norma indicó que los planes de desarrollo de las entidades

territoriales y los planes de las comunidades, grupos sociales y

poblacionales incorporados a estos, deben estar armonizados en

materia cultural con el Plan Decenal de Cultura y con el Plan Nacional

de Desarrollo y asignar los recursos para el cabal cumplimiento de

los objetivos de la política.

18
Ley 397, artículo 4°. Modificado por el artículo 1° de la Ley 1185.

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Actor: ANDRÉS MAURICIO VELA CORREA

Ahora, para la aplicación de la política, el legislador definió un

régimen especial de salvaguardia, protección,

sostenibilidad, divulgación y estímulo para los bienes del

patrimonio cultural de la Nación que sean declarados como

bienes de interés cultural en el caso de bienes materiales y

para las manifestaciones incluidas en la Lista Representativa de

Patrimonio Cultural Inmaterial, conforme a los criterios de

valoración y los requisitos que reglamente para todo el territorio

nacional el Ministerio de Cultura.

Es importante destacar que el legislador distinguió entre (i) los

bienes que hacen parte del “patrimonio cultural de la Nación” y (ii)

los bienes que han sido declarados por el Ministerio de Cultura

como “de interés cultural”, los cuales son destinatarios del régimen

especial de protección previsto en la Ley 397 y sus normas

reglamentarias. Sin embargo, como lo ha explicado la jurisprudencia

constitucional, el hecho de que determinado bien del patrimonio

cultural no goce de la declaratoria de BIC y, por tanto, no esté

cobijado por el régimen especial de protección, no significa que las

autoridades deban desatender su deber de cuidado y protección,

pues existe un conjunto de leyes y tratados internacionales que

prevén otras formas de protección, conservación, rehabilitación y

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divulgación del Patrimonio Cultural de la Nación. Al respecto, la Corte

Constitucional, en la sentencia C-742 de 200619, sostuvo:

“[…] Evidentemente, la denominada ley general de la cultura
constituye una pieza angular para la reglamentación y protección
del patrimonio cultural de la Nación y algunos de los bienes que lo
integran. Sin embargo, esa no es la única normativa dirigida a
proteger los bienes materiales e inmateriales que representan el
patrimonio cultural de la Nación, pues si bien es cierto es la primera
ley que unifica la regulación del tema, no lo es menos que se han
expedido varias leyes que, entre otras cosas, dispusieron
privilegios y restricciones especiales sobre ciertos bienes. A manera
de ejemplo, la Ley 47 de 1920 dispuso la protección del patrimonio
documental y artístico; la Ley 86 de 1931 se refirió a la
preservación de los monumentos nacionales y la Ley 163 de 1959,
reguló la defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico
y de monumentos públicos de la Nación.

De manera más amplia, el Congreso de la República ha aprobado
varios tratados y convenios internacionales que buscan la
protección de los bienes y valores que integran el patrimonio
cultural de las naciones, entre las cuales encontramos las
siguientes:

• La Ley 14 de 1936 autorizó al Ejecutivo para adherir al Tratado
sobre la protección de muebles de valor histórico, abierto a la firma
de los Estados miembros de la Unión Panamericana, adoptado en
la Séptima Conferencia Internacional Americana. Ese instrumento
internacional dispone la protección especial para los “monumentos
muebles” de las épocas precolombina, colonial, de la emancipación
y republicana.

• La Ley 36 de 1936 aprobó el “Pacto Roerich” para la Protección
de Instituciones Artísticas y Científicas y Monumentos Históricos,
firmado en Washington D.C. el 15 de abril de 1935. Al respecto
dispuso que los monumentos históricos, los museos y las
instituciones dedicadas a la ciencia, arte, educación y a la
conservación de los elementos de la cultura, se consideran
neutrales y, como tales, respetados por los beligerantes y
protegidos por los Estados.

19
M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.

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• La Ley 45 de 1983, aprobó la Convención para la Protección
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, suscrita en París
el 23 de noviembre de 1973, según la cual los Estados se
comprometen a identificar, proteger, conservar, rehabilitar
y transmitir a las generaciones futuras el legado del
patrimonio cultural situado en sus respectivos territorios,
así como a adoptar medidas para la protección del
respectivo Patrimonio Nacional y a combatir la importación,
exportación y transferencia ilícitas de los bienes culturales.

• La Ley 63 de 1986, aprobó la Convención sobre Medidas que
deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación,
Exportación y la Transferencia de la Propiedad Ilícita de Bienes
Culturales, suscrita en París el 17 de noviembre de 1970.

• La Ley 340 de 1996[15] aprobó la Convención para la Protección
de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, firmada en
La Haya el 14 de mayo de 1954.

De otra parte, en el ordenamiento jurídico colombiano se diseñaron
un conjunto de acciones y procedimientos dirigidos a hacer efectiva
la protección estatal del patrimonio cultural de la Nación. Así, el
Código Penal, tanto la Ley 600 de 2000 como la Ley 890 de 2004,
tipificaron como conductas penalmente reprochables la destrucción
y apropiación de bienes protegidos por el derecho internacional
humanitario, dentro de los cuales incluyen los bienes culturales
(artículo 154) y la destrucción o utilización ilícita de bienes
culturales y de lugares del culto (artículo 156).

De igual manera, el Código Nacional de Policía reguló como
contravención especial que afecta el patrimonio la conducta
consistente en enajenar, adquirir o constituir prenda “sobre
reliquias, cuadros o esculturas o utensilios históricos o artísticos,
que se encuentren en zonas arqueológicas, edificios públicos,
museos, monasterios, templos o casas consistoriales, incurrirá en
multa de un mil a veinte mil pesos, y en el decomiso de la obra”
(artículo 50 del Decreto 1355 de 1970).

Así mismo, el artículo 4º de la Ley 472 de 1998, definió la
defensa del patrimonio cultural de la Nación como derecho
colectivo susceptible de protección mediante la acción
popular. Además, no debe olvidarse que el trámite de esa
acción constitucional es expedito y goza de preferencia
respecto de las acciones y procedimientos ordinarios.

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Así las cosas, la interpretación sistemática de las normas que
regulan la protección del patrimonio cultural de la Nación evidencia
que, además de la Ley 397 de 1997, existe un conjunto de leyes
y tratados internacionales que consagran otras formas de
protección a la integridad del patrimonio cultural de la
Nación, por lo que no puede concluirse que la inaplicación
de la ley de la cultura para los bienes no declarados de
interés cultural, implica descuido o abandono de los deberes
de protección del patrimonio cultural de la Nación y fomento
del acceso a la cultura, que los artículos 7º, 8º, 70 y 72 de
la Constitución imponen al Estado […]” (Resaltado de la Sala).

Declaratoria de un bien material como de interés cultural

Son BIC aquellos que por sus valores y criterios representan la

identidad nacional, declarados mediante acto administrativo por la

entidad competente, quedando sometidos al régimen especial de

protección definido en la ley; estos pueden ser de naturaleza

mueble, inmueble o paisajes culturales20.

El artículo 4° de la Ley 397 define la declaratoria de un BIC como

el acto administrativo mediante el cual, previo cumplimiento del

procedimiento previsto en esta ley, la autoridad nacional o las

autoridades territoriales, indígenas o de los consejos comunitarios

de las comunidades afrodescendientes, según sus competencias,

determinan que un bien del patrimonio cultural de la Nación

queda cobijado por el Régimen Especial de Protección o de

20
Artículo 12 del Decreto 2358 de 2019, compilado en el artículo 2.4.1.10 del Decreto 1080 de 2015.

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Salvaguardia previsto en dicha ley21. A este régimen quedan

sujetos los BIC de los ámbitos nacional, departamental, distrital,

municipal, o de los territorios indígenas o de las comunidades

negras de que trata la Ley 70 de 1993, tales como monumentos,

áreas de conservación histórica, arqueológica o arquitectónica,

conjuntos históricos, u otras denominaciones que con anterioridad

a la promulgación de la Ley 1185 hayan sido objeto de tal

declaratoria por las autoridades competentes o hayan sido

incorporados a los planes de ordenamiento territorial22.

En relación con el procedimiento de declaratoria de los BIC, la Sala

en sentencia de 21 de mayo de 2020 expuso23:

“[…] Ahora bien, el procedimiento para la declaratoria de
bienes de interés cultural quedó establecido en el artículo 8.° de
la norma bajo análisis así:

“(…) ARTICULO 8o. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DE
BIENES DE INTERÉS CULTURAL.

Al Ministerio de Cultura, previo concepto favorable del Consejo
Nacional de Patrimonio Cultural, le corresponde la declaratoria y
el manejo de los bienes de interés cultural del ámbito
nacional.

Son bienes de interés cultural del ámbito nacional los
declarados como tales por la ley, el Ministerio de Cultura o el

21
Esta misma definición se aplica para la inclusión de una manifestación en la Lista Representativa de
Patrimonio Cultural Inmaterial (Ley 397, artículo 11-1).
22
Ley 1185, artículo 1°.
23
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de mayo
de 2020. Rad: 25000-23-24-000-2011-00407-01(AP). C.P: Hernando Sánchez Sánchez.

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Actor: ANDRÉS MAURICIO VELA CORREA

Archivo General de la Nación, en lo de su competencia, en razón del
interés especial que el bien revista para la comunidad en todo el
territorio nacional;

b) A las entidades territoriales, con base en los principios de
descentralización, autonomía y participación, les corresponde la
declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural del
ámbito departamental, distrital, municipal, de los territorios
indígenas y de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de
1993, a través de las gobernaciones, alcaldías o autoridades
respectivas, previo concepto favorable del correspondiente Consejo
Departamental de Patrimonio Cultural, o del Consejo Distrital de
Patrimonio Cultural en el caso de los distritos.

Son bienes de interés cultural del ámbito de la respectiva
jurisdicción territorial los declarados como tales por las autoridades
departamentales, distritales, municipales, de los territorios
indígenas y de los de las comunidades negras de que trata la Ley 70
de 1993, en el ámbito de sus competencias, en razón del interés
especial que el bien revista para la comunidad en una división
territorial determinada.

Los bienes de interés cultural del ámbito departamental, distrital,
municipal, de los territorios indígenas y de las comunidades negras
de que trata la Ley 70 de 1993, pueden ser declarados como bienes
de interés cultural del ámbito nacional por el Ministerio de Cultura
en la forma prevista en el literal a) de este artículo, en coordinación
con el respectivo Consejo Departamental o Distrital de Patrimonio
Cultural, sobre los valores del bien de que se trate.

Para la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural se
aplicará el principio de coordinación entre los niveles nacional,
departamental, distrital y municipal, de los territorios indígenas y de
los de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993.

Procedimiento

La declaratoria de los bienes de interés cultural atenderá el siguiente
procedimiento, tanto en el orden nacional como territorial:

El bien de que se trate se incluirá en una Lista Indicativa de
Candidatos a Bienes de Interés Cultural por la autoridad competente
de efectuar la declaratoria.

Con base en la lista de que trata el numeral anterior, la autoridad
competente para la declaratoria definirá si el bien requiere un Plan
Especial de Manejo y Protección.

Una vez cumplido el procedimiento descrito en los dos numerales
anteriores, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural respecto de
los bienes del ámbito nacional, o el respectivo Consejo

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Actor: ANDRÉS MAURICIO VELA CORREA

Departamental o Distrital de Patrimonio Cultural, según el caso,
emitirá su concepto sobre la declaratoria y el Plan Especial de
Manejo y Protección si el bien lo requiriere.

Si el concepto del respectivo Consejo de Patrimonio Cultural fuere
favorable, la autoridad efectuará la declaratoria y en el mismo acto
aprobará el Plan Especial de Manejo y Protección si este se
requiriere.

PARÁGRAFO 1o. En caso de que la declaratoria de que trata este
artículo surgiere de iniciativa privada o particular se seguirá el
mismo procedimiento, en cuyo caso el particular solicitante
presentará el respectivo Plan Especial de Manejo y Protección si este
se requiriese, y este será sometido a revisión del respectivo Consejo
de Patrimonio Cultural.

PARÁGRAFO 2o. Revocatoria. La revocatoria del acto de declaratoria
de bienes de interés cultural corresponderá a la autoridad que lo
hubiera expedido, previo concepto favorable del respectivo Consejo
de Patrimonio Cultural, en el caso en que dichos bienes hayan
perdido los valores que dieron lugar a la declaratoria. Tratándose de
la revocatoria de declaratorias de monumentos nacionales o bienes
de interés cultural efectuadas por el Ministerio de Educación, la
revocatoria corresponderá al Ministerio de Cultura […]”. (Destacado
fuera del texto).

Como se observa, la norma previó que el Gobierno Nacional,
a través del Ministerio de Cultura y previo concepto
favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, es el
responsable de la declaratoria y del manejo de los bienes de
interés cultural del ámbito nacional.

(…)

En relación con las entidades territoriales, con base en los
principios de descentralización, autonomía y participación,
la norma estableció que les corresponde la declaratoria y el manejo
de los bienes de interés cultural del ámbito departamental, distrital,
municipal, de los territorios indígenas y de las comunidades negras,
a través de las gobernaciones, alcaldías o autoridades respectivas,
previo concepto favorable del correspondiente Consejo
Departamental de Patrimonio Cultural, o del Consejo Distrital de
Patrimonio Cultural en el caso de los distritos. Ello, sin perjuicio
de que los bienes antes mencionados puedan ser declarados
bienes de interés cultural del ámbito Nacional por el
Ministerio de Cultura, en coordinación con el respectivo
Consejo Departamental o Distrital de Patrimonio Cultural,
sobre los valores del bien de que se trate.

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En concordancia, el referido artículo 8.° dispuso que para la
declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural se
aplicará el principio de coordinación entre los niveles
nacional, departamental, distrital y municipal y de los
territorios indígenas, previendo a su vez que los planes de
desarrollo de las entidades territoriales deben tener en cuenta los
recursos para la conservación y la recuperación del patrimonio
cultural.

(…).

Asimismo, el Decreto 763 de 10 de marzo de 200924 reguló el
patrimonio cultural de la Nación de naturaleza material en especial
en los siguientes aspectos: (i) definió las competencias del Consejo
Nacional de Patrimonio Cultural, (ii) señaló los criterios de
valoración que orientan y contribuyen a la atribución y definición
de la significación cultural de un bien mueble o inmueble, (iii)
estableció los planes especiales de manejo y protección para bienes
muebles, (iv) creó reglas especiales para la protección del
patrimonio arqueológico, el patrimonio sobre imágenes en
movimiento y el patrimonio archivístico y, (v) estableció estímulos
especiales para la conservación y el mantenimiento de bienes de
interés cultural.

De igual forma, en relación con el tema, el Decreto Reglamentario
Único del Sector Cultura25, estableció los siguientes criterios de
valoración para definir la significación cultural de un bien mueble o
inmueble, sin perjuicio de otros que pueda señalar el Ministerio de
Cultura: i) antigüedad, ii) autoría, iii) autenticidad, iv) constitución
del bien, v) forma, vi) estado de conservación, vii) contexto
ambiental, viii) contexto urbano, ix) contexto físico y, x)
representatividad y contextualización sociocultural; y señaló que
dichos criterios permiten atribuir a los bienes valores históricos,
estéticos o simbólicos […]”.

Obsérvese entonces que la declaratoria de los BIC tiene una

regulación especial de la que se destaca que al MINISTERIO, previo

24
"Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada por medio
de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza
material".
25
Artículo 2.5.1.2. del Decreto 1080 del 26 de mayo de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto
Reglamentario único del Sector Cultura”.

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concepto favorable del CONSEJO NACIONAL DE PATRIMONIO

CULTURAL, le corresponde la declaratoria y el manejo de los BIC

del ámbito nacional; y a las entidades territoriales les

corresponde dicha declaratoria en el ámbito de la respectiva

jurisdicción, previo concepto favorable del correspondiente Consejo

Departamental de Patrimonio Cultural, o del Consejo Distrital de

Patrimonio Cultural en el caso de los distritos.

Ahora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8° de la Ley 397, los

BIC del ámbito departamental, distrital, municipal, de los territorios

indígenas y de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de

1993, pueden ser declarados como BIC del ámbito nacional

por el MINISTERIO, para lo cual se debe seguir el procedimiento

previsto en el literal a) del citado artículo 8°, en coordinación con

el respectivo Consejo Departamental o Distrital de Patrimonio

Cultural.

Significa lo anterior que nada obsta para que los BIC del ámbito

departamental, distrital, municipal, de los territorios indígenas y de

las comunidades negras de que trata la Ley 70, puedan ser

declarados como bienes de interés cultural del ámbito nacional por

el MINISTERIO, ello bajo el principio de coordinación al que se

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refiere la Ley 397. Así se desprende no solo del artículo 8°26 de la Ley

397, sino también del artículo 11 idem que prescribe:

“[…] Cuando un bien de interés cultural del ámbito departamental,
distrital, municipal, de los territorios indígenas y de los de las
comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993 sea declarado
bien de interés cultural del ámbito nacional por el Ministerio de
Cultura, el Plan Especial de Manejo y Protección, si se requiriere,
deberá ser aprobado por dicho Ministerio, quien podrá atender
posibles sugerencias hechas por las autoridades competentes para
efectuar declaratorias en el ámbito territorial […]”.

Ahora, el Régimen Especial de Protección señalado en el artículo 11

de la Ley 397, modificado y adicionado por el artículo 131 del Decreto

2106 de 2019, implica que los BIC de propiedad pública y privada,

en algunos casos, gozarán de un Plan Especial de Manejo y Protección

-PEMP27; serán susceptibles de intervención únicamente con

autorización del MINISTERIO o el Archivo General de la Nación, o

de la entidad territorial, según el caso; y deberán incluirse en el

registro de BIC, entre otros aspectos.

26
“[…] Los bienes de interés cultural del ámbito departamental, distrital, municipal, de los territorios
indígenas y de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, pueden ser declarados como
bienes de interés cultural del ámbito nacional por el Ministerio de Cultura en la forma prevista en el
literal a) de este artículo, en coordinación con el respectivo Consejo Departamental o Distrital de
Patrimonio Cultural, sobre los valores del bien de que se trate.

27El artículo 11 de la Ley 397, modificado por el artículo 7º de la Ley 1185 definió
dicho instrumento como un instrumento de gestión que contiene las acciones
necesarias para garantizar la protección y sostenibilidad en el tiempo del
patrimonio cultural de la Nación.

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Objetos de valor histórico y Bienes pertenecientes a la época

colonial

De acuerdo con el Decreto 1080 de 2015, que compiló los Decretos

264 de 1963 y 833 de 2002, son objetos de valor histórico y bienes

pertenecientes a la época colonial, los siguientes:

“[…] Artículo 2.4.1.11. Objetos de valor artístico e histórico.
Se consideran objetos de valor artístico o histórico los enumerados
en el Tratado celebrado entre las Repúblicas Americanas en la
Séptima Conferencia Panamericana, al cual adhirió Colombia por
medio de la Ley 14 de 1936, salvo lo dispuesto en la Ley 1675 de
2013 sobre Patrimonio Cultural Sumergido, así:

(…)

2. De la época colonial: las armas de guerra y los utensilios de
trabajo, trajes, medallas, monedas, amuletos y joyas, los diseños,
pinturas, grabados, planos y cartas geográficas, los códices y todo
libro raro por su escasez, forma y contenido, los objetos de
orfebrería, porcelana, marfil, carey, los de encaje, y en general
todas las piezas recordatorias que tengan valor histórico o
artístico;
(…)

Artículo 2.4.1.12. Bienes pertenecientes a la época
colonial. Los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la
época colonial que hubieren sido declarados o lo sean con
posterioridad a la vigencia de este decreto como monumentos
nacionales o como bienes de interés cultural, se les aplicarán las
disposiciones del artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por
la Ley 1185 de 2008, artículo 7° […]”.

Lo probado en el proceso

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-. Mediante la Ordenanza núm. 062 de 199928, expedida por la

ASAMBLEA DE CUNDINAMARCA, se estableció frente a los

caminos del DEPARTAMENTO, lo siguiente:

“[…] ARTICULO PRIMERO: Denominase “Red de caminos de
Cundinamarca” al conjunto de vías rurales y urbanas, para el uso
exclusivo de peatones, ciclistas, semovientes, carretas de tracción
animal y similares, así como los caminos indígenas, reales, de
herraduras, senderos, trochas y similares que se encuentren
en el Departamento.

ARTICULO SEGUNDO: Adóptese como base de la Red de caminos
de Cundinamarca, el inventario contenido en el estudio “Plan
Maestro y Diseño Conceptual del Sistema de Caminos de
Cundinamarca” – Gobernación de Cundinamarca.

ARTICULO TERCERO: Ordénase al Departamento Administrativo de
Planeación de Cundinamarca y a la Secretaría de Obras del
Departamento de Cundinamarca, incluir en la clasificación vial del
Departamento la “Red de Caminos de Cundinamarca”.

[…]
ARTICULO QUINTO: Ordénase al Departamento Administrativo de
Planeación de Cundinamarca y a la Secretaría de Obras Públicas
del Departamento de Cundinamarca iniciar la ejecución del diseño
y construcción de la señalización de la Red de Caminos de
Cundinamarca y la inclusión en la señalización del sistema vial
primario, secundario y terciario del orden nacional, departamental
y municipal de los sitios de cruce con la Red de Caminos de
Cundinamarca.

ARTICULO SEXTO: Autorizase al Gobernador de Cundinamarca
iniciar las acciones necesarias para acudir en apoyo de los
Municipios del Departamento, en los procesos de restitución y
recuperación de los caminos o parte de ellos que hayan sufrido
episodios de invasión, cierre, circunstancias análogas o similares.

ARTICULO SEPTIMO: Ordenáse al Departamento de Planeación de
Cundinamarca desarrollar una estrategia de coordinación con los
Municipios del Departamento para la restauración, construcción,

28
“Por la cual se activan los mecanismos jurídicos, administrativos y técnicos que permitan desarrollar
la política de restauración, construcción, conservación, uso y permanencia de la red de caminos de
Cundinamarca y se conceden unas autorizaciones”.

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conservación, uso y permanencia de la Red de Caminos de
Cundinamarca.

ARTICULO OCTAVO: Ordenáse a la Secretaría de Cultura la
implementación de las herramientas gubernamentales que
permitan declarar a los caminos que corresponda, como
Monumentos Nacionales, en coordinación con el Ministerio de
Cultura.

ARTICULO NOVENO: Ordénase al Departamento Administrativo de
Planeación realizar un adecuado levantamiento cartográfico de la
Red de Caminos de Cundinamarca con base en el sistema de
posicionamiento geográfico por satélite […]” (Negrilla de la Sala).

-. Solicitud elevada por el accionante ante el MINISTERIO en el año

2017, en la que pidió que el Camino Real de Honda fuera declarado

como BIC.

En respuesta a la anterior solicitud, el MINISTERIO, por medio de

oficio de 5 de mayo de 2017, le indicó al señor VELA CORREA que

revisada la documentación aportada con la solicitud de declaratoria

del Camino Real de Honda como BIC se daba inicio a una

investigación que permitiría valorar la pertinencia de dicha

declaratoria, así como la caracterización y registro que debía

estructurarse con el cumplimiento de los requisitos establecidos para

el efecto.

-. Correo electrónico remitido por parte del MUNICIPIO DE

GUADUAS al señor VELA CORREA, de fecha 18 de septiembre de

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2017, por medio del cual le informó, entre otros asuntos, lo

siguiente:

“[…] Actualmente, el camino real cuenta con la evidencia de
importantes vestigios de este especialmente en el sector de
la vereda raizal y cajón hasta la vereda la cumbre, así como
el tramo que desde el casco urbano conduce hasta la escuela
ceniceros.

El tramo que desde la vereda Santa Rosa hacía Sargento, y
Malambo, se encuentra interrumpido por algunos tramos donde se
ha desaparecido materialmente el mismo, esperamos que al tener
una base geográfica debidamente referenciada se pueda construir
los tramos en los cuales por condiciones de tiempo, topografía y
estado no se encuentre el mismo

Así mismo se hace necesario coordinar con el municipio de Villeta,
para definir el lugar de empalme en el límite municipal de cada
jurisdicción, y en caso de que se haga necesario reconstruir el
tramo respectivo.

[…] En atención a los numerales 4, 5, y 6 de la petición, me permito
indicar que en el mes de marzo del año en curso se envió la
solicitud dirigida al Dr. JUAN RICARDO MOZO – Dirección de
sistemas de información Geográfico, Análisis y Estadística de la
gobernación de Cundinamarca en la cual se solicita acceder a las
coordenadas o el formato shp, de los caminos reales del municipio
de Guaduas, teniendo en cuenta que estamos adelantando la
revisión y ajuste del PBOT de nuestro municipio.

De la anterior se recibe respuesta, la cual anexo a esta
comunicación en la cual se indica:

[…] Que en consideración con lo anterior, a la fecha la
Gobernación de Cundinamarca no dispone de información
de caminos reales de su municipio, con lo que se sugiere que
la misma sea ubicada directamente en el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, a través de la cartografía
histórica que reposa allí […]” (Negrilla de la Sala).

-. Petición del señor VELA CORREA en la que solicitó a la

GOBERNACIÓN, a la CAR y al MINISTERIO que adelanten las

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medidas necesarias para la conservación, recuperación,

reforestación, señalización, entre otros, del Camino Real de Honda

en toda su extensión, conforme a su naturaleza de patrimonio

cultural material.

Mediante Oficio de 2 de enero de 2018, el MINISTERIO respondió

la petición elevada por el actor, en los siguientes términos:

“[…] Al respecto, se indica que revisado el Listado de Bienes
de Interés Cultural del ámbito Nacional (BIC Nal),
competencia del Ministerio de Cultura, no se encontró
registro del camino denominado “Camino Real de Honda”;
no obstante, se informa que la red de caminos reales en el
departamento de Cundinamarca se encuentra protegida con
la debida declaratoria por la Ordenanza Departamental No.
062 de 1999 […] por lo que dichos caminos se encuentran
cobijados por el Régimen Especial de Protección definido para los
BIC en la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008.

Es así, que al contar los caminos con la declaración en el ámbito
departamental, toda intervención que se pretenda adelantar en
estos deberá contar con la aprobación por parte de la entidad que
hubiese promulgado su declaratoria, para el efecto corresponderá
al Instituto de Cultura y Turismo (IDECUT).

Por otra parte, es necesario anotar que si la red de caminos
públicos mencionada en su oficio, se encontraban incorporados en
el POT promulgado antes de la Ley 1185 de 2008, estos contarían
con la declaratoria en el ámbito municipal por la homologación
establecida en el artículo 1 de dicha Ley.

[…] De igual manera, se recuerda las facultades asignadas a los
municipios en el literal b) del artículo 8 de la Ley 397 de 1997
modificado por el artículo 5 de la Ley 1185 de 2008 y el artículo
2.3.1.3. del Decreto 1080 de 2015 el cual señala las competencias
institucionales públicas y asigna a la administración municipal la
responsable (sic) del manejo del patrimonio cultural y los BIC que
se localicen en su territorio y que estarían cobijados por el Régimen

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Especial de Protección señalado en el artículo 11 de la Ley 1185 de
2008 (sic).

[…] Por lo tanto, el alcalde como representante legal del municipio
y encargado del manejo de los bienes de interés cultural del ámbito
municipal deberá verificar la situación expuesta y dentro de su
autonomía administrativa establecer las medidas necesarias para
la protección del patrimonio cultural objeto de su competencia […]”
(Negrilla de la Sala).

-. El ICCU le informó al Director de Defensa Judicial y Extrajudicial

del DEPARTAMENTO, mediante oficio de 19 de abril de 2018, que

dentro de las 14 metas del Plan de Desarrollo que eran de su

competencia no estaban previstas actividades para la restauración,

delimitación, señalización y reforestación de caminos reales.

-. Los municipios de GUADUAS y FACATATIVÁ, en sus

contestaciones, sostuvieron que incluyeron en sus respectivos PBOT

acciones para la conservación del sendero en estudio, sin que se

hubiese podido restaurar efectivamente, debido a limitaciones

presupuestales.

Al respecto, el Municipio de Guaduas anotó:

“[…] En cuanto al deterioro que presenta el camino Real de Honda,
esta Alcaldía Municipal en respuesta a una solicitud del accionante
informó que mediante Acuerdo Municipal 036 de 200 (sic), por
medio del cual se aprueba el PBOT Municipal, en su artículo 26 trata
sobre el SISTEMA VIAL PRIMARIO; indicando que este está

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conformado por el conjunto de vías que integran la red o malla que
permite la intercomunicación vial al interior y al exterior del
municipio, hacen parte de este sistema las vías nacionales,
regionales, departamentales, así como las vías primarias
municipales, lo que demuestra que si se han tomado los recaudos
necesarios para resaltar el valor e importancia que el antiguo
camino representa.

Su estado actual, al menos en el tramo ubicado en la jurisdicción
del municipio de Guaduas, cuenta con la evidencia de importantes
vestigios, especialmente en el sector de la vereda Raizal y Cajón
hasta la vereda la Cumbre; así como el tramo que desde el casco
urbano conduce hasta la escuela Ceniceros.

[…] El camino como sitio de interés cultural, histórico y turístico
está en varios tramos, en condiciones aceptables de conservación,
siendo incluso visitado y recorrido por turistas y es empleado como
camino regular de algunos vecinos de los sectores rurales del
municipio de Guaduas […]”.

Y el MUNICIPIO DE FACATATIVÁ indicó que:

“[…] el Municipio de Facatativá en atención al derecho de petición
incoado por el actor popular, por medio de oficio adiado septiembre
28 de 2017 informó que de acuerdo con los archivos físicos
existentes en la Alcaldía se tiene que el artículo 276 del POT
reconoce el “Camino Real a Honda” como una vía del Sistema Vial
en el componente rural, sector comprendido entre la vereda los
Manzanos hasta el límite con el Municipio de Albán. También se
precisó en dicha respuesta que el Plan Turístico de Facatativá
dentro de sus fases de desarrollo contempla la recuperación física
y temática de los caminos reales dentro de los cuales se encuentra
el camino real a Albán […]”.

-. El MUNICIPIO DE VILLETA, en la contestación de la demanda,

manifestó que, en lo que respecta a su territorio, el camino está

conservado, pues es un sitio turístico reconocido por la importancia

histórica que representa. Así lo señaló el apoderado del Municipio:

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“[…] En el Municipio de Villeta el Camino Real aún se conserva y se
mantiene, debido a que este es uno de los sitios turísticos del
Municipio, pero debido a los escasos recursos económicos del
Municipio y la falta de apoyo de otras entidades del orden Nacional
y Departamental no son suficientes para que todo el camino se
encuentre en buen estado, más aun cuando el mismo no es un bien
de interés cultural debidamente declarado solamente se tiene como
un referente histórico
(…)
En relación con el tramo del Municipio de Villeta, tenemos que el
Municipio ha venido haciendo esfuerzos inmensos para que sin la
declaratoria como Bien de Interés Cultural, pero conociendo su
importancia historica y cultural ejecuta acciones para su
conservación y mantenimiento, hasta tal punto que como referente
turístico y la vocación que tiene el municipio hacia el turismo
consideramos que se encuentran los sectores más conservados y
en buen estado del mismo, especialmente los ubicados en las
Veredas Cune (límite con Guaduas) y Bagazal (límite con Albán).

En el caso del Municipio igualmente se establece en el Plan Básico
de Ordenamiento Territorial en su ajuste efectuado mediante el
Acuerdo 16 de 2010 establece que el Camino Real hace parte del
sistema estructurante del Municipio como sistema vial, siendo
prioridad su recuperación, así mismo lo estableció como recurso
natural tangible de protección y conservación teniendo la vocación
turística del Municipio, ante lo cual ha venido tomando acciones de
protección de este camino a saber [...]”.

Del anterior recuento probatorio y de lo manifestado por las

entidades demandadas se destaca que el Camino Real de Honda

posee una connotación cultural de importancia para el País, por su

referente histórico. Se trata pues de un bien material integrante del

patrimonio cultural de la Nación, en los términos indicados en el

artículo 4° de la Ley 397, al cual se le atribuye un especial interés

histórico y representativo para la cultura y turismo de la región por

la cual extiende su recorrido.

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Asimismo, está acreditado que el mencionado bien no está siendo

objeto de protección, recuperación, conservación y sostenibilidad por

ninguna de las autoridades integrantes del Sistema Nacional de

Patrimonio Cultural de la Nación, pues ni el MINISTERIO ha

adoptado decisión alguna respecto a la posibilidad de declararlo como

BIC del ámbito nacional, ni los entes territoriales demandados han

gestionado medidas en orden a obtener dicha declaratoria a nivel

territorial, o a lograr su conservación y restauración, pese a la calidad

que posee y al reconocimiento de su importancia en la cultura y en

el turismo de la región de Cundinamarca.

De los argumentos del recurso del MINISTERIO

En el recurso de apelación, el MINISTERIO solicitó revocar la

sentencia de primera instancia o, de forma subsidiaria, el numeral

cuarto de su parte resolutiva, en cuanto le impone la obligación de

realizar un estudio técnico o informe acerca del estado del inmueble

objeto de litigio, solicitud que fundamentó en el desconocimiento del

Tribunal de las normas que establecen los requisitos, trámite y

competencias para la declaratoria de un BIC.

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Actor: ANDRÉS MAURICIO VELA CORREA

Adicionalmente, arguyó que como se señala en la decisión apelada,

las calles, plazas y espacios de uso público son de propiedad de los

respectivos entes territoriales y su manejo es competencia de sus

autoridades, las cuales deben asignar recursos para su rehabilitación,

mantenimiento y sostenibilidad, aunado a que el Camino Real de

Honda contaría con declaratoria como BIC en el ámbito territorial.

Para resolver lo pertinente, es necesario referirse a las competencias

del MINISTERIO en materia de protección del patrimonio cultural

de la Nación.

Al respecto, cabe señalar que la Ley 118529 creó el Sistema Nacional

de Patrimonio Cultural de la Nación, como el conjunto de instancias

públicas del nivel nacional y territorial que ejercen competencias

sobre el patrimonio cultural de la Nación, por: (i) los bienes y

manifestaciones del patrimonio cultural de la Nación, (ii) los bienes

de interés cultural y sus propietarios, usufructuarios a cualquier título

y tenedores, (iii) las manifestaciones incorporadas a la Lista

Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, (iv) el conjunto de

instancias y procesos de desarrollo institucional, planificación,

29 En su artículo 2º, que modificó el artículo 5º de la Ley 397.

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información y (v) las competencias y obligaciones públicas y de los

particulares, articulados entre sí, que posibilitan la protección,

salvaguardia, recuperación, conservación, sostenibilidad y

divulgación del patrimonio cultural de la Nación.

El objetivo del sistema es contribuir a la valoración, preservación,

salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad,

divulgación y apropiación social del patrimonio cultural, bajo los

principios de descentralización, diversidad, participación,

coordinación y autonomía, cuya coordinación se encuentra en cabeza

del MINISTERIO (artículo 5° de la Ley 397).

Dentro de las competencias atribuidas al MINISTERIO, la Ley 397,

con la modificación introducida por la Ley 1185, estableció la

declaratoria y el manejo de los BIC del ámbito nacional, bajo el

siguiente procedimiento:

“[…] Artículo 8º. Procedimiento para la declaratoria de bienes de
interés cultural.

a) Al Ministerio de Cultura, previo concepto favorable del Consejo
Nacional de Patrimonio Cultural, le corresponde la declaratoria y el
manejo de los bienes de interés cultural del ámbito nacional.
(…)

Procedimiento

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La declaratoria de los bienes de interés cultural atenderá el
siguiente procedimiento, tanto en el orden nacional como
territorial:

1. El bien de que se trate se incluirá en una Lista Indicativa de
Candidatos a Bienes de Interés Cultural por la autoridad
competente de efectuar la declaratoria.

2. Con base en la lista de que trata el numeral anterior, la autoridad
competente para la declaratoria definirá si el bien requiere un Plan
Especial de Manejo y Protección.

3. Una vez cumplido el procedimiento descrito en los dos numerales
anteriores, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural respecto de
los bienes del ámbito nacional, o el respectivo Consejo
Departamental o Distrital de Patrimonio Cultural, según el caso,
emitirá su concepto sobre la declaratoria y el Plan Especial de
Manejo y Protección si el bien lo requiriere.

4. Si el concepto del respectivo Consejo de Patrimonio Cultural
fuere favorable, la autoridad efectuará la declaratoria y en el
mismo acto aprobará el Plan Especial de Manejo y Protección si
este se requiriere.

Asimismo, el Decreto 763 de 2009, compilado en el Decreto

1080 de 201530, se refirió a las siguientes competencias del

MINISTERIO, en relación con los BIC:

“[…] 1. Del Ministerio de Cultura.

1.1. Competencias generales sobre BIC del ámbito nacional
y territorial.
(…)
1. Formular la política estatal en lo referente al patrimonio cultural
de la Nación, y coordinar el Sistema Nacional de Patrimonio
Cultural de la Nación, para lo cual fijará las políticas generales y

30
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”.

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dictará lineamientos técnicos y administrativos, a los que deberán
sujetarse las entidades y personas que integran dicho sistema.
(…)
4. Establecer aspectos técnicos y administrativos relativos al
contenido general de los Planes Especiales de Manejo y Protección,
cuya sigla es -PEMP-, de los BIC del ámbito nacional y territorial,
de conformidad con la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185
de 2008 y este decreto.
(…)
5. Reglamentar los aspectos técnicos y administrativos para la
elaboración y actualización de registros de BIC de los ámbitos
nacional y territorial, de conformidad con la Ley 397 de 1997,
modificada por la Ley 1185 de 2008, y con lo establecido en este
decreto.
(…)
8. Destinar los recursos que las leyes sobre la materia y las
correspondientes leyes anuales de presupuesto le asignen para las
acciones relativas al Patrimonio Cultural de la Nación.

1.2. Competencias específicas sobre BIC del ámbito
nacional.

Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural

1. Elaborar y administrar la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes
de Interés Cultural del ámbito nacional, e incluir en dicha Lista los
bienes que podrían llegar ser declarados como BIC en dicho
ámbito.

2. Definir cuáles de los bienes incluidos en la Lista de que trata el
numeral anterior requieren un Plan Especial de Manejo y Protección
-PEMP-.

Declaratorias y revocatorias

3. Efectuar las declaratorias de los BIC del ámbito nacional.

4. Revocar los actos de declaratoria de BIC del ámbito nacional por
razones legales o cuando los respectivos bienes hubieran perdido
los valores que dieron lugar a la declaratoria.

5. Someter al concepto del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural
los actos antes enumerados que requieran de la participación de
dicho Consejo, y acoger dichos conceptos cuando tengan carácter
obligatorio.

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Régimen Especial de Protección de BIC

6. Actuar como instancia competente en lo relacionado con la
aplicación del Régimen Especial de Protección, cuya sigla es -REP-
, de que trata el artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por
el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008, respecto de los bienes que
declare como BIC del ámbito nacional o de los declarados como tal
con anterioridad a la Ley 1185 de 2008.

7. Aprobar los PEMP de bienes que declare como BIC del ámbito
nacional o los declarados como tal antes de la expedición de la Ley
1185 de 2008, si tales bienes requieren dicho plan, previo concepto
del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.

8. Autorizar las intervenciones en BIC del ámbito nacional, así
como aquellas que se pretendan realizar en sus áreas de influencia
y/o en bienes colindantes con dichos bienes (…) […]”.

Descendiendo al caso bajo estudio se observa que en el expediente

quedó acreditado que el Camino Real de Honda no ha sido declarado

como BIC por parte del MINISTERIO, así como tampoco cuenta con

la declaratoria de tal naturaleza por parte de autoridad territorial

alguna.

En efecto, es posible advertir de las pruebas del proceso que no le

asiste razón al MINISTERIO cuando afirma que el sendero objeto

de debate fue declarado como BIC en el ámbito territorial, a través

de la Ordenanza núm. 062 de 1999, pues de la lectura de dicho acto

se extrae que previó mecanismos para que el DEPARTAMENTO

desarrollara políticas en torno a la restauración, construcción,

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conservación, uso y permanencia de caminos indígenas, reales, de

herradura, senderos, trochas y similares, pero en nada se refirió a

dicha declaratoria.

Cabe señalar al respecto que, como se explicó anteriormente, la

declaratoria de un BIC regional no impide otorgarle dicha calidad a

nivel nacional, luego no es de recibo el argumento del MINISTERIO

para soslayarse de su obligación de examinar la posibilidad de

declaratoria como BIC del orden nacional y su consecuente

protección. Ello, precisamente, en virtud del principio de coordinación

que rige al Sector Cultura y que se desprende, entre otros, de los

siguientes artículos del Decreto 1080 de 201531:

“[…] Artículo 2.2.1.8. Coordinación del Sistema Nacional de
Cultura. De conformidad con los artículos 57 y 66 de la Ley 397
de 1997, el Ministerio de Cultura es el organismo rector de la
cultura y como coordinador del sistema es el encargado de fijar,
coordinar y vigilar las políticas generales sobre la materia y de
dictar las normas técnicas, operativas y administrativas a las que
deberán ajustarse las entidades de dicho sistema […]”.

“[…] Artículo 2.3.1.1. Sistema Nacional de Patrimonio
Cultural de la Nación. El Sistema Nacional de Patrimonio Cultural
de la Nación, cuya sigla es SNPCN, está constituido por el conjunto
de instancias públicas de los niveles nacional y territorial que
ejercen competencias sobre el patrimonio cultural de la Nación, por
los propietarios, usufructuarios y tenedores de los bienes del
patrimonio cultural de la Nación y los que ejerzan mismos derechos
sobre los bienes de interés cultural, portadores de las

31
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”.

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manifestaciones del patrimonio cultural de la Nación, y de las
manifestaciones incorporadas a la lista representativa de
patrimonio cultural inmaterial, así como otras prácticas de
patrimonio cultural inmaterial reconocidas en instrumentos de
identificación y sistemas de registro en los distintos ámbitos
territoriales que el Ministerio de Cultura reglamente y sus
portadores, por el conjunto de instancias y procesos de desarrollo
institucional, planificación, e Información, y por las competencias
y obligaciones públicas y de los particulares, articulados entre sí,
que posibilitan la protección, la salvaguardia, la recuperación, la
conservación, la sostenibilidad y la divulgación del patrimonio
cultural de la Nación.

El SNPCN tiene por objeto contribuir a la valoración, la
preservación, la salvaguardia, la protección, la recuperación, la
conservación, la sostenibilidad, la divulgación y la apropiación
social del patrimonio cultural de acuerdo con lo establecido en la
Constitución Política y en la legislación en particular, en la Ley 397
de 1997, modificada y adicionada por la Ley 1185 de 2008, y bajo
los principios de descentralización, diversidad, participación,
coordinación y autonomía […]”.

“[…] Artículo 2.3.1.4. Principio de Coordinación en materia
del patrimonio cultural. En aplicación del Régimen Especial de
Protección señalado en el artículo 11 de la Ley 397 de 1997,
modificado por el artículo 7 de la Ley 1185 de 2008 y en
concordancia con el principio de coordinación, las iniciativas de
políticas, reglamentaciones, programas y proyectos que
desarrollen otros de los sectores públicos que involucren bienes de
interés cultural con declaratoria del ámbito nacional o
manifestaciones inscritas en la lista representativa de patrimonio
cultural inmaterial LRPCI del ámbito nacional, deberán informarse
al Ministerio de Cultura para ser concertados con el fin de
garantizar los principios fundamentales establecidos en el artículo
1 de la Ley 397 de 1997 y evaluar y mitigar impactos al patrimonio
cultural de la Nación […]”.

“[…] Artículo 2.4.1.7. Principio de coordinación. De
conformidad con lo previsto en el artículo 8º de la Ley 397 de 1997,
modificado por el artículo 5º de la Ley 1185 de 2008, para la
declaratoria y manejo de los BIC se aplicará el principio de
coordinación entre los niveles nacional, departamental, distrital,
municipal o de los territorios indígenas y de las comunidades
negras de que trata la Ley 70 de 1993 […]”.

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De manera que es evidente que en el caso bajo estudio la falta de

definición del bien con las características que ostenta el sendero

colonial controvertido es una circunstancia atribuible al

MINISTERIO, en atención a las competencias que le asisten en la

materia, a su función como coordinador general del Sistema Nacional

del Patrimonio Cultural de la Nación y a su omisión en el deber de

adelantar y llevar a su culminación un trámite que fue solicitado

desde el año 2017 y que, a la fecha, aún no cuenta con decisión de

fondo, todo lo cual materializa la amenaza del derecho a la defensa

del patrimonio cultural de la Nación en la medida en que impide un

reconocimiento que podría redundar en la recuperación y

conservación de un bien de valor histórico, cultural y turístico para

nuestro país y, asimismo, en la divulgación del Patrimonio Cultural

de la Nación, como deber a cargo de dicha entidad32.

Ahora, en cuanto a la orden impartida por el a quo en el numeral

cuarto de la parte resolutiva de la sentencia, relacionada con el

estudio técnico o informe que debe rendir el MINISTERIO “acerca

del estado del inmueble, el avance de la actuación administrativa y

la actuación adelantada por las partes”, y que, a juicio del recurrente,

32
Artículo 2° del Decreto 2120 de 2018. “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Cultura”.

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debe ser revocado porque desconoce el procedimiento de

declaratoria de BIC, la Sala estima que no le asiste razón, porque lo

ordenado está acorde con su función de coordinador del Sistema

Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación (Decreto 763 de 2009,

artículo 2°) del cual hacen parte también las instancias del nivel

territorial, de ahí que lo que sí resulte procedente es modificar dicha

orden para incluir a estas en el referido informe, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En definitiva, para la Sala, los argumentos del recurso del

MINISTERIO no tienen vocación de prosperidad, por lo cual no

accederá a revocar la sentencia de primera instancia. Sin embargo,

sí modificará lo concerniente a las órdenes contenidas en los

numerales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia,

como se precisará en la parte final de esta providencia.

De los argumentos del recurso del MUNICIPIO DE

FACATATIVÁ

El MUNICIPIO afirmó que Tribunal no tuvo en cuenta los requisitos

para la prosperidad de la acción popular, específicamente el

relacionado con la vulneración del derecho colectivo a la defensa del

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patrimonio cultural, pues se pudo establecer que el Camino Real de

Honda no cuenta con protección especial como BIC.

Al respecto, la Sala debe precisar dos aspectos relevantes para

resolver el cargo en estudio. El primero está relacionado con el

carácter preventivo de las acciones populares y el segundo con el

alcance de la protección del patrimonio cultural de la Nación.

-. Del carácter preventivo de las acciones populares

Acerca de la naturaleza preventiva de la acción popular, la

jurisprudencia de la Corporación ha explicado que este medio de

defensa es de carácter preventivo porque procede, incluso, cuando

el derecho o interés colectivo no ha sido vulnerado si se concluye que

está amenazado y que es necesario evitar un daño contingente o

hacer cesar el peligro. Lo anterior, pese a que las acciones u

omisiones sean remotas, ya que lo determinante es que sus efectos

persistan frente a la amenaza o puesta en peligro33.

33
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 13de
febrero de 2018, número único de radicación 25000-23-15-000-2002-02704-01, CP: William
Hernández Gómez.

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Así, y al tenor de lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 472, la acción

popular tiene fin preventivo, por lo cual el juez está facultado para

adoptar medidas de protección cuando se demuestran los hechos

causantes de «daño contingente, peligro o amenaza» para los

derechos colectivos.

Igualmente, como lo ha indicado la Corte Constitucional, la

naturaleza preventiva de las acciones populares implica que no es

requisito para su ejercicio el que exista un daño o perjuicio de los

derechos o intereses que se busca amparar, sino que basta que

exista la amenaza o riesgo de que se produzca en razón de los fines

públicos que las inspiran34.

-. Del alcance de protección del patrimonio cultural de la

Nación

Sobre este aspecto, la Sala reiterará las consideraciones

anteriormente expuestas en cuanto a que el hecho de que

determinado bien del patrimonio cultural no goce de la declaratoria

de BIC y, por ende, no esté cobijado por el régimen especial de

34
Sentencia C-215 de 1999, Magistrada ponente (E): Martha Victoria Sáchica De Moncaleano.

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protección, no significa que las autoridades competentes

deban desatender su deber de cuidado y protección, por lo cual

están obligadas a adoptar otras medidas para la protección,

conservación, rehabilitación y divulgación del Patrimonio Cultural de

la Nación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 70 y 72

de la Constitución Política y las normas que los desarrollan.

Precisado lo anterior, es dable efectuar las siguientes conclusiones

respecto de los argumentos del municipio recurrente.

La Sala resalta que en el presente caso se reúnen los requisitos de

procedencia de la acción popular, comoquiera que, se insiste, está

acreditada la amenaza del derecho colectivo a la defensa del

patrimonio cultural, debido a la omisión de las autoridades

competentes de adoptar medidas para la recuperación y

mantenimiento del Camino Real de Honda, dentro de las cuales se

encuentra el MUNICIPIO DE FACATATIVÁ, ente que a pesar de

reconocer la relevancia cultural que ostenta el sendero colonial no ha

adelantado ninguna acción efectiva para su protección, así como para

su posible declaración como BIC en el ámbito territorial.

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Asimismo, se destaca que no tiene cabida el argumento de la

improcedencia de otorgar medidas de protección a favor del Camino

Real de Honda, porque este carezca de declaratoria de BIC, pues,

como se vio, es deber de los órganos del Sistema Nacional del

Patrimonio Cultural de la Nación adoptar las medidas necesarias para

la protección, salvaguardia, recuperación, conservación,

sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural de la Nación, sin

que ello esté supeditado a la declaratoria de BIC.

Al respecto, resulta pertinente referirse a las competencias de los

municipios respecto de los bienes que conforman el patrimonio

cultural de la Nación.

El artículo 4° del Decreto 763 de 2008, compilado en el Decreto 1080

de 2015, describe las siguientes competencias institucionales de los

municipios:

“[…] Artículo 4°. Competencias institucionales públicas.
(…)
4. De los municipios.

A los municipios a través de la respectiva alcaldía municipal, de
conformidad con el artículo 8° de la Ley 397 de 1997, modificado
por el artículo 5° de la Ley 1185 de 2008, les corresponde
cumplir respecto de los BIC del ámbito municipal que
declare o pretenda declarar como tales, competencias

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análogas a las señaladas en el numeral 1.2 y sus subnumerales de
este artículo.

También aplicarán dichas competencias respecto de los
bienes incluidos en los Planes de Ordenamiento Territorial y
los declarados como monumentos, áreas de conservación
histórica o arquitectónica, conjuntos históricos u otras
denominaciones efectuadas por los concejos municipales y
alcaldías, homologadas a BIC, de conformidad con lo establecido
en el artículo 4° de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo
1° de la Ley 1185 de 2008, literal “b”.

Del mismo modo les compete, en coordinación con el respectivo
Concejo Municipal, destinar los recursos que las leyes y los
presupuestos correspondientes señalan para las acciones
relativas al Patrimonio Cultural de la Nación en lo de su
competencia.

A los municipios les corresponde la formulación del PEMP para los
bienes del Grupo Urbano y los Monumentos en espacio público
localizados en su territorio […]”. (Resaltado fuera del texto
original).

Por su parte, la Ley 1185, al señalar los objetivos de la política estatal

del patrimonio cultural de la Nación frente a los entes territoriales,

prescribió:

“[…] Artículo 1º. Modifíquese el artículo 4º de la Ley 397 de 1997
el cual quedará, así:
(…)
Para el logro de los objetivos de que trata el inciso anterior, los
planes de desarrollo de las entidades territoriales y los planes
de las comunidades, grupos sociales y poblacionales incorporados
a estos, deberán estar armonizados en materia cultural con el Plan
Decenal de Cultura y con el Plan Nacional de Desarrollo y
asignarán los recursos para la salvaguardia, conservación,
recuperación, protección, sostenibilidad y divulgación del
patrimonio cultural […]”. (Resaltado fuera del texto original).

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En la misma línea, el Decreto 763 de 2009, mencionó:

“[…] Artículo 3°. Articulación. Para garantizar su operatividad y
funcionamiento el SNPCN se coordinará, relacionará e integrará con
el Sistema Nacional de Cultura y con los diferentes actores e
instancias nacionales y territoriales involucrados en los procesos de
planificación y ejecución de acciones en favor del patrimonio
cultural.

Del mismo modo, de conformidad con el artículo 4° de la Ley 397
de 1997, modificado por el artículo 1° de la Ley 1185 de 2008,
literal “a”, para el logro de los objetivos del SNPC los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y los planes de las
comunidades, grupos sociales y poblacionales incorporados a
estos, deberán armonizarse con el Plan Decenal de Cultura, con el
Plan Nacional de Desarrollo y deben asignar los recursos para
la salvaguardia, conservación, recuperación, protección,
sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural
[…]”. (Resaltado fuera del texto original).

De los textos normativos en mención se extrae que las referidas

competencias de los municipios en relación con los bienes que

integran el patrimonio cultural de la Nación no se limitan a la

calificación de BIC y su consecuente amparo por el régimen especial

de protección que los cobija, sino que es deber de aquellos, como

integrantes del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación

buscar la salvaguardia, conservación, recuperación, protección,

sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural para lo cual deben

adecuar sus planes de desarrollo y asignar los respectivos recursos,

así como armonizar tales planes con el Plan Decenal de Cultura y el

Plan Nacional de Desarrollo.

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En este orden de ideas, la Sala concluye que no es procedente

revocar la orden de protección decretada por el Tribunal a cargo del

municipio recurrente, debido a que sí se cumplen los requisitos para

la prosperidad de la acción ante la amenaza del derecho colectivo a

la defensa del patrimonio cultural de la Nación.

En cuanto a la presunta vulneración del principio de congruencia de

la sentencia, alegada por el MUNICIPIO, por cuanto en la parte

resolutiva se emitieron órdenes disímiles a lo señalado en la ratio

decidendi, en tanto que el Tribunal da por sentado que el camino real

constituye un bien de uso público de interés cultural, pero al mismo

tiempo, imparte como orden que se debe agotar el procedimiento

administrativo previsto para que las autoridades competentes

determinen tal calidad, la Sala no advierte que se configure la aludida

incongruencia si se tiene en cuenta que el a quo concluyó que el

sendero objeto de discusión es de uso público, le pertenece al Estado

y, por tanto, le corresponde su protección y restauración, criterio que

armoniza con lo preceptuado en el literal c) del artículo 4° de la Ley

397, según el cual los bienes del patrimonio cultural de la Nación, así

como los bienes de interés cultural pueden pertenecer tanto a las

entidades públicas como a las personas naturales o jurídicas de

derecho privado. Además, en el fallo de primera instancia quedó

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expresamente señalado que el camino colonial aun no goza de

declaratoria como BIC, por lo que dispuso que las autoridades

competentes adelantaran el procedimiento pertinente, lo cual es

consonante con lo solicitado en las pretensiones de la demanda.

Ahora, en cuanto a la afirmación de que las órdenes adoptadas por

el Tribunal están direccionando la decisión de las autoridades

competentes para que declaren el Camino Real de Honda como BIC,

es preciso indicar que lo dispuesto por el a quo fue que las entidades

accionadas debían culminar la actuación administrativa por medio de

la cual se adoptará de forma definitiva la calificación jurídica del

sendero objeto de debate, lo que implica que se debe respetar el

procedimiento establecido en el artículo 5º de la Ley 1185, que

modificó el artículo 8º de la Ley 397, previamente referenciado.

Es decir que, contrario a lo dicho por el apelante, lo que se pretende

con lo dispuesto en la providencia recurrida es que se establezca

si el Camino Real de Honda debe quedar cobijado con el

régimen especial de protección de los BIC, observando para

ello el respectivo procedimiento legal, el cual, en todo caso,

podrá culminar con decisión estimatoria o desestimatoria.

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En este punto de la controversia, la Sala precisa, en cuanto a la orden

de protección impartida por el Tribunal, que con el fin de hacer cesar

la amenaza que se cierne en relación con el Camino Real de Honda,

se hace necesario no solo que se examine su posible calificación como

BIC, bien sea del ámbito nacional y/o regional, sino también que se

adopten las medidas necesarias para identificar, proteger, conservar

y rehabilitar dicho sendero colonial, independientemente de que el

procedimiento de declaratoria de BIC sea o no favorable, teniendo

en cuenta el deber de las autoridades estatales de buscar la

salvaguardia, conservación, recuperación, protección, sostenibilidad

y divulgación del patrimonio cultural.

Es por esto que la Sala modificará la orden de protección, en los

siguientes términos:

De la orden de protección

En la sentencia de primera instancia el Tribunal ordenó al Ministerio

de Cultura, al Departamento de Cundinamarca, al Instituto de

Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca y a los

municipios de Guaduas, Villeta, Facatativá y Albán, en

coordinación con la Gobernación de Cundinamarca, adoptar una

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medida definitiva en relación con la calificación del Camino Real de

Honda como BIC. Asimismo, precisó que el MINISTERIO contaría

con un plazo de seis (6) meses para elaborar un estudio técnico o

rendir informe acerca del estado del bien, el avance de la respectiva

actuación administrativa y la gestión adelantada por las partes.

Como ya se indicó, la Sala considera que para darle cabal

cumplimiento a la orden de protección que persigue hacer cesar la

amenaza sobre el derecho colectivo a la defensa del patrimonio

cultural de la Nación, es necesario modificar la orden impartida por

el a quo en el sentido de disponer que las accionadas, de manera

conjunta y en el término de tres (3) meses, contados a partir de la

ejecutoria de la sentencia, determinen si el Camino Real de Honda

debe ser declarado BIC del ámbito nacional, departamental o

municipal, teniendo en cuenta que tal calificación no necesariamente

será excluyente, de acuerdo con el concepto que para tal efecto

expidan los respectivos Consejos de Patrimonio Cultural. Dicho

término resulta necesario para efectos de que las entidades

competentes del orden nacional y territorial coordinen y se reúnan

con el fin de tomar la decisión que corresponda; y para que, en caso

de incumplimiento, se de apertura al trámite incidental de desacato.

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En el evento de que sea favorable la declaratoria de dicho bien como

BIC, las autoridades accionadas, en el marco de sus competencias,

deberán iniciar y culminar el procedimiento de que trata el artículo

8° de la Ley 397, modificado por el artículo 5° de la Ley 1185, en el

término máximo de un año, contado a partir desde el momento en

que definan que el bien en comento debe ser declarado BIC. De todo

lo anterior, deberán rendir informe al Comité de Verificación del fallo.

Igualmente, la Sala modificará la sentencia en cuanto a las otras

medidas diferentes al estudio de la declaratoria de bien de interés

cultural que deberán efectuar los municipios de GUADUAS,

VILLETA, FACATATIVÁ y ALBÁN, el DEPARTAMENTO y el

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURAL Y TURISMO DE

CUNDINAMARCA, con el fin de identificar, proteger, conservar y

rehabilitar el sendero colonial Camino Real de Honda, por lo cual el

numeral CUARTO de la parte resolutiva del fallo de primera instancia

quedará en los siguientes términos:

“CUARTO: ORDÉNASE a los municipios de Guaduas, Villeta,
Facatativá y Albán adoptar las medidas necesarias a fin de
identificar, proteger, conservar y rehabilitar el sendero colonial
Camino Real de Honda, en la parte correspondiente a la localización
dentro del territorio de su jurisdicción. Los municipios actuarán en
coordinación con el Departamento de Cundinamarca y el Instituto
Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca, en el marco

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de las competencias que les corresponda”.

Por último, se confirmará en lo demás la sentencia apelada, y así se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

FALLA:

PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el señor

Consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ para intervenir en el

proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva

de esta providencia y, en consecuencia, se le separa del conocimiento

del mismo.

SEGUNDO: MODIFICAR los numerales tercero y cuarto de la parte

resolutiva de la sentencia de 11 de junio de 2020, proferida por el

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los cuales quedarán así:

“TERCERO.- ORDENAR a la Nación – MINISTERIO DE
CULTURA, al DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, al

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INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO
DE CUNDINAMARCA y a los municipios de GUADUAS,
VILLETA, FACATATIVÁ y ALBÁN que, de manera conjunta,
y en el término de tres (3) meses contados a partir de la
ejecutoria de la sentencia, determinen si el Camino Real de
Honda debe ser declarado BIC del ámbito nacional,
departamental o municipal, teniendo en cuenta que tal
calificación no necesariamente será excluyente, de acuerdo
con el concepto que para tal efecto expidan los respectivos
Consejos de Patrimonio Cultural. En el evento de que sea
favorable la declaratoria de dicho bien como BIC, las
autoridades mencionadas, en el marco de sus competencias,
deberán iniciar y culminar el procedimiento de que trata el
artículo 8° de la Ley 397, modificado por el artículo 5° de la
Ley 1185, en el término máximo de un año, contado a partir
del momento en que definan que el bien en comento debe ser
declarado BIC. De todo lo anterior, deberán rendir informe al
Comité de Verificación del fallo.”

“CUARTO.- ORDENAR a los municipios de GUADUAS,
VILLETA, FACATATIVÁ y ALBÁN adoptar las medidas
necesarias a fin de identificar, proteger, conservar y
rehabilitar el sendero colonial Camino Real de Honda, en la
parte correspondiente a la localización dentro del territorio
de su jurisdicción. Los municipios actuarán en coordinación
con el Departamento de Cundinamarca y el Instituto
Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca, en
el marco de las competencias que les corresponda”.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás el fallo apelado.

CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal

de origen.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala, en la sesión del día 27 de abril de 2023.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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