Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2019-00997-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2019-00997-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2019-00997-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
6 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Núm. único de radicación: 250002341000201900997-01
Demandantes: Flor María Espitia y Raúl Contreras Heredia en calidad de
residentes de los Conjuntos Reserva de Alcalá del Municipio de Mosquera y El
Trébol del Municipio de Mosquera (Cundinamarca)
Demandados: Municipio de Mosquera (Cundinamarca); Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca -CAR-; Empresa de Acueducto de Mosquera -
EAMOS ESP-; e Hydros Mosquera S en C.A. ESP
Asunto: Resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida
en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR contra la sentencia proferida el 10 de
noviembre de 2022 por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. Los señores Flor María Espitia y Raúl Contreras Heredia en calidad de
residentes de los Conjuntos Reserva de Alcalá del Municipio de Mosquera y El
Trébol del Municipio de Mosquera1, en adelante la parte actora, presentaron
1 La demanda fue presentada por los señores Flor María Espitia y Raúl Contreras Heredia, en calidad de
residentes de los Conjuntos Residenciales Reserva de Alcalá y Trébol Manzana 9, del Municipio de Mosquera.
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demanda, en ejercicio del respectivo medio de control, contra el Municipio de
Mosquera, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR, la Empresa
de Acueducto de Mosquera -EAMOS ESP e Hydros Mosquera S en C.A. ESP, en
adelante la parte demandada, con el objeto de que se protejan los derechos e
intereses colectivos previstos en los literales a, c, y g del artículo 4.º de la Ley 472
de 5 de agosto de 19982, presuntamente vulnerados por las entidades accionadas3.
Pretensiones
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones4:
“[…] 1. Ordenar la realización de las adecuaciones necesarias para enviar los
caudales que actualmente se aportan aI canal abierto, hacia el (sic) PTAR de
Mosquera y realizar la readecuación del canal, trasladando el box culvert hasta el
punto de inicio del humedal, lo anterior teniendo en cuenta que el canal artificial o
vallado no es una fuente natural. Y debe ser adecuado para que no se altere el
sistema hidráulico del riego en la zona.
2. Ordenar a la entidad competente una inspección completa (aguas arriba hasta su
origen en el municipio e incluyendo las tres fuentes que desembocan en el box culvert
del vallado) de las redes y canales, hasta tanto no se realicen las adecuaciones del
punto anterior y teniendo en cuenta que se presentan constantemente vertimientos
de aguas negras (sic).
3. Ordenar la implementación de medidas para monitoreo y control de los caudales
aportados al canal abierto. Hasta tanto no se realicen las adecuaciones del primer
punto y dado que no se tienen estudios técnicos de capacidad hídrica del canal, y
existe el riesgo, como se evidenció en los hechos narrados de un desbordamiento del
caudal de aguas que son aportadas al vallado.
4. Ordenar la realización de todas las acciones necesarias para iniciar la recuperación
del canal abierto, hasta tanto no se realicen las adecuaciones del primer punto,
soportados en estudios técnicos que den cuenta de cual deber (sic) ser el manejo
adecuado, teniendo en cuenta no solo consideraciones hídricas sino también las
ambientales y sociales de la comunidad afectada por los hechos narrados, y que en
conclusión sean medidas que se consideren holísticamente la afectación a la
comunidad y al medio ambiente (recuperación y reforestación complementarias al
cesamiento de los vertimientos contaminantes sobre el mismo, etc.).
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_01CUADERNO1(.pdf) NroActua
2.
2 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de
las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
3 “[…] ARTICULO 4o. DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Son derechos e intereses colectivos, entre
otros, los relacionados con:
a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias;
[…]
c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies
animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en
las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y
restauración del medio ambiente;
[…]
g) La seguridad y salubridad públicas […]”.
4
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_02CUADERNO2(.pdf)
NroActua 2.
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5. Ordenar la reapertura de las actuaciones de la CAR hasta tanto no se solucione de
fondo la problemática de contaminación por vertimientos de aguas negras (sic) y
residuales al humedal, dado que la CAR como autoridad ambiental, pese a comprobar
mediante estudios de laboratorio la afectación mencionada, no puede sencillamente
cerrar sus actuaciones desconociendo los acuerdos generados por ellos mismos para
la protección del humedal y su ecosistema.
6. Requerir a las autoridades competentes del municipio, copia dirigida al señor Juez
de estudios de: i) los estudios técnicos para la construcción del pondaje; ii) los
permisos ambientales tramitados con el objeto de la ocupación de cauces, playas y
lechos respectivos para la operación del pondaje y los demás vertimientos que se
están conduciendo al vallado y que no irían de manera natural al mismo; iii) plan de
saneamiento básico al municipio de Mosquera; iv) memorias de los estudios
realizados para el estudio del otorgamiento de las licencias de construcción de los
conjuntos Trébol Manzana 9 y Reserva de Alcalá, ubicados en las direcciones arriba
mencionadas, que les habilitó construir a tan corta distancia de un canal abierto; viii)
los diseños, estudios sociales y ambientales, así como los permisos ambientales
tramitados para la intervención realizada al canal abierto en 2015, cuando se
instalaron muros en hormigón y lonas de arena sobre el mismo canal en su costado
norte […]”.
Presupuestos fácticos
3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:
3.1. Afirmaron la existencia de un canal artificial abierto de aguas lluvias que
desemboca en el humedal Gualí. En el precitado canal depositan sus aguas tres
ductos que se conectan con una estructura de box culvert y provienen del pondaje
construido por particulares.
3.2. Adujeron la existencia de un alto nivel de contaminación de las aguas que
discurren por un canal artificial que colinda con los mencionados conjuntos
residenciales.
Actuaciones en primera instancia
4. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
profirió auto de 10 de diciembre de 2019, mediante el cual admitió la acción de la
referencia5.
5. La audiencia especial de pacto de cumplimiento se celebró el día 12 de marzo
de 2021 y se declaró fallida al no llegar a una fórmula de arreglo entre las partes.
Asimismo, en la precitada audiencia se aceptó como coadyuvante de la parte
demandante a la Personería Municipal de Mosquera.
5 Cfr. índice 5 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: 4_AUTOADMISORIO(.pdf)
NroActua 5.
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6. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
profirió auto de 6 de julio de 2022, mediante el cual corrió traslado a las partes y al
Ministerio Público para que presentaran los escritos de alegación y el concepto,
respectivamente.
Contestaciones de la demanda
7. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR6 presentó
escrito en el que se opuso a las pretensiones formuladas, toda vez que realizó varias
visitas a la zona sin que se advirtieran vertimientos de aguas residuales en el
vallado.
8. El Municipio de Mosquera7 presentó escrito en el que se opuso a las
pretensiones formuladas, así:
8.1. Adujo que no era viable adecuar el canal con el objeto de dirigirlo hacía la
PTAR Mosquera, por cuanto afectaría el ecosistema y tendría un impacto negativo
sobre el Distrito de Manejo Integrado, que comprende los humedales Gualí, Tres
Esquinas y Laguna Funzhé.
8.2. Afirmó la existencia del hecho superado respecto a las pretensiones de
inspección de aguas al canal y la implementación de medidas para monitorear y
controlar los caudales aportados al canal abierto.
9. La empresa Hydros Mosquera S. en C.A. ESP8 presentó escrito en el que
se opuso a las pretensiones formuladas y sostuvo que la empresa se encuentra en
proceso de liquidación y que, en la actualidad, no presta el servicio de acueducto y
alcantarillado, el cual es prestado, desde el 26 de abril de 2019, por la empresa
EAMOS S.A. ESP. Con fundamento en lo anterior, formuló la excepción previa de
falta de legitimación en la causa por pasiva.
10. La empresa de Acueducto de Mosquera – EAMOS ESP9 presentó escrito
en el que se opuso a las pretensiones formuladas, así:
10.1. Señaló la existencia de un hecho superado y afirmó que no era viable las
adecuaciones para enviar los caudales que, actualmente se aportan al canal abierto,
para dirigirlos a la PTAR de Mosquera, por cuanto, la capacidad hidráulica de los
6 Mediante apoderado judicial.
7 Mediante apoderado judicial.
8 Mediante apoderado judicial.
9 Mediante apoderado judicial.
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equipos de bombeo e infraestructura de la red de alcantarillado, podría ocasionar
un colapso del sistema.
11. La Personería Municipal de Mosquera10 presentó escrito en el que
manifestó que coadyuvaba las pretensiones de la demanda y, adicionalmente,
solicitó la protección del derecho a la realización de construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones por parte de la empresa
Manufacturas Silíceas y, ordenar la cesación de actividades que vulneren los
derechos colectivos invocados.
12. En la etapa de alegatos de conclusión intervinieron la empresa Hydros
Mosquera S. en C.A. ESP (en liquidación), la empresa EAMOS y la Personería
Municipal de Mosquera, que de manera general, reiteraron lo expuesto en las
contestaciones de la demanda.
13. El Ministerio Público se abstuvo de presentar concepto en esta etapa
procesal.
Sentencia proferida, en primera instancia11
14. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia proferida el 10 de noviembre de 2022, resolvió:
“[…] PRIMERO. -DECLARAR probada la excepción previa de falta de legitimación en
la causa por pasiva de la empresa Hydros Mosquera S. en C.A., de conformidad con
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. -ACCEDER a la protección de los derechos colectivos de uso y goce de
un ambiente sano, existencia de un equilibrio ecológico, manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales, desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución y derecho a la seguridad y salubridad públicas.
TERCERO. -ORDENAR al Municipio de Mosquera (Cundinamarca), adelantar las
acciones necesarias de mantenimiento del sistema de red de acueducto y
alcantarillado de aguas pluviales, especialmente el canal abierto de aguas lluvias que
desemboca en el humedal Gualí.
CUARTO. -ORDENAR a la empresa EAMOS ESP, continuar adelantando las
gestiones relacionadas con la identificación y sellamiento de conexiones irregulares
que se presenten en la red de acueducto y alcantarillado de aguas pluviales del
Municipio de Mosquera, especialmente el canal abierto de aguas lluvias que
desemboca en el humedal Gualí.
QUINTO. -ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca,
adelantar las actuaciones administrativas contra los contraventores de las normas
ambientales, como es el caso contra las personas que realicen conexiones ilegales o
10 Mediante apoderado judicial.
11Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_02CUADERNO2(.pdf)
NroActua 2.
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fraudulentas al sistema de redes de acueducto y alcantarillado del Municipio de
Mosquera Cundinamarca.
SEXTO: Por Secretaría NOTIFICAR esta sentencia a las partes en la forma prevista
en el artículo 203 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, aplicable a la actuación por remisión del artículo 44 de la ley 472 de
1998.
SÉPTIMO: En caso de no ser apelada, remítase copia de esta sentencia a la
Defensoría del Pueblo (art. 80 ley 472 de 1998) y archívese el expediente […]”.
Consideraciones del Tribunal
15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que la Sociedad
Hydros Mosquera S. en C.A. carecía de legitimación en la causa por pasiva de
forma material, toda vez que se demostró que, para el momento de la sentencia, la
mencionada sociedad no tenía funciones ni capacidad legal de ejecución de
acciones, por cuanto la escritura pública de constitución fue declarada nula y se
encuentra en estado de liquidación. En consecuencia, el Tribunal consideró que la
sociedad demandada no tenía conexión directa con los hechos que motivaron la
acción popular ni podía ejecutar acciones para la protección de los derechos e
intereses colectivos.
16. El Tribunal encontró demostrado que se están haciendo vertimientos de
aguas residuales al Canal Alcalá, lo que evidenció con las conexiones irregulares
descritas en varios de los informes y conceptos técnicos allegados al expediente
por la empresa EAMOS ESP, entidad prestadora del servicio de acueducto y
alcantarillado del Municipio. En consecuencia, consideró que se demostró la
existencia de un daño ambiental que afecta el ecosistema del canal y del humedal
Gualí, cuerpo de agua receptor de las aguas que transporta el precitado canal.
17. El Tribunal concluyó lo siguiente:
“[…] queda evidenciado que las aguas que cursan por el canal "Alcalá" y por ende por
la red de alcantarillado de aguas pluviales de la zona donde se ubican los conjuntos
Reserva de Alcalá y Trébol manzana 9, han venido siendo contaminados con aguas
residuales, generadas por conducto de malas prácticas por parte de los habitantes
del municipio, sobre todo por personas que realizan actividades comerciales, las
cuales prestan sus servicios cerca de donde cursa el cauce del canal.
Ante dicha eventualidad se demuestra la vulneración de los derechos colectivos
invocados por los accionantes en el escrito de demanda, puesto que, la
contaminación de las aguas, puede producir efectos nocivos en la salud de los
habitantes que viven en cercanías al canal, que para el caso concreto es la población
que habita en los conjuntos residenciales antes señalados, ya que la distancia que
separa al canal de dichos inmuebles es de tres metros, de igual manera es de gran
preocupación que los efectos nocivos como el olor y que la composición de estas
aguas puede afectar a personas o sujetos de especial protección constitucional como
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Núm. único de radicación: 250002341000201900997-01
lo son los niños, personas con enfermedades terminales, personas con discapacidad
o adultos mayores […]”.
Recurso de apelación12
18. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR13 presentó
escrito de 2 de diciembre de 2022, mediante el cual interpuso y sustentó
oportunamente, recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera
instancia, con base en los siguientes argumentos:
19. Sostuvo que de conformidad con lo previsto en el artículo 5.º de la Ley 1333
de 21 de julio de 200914, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –
CAR, no es la autoridad competente para sancionar las infracciones relacionadas
con la prestación de los servicios públicos domiciliarios, concretamente, en lo
relacionado con el servicio de alcantarillado.
20. Afirmó que el artículo 2.2.3.3.4.18 del Decreto 1076 de 26 de mayo de 201515,
sobre la responsabilidad del prestador del servicio público domiciliario de
alcantarillado, establece que corresponde al prestador del servicio informar a la
autoridad ambiental sobre el incumplimiento de la norma de vertimiento al
alcantarillado público, por parte del usuario y/o suscriptor, sin que en el caso
concreto, la Empresa de Servicios Públicos EAMOS ESP haya informado a la
autoridad ambiental sobre el precitado incumplimiento.
21. Aseguró que el vallado o canal artificial Alcalá no es administrado por la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR, toda vez que, a juicio de
la apoderada, se trata de un canal artificial construido para conducir aguas lluvias.
Por lo anterior, afirmó que ese canal hace parte del espacio público y corresponde
al Municipio de Mosquera su vigilancia y no a la autoridad ambiental, según lo
previsto en el artículo 5.º del Decreto 1504 de 4 de agosto de 199816.
22. Finalmente, solicitó modificar el ordinal quinto de la sentencia proferida, en
primera instancia, en el sentido de ordenar a la Empresa de Acueducto del Municipio
de Mosquera EAMOS ESP que dé cumplimiento a lo establecido en el parágrafo del
artículo 2.2.3.3.4.18 del Decreto 1076.
12 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_02CUADERNO2(.pdf)
NroActua 2.
13 Mediante Apoderada judicial.
14 “[…] Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones […]”.
15 “[…] Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible […]”.
16 “[…] Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial […]”.
Compilado en el artículo 2.2.3.1.5 del Decreto 1077 de 26 de mayo de 2015 “[…] Por medio del cual se expide
el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio […]”.
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Concesión del recurso de apelación
23. El Magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
profirió auto de 23 de enero de 202317, mediante el cual concedió el recurso de
apelación presentado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -
CAR contra la sentencia proferida, en primera instancia.
Actuaciones en segunda instancia
24. El Despacho sustanciador profirió auto de 26 de mayo de 2023 mediante el
cual ajustó el efecto en el que el Tribunal concedió el recurso de apelación y, en
auto de 9 de abril de 2024 admitió el recurso de apelación interpuesto por la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR contra la sentencia
proferida el 10 de noviembre de 2022 por la Subsección B de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
25. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de los
derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano y a la existencia del
equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo
a la seguridad y salubridad públicas; y vi) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
26. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 201918, sobre la distribución de asuntos entre las secciones del Consejo
de Estado; y iii) el 15019 de la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado,
en segunda instancia; esta Sección es competente para conocer, en segunda
instancia, de los recursos de apelación que se presenten contra las sentencias
17 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_02CUADERNO2(.pdf)
NroActua 2
18 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado
19 Artículo modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 y por el artículo 26 de la Ley 2080.
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proferidas, en primera instancia, por los Tribunales Administrativos en el trámite de
las acciones populares.
27. Vistos los artículos 32020 y 32821 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 22,
norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley 472, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se
contrae el recurso interpuesto por la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca – CAR.
28. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.
Problema jurídico
29. La Sala deberá determinar, con fundamento en el recurso de apelación:
29.1. Si la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR es
competente para conocer de los procesos administrativos sancionatorios
ambientales contra las personas que realizan conexiones irregulares y vierten
aguas residuales al Canal Alcalá del Municipio de Mosquera, el cual arroja sus
aguas al Humedal Gualí.
29.2. Y, en ese sentido, establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia proferida el 10 de noviembre de 2022 por la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
30. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
20 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
21 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
22 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
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públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
31. Visto el artículo 2.° de la Ley 472, que define las acciones populares como
“[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos
[…]” que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
32. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.
33. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.
34. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […] ”23.
35. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).
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Núm. único de radicación: 250002341000201900997-01
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de los derechos e intereses
colectivos al goce de un ambiente sano y a la existencia del equilibrio
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales
Marco normativo internacional en materia de Derecho Ambiental
36. En el orden internacional existen una serie de instrumentos normativos que
forman parte del derecho ambiental y tienen por objeto proteger el ambiente y los
recursos naturales.
37. Dentro de los primeros instrumentos se encuentran la Declaración de
Estocolmo, adoptada en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el
Medio Humano, el 16 de junio de 1972, y la Carta Mundial de la Naturaleza,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio de la
Resolución 37/7 de 1982 “[…] como norma ética con respecto a la protección del
medio humano y a la conservación de los recursos naturales […]”.
38. Con la formación del nuevo orden jurídico internacional ambiental, los
principios se encuentran en la Declaración de Río de Janeiro, adoptada el 14 de
junio de 1992, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, la cual establece en su preámbulo, que su objeto es
instituir una alianza mundial y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de
cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las
personas; y procurar alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los
intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo
mundial y, en la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible que
tiene fundamento en los principios de los Derechos Humanos universales y tiene
por objeto impulsar el desarrollo sostenible desde diversas perspectivas
(económica, social y ambiental).
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39. Los principios de la Declaración de Río de Janeiro se aplican en el
ordenamiento jurídico colombiano, por virtud de lo dispuesto en el artículo 9.º de la
Constitución Política, según el cual “[…] [l]as relaciones exteriores del Estado se
fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los
pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados
por Colombia […]”; al igual que lo señalado en el artículo 226 ibidem dado que el
Estado colombiano debe promover la internacionalización de las relaciones
ecológicas sobre las bases de la equidad, reciprocidad y conveniencia y, por cuanto
los aceptó como vinculantes por virtud de lo dispuesto en el numeral 1.º del artículo
1.º de la Ley 99.
Tratados internacionales
40. En este mismo sentido, se tienen una serie de tratados internacionales
fundamentales con vocación universal, con el objeto de proteger el medio ambiente
y los recursos naturales, como la Convención de Viena para la protección de la capa
de ozono24; la Convención sobre diversidad biológica25; la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático26 y el Convenio de Basilea sobre el control
de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación 27;
tratados internacionales que han sido complementados por una serie de protocolos,
enmiendas y acuerdos, entre los cuales se pueden mencionar el Protocolo de
Montreal28 de 1986 relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono; el
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la
Diversidad Biológica, hecho en Montreal, el 29 de enero de 2000 29; el Protocolo de
Kioto30 de 1997 relacionado con la reducción de las emisiones de gases de efecto
24 Adoptada el 22 de marzo de 1985, aprobada por el Congreso Nacional, mediante la Ley 30 de 1990, con
decreto de promulgación núm. 114 de 1992 y en vigor para Colombia desde el 14 octubre 1990.
25 Adoptada el 5 de junio de 1992, aprobada por el Congreso Nacional, mediante la Ley 165 de 9 de noviembre
de 1994, declaradas exequibles por la Corte Constitucional por medio de la Sentencia C- 519 de 1994.
26 Adoptada el 9 de junio de 1992, aprobada por el Congreso Nacional, mediante la Ley 164 de 1994, declaradas
exequibles por la Corte Constitucional por la Sentencia C-073 de 1995, promulgada por el Decreto 2081 de
1995 y en vigor para Colombia desde el vigor 22 de marzo de 1995.
27 Adoptada el 16 de septiembre de 1989, aprobada por el Congreso Nacional mediante la Ley 253 de 9 de
enero de 1996, declarados condicionalmente exequibles por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-
377 de 1996, promulgado por el Decreto 2061 de 1999 y en vigor para Colombia desde el 31 de marzo de 1997.
28 Aprobado por Colombia mediante la Ley 29 de 28 de diciembre de 1992. Declarados exequibles por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-379 de 1993. Este instrumento comprende las enmiendas: i) Enmienda de
Londres de junio 29 de 1990; ii) Enmienda de Copenhague de 25 de noviembre de 1992; iii) Enmienda de
Montreal de 17 de septiembre de 1997; iv) Enmienda de Beijing de 3 de diciembre de 1999.
29 Su aprobación se surtió por medio de la Ley 740 de 24 de mayo de 2002, promulgada por el Decreto 132 de
21 de enero de 2004 y declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-071 de 2003.
30 Colombia aprobó el Protocolo de Kioto mediante la Ley 629 de 27 de diciembre de 2000, declarados
exequibles por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-860 de 15 de agosto de 2001 y en vigor para
Colombia.
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invernadero que causan calentamiento global, y el Acuerdo de París de 2015 31,
instrumentos que tienen vocación de universalidad.
Marco constitucional, legal y desarrollo jurisprudencial en materia de derecho
ambiental
41. La Constitución Política de 1991 es una Constitución Ecológica comoquiera
que más de 30 disposiciones Constitucionales desarrollan la materia, entre las
cuales se destacan los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95 que prevén: i) la obligación del
Estado y de las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación; ii) la
función ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar de un ambiente sano y el
deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando
las áreas de especial importancia ecológica y fomentando la educación para el logro
de estos fines; y iv) el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Así como de prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.
42. Estos preceptos previamente referidos concentran los atributos principales
en relación con el medio ambiente que se manifiestan en otros artículos
constitucionales, de ahí que el análisis de este bien jurídico superior se efectúe
desde tres perspectivas: i) como un derecho de las personas; ii) un servicio público;
y iii) un principio que permea el ordenamiento jurídico en su integridad, dado que
asigna facultades e impone compromisos a las autoridades así como a los
particulares, en aras de su protección adquiriendo, de esa forma, un carácter de
objetivo social.
43. El marco legal en materia ambiental encuentra sus inmediatos orígenes en la
Ley 23 de 19 de diciembre de 197332 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de
197433, cuyos artículos 1.° y 2.°, establecen respectivamente que i) el medio
ambiente es un patrimonio común cuya preservación y manejo es una obligación
exigible al Estado y a los particulares y ii) el Código de Recursos Naturales y
Protección al Medio Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación
y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional
31 Adoptado el 12 de diciembre de 2015, aprobado por Colombia mediante la Ley 1844 de 14 de julio de 2017
y declarados exequibles por la Corte Constitucional por medio de la sentencia C-021 de 2018.
32 Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de
Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.
33 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
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de los recursos naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos
de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos
y regular la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva así como la
actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que emanan del
aprovechamiento y conservaciones del medio ambiente.
44. La Ley 99 prevé como principios que la política ambiental debe seguir
haciendo remisión específica a los postulados universales y de desarrollo sostenible
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio
Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, procura la protección de la biodiversidad en
Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad, el derecho de los
seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza,
resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en cuenta el
resultado del proceso de investigación científica.
45. Acerca del medio ambiente sano como derecho colectivo, la Corte
Constitucional34 ha resaltado su importancia "[…] ya que los derechos colectivos y
del ambiente no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos
por el interés universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados
derechos humanos de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las
generaciones que están por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene
derecho a que se le conserve, el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la
dignidad del hombre como sujeto universal del derecho […]”.
Marco normativo del Sistema Nacional Ambiental –SINA-
46. La Ley 99 creó el Sistema Nacional Ambiental - SINA, como el conjunto de
orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que
permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales35.
47. En efecto, de acuerdo con el artículo 4.º ibidem, el Sistema Nacional
Ambiental está integrado por los principios y orientaciones generales contenidos en
la Constitución Política, en la Ley 99 y en la normativa ambiental que la desarrolle;
por la normativa relacionada con el medio ambiente; por las entidades del Estado
responsables de la política y de la acción ambiental; por las organizaciones
comunitarias y no gubernamentales relacionadas con la problemática ambiental; las
34 H. Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el
Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera, 18
de octubre de 2017.
35 Artículo 4.º de la Ley 99.
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fuentes y recursos económicos para el manejo y la recuperación del medio
ambiente; y por las entidades públicas, privadas o mixtas que realizan actividades
de producción de información, investigación científica y desarrollo tecnológico en el
campo ambiental.
48. Los componentes institucionales del Sistema Nacional Ambiental –SINA-, en
orden jerárquico, son el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las
corporaciones autónomas regionales, los departamentos, los distritos y los
municipios. En efecto, en la Ley 99, se establecieron funciones y competencias a
cargo de cada una de estas entidades, en relación con la protección del medio
ambiente.
49. Respecto a las Corporaciones Autónomas Regionales tienen como objeto la
ejecución de políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y
recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible36. De conformidad con los
numerales 4.º, 7.º y 24 del artículo 31 de la Ley 99, en el Sistema Nacional Ambiental
–SINA-, estas entidades ejercen, las siguientes funciones:
49.1. Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos
de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y
entidades integradas del Sistema Nacional Ambiental –SINA- en el área de su
jurisdicción y en especial, asesorar a los departamentos, distritos y municipios de
su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en
sus programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia
de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales.
49.2. Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales adscritos
y vinculados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como con las
entidades de apoyo técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental –SINA-,
estudios e investigaciones en materia de medio ambiente y recursos naturales
renovables.
49.3. Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las
entidades de investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que
36 Artículo 30 Ley 99
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forman parte del Sistema Nacional Ambiental –SINA- y prestar asistencia técnica a
entidades públicas y privadas y a los particulares, acerca del adecuado manejo de
los recursos naturales renovables y la preservación del medio ambiente, en la forma
que lo establezcan los reglamentos y de acuerdo con los lineamientos fijados por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
50. En cuanto al alcance de las responsabilidades de las corporaciones
autónomas regionales, en los términos del artículo 31 de la Ley 99, numerales 2.°,
4.°, 6.°, 8.°, 9.°, 10°, 12.°, 17.°, 18.°, 20.° y 26.°, se tiene que aquellas autoridades
están facultadas para: ejercer funciones de vigilancia y control; imponer y ejecutar
las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las
normas de protección ambiental; asesorar a las entidades territoriales en la
elaboración de proyectos en materia ambiental, y ejecutar, administrar, operar y
mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de
desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para
la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio
ambiente.
Los humedales como bienes de especial importancia ecológica
51. En relación con los humedales como bienes de especial importancia
ecológica, su definición y tipos de humedales, la Sala reitera las consideraciones
expuestas por esta Sección en sentencia de 21 de junio de 201837.
52. Visto el artículo 1 de la Ley 35738 de 21 de enero de 199739, establece que
los humedales son “[…] las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o
superficies cubiertas de agua, sean éstas de régimen natural y artificial,
permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas,
incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no
exceda de seis metros […]”. Asimismo, debe tenerse en cuenta que los humedales
no solo están conformados por el cuerpo de agua o zona de inundación, sino por
áreas de transición tales como la ronda hídrica y la zona de manejo y preservación
ambiental.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de junio de
2018, proceso identificado con el NUR. 250002324000201300008-01. C.P. doctor Hernando Sánchez Sánchez.
38 En estos mismos términos el artículo 1.º del Decreto 2052 de 15 de octubre de 1999 “Por el cual se promulga
la "Convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves
acuáticas", se refiere a los humedales.
39 Por medio de la cual se aprueba la “Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional
Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas”, conocida como la “Convención de Ramsar”. Declaradas
exequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-582 de 13 de noviembre de 1997, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo, expediente LAT-101. En vigor para el Estado Colombiano desde el 10 de
noviembre de 1999.
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53. Inicialmente se tiene que la Convención Relativa a los Humedales de
Importancia Internacional, Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, le
atribuye a los humedales su importancia ecológica por cuanto sirven precisamente
como hábitats de aves acuáticas. Sin embargo, los estudios científicos han
permitido concluir que los humedales cumplen otras funciones relacionadas con el
equilibrio de los micro y macro ecosistemas por cuanto son cuna de diversidad
biológica y fuentes de agua y productividad primaria de las diversas especies
vegetales y animales que dependen de ellos para subsistir.
54. En ese mismo sentido, la Convención ha señalado que los humedales son
indispensables por los innumerables beneficios o servicios ecosistémicos que
brindan a la humanidad, desde el suministro de agua dulce, alimentos y materiales
de construcción y biodiversidad, hasta control de crecidas, recarga de aguas
subterráneas y mitigación del cambio climático.
55. De igual forma, la Convención de Ramsar ha adoptado un Sistema de
Clasificación de Tipos de Humedales que incluye 42 tipos, agrupados en tres
categorías: humedales marinos y costeros, humedales continentales y humedales
artificiales40. Actualmente se conocen cinco categorías de humedales, entre las
cuales se resaltan: i) los humedales marinos (humedales costeros, inclusive lagunas
costeras, costas rocosas y arrecifes de coral); ii) los humedales estuarinos; incluidos
deltas, marismas de marea y manglares; iii) los humedales lacustres, asociados con
los lagos; iv) los humedales ribereños, adyacentes a ríos y arroyos; y v) los
humedales palustres; es decir, “pantanosos” - marismas, pantanos y ciénagas.
56. Además, existen humedales artificiales, como por ejemplo los estanques de
cría de peces y camarones, estanques de granjas, tierras agrícolas de regadío,
depresiones inundadas salinas, embalses, estanques de grava, piletas de aguas
residuales y canales.
Marco normativo internacional sobre los humedales
Convención de Ramsar
57. Preocupados por el futuro de los humedales en el mundo, los Estados, las
ONG, así como ambientalistas de diferentes países, solicitaron durante la
Conferencia MAR41, organizada en 1962, la creación de un tratado internacional
40 Cfr. "Ramsar Classification System for Wetland Type", Annex I of the Information sheet.
41 O de MARshes, MARécages, MARismas
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para su protección y conservación, así como la elaboración de una lista de
humedales de importancia internacional.
58. Así pues, dieciocho Estados acordaron la “Convención relativa a los
Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves
Acuáticas”, adoptada el 3 de febrero de 1971; sin embargo, solo hasta diciembre de
1975 el Convenio pudo entrar en vigor cuando se oficializó ante la Unesco42. Desde
su adopción ha sido enmendada en dos ocasiones: por un protocolo (un nuevo
tratado que enmienda el tratado original) en diciembre de 198243 y por una serie de
enmiendas al tratado original, conocidas como las “Enmiendas de Regina”, de
198744, convirtiéndose en el primero de los tratados modernos de carácter
intergubernamental sobre conservación y uso sostenible de los recursos
naturales45.
59. Es importante resaltar que los Estados Contratantes de la Convención deben
aceptar cuatro compromisos principales, a saber: i) inscripción de sitios en la lista46;
ii) uso racional47; iii) reservas y capacitación48 y iv) la cooperación internacional49.
En desarrollo de lo anterior, los Estados han interpretado y ampliado las
obligaciones anteriormente descritas y han elaborado lineamientos para facilitar su
cumplimiento, los cuales han sido publicados en la serie de Manuales de Ramsar y
sirven como guía para abordar el manejo y uso racional de todos aquellos
humedales que no estén enlistados como humedales de importancia internacional.
Manual de Ramsar sobre Uso Racional
60. Los Estados Contratantes50 han adoptado diferentes lineamientos sobre
varios temas que han servido de base para la preparación de una serie de manuales
42 La Convención de Ramsar no forma parte del sistema de convenios y acuerdos sobre medio ambiente de las
Naciones Unidas y la UNESCO. La Convención depende únicamente de la Conferencia de las Partes
Contratantes (COP) y su administración corriente ha sido confiada a una secretaría, bajo la autoridad de un
Comité Permanente elegido por la COP. La Secretaría de Ramsar está alojada, en virtud de un contrato, en la
sede de la UICN–Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en Gland (Suiza).
43 El Protocolo de París fue aprobado en una Reunión Extraordinaria de la Conferencia de las Partes
Contratantes celebrada en la sede de la UNESCO en París en diciembre de 1982. El Protocolo, que entró en
vigor en 1986, estableció un procedimiento para enmendar la Convención (Artículo 10 bis) y adoptó versiones
oficiales del tratado en alemán, árabe, español, francés, inglés y ruso
44 Las Enmiendas de Regina son una serie de enmiendas a los Artículos 6 y 7 que se aceptaron en una
Conferencia Extraordinaria de las Partes Contratantes celebrada en Regina (Canadá) en 1987. Las enmiendas
especificaron las atribuciones de la Conferencia de las Partes, establecieron un Comité Permanente entre
reuniones de la Conferencia y tanto una secretaría permanente como un presupuesto para la Convención.
45Secretaría de la Convención de Ramsar, 2006. Manual de la Convención de Ramsar: Guía a la Convención
sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971), 4a. edición. Secretaría de la Convención de Ramsar, Gland (Suiza).
46 Artículos 2 y 2.1 de la Convención.
47 Artículos 3 y 3.1. Ibidem.
48 Artículo 4 Ibidem.
49 Artículo 5 Ibidem.
50 La Secretaría de la Convención ha preparado una serie de manuales después de las reuniones 7ª, 8ª, 9ª y
10ª de la Conferencia de las Partes Contratantes (COP7, COP8, COP9, y COP10) celebradas, respectivamente,
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para asistir a quienes tengan interés o estén directamente implicados en la
aplicación de la Convención en los planos internacional, regional, nacional,
subnacional o local.
60.1. La finalidad de los Manuales de Ramsar es organizar el material de
orientación a partir de las decisiones pertinentes adoptadas por los Estados
Contratantes a lo largo de los años, respecto de diferentes temas. De este modo,
se ayuda a los profesionales a aplicar la práctica idónea acordada
internacionalmente en la forma que resulte más conveniente y que más
naturalmente se adapte al propio entorno de trabajo cotidiano.
60.2. La 3ª Conferencia de los Estados Contratantes en la Convención de Ramsar
(COP3, 1987) definió el uso racional de los humedales como el uso sostenible para
beneficio de las personas de manera compatible con el mantenimiento de las
propiedades naturales del ecosistema. De igual forma, definió el “uso sostenible”
como: “[…] el uso de un humedal por los seres humanos de modo que produzca el
mayor beneficio continuo para las generaciones presentes, manteniendo al mismo
tiempo su potencial para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las
generaciones futuras […]”.
60.3. Asimismo, la COP3 de Ramsar reconoció que tanto la política de uso racional
como las acciones emprendidas para el manejo de sitios, forman parte integrante
del desarrollo sostenible; así las cosas, parece lógico que, en lugar de equiparar
simplemente el uso racional con uso sostenible, resulte más apropiado e idóneo
definir el uso racional en el contexto del desarrollo sostenible.
60.4. La cuarta edición del Manual de Ramsar, para el uso de racional de los
humedales, actualizó la definición de “uso racional” y lo definió como “[…] el
mantenimiento de sus características ecológicas, logrado mediante la
implementación de enfoques por ecosistemas, dentro del contexto del desarrollo
sostenible […]” 51.
en San José (Costa Rica), en mayo de 1999, Valencia (España), en noviembre de 2002, Kampala (Uganda), en
noviembre de 2005, y Changwon, República de Corea en octubre y noviembre 2008.
51 La frase “dentro del contexto del desarrollo sostenible” está dirigida a reconocer que, si bien, es inevitable
que se lleven a cabo actividades de desarrollo en algunos humedales, y que muchas de esas actividades
generan importantes beneficios para la sociedad, estas pueden emprenderse de manera sostenible, mediante
la aplicación de los enfoques elaborados por la Convención, y que no es apropiado dar por sentado que el
“desarrollo” es un objetivo para todos los humedales. Consulte los Manuales 13, Inventario, evaluación y
monitoreo; 18, Manejo de humedales; y 19, cómo abordar la modificación de las características ecológicas de
los humedales.
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61. Lo anterior, en concordancia con lo establecido por el Convenio sobre la
Diversidad Biológica52, el cual ha descrito su “enfoque basado en el ecosistema”
como un enfoque global del Convenio para su aplicación. Así, el Convenio ha
precisado que el “enfoque por ecosistemas” debe ser entendido como: “[...] una
estrategia para la gestión integrada de tierras, extensiones de aguas y recursos
vivos por la que se promueve la conservación y utilización sostenible de modo
equitativo […]”.
62. El enfoque por ecosistemas se basa en la aplicación de las metodologías
científicas adecuadas y en él se presta atención prioritaria a los niveles de la
organización biológica que abarcan los procesos esenciales, las funciones y las
interacciones entre organismos y su medio ambiente. En dicho enfoque se reconoce
que los seres humanos, con su diversidad cultural, constituyen un componente
integral de muchos ecosistemas. Por ende, el concepto global de “enfoque por
ecosistemas” del Convenio sobre la Diversidad Biológica puede considerarse
coherente con el concepto global de “uso racional” de Ramsar.
63. Para coadyuvar a las Partes en la aplicación del concepto de uso racional, el
Grupo de Trabajo sobre Uso Racional, establecido en Regina, elaboró algunas
directrices para la aplicación de dicho concepto, que la 4ª Conferencia de las Partes
adoptó en Montreux (Suiza) en 1990. Asimismo, se instituyó el Proyecto sobre Uso
Racional, labor que culminó en las orientaciones adicionales para la aplicación del
concepto de uso racional, adoptadas por las Partes en su 5ª Reunión, celebrada en
1993. En las “Directrices sobre Uso Racional” originales se subraya que es
importante para los Estados Contratantes que:
63.1. Adopten políticas nacionales de humedales, lo que supone revisar su
legislación y sus instituciones para encarar los asuntos relativos a los humedales
(bien como instrumentos de política autónomos o parte de planes nacionales de
medio ambiente, estrategias nacionales de biodiversidad, planes nacionales de
desarrollo, u otros mecanismos de planificación nacional estratégica);
63.2. Realicen inventarios nacionales, monitoreo, investigación, capacitación,
educación y concienciación del público sobre los humedales; y
52 El Convenio sobre la Diversidad Biológica es un tratado internacional jurídicamente vinculante con tres
objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y
la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Su
objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. El Convenio sobre la Diversidad
Biológica quedó listo para la firma el 5 de junio de 1992 en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro
y entró en vigor el 29 de diciembre de 1993.
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63.3. Tomen medidas en humedales elaborando planes de manejo integrados que
abarquen los humedales en todos sus aspectos y sus relaciones con la
correspondiente cuenca de captación.
64. Finalmente, como resultado de la Convención de Ramsar, en la Séptima
Reunión de la Conferencia de los Estados Contratantes de la Convención sobre los
Humedales53, se aprobaron los “Lineamientos para elaborar y aplicar Políticas
Nacionales de Humedales” en los cuales se fijaron los elementos para lograr su
conservación y que en la actualidad como se indicó y consideró esta Sección en
sentencia de 21 de junio de 2018, indicada supra, sirven de guía para el manejo y
protección no solo de los humedales de importancia internacional, sino de cualquier
tipo de humedal.
Marco normativo constitucional y legal sobre los humedales
65. Con anterioridad a la promulgación de la Constitución Política, el artículo 137
del Decreto Ley 2811 de 18 de diciembre 1974 ya establecía la especial protección
y control de la que eran objeto las fuentes, cascadas, lagos y otras corrientes de
agua naturales o artificiales, que se encontraran en áreas declaradas dignas de
protección, en tanto que el artículo 47 del precitado Decreto estableció que podría
“[…] declararse reservada una porción determinada o la totalidad de recursos
naturales renovables de una región o zona cuando sea necesario para organizar o
facilitar la prestación de un servicio público, adelantar programas de restauración,
conservación o preservación de esos recursos y del ambiente […]”, entre otros.
66. La Constitución Política establece en su artículo 8 la obligación del Estado y
de las personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. A su
turno, el artículo 79 ibidem establece el derecho que tienen todas las personas a
gozar de un ambiente sano, señalando el deber del Estado de proteger la diversidad
e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y
fomentar la educación para el logro de estos fines.
67. En correspondencia con lo anterior, el artículo 80 de la Constitución Política,
señala, por un lado que: “[…] [e]l Estado planificará el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución […]”; por el otro, que “[…] [a]demás, deberá prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir
la reparación de los daños causados […]”; y, por último, que “[…] cooperará con
53 Realizada en San José (Costa Rica) del 10 al 18 de mayo de 1999.
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otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas
[…]”.
68. Finalmente, los artículos 95 y 334 constitucionales prescriben que el ejercicio
de los derechos y libertades allí reconocidos implica responsabilidades, entre ellas,
la de proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación
de un ambiente sano. En ese orden y como quiera que la dirección general de la
economía está a cargo del Estado, este “[…] intervendrá, por mandato de la ley, en
la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción,
distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y
privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional
y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios
del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad
fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los
objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso, el gasto público social
será prioritario […]”.
69. De lo anterior, se tiene que la Constitución Política de 1991 elevó a norma
constitucional la consideración, manejo y conservación de los recursos naturales y
el medio ambiente.
70. La Ley 99, a fin de asegurar el interés colectivo de un medio ambiente sano
y adecuadamente protegido, y de garantizar el manejo armónico y la integridad del
patrimonio natural de la Nación y el ejercicio de las funciones en materia ambiental
por parte de las entidades territoriales, señaló que las mismas se sujetarían a los
principios de armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario definidos en
el artículo 63 de esa normativa.
71. Asimismo, en el numeral 24 del artículo 5.º de la Ley 99 se estableció la
responsabilidad del entonces Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en relación con los humedales y señaló que: “[…]
le corresponde regular las condiciones de conservación y manejo de ciénagas,
pantanos, lagos, lagunas y demás ecosistemas hídricos continentales […]”.
(Destacado fuera de texto).
72. En efecto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en desarrollo de
las funciones asignadas, fijó la “Política Nacional para Humedales Interiores de
Colombia” en diciembre de 2001, para garantizar la sostenibilidad de los recursos
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hídricos mediante el uso racional y la conservación de los humedales internos, como
ecosistemas estratégicos dentro del ciclo hidrológico, que sirven de soporte a las
actividades económicas, sociales, ambientales y culturales.
73. En la Política Nacional para los Humedales54 se dispuso que la gestión
ambiental de estos ecosistemas debe estar enmarcada en el conjunto de principios
fundamentales desarrollados por la Ley 99, los cuales se dirigen, entre otros, a
asegurar que la formulación, concertación y adopción de las políticas orientadas a
la conservación y uso sostenible de los humedales sean temas de inaplazable
consideración en los procesos de toma de decisiones tanto en el ámbito público
como privado.
74. Asimismo, dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley 357,
el Ministerio, mediante la Resolución núm. 157 del 12 de febrero de 200455, adoptó
unas medidas para garantizar el uso sostenible, conservación y manejo de los
humedales en Colombia; Al respecto, se destaca el artículo 3.º de la Resolución
según el cual “[…] [l]as autoridades ambientales competentes deberán elaborar y
ejecutar los planes de manejo ambiental para los humedales prioritarios de su
jurisdicción, los cuales deberán partir de una delimitación, caracterización y
zonificación para la definición de las medidas de manejo con la participación de los
distintos interesados. El Plan de manejo ambiental deberá garantizar el uso
sostenible y el mantenimiento de su diversidad y productividad biológica […]”.
75. De igual forma y en desarrollo de lo dispuesto en la precitada resolución, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución núm. 196 del
1 de febrero de 200656, por medio de la cual se adoptó la guía técnica para la
formulación de planes de manejo para humedales en Colombia; así, el Anexo 1C
de dicha resolución contiene los criterios para la identificación y la delimitación de
los humedales y en sus Pasos 4 y 5 establece la forma de determinar los límites de
los mismos, así como la de su franja paralela de protección.
76. Sobre el tema, es preciso reiterar que en el ordenamiento jurídico colombiano
los humedales sólo fueron definidos en la Ley 357, razón por la cual, para efectos
54 https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/Poli%CC%81tica-Nacional-de-Humedales.pdf
55 Por el cual se reglamentan el uso sostenible, conservación y manejo de los humedales, y se desarrollan
aspectos referidos a los mismos en aplicación de la Convención Ramsar.
https://www.minambiente.gov.co/documento-entidad/resolucion-157-de-
2004/#:~:text=Febrero%2012%20de%202004%2C%20%C2%ABPor%20la%20cual%20se,RamsarRAMSAR%
20Relativa%20a%20los%20humedales%20de%20Importancia%20Internacional.%C2%BB
56 Por la cual se adopta la guía técnica para la formulación de planes de manejo para humedales en Colombia.
https://www.minambiente.gov.co/documento-entidad/resolucion-0196-de-
2006/#:~:text=Febrero%201%20de%202006%2C%20%C2%ABPor,manejo%20para%20humedales%20en%2
0Colombia%C2%BB.
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de determinar el régimen jurídico de los humedales y de las rondas hidráulicas, es
necesario remitirse a las normas generales sobre aguas, lagunas, pantanos y lechos
de los cauces naturales.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
seguridad y salubridad públicas
77. El literal g del artículo 4.º de la Ley 472 de 1998 prevé como derecho e interés
colectivo el relacionado con “la seguridad y salubridad públicas”. Respecto de este
derecho colectivo, la Sección Primera de esta Corporación57 ha considerado lo
siguiente:
“[…] La trascendencia social de los conceptos de seguridad y salubridad pública y
del derecho colectivo que fundamentan ha llevado a esta Sala de Decisión a sostener
que:
“(…) constituyen las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones
mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. Su contenido
general implica, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las
contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso
de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos colectivos
están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar
que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de
determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras
circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en
general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria58 […]”.
78. En tal escenario, la Sala resalta que este derecho colectivo se encuentra
relacionado con la conservación del orden público y la garantía del bienestar de la
comunidad que exige la adopción de medidas tendientes a evitar su alteración.
La seguridad pública
79. Vistos el Preámbulo y los artículos 2.° y 88 de la Constitución Política, sobre
el derecho a la seguridad pública; se tiene, por un lado, que el Preámbulo de la
Constitución Política establece que la Asamblea Constituyente, en ejercicio de su
poder soberano, asegura la vida, la convivencia y la paz. Y, por el otro, el artículo
2.° ibidem dispone como fines esenciales del Estado “[…] defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo […]”.
57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, sentencia de 15 de mayo de
2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, radicación número: 250002324000201000609-01, criterio reiterado por esta
Sección en el expediente con número de radicación: 2013-00013-01(AP), C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de octubre de
2009, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 190012331000200500067-01.
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80. Sobre el derecho a la seguridad, la Corte Constitucional59 ha considerado
que tiene tres connotaciones jurídicas relevantes: (i) es un valor constitucional, (ii)
es un derecho colectivo, y (iii) es un derecho fundamental.
81. En relación con su connotación de derecho colectivo, la Corte Constitucional
ha definido que se trata de “[…] un derecho que le asiste en forma general a todos
los miembros de la sociedad, quienes se pueden ver afectados por circunstancias
que pongan en riesgo bienes jurídicos colectivos tan importantes para el
conglomerado social, como el patrimonio público, el espacio público, la seguridad y
salubridad públicas, la moral administrativa, el medio ambiente o la libre
competencia económica (Art. 88, C.P.) […]”.
82. La Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que el derecho a
la seguridad es “[…] uno de los elementos que tradicionalmente se identifican como
constitutivo del orden público y, por tanto, como uno de los objetos a proteger por
parte del poder de policía. En la doctrina, se le delimita como la ausencia de riesgos
de accidentes, como la prevención de accidentes de diversos tipos y de flagelos
humanos y naturales, v.g. incendios, inundaciones, accidentes de tránsito, etc., lo
mismo que como la prevención de atentados contra la seguridad del Estado […]”60.
Análisis del caso concreto
83. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.
83.1. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió la sentencia de 10 de noviembre de 2022 en la que amparó
los derechos colectivos al “[…] uso y goce de un ambiente sano, la existencia de un
equilibrio ecológico, manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales,
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y el derecho a la
seguridad y salubridad públicas […]”, e impartió órdenes al Municipio de Mosquera,
a la empresa EAMOS ESP y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
– CAR, con el objeto de proteger el recurso hídrico frente a vertimientos de aguas
residuales en el Canal Alcalá, el cual desemboca en el Humedal Gualí.
59 Corte Constitucional, sentencia T-123/2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
60 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de febrero de 2007, radicado número: 54001-23-31-
000-2004-00385-01(AP). Reiterada en sentencias de 1.° de marzo de 2007, radicado número: 73001-23-31-
000-2003-01236-01(AP), y de 28 de febrero de 2008, radicado número: 19001-23-31-000-2005-00988-01(AP).
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83.2. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR presentó
recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, que
fundamentó en los siguientes argumentos, concretamente señaló que: i) no es la
autoridad competente para sancionar las infracciones relacionadas con la
prestación del servicio público de alcantarillado; ii) corresponde al prestador del
servicio de alcantarillado informar a la autoridad ambiental sobre el incumplimiento
de la norma de vertimiento al alcantarillado público, por parte del usuario y/o
suscritor; y, iii) el vallado o canal Alcalá no es administrado por la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR, toda vez que, se trata de un canal
artificial y no de una corriente de agua natural.
84. La Sala procederá a apreciar y valorar la totalidad de las pruebas, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la
Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el caso sub
examine.
Solución al problema jurídico
85. La Sala procede a realizar el análisis de los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, de acuerdo con el problema jurídico indicado supra. Sin
embargo, previamente, es necesario analizar el material probatorio relevante para
resolver el caso concreto.
Respecto del análisis del material probatorio obrante en el expediente
86. La Sala encuentra las siguientes pruebas relevantes61:
86.1. Copia del Acuerdo núm. 001 de 18 de febrero de 2014 "[…] Por medio del
cual se declaran como Distrito Regional de Manejo Integrado (DMI) los terrenos
comprendidos por los humedales Gualí, Tres Esquinas y las Lagunas de Funzhé y
su área de influencia directa ubicada en los municipios de Funza, Mosquera y Tenjo,
Cundinamarca […]"62. En las consideraciones del Acuerdo se lee lo siguiente:
“[…] este humedal representa un espacio que, además de proporcionar el recurso
hídrico en el sector agropecuario a través del Distrito de Riego de La Enramada,
brinda las funciones de protección de la vida silvestre, investigación científica,
recreación y educación ambiental, y exhibe aún características naturales que
ameritan ser conservadas.
61 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI.
62
Cfr. Folio 2 del Cuaderno Principal. Expediente físico.
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Que no obstante lo anterior, actualmente este cuerpo hídrico se encuentra en un
proceso acelerado de deterioro, especialmente por el desarrollo urbanístico e
industrial en las áreas de ronda del mismo, y las actividades agropecuarias y
ganaderas, por lo cual es necesario adoptar medidas tendientes a detener las
acciones que van en detrimento del área, e implementar proyectos para su
recuperación y posterior conservación, orientadas a generar condiciones más
adecuadas para el funcionamiento y regulación de este ecosistema permitiendo un
apropiado uso y manejo por parte de las comunidades involucradas en su dinámica
[…]”. (Destacado fuera de texto).
86.2. En los artículos 4, 14 y 17 del Acuerdo núm. 001 de 2014 se dispuso lo
siguiente:
“[…] Artículo 4.º. Objetivos de Conservación. El objetivo general de la presente
declaratoria es el de disponer de una categoría de manejo adecuada para el uso
racional y manejo integral de las condiciones ecológicas y socioeconómicas
del Humedal Gualí – Tres Esquinas, Lagunas del Funzhé y su área de influencia
directa, por medio de una metodología dirigida a preservar su carácter y función
ecológica local y regional, teniendo en cuenta los usos actuales, alteraciones
degradaciones y presiones de ocupación. Adicionalmente, sus objetivos específicos
de conservación son los siguientes:
1. Conservar el complejo de humedales Gualí — Tres esquinas y Lagunas del
Funzhé, garantizando la oferta de bienes y servicios ambientales, especialmente el
almacenamiento y suministro permanente de agua.
2. Restaurar la conectividad de los diferentes cuerpos de agua, con el fin de mejorar
las condiciones naturales del humedal.
3. Restablecer las condiciones necesarias para el retomo de la fauna propia del
humedal.
4. Apoyar el desarrollo sostenible de la región, regulando actividades productivas
como las industriales, agrícolas, pecuarias y la floricultura.
5. Servir de estación para investigaciones sobre ecosistemas de humedal, que
permitan generar conocimiento constante y/o monitoreo de las poblaciones y
comunidades establecidas en el humedal.
6. Brindar escenarios para la educación, la recreación y la interpretación ambiental.
7. Incorporar a las entidades, organizaciones, gremios, comunidades y demás actores
involucrados en los procesos participativos, en el diseño de acciones que permitan la
conservación y restauración del ecosistema […]”63.
“[…] Artículo 14. Función Amortiguadora. Con el objeto de dar cumplimiento a lo
prescrito en el artículo 37 de Decreto 2372 de 2010, el ordenamiento territorial de la
superficie circunvecina al Distrito Regional de Manejo Integrado Gualí – Tres
Esquinas y Lagunas del Funzhé deberá cumplir una función amortiguadora, que
permita mitigar los impactos negativos de las acciones humanas sobre esta
área […]”
“[…] Artículo 17. Sanciones. La violación de las normas contenidas en el presente
acuerdo, y la generación de daños o impactos negativos sobre los recursos naturales
63
Cfr. Folio 10 del Cuaderno Principal. Expediente físico.
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y el ambiente dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado, acarreará la
imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, y demás normas
concordantes sobre la materia, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiere lugar […]”.
86.3. Copia del escrito núm. 20151130429 de 4 de abril del 2016, suscrito por el
Director Regional Sabana Occidente de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca. (Fls 23), en el que se indicó lo siguiente:
“[…] [N]os permitimos informarle que se profirió Informe Técnico No. 1220 de 19 de
octubre de 2015, en donde se evidencia que “no se observa ningún vertimiento de
aguas negras (sic) sobre el canal, realizando el recorrido por el sector se identifica
que existe sistema de alcantarillado, adicional a ello ninguno de los canales de aguas
lluvias del sector vierte aguas negras (sic) al canal, no obstante se videncia que es
necesario realizar el mantenimiento adecuado del canal, para evitar la presencia de
residuos que puedan afectar la conducción natural del canal, generando malos olores
y presencia de vectores […]”. (Destacado fuera de texto).
86.4. Copia del escrito núm. 1080.21.757/2017 de 18 de septiembre del 2017
suscrito por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario del Municipio de
Mosquera. (Fls 90 a 91), en el que se indicó:
“[…] ¿Qué autoridad es la encargada de controlar la operación del pondaje, el tipo de
vertimientos realizados, teniendo en cuenta que alimenta el humedal denominado el
Gualí y evitar así daños al medio ambiente?
Al respecto, la empresa Hydros Mosquera S. en C. A. ESP., mediante correo
electrónico remitido a esta Secretaría entregó la siguiente respuesta:
Las obras ejecutadas serán entregadas por los concertantes una vez la interventoría
designada por la Empresa Hydros Mosquera haya recibido a satisfacción. Por lo
anterior, teniendo en cuenta que los sistemas operan de manera integral la empresa
prestadora realizará la operación de dichos sistemas y tal y como se menciona en el
artículo 8 del Decreto 302 de 2000, incorporado en el Decreto 1077 de 2015, el cual
establece: “Las redes locales construidas serán entregadas a la entidad prestadora
de servicios públicos, para su manejo, operación, mantenimiento y uso dentro de sus
programas locales de prestación del servicio, exceptuando aquellas redes que no se
encuentren sobre vía pública y que no cuenten con la servidumbre del caso”.
La autoridad ambiental competente para la jurisdicción del Municipio de Mosquera,
es la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR […]”.
86.5. Copia del Auto DRSO núm. 1216 de 08 de noviembre del 2017 "Por medio
del cual se ordena apertura de una indagación preliminar y se toman otras
determinaciones", suscrito por el Director Regional Sabana Occidente de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, en el que se indicó lo
siguiente:
“[…] los profesionales técnicos de la Corporación emitieron en el Informe Técnico
DRSO No.1062 del 04 de septiembre de 2017, en el cual se conceptuó:
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V. CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo a lo observado en la visita técnica, se conceptúa desde el punto de vista
técnico ambiental lo siguiente:
Según la base de información catastral de la Corporación (Shape Arcgis — Vigencia
2009) el área objeto de estudio no corresponde a un predio, el canal abierto o
vallado pertenece a una red de aguas lluvias ubicada en el casco urbano del
municipio de Mosquera.
Se verificó en la base de datos del SAE y del SIDCAR de la Corporación, y se
identifica que el vallado o canal artificial no se encuentra dentro del inventario de
canales administrados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, es
decir que el canal abierto o vallado le pertenece al municipio de Mosquera a través
de la Alcaldía de Mosquera, además no se adelanta algún trámite administrativo
ambiental de carácter sanatorio o permisivo por los hechos expuestos en el presente
informe técnico.
Por los hechos expuestos en el presente informe técnico se identifica la existencia
de un vertimiento sin permiso por parte de las autoridades competentes, de
aguas residuales domésticas - ARD, mediante una tubería de descarga ubicado
en las coordenadas planas Norte: 1012274 y Este: 983372 en donde se
encuentra un box coulver que entrega las aguas lluvias de la red de aguas
lluvias del sector en casco urbano del municipio de Mosquera al vallado o canal
abierto que entrega dichas aguas al Humedal Guali, debido a la existencia de
conexiones erradas como se muestran en los resultados de laboratorio 355-17
Vallado que separa el conjunto Residencial Alcalá y el Conjunto Residencial El Trébol
que establecen:
Muestra 355-17 tomada sobre el vallado que separa el conjunto residencial
Alcalá y el conjunto residencial el Trébol, ubicado en el municipio de Mosquera,
encontramos que el recurso hídrico agua superficial en este punto presenta
concentraciones por fuera de los límites permisibles dados por el decreto
1594/84 Articulo 38 arriba mencionado en los parámetros Aceites y Grasas,
Detergentes y Coliformes Totales los demás parámetros analizados y que el
decreto tiene en cuenta presentan concentraciones por debajo de estos
En este sentido y dada las características del agua presente en el vallado o canal
artificial evidenciado durante el desarrollo de la visita, se logra identificar que las
condiciones actuales del vallado se deben a un aporte significativo de carga
orgánica relacionado con los parámetros de grasas y aceites, detergentes y
coliformes totales por la existencia de conexiones erradas presentes en los
canales de aguas lluvias ubicados dentro del casco urbano del municipio de
Mosquera y que entregan sus aguas al vallado o canal abierto que se conecta
posteriormente con el Humedal Gualí en las coordenadas planas norte: 1012049 y
este: 983601
Como consecuencia de lo anterior se está generando una afectación ambiental
negativa al recurso hídrico por vertimiento puntual indirecto de Aguas Residuales
domesticas (ARD) al canal abierto o vallado que se conecta a la fuente hídrica
denominada HUMEDAL GUALI sin contar con los permisos ambientales
correspondientes, generando:
Alteración de las condiciones naturales de la fuente hídrica receptora -
HUMEDAL GUALI principalmente por el aporte o descarga de sustancias y/o
residuos, de manera indirecta y a través de la conexión ERRADAS con redes
de alcantarillado de aguas lluvias provenientes del casco urbano del municipio
de Mosquera, dichas conexiones erradas realizadas de manera fraudulenta
toda vez que la empresa HYDROS MOSQUERA manifiesta desconocer la
existencia de vertimientos producto de conexiones erradas al canal abierto o
vallado ubicado entre el conjunto residencial Alcalá y El Trébol.
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En consecuencia, se puede establecer que la descarga de este tipo de
vertimiento de ARD o residuo al Humedal Guali, se determina como un factor
de deterioro ambiental como se establece en el Decreto Ley 2811 de 1974:
[…]
Por lo anterior es indispensable que de manera inmediata la empresa de
servicios públicos HYDROS MOSQUERA y la administración municipal
adelanten las actuaciones correspondientes encaminadas a suspender
cualquier vertimiento generado sobre el canal abierto o vallado colindante al
conjunto residencial Alcalá y El trébol producto de conexiones erradas de Aguas
Residuales Domesticas.
Consultando la información de áreas protegidas de la Corporación Autónoma
Regional y de conformidad con el siguiente plano, se establece que el área
objeto de estudio se encuentra ubicado en un 30% del mismo dentro del distrito
regional de manejo integrado (DMI), los terrenos comprendidos por los
humedales de Gualí, Tres Esquinas y Lagunas del Funzhé, y su área de
influencia directa ubicada en los municipios de Funza, Mosquera y Tenjo,
Cundinamarca declarado por el Acuerdo 01 del 18 de Febrero de 2014 y en
donde se adopta el Plan de Manejo Ambiental del Distrito Regional de Manejo
Integrado mediante Acuerdo N° 011 de 18 de abril de 2017 […]”.
Cartografía N° 3: Área de Reserva Declarada, CAR y Reserva Forestal Protectora-
Productora de la Cuenca Alta del Rio Bogotá (RFPP) — Distrito regional de manejo
integrado (DMI), los terrenos comprendidos por los humedales de Gualí, Tres
Esquinas y Lagunas del Funzhé, y su área de influencia directa ubicada en los
municipios de Funza, Mosquera y Tenjo, Cundinamarca.
De lo anterior se entiende que 2 metros del canal se encuentran dentro de la Zona de
Preservación del Humedal Guali, 50 metros del canal se encuentran en la Zona de
Restauración y los restantes 10 metros en la zona de uso sostenible.
POMCA RIO BOGOTÁ: Según Información tomada del Sistema Cartográfico de la
Corporación Autónoma Regional (Am-Explorer) en colaboración con el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) las coordenadas tomadas en campo el día de la
visita son (Coordenada Norte: 1.012.110 Coordenada Este: 983.547 Altitud: 2553
msnm Gannin Etrex 30 Placa CAR 43789), Shape de Zonificación POMCA Rio
Bogotá, se establece que el área de estudio, se encuentra ubicada en un área
definida como zona URBANA […]”. (Destacado fuera de texto).
86.6. Copia del Auto DRSO núm. 0383 de 18 de marzo del 2019 "[…] Por la cual
se ordena el archivo de una indagación preliminar y se adoptan otras
determinaciones […]" suscrito por el Director Regional Sabana Occidente de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR en el que se indicó los
siguiente64:
[…] Que si bien es cierto la Corporación en la visita técnica realizada y de la cual se
emitió el Informe Técnico DRSO No. 1062 del 04 de septiembre de 2017 se verificó
la existencia de un vertimiento de aguas residuales domésticas — ARD,
mediante una tubería de descarga ubicada en las coordenadas planas Norte:
1012274 y Este: 983372; sin permiso por parte de las autoridades competentes,
también lo es que de acuerdo a lo consignado en el referido informe este vertimiento
64 Cfr. Folio 103 del Cuaderno Principal del Expediente Físico.
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es producto de conexiones erradas realizadas de manera fraudulenta, toda vez
que la empresa HYDROS MOSQUERA S en C.A ESP manifiesta desconocer la
existencia de vertimientos producto de conexiones erradas al canal abierto o
vallado ubicado entre el conjunto residencial Alcalá y El Trébol.
Que de igual forma, la empresa HYDROS MOSQUERA S en C.A ESP, al dar
respuesta al Auto DRSO No 1216 del 8 de noviembre de 2017, manifestó que no se
han ejecutado actividades para la detección de conexiones erradas.
Que de lo consignado en el citado informe técnico la Corporación verificó que en
efecto se está realizando disposición de residuos sólidos y vertimientos al
vallado ubicado entre el conjunto residencial Alcalá y El Trébol; no obstante, no
se encuentra determinado quien o quienes están realizando las diferentes
actividades que conllevan infracciones y afectaciones a los recursos naturales.
Que de las diligencias administrativas debidamente allegadas al expediente 65444,
no se colige con claridad la responsabilidad sobre las infracciones y afectaciones
realizadas al canal de aguas lluvias o vallados.
Que de lo conceptuado el Informe Técnico DRSO No. 1062 del 04 de septiembre de
2017, se colige que se realizó disposición de residuos sólidos y vertimientos al
vallado ubicado entre el conjunto residencial Alcalá y El Trébol, no obstante, de
acuerdo a lo consignado en el citado informe técnico y de las diligencias
administrativas practicadas por la Dirección Regional, no se logró identificar quien
está realizando las infracciones y afectaciones en el citado vallado.
Que de acuerdo al artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, el término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto
de apertura de la investigación; término durante el cual con las diligencias
adelantadas y allegadas al expediente no se identificó plenamente al presunto
infractor de las normas ambientales.
Que en mérito de lo expuesto y como quiera que no existe un grado de certeza
que permita concluir quien cometió la infracción ambiental o afectación a los
recursos naturales, la Dirección Regional Sabana Occidente, dispondrá el
archivo de las actuaciones administrativas aperturadas por medio de Auto DRSO
No. 1216 del 8 de noviembre de 2017, como consecuencia del radicado CAR No.
20171132616 de 24 de agosto de 2017.
Que no obstante lo anterior, se ordenará la práctica de una visita técnica en trámite
separado y esta se realizará con acompañamiento del municipio de Mosquera y de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado del referido municipio, a fin de establecer los
puntos donde se están generando las conexiones erradas y determinar los presuntos
infractores; para el cumplimiento de esta disposición se remitirá copia del presente
acto administrativo al Sistema de Atención al Ciudadano — SAC, para tomar las
determinaciones pertinentes de acuerdo con la Ley 1333 de 2009. […]”. (Destacado
fuera de texto).
86.7. Copia del informe presentado por la empresa EAMOS ESP de acuerdo con
la prueba decretada por el Tribunal, en la que indicó lo siguiente:
“[…] Cómo parte de las acciones presentadas, EAMOS E.S.P., realizó la adquisición
de un biocatalízador orgánico el cual se ha estado aplicando tanto en el canal
Salesiano como en el Canal Alcalá. Este Catalizador Bio-Orgánico está diseñado para
estimular y acelerar las reacciones biológicas naturales que causa la descomposición
de sustancias orgánicas. No contiene bacterias u otros microorganismos que
interfieran o desestabilicen los sistemas de tratamiento, no es tóxico, es inofensivo
para humanos, animales, vida acuática o el medio ambiente adicionalmente no es
irritable para la piel, sistema respiratorio; no inflamable, no corrosivo y es
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biodegradable. Al respecto se han evidenciado resultados positivos en disminución
de contaminación del afluente así como eliminación de malos olores.
[…]
Se informa que a la fecha se cuenta con 2 conexiones activas erradas a la fecha
y una conexión errada eliminada. Estas se mencionan a continuación:
Conexión Ubicación Clase de Origen Responsables del
Errada vertimiento impacto de la
Numero conexiones
"erradas"
1 Carrera ARO — ALL Domestico Empresa de
14c Entre acueducto y
calle 16 y alcantarillado de
16 Mosquera —
Administración
Municipal
2 Carrera 14 ARD Domestico Empresa de
con acueducto y
Calle 20 alcantarillado de
Mosquera
HYDROS
MOSQUERA S en
CA.
E S P —
Administración
Municipal
3 Carrera 16 ARnD Industrial Trefilados de
No 8 Colombia
— 01
Frente a la Conexión No. 1
En cuanto a la conexión número 1, corresponde a una red combinada que drena a la
red de aguas lluvias y estas al canal Alcalá. Estas aguas combinadas no alteran la
calidad de agua del canal de forma significativa, sin embargo, se plantea la corrección
de esta conexión de acuerdo al planteado en la modificación del PSMV.
Frente a la Conexión No. 2
La conexión número 2, corresponde a una tubería de aguas residuales domestica
que llega al colector de aguas lluvias que se encuentra ubicado en la carrera 14 con
calle 20.
[…]
Estas aguas combinadas pueden no alterar la calidad de agua del canal de forma
significativa según las características fisicoquímicas y biológicas de calidad aguas de
los puntos monitoreados en el canal Alcalá, sin embargo, Se plantea la corrección
de esta conexión de acuerdo al planteado en la modificación del PSMV.
Frente a la conexión errada No. 3
El día 28 de junio de 2020, la EAMOS ESP detectó un vertimiento industrial que
llega a la red de aguas lluvias y este desemboca Alcalá, posteriormente se notifica
a la CAR y se toman las medidas correctivas para sellar los vertimientos generados
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por TREFILADOS DE COLOMBIA SAS ubicado zona conocida como Parque
Industrial Montana del municipio de Mosquera, sobre la Carrera 16 No 8 — 01, en las
coordenadas planas magna sirgas N: 1013560, E: 982670 H: 2548 msnm.
La EAMOS ESP como medida correctiva selló los puntos de conexiones de
aguas residuales, la cual se conecta a la red de aguas lluvias. Igualmente selló
los puntos de aguas residuales y aguas lluvias ya que se encontraban combinadas.
Se le indicó al usuario acerca la corrección de las redes internas sanitarias y pluviales
las cuales deberán conectarse a la red principal sanitaria y pluvial. Por lo cual, deberá
solicitar nuevamente la viabilidad técnica de conexión a la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado del Municipio.
Por su parte, TREFILADOS DE COLOMBIA SAS ejecutó las actividades de conexión
a la red principal de agua residuales y a la red de aguas lluvias. El sistema sanitario
quedo totalmente separado y se corrigió la conexión errada. Esta verificación se
ejecutó mediante la orden de trabajo No. 2020005359.
[…]
Se corrigió la conexión Errada No. 3 quedando habilitado y conectado exclusivamente
a la red de alcantarillado de aguas residuales domesticas (ARD) y aguas lluvias, al
interior de la industria queda una trampa de grasas o de residuos líquidos sin conexión
a la red de alcantarillado esto con el fin de no realizar ningún vertimiento industrial y
contenerlo a las redes de alcantarillado.
Si bien se ha detectado tres (3) conexiones erradas, cabe recalcar que EAMOS ESP,
continua con el seguimiento de conexiones erradas de origen doméstico e
industrial, con el fin de corregir vertimientos que puedan alterar las
características físicas, químicas y biológicas de Humedal el Gualí […]”.
(Destacado fuera de texto).
87. La Sala considera que de acuerdo con el material probatorio allegado al
proceso y referenciado supra, es posible concluir lo siguiente:
87.1. La Sala resalta que existen pruebas que demuestran la vulneración de los
derechos colectivos amparados en la sentencia apelada, toda vez que se probó la
existencia de conexiones irregulares de aguas residuales que llegan al Canal Alcalá
y que posteriormente, este canal deposita esas aguas al Humedal Gualí, ecosistema
de especial protección, de acuerdo con la normativa expuesta supra.
87.2. Asimismo, quedó demostrado que la protección del Humedal Gualí
comprende también el área de influencia directa y la superficie circunvecina al
Distrito de Manejo Integrado Gualí – Tres Esquinas y Lagunas del Funzhé, que
cumple una función amortiguadora del área protegida.
87.3. En el proceso se demostró, por medio de los conceptos técnicos la
contaminación por vertimiento de aguas residuales que se presenta en el Canal,
entre otros, en el Auto DRSO núm. 1226 de 2017 se indicó que “[…] se identifica la
existencia de un vertimiento sin permiso por parte de las autoridades competentes,
de aguas residuales domésticas - ARD, mediante una tubería de descarga ubicado
en las coordenadas planas Norte: 1012274 y Este: 983372 en donde se encuentra
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un box coulver que entrega las aguas lluvias de la red de aguas lluvias del sector
en casco urbano del municipio de Mosquera al vallado o canal abierto que entrega
dichas aguas al Humedal Gualí, debido a la existencia de conexiones erradas […]”.
87.4. Finalmente, en este punto, la Sala resalta que la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca -CAR, no cuestionó, en el recurso de apelación, la
protección de los derechos e intereses colectivos que fueron amparados por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, comoquiera, que está demostrada la
vulneración de los derechos colectivos amparados, se confirmará la protección, tal
como se decidirá en la parte resolutiva de esta providencia.
87.5. En este orden de ideas, la Sala analizará el argumento expuesto por la
apoderada judicial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR,
en el recurso de apelación, referido a la falta de competencia de esa entidad para
conocer los procesos sancionatorios relacionados con vertimientos de aguas
residuales al Canal Alcalá.
Sobre la competencia de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca – CAR para conocer de los procesos sancionatorios
relacionados con vertimientos de aguas residuales al Canal artificial Alcalá
88. La apoderada de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -
CAR sostuvo que de conformidad con lo previsto en el artículo 5.º de la Ley 1333
de 21 de julio de 200965, esa entidad no es la autoridad competente para sancionar
las infracciones relacionadas con la prestación de los servicios públicos
domiciliarios, concretamente, en lo relacionado, con el servicio de alcantarillado.
89. El Tribunal precisó la competencia de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca – CAR en los siguientes términos:
“[…] no es un motivo de excusa para esta judicatura los argumentos de defensa de la
entidad, en el sentido de solamente señalar que no existe un daño que afecte los
referidos derechos colectivos mencionados en el escrito de demanda y menos aún,
manifestar que no son la entidad competente para responsabilizarse por las quejas
presentadas por la comunidad, relacionadas con vertimientos de aguas residuales en
la red de alcantarillado de aguas pluviales, toda vez que, los afectados en primera
medida son los habitantes del municipio y en segundo lugar y no menos
importante es el humedal Gualí, bioma que recibe las aguas que han sido
contaminadas con aguas residuales […]”. (Destacado fuera de texto).
90. Asimismo, el Tribunal consideró que la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca - CAR expidió el Acuerdo núm. 011 de 18 de abril de 2017, que
65 “[…] Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones […]”.
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regula "el plan de manejo ambiental integrado de los terrenos comprendidos por los
humedales, Gualí, Tres Esquinas y Lagunas del Funzhé, y su área de influencia
directa ubicada en los municipios de Funza, Mosquera y Tenia, en el Departamento
de Cundinamarca", en ese cuerpo normativo, la entidad accionada previó unos
objetivos para la conservación de estas zonas, los cuales se destacan a
continuación:
“[…] ARTÍCULO 3. Objetivos de conservación: el objetivo general del plan de
manejo ambiental que por medio de este acuerdo sea adoptado, es contar con una
herramienta adecuada para el ordenamiento, uso racional y manejo integral de
las condiciones ambientales de este DMI, dirigida a preservar su carácter y
función, teniendo en cuenta los usos actuales, alteraciones, degradaciones y
presiones de ocupación, en procura de su sostenibilidad. Adicionalmente, sus
objetivos de conservación son los siguientes:
I. Conservar el complejo de humedales Gualí - tres esquinas y Lagunas del
Funzhé, garantizando la oferta de bienes y servicios ambientales, especialmente el
almacenamiento y suministro permanente de agua.
2. Restaurar la conectividad de los diferentes cuerpos de agua, con el fin de
mejorar las condiciones naturales de la humedad.
3. Restablecer las condiciones necesarias para el retorno de la fauna propia del
humedal.
4. Apoyar el desarrollo sostenible de la región regulando actividades productivas
como las industriales, agrícolas, pecuarias y la floricultura.
5. Servir de estación para investigaciones sobre ecosistemas de humedal, que
permitan generar conocimiento constante y un monitoreo de las poblaciones y
comunidades establecidas en el humedal […]”. (Destacado fuera de texto).
91. La Sala considera que la orden impartida a la autoridad ambiental en el
numeral quinto de la sentencia proferida, en primera instancia, de ninguna manera
puede entenderse en el marco de la prestación del servicio público domiciliario de
alcantarillado, sino en el ejercicio de la función de control ambiental que tiene la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR sobre el ambiente y los
recursos naturales en su jurisdicción.
92. En este punto, resulta pertinente precisar que las corporaciones autónomas
regionales no tienen competencia para prestar servicios públicos domiciliarios. En
efecto, el artículo 15 de la Ley 142, siguiendo un criterio de especialidad orgánica,
establece cuáles son los sujetos prestadores de los servicios, dentro de los cuales
no incluyó a esas autoridades ambientales:
“[…] ARTÍCULO 15. PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS. Pueden
prestar los servicios públicos:
15.1. Las empresas de servicios públicos.
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15.2. Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como
consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios
del objeto de las empresas de servicios públicos.
15.3. Los municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administración
central, la prestación de los servicios públicos, conforme a lo dispuesto en esta Ley.
15.4. Las organizaciones autorizadas conforme a esta Ley para prestar servicios
públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas
específicas.
15.5. Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los períodos
de transición previstos en esta Ley.
15.6. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que al
momento de expedirse esta Ley estén prestando cualquiera de los servicios públicos
y se ajusten a lo establecido en el parágrafo del artículo 17 […]”.
93. En concordancia con lo expuesto, la Sección Primera en sentencia proferida,
en segunda instancia, el 3 de diciembre de 2018, consideró respecto a las
competencias de las Corporaciones Autónomas Regionales en materia de
saneamiento ambiental que: “[…] esta competencia de las corporaciones tiene por
objeto las obras de infraestructura, la cual encuentra en la legislación especial de
servicios públicos domiciliarios un límite en sus alcances, toda vez que la ley 142
establece los sujetos prestadores de los servicios, siguiendo un criterio de
especialidad orgánica, excluyendo la posibilidad de que otros sujetos allí no
comprendidos, cumplan dichas funciones de prestación de servicio o
desarrollo de dicha actividad económica, sin embargo con el fin de dar
soluciones a las necesidades de saneamiento ambiental y en ejercicio de las demás
funciones atribuidas por la ley, dichas autoridades ambientales podrán
intervenir para la defensa y protección o para la descontaminación o
recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables […]”66
(Destacado fuera de texto original).
94. Adicionalmente, la Sala reitera que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 regula
las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, dentro de las que se
destacan las previstas en los numerales 9, 10, 12 y 19, relacionadas con: i) otorgar
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente;
ii) otorgar concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas; iii) fijar
en el área de su jurisdicción los límites permisibles de depósito de sustancias,
productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el medio
66 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Dr. Hernando Sánchez
Sánchez, sentencia proferida el 3 de diciembre de 2018, núm. único de radicación 76001233100020110149301.
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ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir, restringir o regular
la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias
causantes de degradación ambiental; iv) ejercer las funciones de evaluación,
control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos,
a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir
u obstaculizar su empleo para otros usos; y v) promover y ejecutar obras de
irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y
corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la
defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio
de su jurisdicción.
95. La Sala considera que el argumento analizado en esta sección no tiene
vocación de prosperidad.
96. Por otro lado, la apoderada de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca – CAR Afirmó que el artículo 2.2.3.3.4.18 del Decreto 1076 de 2015,
sobre la responsabilidad del prestador del servicio público domiciliario de
alcantarillado, establece que corresponde al prestador del servicio informar a la
autoridad ambiental sobre el incumplimiento de la norma de vertimiento al
alcantarillado público, por parte del usuario y/o suscritor, sin que en el caso
concreto, la Empresa de Servicios Públicos EAMOS ESP haya informado a la
autoridad ambiental sobre el precitado incumplimiento. Por lo anterior, solicitó
modificar el ordinal quinto de la sentencia proferida, en primera instancia, en el
sentido de ordenar a la Empresa de Acueducto del Municipio de Mosquera EAMOS
ESP que dé cumplimiento a lo establecido en el parágrafo del artículo 2.2.3.3.4.18
del Decreto 1076.
97. En este punto, la Sala considera que el hecho de que la empresa prestadora
del servicio público de alcantarillado deba informar a la autoridad ambiental sobre
los vertimientos provenientes de conexiones irregulares al alcantarillado público, no
exonera a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR de la
obligación de ejercer el control, como autoridad ambiental en su jurisdicción, sobre
conductas que pongan en riesgo o vulneren los derechos colectivos relacionados
con el goce de un ambiente sano y el equilibrio ecológico, máxime cuando el control
ambiental en este caso particular reviste una especial importancia, toda vez que los
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vertimientos de aguas residuales que se realicen al Canal Alcalá terminan afectando
el Humedal Gualí.
98. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.3.3.4.18 del
Decreto 1076 de 2015, “[…] cuando el prestador del servicio determine que el
usuario y/o suscriptor no está cumpliendo con la norma de vertimiento al
alcantarillado público deberá informar a la autoridad ambiental competente,
allegando la información pertinente, para que esta inicie el proceso sancionatorio
por incumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado público […]”, la Sala
considera que resulta pertinente modificar el ordinal cuarto de la sentencia proferida,
en primera instancia, en el sentido de ordenar a la empresa EAMOS E.S.P. que
informe oportunamente, de acuerdo con sus competencias constitucionales, legales
y reglamentarias, a la autoridad ambiental sobre el incumplimiento de la normativa
en materia de vertimientos al alcantarillado de aguas pluviales, especialmente sobre
el Canal Alcalá, por parte de suscriptores y/o usuarios, con el objeto de que se
inicien los procesos sancionatorios ambientales a que haya lugar, tal como se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
99. Finalmente, la apoderada de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca -CAR afirmó que el vallado o canal artificial Alcalá no es administrado
por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR, toda vez que, a su
juicio, se trata de un canal artificial construido para conducir aguas lluvias. Por lo
anterior, afirmó que ese canal hace parte del espacio público y corresponde al
Municipio su vigilancia y no a la autoridad ambiental, según lo previsto en el artículo
5.º del Decreto 1504 de 4 de agosto de 199867, por tratarse de corrientes de agua
que no son naturales.
100. La Sala reitera que, de acuerdo con la normativa estudiada supra,
corresponde a la autoridad ambiental ejercer las funciones de evaluación,
control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos,
a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir
u obstaculizar su empleo para otros usos.
67 “[…] Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial […]”.
Compilado en el artículo 2.2.3.1.5 del Decreto 1077 de 26 de mayo de 2015 “[…] Por medio del cual se expide
el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio […]”.
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101. Por lo anterior, la Sala concluye que este argumento expuesto por la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR no está llamado a
prosperar.
Respecto al plazo para el cumplimiento de las órdenes impartidas por el
Tribunal
102. La Sala considera necesario establecer un plazo para el cumplimiento de las
órdenes impartidas en los ordinales tercero, cuarto y quinto de la sentencia proferida
por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el 10 de noviembre de 2022, toda vez que el Tribunal impartió
órdenes a las entidades accionadas, pero no indicó el plazo para su ejecución y
cumplimiento.
103. Respecto a la orden impartida al Municipio de Mosquera en el ordinal tercero
de la sentencia proferida, en primera instancia, la Sala resalta que en un caso
relacionado con el mantenimiento y adecuación de un canal que transporta aguas
pluviales se concedió un plazo de 6 meses a un Municipio para el cumplimiento de
dicha orden68, por lo que la Sala acogerá ese plazo en el proceso de la referencia,
sin perjuicio de que en el marco del Comité de Verificación, el Magistrado
Sustanciador del Tribunal Administrativo de Cundinamarca encuentre motivos que
permitan ampliar el plazo.
104. Asimismo, frente a las órdenes impartidas en los ordinales cuarto y quinto de
la sentencia proferida, en primera instancia, en los que se ordenó a la empresa
EAMOS ESP realizar gestiones para identificar y sellar las conexiones irregulares
que se presenten en el Canal Alcalá y, a la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca -CAR que adelante las actuaciones administrativas contra los
contraventores de las normas ambientales, la Sala fijará un plazo de 3 meses para
que las mencionadas entidades rindan informe al Tribunal, en el marco del Comité
de Verificación, sobre el cumplimiento de lo ordenado, tal como se resolverá en la
parte resolutiva de esta providencia.
Respecto al comité de verificación de cumplimiento de la sentencia
105. La Sala considera que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 34 de la Ley
472, específicamente, en lo relacionado con la conformación del comité de
verificación de cumplimiento de la sentencia, es necesario ordenar la conformación
68 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de febrero de
2024, CP. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 730012333000201500460-01.
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del mencionado comité, el cual estará integrado por el Magistrado Sustanciador del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien lo presidirá, un representante de la
parte actora, el Alcalde del Municipio de Mosquera o su delegado, el Gerente de la
Empresa de Servicios Públicos de Mosquera EAMOS ESP, el Director de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR o su delegado, y el
agente del Ministerio Público delegado ante el Tribunal, tal como se ordenará en la
parte resolutiva de esta sentencia.
106. Finalmente, en el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe
que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el marco del Comité de
Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar
su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Conclusiones
107. La Sala concluye que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
– CAR es competente para conocer de los procesos administrativos sancionatorios
ambientales contra las personas que realizan conexiones irregulares y vierten
aguas residuales al Canal Alcalá del Municipio de Mosquera, el cual arroja sus
aguas al Humedal Gualí.
108. La Sala modificará el ordinal cuarto de la sentencia proferida, en primera
instancia, en el sentido de ordenar a la empresa EAMOS E.S.P. que informe
oportunamente, de acuerdo con sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, a la autoridad ambiental sobre el incumplimiento de la normativa en
materia de vertimientos al alcantarillado de aguas pluviales, especialmente sobre el
Canal Alcalá, por parte de suscriptores y/o usuarios, con el objeto de que se inicien
los procesos sancionatorios ambientales a que haya lugar.
109. Adicionalmente, la Sala considera que es necesario fijar un plazo para el
cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia proferida, en primera
instancia y ordenar la conformación de un comité de verificación del cumplimiento
de la sentencia.
110. Finalmente, la Sala considera necesario instar a la comunidad en general y,
en especial, a los propietarios de los predios aledaños al Canal Alcalá que
desemboca en el Humedal Gualí, para que se abstengan de realizar conductas que
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pongan en riesgo el humedal, por ser un área de especial importancia ecológica que
requiere de la protección de todas las personas, de conformidad con lo previsto en
el artículo 95 de la Constitución Política en el que se incluyen como deberes de la
persona y del ciudadano, entre otros, “[…] proteger los recursos culturales y
naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano […]”.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR los ordinales tercero, cuarto y quinto de la sentencia
proferida el 10 de noviembre de 2022 por la Subsección B de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia, los cuales quedarán así:
“[…] TERCERO. -ORDENAR al Municipio de Mosquera (Cundinamarca) adelantar las
acciones necesarias de mantenimiento del sistema de red de acueducto y
alcantarillado de aguas pluviales, especialmente el canal abierto de aguas lluvias que
desemboca en el humedal Gualí.
Para el cumplimiento de esta orden se concede al Municipio de Mosquera el plazo de
6 meses contados desde la ejecutoria de esta sentencia.
CUARTO. -ORDENAR a la empresa EAMOS ESP, continuar adelantando las
gestiones relacionadas con la identificación y sellamiento de conexiones irregulares
que se presenten en la red de acueducto y alcantarillado de aguas pluviales del
Municipio de Mosquera, especialmente el canal abierto de aguas lluvias que
desemboca en el humedal Gualí. Asimismo, ORDENAR a la empresa que informe
oportunamente, de acuerdo con sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, a la autoridad ambiental sobre el incumplimiento de la normativa en
materia de vertimientos al alcantarillado de aguas pluviales, especialmente sobre el
Canal Alcalá, por parte de suscriptores y/o usuarios, con el objeto de que se inicien
los procesos sancionatorios ambientales a que haya lugar.
La Empresa EAMOS deberá presentar al Tribunal informe de cumplimiento de esta
orden en el plazo de 3 meses contados desde la ejecutoria de esta sentencia.
QUINTO. -ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca,
adelantar las actuaciones administrativas contra los contraventores de las normas
ambientales, como es el caso contra las personas que realicen conexiones ilegales o
fraudulentas al sistema de redes de acueducto y alcantarillado del Municipio de
Mosquera Cundinamarca.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR deberá presentar al
Tribunal informe de cumplimiento de esta orden en el plazo de 3 meses contados
desde la ejecutoria de esta sentencia […]”.
SEGUNDO: ORDENAR la conformación de un Comité de Verificación de la
sentencia, el cual estará integrado por el Magistrado Sustanciador del Tribunal
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Núm. único de radicación: 250002341000201900997-01
Administrativo de Cundinamarca, quien lo presidirá, un representante de la parte
actora, el Alcalde del Municipio de Mosquera o su delegado, el Gerente de la
Empresa de Servicios Públicos de Mosquera EAMOS ESP, el Director de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR o su delegado, y el
agente del Ministerio Público delegado ante el Tribunal, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: INSTAR a la comunidad en general y, en especial, a los propietarios de
los predios aledaños al Canal Alcalá que desemboca en el Humedal Gualí, para que
se abstengan de realizar conductas que pongan en riesgo el humedal, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia proferida el 10 de noviembre de
2022 por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.
SEXTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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