RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-41-000-2020-00279-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2020-00279-01

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2020-00279-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el magistrado Fredy Ibarra Martínez. SEGUNDO: MODIFICAR la Sentencia de 18 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, según las consideraciones expuestas. TERCERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la supuesta vulneración al derecho colectivo a la moralidad administrativa derivado de la omisión de la demandante en adelantar la convocatoria para el concurso de méritos. CUARTO: NEGAR las pretensiones de la demanda derivadas de la supuesta vulneración al derecho colectivo a la moralidad administrativa derivada de la provisión de cargos mediante nombramientos provisionales en lugar de encargos, por las razones expuestas en esta decisión. QUINTO: Sin condena en costas por las razones expuestas. SEXTO: Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-41-000-2020-00279-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

24 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 24 de agosto de 2026

Radicado: 25000-2336-000-2018-01203-01 (73.614)
Demandante: Lourdes María Díaz Monsalvo
Demandados: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Acción popular

Temas: protección derechos e intereses colectivos - acción popular – moralidad administrativa
– función pública – administración del empleo público – cargos de carrera - Procuraduría
General de la Nación

Síntesis del caso: se pretende la protección del derecho e interés colectivo a la moralidad
administrativa, producto de: a) la omisión de la demandada de adelantar la convocatoria
pública para proveer los cargos de carrera y b) el indebido manejo de las vacantes definitivas
en la Procuraduría General de la Nación, derivado de la utilización de nombramientos en
provisionalidad con preferencia sobre el encargo de servidores inscritos en carrera
administrativa.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante en contra
de la Sentencia de 18 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, que declaró
la carencia actual de objeto por hecho superado1.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada – 1.3.
Coadyuvantes – 1.4. Sentencia recurrida – 1.5. Recursos de apelación - 1.6. Trámite relevante en
segunda instancia

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 4 de febrero de 2020, Lourdes María Monsalvo presentó demanda2, en
ejercicio del medio de control constitucional de protección derechos e intereses
colectivos, en contra de la Procuraduría General de la Nación con el objeto de
que se hicieran las siguientes declaraciones y se dieran las siguientes ordenes (se
trascribe)3:

1. Ordenar al doctor Fernando Carrillo Flórez, Procurador General de la Nación o a
quien corresponda, presentar la justificación de la entrega de cargos en
provisionalidad, sin motivaciones en el decreto de nombramiento.

1 El Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias

dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
2 Folio 1
3 Tomado de la demanda y reforma de la demanda (Fls. 27 a 28)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000233600020180120301 (73.614)
Demandante: Lourdes María Díaz Monsalvo
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Acción popular
Decisión: Modifica la Sentencia

2. Se ordene al doctor Fernando Carrillo Flórez, Procurador General de la Nación o
a quien corresponda, abrir concurso público de méritos para todos los cargos en
vacancia definitiva al interior de la Procuraduría General de la Nación.
3. Se ordene al doctor Fernando Carrillo Flórez, Procurador General de la Nación o
a quien corresponda, crear un sistema transparente de provisión de encargos, para
promover y proteger el mérito de los funcionarios en carrera administrativa al interior
de la Procuraduría General de la Nación.
4. Se ordene al doctor Fernando Carrillo Flórez, Procurador General de la Nación o
a quien corresponda, que le dé cumplimiento a la Constitución Política que ordena
mérito como base del empleo público y al parágrafo cuarto del art. 185 que indica
que, una vez efectuado el nombramiento por encargo o en provisionalidad, la
convocatoria a concurso deberá hacerse dentro de los 3 meses siguientes a este
nombramiento.
[ampliación reforma]
5. Se ordene un informe de la Procuraduría General de la Nación en donde se
expongan cuántos cargos están en vacancia definitiva y hace cuánto, ya que si
llevan más de 3 meses han debido salir a Concurso Público de Méritos.
6. Se ordene un informe de la Procuraduría General de la Nación en donde se
expongan cuántos cargos que están en vacancia definitiva, están ocupados por
personal nombrado en provisionalidad.
7. Se ordene un informe de la Procuraduría General de la Nación en donde se
expongan cuántos de los cargos que están en vacancia temporal, están ocupados
por personal nombrado en provisionalidad.
8. Se ordene un informe de la Procuraduría General de la Nación en donde se
exponga la fecha del último curso de reinducción.
9. Se ordene a Fernando Carrillo Flórez y/o PROCURADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN el cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política (art. 125),
Decreto 262 de 2000 (art. 185), Ley 909 de 2004 (art. 2, 24 y 25).
10. Que se ordene a Fernando Carrillo Flórez y/o PROCURADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN, la motivación de los actos administrativos de nombramiento.
11. Se declaren nulos todos los nombramientos provisionales expedidos con
posterioridad a la Sentencia N°2020-07-084 E, dada en Bogotá D.C., el Veinticuatro
(24) de julio dos mil veinte (2020).
12. Que se ordene, publicar en la Página de la Procuraduría General de la Nación,
de manera permanente, los cargos de la planta que quedan vacantes, para que
todas las personas que cumplan requisitos y estén inscritos en carrera administrativa,
apliquen y se realice algún tipo de evaluación o concurso interno para proveerlo
por encargo.
13. Que los traslados de personal tengan presente que la provisionalidad es por
razones del servicio, por tanto, para las asignaciones de funciones, se tendrá
prelación absoluta del personal inscrito en carrera administrativa.
14. Que se ordene a la autoridad de control competente, adelantar la investigación
del caso para efectos de responsabilidades penales o disciplinarias.

2. La parte actora fundamentó sus pretensiones, en síntesis, en los siguientes
hechos y afirmaciones4:

3. 1) La demandante ganó un concurso público de méritos adelantado por la
Procuraduría General de la Nación en 2015. En consecuencia, después de
surtirse todo el proceso, fue nombrada mediante el Decreto 3604 de 24 de julio
de 2017 en el cargo de secretario procuraduría GR 10, código 4SP-10.

4. 2) Aseguró que, después de posesionada empezó “a presentar derechos de
petición, solicitando información sobre los encargos al interior de la entidad y el

4 Tomado de la demanda (Folios 1 a 7 del expediente) y la reforma (Folio 27) la cual fue admitida mediante Auto de 24

de mayo de 2021 (Folios 114 a 117)
2 de 16

Radicado: 25000233600020180120301 (73.614)
Demandante: Lourdes María Díaz Monsalvo
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Acción popular
Decisión: Modifica la Sentencia

proceso de selección que se hacía, tanto para los nombramientos provisionales,
como para el otorgamiento del encargo”.

5. 3) En las respuestas advirtió que, de un lado, no se había adelantado un nuevo
concurso de méritos5 con lo cual no había una lista de elegibles vigente y, de
otro, que, en consecuencia, los nombramientos que se realizaban al interior de
la Procuraduría eran en provisionalidad6 cuando, en su criterio, debían ser en
encargo con las personas que ocupaban cargos de carrera.

6. 4) Agregó que, mediante Sentencia de 24 de julio de 2020, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en una
decisión de única instancia de nulidad electoral, declaró la nulidad de un
nombramiento en el cargo de procurador 26 judicial II para el trabajo la
seguridad social porque, en lugar de nombrar en encargo a uno de los
procuradores judiciales I que se encontraban inscritos en carrera, nombró a
terceros que no tenían derechos de carrera.

7. 5) Señaló que, con base en esa sentencia, decidió interponer diferentes
acciones de nulidad electoral para que se juzgaran los nombramientos en
provisionalidad realizados en la Procuraduría General de la Nación. Sin
embargo, por esa razón, a su juicio, fue trasladada y pasó de “estar en trabajo
en casa a prestar sus servicios de forma presencial”.

8. Respecto de la violación al derecho e interés colectivo a la moralidad
administrativa, la parte actora afirmó que su violación se concretaba en los
siguientes aspectos: 1) Porque se desconocía la promoción de los derechos de
la carrera administrativa a través de la figura del encargo contenida en el
Decreto 262 de 2000, artículo 185. Lo anterior, porque, en lugar de promover a
los empleados que estaban en carrera y efectuar un encargo en el nivel
superior, se resolvía nombrar a personas sin derechos de carrera en
provisionalidad. 2) Porque los actos administrativos de nombramiento en
provisionalidad se habían expedido sin motivación en contravía de lo dispuesto,
por ejemplo, en la Sentencia SU 917 de 2010 y otra jurisprudencia. 3) Porque no
se había desarrollado el concurso de méritos para proveer en carrera todas las
vacantes definitivas que existen en la Procuraduría General de la Nación pese
a que la última convocatoria se adelantó en el 2015, lo anterior, en detrimento
del artículo 125 de la Constitución Política de Colombia.

1.2. Posición de la parte demandada

5 Explicó que, según el artículo 185 del Decreto 262 de 2000 que rige la carrera especial de la Procuraduría General de

la Nación, una vez el nominador haya provisto una vacancia definitiva de un cargo en carrera, ya sea en provisionalidad
o en encargo “la convocatoria a concurso deberá hacerse dentro de los 3 meses siguientes a este nombramiento”. Sin
embargo, en este caso, ha pasado mucho más de 3 meses, sin que se hubiera adelantado el concurso de méritos.
6 Precisó que “solamente en el mes de enero de 2019, se nombraron en provisionalidad 203 cargos de la planta de

personal de la PGN”.
3 de 16

Radicado: 25000233600020180120301 (73.614)
Demandante: Lourdes María Díaz Monsalvo
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Acción popular
Decisión: Modifica la Sentencia

9. La Procuraduría General de la Nación contestó la demanda y su reforma7,
se opuso a las pretensiones y desarrolló su argumento en 4 puntos. En el primero,
abordó lo relativo a la falta de convocatoria de un nuevo concurso de méritos.
La Procuraduría sostuvo que no existió una omisión absoluta en el cumplimiento
del principio del mérito. La entidad explicó que, aunque en 2015 se adelantaron
concursos8, para la fecha de presentación de la demanda, las listas de elegibles
ya habían perdido vigencia. Señaló que la listas de elegibles de procuradores
judiciales fueron publicadas en julio de 2016 y estuvieron afectadas
temporalmente por decisiones judiciales; las de los restantes niveles se
conformaron durante 2017 y expiraron en 20199. Como explicación de por qué
no había convocado inmediatamente otro concurso, indicó que estos procesos
requieren planeación, contratación de un operador especializado, elaboración
y aplicación de pruebas, recursos presupuestales y cumplimiento de diversas
etapas administrativas. Sostuvo que, antes de convocar un nuevo concurso, era
necesario actualizar el manual de funciones y realizar un estudio de cargas
laborales, para determinar las necesidades reales de personal y los perfiles
requeridos. Informó que en 2020 priorizó la obtención de recursos del BID,
mediante el contrato de crédito 4443-OC-CO, para financiar el estudio de
cargas laborales y la actualización de la planta. Señaló que el proceso
contractual iniciado en 2020 fue aplazado para 2021 por la emergencia
sanitaria y por razones técnicas10. Reiteró que la convocatoria no dependía
exclusivamente de la Procuraduría, pues requería disponibilidad y reserva
presupuestal gestionada ante el Ministerio de Hacienda y según la
comunicación interna citada en la contestación, para la vigencia 2020 no
existían recursos asignados para realizar un nuevo proceso de selección.
Finalmente, agregó que no es materialmente posible adelantar un nuevo
concurso cada vez que surge una vacante definitiva.

10. En el segundo, sobre la utilización del encargo y del nombramiento
provisional, la Procuraduría sostuvo que el artículo 185 del Decreto Ley 262 de
2000 no establece una preferencia obligatoria del encargo sobre el
nombramiento provisional11. A partir de las expresiones “podrá” y “o”, interpretó
que el nominador está facultado para escoger cualquiera de las dos
modalidades de provisión transitoria, según las necesidades del servicio y
siempre que la persona designada cumpla los requisitos del empleo. En
consecuencia, afirmó que los servidores de carrera no tienen un derecho

7 Folio 83 y folios 121 del expediente.
8 Como antecedente, señaló que durante 2015 adelantó dos procesos de selección: El regulado por la Resolución 040

de 2015, para proveer 744 empleos de procurador judicial I y II. El regulado por la Resolución 332 de 2015, mediante el
cual se ofertaron 739 empleos de los niveles asesor, profesional, técnico, administrativo y operativo. En conjunto, esos
concursos comprendieron 1.483 cargos ofertados.
9 12 de marzo de 2019 las listas de Procuradores Judiciales y 11 de julio de 2019 de los demás cargos.
10 Para esa vigencia se aprobó un presupuesto estimado de $2.500 millones, incluido en el plan de adquisiciones de la

entidad
11 Art. 185 Decreto 262 de 2000. Se hará nombramiento en encargo cuando un empleado inscrito en carrera cumpla los

requisitos exigidos para el empleo y haya obtenido calificación de servicios sobresaliente en el último año y una
calificación mínima del 70% sobre el total del puntaje en los cursos de reinducción a que se refiere el numeral segundo
del artículo 253 de este decreto. Sin embargo, por razones del servicio, el Procurador General de la Nación podrá nombrar
a cualquier persona en provisionalidad siempre que ésta reúna los requisitos legales exigidos para el desempeño del
empleo por proveer.
4 de 16

Radicado: 25000233600020180120301 (73.614)
Demandante: Lourdes María Díaz Monsalvo
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Acción popular
Decisión: Modifica la Sentencia

automático a ser encargados en toda vacante de superior nivel. Agregó que el
encargo puede generar una cadena sucesiva de vacantes en la planta,
mientras que la provisionalidad permite cubrir directamente el cargo sin
desocupar otro empleo. Por ello, teniendo en cuenta el carácter nacional y
dinámico de la entidad, así como los retiros, traslados, licencias, vacaciones y
demás situaciones administrativas, señaló que era necesario conservar un
margen de decisión para elegir la alternativa que mejor garantizara la
continuidad y eficiencia del servicio. Además, encontró respaldo de su tesis en
la Sentencia C-503 de 2020 de la Corte Constitucional12, según la cual el
empleado de carrera no tiene, por el solo hecho de estar inscrito en ella, un
mejor derecho que una persona externa para ocupar transitoriamente otro
cargo, pues el mérito acreditado se refiere al empleo específico para el cual
concursó. Por ello, la provisionalidad es constitucionalmente admisible cuando
se utiliza para garantizar la continuidad y eficiencia del servicio, siempre que no
se convierta en un mecanismo para eludir indefinidamente el concurso de
méritos.

11. En el tercero, sobre la motivación de los nombramientos provisionales. La
Procuraduría afirmó que el artículo 185 del Decreto Ley 262 de 2000 no obligaba
a explicar expresamente por qué se acude a la provisionalidad en lugar del
encargo. A su juicio, bastaba con que el nombramiento respondiera a la
existencia de una vacante, a las necesidades del servicio y al cumplimiento de
los requisitos del cargo. Por ello, la ausencia de una motivación extensa en el
acto no implicaba falta de fundamento, salvo que se demostrara desviación de
poder o favorecimiento indebido13.

12. Finalmente, se indicó que, por su régimen especial de carrera previsto en
el artículo 279 de la Constitución y desarrollado por el Decreto Ley 262 de 2000,
podía acudir al encargo o a la provisionalidad para garantizar la continuidad
del servicio, sin que existiera obligación de crear un protocolo adicional. Agregó
que los nombramientos gozaban de presunción de legalidad y que una
eventual irregularidad no configuraba por sí sola vulneración de la moralidad
administrativa, pues debía acreditarse mala fe, desviación de poder, corrupción
o favorecimiento indebido, lo cual, a su juicio, no ocurrió. Afirmó que la acción
popular no podía sustituir los medios de control destinados a cuestionar
nombramientos concretos.

1.3 Coadyuvantes de la acción popular

12 Entre otros artículos del Decreto 262 de 2000, estudió la constitucionalidad del artículo 185, específicamente la expresión

que a continuación se subraya: “El empleo del cual sea titular el servidor encargado podrá proveerse por encargo o en
provisionalidad mientras dure el encargo de aquél.”
13
Además, sostuvo que, de las Sentencias C 503 de 2020 de la Corte Constitucional,
47001233300020200010300 del Tribunal Administrativo de Magdalena y 1101032500020100006400
del Consejo de Estado, Sección Segunda, era posible entender la distinción entre el deber de
motivar un retiro de un funcionario provisional y el nombramiento o prórroga de la provisionales
de los cuales se considera suficiente la facultad legal del nominador y la necesidad del servicio
5 de 16

Radicado: 25000233600020180120301 (73.614)
Demandante: Lourdes María Díaz Monsalvo
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Acción popular
Decisión: Modifica la Sentencia

13. En la presente acción popular se presentaron y admitieron
coadyuvancias14. En términos generales, sus intervenciones coincidieron en
cuestionar el uso prolongado o indiscriminado de los nombramientos
provisionales y la falta de motivación, publicidad y transparencia en la provisión
de los empleos de la Procuraduría, prácticas que asociaron con el clientelismo,
los favores políticos, la corrupción y la pérdida de confianza ciudadana en las
instituciones. En consecuencia, solicitaron que las vacantes definitivas fueran
provistas mediante concurso público de méritos y que, respecto de las vacantes
temporales o mientras se adelantaban los concursos, se privilegiara el encargo
de los funcionarios inscritos en carrera, mediante procedimientos públicos y
transparentes que garantizaran su movilidad vertical. Algunas coadyuvancias
también pidieron que se justificaran los nombramientos, se publicaran las
vacantes y se informara cuántas estaban ocupadas en provisionalidad o
mediante encargo; mientras otras destacaron situaciones concretas, como la
permanencia durante varios años de servidores provisionales, la ausencia de
oportunidades de ascenso para empleados de carrera y el presunto
desconocimiento de decisiones judiciales, e incluso solicitaron la determinación
de las responsabilidades disciplinarias o penales correspondientes.

1.4. Sentencia recurrida

14. El 18 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A en la parte resolutiva únicamente declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado frente al adelantamiento del
concurso de méritos15. En la parte motiva, explicó que la moralidad
administrativa solo se vulnera cuando concurren dos elementos: uno objetivo,
consistente en el desconocimiento del ordenamiento jurídico, y otro subjetivo,
referido a que la actuación u omisión busque favorecer intereses personales,
políticos o de terceros, en lugar del interés general. Posteriormente, se pronunció
respecto de la omisión en adelantar el concurso de méritos y la preferencia por
el nombramiento de provisionalidad antes que en encargo.

15. Respecto del primero, consideró que la falta de convocatoria del concurso
podía satisfacer el elemento objetivo, porque el artículo 185 del Decreto Ley 262
de 2000 imponía convocarlo dentro de los tres meses siguientes a la provisión de
empleos “por encargo o provisionalidad”. Por tanto, la prolongación de
numerosos nombramientos provisionales, desde que perdieron vigencia las listas

14 Las coadyuvancias fueron presentadas por María Juliana Aldana Vásquez, Nadia Patricia Correa González, Glausy

Liseth Quiñónez, Esteban Garcés Naranjo, Angie Katerine Ramírez Gamba, María Alejandra Chaparro Rojas, Nicolle
Solano Betancourt, Martha Isabel Monroy, Jesús Garnica Solera, María Alejandra Tovar Ochoa, Kathleen Martínez, Yelipse
Adriana Díaz Fernández, Félix Daniel Salinas Ramírez, Alonso Corredor Arteaga, Leonard Iván Garnica Iguarán, Ruby Téllez
Rojas, María Leonor Villamizar Corzo, Patricia Martínez, Sandra Milena Franco Gómez, Anyul Suárez Morales, Álvaro
Angarita, Carlos Andrés Echeverry Gudiño, Anna María García Rada, Cristian Ramiro Garzón Caicedo, Daniel Ramírez
Riaño, Danesis Arce Ramírez, Miguel Ángel Barrera Medina, María Camila Anzola, Gloria Milena Orjuela García, Julián
Bernardo Valencia, Marta Alexandra Zúñiga Gámez, Roberto Tolosa y Claudia Lisbeth Carreño Flautero.
15 “PRIMERO. - DECLÁRASE la carencia actual de objeto por hecho superado, frente a las pretensiones propuestas en la

demanda de la señora Lourdes María Díaz Monsalvo, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia. SEGUNDO. - REMÍTASE copia de esta sentencia al Registro Público centralizado de acciones populares y de
grupo de la Defensoría del Pueblo. TERCERO. - Ejecutoriada esta providencia y previa las constancias del caso ARCHÍVESE
el expediente.
6 de 16

Radicado: 25000233600020180120301 (73.614)
Demandante: Lourdes María Díaz Monsalvo
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Acción popular
Decisión: Modifica la Sentencia

de elegibles16, sin adelantar el concurso no era una actuación legítima y
desconocía el régimen de carrera. Sin embargo, la sentencia no estudió y revisó
que estuviera probado el elemento subjetivo, es decir, que la omisión hubiera
tenido como propósito favorecer por razones políticas o personales a
determinadas personas. Así, después de señalar que se configuraba el elemento
objetivo, se limitó a indicar que la solicitud de protección ya había sido atendida
por otra decisión judicial (en el marco de una acción de cumplimiento) que
ordenó a la Procuraduría convocar el concurso de méritos17.

16. Respecto del segundo, consideró que no se configuraba el elemento
objetivo porque los artículos 185 y 187 del Decreto Ley 262 de 2000 facultan al
Procurador General para escoger entre el encargo y el nombramiento
provisional, sin que exista una obligación de agotar primero el encargo ni una
prelación absoluta en favor de los empleados de carrera. Se explicó que ambas
modalidades son jurídicamente válidas para proveer transitoriamente las
vacantes y garantizar la continuidad del servicio. Sin embargo, precisó que esa
facultad es excepcional y temporal, y que no elimina la obligación de convocar
el concurso para efectuar la provisión definitiva. Por ello concluyó que la sola
decisión de acudir a la provisionalidad no configuraba el elemento objetivo de
una vulneración de la moralidad administrativa.

17. Para terminar, el tribunal sostuvo que la acción popular no era el mecanismo
adecuado para resolver situaciones individuales de la demandante, como su
falta de designación en encargo, el traslado dispuesto mediante el Decreto 736
de 2020 o su terminación del trabajo en casa, pues se trataba de intereses
subjetivos y particulares, no de derechos colectivos. También recordó que la
vulneración de la moralidad administrativa exige demostrar tanto el
desconocimiento del ordenamiento jurídico como una finalidad subjetiva
dirigida a favorecer intereses personales, políticos o de terceros. La Sala no
encontró probado que los nombramientos provisionales hubieran obedecido a
corrupción, clientelismo, desviación de poder o favorecimiento indebido.
Añadió que el cumplimiento de los requisitos de las personas nombradas debía
discutirse respecto de cada acto mediante el medio de control de nulidad
electoral. Finalmente, la sentencia no adoptó órdenes individuales sobre la
creación de un sistema de encargos, la publicación permanente de vacantes,
la presentación de informes, los cursos de reinducción o el inicio de
investigaciones penales y disciplinarias. Tampoco condenó en costas.

1.5. Recursos de apelación

16 Desde el 2019, cuando habían perdido vigencias tanto las listas de los Procuradores Judiciales I y II y los empleos de los

niveles asesor, profesional, técnico, administrativo y operativo.”
17 En el marco de una acción de cumplimiento. Sentencia de segunda instancia, proferida por el Consejo de Estado.

Sección Quinta. Rad. 25000-23-41-000-2024-00875-01. Ahí se confirmó la sentencia de primera instancia que resolvió
“PRIMERO: DECLARAR que la Procuraduría General de la Nación incumple el mandato claro, expreso y exigible
consagrado en los artículos 185 y 192 Decreto Ley 262 de 2000 relativo a convocar a concurso de méritos para proveer
los cargos de carrera vacantes definitivamente, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR Procuraduría General de la Nación que dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de
esta sentencia, convoque en forma jurídica satisfactoria el concurso de méritos para proveer los cargos de carrera en
vacancia definitiva.”
7 de 16

Radicado: 25000233600020180120301 (73.614)
Demandante: Lourdes María Díaz Monsalvo
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Acción popular
Decisión: Modifica la Sentencia

18. Lourdes María Díaz Monsalvo presentó recurso de apelación18 en el que se
opuso a la decisión de primera instancia. Las razones de inconformidad de la
apelante pueden agruparse en tres.

19. La primera, que no se configuró la carencia actual de objeto por hecho
superado, porque la sentencia de segunda instancia dictada el 22 de agosto
de 2024 en la acción de cumplimiento únicamente ordenó convocar el
concurso de méritos, pero este todavía no se había materializado, de modo que
subsistía la situación cuestionada; la segunda, que el Tribunal no examinó cómo
se seleccionan los beneficiarios de los encargos, si cumplen los requisitos ni si la
facultad de escoger entre encargo y provisionalidad permite decidir
discrecionalmente a quién se encarga. Además, tampoco resolvió
suficientemente las solicitudes de crear un sistema transparente de provisión de
encargos y superar las barreras derivadas de la falta de cursos de reinducción;
la tercera, que la providencia omitió pronunciarse sobre las pretensiones
relativas a la publicación permanente de las vacantes, la prelación del personal
de carrera en los traslados y asignaciones de funciones, y la remisión del asunto
a las autoridades competentes para investigar eventuales responsabilidades
penales o disciplinarias.

1.6 Trámite relevante en segunda instancia

20. El asunto fue repartido en la Sección Primera el 2 de diciembre de 2024 en
esta corporación19. El 3 de octubre de 2025, se remitió a esta Sección por
competencia20. El 30 de octubre de 2025 se repartió en este despacho y el 2 de
diciembre de 2025 se avocó conocimiento y se admitió el recurso de apelación.
Además, se ordenó notificar al Ministerio Público esa providencia. La Secretaría
notificó al Ministerio Público el 3 de diciembre de 2025, el asunto entró al
despacho para sentencia el 15 de diciembre de 2025 y el Ministerio Público
allegó su concepto el 19 de diciembre de 202521 por fuera del término de ley22.

21. El 3 de agosto de 2026, el magistrado Fredy Ibarra Martínez manifestó su
impedimento para conocer de este asunto con fundamento en la causal 3 y 4
del artículo 130 del CPACA, debido a que su cónyuge se desempeñó durante
varios años en calidad de Asesora Grado 24 de la Procuraduría Tercera
Delegada ante el Consejo de Estado y, actualmente, sin solución de continuidad
de esa vinculación laboral, funge como Procuradora Judicial II ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en calidad de Agente de la Procuraduría
General de la Nación. En la parte resolutiva de esta providencia se declarará
fundado este impedimento.

18 Índice 87 Samai Tribunal Administrativo
19 Índice 1 Samai
20 Índice 26 Samai
21 Índice 36 Samai
22 Art. 12 Ley 2213 de 2022, auto que admitió el recurso y auto de unificación 69.376

8 de 16

Radicado: 25000233600020180120301 (73.614)
Demandante: Lourdes María Díaz Monsalvo
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Acción popular
Decisión: Modifica la Sentencia

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia - 2.2. Análisis sustantivo - 2.3. Sobre la condena en
costas

2.1. Síntesis de la controversia

22. La Sala, con base en el recurso de apelación, modificará la sentencia de
primera instancia. De un lado, en relación con la segunda y cuarta pretensión23,
confirmará la declaratoria de carencia actual de objeto por hecho superado,
aunque por una razón distinta a la expuesta por el tribunal: no porque la orden
impartida en la acción de cumplimiento hubiera satisfecho, por sí sola, lo
solicitado por la demandante, sino porque mediante la Resolución 76 del 24 de
marzo de 2026 la Procuraduría General de la Nación convocó efectivamente el
concurso de méritos. De otro lado, se negarán las pretensiones relacionadas con
la presunta vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa
derivada de la provisión de cargos mediante nombramientos provisionales en
lugar de encargos, pues no se acreditó el elemento objetivo de dicha
vulneración. En consecuencia, al no demostrarse la afectación del derecho
colectivo invocado, tampoco hay lugar a impartir las órdenes adicionales
reclamadas por la apelante respecto del sistema de encargos y de las demás
pretensiones que, según afirma, no fueron resueltas en primera instancia.

2.2. Análisis sustantivo

23. Frente a la vulneración al derecho colectivo a la moralidad administrativa
por no adelantar el concurso de méritos al interior de la Procuraduría General
de la Nación desde el 2015. En el caso concreto, la primera instancia declaró
un hecho superado respecto de la segunda y cuarta pretensión, con base en la
orden dada en la Sentencia de 15 de julio de 2024 confirmada por la Sentencia
de 22 de agosto de 2024, que resolvió una acción cumplimiento. Esa sentencia,
analizó el artículo 185 y 192 del Decreto Ley 262 de 2000 y concluyó que la
Procuraduría incumplió un deber legal claro y exigible de convocar el concurso
de méritos para proveer los cargos de carrera vacantes. Rechazó el argumento
según el cual la acción de cumplimiento era improcedente por implicar un
gasto, al encontrar demostrado que los recursos para el concurso ya habían sido
apropiados en el presupuesto de 2024 por valor de $20.385 millones. La Sala
concluyó que la Procuraduría solo debía adelantar los trámites presupuestales
necesarios para utilizar esos recursos, mas no obtener una nueva apropiación.
En consecuencia, al existir un mandato legal expreso, apropiación presupuestal

23 “2. Se ordene al doctor Fernando Carrillo Flórez, Procurador General de la Nación o a quien corresponda, abrir concurso

público de méritos para todos los cargos en vacancia definitiva al interior de la Procuraduría General de la Nación. (…)
4. Se ordene al doctor Fernando Carrillo Flórez, Procurador General de la Nación o a quien corresponda, que le dé
cumplimiento a la Constitución Política que ordena mérito como base del empleo público y al parágrafo cuarto del art.
185 que indica que, una vez efectuado el nombramiento por encargo o en provisionalidad, la convocatoria a concurso
deberá hacerse dentro de los 3 meses siguientes a este nombramiento.”
9 de 16

Radicado: 25000233600020180120301 (73.614)
Demandante: Lourdes María Díaz Monsalvo
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Acción popular
Decisión: Modifica la Sentencia

y renuencia de la entidad a cumplirlo, confirmó la orden de convocar el
concurso de méritos24.

24. La Sala comparte el argumento de la apelante según el cual la sola
existencia de una orden impartida en el trámite de la acción de cumplimiento
no permitía declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, pues
dicha providencia, por sí misma, no hacía desaparecer las circunstancias que
dieron origen a la amenaza o vulneración alegada del derecho colectivo a la
moralidad administrativa. Sin embargo, en aplicación de lo previsto en el artículo
177 del CGP25, y por la naturaleza misma de la acción popular, la Sala verificó
que en la página web de la Procuraduría General de la Nación26 fue publicada
la Resolución 076 del 24 de marzo de 2026, modificada por las Resoluciones 108
del 24 de marzo y 133 del 20 de mayo de 2026, mediante la cual se convocó el
proceso de selección abierto denominado “Mérito Construyendo Excelencia”27,
destinado a proveer la totalidad de las vacantes definitivas pertenecientes al
sistema especial de carrera administrativa de la entidad. Asimismo, se estableció
que las inscripciones se realizarían entre el 7 y el 18 de septiembre de 2026, desde
las 8:00 horas del primer día hasta las 16:00 horas del último. En consecuencia,
fue la apertura efectiva del concurso, como hecho sobreviniente, y no la mera
expedición de la sentencia de cumplimiento, la que produjo la desaparición de
la situación que sustentaba la segunda pretensión.

25. En consecuencia, a la fecha de esta decisión, se configura la carencia
actual de objeto por hecho superado respecto de la pretensión encaminada a
que se convoque el concurso de méritos, pues la Procuraduría General de la
Nación ya dispuso su apertura efectiva. No obstante, esta circunstancia
sobreviniente no impide establecer si, antes de la convocatoria, la omisión de la
entidad vulneró el derecho colectivo a la moralidad administrativa. Por ello, la
Sala procederá a examinar de fondo ese aspecto de la controversia.

26. En este punto, la Sala precisa que la vulneración del derecho colectivo a
la moralidad administrativa exige la concurrencia de dos elementos. El primero
es de carácter objetivo y supone verificar si la actuación u omisión administrativa
desconoció el ordenamiento jurídico, transgredió los principios y valores que
orientan la función pública o comprometió de manera ilegítima el patrimonio

24 Radicado 25000-23-41-000-2024-00875-00. El Consejo de Estado, Sección Quinta, confirmó la sentencia de primera
instancia en la que se ordenó: “PRIMERO: DECLARAR que la Procuraduría General de la Nación incumple el mandato
claro, expreso y exigible consagrado en los artículos 185 y 192 Decreto Ley 262 de 2000 relativo a convocar a concurso
de méritos para proveer los cargos de carrera vacantes definitivamente, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia. SEGUNDO: ORDENAR Procuraduría General de la Nación que dentro de los tres (3) meses siguientes a
la ejecutoria de esta sentencia, convoque en forma jurídica satisfactoria el concurso de méritos para proveer los cargos
de carrera en vacancia definitiva.”
25 Artículo 177. Prueba de las normas jurídicas. El texto de normas jurídicas que no tengan alcance nacional y el de las

leyes extranjeras, se aducirá en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte. (…) Estas reglas se aplicarán a las
resoluciones, circulares y conceptos de las autoridades administrativas. Sin embargo, no será necesaria su presentación
cuando estén publicadas en la página web de la entidad pública correspondiente.
26 https://www.procuraduria.gov.co/procuraduria/concurso/Pages/default.aspx
27 La convocatoria se realizar para proveer 2826 vacantes definitivas de la planta de la Procuraduría General de la

Nación, distribuidas en cargos de los niveles asesor, ejecutivo, profesional, técnico, administrativo y operativo, entre ellos
procuradores judiciales I y II, profesionales universitarios, sustanciadores, secretarios, auxiliares, conductores y citadores.
La convocatoria comprende la totalidad de las vacantes definitivas identificadas y se desarrolla mediante 291
convocatorias, permitiendo también la participación de servidores ya inscritos en la carrera de la entidad.
10 de 16

Radicado: 25000233600020180120301 (73.614)
Demandante: Lourdes María Díaz Monsalvo
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Acción popular
Decisión: Modifica la Sentencia

público. El segundo es de naturaleza subjetiva y exige establecer, a partir de los
argumentos de la demanda y de las pruebas, si la conducta cuestionada se
apartó del interés general o de los fines estatales, para favorecer intereses
particulares o propósitos ajenos a la correcta administración28. Con fundamento
en estos criterios, la Sala examinará la vulneración de ese derecho.

27. En el caso en concreto, los artículos 18529 y 19230 del Decreto 262 de 2000
establecen que, una vez provista una vacante definitiva mediante encargo o
nombramiento provisional, la convocatoria al concurso debe efectuarse dentro
de los tres meses siguientes. Conforme al artículo 192, el proceso será de ascenso
cuando se reúnan las condiciones allí previstas y, de no ser así, deberá
convocarse en modalidad abierta. En consecuencia, la provisión transitoria del
empleo no releva a la entidad del deber de convocar oportunamente el
concurso ni autoriza a mantener indefinidamente la vacante mediante encargo
o provisionalidad.

28. En la contestación de la demanda y su reforma, la Procuraduría indicó que
los últimos concursos para proveer cargos de procurador judicial y empleos de
los niveles asesor, profesional, técnico, administrativo y operativo fueron
convocados en 201531 y que sus listas de elegibles perdieron vigencia en 2019.
Con la demanda y la reforma, la parte actora aportó 14 archivos32 con
nombramientos que dan cuenta que, desde enero de 2019, se efectuaron
diferentes nombramientos en provisionalidad y en encargo.

29. En consecuencia, se encuentra acreditado el elemento objetivo de la
vulneración, pues la Procuraduría desconoció el mandato contenido en los
artículos 185 y 192 del Decreto Ley 262 de 2000. En efecto, desde enero de 2019
efectuó nombramientos en provisionalidad y en encargo para proveer vacantes
definitivas, sin que dentro de los tres meses siguientes hubiera convocado el
concurso correspondiente. La convocatoria solo se produjo mediante la
Resolución 076 del 24 de marzo de 2026, esto es, después de transcurridos más
de siete años, término ampliamente superior al previsto por el legislador.

30. Acreditado el elemento objetivo, corresponde examinar si se configura el
elemento subjetivo de la vulneración. Para ello, la Sala advierte tres
circunstancias. En primer lugar, la demanda no contiene una exposición

28 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Rad. 25000-23-24-000-2012-00252-01. Marzo 2 de 2022.
29 “(…) Efectuado el nombramiento por encargo o en provisionalidad, la convocatoria a concurso deberá hacerse dentro

de los tres (3) meses siguientes a este nombramiento.”
30 ARTÍCULO 192. Concursos. Los concursos son: 1) Abiertos: para el ingreso de nuevo personal a la carrera de la

Procuraduría General. En ellos podrán participar también quienes se encuentren inscritos en carrera. 2) De ascenso: para
ascender en cargos de carrera de la Procuraduría General. En ellos sólo podrán participar quienes se encuentren inscritos
en la carrera de la entidad. El concurso deberá convocarse de ascenso cuando existan en la entidad por lo menos cinco
(5) empleados inscritos en carrera que cumplan los requisitos para ascender, determinados en este decreto, según
certificación que expedirá el jefe de la División de Gestión Humana. Convocado un concurso de ascenso, éste
continuará teniendo tal naturaleza si se admiten en él por lo menos cinco (5) empleados inscritos en carrera. En caso
contrario, se declarará desierto y se convocará a concurso abierto. En este último evento, quienes fueron inicialmente
admitidos continuarán en el concurso abierto para ascender, sin necesidad de nueva inscripción.
31 Resolución 40 de 20 de enero de 2015 y Resolución 332 de 12 de agosto de 2015
32 Folio 16 y 28A

11 de 16

Radicado: 25000233600020180120301 (73.614)
Demandante: Lourdes María Díaz Monsalvo
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Acción popular
Decisión: Modifica la Sentencia

concreta dirigida a identificar o demostrar que la omisión de convocar el
concurso hubiera obedecido a intereses particulares, propósitos ocultos o
finalidades contrarias al interés general. En segundo lugar, las pruebas aportadas
con la demanda y su reforma tampoco permiten inferir la existencia de este
elemento pues se contraen, principalmente, a actos de nombramiento en
provisionalidad y en encargo expedidos durante 201933 y 202034, así como a las
peticiones formuladas por la actora35 y a las respuestas emitidas por la
entidad.36. En tercer lugar, la documentación allegada con la contestación,
aunque no desvirtúa la prolongada mora en la convocatoria, da cuenta de
actuaciones administrativas y preparatorias encaminadas a estructurar el
concurso. En esas condiciones, la ausencia de alegación y prueba sobre una
finalidad desviada, sumada a la existencia de elementos que explican
parcialmente la demora, impide tener por acreditado el elemento subjetivo.

31. En efecto, la Procuraduría demostró que, desde enero y febrero de 2020,
inició gestiones para contratar una consultoría orientada a elaborar el estudio
de cargas laborales y actualizar el manual de funciones37 instrumentos que,
según la entidad, resultaban necesarios para definir los perfiles, las funciones y
los empleos que debían ser incluidos en el nuevo concurso. Asimismo, consta
que, en la sesión del Comité de Gestión del 12 de mayo de 2020, con ocasión
de la emergencia sanitaria, se decidió priorizar proyectos tecnológicos y aplazar
la contratación de dicha consultoría, cuyo trámite terminó interrumpido por la
pandemia38. Finalmente, el Acta 8 del Comité de Gestión del Programa de
Fortalecimiento de la PGN —contrato BID— evidencia que el estudio de cargas
laborales y la actualización del manual de funciones fueron incorporados
nuevamente en la planeación de 2021, con una estimación presupuestal de
$2.500 millones39. Estas circunstancias no justifican, por sí solas, la totalidad del
retraso, pero sí impiden inferir, sin otros elementos probatorios, que la omisión
hubiera estado orientada a favorecer intereses particulares o a mantener
deliberadamente los cargos en provisionalidad.

32. Frente a este último aspecto, relativo a la eventual intención de favorecer
intereses particulares o de mantener deliberadamente los cargos en
provisionalidad, la Sala no desconoce que los coadyuvantes sostuvieron que
detrás de la ausencia de un concurso de méritos subyacían prácticas asociadas
al clientelismo, los favores políticos y la corrupción. Tales señalamientos, de ser
ciertos, resultarían de la mayor gravedad, por cuanto comprometerían los
principios constitucionales de igualdad, mérito, moralidad y transparencia que

33 Folio 16
34 Folio 28A
35 Peticiones de 19, 20, 22 de noviembre, 2 y 3 de diciembre de 2019
36 Oficio No. 000060 de 20 de febrero de 2020
37 “3 DOCUMENTOS INICIALES PROCESO CONTRACTUAL CARGAS LABORALES.pdf, 4 CERTIFICADO DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL CONTRATO CARGAS LABORALES.pdf, 5. SOLICITUD ESTANDAR DE PROPUESTAS CONTRATO CARGAS
LABORALES.pdf” Aportado con la contestación de la reforma Folio 121
38 “Acta 7 Comité de Gestión Programa de Fortalecimiento PGN —Contrato BID—” Aportado con la contestación de la

reforma Folio 121
39 “7 ADENDA, CANCELACION Y OBSERVACIONES CONTRATO CARGAS LABORALES.pdf” Aportado con la contestación

de la reforma Folio 121
12 de 16

Radicado: 25000233600020180120301 (73.614)
Demandante: Lourdes María Díaz Monsalvo
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Acción popular
Decisión: Modifica la Sentencia

rigen el acceso al empleo público. Precisamente para prevenir ese tipo de
prácticas, el ordenamiento jurídico exige que la provisión definitiva de los
empleos se realice mediante concursos de méritos adelantados de manera
oportuna, planeada, organizada y conforme a las reglas legales y
constitucionales aplicables. Sin embargo, la sola formulación de tales
afirmaciones no basta para tener por acreditada su ocurrencia. En el presente
asunto, el acervo probatorio no contiene elementos que permitan inferir
razonablemente que la demora en la convocatoria del concurso obedeciera al
propósito de favorecer intereses particulares, perpetuar esquemas clientelistas o
mantener intencionalmente los cargos en provisionalidad. En consecuencia, si
bien la prolongación de la provisionalidad constituye una situación
objetivamente contraria al carácter excepcional que esta modalidad de
vinculación debe tener, ello no permite, por sí solo, tener por demostrado el
elemento subjetivo que exige la configuración de la conducta imputada, el cual
debe fundarse en pruebas ciertas y no en conjeturas o apreciaciones generales.

33. Frente a la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa
derivada de la provisión de cargos mediante nombramientos provisionales en
lugar de encargos. El artículo 185 del Decreto Ley 262 de 2000 indicó:

“ARTÍCULO 185. Procedencia del encargo y de los nombramientos
provisionales. En caso de vacancia definitiva de un empleo de carrera, el
Procurador General podrá nombrar en encargo a empleados de carrera, o en
provisionalidad a cualquier persona que reúna los requisitos exigidos para su
desempeño.

Se hará nombramiento en encargo cuando un empleado inscrito en carrera
cumpla los requisitos exigidos para el empleo y haya obtenido calificación de
servicios sobresaliente en el último año y una calificación mínima del 70% sobre el
total del puntaje en los cursos de reinducción a que se refiere el numeral segundo
del artículo 253 de este decreto. Sin embargo, por razones del servicio, el
Procurador General de la Nación podrá nombrar a cualquier persona en
provisionalidad siempre que ésta reúna los requisitos legales exigidos para el
desempeño del empleo por proveer.

El empleo del cual sea titular el servidor encargado podrá proveerse por encargo
o en provisionalidad mientras dure el encargo de aquél.

El servidor encargado tendrá derecho a la diferencia entre el sueldo de su empleo
y el señalado para el empleo que desempeña temporalmente, siempre que no
sea percibido por su titular.

Efectuado el nombramiento por encargo o en provisionalidad, la convocatoria a
concurso deberá hacerse dentro de los tres (3) meses siguientes a este
nombramiento.

PARÁGRAFO. Lo dispuesto en el inciso segundo del presente artículo, regirá a partir
del 1 de enero del año 2001 y lo dispuesto en el inciso quinto regirá a partir de
agosto del año 2000.”

34. Una lectura de esa disposición permite señalar que, a diferencia de lo
expuesto por la parte actora, el Decreto Ley 262 de 2000 no tiene una
preferencia por el encargo en caso de vacancias definitivas. Lo anterior, porque

13 de 16

Radicado: 25000233600020180120301 (73.614)
Demandante: Lourdes María Díaz Monsalvo
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Acción popular
Decisión: Modifica la Sentencia

le da la facultad al nominador de elegir entre encargo a empleados de carrera
o provisionalidad a personas que reúnan los requisitos.

35. Ahora, no puede desconocerse que esa lectura aislada desatiende, en
alguna medida, el principio del mérito, pues, sin necesidad de acudir a
interpretaciones complejas o a elaboraciones argumentativas adicionales,
resulta evidente que preferir a personas ajenas a la carrera administrativa para
desempeñar empleos de carrera en vacancia definitiva, por encima de quienes
han participado en concursos de méritos, superado pruebas de conocimientos,
competencias, aptitudes y condiciones psicotécnicas, cumplido
satisfactoriamente el período de prueba y obtenido evaluaciones favorables de
desempeño, constituye una decisión contraria a la finalidad constitucional de
profesionalizar la función pública y garantizar que el acceso, permanencia y
ascenso en el servicio estatal respondan a criterios objetivos, verificables e
imparciales.

36. En esa medida, la Sala comparte lo señalado en la Sentencia de 24 de julio
de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera al resolver en única instancia una nulidad electoral40 y considera, como
esa corporación41, que elegir personas en provisionalidad en cargos de carrera
no solo vacía de contenido práctico el mérito acreditado por los servidores de
carrera, sino que introduce un criterio de selección ajeno a los principios de
igualdad, moralidad, eficacia e imparcialidad que gobiernan la función
administrativa.

37. Sin embargo, la Sala no puede desconocer ni desconoce que la Corte
Constitucional en la Sentencia C 503 de 3 de diciembre de 2020, que estudió la
constitucionalidad del artículo 185, concluyó que la discrecionalidad otorgada
al nominador para elegir entre un nombramiento en encargo o un
nombramiento en provisionalidad era plenamente constitucional. En esa
oportunidad, se indicó que esa facultad persigue garantizar la continuidad del
servicio, permite cubrir de forma expedita las vacantes y no desconoce un
derecho preferente de los servidores de carrera, pues el mérito acreditado se
predica del cargo específico para el cual concursaron. Además, precisó que se
trata de una potestad excepcional, temporal y limitada, que no puede
emplearse para evadir el concurso de méritos, sino únicamente para asegurar
el funcionamiento de la entidad mientras se adelanta el proceso de selección
definitivo.

40 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B. MP. Moisés Rodrigo Mazabel. Rad.
250002341000 2019 00373 00. Sentencia de 24 de julio de 2020. La demandante puso de presente esa sentencia en la
reforma de la demanda.
41 Al respecto, esa sentencia precisó de manera categórica “Conforme lo anterior, y primando el mérito dentro de los

Regímenes de Carrera Administrativa, es claro que el deber de las entidades antes de acudir a un nombramiento
provisional de un tercero externo es proveer los cargos vacantes a través de la figura del encargo y en caso de que
ninguno de los funcionarios de carrera cumpla con los requisitos referidos para el cargo, y referidos en el artículo 187 del
Decreto Ley 262 de 2000, sí podrá acudir como última ratio al nombramiento provisional.”
14 de 16

Radicado: 25000233600020180120301 (73.614)
Demandante: Lourdes María Díaz Monsalvo
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Acción popular
Decisión: Modifica la Sentencia

38. En consecuencia, dado que la Corte Constitucional se pronunció
expresamente sobre la constitucionalidad de dicha disposición y que, conforme
a los artículos 46 y 48 de la Ley 270 de 1996, la Sentencia C-503 de 2020 está
revestida de cosa juzgada constitucional y su parte resolutiva produce efectos
erga omnes, debe concluirse que la interpretación adoptada por la
Procuraduría General de la Nación se ajusta al ordenamiento jurídico. Esa
Sentencia dejó claro que, en el caso de la Procuraduría, la provisión transitoria
de vacantes definitivas mediante nombramientos en provisionalidad, en lugar
de encargos, constituye una alternativa jurídicamente admisible dentro del
margen de discrecionalidad reconocido al nominador, siempre que se ejerza de
manera excepcional, temporal y orientada a garantizar la continuidad del
servicio, sin eludir la obligación de proveer definitivamente los cargos mediante
concurso de méritos. Por tanto, al no evidenciarse contradicción con una norma
superior ni desconocimiento de una regla jurídica vinculante, no se configura el
elemento objetivo de la conducta reprochada.

39. En consecuencia, la Sala negará la pretensión de amparar el derecho
colectivo a la moralidad administrativa derivada de la provisión de cargos
mediante nombramientos provisionales en lugar de encargos. En virtud de ello,
no hay lugar a pronunciarse respecto de lo solicitado en el recurso de apelación,
esto es, que se examine la forma de elección de los encargos. Además, debe
indicarse que la Acción Popular no puede constituir el medio de regular
aspectos propios de la carrera especial de la Procuraduría General de la Nación
ni puede sustituir a la autoridad competente para definir el sistema de elección
de encargos.

40. Finalmente, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre las pretensiones que
la apelante echa de menos en su recurso, consistentes en ordenar a la
Procuraduría General de la Nación la publicación permanente de las vacantes,
reconocer prelación al personal de carrera en los traslados y en “asignación de
funciones”, y remitir el asunto a las autoridades competentes para investigar
eventuales responsabilidades penales o disciplinarias. Ello, por cuanto se
declarará la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la
omisión en adelantar el concurso de méritos y, además, no se acreditó la
vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa. En esas
condiciones, no existe fundamento para impartir, en esta acción judicial, las
órdenes solicitadas, pues estas presuponen la comprobación de una
vulneración o amenaza del derecho colectivo invocado, supuesto que no se
configuró en el presente asunto.

2.3. Sobre la condena en costas

39. El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 señaló que sólo se podría condenar al
demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al
demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe. Dado

15 de 16

Radicado: 25000233600020180120301 (73.614)
Demandante: Lourdes María Díaz Monsalvo
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Acción popular
Decisión: Modifica la Sentencia

que, en este caso, no se advirtió que la acción presentada hubiera sido
temeraria o de mala fe, no se condenará a la actora popular a condenar en
costas.
3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el magistrado
Fredy Ibarra Martínez.

SEGUNDO: MODIFICAR la Sentencia de 18 de octubre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, según
las consideraciones expuestas.

TERCERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto
de la supuesta vulneración al derecho colectivo a la moralidad administrativa
derivado de la omisión de la demandante en adelantar la convocatoria para el
concurso de méritos.

CUARTO: NEGAR las pretensiones de la demanda derivadas de la supuesta
vulneración al derecho colectivo a la moralidad administrativa derivada de la
provisión de cargos mediante nombramientos provisionales en lugar de
encargos, por las razones expuestas en esta decisión.

QUINTO: Sin condena en costas por las razones expuestas.

SEXTO: Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

IMPEDIDO
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado

16 de 16

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.