Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2018-00968-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2018-00968-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 25000-23-41-000-2018-00968-01
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
31 de enero de 2019
ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO - Niega / INEXISTENCIA DE UN MANDATO IMPERATIVO E INOBJETABLE / SUBROGACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA RESPONSABLE EN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LICENCIAS PERMISOS O AUTORIZACIONES OBTENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - En caso de terminación anticipada de un contrato estatal opera por ministerio de la ley
La Sala destaca que, del escrito de agotamiento del requisito de renuencia, de los presupuestos fácticos consagrados en la demanda y de la pretensión de cumplimiento, se desprende que la parte accionante pretende, a través del mecanismo subsidiario y residual de la acción de cumplimiento, que se declare que i) por ministerio de la ley, operó en cabeza de la ANI la subrogación de las licencias, permisos y autorizaciones otorgadas por las autoridades ambientales a la unión temporal para la ejecución de las obras del contrato adicional y otrosíes, a partir de la ejecutoria del Laudo Arbitral y ii) que las obligaciones derivadas de las referidas autorizaciones son de la ANI (…) En relación con la primera pretensión, la Sala advierte que (…) la norma cuyo cumplimiento solicita la parte actora establece que la consecuencia jurídica –consistente en la subrogación de las licencias ambientales en cabeza de la entidad pública contratante– opera por ministerio de la ley a partir de la terminación anticipada del contrato estatal, la que se presentó en el sub examine como consecuencia de la declaratoria de nulidad del contrato adicional No. 13 al contrato de concesión No. 005 realizada en el laudo arbitral dictado el 25 de noviembre de 2016, sin que se requiera un pronunciamiento judicial. En efecto, no le corresponde a los jueces realizar la declaración de la subrogación referida, por cuanto la misma constituye una situación jurídica consolidada, en virtud de la aplicación directa de la norma jurídica que no consagra exigencia adicional alguna. Al respecto, la Sala advierte que la norma cuya observancia pretende la unión temporal accionante no contiene un mandato imperativo e inobjetable, esto es, un deber claro, expreso y exigible a cargo de la ANI, de realizar alguna actuación, en tanto, no se establece el deber a cargo de la entidad demandada de proferir un acto administrativo para declarar que operó la subrogación, pues, se reitera, esta consecuencia jurídica se consolidad por ministerio de la ley, siendo este un requisito sine qua non para la prosperidad de la acción de cumplimiento
FUENTE FORMAL: LEY 1682 DE 2013 - ARTÍCULO 13 - PARÁGRAFO 3
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 25000-23-41-000-2018-00968-01(ACU)
Actor: UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA
Demandado: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI
Asunto: Acción de cumplimiento – Fallo de segunda instancia – Revoca la decisión de declarar configurada la cosa juzgada – Niega la petición de cumplimiento.
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo del 16 de noviembre de 2018, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A” declaró que operó el fenómeno de cosa juzgada del medio de control de cumplimiento.
1. ANTECEDENTES
Solicitud de cumplimiento
Mediante escrito radicado el 8 de octubre de 2018, en la Secretaría de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca –en adelante la unión temporal–, por medio de apoderada judicial, ejerció acción de cumplimiento contra la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, con el fin de obtener el acatamiento del parágrafo 3º del artículo 13 de la Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013.
Como pretensiones formuló las siguientes:
“…PRIMERA. DECLARAR que, por ministerio de la ley, la subrogación de las LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES otorgadas por las autoridades ambientales a la UNIÓN TEMPORAL para la ejecución de las obras del CONTRATO ADICIONAL y OTROSÍES operó en cabeza de la ANI a partir de la ejecutoria del Laudo Arbitral, de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 13 de la Ley 1682 de 2013.
SEGUNDA. CONSECUENCIAL. DECLARAR que los derechos y las obligaciones de las LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES se encuentran a cargo de la ANI a partir de la ejecutoria del Laudo Arbitral.
TERCERA. DECLARAR que como consecuencia de la subrogación legal a favor de la ANI: (1) todos los derechos y las obligaciones derivadas de las LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES contenidas en los siguientes actos administrativos: (i) Sector 1 La Guaira: Resolución 195 del 10 de febrero de 2014, Resolución 0329 del 04 de marzo de 2014, Resolución 0628 del 29 de abril de 2014, Resolución 0874 del 09 de junio de 2016 y Resolución 1064 del 29 de 2016; Resolución 0429 del 08 de mayo de 2014, Resolución 1096 del 26 de septiembre de 2016 y Resolución 01489 del 22 de noviembre de 2017, Resolución 0760-0019 de 2015 – CVC; (II) Sector 1 Loboguerrero: Resolución 0760-0160 de 2015 – CVC; Resolución 1635 del 07 de octubre de 2014 y Resolución 1709 del 21 de octubre de 2014, Resolución 1436 del 27 de noviembre de 2014, Resolución 0139 del 09 de febrero de 2015 y Resolución 1038 del 25 de agosto de 2015; (iii) Sector 1 Zabaletas: Resolución 1847 del 20 de noviembre de 2014 y Resolución 2077 del 16 de diciembre de 2014; Resolución 0083 del 29 de enero de 2015; (iv) Sector 2: Resolución 0032 del 15 de enero de 2009, Resolución 0752 del 20 de mayo de 2014, Resolución 1846 del 20 de noviembre de 2014 y Resolución 1860 del 24 de noviembre de 2014, Resolución 0033 del 15 de enero de 2009, Resolución 0350 del 20 de febrero de 2009, Resolución 1021 del 02 de junio de 2009 y Resolución 0799 del 08 de julio de 2015, Resolución 0740-0532 del 23 de septiembre de 2010 y Resolución 0740-0533 del 23 de septiembre de 2010; (v) Sector 3: Resolución 2230 del 09 de noviembre de 2010 y Resolución 0996 del 26 junio de 2014; Resolución 1156 del 12 de junio de 2009, Resolución 1784 del 17 de septiembre de 2009, Resolución 0921 del 9 de septiembre de 2013 y Resolución 1551 del 15 de diciembre de 2016; y Autorización Temporal HLM-10011, Resolución DSM-0077del 05 de febrero de 2007, Resolución 005302 del 12 de diciembre de 2013, Resolución 2065 del 22 de mayo de 2014; autorización Temporal HLM-10031. Resolución DSM-0078 del 05 de febrero de 2007, Resolución 004138 del 30 de septiembre de 2013, Resolución 2061 del 22 de mayo de 2014, son de la ANI; y, (2) todos los derechos y las obligaciones derivadas de las LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES contenidos en los actos administrativos enunciados en el (1), cesaron para la UNIÓN TEMPORAL a partir de la ejecutoria del Laudo Arbitral”.
Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró acreditados los siguientes hechos, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en el fallo:
2.1. El 29 de enero de 1989, INVIAS y la unión temporal accionante celebraron el contrato de concesión No. 005 de 1999, cuyo objeto era “el otorgamiento al concesionario de una concesión para que realice por su cuenta y riesgo, los estudios y diseños definitivos, las obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento, la operación y mantenimiento, la prestación de servicios y el uso de los bienes de propiedad del INVIAS dados en concesión, para la cabal ejecución del proyecto vial denominado MALLA VIAL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA, bajo el control y vigilancia del INVIAS.”
2.2. El 26 de septiembre de 2003, INVIAS, en cumplimiento de la orden contenida en los Decretos 1800 y 2056 de 2003 y la Resolución 3791 de 2003, subrogó y cedió el contrato a título gratuito al INCO.
2.3. El 9 de agosto de 2006, las partes contratantes celebraron el contrato adicional No. 13 al de concesión No. 005, en el que acordaron que “El CONCESIONARIO se compromete para con INCO, a ejecutar por su cuenta y riesgo, los estudios y diseños definitivos, las obras de construcción, la operación y el mantenimiento, la prestación de servicios y el uso de los bienes de propiedad de INCO y/o INVIAS, correspondientes a la segunda calzada del tramo Mediacanoa – Loboguerrero bajo control y vigilancia del INCO el cual se incorpora al alcance físico del contrato de concesión No. 005 de 1999, determinado en las Especificaciones Técnicas de Construcción y Rehabilitación y Mejoramiento correspondientes al Anexo No. 1que forma parte integrante de dicho contrato…”, comprometiéndose el concesionario al cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente.
2.4. En cumplimiento del contrato adicional referido en el hecho anterior, la parte actora tramitó las respectivas licencias, permisos y autorizaciones ambientales ante i) la Nación Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; ii) la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, iii) la Corporación Autónoma Regional del Valle – CV;C y iv) la Agencia Nacional de Minería – ANM.
2.5. El 3 de noviembre de 2011, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4165, que cambió la naturaleza jurídica del INCO de establecimiento público a Agencia Nacional Estatal de naturaleza especial, denominada Agencia Nacional de Infraestructura – ANI.
2.6. El 28 de noviembre de 2013, la ANI presentó solicitud de instalación e integración de Tribunal de Arbitramento para que dirimiera las controversias suscitadas durante la ejecución del contrato adicional No. 13 al de Concesión No. 005 de 1999 y las modificaciones y “otrosíes” acordados entre las partes contratantes, considerando que tales actuaciones se encontraban viciadas de nulidad.
2.7. Mediante laudo arbitral del 25 de noviembre de 2016, el Tribunal de Arbitramento declaró la nulidad absoluta del Contrato Adicional No. 13 al Contrato de Concesión No. 005 de 1999 y de los “otrosíes”, por considerar que se violó el numeral 2º del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, por estar “enmarcadas en total ausencia del verdadero deber de planeación, de libre concurrencia y de economía”.
2.8. La accionante, por medio de las comunicaciones Nos. UTDVVCC-ANI-067-2017 del 10 de noviembre de 2017; UTDVVCC-ANI-076-2017 del 20 de noviembre de 2017; UTDVVCC-ANI-078-2017 del 21 de noviembre de 2017, UTDVVCC-ANI079-2017 de la misma fecha que el anterior, solicitó a la ANI la formalización de la subrogación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones ambientales otorgadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC y la Agencia Nacional de Minería – ANM, para la ejecución del Contrato Adicional No. 13, al Contrato de Concesión No. 005 de 1999, aseverando que tales solicitudes no fueron objeto de respuesta.
3. Fundamentos de la solicitud
3.1. La parte actora sustentó la petición de cumplimiento de la norma jurídica señalada en que la ANI no se ha pronunciado de fondo sobre las solicitudes de celebrar un acuerdo para el cumplimiento de las obligaciones ambientales, con posterioridad a la declaratoria de nulidad del contrato adicional efectuada en el laudo arbitral dictado el 25 de noviembre de 2016.
3.2. Aseveró que la ANI reconoció, mediante memorando interno No. 2017-704-017881-3, la procedencia de la subrogación solicitada, sin que haya obrado de conformidad, con lo cual se apartó de la exigencia normativa cuya aplicación reclama.
4. Actuaciones procesales relevantes
4.1. Admisión de la demanda
Mediante auto del 9 de octubre de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección “A” admitió la demanda de cumplimiento y dispuso la notificación al representante legal de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI.
4.2. Contestación de la parte accionada – Agencia Nacional de Infraestructura – ANI
4.2.1. Por intermedio de apoderado judicial, la entidad contestó la demanda de cumplimiento, según escrito radicado el 22 de octubre de 2018, en el que se opuso a las pretensiones de la demanda.
4.2.2. Afirmó que no ha incumplido el deber contenido en la norma citada por la parte actora y que la entidad ha dado respuesta a los requerimientos efectuados por la unión temporal a efectos de obtener la subrogación de las licencias ambientales en el sentido de considerar que la misma no es procedente hasta que no se lleve a cabo el procedimiento contenido en el artículo 13 de la Ley 1682 de 2013.
4.2.3. Al respecto, afirmó que “hasta que las partes suscriban el acuerdo establecido en el mencionado artículo, las obligaciones relacionadas con las licencias para este tramo siguen bajo la responsabilidad de la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca – UTDVVCC.”
4.2.4. Agregó que, con radicado ANI No. 20186050349971 del 18 de octubre de 2018, la entidad dio respuesta en el mismo sentido al nuevo requerimiento realizado por la accionante.
4.2.5. Igualmente, propuso las siguientes excepciones:
4.2.5.1. Falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto lo que se pretende es el cumplimiento de una norma, a efectos de obtener la subrogación o cesión de licencias ambientales, las que son otorgadas por las entidades del Estado competentes para ello, razón por la cual son ellas las legitimadas por pasiva para contestar y oponerse a las pretensiones de la demanda de cumplimiento.
Señaló las funciones que le corresponde cumplir a la ANI, en virtud de las normas de creación, para concluir que en ellas no se encuentra relacionada la de subrogar o ceder licencias o permisos, por lo que no puede ser responsable por las obligaciones impuestas a otras entidades.
4.2.5.2. Inexistencia de incumplimiento del parágrafo 3º del artículo 13 de la Ley 1682 de 2013 por parte de la ANI
4.2.5.2.1. Para sustentar esta excepción, la entidad aseveró que la norma presuntamente incumplida no contiene un mandato imperativo legal y categórico en cabeza de ninguna entidad, sino que establece un procedimiento para la subrogación de licencias y permisos ambientales en el eventual caso de que se presente la terminación anticipada de los contratos estatales y en el sub lite lo que se dio fue la declaratoria de nulidad del contrato adicional, la cual fue decretada en el laudo arbitral.
4.2.5.2.2. En virtud de lo expuesto, la consecuencia jurídica que prevé la norma no opera de pleno derecho y, contrario a ello, de la interpretación íntegra del precepto cuyo cumplimiento pretende la parte actora se tiene que existe un procedimiento establecido para la subrogación o cesión de licencias en eventos de terminación anticipada, el cual se origina con un acuerdo de voluntades entre cedente y cesionario en el que se debe establecer quién asume las responsabilidades que se encuentren pendientes por ejecutar en las respectivas licencias.
4.2.5.2.3. Señaló que, igualmente la norma faculta a las partes implicadas en la cesión para acudir a un tercero, haciendo uso de cualquier mecanismo de solución de conflictos a efectos de lograr el acuerdo requerido para que la autoridad competente decida sobre la cesión o subrogación de las licencias en cuestión.
4.3. Fallo impugnado
4.3.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, mediante sentencia del 16 de noviembre de 2018, declaró que en el presente proceso operó el fenómeno de cosa juzgada.
4.3.2. Para arribar a esa decisión, precisó que la unión temporal accionante, en forma previa, interpuso otra acción de cumplimiento con el mismo objeto que la del vocativo de la referencia la que “se tramitó por el despacho ponente bajo el radicado No. 25000-23-41-000-2018-00397-00, la cual fue declarada improcedente mediante sentencia del 1º de junio de 2018.”
4.3.3. Con fundamento en lo anterior, realizó un test de comparación entre la acción de la referencia y la tramitada con anterioridad, que corresponde al referido radicado, encontrando que se presentaba identidad de partes, de supuestos fácticos y de objeto o causa petendi, en consideración a que la pretensión de las dos acciones corresponde al cumplimiento de la misma norma jurídica, habiéndose invocado idénticos supuestos fácticos.
4.3.4. El fallo fue notificado por medios electrónicos el 21 de noviembre de 2018, según constancias obrantes a folios 740 a 742 del expediente.
4.4. Impugnación
4.4.1. Mediante escrito presentado el 26 de noviembre de 2018, la parte actora impugnó el fallo de primera instancia, solicitando que sea revocado y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda de cumplimiento.
4.4.2. Reseñó, en forma detallada, el trámite que se le dio a la primera acción de cumplimiento que ejerció, informando que el 9 de agosto de 2018 el Consejo de Estado revocó la sentencia del 1º de julio de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección “A” y, en su lugar, rechazó la demanda presentada, por no encontrar acreditado el requisito de renuencia consagrado en el artículo 8º de la Ley 393 de 1997.
4.4.3. En relación con la sentencia de segunda instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, el 29 de agosto de 2018, de tal manera que la corporación tenía conocimiento de que su providencia había sido revocada.
4.4.4. Agregó que, el 18 de septiembre de 2018 la unión temporal accionante, mediante comunicación 2018-409-095784-2, le solicitó a la ANI el cumplimiento de la obligación legal contenida en el parágrafo 3º del artículo 13 de la Ley 1682 de 2013 en el sentido de que se realizara el acuerdo para la cesión de las licencias y permisos ambientales relacionados con el Contrato Adicional No. 13.
4.4.5. Precisó que la comunicación referida tenía como objeto la constitución en renuencia de la entidad accionada, agregando que el 5 de octubre de 2018, mediante declaración juramentada, hizo constar que habían transcurrido los diez (10) días que establece el artículo 8º de la Ley 393 de 1997 para dar alcance la constitución en renuencia, sin que la ANI contestara el requerimiento constituyéndose en renuente al cumplimiento de la obligación legal contenida en el artículo 13 de la Ley 1682 de 2013.
4.4.6. Relacionó las actuaciones procesales surtidas con ocasión de la demanda presentada en ejercicio de la acción de cumplimiento con posterioridad a la constitución en renuencia, aseverando que la jurisdicción no ha realizado un estudio de fondo de las pretensiones de la demanda.
4.4.7. En virtud de ello, consideró que no es posible afirmar que se haya configurado el fenómeno de la cosa juzgada, argumento que sustentó en sentencias dictadas por la Corte Constitucional y por la Sección Quinta del Consejo de Estado, según las cuales en caso de rechazo de la demanda, por falta de cumplimiento de requisitos formales, el actor puede formularla nuevamente.
4.4.8. Precisó que no es posible decretar la cosa juzgada cuando la demanda no ha sido admitida, sino que se rechaza por la ausencia de un requisito procesal, como ocurrió en el presente asunto.
4.4.9. Consideró que la providencia impugnada –sentencia del 18 de noviembre de 2018– transgredió los derechos fundamentales de la parte actora, por no haber realizado un estudio de fondo de las pretensiones propuestas, con lo cual se negó su derecho de acceso a la administración de justicia,
4.4.10. A continuación, se refirió a la procedencia de la acción de cumplimiento en el caso concreto, afirmando que debía acceder a la pretensión por concurrir los requisitos exigidos para ello, en tanto el deber jurídico cuyo acatamiento se solicita consta en una norma con fuerza material de ley y contiene un mandato imperativo e inobjetable.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección “A” el 16 de noviembre de 2018, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, y el Acuerdo 015 del 22 de febrero de 2011 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las “apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento”.
2. Problemas jurídicos a resolver en la presente acción de cumplimiento
2.1. Con fundamento en los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, el contenido del precepto cuyo cumplimiento se solicita y los argumentos expuestos en el libelo introductorio y en el escrito de impugnación, corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia dictada por el a quo constitucional, que declaró que había operado la figura de la cosa juzgada.
2.2. Para tal efecto, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:
2.2.1. Si en el caso concreto operó la figura de la cosa juzgada en relación con la sentencia proferida el 9 de agosto de 2018 por la Sección Quinta del Consejo de Estado que dispuso el rechazo de la demanda en la acción de cumplimiento previamente ejercida con el mismo objeto, por no haberse cumplido con el requisito de renuencia.
2.2.2. En caso negativo, la Sala estudiará si la parte actora agotó en esta oportunidad el requisito de constitución en renuencia.
2.2.3. Así mismo, si hay lugar a ordenar a la autoridad accionada el cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 3º del artículo 13 de la Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013, cuestionamiento que implica el análisis de la concurrencia de los requisitos de la acción, con fundamento en el marco conceptual que la Sala expone a continuación.
3. Razones jurídicas de la decisión
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas i) naturaleza de la acción de cumplimiento; ii) análisis de existencia de cosa juzgada en el sub lite; y iii) examen del caso concreto con fundamento en el libelo introductorio y en los argumentos de impugnación.
3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento
3.1.1. La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un mecanismo para que toda persona pueda "…acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de 1997 precisa que "Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos".
3.1.2. Colombia es un Estado Social de Derecho y dentro de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República están instituidas, entre otras, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2° de la Constitución Política), la acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.
3.1.3. De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, ante la inobservancia de los deberes consagrados, la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.
3.1.4. Cabe destacar que, como lo señaló la Corte Constitucional “… el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo” (Subraya fuera del texto).
3.1.5. Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, se deben acreditar los requisitos mínimos que a continuación se relacionan, los que surgen del examen de los preceptos consagrados en la Ley 393 de 1997:
3.1.5.1. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento (Art. 8º). El referido artículo señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito “… cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable”, caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.
3.1.5.2. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art. 1º).
3.1.5.3. Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido la acción de cumplimiento.
3.1.5.4. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que la hace procedente. A contrario sensu, es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción de tutela o se pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración (Art. 9º).
3.1.5.4.1. Ello significa que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley 393 de 1997, la acción de cumplimiento no procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo que de no ordenarse por parte del juez el cumplimiento, se cause un perjuicio grave e inminente para el accionante.
3.1.5.4.2. De igual forma, esta Sección en reiterada jurisprudencia ha desarrollado “… la existencia de otro mecanismo judicial”, como causal de improcedencia de la acción de cumplimiento, en aquellos casos en los que no se acredite un perjuicio irremediable.
3.1.5.4.3. Así, en sentencia de 24 de mayo de 2012, se reiteró como “… la razón de ser de esta causal de improcedencia es garantizar que la resolución de las diferencias jurídicas sea efectuada por el juez natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha establecido como propio para ello y evitar la alteración de las competencias que han sido radicadas en las diferentes jurisdicciones. No puede entenderse que el Constituyente haya creado la acción de cumplimiento como un instrumento paralelo a los medios judiciales ordinarios; por ello la causal señalada, le imprime a la acción de cumplimiento el carácter de mecanismo residual y subsidiario. En el evento consagrado como excepción, la norma habilita al Juez de la acción de cumplimiento para que, pese a la existencia de un instrumento judicial, se pronuncie de fondo en relación con la solicitud, pero siempre y cuando se acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad e inminencia del perjuicio”.
3.2. Análisis de la figura de la casa juzgada en el caso concreto
3.2.1. Abordando el caso concreto que ocupa la atención de la Sala, se encuentra acreditado que efectivamente la unión temporal accionante, previamente había presentado demanda en ejercicio de la acción de cumplimiento contra la misma entidad accionada, con fundamento en idéntica situación fáctica a la que fue expuesta como sustento de la presente acción.
3.2.2. La referida acción fue tramitada y resuelta en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección “A”, en sentencia del 1º de junio de 2018, que la declaró improcedente, único fallo que fue considerado por el a quo constitucional en esta oportunidad para efectos de concluir que concurrían los requisitos de identidad de partes, supuestos fácticos, objeto y causa petendi y que, por ende, había operado la figura de la cosa juzgada constitucional.
3.2.3. Sin embargo, en el fallo que es objeto de revisión en esta oportunidad no se tuvo en cuenta que esta Sección, al resolver la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia proferida en la primera acción de cumplimiento, la revocó, en providencia del 9 de agosto de 2018, para, en su lugar, rechazar la demanda por considerar que no concurrió el requisito de renuencia, en los siguientes términos:
“…no hay duda que previo a acudir al ejercicio de la presente acción de cumplimiento, la parte actora no constituyó en renuencia a la accionada, como lo exige el artículo 8º de la Ley 393 de 1997, pues ninguno de los escritos allegados con la demanda dan cuenta de que haya solicitado, a afecto de demostrar el requisito de procedibilidad del este mecanismo constitucional, el acatamiento de las normas que se dicen desatendidas.
En virtud de las razones expuestas, la Sala concluye que la sentencia impugnada debe revocarse, pues como se acreditó la parte actora no constituyó en renuencia a la demandada, lo que deviene en el rechazo de la demanda y, además, impide abordar el estudio de fondo de sus pretensiones."
3.2.4. En virtud de lo anterior, en el proceso previo, no se realizó el estudio de fondo del asunto, por lo que no es posible afirmar que el fallo hizo tránsito a cosa juzgada material, pues el rechazo de la demanda se fundamentó en la ausencia de un requisito formal que la parte actora podía subsanar mediante su agotamiento conforme al ordenamiento jurídico, para poder acceder a la administración de justicia y, en esa forma, obtener un pronunciamiento sobre las pretensiones de la demanda.
3.2.5. En virtud de lo expuesto, es evidente que le asiste razón al impugnante cuando afirma que la providencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio de la cual se revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, se rechazó la demanda, no puede tenerse como sustento para edificar la decisión que impugna.
3.2.6. Sobre el punto, la Corte Constitucional, en la sentencia C-319 de 2013, precisó que en aquellos eventos en que el rechazo de la demanda se origina por el incumplimiento de requisitos formales e indispensables del libelo, cuya satisfacción corresponde al actor, el demandante tiene la posibilidad de formular nuevamente la demanda, lo cual sin lugar a dudas garantiza el derecho se acceso a la administración de justicia.
3.2.7. Esta conclusión, fue consignada en la referida sentencia, en los siguientes términos:
“…la Sala considera que no es posible identificar al rechazo de la demanda como una finalización del trámite, de forma equivalente que el fallo de mérito. Esto en razón que, como se ha explicado, la evaluación sobre la admisibilidad del libelo de acción de cumplimiento tiene carácter formal y objetivo. A su vez, carece de efectos respecto de la exigibilidad material de la pretensión, en tanto la acción de cumplimiento no está sometida a ningún término de caducidad o prescripción, limitándose su presentación únicamente a la vigencia de la norma legal o acto administrativo incumplido, o la existencia de cosa juzgada sobre la misma materia. Quiere ello decir que ante el incumplimiento en los requisitos formales y el correlativo rechazo del libelo, el actor puede formular nuevamente su demanda, sin detrimento de la exigibilidad judicial de la respectiva pretensión de cumplimiento.”
3.2.8. Los argumentos anteriores son suficientes para concluir que en el sub examine no es posible declarar probada de oficio la excepción de cosa juzgada, correspondiendo a la Sala analizar si en el presente caso se agotó el requisito de la renuencia.
3.3. Acreditación del requisito de renuencia
3.3.1. El inciso 2º del artículo 8° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el numeral 5° del artículo 10 ejusdem, estableció como requisito de procedibilidad de esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de haber pedido a la entidad demandada en forma directa y con anterioridad al ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo “presuntamente” desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud.
3.3.2. De esta manera quedará acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento.
3.3.3. Por lo tanto, la Sala estudiará si la unión temporal accionante cumplió con su carga de probar que constituyó en renuencia a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, concretamente en relación con el precepto cuya observancia solicita.
3.3.4. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en cuenta, como lo ha señalado la Sala, que “… el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento”.
3.3.5. Para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el solicitante en su petición haga mención explícita y expresa a que su objetivo es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997 no lo prevé así; por ello, basta con advertir que lo pretendido –de acuerdo con el contenido de la solicitud– es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y, que de éste pueda inferirse el propósito de agotar el prerrequisito en mención.
3.3.6. Al abordar el caso concreto, la Sala encuentra que para cumplir con el requisito de renuencia la actora presentó el 18 de septiembre de 2018 ante la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI una petición expresamente encaminada a que la entidad diera cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo 3º del artículo 13 de la Ley 1682 de 2013, en relación con la subrogación de las licencias, permisos y autorizaciones ambientales y temporales mineras en relación con el contrato adicional No. 013 al Contrato de Concesión No. 005 de 1995.
3.3.7. En el referido escrito, la accionante precisó que el objetivo de la petición era constituir en renuencia a la entidad para efectos de ejercer la acción de cumplimiento y citó el artículo 8º de la Ley 393 de 1997, como sustento normativo de la petición.
3.3.8. En el sub examine no obra prueba de que la petición encaminada a constituir en renuencia a la entidad accionada, haya sido contestada dentro del término previsto en la norma en cita o se haya dado alcance al mandato reclamado.
3.3.9. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que se encuentra probado que la parte actora constituyó en renuencia a la autoridad accionada, por lo que se abordará el estudio de los demás requisitos de procedencia de la acción.
3.4. Análisis del caso concreto
3.4.1. Norma jurídica cuyo cumplimiento se solicita
La norma jurídica cuya observancia se pretende obtener a través del presente medio de control es el parágrafo 3º del artículo 13 de la Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013 “Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias”, norma jurídica que es del siguiente tenor:
“Por ministerio de la ley, la terminación anticipada implicará la subrogación de la entidad pública responsable en los derechos y obligaciones del titular de la licencia, los permisos o las autorizaciones ambientales, títulos mineros y en general otra clase de permisos o autorizaciones obtenidos para la ejecución del proyecto de infraestructura de transporte.
Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones pendientes al momento de la terminación, sobre las cuales las partes podrán acordar quién asume la respectiva responsabilidad, o deferir dicha decisión a un tercero, haciendo uso de cualquier mecanismo alternativo de solución de conflictos.”
3.4.2. Una interpretación gramatical de la norma cuyo cumplimiento pretende la parte accionante permite establecer que la misma consagra los siguientes supuestos de hecho y las consecuenciales consecuencias jurídicas respectivas:
3.4.2.1. La terminación anticipada de un contrato estatal, por ministerio de la ley, implica la subrogación de la entidad pública responsable en los derechos y obligaciones del titular de la licencia, los permisos o las autorizaciones ambientales, títulos mineros y en general otra clase de permisos o autorizaciones obtenidos para la ejecución del proyecto de infraestructura de transporte.
3.4.2.1.1. La Sala destaca que, la expresión “por ministerio de la ley” -ope legis o per ministerium legis- contenida en el precepto implica que declarada la terminación anticipada del proceso, en forma automática, inmediata y directa se produce la subrogación de la entidad pública en los derechos y obligaciones derivados de las licencias ambientales, independientemente del conocimiento o la voluntad de las partes contratantes y sin necesidad de declaración judicial.
3.4.2.1.2. La subrogación en cabeza de la entidad contratante se produce entonces sin que se requiera que el contratista acuda al juez para obtener la declaratoria, pues este no tendría la posibilidad de modificar una situación jurídica creada directamente por el legislador.
3.4.2.2. Las obligaciones pendientes de ejecución a la fecha de terminación anticipada del contrato estatal que se deriven de las licencias y permisos ambientales concedidas al contratista podrán ser objeto de acuerdo entre las partes, para determinar quién asume la respectiva responsabilidad, o deferir dicha decisión a un tercero, haciendo uso de cualquier mecanismo alternativo de solución de conflictos.
3.5. Examen de las pretensiones de la parte actora en relación con la norma cuyo cumplimiento se pretende
3.5.1. La Sala destaca que, del escrito de agotamiento del requisito de renuencia, de los presupuestos fácticos consagrados en la demanda y de la pretensión de cumplimiento, se desprende que la parte accionante pretende, a través del mecanismo subsidiario y residual de la acción de cumplimiento, que se declare que i) por ministerio de la ley, operó en cabeza de la ANI la subrogación de las licencias, permisos y autorizaciones otorgadas por las autoridades ambientales a la unión temporal para la ejecución de las obras del contrato adicional y otrosíes, a partir de la ejecutoria del Laudo Arbitral y ii) que las obligaciones derivadas de las referidas autorizaciones son de la ANI.
3.5.2. Pretensión de declaración de subrogación de las obligaciones contenidas en las licencias ambientales
3.5.2.1. En relación con la primera pretensión, la Sala advierte que, tal como se precisó en el acápite anterior, la norma cuyo cumplimiento solicita la parte actora establece que la consecuencia jurídica –consistente en la subrogación de las licencias ambientales en cabeza de la entidad pública contratante– opera por ministerio de la ley a partir de la terminación anticipada del contrato estatal, la que se presentó en el sub examine como consecuencia de la declaratoria de nulidad del contrato adicional No. 13 al contrato de concesión No. 005 realizada en el laudo arbitral dictado el 25 de noviembre de 2016, sin que se requiera un pronunciamiento judicial.
3.5.2.2. En efecto, no le corresponde a los jueces realizar la declaración de la subrogación referida, por cuanto la misma constituye una situación jurídica consolidada, en virtud de la aplicación directa de la norma jurídica que no consagra exigencia adicional alguna.
3.5.2.3. Al respecto, la Sala advierte que la norma cuya observancia pretende la unión temporal accionante no contiene un mandato imperativo e inobjetable, esto es, un deber claro, expreso y exigible a cargo de la ANI, de realizar alguna actuación, en tanto, no se establece el deber a cargo de la entidad demandada de proferir un acto administrativo para declarar que operó la subrogación, pues, se reitera, esta consecuencia jurídica se consolidad por ministerio de la ley, siendo este un requisito sine qua non para la prosperidad de la acción de cumplimiento.
3.5.2.4. En consecuencia, al no concurrir los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para la prosperidad de la acción de cumplimiento, corresponde negar las pretensiones de la demanda.
4. Conclusiones
En consecuencia, la Sala considera que en el caso concreto no había lugar a declarar la existencia de cosa juzgada material con ocasión de la sentencia del 9 de agosto de la presente anualidad, motivo por el cual revoca la sentencia de primera instancia y, en su lugar, la Sala negará las pretensiones de la demanda por inexistencia de un mandato imperativo e inobjetable.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 16 de noviembre de 2018, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A” declaró que operó el fenómeno de cosa juzgada del medio de control de cumplimiento para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Folio 1 del expediente.
La Representante Legal de la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca, otorgó poder especial, amplio y suficiente a los abogados Ana María Ruan Perdomo y Andrés Felipe Pineda Villamil, para que la representaran en la acción de cumplimiento de la referencia, (folio 23 del expediente).
“Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias”. “ARTÍCULO 13. Los contratos que en adelante desarrollen proyectos de infraestructura de transporte, incluirán una cláusula en la cual se establezca la fórmula matemática que determine las eventuales prestaciones recíprocas en caso de terminarse anticipadamente por un acuerdo entre las partes o por decisión unilateral.
…
PARÁGRAFO 3o. Por ministerio de la ley, la terminación anticipada implicará la subrogación de la entidad pública responsable en los derechos y obligaciones del titular de la licencia, los permisos o las autorizaciones ambientales, títulos mineros y en general otra clase de permisos o autorizaciones obtenidos para la ejecución del proyecto de infraestructura de transporte.
Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones pendientes al momento de la terminación, sobre las cuales las partes podrán acordar quién asume la respectiva responsabilidad, o deferir dicha decisión a un tercero, haciendo uso de cualquier mecanismo alternativo de solución de conflictos.”
Folios 8 y 9 del expediente.
Folios 714 a 719.
Folios 86 a 96.
Aun cuando en la sentencia de primera instancia no se anotó ni tuvo en cuenta para la decisión, el fallo referido fue revocado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, mediante providencia del 9 de agosto de 2018, en la que se rechazó la demanda por el incumplimiento del requisito de renuencia.
Ver folios 737 a 739 del expediente de cumplimiento.
Al respecto, citó la sentencia C-319-2013, con ponencia del Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva.
Citó las sentencias del 23 de junio de 2011, rad. 2011-00140-01, con ponencia de la Magistrada Susana Buitrago Valencia y del 16 de agosto de 2018, del Magistrado Alberto Yepes Barreiro.
De conformidad con la sentencia C-157 de 1998 esta acción se “… nutre del principio constitucional de la efectividad de los derechos que es anejo al Estado Social de Derecho, pues si éste busca crear unas condiciones materiales de existencia que aseguren una vida en condiciones dignas y justas a los integrantes de la comunidad, y la acción de los poderes públicos para lograr estos propósitos se traducen en leyes y actos administrativos, toda persona como integrante de ésta, en ejercicio del derecho de participación política e interesado en que dichos cometidos materiales se realicen, tiene un poder activo para instar el cumplimiento de dichas leyes y actos, acudiendo para ello al ejercicio de una acción judicial”.
Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices.
Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-2012-00425-01(ACU). M.P. Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2006-01095-01(ACU). M.P. Mauricio Torres Cuervo
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro
Así lo ha considerado esta Corporación en diferentes pronunciamientos entre los cuales se encuentra el fallo del 19 de noviembre de 2004, Rad. 47001233100020040073501, M.P. María Nohemí Hernández Pinzón, reiterada en la sentencia 16 de agosto de 2018, M.P. Alberto Yepes Barreiro
Corte Constitucional, Sentencia C-319 del 28 de marzo de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, C.P. Mauricio Torres Cuervo, reiterada en varios pronunciamientos entre los cuales cabe destacar el fallo del 9 de agosto de 2018. Rad. 25000-23-41-000-2018-00397-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
Copia de la comunicación obra a folios 695 a 701 del cuaderno número 2 del expediente de cumplimiento.
Sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-834 de 2013 estableció que tienen por objeto “(i) facilitar el acceso a la justicia; (ii) proveer una forma más efectiva de solución a los conflictos; (iii) mejorar la capacidad de la comunidad para participar en la resolución de los conflictos; y (iv) aliviar la congestión, la lentitud y los costos de la justicia estatal formal”.
La jurisprudencia de esta Corporación, ha determinado que según la Ley 393 de 1997, “los requisitos mínimos exigidos para que la acción de cumplimiento prospere, son los siguientes: 1° Que el deber jurídico que se pretende hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art.1°). 2° Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o de un particular en ejercicio de funciones públicas, frente a las cuales de reclama su cumplimiento (arts. 5° y 6°). 3° Que se pruebe la renuencia al cumplimiento del deber, ocurrida ya sea por acción u omisión del exigido a cumplir, o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente cumplimiento (art.8°). 4° No procederá la acción cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico, salvo el caso que, de no proceder el juez administrativo, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción”. Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio, claro y directo a cargo de determinada autoridad, un deber “imperativo e inobjetable” en los términos de los artículos 5, 7, 15, 21 y 25 de la Ley 393 de 1997. Ver, entre otras, la sentencia del 10 de mayo de 2018, 47001-23-33-000-2017-00425-01, M.P. Rocío Araújo Oñate. En igual sentido se pronunció la Sala en sentencia del 6 de diciembre de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio
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