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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2020-00663-01

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2020-00663-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: 53 Adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 34 Núm. único de radicación: 250002341000 2020 00663 01 Demandante: Márquez y Fajardo Promotora Integral de Proyectos S.A.S. PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de octubre de 2021, por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2020-00663-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Número único de radicación: 250002341000 2020 00663 01

Demandante: Márquez y Fajardo Promotora Integral de Proyectos S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Asunto: Término probatorio en el proceso sancionatorio. Plazo perentorio para
expedir la decisión sancionatoria de primera instancia. Validez del acto
administrativo. Configuración del sistema de tiempo compartido turístico por
promoción de beneficios vacacionales en proyectos inmobiliarios. Publicidad
engañosa sobre derechos de propiedad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 7 de octubre de 2021 por la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal Administrativo del Quindío.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES
La demanda

1. La sociedad Márquez y Fajardo Promotora Integral de Proyectos S.A.S.1 presentó
demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de

1 Por intermedio de apoderado.

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Núm. único de radicación: 250002341000 2020 00663 01
Demandante: Márquez y Fajardo Promotora Integral de Proyectos S.A.S.

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con las siguientes pretensiones:

“1. Que se declare la NULIDAD de la Resolución número 90127 del 13 de diciembre
de 2018 “Por la cual se decide una actuación administrativa” dentro del proceso
administrativo sancionatorio identificado con el Radicado número 2016-121894
emanada por la Superintendencia de Industria y Comercio por haber sido emitida
vulnerando los preceptos de validez correspondientes, especialmente los de: de
(sic) forma irregular, mediante una falsa motivación y con infracción a las normas en
que debería fundarse.

2. Que se declare la NULIDAD de la Resolución número 65879 del 25 de noviembre
de 2019 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición y se concede el de
apelación”, dentro del proceso administrativo sancionatorio identificado con el
Radicado número 2016-121894 emanada por la Superintendencia de Industria y
Comercio por haber sido emitida vulnerando los preceptos de validez
correspondientes, especialmente los de: de forma irregular, mediante una falsa
motivación y con infracción a las normas en que debería fundarse.

3. Que se declare la NULIDAD de la Resolución número 72033 del 10 de diciembre
de 2019 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, dentro del proceso
administrativo sancionatorio identificado con el Radicado número 2016-121894
emanada por la Superintendencia de Industria y Comercio por haber sido emitida
vulnerando los preceptos de validez correspondientes, especialmente los de: de
forma irregular, mediante una falsa motivación y con infracción a las normas en que
debería fundarse.

4. Que se RESTABLEZCA EL DERECHO de MÁRQUEZ Y FAJARDO
PROMOTORA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S., por la afectación que se llegare
a demostrar en el proceso por la emanación de la resolución 90127 del 13 de
diciembre de 2018 emanada por la Superintendencia de Industria y Comercio.

5. Que se indemnicen los perjuicios causados por el daño inmaterial que se logren
demostrar en el trámite del proceso por la afectación al “Good will” de MÁRQUEZ Y
FAJARDO PROMOTORA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S., causado por la
resolución 90127 del 13 de diciembre de 2018 en el marco del proceso
administrativo sancionatorio 2016-121894.”2

Hechos de la demanda

2. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:

2.1. El 11 de mayo de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
recibió una denuncia anónima contra Márquez y Fajardo Promotora Integral de
Proyectos S.A.S., Stanzia S.A.S. (representante de la cadena Best Western Plus) y
Hotel Mocawa Plaza S.A.S., acusándolas de emplear “información y publicidad

2 Samai, archivo “SUBSANACIÓN COMPLETA”, página 69.

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Demandante: Márquez y Fajardo Promotora Integral de Proyectos S.A.S.

engañosa” en la promoción de los proyectos inmobiliarios “Mocawa Plaza” y
“Mocawa Resort”.

2.2. Mediante Resolución núm. 80910 de 7 de diciembre de 2017, la SIC formuló
cargos solamente contra Márquez y Fajardo Promotora Integral de Proyectos
S.A.S., por presuntas infracciones al régimen turístico, incluyendo: (i) omisión del
Registro Nacional de Turismo (RNT) en su publicidad; (ii) falta de constitución del
sistema de tiempo compartido ofrecido; (iii) incumplimiento de obligaciones
contractuales con consumidores; y (iv) publicidad engañosa de los artículos 29 y 30
de la Ley 1480 de 2011.

2.3. El 16 de mayo de 2018, la sociedad Márquez y Fajardo Promotora Integral de
Proyectos S.A.S. presentó sus descargos, argumentando que el proyecto era una
inversión fiduciaria —no un servicio turístico— y que los contratos especificaban
claramente su naturaleza inmobiliaria. Además, señaló que las proyecciones
financieras publicadas se basaban en estudios técnicos, sin intención de engaño.

2.4. Mediante la Resolución núm. 90127 del 13 de diciembre de 2018, la SIC impuso
a Márquez y Fajardo Promotora Integral de Proyectos S.A.S. una multa de 400
SMMLV por publicidad engañosa e incumplimiento de normas turísticas.

2.5. El 3 de enero de 2019, la sociedad interpuso recursos de reposición y apelación,
al sostener que la SIC había interpretado erróneamente el modelo de negocio.

2.6. Mediante Resoluciones núm. 65879 y 72033 del 25 de noviembre y el 10 de
diciembre de 2019, la SIC resolvió los recursos de reposición y apelación,
respectivamente, al confirmar la sanción en todas sus partes. En este sentido
destacó que la promoción del proyecto indujo en error a los consumidores y omitió
requisitos legales, como el registro de tiempo compartido y la inscripción en el RNT.

Normas violadas según la actora

3. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

• Artículo 29 de la Constitución Política.
• Artículos 49, 52, 137 y 138 del CPACA.
• Decreto 663 de 1993.

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• Decreto 1074 de 2015.
• Decreto 1076 de 2011.
• Ley 1480 de 2011.

Concepto de violación expresado en la demanda

4. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la
violación, así:

Primer cargo: expedición irregular

4.1. Según la actora, en el proceso sancionatorio incurrió en una serie de
irregularidades procesales, a saber:

4.2. La solicitud de prórroga del período probatorio fue presentada el 5 de
septiembre de 2018 y rechazada el 7 de septiembre de 2018, lo que refleja un
desequilibrio en el proceso administrativo sancionatorio.

4.3. La Resolución 90127 de 13 de diciembre de 2018 fue expedida 31 días hábiles
después de la presentación de los alegatos (29 de octubre de 2018), superando el
término de 30 días previsto en el artículo 49 del CPACA.

4.4. La notificación personal de esta decisión se realizó el 18 de diciembre de 2018,
es decir, 5 días después de la expedición del acto, sumando una dilación total de 6
días adicionales que afectan el cómputo de los términos procesales.

4.5. Los recursos de reposición y en subsidio de apelación, los interpuso el 3 de
enero de 2019 y la Resolución núm. 72033 de 10 de diciembre de 2019, que resolvió
el recurso de apelación, fue proferida un día después de recibido el expediente por
el superior, lo que, a su juicio, evidenció una decisión sin el tiempo suficiente para
su análisis técnico-jurídico, especialmente considerando que el expediente
administrativo constaba de 1.518 folios.

4.6. El incumplimiento de los términos procesales impidió que operara a favor del
demandante la caducidad de la facultad sancionatoria establecida en el artículo 52
del CPACA.

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Segundo cargo: falsa motivación

4.7. Afirma la demandante que la SIC interpretó erróneamente el negocio jurídico
celebrado por Márquez y Fajardo Promotora Integral de Proyectos S.A.S. como un
contrato de tiempo compartido turístico, cuando en realidad se trataba de un
fideicomiso mercantil de inversión, cuyos beneficios se derivaban de los excedentes
de la operación hotelera. El desconocimiento de la naturaleza jurídica real del
negocio jurídico condujo a unas sanciones basadas en normas de turismo que no
eran aplicables, a saber:

4.7.1. La SIC encontró que la empresa no cumplió en su publicidad con el RNT,
exigido por el artículo 30 de la Ley 1558 de 2012 y el literal b) del artículo 71 de la
Ley 300 de 1996. Sin embargo, este requisito solo aplicaba a empresas que
desarrollen actividades turísticas. Por lo tanto, la sanción carece de sustento
jurídico, pues la empresa no estaba obligada a registrarse como prestadora de
servicios turísticos.

4.7.2. Se impuso una multa por presunta información engañosa respecto a la
modalidad del contrato y los derechos de los consumidores, bajo el argumento de
que se violó el literal c) del artículo 71 de la Ley 300 de 1996, pero se demostró que
los inversionistas recibieron información clara y detallada sobre el fideicomiso,
incluyendo contratos, escrituras públicas y proyecciones financieras. Los
documentos contractuales dejaban en evidencia que no se trataba de un negocio
turístico, sino de una inversión en un patrimonio autónomo.

4.7.3. Las resoluciones sancionaron a la empresa por no haber constituido un
sistema de tiempo compartido ni contar con un reglamento interno, conforme a los
artículos 2.2.4.4.2.2 y 2.2.4.4.7.1 del Decreto 1074 de 2015. Este cargo es
consecuencia directa del error inicial de calificación del negocio, ya que el
fideicomiso mercantil no estaba sujeto a estas exigencias.

4.7.4. La SIC señaló que la empresa incumplió el artículo 11 del Decreto 1076 de
1997, que exige un contrato escrito para el tiempo compartido turístico. Lo cual era
incorrecto, pues los inversionistas suscribieron un contrato de vinculación al
fideicomiso, que regulaba sus derechos como beneficiarios de los rendimientos del
hotel, no como turistas.

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4.7.5. La entidad demandada encontró acreditado el incumplimiento de supuestas
promesas de renta mensual vitalicia, bajo el argumento de que la empresa era
solidariamente responsable como promotora de tiempo compartido (artículo
2.2.4.4.5.2 del Decreto 1074 de 2015). Sin embargo, las proyecciones financieras
entregadas a los inversionistas eran estimativas y estaban sujetas al desempeño
del hotel, no eran garantías contractuales. Además, el pago de rentas correspondía
a la fiduciaria, no a Márquez y Fajardo Promotora Integral de Proyectos S.A.S. La
SIC tergiversó los hechos al asimilar este esquema de inversión a un contrato de
tiempo compartido.

4.7.6. Se sancionó porque la sociedad no estaba registrada como “empresa de
tiempo compartido”, pese a que la actividad real era la promoción de un fideicomiso
inmobiliario.

4.7.7. La sanción por publicidad engañosa, bajo el Estatuto del Consumidor,
inobservó que la información proporcionada fuera veraz y los inversionistas
contaran con documentos contractuales que explicaran el modelo de negocio. La
SIC analizó las piezas publicitarias de forma aislada, sin considerar el contexto del
negocio jurídico.

Tercer cargo: infracción de normas en las que debieron fundarse

4.8. Los actos acusados aplicaron indebidamente disposiciones del régimen turístico
(Ley 300 de 1996 y Decreto 1074 de 2015) a un negocio jurídico que, por su esencia,
se regía por normas mercantiles y financieras, tales como el Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), el Código de Comercio (artículos 1226
a 1244) y la regulación propia de los fideicomisos mercantiles.

Contestación de la demanda

5. La SIC3 contestó la demanda, y se opuso a las pretensiones de la parte
demandante4, así:

Frente a la expedición irregular

3 Por medio de apoderado.
4 Samai, archivo “21-166639 Márquez Fajardo contestación demanda”.

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5.1. Indicó que actuó dentro del marco legal al denegar la prórroga probatoria
solicitada, pues conforme al artículo 48 del CPACA los plazos establecidos son de
carácter legal y no discrecional. Además, el término concedido era suficiente para
ejercer el derecho de defensa, pues no toda denegatoria de prórrogas configura una
vulneración al debido proceso.

5.2. Manifestó que la Resolución núm. 90127 del 13 de diciembre de 2018 fue
proferida dentro de los términos legales. La SIC actuó con la debida diligencia en
todo el procedimiento, sin que se evidencien dilaciones injustificadas.

5.3. Señaló que el procedimiento de notificación se ajustó estrictamente a lo previsto
en el artículo 67 del CPACA. La citación para notificación personal se envió el 14 de
diciembre de 2018 y se efectuó el 18 de diciembre siguiente, considerando
únicamente días hábiles conforme a lo establecido en el artículo 62 del Código de
Régimen Político y Municipal.

5.4. Igualmente expresó que, contrario a lo alegado por la demandante, el recurso
de apelación fue resuelto dentro de los plazos legales establecidos en el artículo 52
del CPACA, el cual otorga un término de un año para su decisión.

Frente a la falsa motivación y la infracción de normas en las que debieron
fundarse

5.5. Aclaró que, mediante anuncios y brochures, la sociedad demandante desarrolló
efectivamente un negocio de tiempo compartido turístico, obligándose por tanto a
cumplir con lo establecido en la Ley 300 de 1996, y el Decreto 1074 de 2015.

5.6. Así, para la parte demandada, lo anterior se evidenció porque (i) se ofrecieron
beneficios turísticos concretos a los inversionistas (5 noches gratis anuales,
descuentos en alimentación, acceso a clubes de salud y otros hoteles de la cadena
Best Western); (ii) las piezas publicitarias omitieron el RNT exigido por el artículo 30
de la Ley 1558 de 2012; (iii) no se acreditó la constitución del sistema de tiempo
compartido ni su reglamento interno, conforme a los artículos 2.2.4.4.2.1 y
2.2.4.4.2.2 del Decreto 1074 de 2015; y (iv) se utilizaron mensajes publicitarios que
podían inducir a error sobre la naturaleza del negocio, tales como “renta mensual
vitalicia” y “propiedad porcentual del hotel”.

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5.7. indicó la SIC que la sociedad demandante sostiene que el negocio era un
fideicomiso mercantil regulado por el Código de Comercio y el Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero, donde los inversionistas participaban de los excedentes de
la operación hotelera, no de un paquete turístico. Sin embargo, se acreditó que los
beneficios ofrecidos eran claramente turísticos y la publicidad iba dirigida a
potenciales turistas, no solo a inversionistas, con información que generó error
respecto de la modalidad del contrato, la naturaleza jurídica de los derechos
surgidos y las características de los servicios turísticos ofrecidos.

Sentencia apelada

6. La sentencia proferida el 7 de octubre de 2021, por la Sala Tercera de Decisión
del Tribunal Administrativo del Quindío5, resolvió:

“Primero: Negar las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas.

Segundo: Sin lugar a condenar en costas en esta instancia.”

Consideraciones del Tribunal

Frente al cargo de expedición irregular

El Tribunal manifestó en la providencia recurrida que:

6.1. El artículo 48 del CPACA establece que el período probatorio no podrá exceder
de 30 días (o 60 en casos de ser 3 o más investigados), sin prever posibilidad de
prórrogas. La Superintendencia actuó dentro de su margen de discrecionalidad al
fijar un plazo de 10 días, que resultaba suficiente para la práctica de pruebas para
el caso de un solo investigado. Además, la sociedad demandante omitió aportar
algunos documentos no por falta de tiempo, sino por considerarlos inconducentes,
lo que demuestra que el plazo concedido fue razonable y no violó sus derechos de
defensa.

6.2. Si bien es cierto que la resolución sancionatoria de primera instancia se profirió
un día después del plazo legal de 30 días establecido en el artículo 49 del CPACA,
esta irregularidad no constituía por sí misma una vulneración sustancial del debido

5 Samai, archivo “041Sentencia1Instancia”.

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proceso. En este caso, no se demostró que la decisión hubiera sido diferente de
haberse expedido dentro del término legal, por lo que el vicio carece de relevancia
jurídica.

6.3. El procedimiento de notificación seguido por la Superintendencia en la
Resolución núm. 90127 del 13 de diciembre de 2018 se ajustó plenamente a lo
establecido en los artículos 67 y 68 del CPACA, pues la citación se envió dentro de
los 5 días siguientes a la expedición del acto (14 de diciembre de 2018) y la
notificación personal se realizó el 18 de diciembre siguiente. Además, el efecto de
esta notificación quedó demostrado porque la sociedad pudo interponer
oportunamente los recursos de reposición y apelación, ejerciendo así plenamente
su derecho de defensa.

6.4. El artículo 52 del CPACA establece que la facultad sancionatoria caduca a los
3 años desde la ocurrencia del hecho y los recursos deberán resolverse en un
término de 1 años contado a partir de su debida y oportuna interposición, so pena
de que se entiendan fallados a favor del recurrente. En el caso en concreto, al
haberse presentado la denuncia el 11 de mayo de 2016, el plazo venció el 11 de
mayo de 2019 y la resolución sancionatoria de primera instancia fue notificada el 18
de diciembre de 2018, es decir, dentro del término legal. Respecto de los recursos
interpuestos el 3 de enero de 2020, estos fueron resueltos antes del año establecido
para su decisión.

Frente al cargo de falsa motivación e infracción de normas en las que debieron
fundarse

El tribunal manifestó en la providencia recurrida que:

6.5. Aunque el proyecto se estructuró mediante contratos de fiducia mercantil con
Alianza Fiduciaria S.A., la sociedad demandante actuó como promotora al ofrecer
en sus piezas publicitarias el derecho a “cinco noches cada año para toda la vida”
en unidades hoteleras, lo cual encuadraba en la definición de sistema de tiempo
compartido turístico establecida en el artículo 95 de la Ley 300 de 1996, que
comprende el derecho de utilizar unidades inmobiliarias turísticas por períodos
determinados, independientemente de la forma de contratación. Además, el artículo

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2.2.4.4.1.2 el Decreto 1074 de 2015 señala que lo relevante son las características
de la oferta, no su denominación contractual.

6.6. Respecto de la sanción por ofrecer información engañosa sobre la naturaleza
del contrato, encontró acreditada una clara discordancia entre la publicidad (que
prometía beneficios vacacionales) y los contratos de vinculación (que solo
otorgaban derechos sobre rendimientos económicos). Adicionalmente, la
demandante alegó haber cumplido el deber de información mediante otros medios
(asesorías, documentos fiduciarios). Sin embargo, la publicidad masiva generó
expectativas distintas a las plasmadas en los contratos, lo que constituye una
práctica engañosa prohibida por las normas de protección al consumidor en el
sector turístico.

6.7. Al haberse acreditado que la sociedad demandante actuó como promotora de
tiempo compartido, se le aplicaba el artículo 62.8 de la Ley 300 de 1996, que
cataloga a estas empresas como prestadoras de servicios turísticos. Por lo tanto,
resultaban aplicables las obligaciones específicas del sector, incluyendo las
previstas en el artículo 71 de dicha ley sobre deberes de información.

6.8. Rechazó el argumento de la demandante sobre la naturaleza exclusivamente
fiduciaria del negocio, pues la publicidad ofrecía beneficios típicos del tiempo
compartido que no estaban contemplados en los contratos de fiducia, lo que
justificaba la intervención de la Superintendencia en su calidad de ente regulador
de las relaciones de consumo en el sector turístico.

6.9. En relación con la publicidad que presentaban a los inversionistas como
“propietarios” del hotel, los contratos solo conferían derechos sobre rendimientos y
no propiedad sobre las unidades. Así, la publicidad contenía afirmaciones objetivas
de “ser propietario” que inducían a error sobre derechos reales.

Recurso de apelación

7. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente el recurso de apelación
contra la sentencia proferida el 7 de octubre de 2021 por la Sala Tercera de Decisión
del Tribunal Administrativo del Quindío. En dicho recurso 6 expuso:

6 Samai, archivo “13 - APELACION CON ANEXOS”.

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En cuanto a la expedición irregular

En el recurso de apelación la parte actora señaló que:

7.1. Aunque el a quo señaló que el hecho de que la SIC omitiera la ampliación del
periodo probatorio solicitada por Márquez y Fajardo Promotora Integral de
Proyectos S.A.S. no afectaba o cambiaba la decisión sancionatoria, considera que
se demostró que la solicitud probatoria se rechazó “por mero capricho”, pues la ley
permitía hasta 30 días (e incluso 60 en ciertos casos) y, además, se justificaba,
debido a que la información requerida dependía de Alianza Fiduciaria S.A. y del
operador hotelero.

7.2. No comparte lo señalado por el Tribunal al señalar que la expedición de la
resolución sancionatoria de primera instancia, superando el término de 30 días
previsto en el artículo 49 del CPACA, no afectaba el “núcleo esencial del debido
proceso”, pues legitima que las entidades públicas incumplan plazos perentorios,
mientras exigen estricto cumplimiento a los particulares.

En cuanto a la falsa motivación por “aplicación normativa errónea” e
información engañosa

Señaló en la apelación la actora que:

7.3. La SIC y el Tribunal erróneamente aplicaron normas de turismo y de tiempo
compartido, pese a que Márquez y Fajardo Promotora Integral de Proyectos S.A.S.
nunca celebró contratos turísticos ni ofreció paquetes vacacionales y que los
inversionistas adquirieron derechos fiduciarios, no derechos de uso temporal en un
hotel.

7.4. Márquez y Fajardo Promotora Integral de Proyectos S.A.S. actuó
exclusivamente como promotor y constructor del proyecto inmobiliario Mocawa
Plaza, desarrollando estudios técnicos, diseños arquitectónicos y gestiones
financieras para su ejecución.

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Demandante: Márquez y Fajardo Promotora Integral de Proyectos S.A.S.

7.5. La sociedad no operaba como cadena hotelera ni ofrecía servicios turísticos,
sino que estructuró un fideicomiso mercantil administrado por Alianza Fiduciaria
S.A., en el cual los inversionistas adquirían participaciones fiduciarias con
expectativas de rentabilidad basadas en la operación hotelera a cargo de Best
Western Plus (representada por Stanzia S.A.S.), según se desprende de “la
Escritura Pública mediante la cual se constituyó la Fiducia Mercantil, los otrosíes
mediante los cuales se modificó dicho contrato de fiducia y los contratos de
vinculación”.

7.6. Las sanciones impuestas por la SIC carecen de sustento legal, pues
corresponden a obligaciones propias de una sociedad cuyo objeto social es el
turismo a un negocio regido por el Código de Comercio y normas fiduciarias.

7.7. Los documentos radicados 16-121894-0007-0000 y 16-121894-00013-0000 de
29 de junio y 10 de agosto de 2016 demostraban que los beneficios (noches gratis,
descuentos) serían ofrecidos exclusivamente por el operador hotelero, no por
Márquez y Fajardo Promotora Integral de Proyectos S.A.S. Además, las piezas
publicitarias diferenciaban claramente los roles: Best Western Plus (representada
por Stanzia S.A.S.) como marca operadora y mi cliente como promotor inmobiliario.

7.8. La publicidad difundida estuvo dirigida a inversionistas y contenía: (i)
proyecciones financieras sobre rendimientos aproximados, con las debidas
aclaraciones sobre su carácter estimativo; (ii) beneficios adicionales ofrecidos por
el operador hotelero (como noches de alojamiento y descuentos), claramente
atribuidos a Best Western Plus; y (iii) información transparente sobre el rol de
Márquez y Fajardo Promotora Integral de Proyectos S.A.S. como promotor
inmobiliario y gerente fiduciario, sin confundir sus funciones con las del operador
turístico.

Actuación en segunda instancia

8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 25 de marzo de 20227, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 7 de octubre de 2021 por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Quindío.

7 Samai, índice 4.

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II. CONSIDERACIONES

9. La Sala procederá al estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i)
competencia ii) los actos administrativos acusados; y iii) el problema jurídico; iv) el
análisis del caso concreto.

Competencia

10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1508 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que establece la
competencia del Consejo de Estado para conocer en segunda instancia de las
decisiones proferidas por los tribunales administrativos, norma aplicable en virtud
del régimen de transición y vigencia previsto en el artículo 308 9 del mismo
ordenamiento, y en concordancia con el artículo 1310 del Acuerdo núm. 80 del 12
de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente recurso
de apelación en segunda instancia.

11. Agotados los procedimientos inherentes al proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho sin que se observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo
actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante.

12. La Sala se pronunciará sobre los argumentos expuestos por la parte
demandante en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el
7 de octubre de 2021 por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo
del Quindío, de conformidad con los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de
julio de 201211, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el

8 “[…] Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El

Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que
se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código […]”.
9 “[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el

dos (2) de julio del año 2012. […] Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la
entrada en vigencia. […] Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el
régimen jurídico anterior […]”.
10 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 2024, ”por medio del cual se modifican los artículos

13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
y 90”.
11 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”

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artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, que establece que el juez se limitará a conocer de los puntos o
cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso.

Actos acusados

13. Los actos acusados son los siguientes:

13.1. La Resolución núm. 90127 de 13 de diciembre de 201812, por la cual la SIC
sancionó a la sociedad Márquez y Fajardo Promotora Integral de Proyectos S.A.S.
con multa por la suma de 400 SMLMV, por (i) omitir en la publicidad el RNT; (ii)
ofrecer información engañosa de los beneficios (noches gratis), al no pactarse en
los contratos de vinculación; (iii) omitir la constitución de un sistema de tiempo
compartido y de la reglamentación interna; (iv) omitir la suscripción con los
consumidores de un contrato escrito de diera cuenta del tiempo compartido; (v)
incumplir el pago de una renta mensual vitalicia a la que estaba obligado como
promotor del proyecto de tiempo compartido; (vi) omitir la inscripción en el RNT
como empresa de tiempo compartido; y (vii) publicidad engañosa en las piezas
publicitarias que informaban la adquisición de la propiedad siendo que los encargos
fiduciarios no constituían título traslaticio del dominio.

13.2. La Resolución núm. 65879 de 25 de noviembre de 201913, por medio de la
cual la SIC confirmó la Resolución núm. 90127 de 13 de diciembre 2018 y concedió
el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Márquez y Fajardo Promotora
Integral de Proyectos S.A.S.

13.3. Y la Resolución núm. 72033 de 10 de diciembre de 201914, por medio de la
cual la SIC confirmó la decisión adoptada en la Resolución núm. 90127 de 13 de
diciembre 2018.

Problema jurídico

12 Samai, archivo “2018090127RE0000000001”.
13 Samai, archivo “2019065879RE0000000001”.
14 Samai, archivo “SUBSANACIÓN COMPLETA”, páginas 175 a 187.

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14. Corresponde a la Sala, con fundamento en el argumento del recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante, determinar si los actos acusados
incurrieron en los vicios de expedición irregular y falsa motivación.

15. En consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o revocar la
sentencia proferida, en primera instancia.

Acervo probatorio

16. La Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso sub examine
son las siguientes:

16.1. Piezas publicitarias de los proyectos inmobiliarios “Mocawa Plaza” y “Mocawa
Resort”15.

16.2. Escritura pública núm. 479 del 28 de febrero de 2011, por la cual la sociedad
Márquez y Fajardo y Alianza Fiduciaria S.A. constituyeron el patrimonio autónomo
denominado “Fidecomiso Mocawa Plaza”16.

16.3. Otro Sí núm. 1 del 25 de mayo de 2011, que modificó el patrimonio autónomo
del “Fidecomiso Mocawa Plaza”, con el fin de desarrollar, a través de este,
un proyecto inmobiliario sobre los inmuebles que integran el fideicomiso, el cual se
llevaría a cabo bajo la exclusiva y única responsabilidad —técnica, financiera,
jurídica y administrativa— de los fideicomitentes17.

16.4. Otro Sí núm. 2 del 15 de junio de 2011, que introdujo una nueva modificación
al contrato constitutivo del patrimonio autónomo denominado “Fidecomiso Mocawa
Plaza”, con el propósito de ajustar las etapas del contrato y regular lo concerniente
al comité fiduciario18.

15 Samai, archivos “Aviso periódico 1, Aviso periódico 2, Aviso periódico 3, Aviso Portafolio 6, AVISO REF.

MOCAWA PLAZA CENTRO COMERCIAL, AVISO REF. UNA REALIDAD (1), AVISO REF. UNA REALIDAD
MOCAWA RESORT (1), Brochure Hotel Lado 1, Brochure Hotel Lado 2, Publicidad Mocawa Hotel, Publicidad
Mocawa Hotel 2”.
16 Samai, archivo “16_0121894__14”, páginas 143 a 165.
17 Samai, archivo “SUBSANACIÓN COMPLETA”, pagina 210.
18 Samai, archivo “16_0121894__14”, página 106.

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16.5. Otro Sí núm. 3 del 15 de diciembre de 2011, se efectuó una nueva
modificación al “Fidecomiso Mocawa Plaza”, esta vez en relación con la definición
del proyecto19.

16.6. Escritura pública núm. 1768 del 13 de julio de 2012, mediante la cual la
sociedad Márquez y Fajardo y Alianza Fiduciaria S.A. constituyeron el patrimonio
autónomo denominado “Fideicomiso Parqueo Mocawa Resort”20.

16.7. Otro Sí núm. 1 del 24 de septiembre de 2012, mediante el cual se introdujeron
ajustes al “Fideicomiso Parqueo Mocawa Resort”21.

16.8. Otro Sí núm. 2 del 7 de octubre de 2014, que modificó nuevamente el
“Fideicomiso Parqueo Mocawa Resort” ante el retiro de la operación de Stanzia
S.A.S.22.

16.9. Escrito del 11 de mayo de 2016, mediante el cual se presentó una queja
anónima que informaba a la SIC que Márquez y Fajardo Promotora Integral de
Proyectos S.A.S., Stanzia S.A.S. (representante de la cadena Best Western Plus) y
Hotel Mocawa Plaza S.A.S.23.

16.10. Escrito de respuesta de Stanzia S.A.S. con radicado 16-121894-0007-0000
del 29 de junio de 201624.

16.11. Escrito de respuesta de Stanzia S.A.S. con radicado 16-121894-00013-0000
del 10 de agosto de 201625.

16.12. Acta de visita del 10 de octubre de 2016 de la SIC a la sede de Márquez y
Fajardo26.

16.13. Resolución núm. 80910 del 7 de diciembre de 2017, mediante al cual SIC
formuló cargos contra la sociedad Márquez y Fajardo27.

19 Samai, archivo “16_0121894__14”
20 Samai, archivo “16_0121894__14”, páginas 38 a 58.
21 Samai, archivo “16_0121894__14”, páginas 38 a 58.
22 Samai, archivo “16_0121894__14”, páginas 38 a 58.
23 Samai, archivo “16_0121894__00”.
24 Samai, archivo “16_0121894__07”
25 Samai, archivo “16_0121894__13”
26 Samai, archivo “16_025~2.PDF”
27 Samai, archivo “2017080910RE0000000001”.

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16.14. Resolución núm. 62021 de 28 de agosto de 2018, por medio de la cual la SIC
dio apertura del periodo probatorio y requirió a la parte demandante para que,
dentro de los 10 días hábiles siguientes a la comunicación, aportara una
documentación28.

16.15. Oficio del 30 de agosto de 2018, en el que la sociedad Márquez y Fajardo
recibió la comunicación de la expedición de la Resolución núm. 62021 de 28 de
agosto de 201829.

16.16. Escrito del 5 de septiembre de 2018, presentado por la parte demandante a
efectos de solicitar la prórroga para aportar la documentaria solicitada30.

16.17. Oficio núm. 3100 del 7 de septiembre de 2018, por medio del cual la SIC
informó que la prórroga resultaba improcedente.

16.18. Escrito del 18 de septiembre de 2018, la sociedad Márquez y Fajardo aportó
la relación de ventas de derechos fiduciarios y de las PQR´s relacionadas con
inconvenientes presentados por los consumidores31.

16.19. Resolución núm. 74460 de 4 de octubre de 2018, mediante la cual la SIC
cerró el periodo probatorio y corrió traslado a la investigada para que alegara de
conclusión por el término de 10 días hábiles, contados a partir de la comunicación32.
Decisión que fue comunicada el 12 de octubre de 201833.

16.20. Escrito del 29 de octubre de 2018, mediante el cual la sociedad Márquez y
Fajardo presentó alegatos de conclusión34.

16.21. Resolución núm. 90127 de 13 de diciembre de 2018, por la cual la SIC
sancionó a la sociedad Márquez y Fajardo con multa por la suma de 400 SMLMV35.

16.22. Escrito del 3 de enero de 2019, a través del cual la sociedad Márquez y
Fajardo interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación36.

28 Samai, archivo “2018062021RE0000000001”.
29 Samai, archivo “16121894--0007800001”
30 Samai, archivo “16121894--0007900001”
31 Samai, archivo “16121894--0008200001”
32 Samai, archivo “2018074460RE0000000001”.
33 Samai, archivo “16121894--0008500001”.
34 Samai, archivo “16121894--0008600001”
35 Samai, archivo “2018090127RE0000000001”.
36 Samai, archivo “16121894--0009000001”.

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16.23. Resolución núm. 65879 de 25 de noviembre de 2019, por medio de la cual la
SIC confirmó la Resolución núm. 90127 de 13 de diciembre 2018 y concedió el
recurso de apelación interpuesto por la sociedad Márquez y Fajardo37.

16.24. Resolución núm. 72033 de 10 de diciembre de 2019, por medio de la cual la
SIC confirmó la decisión adoptada en la Resolución núm. 90127 de 13 de diciembre
201838.

Análisis del caso en concreto

En cuanto a la expedición irregular

17. En primer lugar, la parte demandante adujo que la SIC actuó “por mero
capricho” al rechazar la solicitud que presentó para ampliar el periodo probatorio,
pues la ley permitía que este fuera de hasta 30 días (e incluso 60 en casos de ser
3 o más investigados) y, además, se justificaba, debido a que la información
requerida dependía de Alianza Fiduciaria S.A. y del operador hotelero Stanzia
S.A.S.

18. Sobre el particular, el artículo 48 del CPACA -sin la adición de la Ley 2080 de
2021-, aplicable al procedimiento sancionatorio, señalaba que “cuando deban
practicarse pruebas se señalará un término no mayor a 30 días y cuando sean 3 o
más investigados o se deban practicar en el exterior el término probatorio podrá ser
hasta de 60 días. Vencido el cual se dará traslado al investigado por 10 días para
que presente los alegatos respectivos”.

19. Según lo expuesto, corresponde a la administración determinar el plazo
probatorio, conforme a la complejidad de las pruebas a practicar; y el plazo no podrá
exceder los 30 días, salvo que se trate de 3 o más investigados o que las diligencias
deban realizarse en el exterior, situaciones en las cuales el plazo podrá ampliarse
hasta 60 días.

20. Ahora bien, en el sub examine está demostrado lo siguiente:

20.1. Mediante Resolución núm. 80910 del 7 de diciembre de 2017, la SIC formuló
cargos contra la sociedad Márquez y Fajardo.

37 Samai, archivo “2019065879RE0000000001”.
38 Samai, archivo “SUBSANACIÓN COMPLETA”, páginas 175 a 187.

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20.2. Además, obra Resolución núm. 62021 de 28 de agosto de 2018, por medio de
la cual la SIC dio apertura del periodo probatorio y requirió a la parte demandante
para que, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la comunicación, aportara (i) el
balance general del 2016 y del primer semestre del 2017; (ii) el estado de resultados
correspondiente al 2016 y al primer semestre del 2017; (iii) la relación de ventas de
derechos fiduciarios de los proyectos denominados: “Best Western Plus Mocawa
Hotel” y “Mocawa Resort”; y (iv) las PQR´s relacionadas con inconvenientes
presentados por los consumidores, al momento de hacer uso de sus beneficios
adquiridos en los contratos fiduciarios de los proyectos en mención.

20.3. Mediante escrito del 30 de agosto de 2018, la sociedad Márquez y Fajardo
recibió la comunicación de la expedición de la Resolución núm. 62021 de 28 de
agosto de 2018.

20.4. En escrito del 5 de septiembre de 2018, la parte demandante solicitó la
prórroga para aportar la documentaria solicitada, pues esta se encontraba en poder
de la fiduciaria Alianza Fiduciaria S.A.

20.5. Mediante oficio núm. 3100 del 7 de septiembre de 2018, la SIC informó que la
prórroga resultaba improcedente porque el plazo establecido para cumplir la
solicitud probatoria (10 días) se estableció conforme a lo señalado en el artículo 40
del CPACA.

20.6. Finalmente, en escrito del 18 de septiembre de 2018, la sociedad Márquez y
Fajardo aportó la relación de ventas de derechos fiduciarios y de las PQR´s
relacionadas con inconvenientes presentados por los consumidores. Sin embargo,
frente a los balances general y el estado de resultados, precisó que “la fiduciaria
indica que la expedición de dicho documento corresponde: a MARQUEZ Y
FAJARDO PROMOTORA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S., pero no indica a
qué obedece tal afirmación, es decir, en el caso en que se trate de los documentos
financieros privados de la sociedad, no habría lugar a agregarlos al expediente de
la investigación, dado que se trata de documentos que obedecen al carácter de
reservados, debido a la información íntima de la sociedad”.

21. En ese orden de ideas, la Sala considera que la SIC, en ejercicio de las
atribuciones conferidas por el artículo 48 del CPACA, estableció un plazo de 10 días
para allegar las pruebas solicitadas, el cual no resulta arbitrario ni caprichoso, toda

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vez que los cargos imputados se dirigían exclusivamente contra Márquez y Fajardo
Promotora Integral de Proyectos S.A.S., y los documentos requeridos se presumían
en su poder o, en su defecto, podían ser obtenidos a través de Alianza Fiduciaria
S.A. en su calidad de administradora del negocio inmobiliario.

22. Aunado a lo anterior, la Sala no pierde de vista que la parte demandante no
presentó balances generales y estados de resultados alegando su carácter
reservado, al señalar a la SIC que “[…] se trata[ba] de documentos que obedec[ían]
al carácter de reservados, debido a la información íntima de la sociedad”.

23. En segundo lugar, la parte demandante cuestiona la decisión del Tribunal por
considerar que el retraso en la expedición de la resolución sancionatoria de primera
instancia más allá del plazo de 30 días establecido en el artículo 49 del CPACA no
vulneró el “núcleo esencial del debido proceso”, toda vez que esta demora genera
un trato desigual al permitir que las entidades públicas incumplan plazos mientras
exigen estricto cumplimiento a los particulares, lo que reflejaría una falta de equidad
en el procedimiento administrativo.

24. En este sentido, el artículo 49 del CPACA, vigente para la época de los hechos,
disponía lo siguiente:

“El funcionario competente proferirá el acto administrativo definitivo dentro de los
treinta (30) días siguientes a la presentación de los alegatos.
El acto administrativo que ponga fin al procedimiento administrativo de carácter
sancionatorio deberá contener:
1. La individualización de la persona natural ó (sic) jurídica a sancionar.
2. El análisis de hechos y pruebas con base en los cuales se impone la sanción.
3. Las normas infringidas con los hechos probados.
4. La decisión final de archivo o sanción y la correspondiente fundamentación”.

25. Sobre este punto, en el presente asunto se demostró que la SIC, por medio de
la Resolución núm. 74460 de 4 de octubre de 2018, corrió traslado a la parte
demandante para que alegara de conclusión por el término de 10 días hábiles,
contados a partir de la comunicación, la cual ocurrió el 12 de octubre siguiente. Es
decir, el término para presentar los alegatos de conclusión corrió entre el 1639 y el
29 de octubre de 2018.

26. Como este último día, la sociedad Márquez y Fajardo Promotora Integral de
Proyectos S.A.S. presentó los alegatos de conclusión, los 30 días hábiles
establecidos en el artículo antes referido, vencieron el 12 de diciembre de 2018 y la

39 Los días 13 a 15 de octubre de 2018 fueron inhábiles.

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SIC expidió la Resolución núm. 90127 el 13 de diciembre de 2018. En ese orden de
ideas, le asiste razón a la parte demandante en que la decisión sancionatoria de
primera instancia se expidió extemporáneamente el día siguiente al vencimiento.

27. No obstante, de la lectura del artículo 49 ibidem no se advierte consecuencia
alguna por vencimiento del plazo de 30 días para dictar la decisión sancionatoria de
primera instancia. Así las cosas, para la Sala el término referido resultaba ser
perentorio y, en esa medida, la Resolución núm. 90127 del 13 de diciembre de 2018
no perdió validez y eficacia.

28. La Corporación ha sustentado de manera uniforme esta posición jurisprudencial,
tal como lo expuso en sentencia del 12 de abril de 201240, en la cual se precisó:

“[…] La Sala reitera41 que, en general, los términos procesales que tiene el
Estado para proferir las decisiones correspondientes son términos de tipo
perentorio pero no necesariamente preclusivos. Es decir que, así esté
vencido un plazo, la decisión correspondiente resulta válida y eficaz, salvo
que el legislador expresamente haya consagrado otra disposición como
cuando estipula la preclusión del término en el sentido de indicar que la
Administración pierde competencia para decidir y que, en su lugar, surja
el acto ficto o presunto favorable al administrado. El vencimiento de los
plazos meramente perentorios puede implicar la responsabilidad personal del
agente que se ha demorado en tomar la decisión pero no afecta la validez de la
decisión misma. Ese tipo de plazos son los más comunes en el derecho
procesal, como por ejemplo, el plazo para dictar la sentencia que instituye tanto
el C.C.A. como el C.P.C. Así esté vencido el plazo, la sentencia es válida y
eficaz, sin perjuicio de que pueda existir en un momento dado responsabilidad
personal del funcionario judicial si el vencimiento del plazo ocurrió
injustificadamente.
En general, las normas de competencia temporal, esto es, por razón del
tiempo, que es el tema que subyace en un plazo legal para producir una
decisión, deben interpretarse a favor de la competencia misma. Así, sólo
cuando está expresamente previsto otro efecto, el vencimiento del plazo
no comporta siempre y necesariamente un caso de silencio administrativo
positivo y mucho menos de nulidad de los actos administrativos […]
(negrillas fuera del texto)”

29. En suma, la inobservancia de términos procesales perentorios tiene como
consecuencia que el agente competente de la decisión pueda ser investigado, pero
no afecta la validez de la sanción.

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, 12 de abril de 2012, radicación:

25000-23-27-000-2006-01364-01(17497). Reiterado por la Sección Primera en auto del 31 de mayo de 2019,
radicación: 11001-03-24-000-2014-00200-00.
41 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 29 de octubre de 2009. Expediente 16482. Demandante

World Customs & Cía. Ltda. SIA. Consejero Ponente: doctor Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

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Demandante: Márquez y Fajardo Promotora Integral de Proyectos S.A.S.

Frente al cargo de falsa motivación por “aplicación normativa errónea” e
información engañosa

30. La parte demandante alegó que la SIC incurrió en un error al aplicar normas de
turismo y tiempo compartido, dado que Márquez y Fajardo Promotora Integral de
Proyectos S.A.S. nunca celebró contratos turísticos ni ofreció paquetes
vacacionales, pues su rol se limitó a actuar como promotor y constructor del
proyecto inmobiliario, desarrollando estudios técnicos, diseños arquitectónicos y
gestiones financieras. Además, los inversionistas adquirieron derechos fiduciarios
—no derechos de uso temporal— a través de un fideicomiso mercantil administrado
por Alianza Fiduciaria S.A., cuyas rentabilidades dependían de la operación
hotelera de Best Western Plus (gestionada por Stanzia S.A.S.), conforme a los
términos de la escritura pública de constitución y sus modificaciones.

31. En el presente asunto se demostró que, mediante escritura pública núm. 479 del
28 de febrero de 2011, la sociedad Márquez y Fajardo y Alianza Fiduciaria (en ese
entonces S.A.) constituyeron el patrimonio autónomo denominado “Fidecomiso
Mocawa Plaza”.

32. Posteriormente, en el Otro Sí núm. 1 del 25 de mayo de 2011, se modificó el
contrato de fiducia del patrimonio autónomo denominado “Fidecomiso Mocawa
Plaza”, así:

“[…] PRIMERA, DEFINICIONES: Para los efectos de este contrato, las palabras o
términos que a continuación se relacionan tendrán el significado que aquí se
establece:
[…]
4. FIDEICOMITENTE GERENTE: Será MARQUEZ Y FAJARDO PROMOTORA
INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. quien por cuenta y riesgo de LOS
FIDEICOMITENTES estructurará, promoverá y en caso de que logre sus
CONDICIONES DE INICIO, desarrollará EL PROYECTO, con total autonomía
administrativa y financiera, sobre los bienes inmuebles fideicomitidos.

5. FASE PRECONSTRUCTIVA: Es el periodo comprendido entre la fecha de
celebración del presente contrato hasta la obtención de las CONDICIONESDE
GIRO. La finalidad de esta fase es la que se establece más adelante.

6. FASE CONSTRUCTIVA: Es el periodo comprendido desde el cumplimiento
oportuno de las CONDICIONES DE GIRO hasta la fecha de inicio de la FASE
OPERATIVA. La finalidad de esta fase es la que se establece más adelante.

7. FASE PREOPERATIVA Y OPERATIVA: Es el periodo comprendido desde la
suscripción del acta de entrega del "HOTEL" al OPERADOR HOTELERO hasta la
liquidación del FIDEICOMISO. La finalidad de esta fase es la que se establece más
adelante.
[…]

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9. PROYECTO: Consiste en el proyecto inmobiliario ubicado en la ciudad de
Armenia denominado MOCAWA PLAZA, el cual está estructurado con varios tipos
de productos y usos tales como APARTAMENTOS, LOCALES COMERCIALES,
OFICINAS Y HOTEL. EL PROYECTO con sus respectivos servicios
complementarios será desarrollado por EL FIDEICOMITENTE GERENTE por
cuenta y riesgo de LOS FIDEICOMITENTES en los predios aportados por éstos al
FIDEICOMISO. Las especificaciones técnicas y de acabados básicos generales
serán definidos por EL FIDEICOMITENTE GERENTE y conocidos por LOS
BENEFICIARIOS DE AREA PARTICIPES antes de la celebración de los respectivos
contratos de vinculación al FIDEICOMISO.
[…]
13. OPERADOR HOTELERO: Será la firma STANZIA representada por el señor
JORGE SERRANO, con quien ALIANZA como vocera del FIDEICOMISO
celebrará el correspondiente contrato de mandato con representación para
propósitos de la explotación económica y operación del establecimiento de
comercio conformado por el HOTEL. El contrato de mandato con representación
deberá incluir y estipular que el OPERADOR HOTELERO se obliga a celebrar el
contrato de cesión sobre el contrato de LICENCIA MARCA HOTELERA
INTERNACIONAL que el FIDEICOMITENTE GERENTE ha suscrito con la firma
BEST WESTERN. Por lo anterior, queda entendido que dicho contrato en ningún
caso será firmado por ALIANZA, y que una vez se firme deberá hacer parte integral
del contrato de Mandato en mención. El OPERADOR HOTELERO será el único y
total responsable ante la citada licencia y el contrato.

14. CONTRATO DE VINCULACION: Contrato que celebrará LA FIDUCIARIA como
vocera del FIDEICOMISO y el FIDEICOMITENTE GERENTE, una vez cumplidas
las CONDICIONES DE INICIO, con los terceros que constituyeron contratos de
encargo fiduciario de inversión y suscribieron cartas de instrucciones dentro del
lapso comprendido entre la celebración del presente contrato y el cumplimento de
las CONDICIONES DE INICIO y con lo terceros en general que estén interesados
en vincularse al FIDEICOMISO con el propósito de adquirir determinadas
UNIDADES HOTELERAS o UNIDADES INMOBILIARIAS, y que tendrán los
derechos inherentes a los PARTICIPES Y BENEFICIARIOS DE AREA según
corresponda, mediante el aporte de los recursos cuyo monto y forma de pago se
establecerá en el respectivo CONTRATO DE VINCULACIÓN […] [negrillas fuera del
texto]”.

33. Y, en el Otro Sí núm. 2 del 15 de junio de 2011, se modificó la cláusula octava,
que en lo pertinente señaló “[…] La Fiducia Mercantil Irrevocable de que trata el
presente contrato, contempla la existencia de las siguientes etapas: FASE
PRECONSTRUCTIVA: Tiene por finalidad obtener oportunamente las
CONDICIONES DE GIRO, lo cual comprende la elaboración de los disertos y
estudios técnicos y financieros, la determinación del OPERADOR HOTELERO y
la celebración de todos los actos jurídicos necesarios para la obtención de
recursos dirigidos a la realización del PROYECTO y a la promoción y
vinculación al mismo de LOS PARTÍCIPES Y LOS BENEFICIARIOS DE AREA
[resaltado en negrillas] […]”.

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34. De otra parte, mediante escritura pública núm. 1768, otorgada del 13 de julio de
2012, la sociedad Márquez y Fajardo y Alianza Fiduciaria S.A. constituyeron el
patrimonio autónomo denominado “Fideicomiso Parqueo Mocawa Resort”.

35. Igualmente, por medio de Otro Sí núm. 1 del 24 de septiembre de 2012 del
“Fideicomiso Parqueo Mocawa Resort”, se modificó el contrato de fiducia, a saber:

“[…] PRIMERA. DEFINICIONES: Para los efectos de este contrato, las palabras o
términos que a continuación se relacionan tendrán el significado que aquí se
establece:
[…]
4. FIDEICOMITENTE GERENTE: Será MARQUEZ Y FAJARDO PROMOTORA
INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S., quien por cuenta y riesgo de LOS
FIDEICOMITENTES estructurará, promoverá y en caso de que logre sus
CONDICIONES DE INICIO, desarrollará EL PROYECTO con total autonomía
administrativa y financiera, sobre los bienes inmuebles fideicomitidos.

5. FASE PRECONSTRUCTIVA: Es el periodo comprendido entre la fecha de
celebración del presente contrato hasta la obtención de las CONDICIONES DE
GIRO. La finalidad de esta fase es la que se establece más adelante.

6. FASE CONSTRUCTIVA: Es el periodo comprendido desde el cumplimiento
oportuno de las CONDICIONES DE GIRO hasta la fecha de inicio de la FASE
OPERATIVA. La finalidad de esta fase es la que se establece más adelante.

7. FASE PREOPERATIVA Y OPERATIVA: Es el periodo comprendido desde la
suscripción del acta de entrega del "HOTEL" al OPERADOR HOTELERO hasta la
liquidación del FIDEICOMISO. La finalidad de esta fase es la que se establece más
adelante.
[…]
9. PROYECTO. Consiste en la construcción y puesta en marcha de un complejo
hotelero en una zona campestre en la Tebaida Quindío. El lote comprende una
extensión de 108.730 m2, dentro de los cuales el desarrollo contempla solo 58.000
m2. En este proyecto se contempla construir, 96 Suites junior, 4 suites superior,
Adicionalmente contara con Zona infantil cubierta, piscina para niños, juegos
infantiles al aire libre. 3 salones de reuniones empresariales y de negocios con
capacidad hasta de 100 personas, Fonda paisa con áreas de juegos de mesa y
terraza mirador, Restaurante especializado, Oficinas de turismo y de deportes,
Tienda Mocawa.

Oratorio, salón de Cata de Café. Espacio para eventos especiales, Deck de golf
para tiros a distancia y área de putting green. Cancha de voley playa, Kiosco en
guadua con fogón Quindiano, Spa y gimnasio con piscina, jacuzzi y turco, 5 Hoyos
de golf, Kiosco en la piscina principal para servicio de bebidas y snacks. Piscina con
área de más de 1.000 m2 con jacuzzi, juegos de agua, Restaurante principal,
Auditorio con capacidad hasta de 300 personas totalmente equipado,
Parqueaderos, 2 Canchas de tenis, Senderos para avistamiento de aves, flora y
fauna de la región, áreas de servicio y mantenimiento, será un hotel Verde y
Sostenible […].

12. OPERADOR HOTELERO: Será la firma STANZIA representada por el señor
JORGE SERRANO, con quien ALIANZA como vocera del FIDEICOMISO
celebrará el correspondiente contrato de mandato con representación para
propósitos de la explotación económica y operación del establecimiento de
comercio conformado por el HOTEL. El contrato de mandato con representación

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deberá incluir y estipular que el OPERADOR HOTELERO se obliga a celebrar el
contrato de cesión sobre el contrato de LICENCIA MARCA HOTELERA
INTERNACIONAL que el FIDEICOMITENTE GERENTE ha suscrito con la firma
BEST WESTERN. Por lo anterior, queda entendido que dicho contrato en ningún
caso será firmado por ALIANZA, y que una vez se firme deberá hacer parte integral
del contrato de Mandato en mención. El OPERADOR HOTELERO será el único y
total responsable ante la citada licencia y el contrato.

13. CONTRATO DE VINCULACION: Contrato que celebrará LA FIDUCIARIA como
vocera del FIDEICOMISO y el FIDEICOMITENTE GERENTE, una vez cumplidas
las CONDICIONES DE INICIO, con los terceros que constituyeron contratos de
encargo fiduciario de inversión y suscribieron cartas de instrucciones dentro del
lapso comprendido entre la celebración del presente contrato y el cumplimento de
las CONDICIONES DE INICIO y con lo terceros en general que estén interesados
en vincularse al FIDEICOMISO con el propósito de adquirir determinadas
UNIDADES HOTELERAS y que tendrán los derechos inherentes a los
PARTICIPES, mediante el aporte de los recursos cuyo monto y forma de pago se
establecerá en el respectivo CONTRATO DE VINCULACIÓN. […] [negrillas fuera
del texto].”

36. A través del Otro Sí núm. 2 del 7 de octubre de 2014, se modificó nuevamente
el contrato de fiducia del “Fideicomiso Parqueo Mocawa Resort”, respecto de la
designación de un nuevo operador hotelero, pues Stanzia S.A.S. decidió retirarse
de la operación.

37. De lo expuesto, se tiene que Márquez y Fajardo fue designada
como Fideicomitente Gerente en los fideicomisos “Mocawa Plaza” y “Parqueo
Mocawa Resort”, cuyas funciones correspondían a la estructuración, promoción y
desarrollo de ambos proyectos inmobiliarios. Y bajo los contratos de fiducia y sus
modificaciones, asumió la total autonomía financiera y administrativa para gestionar
las fases preconstructiva, constructiva y operativa, incluyendo la obtención de
permisos, estudios técnicos, y la vinculación de participantes y beneficiarios.

38. Particularmente, como parte de sus obligaciones, debía captar recursos de
inversionistas para financiar el desarrollo, garantizando que los partícipes
adquirieran unidades inmobiliarias o hoteleras bajo los términos establecidos.
Además, en su rol incluía la supervisión del operador hotelero (inicialmente Stanzia
S.A.S.) y la garantía del cumplimiento de las condiciones de inicio y giro del
proyecto.

39. Pues bien, como viene dicho en líneas anteriores, la sociedad Márquez y
Fajardo Promotora Integral de Proyectos S.A.S. adujo que los proyectos
inmobiliarios estaban estructurados para que se desempeñara como promotor y

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constructor, desarrollando estudios técnicos, diseños arquitectónicos y gestiones
financieras.

40. Sin embargo, la Resolución núm. 72033 del 10 de diciembre de 2019, por medio
de la cual la SIC confirmó la decisión adoptada en la Resolución núm. 90127 de 13
de diciembre 2018, estimó la configuración del contrato de tiempo compartido
turístico, con fundamento en las razones que se exponen a continuación:

“[…] En primer lugar, se debe anotar que del análisis de la información recaudada,
se tiene que M Y F PROINPRO S.A.S. actúo con las características propias del
promotor en un contrato de tiempo compartido, pues la sancionada fue la sociedad
que diseñó, estructuró y desarrolló el proyecto y posteriormente lo ofreció a los
inversionistas y les otorgó el derecho a disponer y disfrutar las unidades
inmobiliarias denominadas "MOCAWA HOTEL" y "MOCAWA RESORT" por un
período de tiempo (sic) específico, el cual era cada año, en un hotel dedicado al
turismo y al descanso vacacional, lo anterior, sin importar la calidad de propietario
ni de quien promovió el proyecto […].

De igual forma, a folios 634-639 se evidencian los documentos contentivos de los
beneficios para los inversionistas, en los que se determina que M Y F PROINPRO
S.A.S. actuó como promotor, toda vez que ofreció a los inversionistas una unidad
turística, así como los beneficios y rentabilidades que se obtenían al hacer parte del
proyecto, tales como descuentos en la alimentación, en las tarifas del Club Salud,
en eventos y beneficios en otros hoteles de la cadena Best Western, beneficios que
desvirtúan lo afirmado por la sancionada respecto a que los Inversionistas solo
esperaban rendimientos económicos y no beneficios turísticos […].

En ese orden de ideas, es claro para este Despacho que la sancionada actuó en
calidad de promotor del tiempo compartido, toda vez que estructuró y puso en marca
el complejo turístico destinado a ofrecer al adquiriente del tiempo compartido el
derecho a utilizar, disfrutar y disponer en forma temporal una unidad inmobiliaria
turística, esto es, el HOTEL MOCAWA.

En efecto, no hay duda que se configuró la figura objeto de debate si se tiene en
cuenta que: i) la sancionada ofreció a los inversionistas un derecho vitalicio de
disfrutar una vez al año de cinco (5) días de los servicios del mencionado hotel; ii)
la unidad inmobiliaria turística se encuentra constituida por el HOTEL MOCAWA: y
iii) se otorgó a los inversionistas un derecho vitalicio sobre: el hotel en los términos
descritos en precedencia […]”.

41. En consecuencia, la SIC determinó que, independientemente de la expectativa
de rendimientos económicos, la empresa cumplió con los elementos esenciales de
esta figura jurídica: derecho de disfrute temporal, unidad inmobiliaria definida (el
hotel) y beneficios asociados al turismo. Por tanto, se configuró válidamente el
contrato de tiempo compartido, desvirtuando los argumentos de la sancionada.

42. La Sala comparte la decisión sancionatoria de la SIC por la infracción al régimen
de turismo y por publicidad engañosa durante la promoción de los proyectos
inmobiliarios, en atención a las siguientes razones:

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43. El artículo 1226 del Código de Comercio dispone que la fiducia mercantil “[…]
es un negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o
fideicomitente, transfiere uno o mas bienes especificados a otra, llamada fiduciario,
quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad
determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado
beneficiario o fideicomisario”.

44. Así, el contrato de fiducia mercantil es un negocio jurídico de carácter indirecto,
que se celebra entre un fideicomitente y un fiduciario, con el objeto de que este
último administre o enajene bienes o derechos transferidos en fideicomiso, para
cumplir una finalidad específica establecida en el contrato, la cual está destinada a
beneficiar a un tercero, denominado fideicomisario.

45. Por su parte, la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de
Justicia42 ha definido la fiducia mercantil en los siguientes términos:

“[…] Se trata, por tanto, de un acto jurídico mercantil de carácter bilateral, oneroso,
conmutativo, principal, real43 y de ejecución continuada, cuyo bastión esencial es la
confianza depositada por el fideicomitente en la fiduciaria que se vincula en el
armazón negocial, al ser la fiducia un instrumento económico y jurídico que sirve de
vehículo legal para canalizar la inversión.

La figura legis envuelve un negocio indirecto44 y supone la intervención de un
profesional cualificado45 que asume la obligación de cumplir las obligaciones propias
o inherentes a esa relación jurídica, en la que al mismo tiempo surge un patrimonio
autónomo compuesto por los haberes que el constituyente se obliga a transferir con
miras al cumplimiento de un objetivo previamente determinado, según las
necesidades y el anhelo de las partes [...]”.

46. En se orden de ideas, la Sala coincide con la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC) en que el negocio jurídico demostrado, relativo al contrato de tiempo
compartido, se materializó a través de un contrato fiduciario mediante la adquisición
de derechos fiduciarios.

42 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia del 14 de agosto de 2023, radicado:

11001-31-99-003-2018-01217-02.
43 CSJ SC 30 jul. 2008, rad. 1999-01458-01.
44 Hinestrosa Forero, Fernando. Tratado de las obligaciones II. De las fuentes de las obligaciones: el negocio

jurídico, vol. II, Bogotá. Universidad Externado de Colombia, 2015, pág. 622.
45 El artículo 1226 del Código de Comercio prevé que solamente “los establecimientos de crédito y las

sociedades fiduciarias, especialmente autorizadas por la Superintendencia Financiera, podrán tener la calidad
de fiduciarios”.

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47. Ahora, la jurisprudencia de esta Corporación46 ha señalado que el nomen iuris
del contrato no determina la real intención de las partes. Para determinar la real
intención de los contratantes, es necesario realizar un ejercicio interpretativo
minucioso que examine el negocio jurídico para establecer cuál era la común
intención de los contratantes y, de ese modo, fijar su contenido y alcance.

48. En esta línea, la doctrina47 sostiene que, al calificar un negocio jurídico, el juez
debe ir más allá de la denominación dada por las partes para ajustar el contenido
del contrato a su verdadera función social y asegurar que cumpla su objetivo real.
En otras palabras, la calificación que hagan las partes no obliga al juez, quien debe
determinar la auténtica naturaleza del contrato.

49. Sobre el particular, el artículo 95 de la Ley 300 de 199348 disponía que el sistema
de tiempo compartido turístico “es aquel mediante el cual una persona natural o
jurídica adquiere, a través de diversas modalidades, el derecho de utilizar, disfrutar
y disponer, a perpetuidad o temporalmente, una unidad inmobiliaria turística o
recreacional por un período de tiempo en cada año normalmente una semana”.

50. Adicionalmente, el artículo 2.° del Decreto 1076 de 199749, ahora compilado por
el Decreto 1074 de 201550, establecía frente al sistema de tiempo compartido
turístico, las siguientes definiciones:

“1. Sistema de tiempo compartido turístico. Independientemente de la
denominación que se le dé a la forma de contratación, se entiende por tiempo
compartido turístico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la Ley 300
de 1996, el sistema mediante el cual una persona natural o jurídica adquiere, a
través de diversas modalidades, el derecho de utilizar, disfrutar y disponer, a
perpetuidad o temporalmente, de una unidad inmobiliaria turística o recreacional por
un período de tiempo en cada año […].

2. Promotor o desarrollador. Es la persona natural o jurídica dedicada a la
estructuración y puesta en marcha de complejos turísticos destinados a ofrecer
mediante un contrato el sistema de tiempo compartido.

46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del

21 de junio de 2018, radicado 13001-23-31-000-2003-01681-01(40353). Ver también, sentencia del 21 de
noviembre de 2022, radicado: 760012333000-2013-00034-01 (60138).
47 HINESTROSA, Fernando. Tratado de las Obligaciones II. De las fuentes de las obligaciones: el negocio

jurídico, volumen II. Universidad Externado de Colombia, 2015, pg. 173. Textualmente señaló: que, “al momento
de denominar el negocio jurídico, “pasando por encima de lo dicho por las partes, para ajustar el contenido a la
función social verdadera de la disposición, de manera que esta pueda realizar su objetivo propio. O dicho en
otros términos, la calificación que hagan las partes no le impide al juez determinar la verdadera naturaleza del
contrato”.
48 “Por la cual se expide la ley general de turismo y se dictan otras disposiciones”.
49 “por el cual se reglamenta el sistema de tiempo compartido turístico.”
50 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.”

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También se entenderá como promotor o desarrollador aquella persona natural o
jurídica que adquiera inmuebles para ser comercializados mediante el sistema de
tiempo compartido […]” [Se subraya].

51. En suma, la Sala considera que el sistema de tiempo compartido turístico
constituye una modalidad contractual, independiente de la denominación que se le
asigne, en virtud de la cual el promotor -persona natural o jurídica- asume frente al
adherente la obligación de garantizar el uso y disfrute temporal de un inmueble
destinado a fines turísticos, durante un período determinado y previamente
establecido.

52. Ahora, la jurisprudencia de esta Corporación51 ha señalado que el nomen iuris
del contrato no determina la real intención de las partes. Un juicioso ejercicio
interpretativo supone auscultar en el negocio jurídico para establecer cuál era la
común intención de los contratantes y, de ese modo, fijar su contenido y alcance.

Con fundamento en esos principios y reglas se pueden corregir los errores o
incongruencias que se presentan al momento de denominar el negocio jurídico,
“pasando por encima de lo dicho por las partes, para ajustar el contenido a la función
social verdadera de la disposición, de manera que esta pueda realizar su objetivo
propio. O dicho en otros términos, la calificación que hagan las partes no le impide
al juez determinar la verdadera naturaleza del contrato”52 .

53. La Sala considera acreditado que Márquez y Fajardo Promotora Integral de
Proyectos S.A.S., mediante mensajes publicitarios, indujo a los interesados a
vincularse a los complejos hoteleros bajo la promesa de recibir 5 noches anuales
de hospedaje de por vida en los hoteles referidos, junto con una renta mensual
vitalicia.

54. En efecto, al analizar el material promocional utilizado por Márquez y Fajardo
Promotora Integral de Proyectos S.A.S., la Sala identifican frases como:

“VAYA AL GRANO! Western Plus Mocawa Hotel estará en Armenia. Sea usted
propietario, con 3 millones de pesos”.

51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del

21 de junio de 2018, radicado 13001-23-31-000-2003-01681-01(40353).
52 HINESTROSA, Fernando. Tratado de las Obligaciones II. De las fuentes de las obligaciones: el negocio

jurídico, volumen II. Universidad Externado de Colombia, 2015, pg. 173.

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“Conviértase en propietario invirtiendo en Unidades Hoteleras de una de las
cadenas más grandes del mundo”.

“Usted es propietario de un porcentaje del hotel que incluye el edificio con todas sus
áreas y de los rendimientos que se generan por la operación”.

55. Además, en dichas piezas figuraba el logotipo de la sociedad, donde se leía
“Promoción, Gerencia y ventas”, junto con promesas publicitarias como:

“Derecho a 5 noches cada año para toda la vida”.

“Disfrute de 5 noches gratis en el año para toda la vida”.

“Renta mensual para toda la vida”.

56. Estos elementos demuestran que la publicidad no solo destacaba la inversión
inmobiliaria, sino que también enfatizaba beneficios turísticos concretos y
recurrentes, e incluso, con expectativas concretas de adquirir derechos de
propiedad sobre los complejos hoteleros.

57. Ahora, la sociedad Márquez y Fajardo Promotora Integral de Proyectos S.A.S.
alega que el beneficio de noches gratuitas ofrecido a los inversionistas era una
prestación a cargo exclusivamente del operador hotelero.

58. Al revisar los documentos radicados 16-121894-0007-0000 y 16-121894-00013-
0000 (29 de junio y 10 de agosto de 2016), presentados por Stanzia S.A.S. ante la
SIC, se evidencia que esta empresa propuso a Márquez y Fajardo Promotora
Integral de Proyectos S.A.S. un beneficio para los inversionistas: “Cinco (5) noches
gratis al año en el hotel de su inversión, sujetas a reserva previa y disponibilidad.
Incluye alojamiento para dos (2) adultos y un (1) menor de 12 años en la misma
habitación y desayuno de cortesía. No incluye seguros, impuestos ni gastos no
especificados. Bonos personales e intransferibles”.

59. Sobre este particular, Stanzia S.A.S. aclaró que estos beneficios solo aplicaban
si dicha empresa era la operadora efectiva de los hoteles. Textualmente señaló “[…]
el alcance de los beneficios única y exclusivamente si nuestra empresa era la
operadora de los hoteles mencionados. […]”.

60. Resulta especialmente relevante que Márquez y Fajardo Promotora Integral de
Proyectos S.A.S. promocionara las 5 noches gratuitas desde la etapa de
preconstrucción, basándose en una propuesta de Stanzia S.A.S., pese a que: (i) en

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el “Fideicomiso Parqueo Mocawa Resort”, no se llegó a un acuerdo con Stanzia; y
(ii) En el “Fideicomiso Mocawa Plaza”, Stanzia solo operó hasta septiembre de
2014.

61. No obstante, del análisis realizado se concluye que, si bien Stanzia S.A.S., como
operador hotelero, estaba facultada para administrar el beneficio de los 5 días
gratuitos para los inversionistas según la estructura proyectada -en evento de que
se concretara la celebración de los contratos de operación-, fue la sociedad
Márquez y Fajardo, en su rol de promotora, quien asumió la oferta pública de este
beneficio sin ajustarse a la normativa turística vigente, lo cual constituye el
fundamento de las sanciones impuestas, toda vez que la promoción se realizó al
margen del régimen jurídico que regula este tipo de actividades.

62. En este punto vale la pena exponer lo dicho por la SIC en la Resolución núm.
72033 del 10 de diciembre de 2019, en los siguientes términos:

“[…] no debe perderse de vista que MY F PROINPRO S.A.S. afirmó que el
desarrollo de su actividad se efectuó en tres fases, estas son, la pre-constructiva,
constructiva y operativa. En la primera de ellas, la sancionada desarrolló funciones
de promoción de los proyectos anunciados como se observa en las publicidades
descritas en el considerando vigésimo segundo del pliego de cargos, es decir, la
promoción y comercialización de los proyectos "HOTEL MOCAWA" y "MOCAWA
RESORT".

Así las cosas, no hay margen de duda que la sancionada promovió y comercializó
un proyecto de tiempo compartido, situación que por disposición de ley le confiere
la calidad de prestador de servicios turísticos y, por lo tanto, tienen el deber de
cumplir con las exigencias que le son propias a ellos, como lo es la de inscribirse
en el Registro Nacional de Turismo […]”.

63. Así las cosas, la sociedad Márquez y Fajardo Promotora Integral de Proyectos
S.A.S., en su calidad de promotora y fideicomitente gerente de los proyectos
“Mocawa Plaza” y “Parqueo Mocawa Resort”, incurrió en infracciones al régimen de
turismo y en información engañosa, pues, si bien su rol contractual se limitaba a
la estructuración inmobiliaria (estudios técnicos, diseños y gestión financiera),
asumió actividades propias de un promotor de tiempo compartido turístico al
promocionar y ofrecer beneficios de 5 noches anuales gratuitas en los complejos
hoteleros.

64. En otros términos, la sanción impuesta a Márquez y Fajardo no recayó sobre
la administración efectiva de las noches gratuitas, sino sobre la actividad
promocional, al ofrecer a los inversionistas el beneficio de “5 noches anuales

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gratuitas de por vida” en el complejo hotelero Mocawa que, a su vez, permitían
establecer la existencia de un sistema de tiempo compartido turístico, pese a no
obrar expresamente en los contratos de vinculación.

65. En este sentido, la SIC encontró acreditado que “[…] con ocasión de la visita de
inspección se pudo corroborar que la Investigada hace mención de la existencia de
beneficios a sus consumidores, tales como noches gratis en el año, descuentos en
alimentos y bebidas, acceder a beneficios otorgados por la cadena operadora entre
otros, pero no dejó constancia de aquellos beneficios que constan en sus proclamas
en los contratos suscritos con los consumidores […]”.

66. Y es que las decisiones adoptadas por la SIC no pretendían desvirtuar las
funciones que Márquez y Fajardo ejercía como promotora, ni invalidan su
cumplimiento de las obligaciones fiduciarias. No obstante, la promoción inmobiliaria
—incluso en etapas preliminares— debía ajustarse a las normas de protección al
consumidor y publicitaria, sin perjuicio de las responsabilidades específicas
contraídas en el marco de los fideicomisos.

67. De lo anterior se desprende que carece de sustento el argumento de la
recurrente según el cual los inversionistas conocían plenamente que adquirían
derechos fiduciarios (no derechos de propiedad) mediante un fideicomiso mercantil,
cuyas rentabilidades dependían de la operación hotelera, conforme a lo establecido
en la escritura pública y sus modificaciones.

68. Ello por cuanto la SIC sancionó a la sociedad no por la naturaleza jurídica del
fideicomiso en sí, sino por infringir el régimen de turismo y por incurrir en publicidad
engañosa durante su promoción, conductas que son independientes del negocio
jurídico posteriormente celebrado con los inversionistas.

69. En otras palabras, las irregularidades sancionadas se originaron en la forma en
que se promocionó la inversión al público, generando expectativas que no se
ajustaban a la realidad contractual, pues con las piezas publicitarias se prometía la
adquisición de la propiedad, lo cual, en términos de la SIC, generaba “una
percepción falsa y equivocada en los consumidores sobre los atributos del producto
ofertado y tiene la virtualidad de influenciar la decisión de consumo de sus
destinatarios”.

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70. En ese orden de ideas, la Sala considera acertada la sanción que impuso la SIC
a la sociedad Márquez y Fajardo Promotora Integral de Proyectos S.A.S. por
desconocer le régimen turístico de y publicidad engañosa al (i) omitir en la
publicidad el RNT; (ii) ofrecer información engañosa de los beneficios (noches
gratis), al no pactarse en los contratos de vinculación; (iii) omitir la constitución de
un sistema de tiempo compartido y de la reglamentación interna; (iv) omitir la
suscripción con los consumidores de un contrato escrito de diera cuenta del tiempo
compartido; (v) incumplir el pago de una renta mensual vitalicia a la que estaba
obligado solitariamente como promotor del proyecto de tiempo compartido; (vi)
omitir la inscripción en el RNT empresa de tiempo compartido; y (vii) publicidad
engañosa en las piezas publicitarias que informaban la adquisición de la propiedad
siendo que los encargos fiduciarios no constituían título traslaticio del dominio.

Conclusión de la Sala

71. En síntesis de todo lo expuesto, la Sala concluye que, si bien la sociedad
Márquez y Fajardo actuó principalmente como promotora inmobiliaria y
fideicomitente gerente, su estrategia publicitaria —que incluía beneficios turísticos
como “5 noches gratuitas anuales”— la sujetó al régimen de tiempo compartido
turístico, justificando las sanciones por incumplimiento de normas sobre esa materia
y de publicidad engañosa; por consiguiente, la Sala confirmará la sentencia
proferida en primera instancia, por medio de la cual se negó las pretensiones de la
demanda.

Condena en costas

72. De conformidad con los artículos 18853 del CPACA y 365 del Código General del
Proceso, sobre la condena en costas y atendiendo al criterio objetivo valorativo de
las mismas y a que en el expediente no aparecen causadas ni probadas, la Sala no
condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley

III. RESUELVE:

53 Adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080.

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de octubre de 2021, por la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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