Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2019-00548-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2019-00548-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2019-00548-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
27 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción especial contencioso administrativa prevista en el artículo 71
de la Ley 388 de 18 de julio de 1997 1
Número único de radicación: 25000234100020190054801
Demandante: Luis Alejandro Sanabria Acevedo y otros
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano IDU2 y otros
Asunto: Expropiación por vía administrativa e incorrección del avalúo del bien
inmueble. Reiteración jurisprudencial
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida, en primera instancia, el 30 de junio de 2022 por la Sección
Primera Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. Luis Alejandro Sanabria Acevedo, Aura Alicia Sánchez Fonseca y Elkin Darío
Sanabria Sánchez3, en adelante la parte demandante, presentaron demanda contra
el Instituto Colombiano de Desarrollo Urbano – IDU, y la Unidad Administrativa
Especial Catastro Distrital, en ejercicio de la acción especial contencioso
administrativa prevista en el artículo 71 de la Ley 388 4.
1 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
2 Cfr. Índice 1 Samai.
3 Por conducto de apoderado
4 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
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Núm. único de radicación:25000234100020190054801
Demandante: Luis Alejandro Sanabria Acevedo
Pretensiones
2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:
[…]1. Declarar nula la resolución número No. 1415 del 19/04/2018, "por la cual se
formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisición predial",
Resolución Número 2839 del 4 de julio de 2018 que ordenó la expropiación
administrativa en favor del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU" y la Resolución Número
4117 del 4 de septiembre de 2018 que confirmo la resolución de expropiación del
inmueble ubicado en la CL 51 SUR 6A 25 de la ciudad de Bogotá D.C., identificado con
CHIP AAA0021TXJZ y matricula inmobiliaria 50S-40246854. De manera específica
solicito el restablecimiento del derecho pago de los daños y perjuicios ocasionados a
mis poderdantes, los cuales se calculan en:
A. DAÑO EMERGENTE:
A. 1. PERDIDA EFECTIVA. Hasta que sean tasados por un perito designado para el
efecto, estimo esta modalidad en la suma de CIENTO VEINTITRES MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS TREINTA PESOS MCTE
($123.559.630). Por la errónea práctica y valoración del Avalúo No. 2017-0964 del día
26 de septiembre de 2017 firmado por el avaluador MILLER OCIRIS ESCUDERO
profesional de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CATASTRO DISTRITAL. Se
relaciona el comparativo, así:
AVALUO COMERCIAL PRACTICADO POR CATASTRO DISTRITAL
AVALÚO COMERCIAL CONTRATADO POR LOS DEMANDANTES
DIFERENCIA: $123.559.630
A.2. PERDIDA EFECTIVA. Por la pérdida de una ganancia y utilidad económica con
motivo de la erogación de gastos, revisiones, reclamaciones, generados por imprevistos
en gastos de asesoría, estudios y honorarios de abogado por valor de QUINCE
MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000)
B. LUCRO CESANTE
FUTURO: PERDIDA DE UNA GANANCIA Y UTILIDAD ECONÓMICA Asimismo, como
consecuencia y resultado de los procedimientos en el Avaluó y su respectiva revisión
del mismo realizados por la Unidad Especial de Catastro Distrital y el IDU ocasionaron
daños y perjuicios materiales por deuda en compra del predio de reposición en el valor
de $42.000.000 y las construcciones, adecuaciones y mejoras por un valor de
$80.000.000 para un total de $142.000.000, por la integra indemnización de perjuicios
que les corresponde por la compra forzada del área requerida del lucro cesante por las
sumas de la condena serán debidamente actualizadas y/o indexadas con el IPC desde
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Núm. único de radicación:25000234100020190054801
Demandante: Luis Alejandro Sanabria Acevedo
la fecha de causación más los intereses moratorios respectivos equivalentes al doble
del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado como lo ordena el artículo 4º de
la Ley 80 de 1993 en el inciso último del numeral 8".[…]
Presupuestos fácticos
3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones5:
3.1. El Alcalde Mayor de Bogotá, a través del Decreto Distrital núm.275 de 2 de julio
de 2014, declaró la urgencia por razones de utilidad pública e interés social, para la
adquisición de los derechos de propiedad y demás derechos reales sobre los
terrenos e inmuebles requeridos para la ejecución de la obra Troncal Avenida
Caracas en el tramo comprendido entre la Estación Molinos, portal de Usme, y
Estación Yomasa.
3.2. El Instituto de Desarrollo Urbano -IDU expidió la Resolución 1415 de 19 de abril
de 2018, por medio de la cual formuló una oferta de compra sobre su predio ubicado
en la Calle 51 sur #6A-25 por la suma de […] CIENTO CINCUENTA Y NUEVE
MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
($159.505.732.00) MONEDA CORRIENTE, el citado valor comprende: A) La suma
de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS
MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS. ($149.366.370.00) MONEDA
CORRIENTE, por concepto de avalúo comercial de terreno y construcción. B) La
suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($3.298.862.00) MONEDA
CORRIENTE, por concepto de indemnización por daño emergente. C) La suma de
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS.
($6.840.500.00) MONEDA CORRIENTE, por concepto de Lucro Cesante […]
conforme al avaluó que realizó la Unidad Especial de Catastro Distrital 207-0959 de
26 de septiembre de 2017.
3.3. Dentro del término de enajenación voluntaria, presentó objeciones al informe
de avalúo 2017-0959 de 26 de septiembre de 2017 donde insiste que […] su predio
es esquinero y debió comparase con una casa y aportaron Cel. 3124827022 y para
5 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO PRINCIPAL FOLIOS 1 AL
337(.pdf) NroActua 2. Documento: fls.2-12
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Demandante: Luis Alejandro Sanabria Acevedo
nada se revisó, ya que IDU no envió a catastro para ser revisadas las objeciones y
el IDU dio respuesta mediante el radicado 20183250673241 de fecha 17 de julio de
2018 que no posible acceder a modificar el Informe Técnico No. 2017-0964 de
26/09/2017. Es de aclarar que el Instituto de Desarrollo Urbano NO dio traslado a la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CATASTRO DISTRITAL para que emitiera
la respuesta a la impugnación del avaluó que fue la Entidad que realizo el Avalúo
No. 2017-0964 de 26/09/2017, y el IDU desconociendo EL DERECHO A
IMPUGNACION del AVALÚO, sino que la misma Directora de Predios, los mismos
funcionario (sic) del IDU que no tiene la competencia para emitir respuesta a un
AVALUO realizado por La Unidad de Catastro Distrital se atrevieron de manera
irresponsable a EMITIR un concepto y responder un trabajo especializado e idóneo
que debió haberlo revisado por el perito de catastro, violando así la valoración al
derecho de contradicción del propietario, hoy demandante[…].
3.4. La parte demandada, ante la falta de acuerdo con el avalúo comercial que
acompañaba la oferta, expidió la Resolución núm. 2839 de 4 de julio de 2018 a
través de la cual ordenó la expropiación, por vía administrativa, del inmueble de su
propiedad identificado con la matrícula inmobiliaria 50S-40246854, decisión que fue
recurrida vía reposición por razones atribuibles al avalúo comercial que
acompañaba la oferta.
3.5. La parte demandada, a través de la Resolución 4117 de 4 de septiembre de
2018, resolvió de manera desfavorable el recurso de reposición.
Normas violadas
4. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:
• Artículos 29 y 58 de la Constitución Política
• Artículo 67 de la Ley 388 de 18 de julio de 19976.
• Artículo 399 del Código General del Proceso.
Concepto de violación
5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la
violación, así:
6 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones
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Núm. único de radicación:25000234100020190054801
Demandante: Luis Alejandro Sanabria Acevedo
5.1. Los actos expedidos por la parte demandada ocasionaron graves daños en su
patrimonio, ya que el precio indemnizatorio fijado unilateralmente por la
administración distrital no está acorde con el precio real del inmueble. Ello en razón
a que no se tuvo en cuenta la incidencia alta en la valorización de los inmuebles por
el área de influencia sobre la troncal de la caracas, vías de acceso, cercanías a la
Alcaldía de Tunjuelito, centros comerciales y el hecho de que se trataba de una casa
esquinera cuyo metro cuadrado debió ser valorado en $2.500.000 y no en
$1.050.000 como erradamente se precisó en el avalúo oficial.
5.2. La parte demandada valoró el inmueble de su propiedad, sin realizar una debida
comparación con los predios aledaños ubicados en la calle 51 sur núm. 5z-76, calle
51 sur núm., 5z-74 y calle 50 b sur núm. 5z-94, los cuales también fueron sujetos
de expropiación bajo unas condiciones de mejora en cuanto a la tasación del metro
cuadrado que ascendió a $2.500.000.
5.3. El Avalúo comercial de catastro núm. 2017-0964 de fecha 26 de septiembre de
2017 se analizó sin tener en cuenta que la construcción se realizó en el año 1996,
conforme se evidencia en la anotación 001 del folio de matrícula inmobiliaria 50S-
40246854 y que tenía una serie de mejoras que no fueron debidamente valoradas.
5.4. La parte demandada desconoció las reclamaciones 201835260591542 de 4 de
junio de 2018 y 20185261102762 de 18 de octubre de 2018, en las que solicitaba
una protección especial para su hijo, con discapacidad, Elkin Darío Sanabria e
informaba que el predio […] a la fecha de la oferta estaba en arrendamiento para un
local con canon de arrendamiento de $1.400.000 como se demuestra en los
contratos de arrendamiento […].
Contestación de la demanda
6. El Instituto de Desarrollo Urbano IDU7 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones de la parte demandante8 así:
7 Por conducto de apoderado
8Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO PRINCIPAL FOLIOS 1 AL
337(.pdf) NroActua 2. Documento: fls. 290-325
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Núm. único de radicación:25000234100020190054801
Demandante: Luis Alejandro Sanabria Acevedo
6.1. Sostuvo que el avalúo 2017-0964 de 26 de septiembre de 2017, que fijó el
precio de la indemnización, tuvo en cuenta las distribuciones, dependencias,
especificaciones constructivas, acabados y demás características del inmueble, sin
que en manera alguna se pueda probar errores o inconformidades con el mismo,
como se puede evidenciar en los folios 7 y 8 del informe elaborado por la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital de Bogotá.
6.2. Adujo que el estudio de mercado realizado en el avalúo oficial se basó en tres
ofertas que se ubicaron sobre la calle 51 sur, entre carreras 11 y 12, y se utilizaron
los métodos de comparación y de costo de reposición previstos en la Resolución
620 de 2008, que definieron el valor real del predio.
6.3. Resaltó que, durante el proceso de adquisición del predio se ha brindado
atención integral a la parte demandante, y a su núcleo familiar, en las áreas
interdisciplinarias y de apoyo, por lo que el caso fue presentado ante el “Comité de
Reasentamiento del IDU” con el fin de que validara y aprobara el reconocimiento de
los incentivos que prevé el Decreto 296 de 2003. En virtud de lo anterior, le fue
reconocido el factor de reasentamiento de emergencia por valor de $4.968.696, por
concepto del factor correspondiente al costo de la deprecación $30.150.030 y por el
factor complementario de vivienda de reposición $ 19.846.849.
6.4. Por último, propuso como excepción la de falta de legitimación en la causa por
activa respecto de los señores Aura Alicia Sánchez y Elkin Darío Sanabria, en vista
de que no figuran como propietarios del inmueble objeto de expropiación.
7. Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones de la parte demandante así:
7.1. El avalúo oficial que rindió el día 26 de septiembre de 2017 explicó con
suficiencia la descripción del predio, materiales, áreas construidas, y características,
las cuales se encuentran reflejadas en el numeral 6 del informe.
7.2. Las inquietudes formuladas por la parte demandante frente al dictamen fueron
absueltas por la entidad, puntualmente en lo relacionado con la valoración de las
rentas ocasionadas por la existencia de un restaurante, “asadero la gran fogata” el
cual fue desmentido de manera amplia y suficiente por la Unidad mediante oficio
2018EE45314 de 20 de septiembre de 2018, según alcance al traslado del derecho
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Núm. único de radicación:25000234100020190054801
Demandante: Luis Alejandro Sanabria Acevedo
de petición realizado por la parte demandante, a través de los oficios 218ER20540
y 2018ER23333, en donde se indica que el mentado establecimiento comercial ya
no funcionaba para la fecha de realización del Avalúo Oficial, hecho que se
comprobó con las fotos aportadas en el anexo del dictamen.
7.3. Las comparaciones realizadas por la parte demandante respecto de los
inmuebles que también fueron expropiados no son exactamente equiparables en
razón de la ubicación, la norma urbana y el sector catastral. Para el efecto, evidenció
que los predios que cita en la demanda se ubican en el sector 001414 Molinos del
Sur Localidad Rafael Uribe Uribe, UPZ54 Marruecos, en tanto que el inmueble
objeto del avalúo 2017-0964 no sólo se encuentra en diferente sector, Abraham
Lincoln – Localidad Tunjuelito, UPZ 62, sino que los predios se encuentran
separados por la troncal de la caracas, factor determinante en el establecimiento
del valor del terreno.
7.4. El avalúo presentado por la parte demandante de fecha 18 de julio de 2018,
presento sendas falencias en razón a que no indicó con claridad la norma
urbanística del inmueble objeto del avalúo comercial; anexó un estudio de mercado
empleando factores de homogenización atendiendo a variables de fuente, área,
ubicación y estado, los cuales no se encuentran contenidas en la normatividad
vigente en material de avalúos a nivel nacional; y las ofertas que aportó en el
dictamen no pueden ser comprobables, como quiera que no tienen dirección,
descripción del inmueble, número de teléfono o dirección web, que permita su
identificación, lo que va en contravía de lo dispuesto en el artículo 10 de la
Resolución 620 de 2008.
7.5. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa pasiva, al considerar
que las actuaciones administrativas referentes a los proyectos de obras públicas, y
a la gestión de adquisición predial no son de resorte de la entidad.
Sentencia proferida, en primera instancia
8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B,
mediante sentencia del 30 de junio de 20229, resolvió:
9 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CAUDERNO PRINCIPAL FOLIOS 1 AL
337(.pdf) NroActua 2. Documento: fls:442-462
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Núm. único de radicación:25000234100020190054801
Demandante: Luis Alejandro Sanabria Acevedo
“[…]PRIMERO. - DECLARAR, probada la excepción de "falta de legitimación en la
causa por activa" presentada por la apoderada del Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU), respecto de la señora ALICIA SÁNCHEZ FONSECA Y ELKIN DARIO
SANABRIA SÁNCHEZ, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. DECLARAR, no probada la excepción de "falta de legitimación en la
causa por pasiva", formulada por la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho incoada por el señor Luis Alejandro Sanabria Acevedo, a través de
apoderado judicial, contra el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO. ABSTENERSE DE CONDENAR en costas al señor Luis Alejandro
Sanabria Acevedo.
QUINTO. Por Secretaria, efectúese la liquidación de los gastos del proceso y
devuélvanse los remanentes, si a ello hay lugar.
SEXTO. En firme esta providencia, archívese el expediente y devuélvanse los
anexos, sin necesidad de desglose. […]
Consideraciones del Tribunal
8.1. Declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa
respecto de los señores Aura Alicia Sánchez Fonseca y Elkin Darío Sanabria, al
referir que la única persona que obra como propietaria del bien objeto de
expropiación es el señor Luis Alejandro Sanabria Acevedo, quien actúa como
persona con el derecho real del bien inmueble identificado con la matricula
inmobiliaria núm 050840246854.
8.2. Consideró que no tiene vocación de prosperidad la excepción de falta de
legitimación el causa pasiva alegada por la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital, por tratarse de la entidad quien realizó los avalúos técnicos de
acuerdo a los cuales se fijó el precio indemnizatorio cancelado a favor del titular del
dominio.
8.3. Manifestó que el avalúo oficial identificado con el número 2017-0964 de 26 de
septiembre de 2017 complementado por el 2017-0964 de 23 de octubre de 2017,
se ajustó a lo previsto en la Resolución 620 de 2008, en razón a que aplicó el método
de comparación o de mercado con la verificación de cuatro ofertas de inmuebles
semejantes e identificables ubicados en el sector donde se encontraba el predio […]
determinando la media aritmética del metro cuadrado en la suma de $1.050.000,
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Núm. único de radicación:25000234100020190054801
Demandante: Luis Alejandro Sanabria Acevedo
con valores que oscilaban entre $930.000 y $1.050.000.[…] y además tuvo en
cuenta la reglamentación urbanística vigente del inmueble, la estratificación
socioeconómica, el área, ubicación, dotación de redes de servicios públicos
domiciliarios, estructura, acabados, áreas de construcción autorizadas, la vida útil
de la construcción, y la funcionalidad del inmueble en relación con el objeto para el
cual fue construido.
8.4. Descartó la validez del dictamen aportado por la parte demandante por
encontrarse diversos errores en su valoración y en la aplicación de los métodos que
establece el Instituto Colombiano Agustín Codazzi. Para el efecto, precisó que el
valor del metro cuadrado se estimó en $1.400.000 sin aportar las ofertas que
sustentaran la aplicación de ese valor, la fuente de información, la fecha de
publicación u otros factores que permitieran su identificación posterior, situación que
fue convalidada en la audiencia de pruebas donde se indagó al perito de la parte
demandante por la fuente de información que sustentó el dictamen, a lo cual
manifestó no haberla aportado.
8.5. Advirtió que no es dable considerar una comparación positiva respecto del
inmueble ubicado en la calle 50 B sur núm. 52-08 – avalúo comercial 2017-1217, en
razón a que se sitúa en un sector donde existen locales comerciales y se encuentra
una Unidad de Reacción Inmediata, mientras que el valorado en la presente causa
es de un tránsito comercial de densidad baja, con locales comerciales desocupados
y de afluencia baja en el transporte público, tal como lo explica el testigo técnico del
Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, Néstor Andrés Villalobos Caro.
8.6. Señaló que, de la revisión de los antecedentes administrativos del proceso, se
logró verificar que la Unidad Social del IDU realizó los acompañamientos necesarios
para mitigar el impacto a la familia conformada por el señor Luis Alejandro Sanabria,
su esposa Aura Alicia Sánchez y su hijo discapacitado Elkin Darío Sanabria e hizo
reconocimientos económicos por concepto de los factores de “reasentamiento de
emergencia del año 2019” por valor de $4.968.696; “complementario”
correspondiente al costo de la depreciación conforme a los lineamientos del plan de
acción de reasentamiento y norma de desempeño año 2021, por la suma de
$30.150.030 y “complementario de vivienda de reposición” por valor de
$19.846.849.
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Núm. único de radicación:25000234100020190054801
Demandante: Luis Alejandro Sanabria Acevedo
Recurso de apelación
9. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente el recurso de apelación
contra la sentencia proferida, en primera instancia, con base en los siguientes
argumentos10:
9.1. Manifestó que la negativa adoptada por el tribunal en la audiencia de fecha 3
de marzo de 2022, en la que denegó la práctica de pruebas y de testimonios por él
solicitados, generó que sólo se otorgara valor a la declaración del ingeniero Néstor
Andrés Villalobos, quien no elaboró ni practicó el avalúo 2017-0964 ni contaba con
el criterio para para refutar el dictamen aportado en la demanda por la Empresa
SANIN AVALÚOS S.A.S.
9.2. Reiteró que el avalúo oficial practicado por el perito Miller Osiris, no tuvo en
cuenta la incidencia alta en la valoración de los inmuebles aledaños a su predio,
esto es, que se encontraba cerca de la troncal de la caracas, de la Alcaldía de
Tunjuelito, de un centro comercial y por ser una casa esquinera, el valor del metro
cuadrado debía ser mayor a la estimada en el dictamen aportado por la parte
demandada, lo que desconoce el método de comparación o de mercado previsto en
la Resolución 620 de 2008.
9.3. Manifestó que no fueron valorados los hechos que relacionó en la demanda y
que corresponden a los numerales 9, 10, 14 y 15 donde no sólo se evidenció la
vulneración de los derechos de su núcleo familiar por cuanto la única fuente de sus
ingresos correspondía al arrendamiento de su predio a establecimientos de
comercio, sino que con el escaso dinero que recibieron por concepto de la
indemnización, no encontraron ningún inmueble de las mismas condiciones y
adecuaciones al bien expropiado, tan sólo pudieron adquirir […] un predio de
reposición lote con vivienda con bloque a la vista por valor de $200.000 para pagar
a uno año a 1.5 por ciento mensual que vence el 28 de noviembre de 2019, es decir,
que se endeudaron en $42.000.000 y haciendo las adecuaciones y mejoras por
valor de $80.000.000[…]
9.4. Adujo que el reconocimiento por valor de $54.965.575 efectuado por el IDU no
corresponde a apropiaciones o a dineros públicos de esa entidad, sino que a través
10 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO PRINCIPAL FOLIOS 1 AL
337(.pdf) NroActua 2. Documento: fls:480-486
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Núm. único de radicación:25000234100020190054801
Demandante: Luis Alejandro Sanabria Acevedo
del Banco Mundial se responde por los eventos de expropiación.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
10. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) los actos
acusados; iii) cuestión previa; iv) el problema jurídico; v) el marco normativo de la
expropiación administrativa; y vi) el análisis del caso en concreto.
Competencia de la Sala
11. Vistos el artículo 15011 de la Ley 1437, sobre la competencia del Consejo de
Estado, en segunda instancia, aplicable en los términos del artículo 30812 de la Ley
1437 de 201113, sobre el régimen de transición y vigencia; y el artículo 1314 del
Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para
conocer del presente asunto, en segunda instancia.
12. Agotados los trámites inherentes a la acción especial contencioso administrativa
prevista en el artículo 71 de la Ley 388, sin que se observe causal de nulidad que
pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante.
13. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por la parte demandante en el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia proferida el 30 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de conformidad con los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de
11 “[…] Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que
se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código […]”.
12
“[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el
dos (2) de julio del año 2012. […] Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la
entrada en vigencia. […] Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el
régimen jurídico anterior […]”.
13 “Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
14 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 2024, ”por medio del cual se modifican los artículos
13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
y 90”.
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Demandante: Luis Alejandro Sanabria Acevedo
julio de 201215, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales
se contrae dicho recurso.
Actos acusados
14. Los actos acusados son los siguientes:
14.1. La Resolución núm. 1415 de 19 de abril de 201816 […]"Por la cual se formula
una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisición predial […]." expedida
por la Directora Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá
que resolvió:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO.: Determinar la adquisición del inmueble ubicado en la
CL 51 SUR 6A 25 de la ciudad de Bogotá D.C., con un área de 42,30 M2 de terreno
y un área de construcción así: Pisos 1 al 3 con área de 148,66 M2, Enramada con
área de 9 M2, Placa Volada con área de 1,07 M2 Muro Antepecho 5,56 M2,
Identificado con la cédula catastral No. 525 6A 8, CHIP No. AAA0021TXJZ y
matricula inmobiliaria No. 505-40246854, Todo de acuerdo con el Registro
Topográfico No 37516 de fecha febrero de 2017, elaborado por el área Técnica de
la Dirección Técnica de Predios, mediante el procedimiento de Adquisición de
inmuebles por enajenación voluntaria y expropiación administrativa establecido en
el capítulo VII y VIII de la ley 388 de 199. en concordancia con lo estipulado en la
Ley 1682 de 2013, con destino a la obra: Troncal Av Caracas en el tramo
comprendido entre la estación Molinos y Patio Portal de Usme.
ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la
Ley 388 de 1997, el presente acto administrativo constituye oferta de compra
tendiente a obtener un acuerdo de enajenación voluntaria, advirtiendo al actual
titular de derechos reales que si dentro del término de treinta (30) días hábiles
siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, no ha sido posible llegar a un
acuerdo formal para la enajenación voluntaria, contenido en un contrato de promesa
de compraventa o suscrito éste se incumpliere con cualquiera de sus estipulaciones
contractuales, El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO con Nit número
899.999.081-6, procederá a la expropiación por la vía administrativa mediante acto
administrativo según lo dispuesto por el artículo 68 de la citada Ley 388 de 1997.
ARTÍCULO TERCERO: La presente oferta de compra se dirige al (los) señor (a)(es)
Luis Alejandro Sanabria Acevedo Identificado(a) con Cédula de Ciudadanía
6759136, en su calidad de titular(es) del derecho de dominio del inmueble descrito
en el artículo primero anterior.
ARTÍCULO CUARTO: El Valor del precio indemnizatorio que presenta el
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, es de CIENTO SESENTA MILLONES
QUINIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS. ($160.512.910.00)
MONEDA CORRIENTE, el citado valor comprende: A) La suma de CIENTO
CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS SETENTA PESOS ($149.366.370.00) MONEDA CORRIENTE, por
concepto de avalúo comercial de terreno y construcción. B) La suma de SEIS
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS.
15 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”
16 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO PRINCIPAL FOLIOS 1 AL
337(.pdf) NroActua 2. Fls.40-54
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Demandante: Luis Alejandro Sanabria Acevedo
($6.840.500.00) MONEDA CORRIENTE, por concepto de Lucro Cesante. C) La
suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CUARENTA PESOS.
($4.306.040.00) MONEDA CORRIENTE, por concepto de Indemnización de Daño
Emergente. Para dar cumplimiento artículo 67 de la Ley 388 de 1997, en
concordancia con el articulo 61 ibidem y articulo 37 Ley 1682 de 2013 modificada
por el artículo 6 de la Ley 1742 de 2014, se anexa fotocopia del informe técnico de
avalúo comercial RT No. 37516 INFORME TÉCNICO No. 2017-0904 de 26/09/2017,
elaborado por la Unidad Administrativa de Catastro Distrital, de acuerdo con los
parámetros y criterios establecidos en la normatividad vigente.
ARTÍCULO QUINTO: FORMA DE PAGO: EI INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO, se obliga a cancelar el precio antes estipulado, así: En caso que el actual
propietario, una vez notificado del presente acto administrativo acepte el precio
indemnizatorio y suscriba promesa de compraventa para la enajenación voluntaria
de que trata el artículo 68 de la ley 388 de 1997, el pago se efectuará previa
expedición del (los) registro(s) presupuestal(es) y autorización expresa y escrita del
IDU por la suma de CIENTO SESENTA MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL
NOVECIENTOS DIEZ PESOS. ($160.512.910.00) MONEDA CORRIENTE, pago
que se realizará en la forma y términos previstos en la promesa de compraventa
respectiva, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, a la fecha en que se
radique (n) la(s) orden(es) de pago en TRANSMILENIO S.A., siempre que el (los)
propietarios (s) cumpla (n) las siguientes condiciones: 1) Legalización de la
correspondiente promesa de compraventa, 2) Presentación del certificado de
libertad y tradición actualizado, en el que conste la inscripción de la oferta de
compra; en el evento de que existan gravámenes y/o limitaciones al dominio estos
deberán levantarse previo al trámite de este pago. 3) Verificación del estado de
cuenta por la contribución de valorización y el estado de cuenta del Impuesto Predial
de los últimos cinco (5) años. 4) La entrega real y material del inmueble objeto de
adquisición al IDU. 5) La transferencia del derecho de dominio por parte de los
PROPIETARIOS al IDU o de la Posesión quieta, pacífica, regular e inscrita. En todo
caso, el desembolso de este porcentaje únicamente se realizará previa constatación
del hecho de que el inmueble objeto de compra se encuentra libre de condiciones
resolutorias, vicios, gravámenes y/o limitaciones al derecho de dominio.
PARAGRAFO PRIMERO: La transferencia del derecho de dominio y la entrega
material del inmueble se llevará a cabo por parte del (los) PROPIETARIO(S) al IDU,
dentro del término establecido para tal efecto en la respectiva promesa de
compraventa, el cual en todo caso no podrá ser superior a los 30 días hábiles
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, en caso de
incumplimiento de tal hecho se dará inicio inmediato a la expropiación por vía
administrativa según lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley 388 de 1997.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Al momento de efectuar el pago del precio
indemnizatorio efectuarán los descuentos correspondientes a impuestos, tasas y
contribuciones aplicables. contemplados en la normatividad vigente y/o Estatuto
Tributario.
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de proceder la expropiación administrativa se
descontará de la partida equivalente al Daño Emergente, el valor que tenga que
asumir el Instituto de Desarrollo Urbano por concepto de los pagos que haya
realizado con motivo del traslado de acometidas o taponamientos de servicios
públicos que hay necesidad de realizar en el predio objeto de la presente oferta,
para el efecto desde ya el titular de derecho del dominio o el poseedor regular
inscrito autoriza de manera expresa e irrevocable que se efectúe ese pago
directamente a la Empresas de Servicios Públicos correspondiente.
PARAGRAFO CUARTO: De igual manera en caso de la procedencia de la
Expropiación administrativa se descontará del rubro equivalente al Daño emergente,
el valor correspondiente al pago del impuesto de Registro, cuyo pago el Instituto
efectuará directamente a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos
correspondiente.
ARTÍCULO SEXTO: APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor total de la
adquisición se ampara en el presupuesto de TRANSMILENIO S.A., según
Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos. 1626 del 20/02/2018 y 1835 del
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28/03/2018
ARTÍCULO SÉPTIMO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la ley
388 de 1997, solicítese al señor Registrador de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Sur, proceder a inscribir la presente
resolución en el folio de matrícula inmobiliaria 505-40246854.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente resolución se notifica al titular del derecho de
propiedad, de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y contra ésta no procede recursos
de acuerdo con lo señalado en los incisos 1° del artículo 13 de la ley 9º de 1989 e
inciso 4º del artículo 61 de la ley 388 de 1997
14.2. La Resolución núm. 002839 de 4 de julio de 201817 […]"Por la cual se ordena
una expropiación por vía administrativa RT 37516 […]." expedida por la Directora
Técnica (E) de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá que resolvió:
[…]ARTICULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía administrativa en favor
del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, identificado con el Nit: 899.999.081-6 del
inmueble ubicado en la CL 51 SUR 6A 25 de la ciudad de Bogotá D.C, con un área
de 42,30 M2 de terreno y un área de construcción así: Pisos 1 al 3 con área de
148,66 M2, Enramada con área de 9 M2, Placa Volada con área de 1,07 M2 y Muro
Antepecho 5,56 M2, identificado con la cédula catastral No. 525 6A 8, CHIP No.
AAA0021TXJZ y matrícula inmobiliaria No. 505-40246854, cuyo titular del derecho
de dominio inscrito objeto de expropiación LUIS ALEJANDRO SANABRIA
ACEVEDO Identificado con Cédula de Ciudadanía […] alinderado de conformidad
con el Registro Topográfico No. 37516 de fecha febrero de 2017 y son los siguientes:
POR EL NORTE: Del punto D al punto A en línea recta con distancia de 9.05 M2;
POR EL ORIENTE: Del punto A al punto B en línea quebrada con distancia de 5.67
M2, linda con la AC 51 SUR (AV CARACAS); POR EL SUR: Del punto B al punto C
en línea recta con distancia de 6,86 M2, con propiedad privada; y POR EL
OCCIDENTE: Del punto C al punto D en línea recta con distancia de 5.35 M2, linda
con propiedad privada.
ARTÍCULO SEGUNDO VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO. - El valor del
precio indemnizatorio de la expropiación que se ordena por la presente resolución
es de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($159.505.732.00) MONEDA
CORRIENTE, de conformidad con el informe técnico de avalúo 2018-0964 RT No.
37516 del 26 de septiembre de 2017 y su complementación de fecha 23 de octubre
de 2017, elaborados por LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CATASTRO
DISTRITAL, e informe de Reconocimientos Económicos elaborado por la Dirección
Técnica de Predios del IDU de fecha 19 de junio de 2018.
PARÁGRAFO PRIMERO. Para efectos del cálculo del impuesto de Beneficencia y
de los Derechos de Registro, se establece que el valor del precio indemnizatorio del
inmueble objeto de expropiación es la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA
PESOS. ($149.366.370.00) MONEDA CORRIENTE, por concepto de avalúo
comercial de terreno; el anterior valor será el único que se deberá tener en cuenta
para todos los efectos derivados o inherentes a los costos de registro (Beneficencia)
y Derechos de Registro.
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El Instituto de Desarrollo Urbano, a título de
Indemnización por Daño Emergente reconoce la suma La suma de TRES
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
DOS PESOS ($3.298.862.00) MONEDA CORRIENTE, por concepto de
indemnización por daño emergente. C) La suma de SEIS MILLONES
17 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO PRINCIPAL FOLIOS 1 AL
337(.pdf) NroActua 2. Fls.56-63
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Demandante: Luis Alejandro Sanabria Acevedo
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS. ($6.840.500.00)
MONEDA CORRIENTE, por concepto de Indemnización de Lucro Cesante, de
conformidad con el Avalúo 2018-0964 RT No. 37516 del 26 de septiembre de 2017
y su complementación de fecha 23 de octubre de 2017, elaborados por LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL CATASTRO DISTRITAL, e informe de
Reconocimientos Económicos elaborado por la DTDP de fecha 26 de junio de 2018.
PARÁGRAFO TERCERO. - Que dentro del valor del precio indemnizatorio por
concepto de Daño Emergente se reconoce el valor a cancelar por derechos de
registro e impuesto de beneficencia del predio a adquirir por el IDU, los cuales serán
descontados y cancelados por el IDU al momento del pago del valor del precio
indemnizatorio de la expropiación a las entidades pertinentes.
PARAGRAFO CUARTO: Que la presente resolución de expropiación no implica la
aplicación del artículo 129 de la ley 142 de 1994 que establece la cesión de los
contratos de servicios públicos con ocasión a la transferencia del dominio: "En la
enajenación de bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión de todos los
contratos de servicios públicos domiciliarios, salvo que las partes acuerden otra
cosa. La cesión operará de pleno derecho, e incluye la propiedad de los bienes
inmuebles por adhesión o destinación utilizados para usar el servicio", teniendo en
cuenta que los predios adquiridos por el IDU por motivos de utilidad pública e interés
social son destinados exclusivamente a la construcción de obras de infraestructura
vial lo que implica un cambio en la naturaleza del mismo que pasa de ser un
inmueble con vocación de domicilio para convertirse en un bien de uso público
dejando por ello de ser destinatario de servicios públicos domiciliarios, motivo por el
cual continuará siendo responsable del consumo, deudas y demás cargos que se
generen hasta la cancelación de los mismos, a los señores LUÍS ALEJANDRO
SANABRIA ACEVEDO Identificado con Cédula de Ciudadanía […].
ARTICULO TERCERO.- FORMA DE PAGO.- El trámite de pago se efectuará por la
Tesorería de TRANSMILENIO S.A., previa autorización expresa y escrita de la
Dirección Técnica de Predios, una vez ésta radique la(s) orden(es) de pago así: Un
cien por ciento del valor del precio indemnizatorio, o sea la cantidad de CIENTO
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS
TREINTA Y DOS PESOS ($159.505.732.00) MONEDA CORRIENTE, el citado
valor, será puesto a disposición del señor LUÍS ALEJANDRO SANABRIA
ACEVEDO Identificado con Cédula de Ciudadanía 6759136 una vez ejecutoriada la
presente resolución y efectuados los respectivos trámites financieros.
PARÁGRAFO PRIMERO.- Si el valor del precio indemnizatorio, una vez puesto a
disposición de LUÍS ALEJANDRO SANABRIA ACEVEDO Identificado con Cédula
de Ciudadanía 6759136 por parte de la tesorería de la empresa Transmilenio S.A,
no es retirado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, este se consignará en
la entidad financiera autorizada para el efecto, de acuerdo con lo establecido en el
numeral 2º del artículo 70 de la ley 388 de 1997, remitiendo copia de la consignación
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, considerándose que de esta manera
ha quedado formalmente efectuado el pago.
PARAGRAFO SEGUNDO: Para efectos del pago del precio indemnizatorio se
efectuarán los descuentos correspondientes a impuestos, tasas y contribuciones
aplicables, contemplados en la normatividad vigente, además de la partida
equivalente al Daño Emergente, se descontará el valor que tenga que asumir el
Instituto de Desarrollo Urbano por concepto de los pagos que haya realizado con
motive del traslado de acometidas o taponamientos de servicios públicos que hay
necesidad de realizar en el predio objeto de la presente expropiación.
PARÁGRAFO TERCERO: Para el desembolso de la suma de dinero
correspondiente al único contado, se deberá verificar el estado de cuenta por la
contribución de valorización; en caso de existir saldo alguno por este concepto, se
dará aplicación a la compensación consagrada en los artículos 1714 y 1715 del
código civil colombiano.
PARÁGRAFO CUARTO. De igual manera se descontará del rubro equivalente al
Daño emergente, el valor correspondiente al pago de los derechos de registro y del
impuesto de beneficencia del predio a adquirir por el IDU, cuyo pago, el Instituto de
Desarrollo Urbano, efectuará directamente a la oficina de Registro de Instrumentos
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Núm. único de radicación:25000234100020190054801
Demandante: Luis Alejandro Sanabria Acevedo
Públicos correspondiente.
ARTICULO CUARTO, APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor total de la
adquisición se ampara en el presupuesto de TRANSMILENIO S.A., con cargo a los
certificados de disponibilidad presupuestales Nos. 201802 1626 del 20/02/2018, y
No. 201803 1835 del 28/03/2018 expedido por TRANSMILENIO S.A.
ARTICULO QUINTO. DESTINACIÓN, El inmueble referido, será destinado para la
ejecución del proyecto: Troncal Av Caracas en el tramo comprendido entre la
estación Molinos, Patio Portal de Usme y Estación Yomasa.
ARTICULO SEXTO. SOLICITUD CANCELACION OFERTA, GRAVÁMENES Y
LIMITACIONES AL DOMINIO.- Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 68 núm. 4 de la ley 388 de 1997, se ordena cancelar la anotación de
Inscripción de la Resolución 1415 del 19 de abril de 2018 "POR LA CUAL SE
FORMULA UNA OFERTA DE COMPRA Y SE DA INICIO AL PROCESO DE
ADQUISICIÓN PREDIAL", cuya inscripción se solicitó mediante oficio
20183250451811 del 21 de mayo de 2018; Igualmente se solicita la cancelación de
la inscripción de la afectación a vivienda familiar que se constituyó mediante la
escritura No. 450 de fecha 27 de febrero de 2002 de la notaría 48 de Bogotá, según
la anotación número tres (3) que obran en el folio de matrícula 505-40246854 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Sur
ARTICULO SÉPTIMO. - ORDEN DE INSCRIPCION. - De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 68 núm. 4 de la ley 388 de 1997, ORDENASE al señor
Registrador de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Centro,
inscribir la presente resolución en el folio de matrícula inmobiliaria 50S-40246854,
con lo, que se surtirán los efectos atinentes a la transferencia del derecho de dominio
en cabeza del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, identificada con el Nit:
899.999.081-6.
ARTICULO OCTAVO. ENTREGA. De conformidad con la dispuesto en el artículo
70 numeral 3 de la Ley 388 de 1997, efectuado el registro de la presente resolución
el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO exigirá la entrega del inmueble
identificada en el artículo primero, para lo cual, en caso de renuencia del expropiado,
acudirá al auxilio de las autoridades de policía.
ARTÍCULO NOVENO. - Notifíquese la presente resolución de conformidad con las
reglas establecidas en el artículo 66 y siguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo a la titular inscrita al señor LUÍS
ALEJANDRO SANABRIA ACEVEDO Identificado con Cédula de Ciudadanía […],
haciéndole saber que contra la presente solo procede el recurso de reposición,
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 69 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el artículo
76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
[…]
14.3. La Resolución núm. 004117 de 4 de septiembre de 201818 “[…] Por la cual se
resuelve un recurso de reposición […]” expedida por la Directora de Predios de la
Alcaldía Mayor de Bogotá que resolvió:
“[…]ARTICULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 002839
del 4 de Julio de 2018, por la cual se ordena una Expropiación por Vía
Administrativa.
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese la presente resolución de conformidad con las
reglas establecidas en el artículo 66 y s.s. del Código de Procedimiento
Administrativo y de la Contencioso Administrativo al señor LUIS ALEJANDRO
SANABRIA ACEVEDO, titular del derecho real de dominio, de acuerdo con las
reglas establecidas en el artículo 68 y ss del Código de Procedimiento Administrativo
18 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO PRINCIPAL FOLIOS 1 AL
337(.pdf) NroActua 2. Documento: fls.66-73
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Núm. único de radicación:25000234100020190054801
Demandante: Luis Alejandro Sanabria Acevedo
y de lo Contencioso Administrativo, informándole que contra la presente providencia
no procede recurso alguno y queda agotada la actuación administrativa, según lo
establecido en el artículo 69 de la Ley 388 de 1997[…]
Cuestión previa
Actos susceptibles de control judicial – Excepción de falta de jurisdicción
15. Vistos los artículos: i) 43, sobre actos definitivos de la Ley 1437; y ii) 100 de la
Ley 1564, en especial, el numeral 1.° y atendiendo a que esta Sección 19 ha
considerado que el acto por medio del cual la entidad pública hace una oferta de
compra para adquirir el bien inmueble previo a ordenar su expropiación no es
susceptible de control judicial:
“[…] En efecto el artículo 71 de la Ley 388 de 1997 señala que sólo pueden
controvertirse ante la jurisdicción, mediante la acción especial contencioso-
administrativa, los actos que deciden la expropiación. A propósito, esta norma
dispone:
[…]
De la literalidad de la norma transcrita se infiere, evidentemente, que la demanda ante
esta Jurisdicción procede únicamente contra el acto administrativo que decide
la expropiación.
[…]
De otro lado, es del caso señalar que los actos referentes a la oferta de compra no están
llamados a generar perjuicios al administrado, teniendo únicamente tal potencialidad
el acto administrativo de expropiación, por lo que, desde esta perspectiva, tampoco
se vislumbra el que proceda la acción incoada por la demandante contra aquellos. Así
se puntualizó por esta Sección en Sentencia de 18 de marzo de 2010, Expediente
No. 2008-00434-01, con ponencia de quien presenta esta Providencia:
De las explicaciones expuestas, considera la Sala que en la etapa de negociación
voluntaria la administración no está efectuando ningún tipo de actividad administrativa
que pueda perjudicar al administrado, pues precisamente, los términos en que se
presentan la negociación es voluntaria. Lo anterior permite concluir que el acto por medio
del cual se hace una oferta al propietario del bien inmueble que puede ser objeto de
expropiación administrativa o judicial dependiendo de las circunstancias ya reseñadas,
no genera un perjuicio alguno para el actor.
Así las cosas, le asiste razón al a quo cuando afirma que la acción especial
contencioso administrativa tendiente a obtener la nulidad y restablecimiento
del derecho o a controvertir el precio indemnizatorio, se predica en exclusiva del
acto administrativo expropiatorio en los términos del artículo 71 de la Ley 388 de 1997
[…]” (Se resalta y subraya).
19
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 29 de octubre
de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación: 2500023240002012005720201[…]”.
En el mismo sentido ver. “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;
sentencia de 23 de julio de 2015; C.P. María Claudia Rojas Lasso; número único de radicación: 15001-23-31-
000-2005-04046-01[…]”.
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18
Núm. único de radicación:25000234100020190054801
Demandante: Luis Alejandro Sanabria Acevedo
16. Por lo expuesto anteriormente, se considera que la Resolución núm. 1415 de 19
de abril de 2018 expedida por la Directora Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo
Urbano de Bogotá mediante la cual formuló oferta de compra del predio identificado con
la matricula inmobiliaria núm 050840246854, no es susceptible de control judicial, por
cuanto la acción prevista en el artículo 71 de la Ley 388 no procede contra este tipo
de actos.
17. En consecuencia, se declarará de oficio la excepción de falta de jurisdicción, de
conformidad con el numeral 1.° del artículo 100 de la Ley 156420, por tratarse de un
acto que no es demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Problema jurídico
18. Corresponde a la Sala, con fundamento en el recurso de apelación
interpuesto, determinar si: i) la parte demandada incurrió, en el avalúo oficial, en
alguna incorrección o defecto que afectara el precio indemnizatorio; y ii) si se
desconocieron las pruebas presentadas por la parte demandante encaminadas a
desvirtuar el avalúo oficial.
19. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la
nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho
solicitado y, en consecuencia, si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
20. Los problemas jurídicos planteados se desarrollarán infra, de la siguiente
manera:
Marco normativo de la expropiación administrativa
21. Visto el artículo 58 de la Constitución Política, “[…] [p]or motivos de utilidad
pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación
mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los
intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador,
20 En el mismo sentido la siguiente sentencia: “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera; sentencia de 29 de octubre de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de
radicación 25000-23-24-000-2012-00572-02 […]”.
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dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior
acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio. […]”.
22. El capítulo VIII de La Ley 388 regula la expropiación administrativa, la cual está
compuesta por varias etapas: i) la declaratoria de urgencia, de conformidad con los
artículos 63 a 65 ibidem, que indica que por motivos de utilidad pública o interés social
se puede expropiar por vía administrativa el derecho de propiedad y los demás
derechos reales sobre terrenos e inmuebles; ii) la oferta de compra, en los términos
del artículo 66 ibidem; iii) la negociación del precio; iv) la enajenación voluntaria; y v)
la decisión de expropiación, en caso de no lograrse un acuerdo en la etapa de
enajenación voluntaria, como se explicará infra.
23. Visto el artículo 66 ibidem, la decisión de expropiación por la vía administrativa
deberá tomarse a partir de la iniciación del procedimiento correspondiente, mediante
acto administrativo formal, el cual se notificará al titular del derecho de propiedad
sobre el inmueble cuya adquisición se requiera y será inscrito por la entidad
expropiante en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a su ejecutoria. Este mismo acto constituirá la oferta de
compra dirigida a obtener un acuerdo de enajenación voluntaria.
24. Visto el artículo 67 ibidem, en el acto que determine el carácter administrativo de
la expropiación, se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se
reconocerá a los propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza
para los efectos previstos en el artículo 61 ibidem21. Además, la entidad deberá
precisar las condiciones para el pago del precio indemnizatorio, las cuales podrán
prever el pago de contado o el pago entre un cuarenta (40%) y un sesenta por ciento
(60%) del valor al momento de la adquisición voluntaria y el valor restante en cinco
(5) contados anuales sucesivos o iguales, con un interés anual igual al interés
bancario vigente en el momento de la adquisición voluntaria.
25. El pago del precio indemnizatorio se podrá realizar en dinero o títulos valores,
derechos de construcción y desarrollo, de participación en el proyecto o permuta.
En todo caso el pago se hará siempre en su totalidad de contado cuando el valor de
la indemnización sea inferior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales
al momento de la adquisición voluntaria o de la expropiación.
21
Artículo 67 Ley 388.
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26. Visto el artículo 68 de la Ley 388, sobre la decisión de la expropiación, que
dispone:
“[…] Artículo 68º.- Decisión de la expropiación. Cuando habiéndose determinado
que el procedimiento tiene el carácter de expropiación por vía administrativa, y
transcurran treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del acto
administrativo de que trata el artículo 66 de la presente Ley, sin que se haya llegado
a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria contenido en un contrato de
promesa de compraventa, la autoridad competente dispondrá mediante acto motivado
la expropiación administrativa del bien inmueble correspondiente, el cual contendrá lo
siguiente:
1. La identificación precisa del bien inmueble objeto de expropiación.
2. El valor del precio indemnizatorio y la forma de pago.
3. La destinación que se dará al inmueble expropiado, de acuerdo con los motivos de
utilidad pública o de interés social que se hayan invocado y las condiciones de
urgencia que se hayan declarado.
4. La orden de inscripción del acto administrativo, una vez ejecutoriado en la
correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para los efectos de
que se inscriba la transferencia del derecho de dominio de su titular a la entidad que
haya dispuesto la expropiación.
5. La orden de notificación a los titulares de derecho del dominio u otros derechos
reales sobre el bien expropiado, con indicación de los recursos que legalmente
procedan en vía gubernativa […]”.
27. De acuerdo con las normas indicadas supra, el Estado puede adquirir el bien
inmueble por medio de una enajenación voluntaria que implica un acuerdo formal
de voluntades entre las partes; sin embargo, si esto no es posible dentro del término
de treinta (30) días hábiles, contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo
que determina que el procedimiento tiene el carácter de expropiación por vía
administrativa, la autoridad competente, mediante un acto administrativo motivado,
debe ordenar la expropiación.
28. La expropiación por vía administrativa conlleva la obligación, a cargo de la
entidad, de reconocer una indemnización justa y plena que comprenda el valor del
bien inmueble objeto de expropiación y los perjuicios toda vez que esta “[…]
constituye “[…] un instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a
todos los miembros de la colectividad y reparado de manera integral” […]” 22.
29. La Ley 388 fue reglamentada por el Gobierno Nacional por medio del Decreto
1420 de 1998, cuyas disposiciones regulan los procedimientos, parámetros y
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 6 de febrero de 2020, C.P. Dra.
Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación 08001233100019971225601.
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criterios para la elaboración de los avalúos que determinan el valor comercial.
30. Visto el artículo 2.° ibidem, el valor comercial de un inmueble es el precio más
favorable por el cual éste se transaría en un mercado donde el comprador y el
vendedor actuarían libremente, con el conocimiento de las condiciones físicas y
jurídicas que afectan el bien. En efecto, la determinación del valor comercial de los
inmuebles la debe realizar, a través de un avalúo, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que haga sus veces o las personas naturales o jurídicas de
carácter privado registradas y autorizadas por las lonjas de propiedad raíz del lugar
donde se ubiquen los bienes objeto de la valoración23.
31. Visto el artículo 20 ibidem, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad
que cumpla sus funciones y las personas naturales o jurídicas registradas y
autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo, especificarán el método
utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de las
edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal
estimación.
32. Visto el artículo 21 ibidem, para determinar el valor comercial se deben tener en
cuenta los siguientes parámetros:
“[…] La reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la
realización del avalúo en relación con el inmueble objeto del mismo.
La destinación económica del inmueble.
Para los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, el avalúo se
realizará sobre las áreas privadas, teniendo en cuenta los derechos provenientes de
los coeficientes de copropiedad.
Para los inmuebles que presenten diferentes características de terreno o diversidad
de construcciones, en el avalúo se deberán consignar los valores unitarios para cada
uno de ellos.
Dentro de los procesos de enajenación y expropiación, que afecten parcialmente el
inmueble objeto del avalúo y que requieran de la ejecución de obras de adecuación
para la utilización de las áreas construidas remanentes, el costo de dichas obras se
determinará en forma independiente y se adicionará al valor estimado de la parte
afectada del inmueble para establecer su valor comercial.
Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los
inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente una
afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de
ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse
independientemente del avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que se
dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis (6) meses.
23
Artículo 3.° Decreto 1420 de 1998.
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Cuando el objeto del avalúo sea un inmueble declarado de conservación histórica,
arquitectónica o ambiental, por no existir bienes comprables en términos de mercado,
el método utilizable será el de reposición como nuevo, pero no se descontará la
depreciación acumulada, también deberá afectarse el valor por el estado de
conservación física del bien. Igualmente, se aceptará como valor comercial de dicho
inmueble el valor de reproducción, entendiendo por tal el producir el mismo bien,
utilizando los materiales y tecnología con los cuales se construyó, pero debe tenerse
en cuenta las adecuaciones que se le han introducido.
La estratificación socioeconómica del bien […]”
33. Visto, el artículo 22 ibidem, para la determinación del valor comercial de los
inmuebles, se deberá tener en cuenta, por lo menos, las siguientes características:
34. Para el terreno:
• Aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía y forma.
Clases de Suelo: urbano, rural, de expansión urbana, suburbano y de protección.
• Las normas urbanísticas vigentes para la zona o el predio.
• Tipo de construcciones en la zona.
• La dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios
públicos domiciliarios, así, como la infraestructura vial y servicio de
transporte.
• En zonas rurales, además de las anteriores características deberá tenerse
en cuenta las agrológicas del suelo y las aguas.
• La estratificación socioeconómica del inmueble.
35. Para las construcciones:
• El área de construcciones existentes autorizadas legalmente.
• Los elementos constructivos empleados en su estructura y acabados.
• Las obras adicionales o complementarias existentes.
• La edad de los materiales.
• El estado de conservación física.
• La vida útil económica y técnica remanente.
• La funcionalidad del inmueble para lo cual fue construido.
36. Para bienes sujetos a propiedad horizontal, las características de las áreas
comunes.
37. Visto el artículo 25 ibidem, para la elaboración de los avalúos que se requieran
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con fundamento en las Leyes 9 de 1989 y 388, se deberá aplicar uno de los
siguientes métodos: el método de comparación o de mercado, el de renta o
capitalización por ingresos, el de costo de reposición o el residual.
38. En suma, para elaborar el avalúo y determinar el valor del bien inmueble objeto
de expropiación administrativa, la autoridad debe tener en cuenta la reglamentación
urbanística municipal vigente y criterios de carácter objetivo; además, este no puede
incorporar meras expectativas sino hechos ciertos y verificables.
Precio indemnizatorio justo: Reconocimiento del daño emergente y el lucro
cesante
39. Visto el artículo 58 de la Constitución Política prevé que, por motivos de utilidad
pública o de interés social definidos por el legislador, el Estado podrá adelantar una
expropiación por vía judicial o administrativa, mediante una indemnización previa,
la cual se debe fijar consultado los intereses de la comunidad y del afectado.
40. Visto el artículo 67 de la Ley 388, sobre la indemnización y forma de pago, prevé
que en “[…] el mismo acto que determine el carácter administrativo de la
expropiación, se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se reconocerá
a los propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza para los
efectos previstos en el artículo 61 de la presente ley. Igualmente se precisarán las
condiciones para el pago del precio indemnizatorio, las cuales podrán contemplar el
pago de contado o el pago entre un cuarenta (40%) y un sesenta por ciento (60%)
del valor al momento de la adquisición voluntaria y el valor restante en cinco (5)
contados anuales sucesivos o iguales, con un interés anual igual al interés bancario
vigente en el momento de la adquisición voluntaria […]”.
41. La Corte Constitucional ha considerado que la indemnización debe ser justa y
ponderar los intereses de la persona afectada y de la comunidad; asimismo, es
necesario atender el principio de igualdad para que los particulares no tengan que
soportar una carga pública desproporcionada que afecte el acceso a la propiedad.
42. En la sentencia C-476 de 2007, esa Corporación explicó que, por regla general,
la indemnización no se limita al precio del bien, toda vez que esta puede incluir los
daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la expropiación; sin embargo,
esta es diferente a la indemnización prevista en el artículo 90 de la Constitución
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Política porque el artículo 58 ibidem no se refiere a un daño antijurídico, sino a una
carga que debe soportar el particular.
43. Además, reiteró que la indemnización que procede como consecuencia de la
expropiación no se fundamenta exclusivamente en los intereses privados, toda vez
que esta debe tener en cuenta el bienestar común. Por lo tanto, en algunos casos,
cuando los intereses de la comunidad asumen una relevancia especial, la
indemnización cumple una función compensatoria; no obstante, también puede
ocurrir que los intereses de la persona afectada tengan una importancia
constitucional especial y, en este caso, la indemnización tiene una función
restitutiva.
44. La Corte Constitucional explicó en la sentencia C-1074 de 2002 las reglas
generales que rigen la indemnización, en el marco de la expropiación, así:
“[…] De lo anterior, a la luz de la Constitución y de la jurisprudencia constitucional en
la materia, se deducen las siguientes conclusiones:
1. No puede haber expropiación sin indemnización;
2. La indemnización debe ser previa al traspaso del dominio del bien del particular al
Estado;
3. La indemnización debe ser justa, es decir, debe ser fijada teniendo en cuenta los
intereses de la comunidad y del afectado y, por lo tanto, esos intereses deben ser
ponderados caso por caso. La ponderación dentro del marco legal y constitucional la
hará el juez civil en el evento de expropiación por vía judicial, y la entidad expropiante
o el juez contencioso en el evento de la expropiación por vía administrativa;
4. La función de la indemnización es, por regla general, de orden reparatorio.
Comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante. No obstante, en algunas
circunstancias, al ser consultados los intereses de la comunidad y asumir dichos
intereses un peso especial, ésta puede reducirse y cumplir tan sólo una función
compensatoria. De otra parte, en circunstancias diversas, al ser consultados los
intereses del afectado y adquirir éstos una relevancia constitucional especial, como
en el evento de la vivienda familiar y en otros que serán precisados en esta sentencia,
la indemnización puede, tanto en su monto como en su forma de pago, asumir una
modalidad que la lleve a cumplir una función restitutiva.
5. La indemnización no tiene que ser siempre pagada en dinero en efectivo, pero si se
paga la indemnización con instrumentos distintos al dinero, éstos han de reunir por lo
menos las siguientes características: i) No pueden transformar el pago de la
indemnización previa, en un pago futuro, posterior a la trasmisión del dominio del bien
expropiado; (ii) deben garantizar un pago cierto de la obligación y no meramente
simbólico o eventual; (iii) deben constituir un medio legal de pago de obligaciones, de
tal forma que realmente constituyan para el afectado una indemnización; (iv) deben
permitir que el valor de la indemnización por expropiación reconocido como justo, en
el caso concreto, se mantenga en el tiempo, si el expropiado actúa en los negocios
diligentemente; (v) deben ser libre y efectivamente negociables, a fin de garantizar
que el afectado pueda convertirlos, en dinero en el momento en que lo desee,
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25
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inclusive al día siguiente del traspaso del dominio del bien; (vi) no pueden ser
revocados unilateralmente por la entidad que los emite […]”24.
45. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia proferida el 6
de febrero de 2020, con fundamento en los artículos 21.225 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos 26 y 1727 de la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano, reiteró que la expropiación conlleva la obligación de
indemnizar plena y previamente al afectado, con el propósito de restablecer el
equilibrio. Además, esta Corporación explicó lo siguiente:
“[…] Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la decisión de expropiar un
bien del dominio privado comporta necesariamente la obligación de indemnizar el
daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin pecar por exceso o por
defecto, pues es claro que una indemnización que exceda los límites de lo justo, o
que resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de justicia consagrado
por el constituyente.
[…]
No sobra precisar que, para poder obtener la reparación de los daños accesorios que
hubieren podido consumarse con la expropiación, es indispensable que los mismos
sean ciertos y que exista necesariamente un nexo de causalidad entre ellos y la
decisión administrativa mediante la cual se decretó la expropiación.
El carácter resarcible del daño depende fundamentalmente de la certeza de su
ocurrencia, pues es claro que las lesiones de carácter hipotético o contingente no
pueden ser objeto de reparación o compensación. El agravio debe estar revestido
entonces de certeza para que produzca efectos jurídicos y dé lugar al resarcimiento,
pues todo aquello que constituya una simple conjetura o una suposición no puede dar
lugar a una indemnización. Lo anterior no obsta para que se tengan como ciertos
aquellos daños futuros que a pesar de no haberse consolidado todavía, no existe
ninguna duda acerca de su advenimiento. Para que el perjuicio exista, resulta
completamente indiferente que aquél ya se haya presentado como un hecho existente
en el plano ontológico o que aparezca como la prolongación cierta y directa de un
estado de cosas actual. Al fin y al cabo, el daño futuro no es sino una modalidad del
daño cierto, tal como lo ha sostenido, en reiteradas oportunidades esta Corporación.
En todo caso, los daños ajenos a la pérdida del derecho de dominio deben ser
acreditados en el proceso por quien reclama su resarcimiento, ya sea por tratarse de
lesiones ya causadas o de daños que, si bien no se han producido todavía, existe una
alta probabilidad en torno a su ocurrencia […]”28.
46. De acuerdo con lo expuesto, cuando la persona afectada acude a la jurisdicción
contenciosa administrativa porque, a su juicio, la indemnización no fue justa y plena,
24
Corte Constitucional C-1074 de 4 de diciembre de 2002, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
25 “[…] 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa,
por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley […]”
26
Adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969; aprobada mediante la Ley 16 de 30 de
diciembre de 1972.
27 “[…] Artículo 17. Por ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo
cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y con la condición de haya
una justa y previa indemnización […]”
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia Margoth Peña
Garzón; sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de radicación: 08001233100019971225601
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le asiste la carga de probar la existencia de los perjuicios que reclama -daño
emergente y lucro cesante- y su nexo de casualidad con el acto que dispuso la
expropiación.
Acervo probatorio
47. La Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso sub examine
son las siguientes29:
• Resolución núm. 1415 de 19 de abril de 2018 […]"Por la cual se formula una
oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisición predial […]."
expedida por la Directora Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo
Urbano de Bogotá.
• Resolución núm. 002839 de 1415 de 5 de julio de 2018 […]"Por la cual se
ordena una expropiación por vía administrativa RT 37516 […]." expedida por
la Directora Técnica (E) de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano de
Bogotá.
• Resolución núm. 004117 de 4 de septiembre de 2018 […] Por la cual se
resuelve un recurso de reposición […]” expedida por la Directora de Predios
de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
• Informe técnico de Avalúo Comercial 2017-0964 de 26 de septiembre de
2017 proferido por la Gerencia de Información Catastral- Subgerencia de
Información Económica de la Unidad Administrativa Especial Catastro
Distrital, complementado mediante oficio de 23 de octubre de 2017.
• Avalúo Comercial realizado por la firma SANIN AVALUOS S.A.S al predio
ubicado en la Calle 51 sur núm. 6ª-25, Barrio Abraham Lincoln.
• Sentencia proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Bogotá, de fecha
31 de enero de 2011 en la que declara en estado de interdicción por
discapacidad mental absoluta al señor Elkin Darío Sanabria Sánchez y se
designó como guardador a su padre Luis Alejandro Sanabria Acevedo.
• Contrato de Arrendamiento de Local Comercial suscrito el día 11 de
septiembre de 2017 entre los señores Luis Alejandro Acevedo y Rubén Darío
Delgado González ($1.200.000) por el término de seis meses (11 de
septiembre de 2017 al 11 de marzo de 2018) para hacer uso de local ubicado
en la Calle 51 sur núm. 6ª-25. (fls.163-164) (taller de mecánica y almacén de
29 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO PRINCIPAL FOLIOS 1 AL
337(.pdf) NroActua 2.
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repuestos para motocicletas).
• Contrato de Arrendamiento de Local Comercial suscrito el día 31 de
diciembre de 2016 entre los señores Luis Alejandro Acevedo y David Aurelio
Torres Monroy por valor de ($1.200.000) por el término de un año (31 de
diciembre de 2016 a 31 de diciembre de 2017)
• Declaración del testigo Néstor Andrés Villalobos Caro, contratista de la
Dirección Técnica de predios del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU
• Copia hoja 13 del avalúo 2017-1217 del predio ubicado en la Calle 50B sur
5z-08 comparativo m2 a $2.500.000.
48. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas obrantes en el expediente,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
de la Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación los problemas jurídicos planteados en el caso sub
examine.
Análisis del caso concreto
Argumentos objeto de pronunciamiento
49. De conformidad con los marcos normativos y desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
Incorrección del avalúo respecto al valor comercial de los bienes inmuebles
objeto de expropiación
50. La parte demandante indicó que el avalúo oficial no tuvo en cuenta la incidencia
alta en la valoración de los inmuebles aledaños a su predio, es decir, que se
encontraba cerca de la troncal de la caracas, de la Alcaldía de Tunjuelito, de un
centro comercial y por ser una casa esquinera, el valor del metro cuadrado debía
ser mayor a la estimada en el dictamen aportado por la parte demandada, lo que
desconoce el método de comparación o de mercado previsto en la Resolución 620
de 2008 y de contera condujo a error en el razonamiento de la indemnización.
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Demandante: Luis Alejandro Sanabria Acevedo
51. Para resolver este argumento de apelación, la Sala recuerda que la
jurisprudencia, con fundamento en la normativa que regula el asunto, ha
considerado que el precio indemnizatorio está amparado por la presunción de
legalidad al ser incorporado al acto administrativo que ordena la expropiación, por
lo tanto, la parte demandante tiene la carga de probar cuál es error o la incorrección
del avalúo oficial. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante sentencia proferida el 20 de febrero de 2020, precisó lo siguiente:
“[…] Esta Corporación ha sostenido que al haber sido incorporado el avalúo
comercial al acto administrativo, este goza de presunción de legalidad y debe
tenerse como válido, creíble y fundamentado, por lo que corresponde a quien
recurre, en este caso, demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado,
demostrando precisamente su incorrección. La Sala ha indicado sobre este
particular:
«[…] la Sala recuerda que es reiterada y pacífica la jurisprudencia de esta
Corporación en la cual se ha sostenido que el precio establecido en los actos
acusados se encuentra amparado por la presunción de legalidad y de certeza de las
decisiones de la administración, y que la misma debe ser desvirtuada a través de
los diferentes medios de prueba establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no
ocurrió en el sub lite.
Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al analizar objeciones frente
al avalúo que sirvió de fundamento para la determinación del monto de una
indemnización expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al
haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se encuentra amparado por la
misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones
de la administración, lo cual admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el proceso que el avalúo
oficial es equivocado, demostrando precisamente su incorrección”30 (negrillas
fuera de texto).
Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección 31 sostuvo que “todo lo
anterior conduce a la Sala a considerar que debe tenerse como válido, creíble
y fundamentado, el avalúo que sirvió de base a las decisiones enjuiciadas, sin
que el mismo pueda ser objeto de modificación dado que la actora, quien tenía
la carga probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo”.
De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y como lo concluyó
el juez de primera instancia, el actor no logró demostrar la incorrección del
avalúo en virtud del cual el Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo
precio de la indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no desvirtuó la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado, que lo incorporó
[…]»32 […]”33. (Destacado fuera de texto)
30
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 14 de mayo de 2009. Radicado:
2005-03509. Magistrado Ponente: Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
31
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 17 de marzo de 2011. Radicado:
2005 – 00273. Magistrada Ponente: Dra. María Elizabeth García González. Ver entre otras sentencias la 31 de mayo de 2018,
Rad.: 2008 – 0074. Magistrada Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
32
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO
SERRATO VALDÉS. Sentencia de quince (15) de agosto de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 25000-23-24-
000-2011-00196-01. Actor: Daniel Patiño Parra. Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López; sentencia de
20 de febrero de 2020; núm. único de radicación: 25000232400020110011501.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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29
Núm. único de radicación:25000234100020190054801
Demandante: Luis Alejandro Sanabria Acevedo
52. Además, la Sección Primera del Consejo de Estado ha precisado que el
dictamen pericial es la prueba idónea para acreditar la incorrección del avalúo
oficial; en la sentencia proferida el 30 de abril de 2020, indicó lo siguiente:
“[…] Con fundamento en las anteriores premisas, en nuestro ordenamiento jurídico
la prueba idónea para demostrar la incorrección del avalúo oficial que determinó el
valor comercial de un bien inmueble objeto de expropiación es el dictamen pericial
y, en consecuencia, tal y como lo estimó el a quo, el avalúo presentado por el actor
con la demanda, siendo una prueba documental, no resulta conducente para esa
finalidad […]”34.
53. La determinación del valor comercial del bien inmueble tiene un carácter técnico,
toda vez que este se fundamenta en varios criterios y parámetros como la
reglamentación urbanística municipal o distrital vigente, la destinación económica
del inmueble, los valores unitarios para cada una de las construcciones del terreno,
aspectos físicos, la clase del suelo, las construcciones en la zona, la estratificación
socio económica del bien inmueble, las construcciones existentes, entre otros;
asimismo, para establecer el valor comercial del bien inmueble debe acudirse a los
métodos previstos en la normativa.
54. En este orden de ideas, la parte demandante debe realizar un esfuerzo
probatorio para desvirtuar la corrección del avalúo oficial.
55. El artículo 67 de la Ley 388, sobre la indemnización y forma de pago, prevé que
en “[…] el mismo acto que determine el carácter administrativo de la expropiación,
se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se reconocerá a los
propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza para los efectos
previstos en el artículo 61 de la presente ley. Igualmente se precisarán las
condiciones para el pago del precio indemnizatorio, las cuales podrán contemplar el
pago de contado o el pago entre un cuarenta (40%) y un sesenta por ciento (60%)
del valor al momento de la adquisición voluntaria y el valor restante en cinco (5)
contados anuales sucesivos o iguales, con un interés anual igual al interés bancario
vigente en el momento de la adquisición voluntaria […]”.
56. La Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital, a través del Avalúo 2017-
0964 de 26 de septiembre de 2017 complementado el 23 de octubre siguiente,
determinó el valor del predio identificado con la matrícula inmobiliaria 050S
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés;
sentencia de 30 de abril de 2020; núm. único de radicación: 05001233100020030050001
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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30
Núm. único de radicación:25000234100020190054801
Demandante: Luis Alejandro Sanabria Acevedo
40246854 en $160.512.910, en los siguientes términos:
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31
Núm. único de radicación:25000234100020190054801
Demandante: Luis Alejandro Sanabria Acevedo
[…]
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32
Núm. único de radicación:25000234100020190054801
Demandante: Luis Alejandro Sanabria Acevedo
[…]
57. Respecto de la descripción, construcción, consideraciones del sector y
normatividad precisó:
3. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
3.1 DELIMITACIÓN DEL SECTOR: El sector catastral Abraham Lincoln, se ubica en la
localidad 06 Tunjuelito, limita por el Norte con la Carrera 12 (KR 12), el sector catastral
Tunjuelito (002508), por el Oriente con Avenida Caracas (CL. 51 S), Jos sectores
catastrales El Playón (001420) y Molinos del Sur (001414); por el Occidente con la
Carrera 11 Bis (KR 11 BIS), el sector catastral Área Artillería (002512), por el Sur con la
Carrera 6A (KR. 6A), el sector catastral Area Artillería (002512).
3.2 ACTIVIDAD PREDOMINANTE: El sector donde se localiza el inmueble objeto de
avalúo, se caracteriza por ser una zona de actividad residencial con presencia puntual
de comercio desarrollado principalmente en los ejes de tránsito del servicio público de
transporte. Presencia de zonas dotacionales de infraestructura de seguridad como la
Escuela de Artillería y la Cárcel La Picota, y dotacionales de salud como el Hospital
Tunjuelito II Nivel E.S.E. Unidad Ambulatoria Saludable. El Sector se encuentra
desarrollado por sistema de autoconstrucción, con edificaciones de diferentes tipologías
y alturas 1, 2, 3 y algunas hasta los 4 pisos de altura.
3.3 ACTIVIDAD EDIFICADORA En el sector e inmediaciones, en la actualidad, se
observa una actividad edificadora media, en la que se encuentran proyectos dirigidos a
la remodelación o adecuación de las construcciones existentes y a la construcción de
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algunas viviendas en algunos lotes existentes por autoconstrucción y algunos proyectos
de vivienda en urbanización de Vivienda de Interés Social
3.4 ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA: De conformidad con el Decreto Distrital
394 del 28 de julio de 2017, el sector catastral Abraham Lincoln se encuentra clasificado
dentro del estrato socioeconómico dos (2), para los predios destinados a vivienda, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de julio 11 de 1994.
3.5 VÍAS DE ACCESO. Las condiciones de acceso al sector y al predio son buenas,
debido a que el sector cuenta con vías de acceso por donde circula el transporte público
y vehicular, vías de dos carriles que en su mayoría se encuentra en regular estado de
conservación y mantenimiento, que conecta el sector con vías de la malla vial arterial y
éstas a su vez lo comunica con el sur, centro y norte de la ciudad.
La principal vía de acceso es la Avenida Caracas (CL 51 S) y la Calle 52 Sur (CL. 52 S),
vía Arterial principal y local, por la cual circula el transporte público de acceso y salida al
sector y alrededores.
3.6 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS: El sector dispone de las redes instaladas de
servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gas natural, y teléfono.
Adicionalmente, dispone de alumbrado público, servicio de aseo y recolección de
basuras.
4. REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA
Ante la suspensión provisional del Decreto 364 de 2013, Modificación excepcional del
Decreto 190 de 2004, Plan de Ordenamiento Territorial POT, por parte del Consejo de
Estado, el Ministerio de Vivienda, emitió concepto donde considera que entra en
vigencia de nuevo el Decreto 190 de 2004, que para este predio reglamenta:
[…]
4.1. USOS PRINCIPALES: Vivienda unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar
4.2. USOS COMPLEMENTARIOS: Comercio y servicios
4.3. USOS RESTRINGIDOS: Servicios de alto impacto e industria
5. DESCRIPCIÓN DEL INMUBELE
5.1. UBICACIÓN: El predio se localiza sobre la CL 51 Sur (Avenida Caracas) es de
ubicación medianero se encuentra ubicado entre la KR 6ª y la KR 7. Corresponde a una
casa de tres (3) piso de altura.
5.2. Linderos:
Norte: 9,05 m con el predio identificado con el RT 37514
Sur: 6,86 m con el predio identificado con el RT 37513
Oriente: 5,67 m con la CL S1 Sur (Avenida Caracas)
Occidente: 5,35 m con el predio identificado con el RT 37514
5.3. TOPOGRAFÍA: El predio presenta topografía con pendiente: menor al 7%, el sector
en general es de topografía con pendiente menor al 7%
5.4. FORMA GEOMÉTRICA: Irregular
5.5. FRENTE: 5.87m sobre la calle 51 sur (Avenida Caracas)
5.6. FONDO, 7.955 en promedio
5.7. AREA DE TERRENO: El área total del lote es de 42.30 m2 siendo el área a avaluar
correspondiente a la reserva vial
5.8. SERVICIOS PÚBLICOS; el predio objeto de avalúo cuenta con los servicios básicos
complementarios que disponen los predios del sector (acueducto, alcantarillado, energía
eléctrica, teléfono, gas natural y alumbrado público)
6. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONSTRUCCIÓN
6.1. DESCRIPCIÓN: Se trata de una casa de tres (3) pisos de altura, construida en
concreto destinado al uso residencial y comercial. Es una construcción, levantada
aproximadamente en el año 1986, y una edad aproximada de 31 años constatada con
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la persona que atendió la visita y verificada con el Sistema Integrado de Información
Catastral Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD.
ESTRUCTURA
CIMENTACION: Zapatas y viga en concreto
ESTRUCTURA: Concreto
CUBIERTA; Placa en concreto
ACABADOS
COCINA: Muros y pisos enchapados con baldosín en cerámica, cocina integral.
BAÑOS: En el local, tamaño pequeño, con dos servicios, enchape con tableta de
cerámica, en segundo piso tiene dos servicios y enchape altura- pecho y en zonas
húmedas, baño tercer piso enchapado en zonas húmedas, baño tercer piso enchapado
en zonas húmedas y división de ducha en acrílico
CARPINTERIA MADERA: Puertas interiores
CARPINTERIA METALICA: Marcos de puertas interiores y exteriores y ventanas
CONSERVACION: Regular
DISTRIBUCION. Primer piso: local con baño; segundo piso: sala-comedor, cocina y
baño; tercer piso; tres habitaciones y baño. Terraza y cuarto utilizado como depósito,
enramada
EDAD.31
OTRAS CONS. Una placa volada y un muro antepecho
6.2. AREA CONSTRUCCIÓN (157.66M2) que corresponden al área total construida en
tres (3) niveles:
58. La parte demandante indicó que el mentado avaluo fue rebatido con el dictamen
que aportó la Empresa SANÍN AVALÚOS S.A.S que evidencia que el valor de la
indemnización del predio identificado con la matrícula inmobiliaria 50S-40246854
debe estimarse en la suma de $272.926.000.
59. El Tribunal consideró que el dictamen allegado por la parte demandante no lográ
desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados, toda vez que se
presentaron diversas falencias que impiden darle credibilidad al avalúo de la
Empresa SANIN AVALÚOS. Precisó que el valor del metro cuadrado se estimó en
$1.400.000 sin aportar las ofertas que sustentaran la aplicación de ese valor, la
fuente de información, la fecha de publicación u otros factores que permitieran su
identificación posterior.
60. La Sala, al examinar el avalúo aportado por la parte demandante destaca los
siguientes apartes del documento:
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[…]
2. DESCRIPCION GENERAL DEL INMUEBLE
2.1. DESCRIPCION
Lote de terreno medianero con una construcción tipo casa de vivienda y comercio en el
primer nivel, de tres pisos de altura más terraza, la cual presenta en general un buen
estado de conservación y mantenimiento.
2.2. LOCALIZACION
El predio está ubicado en el sector suroriental de la ciudad de Bogotá en el barrio
ABRAHAM LINCOLN, sobre el costado occidental de la CL 51 SUR (Av. Caracas), de
acuerdo con la actual nomenclatura urbana de la ciudad de Bogotá.
2.3. SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA URBANISTICA
El inmueble y el sector cuentan con los servicios públicos de energía eléctrica.
acueducto, alcantarillado, gas natural, aseo y red telefónica.
Respecto al espacio público, cuenta con algunas pequeñas zonas verdes, las cuales
presentan un regular estado de mantenimiento y equipamiento.
Las vias en su mayoria están todas pavimentas estando en buen estado de
mantenimiento y en general presentan una adecuada señalización e iluminación
artificial. El sector cuenta con buen servicio de transporte público que se desplaza por
la AV Caracas, el inmueble se encuentra ubicado a pocos metros del paradero de la
estación de Transmilenio Molinos.
2.4. VIAS DE ACCESO
Dentro de las principales vias de acceso, están: La KR 7. CL 51 SUR, KR 9 y la CL 52
SUR, las cuales se encuentran en buen estado de mantenimiento y cuentan con sus
correspondientes, andenes, sardineles y postes de alumbrado público.
2.5. CARACTERISTICAS DEL SECTOR
La zona se caracteriza por ser un sector residencial con varios componentes como son:
Residencial unifamiliar en el sector sur, con viviendas de 40 a 50 años, donde existen
algunos sectores con construcciones tipo multifamiliares de interés social hasta cinco
pisos de altura.
[..]
3.6.ESPECIFICACION DE ACABADOS
PISOS: Cerámica
CIELORASOS: Pañete, estuco y pintura
PUERTAS INTERIORES: Madera triplex entamborada y marcos en madera color
madera para puertas interiores
COCINA: Pisos y muros enchapados con cerámica, muebles en madera y mesón en
acero inoxidable, lavaplatos en acero inoxidable.
BAÑOS: Pisos y muros en cerámica, enchapados con cerámica, aparatos sanitarios en
porcelana sanitaria
[…]
4. METODOLOGÍA VALUATORIA
4.1. MÉTODO DE COMPARACIÓN DE MERCADO
En la aplicación de este método se analizaron los indicadores de valor que refieren a
inmuebles similares al que se avalúa. En análisis y comparación se tendrán en cuenta
entre otros factores: ubicación, área, estado de las construcciones, acabados, normas
urbanisticas, equipamientos comunales y vías de acceso.
La comparación de mercado de inmuebles similares no fue posible tenerla en cuenta ya
que las muestras obtenidas corresponden a construcciones con más de 40 años y
solamente de uso residencial
4.2. MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN DEPRECIADO
Es el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de avalúo a partir de estimar
el costo total de la construcción a precios de hoy, un bien semejante al del objeto de
avalúo, y restarle la depreciación acumulada.
5. CONSIDERACIONES GENERALES
Además de lo anteriormente expuesto y con el fin de fijar el justiprecio, para la
elaboración del presente avalúo comercial, se han tenido en cuenta los siguientes
factores y consideraciones generales:
Precios de oferta de inmuebles solamente con uso residencial, donde se le incrementó
el valor por m2. en su área construida con uso comercial.
Ubicación medianera del inmueble dentro de la manzana con frente sobre vía vehicular
principal Avenida Caracas.
El vecindario inmediato conformado por construcciones similares con vetustez mayor a
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los 40 años.
Áreas de lote, área de la construcción y distribución interna arquitectónica del inmueble.
La calidad y especificaciones actuales de los terminados de la construcción, los cuales
están en buen estado.
Categoría y estratificación del sector y las vias de acceso al predio y al sector.
Servicios públicos disponibles, el inmueble posee un solo medidor para cada uno de los
servicios públicos, excepto energia, donde cuenta con dos (2) medidores, uno para el
local y otro para la vivienda.
Oferta de Servicio de transporte público inmediato con Transmilenio sobre la Avenida
Caracas.
El predio actualmente cuenta con una afectación vial según el Decreto 190 de 2004, ya
que hace parte de la Reserva vial del corredor de la Avenida Caracas.
El predio cuenta actualmente con un uso comercial en su primer piso y adicionalmente
cuenta con una terraza con placa maciza, valores agregados tenidos en cuenta en su
valor comercial.
El presente avalúo no tiene en cuenta aspectos de tipo legal de ninguna indole, tales
como titulación, embargos, afectaciones, hipotecas, etc.
6. AVALÚO COMERCIAL
CL 51 SUR No.6ª-25
61. Conforme a lo anterior, la Sala advierte que, el método de comparación o de
mercado utilizado en el dictamen aportado por la parte demandante no se ajustó a
los parámetros descritos en el artículo 10 de la Resolución 620 de 2008, en razón a
que no se verifica el análisis de las ofertas o transacciones recientes de bienes
semejantes o comparables al predio objeto de análisis, ni tampoco fueron
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clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del verdadero
valor comercial del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria
050840246854.
62. De igual manera, se evidencia que el dictamen más allá de controvertir o
desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo oficial sobre el cual se sustentó la
expedición de los actos administrativos presenta características generales
correspondientes a cualquier avalúo; razón por la cual no le asiste razon a la parte
demandante cuando precisa que no se valoró tal avalúo puesto que el mismo no
controvierte ni aporta las pruebas pertinentes que evidencien el error de la entidad
demandada.
63. Sobre el particular, esta Sección ha indicado que se presume la legalidad del
acto administrativo que incorporó el avalúo oficial, aun cuando en el informe técnico
no se precisan las operaciones o la forma como fueron calculados los valores
correspondientes, por ello la parte demandante debe aportar las pruebas para
demostrar los errores de este. En este contexto, esta Sección, mediante sentencia
proferida el 6 de febrero de 2020, expuso lo siguiente:
“[…] La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca de los avalúos
comerciales practicados por las entidades legalmente autorizadas, a efectos de fijar el
valor de la indemnización en los eventos de expropiación y ha concluido que, aun
cuando en el informe técnico no se precisen las operaciones o la forma como fueron
calculados los valores a partir de los cuales se obtuvo el precio indemnizatorio, en la
medida en que dicho precio hace parte del acto administrativo mediante el cual se
dispone la expropiación, se presume ajustado o calculado conforme a la ley y, por ende,
corresponde al interesado desvirtuar tal presunción.
En efecto, en sentencia de 14 de mayo de 2009, la Sala, sobre el particular, expresó lo
siguiente:
“[…] Observa esta Corporación que si bien en el avalúo elaborado por la Subsecretaría
de Catastro Municipal, obrante a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se anuncia que
el precio del inmueble establecido por la administración se determinó como resultado de
la aplicación del “MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO”, que “Consiste en deducir
el precio por comparación de transacciones, oferta y avalúos de inmuebles similares o
equiparables, previos ajustes de tiempo, conformación y localización entre otros”, y
aunque se asegura que “Se han consultado las estadísticas y avalúos recientes y la de
varios miembros afiliados a la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín S. A., sobre
operaciones y avalúos efectuados recientemente sobre inmuebles similares”, lo cierto
es que en ninguno de los apartes de dicho documento ni en sus anexos se señalan
cuáles fueron exactamente las operaciones inmobiliarias o los avalúos recientes
que se tuvieron en cuenta para hacer la anunciada comparación, lo cual permite
concluir que contra el justiprecio realizado por esa dependencia municipal cabrían
exactamente las mismas críticas que el apoderado del Municipio demandado formula en
su apelación contra el dictamen rendido por la perito, pues ante la ausencia de la
mencionada información, el avalúo practicado por la Subsecretaría de Catastro
Municipal también estaría desprovisto de argumentos técnicos y de apoyo
probatorio.
No obstante, lo anterior, al haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos
administrativos demandados, debe entenderse que el mismo se encuentra
amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de
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Núm. único de radicación:25000234100020190054801
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las decisiones de la administración, lo cual admite desde luego prueba en contrario.
En tales circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el proceso que el
avalúo oficial es equivocado, demostrando precisamente su incorrección50
[…].”(la Sala destaca) […]”
64. En el mismo sentido, con anterioridad a la sentencia que se cita, esta
Corporación había sostenido que con fundamento en la normativa que regula el
asunto, el precio indemnizatorio está amparado por la presunción de legalidad al ser
incorporado al acto administrativo que ordena la expropiación, por lo tanto, la parte
demandante tiene la carga de probar cuál es error o la incorrección del avalúo oficial,
así:
“[…] Sin embargo, tal y como lo estimó el a quo en la sentencia apelada, el
documento presentado por el auxiliar de la justicia designado, valga decir, el Avalúo
M-0225-03-12 del 28 de marzo de 2012, que reposa en folios 215 a 222 del cuaderno
N.o 1 del expediente, constituye un nuevo avalúo, según el cual el valor comercial
del inmueble, incluido el daño emergente, asciende a la suma de $238.878.657, sin
que en el mismo se analizara y desvirtuara el realizado por la entidad
demandada.
En efecto, como lo advirtió el Tribunal de instancia, el documento en análisis
no hizo alusión alguna a la diferencia del precio de indemnización con relación
al avalúo que se había practicado y, muchos menos, se refirió a las
conclusiones a las cuales se habían llegado.
[…]
Así pues, el avalúo no contiene un razonamiento que soporte tal diferencia de precio,
en los términos solicitados por la propia parte demandante, sujeto procesal
peticionario de la prueba.
[…]
Sobre el particular, la Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha sostenido que el precio
establecido en los actos acusado se encuentra amparado por la presunción
de legalidad y de certeza de las decisiones de la administración, y que la
misma debe ser desvirtuada a través de los diferentes medios de prueba
establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió en el sub-lite […]”
(Resaltado fuera de texto).
65. En el caso sub examine, la parte demandante no probó que el avalúo oficial
realizado por el profesional Miller Osiris Escudero Suárez es equivocado, máxime
cuando el dictamen allegado no analiza ni desvirtua los fundamentos facticos,
técnicos y de método que fueron allegados en los avaluos oficiales. En efecto, el
documento no hizo alusión a la diferencia del precio de los inmuebles con relación
al avalúo que se había realizado, la inconformidad con el método aplicado y las
conclusiones de las discrepancias encontradas.
66. De este modo, es obligación de la parte demandante demostrar en el proceso
judicial los errores que se cometieron en el avalúo por lo que no basta entonces con
que se argumente que los mismos no cumplieron con lo determinado en la norma
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Núm. único de radicación:25000234100020190054801
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para atacar la presunción de legalidad y veracidad de que goza el avalúo oficial.
Resulta indispensable que se indique el defecto en que se ha incurrido y cuál es el
impacto en el precio que se ofreció por la administración conforme las normas que
regulan la materia.
67. De la revisión del avalúo oficial 2017-0964 proferido por la Gerencia de
Información Catastral- Subgerencia de Información Económica de la Unidad
Administrativa Especial Catastro Distrital se evidenció una valoración armónica de
los diversos aspectos que rodeaban al predio tales como la construcción, las
consideraciones del sector, el comportamiento de la oferta y demanda del mercado
inmobiliario, el servicio de transporte, y a través de los métodos de comparación o
de mercado y de costo de reposición, se consolidó como valor a pagar la suma total
de $160.512.910. En efecto, se precisó sobre el particular lo siguiente:
[…]Para la determinación del valor de m² se aplicó el método de comparación o de
mercado según la Resolución 620 de 2008 IGAC ARTÍCULO 1. METODO DE
COMPARACIÓN O DE MERCADO. Es la técnica valuatoria que busca establecer el
valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de
bienes semejantes y comparables al del del objeto de avalúo. Tales ofertas o
transacciones deberán ser clasificadas, analizadas interpretados para llegar a la
estimación del valor comercial
Se realizó estudio de mercado con predios de similares características físicas del mismo
sector catastral y sectores aledaños, a los valores resultantes de m2 de terreno se les
aplica un tratamiento estadístico según lo contemplado en el artículo 11 de la Resolución
620 de 2008 del IGAC.com esta información económica, se procedió a calcular el valor
comercial del terreno del predio de la referencia:
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El valor del terreno asignado es el producto del análisis estadistico de las ofertas
encontradas en el sector y sectores colindantes, las cuales presentan caracteristicas
similares en cuanto a su ubicación o proximidad con respecto a la Avenida Caracas (CI
51 Sur), área superficiaria del terreno y que presentan una tendencia comercial, por
encontrarse sobre este eje vehicular a las cuales como se menciona anteriormente se
le descuentan el valor de las construcciones las cuales presentan diversas
caracteristicas constructivas.
Para el presente avalúo se realizó un estudio de mercado de casas y casa lotes situados
en el sector de localización, encontrándose veintiún (21) ofertas de venta en el sector y
sectores de alguna manera comparables.
Para el valor del terreno se realizó el análisis y depuración del mercado encontrando
que sobre la Avenida Caracas y en su proximidad, se encuentran 6 ofertas comparables,
con respecto a la ubicación del predio objeto de avaluo,
Realizando un análisis por medio de los integrales de terreno de dichas ofertas, se
evidenciaron valores entre $ 930.000 por m² hasta $1.060.000 por m², de las cuales se
considera que las ofertas numeros 6, 8,16, 17, 19 y 21 son las más representativas, de
las cuales se obtiene un valor de $ 1.050.000 por m2, valor que muestran el
comportamiento de los terrenos que se encuentran sobre la Avenida Caracas en la zona
y que presentan una similar condición con el predio objeto de avalúo, y su ubicación con
respecto a la Avenida Caracas. Adicionalmente vale la pena mencionar que actualmente
el comercio sobre la Avenida Caracas no es intenso, y se evidencian varios locales que
no esta en funcionamiento
7.2 PARA EL VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN:
Para la determinación del valor de la construcción se aplicó el método de Costo de
Reposición según la Resolución 620 de 2008 IGAC "ARTÍCULO 30 MÉTODO DE
COSTO DE REPOSICION. Es el que busca establecer el valor comercial del bien objeto
de avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a precios de hoy, un bien
semejante al del objeto del avalúo y restarle la depreciación. Al valor así obtenido se le
debe adicionar el valor correspondiente al terreno..." tomando como referencia la tabla
de tipologias de construcción de la UAECD, y aplicando la depreciación según la tabla
de Fitto Corvini y un estado de conservación según lo encontrado en el momento de la
visita
Luego se procedió a aplicar lo estipulado Resolución 620 de 2008 IGAC “ARTICULO 37.
Las formulas que se presentan a continuación servirán de apoyo para la mejor utilización
de los métodos valuatorio (1. Depreciación. Ecuaciones para estimar el valor del
porcentaje Pija descontar del valor nuevo. Estas formulas relacionan el porcentaje de la
vida y el estado de conservación basadas en lars tablas de Fito y Corvini... Clase 2. El
inmueble está bien conservado, pero necesita reparaciones
Los valores de reposición tomados para la edificación son valores por m2, tomados de
las tipologias constructivas de la UAECD para una construcción que presenta
caracteristicas constructivas similares o iguales las cuales son las que más se asemejan
a las características de la construcción del predio. Quedando un valor de reposición ya
depreciado por m2 de:
7.3. PARA EL VALOR DE OTRAS CONSTRUCCIONES: Para la determinación del valor
de la construcción se aplicó el método de Costo de Reposición según la Resolución 620
de 2008 IGAC "ARTICULO 3. MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN. Es el que busca
establecer el valor comercial del bien objeto de avalio a partir de estimar el costo total
de la construcción a precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avaluo, y restarle
la depreciación acumulada. Al valor asi obtenido se le debe adicionar el valor
correspondiente al terreno..." tomando como referencia presupuestos realizados, y
aplicando la depreciación según la tabla de Heidecke y un estado de conservación según
lo encontrado en el momento de la visita.
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8.CONSIDERACIONES GENERALES
Para el propósito de la valuación se analizaron los siguientes factores:
La localización del inmueble en un sector con tratamiento de consolidación con
densificación moderada, área de actividad residencial con actividad económica en la
vivienda, ubicado en zona sur de la ciudad, en el sector catastral Abraham Lincoln y en
cercania a sectores como Tunjuelito y Los Molinos.
La localización específica del inmueble con frente sobre la CL. 51 Sur (Avenida Caracas)
y cerca a la kr. 7, vias pavimentadas y en buen estado de conservación, y cerca a la
Alcaldia Local de Tunjuelito.
La destinación actual del inmueble, correspondiente a comercio en corredor comercial,
y además teniendo en cuenta el estado de conservación y mantenimiento del mismo.
La condición normativa vigente al predio, según el Decreto 190 de 2004 y Decreto 072
de 2006-UPZ 62 Tunjuelito, definiendolo en un sector de consolidación.
Las condiciones fisicas del sector, las cuales son regulares, debido a que cuenta con
vias vehiculares locales en regular estado de conservación, las que permiten una
comunicación con la Calle 53 Sur, via por la cual circula el transporte público y del
servicio de SITP de acceso y salida al sector y alrededores que conecta con las vias de
acceso a los sectores aledaños y ésta, a la zona con la Avenida Caracas, donde circula
transporte público, que comunican el sector con el resto de la ciudad.
Las características fisicas del terreno en cuanto a la forma geométrica regular, topografia
plana en un sector de topografia plana e inclinada, cabida, dimensiones, frente, entre
otras.
El espacio público y el entorno general del sector, donde se observan edificaciones con
destinación comercial.
La edad, estado de conservación, así como la tipologia propia de la construcción y sus
materiales.
El valor asignado corresponde al valor comercial de venta, entendiendo por valor
comercial aquel que un comprador y un vendedor están dispuestos a pagar y recibir de
contado o en términos razonablemente equivalentes, en forma libre y sin presiones, en
un mercado normal y abierto, existiendo alternativas de negociación para las partes.
68. Teniendo presente lo anterior, se evidencia el cumplimiento de los metodos
establecidos en la Resolución 620 de 2008 que prevén:
[…]“Artículo 1º. Método de comparación o de mercado. Es la técnica valuatoria que
busca establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o
transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al del objeto de avalúo.
Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e interpretadas para
llegar a la estimación del valor comercial.”
[…]
Artículo 3º. - Método de costo de reposición. Es el que busca establecer el valor
comercial del bien objeto de avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción
a precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y restarle la depreciación
acumulada. Al valor así obtenido se le debe adicionar el valor correspondiente al terreno.
Para ello se utilizará la siguiente fórmula:
Vc = {Ct – D} + Vt
En donde: Vc = Valor comercial
Ct = Costo total de la construcción
D = Depreciación
Vt = Valor del terreno
Parágrafo.- Depreciación. Es la porción de la vida útil que en términos económicos se
debe descontar al inmueble por el tiempo de uso, toda vez que se debe avaluar la vida
remanente del bien.
Existen varios sistemas para estimar la depreciación, siendo el más conocido el Lineal,
el cual se aplicará en el caso de las maquinarias adheridas al inmueble. Para la
depreciación de las construcciones se deben emplear modelos continuos y no los
discontinuos o en escalera. Deberá adoptarse un sistema que tenga en cuenta la edad
y el estado de conservación, tal como lo establece Fitto y Corvini, para lo cual se
presentan las ecuaciones resultantes del ajuste para los estados 1, 2, 3 y 4. (Ver capítulo
VII De las Fórmulas Estadísticas).
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“Artículo 10º.- Método de Comparación o de mercado. Cuando para la realización del
avalúo se acuda a información de ofertas y/o transacciones, es necesario que en la
presentación del avalúo se haga mención explícita del medio del cual se obtuvo la
información y la fecha de publicación, además de otros factores que permitan su
identificación posterior.
[…]Artículo 13º.- Método de Costo de Reposición. En desarrollo de este método se debe
entender por costo total de la construcción la suma de los costos directos, costos
indirectos, los financieros y los de gerencia del proyecto, en que debe incurrirse para la
realización de la obra. Después de calculados los volúmenes y unidades requeridas para
la construcción se debe tener especial atención con los costos propios del sitio donde
se localiza el inmueble.
Al valor definido como costo total se le debe aplicar la depreciación.
Parágrafo 1.-Este método se debe usar en caso que el bien objeto de avalúo no cuente
con bienes comparables por su naturaleza (colegios, hospitales, estadios, etc.) o por la
inexistencia de datos de mercado (ofertas o transacciones) y corresponda a una
propiedad no sujeta al régimen de propiedad horizontal. Parágrafo 2.-Para depreciar los
equipos especiales que posea el bien, se emplea el método lineal, tomando en cuenta
la vida remanente en proporción a la vida útil establecida por el fabricante.
69. A la luz de los parámetros citados en el avúalo se advierte la presentación y
correlación de datos, identificación de los inmuebles, estado de conservación, y
depreciación de los mismos, con los cuales se puede evidenciar con suficiencia la
justificación del valor otorgado a título de indemnización.
70. De acuerdo con lo anterior, se evidencia que la parte actora no logró desvirtuar
la presunción de legalidad contenida en el avalúo oficial con el dictamen pericial que
allegó de la EMPRESA SANÍN AVALUOS S.A.S.
71. Es preciso advertir que el dictamen pericial es el documento idoneo para
demostrar las irregularidades y falencias presentadas en el avaluó oficial, razón por
la cual las declaraciones que echa de menos la parte demandante, no tienen la
virtualidad de desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos
acusados.
72. No obstante, debe precisarse que las pruebas testimoniales pueden aclarar
algunos aspectos propios del inmueble objeto de expropiación, tal y como se
presentó con la declaración del ingeniero Andrés Villalobos, en su calidad de
contratista de la Dirección Técnica de Predios del IDU, quien explicó que el predio
que presentó la parte demandante como referencia para señalar que el precio del
metro cuadrado debió ser valorado en una suma superior, no puede ser considerado
como tal […]teniendo en cuenta que el predio ubicado en la Calle 50B Sur núm 52-
08, al cual se le realizó el avalúo comercial 2017-1217 y que se encuentra al frente
del enunciado sobre la misma avenida caracas donde se pago $2.500.000 no podria
ser tenido en cuenta como referencia, pues a pesar de que se ubica sobre la calle
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51 sur uno se encuentra al costado oriental y el otro al costado occidental que
conlleva a que se presenten diferencias diametrales frente a la densidad del
comercio. Ello en consideración a que en el costado donde se encuentra el inmueble
comparado presenta una consolidación de uso comercial de densidad alta, puesto
que en todos los predios de esa manzana existen locales comercial y se ubica una
Unidad de Reacción Inmediata mientras que en el predio objeto de litigio se
encontraba en el costado occidental en donde el uso consolidado de comercio es
menor y baja afluencia de locales comerciales […¨] de acuerdo a lo anterior, la
experticia del mentado profesional evidenció que no se presentaban equivalencias
entre el valor del metro cuadrado solicitado por la parte demandante.
73. Ahora bien, la parte demandante señala que el tribunal desconoció que fueron
vulnerados los derechos de su nucleo familiar, por cuanto la única fuente de sus
ingresos correspondía al arrendamiento del primer piso a establecimientos de
comercio y que con el escaso dinero que recibieron por concepto de indemnización,
no encontraron ningun inmueble de las mismas condiciones y adecuaciones al bien
expropiado.
74. Sobre el particular, es preciso advertir que el avalúo tuvo en cuenta los
conceptos de arrendamiento en el item -lucro cesante- cálculo de pérdida de útilidad
por renta-, los cuales fueron proyectados a futuro de conformidad con la información
que allegó la parte demandante y estimados en virtud de lo establecido en el inciso
3 del artículo 37 de la Ley 1682 de 2013 y el parágrafo 1º del artículo 18 de la
Resolución 898 de 2014 proferida por el Instituto Colombiano Agustin Codazzi.
Veamos:
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75. Así las cosas, en el presente caso, la expropiación administrativa no sólo se
limitó a establecer la indemnización del inmueble identificado bajo la matrícula
inmobiliaria 050S 40246854 sino que estimó los daños y perjuicios sufridos como
consecuencia de esta medida. De igual manera, se demostró en el plenario que el
area de restablecimiento de condiciones de la Dirección Técnica de Predios del IDU
identificó a la Unidad Social compuesta por el señor Luis Alejandro Sanabria, su
esposa, Aura Alicia Sánchez Fonseca y su hijo discapacitado, Elkin Darío Sanabria,
con la finalidad de otorgarles reconocimientos económicos por los factores de i)
reasentamiento de emergencia durante el año 2019, acto administrativo 4578 de
2019, por valor de $4.968.696; ii) complementario correspondiente al costo de
depreciación conforme al lineamiento del Plan de Acción de Reasentamiento y
Norma de desempeño No 5- IFC durante el año 2021 bajo el acto administrativo
1171 de 2021 por un valor de $30.150.030.00; y iii) complementario de vivienda de
reposición bajo acto administrativo 1171 de 2021 por un valor de $19.846. 849.00.
76. De acuerdo a lo anterior, se evidencia que el proceso de expropiación garantizó
el reconocimiento de una indemnización justa y plena en la que comprendió el valor
del bien inmueble objeto de expropiación y los perjuicios que se derivaron de ella.
77. En consecuencia, se concluye que el a quo valoró las pruebas presentadas por
la parte demandante, determinando que en el plenario no existen elementos de
prueba que demuestren que el avalúo fijado por la parte demandada fue incorrecto
y, por ende, no hay motivo para decretar la nulidad solicitada
Conclusiones
78. La Sala considera que la parte demandante no desvirtuó la presunción de
legalidad de los actos acusados; en consecuencia, se declarará de oficio la
excepción de falta de jurisdicción respecto de la Resolución núm. 1415 de 19 de
abril de 2018 expedida por la Directora Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo
Urbano de Bogotá mediante la cual formuló oferta de compra del predio identificado
con la matricula inmobiliaria núm 050840246854, por no ser objeto de control
judicial; y se confirmará en lo demás la sentencia apelada.
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Condena en costas
79. Vistos el artículo 18835 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y 365 del Código General del Proceso36, sobre la
condena en costas y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y a que
en el expediente no aparecen causadas ni probadas, la Sala no condenará en
costas a la parte demandante, en segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR PROBADA DE OFICIO LA EXCEPCION DE FALTA DE
JURISDICCIÓN respecto de la Resolución núm. 1415 de 19 de abril de 2018, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada
TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuesta en la parte motiva de esta providencia
CUARTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Ausente con excusa
Consejera de Estado Consejero de Estado
35 Adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080
36 Atendiendo a la remisión efectuada a las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del
proceso.
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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara Voto Consejero de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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