Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2020-00771-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2020-00771-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2020-00771-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2020-00771-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
ACTORES: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO PORTAL DEL
DIVINO Y OTROS
TESIS: MODIFICA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA PARA
LOGRAR LA EFECTIVA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
COLECTIVOS VULNERADOS CON MOTIVO DE LAS OCUPACIONES
ILEGALES EN EL PARQUE ECOLÓGICO DE MONTAÑA
«ENTRENUBES», DADA LA SITUACIÓN ESTRUCTURAL QUE SE
PRESENTA EN EL ÁREA PROTEGIDA, LA CUAL OBLIGA A
ESTABLECER INDICADORES QUE PERMITAN EFECTUAR UN
SEGUIMIENTO ADECUADO TANTO DE LAS ACCIONES
ADELANTADAS POR LAS ACCIONADAS COMO DEL ÍNDICE DE
AFECTACIÓN AMBIENTAL EN LA ZONA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA –
CAR1 y BOGOTÁ, D.C. 2, contra la sentencia de 21 de septiembre
de 2023, proferida por la Sección Primera -Subsección “B”- del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca 3.
1
En adelante La CAR.
2
En adelante El Distrito.
3
En adelante El Tribunal.
2
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2020-00771-01
Actores: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO PORTAL DEL DIVINO Y
OTROS
I.- ANTECEDENTES
I.1- La Demanda
Los representantes de las juntas de acción comunal de los barrios
Portal del Divino, Puerta al Llano, el Nuevo Portal y Portal de la Vega,
el Triángulo, Villa Hermosa, el Progreso, Nuevo Progreso y la
Esmeralda, en ejercicio de la acción popular prevista en el artículo
88 de la Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de
agosto de 1998 4, presentaron demanda ante el Tribunal, contra la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA –
CAR y BOGOTÁ, D.C., tendiente a obtener la protección de los
derechos colectivos al goce de un ambiente sano; a la existencia del
equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible; y al goce
del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso
público.
I.2. Hechos
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«Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones».
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Señaló que, desde el año 2016, un grupo de familias ocupaban
ilegalmente, con construcciones precarias, los predios denominados
«El Carretonal, Galeras y La Cantera – del sistema orográfico
denominado Cuchilla del Gavilán», los cuales estaban clasificados
como suelo de protección y área protegida en el Plan de
Ordenamiento Territorial -POT, e identificados como “Parque
Ecológico Distrital de Montaña «ENTRENUBES»”.
Indicó que, con motivo de las ocupaciones ilegales, los ocupantes
causaron un grave daño al ecosistema debido a la deforestación
provocada por la destrucción de flora y fauna silvestre, la remoción
de cobertura boscosa por tala y quema de especies nativas, al igual
que el vertimiento aguas negras, basura y sedimentos al «Corredor
Ecológico de Ronda de la Quebrada Yomasa en su cuenca alta».
Sostuvo que la Alcaldía Local de Usme, en su momento, realizó un
desalojo parcial de la invasión, pero no tomó las medidas de
prevención y protección con el fin de que no se volviera a presentar
la ocupación ilegal del área protegida, pues para julio de 2018,
seguían presentándose ocupaciones mediante un proceso progresivo
de urbanización ilícita y precaria.
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Refirió, además, la existencia de bandas criminales denominadas
«tierreros», dedicadas al loteo y venta ilegal de predios en el área
protegida; al igual que la existencia de familias que ocupaban
ilegalmente parte de la zona ecológica, desde el 2018, lo cual, a
su juicio, «amenaza con destruir por completo la barrera natural
entre la vereda Los Soches y los barrios periurbanos de El Nuevo
Portal II y El Refugio I en el costado oriental y sur».
Señaló que la Secretaría de Hábitat realizó actividades de monitoreo
en el área afectada, en las que identificó 290 ocupaciones desde el
2004, al igual que infracciones urbanísticas que le fueron reportadas
a la Alcaldía Local de Usme para que adelantara las actuaciones de
control urbanístico de su competencia.
Adujo que la CAR manifestó realizar intervenciones frecuentes en el
área desde el año 2016, aproximadamente, con motivo de las cuales
inició investigaciones de carácter sancionatorio, pero las medidas
adelantadas no permitían dar una solución de fondo a la
problemática, por lo que continuaba la afectación de los derechos
colectivos invocados.
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I.3. Pretensiones
Solicitó, además del amparo de los derechos invocados como
vulnerados, lo siguiente:
«[…] SEGUNDO: Ordenar a los accionados el diseño e
implementación de las siguientes medidas con el fin de garantizar la
protección de los derechos colectivos alegados:
a. Medidas URGENTES, OPORTUNAS y CONTUNDENTES de defensa,
protección, restauración y conservación del patrimonio ecológico y del
medio ambiente a favor de los predios identificados con CHIP
AAA0146UBLW y con los códigos de sector catastral 102506000001 y
102506000002 y de la zona verde – recreativa con RUPI 1153-15 y
código CHIP AAA0146PXFZ.
b. Medidas de análisis e intervención correctiva de riesgos, que
contemplen el reasentamiento de la población que está ocupando
ilegalmente los predios en mención, y la recuperación ambiental de
las zonas gravemente afectadas con el fin de disminuir la
vulnerabilidad y amenaza, así como la demolición de las obras
realizadas.
c. Acciones de zonificación ecológica y alinderamiento definitivo para
el perímetro del área protegida tanto de los predios afectados por la
ocupación ilegal como de aquellos que por ahora no han sido dañados,
esto con el propósito de concretar la aplicación de acciones de
preservación ambiental y restauración ecológicas.
d. Iniciar las acciones legales y penales contundentes a las que
hubiera lugar con ocasión de algún delito contra el ambiente por parte
de las personas presuntamente involucradas en los hechos expuestos
en la presente;
e. Formular, divulgar, ejecutar el Plan de Manejo Ambiental, conforme
al Decreto 190 de 2004, para el área protegida […]».
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I.4. DEFENSA
I.4.1.- El DISTRITO señaló que la parte actora tenía la carga de la
prueba, pero no aportó al proceso ningún elemento que acreditara
de forma idónea y válida la amenaza o vulneración de los derechos
colectivos invocados.
Adujo que la problemática expuesta en la demanda no era nueva,
por lo que la misma se venía atendiendo según lo previsto en el
Decreto 227 de 2015, con el liderazgo de la Secretaría Distrital de
Ambiente, la cual pretendía la recuperación ambiental del área
protegida, sin olvidar las funciones que les correspondían a las
alcaldías locales, a las autoridades de policía y a entidades como el
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -
IDIGER, la Caja de Vivienda Popular, la Secretaría Distrital de
Hábitat y el Ministerio de Defensa Nacional.
Manifestó que el área objeto de ocupación ilegal está fuera del
perímetro urbano de la ciudad de Bogotá, conforme lo determinó la
Secretaría Distrital de Hábitat, por lo que no existía nexo causal
entre la actuación de dicha Secretaría y la presunta vulneración de
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los derechos colectivos invocados, pues el eje de su gestión
ambiental se circunscribía al perímetro urbano, de conformidad con
lo establecido en el artículo 66 de la Ley 99 de 1993.
Adujo que según el concepto 2020EE5803 del IDIGER, algunas de
las ocupaciones referidas se encontraban en la categoría de alto
riesgo no mitigable.
Refirió las acciones que adelantó para la recuperación integral del
Parque Ecológico Entrenubes, tales como: i) la expedición del
Decreto 227 de 2015 5: ii) la identificación de las condiciones de
vulnerabilidad socioambiental de los ocupantes de las áreas
protegidas efectuada por la Secretaría Distrital de Ambiente y la
Secretaría Distrital de Salud; iii) un ejercicio de caracterización en
el 2018, en el que se prestaron servicios de vacunación y
esterilización a los animales de compañía; y iv) la Secretaría Distrital
de Ambiente realizó el acompañamiento de las intervenciones y
operativos liderados por la Alcaldía Local de Usme y la CAR, para
5
A través del cual se adoptó el «[…] Programa de Acompañamiento Integral para Mitigación del
Impacto Social Derivado de las acciones de recuperación de bienes fiscales, uso público, espacio público
u objeto de recuperación ecológica o preservación ambiental (PAIMIS) […]».
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atender las ocupaciones que se presentaron de manera acentuada
desde el mes de abril de 2020.
Aseguró que en el ejercicio de caracterización referido no pudo
recopilar la información del 100% de los ocupantes, pues se
presentaban condiciones de inseguridad para los profesionales que
visitaron los polígonos y, en los casos en los que se tuvo acceso, los
ocupantes fueron renuentes a suministrar datos personales. Sobre
este aspecto señaló:
«[…] Al no contar con información al 100% de los ocupantes, que
permitiera identificar plenamente los beneficiarios al programa, se
recurrió al uso de imágenes satelitales que permitiera identificar con
alta confianza y en períodos de tiempo cortos (monitoreos
mensuales), las ocupaciones que luego de la revisión temporal,
espacial y de condiciones de vulnerabilidad, pudieran postularse al
PAIMIS. La información cartográfica utilizada permite que: 1. La
postulación con corte a septiembre de 2019 se realizará con la
información más reciente disponible suministrada por la Secretaría
Distrital del Hábitat y 2. Fuera temporalmente comparable en el corto
plazo, teniendo en cuenta que la dinámica de ocupaciones ocurre de
manera acelerada en cortos períodos de tiempo.
Las familias que habitan las 1.016 ocupaciones descritas en el Plan
de Acción, y que fueron recomendadas por esta Secretaría, serán
contempladas para la oferta institucional del Distrito que permita la
protección de derechos, el acceso a los servicios de salud, y
programas de integración social dirigidos a población vulnerable,
entre otros; esta se encontrará sujeta a las verificaciones técnicas y
jurídicas realizadas por la Caja de Vivienda Popular - CVP. Lo anterior,
aplicará para aquellas ocupaciones que no hayan sido incorporadas
previamente en los programas adelantados por la CVP; aquellas que
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ya tengan procesos adelantados, seguirán su curso en la entidad
competente […]».
Sostuvo que la parte actora pretendía desconocer las actuaciones
que adelantó en el margen de sus competencias legales y
constitucionales, referidas en precedencia.
I.4.2.- La CAR aseguró que adelantó las actuaciones que le
correspondían como autoridad ambiental, de conformidad con lo
previsto en la Ley 99 de 1993.
Resaltó que realizó actividades para identificar a los responsables de
la problemática ambiental expuesta en la demanda, sancionarlos y
obligarlos a reparar los daños generados a los recursos naturales
renovables, a pesar de la complejidad de esa actuación.
Sostuvo que desde el año 2016 se venían presentando ocupaciones
ilegales de predios en el sector denominado Cuchilla El Gavilán de la
localidad de Usme, especialmente en el Parque Ecológico Montaña
Entrenubes, por lo que, en ejercicio de sus competencias como
autoridad ambiental en el sector rural de BOGOTÁ, D.C., junto con
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las demás demandadas, intervino para solucionar dicha problemática
y generó los informes técnicos DRBC 01165100681, 01165100797,
01185100845, los cuales fueron insumo para iniciar los expedientes
sancionatorios núms. 59143, 59494, 58143 y 73756.
Indicó que durante las visitas técnicas pudo constatar que un área
aproximada de 20 hectáreas, ubicadas dentro del Parque Distrital de
Montaña Entrenubes, específicamente en los sectores denominados
Cuchilla El Gavilán, Altos del Pino, Compostela II, entre otros, los
cuales eran de su competencia, se encontraba ocupada con
construcciones de diferentes tipos y, «aproximadamente en 3
hectáreas se configuraba una afectación al recurso suelo».
Destacó que, al intentar ingresar al predio, durante las visitas
técnicas efectuadas, los funcionarios fueron intimidados y
amenazados por personas que descendían de las viviendas ubicadas
en la parte alta, por lo no se pudo realizar una verificación completa
del área afectada, ni de los presuntos responsables de las
ocupaciones. En ese sentido, indicó lo siguiente:
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«[…] Teniendo en cuenta lo anterior, y al no contar la CAR con la
información suficiente para iniciar los procesos administrativos de
carácter sancionatorio, procedió a dar apertura a indagación
preliminar, con el fin de recaudar el material probatorio suficiente que
permitiera esclarecer los hechos y tener la certeza de la identidad de
los posibles infractores.
En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, la finalidad de la indagación
preliminar es la de reunir todos los elementos de juicio necesarios
para iniciar un procedimiento sancionatorio de carácter ambiental u
ordenar el archivo de la investigación de no lograr dicho fin, pero para
ello la entidad cuenta con un término perentorio de 6 meses, razón
por la cual en los expedientes sancionatorios antes señalados, pese a
haberse adelantado todas las actuaciones pertinentes, no se logró
identificar al posible o posibles responsables de las afectaciones
ambientales, ni tampoco fue posible la individualización del predio
dentro del término anteriormente mencionado. De igual forma, en los
casos en los que se logró determinar a las personas que aparecen
como propietarios de los respectivos inmuebles afectados, se constató
que se encuentran fallecidos, motivo por el cual los expedientes
tuvieron que ser archivados […]».
Reseñó las actividades que adelantó con motivo de la problemática
expuesta en la demanda e indicó que el control de las situaciones de
carácter social, ambiental, familiar y delincuencial que se presentaba
en el sector le correspondía atenderlas a varias entidades del orden
nacional, regional y distrital, de acuerdo con sus competencias, por
lo que era muy complejo dar una solución efectiva y definitiva, más
aún cuando la seguridad de los funcionarios corría peligro en esa
zona.
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Destacó que no tenía competencias en materia policiva para la
identificación e individualización de los presuntos infractores, salvo
que se encontraran en flagrancia, ni tampoco lo relacionado con la
ocupación ilegal, la protección a la propiedad privada y el control
urbanístico.
Adujo que los daños ambientales causados al ecosistema se
encontraban perfectamente documentados, verificados,
cuantificados e incorporados en los expedientes ambientales de
carácter sancionatorio, pero era deber de otras autoridades
individualizar y ponerle en su conocimiento los presuntos infractores
ambientales, para poder completar el procedimiento sancionatorio
ambiental «información que ha sido muy difícil de obtener dada la
situación de ilegalidad en la que viven las personas en los sectores
afectados».
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El TRIBUNAL, mediante sentencia de 21 de septiembre de 2023,
negó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por BOGOTÁ, D.C., – SECRETARÍA DISTRITAL DE
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SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA - SECRETARÍA
DISTRITAL DE HÁBITAT - SUBSECRETARÍA DE INSPECCIÓN
VIGILANCIA Y CONTROL DE VIVIENDA - SECRETARÍA
DISTRITAL DE AMBIENTE Y ALCALDÍA LOCAL DE USME.
Adicionalmente, declaró la vulneración los derechos colectivos al
goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico y
el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución, al goce del espacio público y la utilización y la defensa
de los bienes de uso público, como consecuencia de las ocupaciones
ilegales presentadas en el Parque Ecológico Distrital de Montaña
«ENTRENUBES», específicamente en el sectores de los Barrios El
Nuevo Portal, el polígono de monitoreo 194 Colindancia La
Esmeralda y el polígono de monitoreo 26 Sector Refugio I y II - Portal
del Divino.
En consecuencia, ordenó lo siguiente:
«[…] 3°) EXHÓRTASE a la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca - CAR, y a la Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia - Secretaría Distrital de
Hábitat - Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda
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• Secretaría Distrital de Ambiente - Alcaldía Local de Usme, para que
en COORDINACIÓN y con el ACOMPAÑAMIENTO del Ejército
Nacional y la Policía Nacional, debido a las condiciones de seguridad
de la zona ilegalmente ocupada, adelanten las respectivas visitas de
inspección ocular con el fin de verificar las ocupaciones ilegales. En
consecuencia, las entidades antes señaladas deberán presentar
informes a esta Corporación respecto de estas actividades para lo cual
se les concede el término de tres (3) meses contados a partir de la
ejecutoria de esta providencia.
4°) ORDENÁSE a la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca – CAR, y a la Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría
Distrital de Seguridad, Convivencia Y Justicia - Secretaría Distrital de
Hábitat - Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda
• Secretaría Distrital de Ambiente - Alcaldía Local de Usme, que
dentro de sus competencias, CONTINÚEN adelantado las respectivas
investigaciones por daño ambiental al interior del Parque Ecológico de
Montaña “Entrenubes” y remitan los respectivos informes técnicos al
ente investigador Fiscalía General de la Nación con el fin de que se
adelanten las respectivas investigaciones penales frente a delitos
ambientales. En consecuencia, las entidades antes señaladas deberán
presentar informes a esta Corporación respecto de estas actividades
para lo cual se les concede el término de tres (3) meses contados a
partir de la ejecutoria de esta providencia.
5°) ORDÉNASE a la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca – CAR, y a la Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia - Secretaría Distrital de
Hábitat - Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda
• Secretaría Distrital de Ambiente - Alcaldía Local de Usme, que
dentro de sus competencias CONTINÚEN adelantado y lleven hasta
su culminación los procesos sancionatorios ambientales, con ocasión
de las ocupaciones ilegales e infracciones ambientales presentadas al
interior del Parque Ecológico Distrital Entrenubes. En consecuencia,
las entidades antes señaladas deberán rendir un informe de estas
actividades ante esta Corporación, para lo cual se les concede el
término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta
providencia.
6°) ORDÉNASE a la Corporación Autónoma Regional y a la Alcaldía
Mayor de Bogotá - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia Y
Justicia - Secretaría Distrital de Hábitat - Subsecretaría de Inspección
Vigilancia y Control de Vivienda - Secretaría Distrital de Ambiente -
Alcaldía Local de Usme, que CONTINÚEN adelantando jornadas de
rehabilitación con la plantación de individuos arbóreos nativos de la
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zona que permitan la conexión del bosque altoandino, que sigan
trabajando en el fortalecimiento de los procesos comunitarios de
implementación de escenarios de conservación del ecosistema, la
realización de informes técnicos del diagnóstico del sector que
permita establecer el estado de las plantaciones realizadas, así como
el estado del suelo y demás factores del ecosistema y los
seguimientos a las acciones de intervención en las áreas afectadas.
En consecuencia, las entidades antes señaladas deberán rendir un
informe a esta Corporación de estas actividades, para lo cual se les
concede el término de tres (3) meses contados a partir de la
ejecutoria de esta providencia.
7°) ÍNSTASE a los habitantes de los predios ubicados al interior del
área protegida objeto de la acción popular, para que, en forma
coordinada con la Corporación Autónoma Regional y a la Alcaldía
Mayor de Bogotá - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y
Justicia - Secretaría Distrital de Hábitat - Subsecretaría de Inspección
Vigilancia y Control de Vivienda - Secretaría Distrital de Ambiente -
Alcaldía Local de Usme, para que DE MANERA INMEDIATA,
adelanten campañas de concientización y rehabilitación y se
abstengan de realizar quemas y acciones que atenten con el
ecosistema del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes.
8°) ORDÉNASE a la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca – CAR, y a la Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia - Secretaría Distrital de
Hábitat - Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda
• Secretaría Distrital de Ambiente - Alcaldía Local de Usme, en el
marco de sus competencias y atendiendo lo dispuesto en el Decreto
227 de 2015, que CONTINÚEN adelantando todas las gestiones
administrativas y financieras, con el fin de intervenir el Parque
Entrenubes, específicamente las ocupaciones ilegales ubicadas en el
barrio legalizado El Nuevo Portal, el polígono de monitoreo 194
Colindancia La Esmeralda, el polígono de monitoreo 26 Sector Refugio
I y II - Portal del Divino, así como realizar los respectivos operativos
de recuperación, visitas de control y adelantar los respectivos
procesos de control urbanístico. En consecuencia, las entidades antes
señaladas deberán rendir informe de estas actividades a esta
Corporación, para lo cual se les concede el término de doce (12)
meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia.
9°) ORDÉNASE a la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca – CAR, y a la Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia - Secretaría Distrital de
Hábitat - Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda
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• Secretaría Distrital de Ambiente - Alcaldía Local de Usme, que
CONTINÚEN adelantando Mesas de Trabajo, con el fin de realizar el
respectivo acompañamiento a las familias ocupantes ilegales y se
coordine la posibilidad de reubicación de dichas familias. En
consecuencia, las entidades demandadas deberán rendir un informe
respecto de estas actividades a esta Corporación, para lo cual se les
concede el término de tres (3) meses contados a partir de la
ejecutoria de esta providencia.
10) EXHÓRTASE a la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca – CAR, y a la Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia - Secretaría Distrital de
Hábitat - Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda
• Secretaría Distrital de Ambiente - Alcaldía Local de Usme, para que
dentro del marco de sus competencias en COORDINACIÓN con el
Ministerio del Interior – Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y
Minorías y la Secretaría Distrital de Gobierno- Subdirección de
Asuntos Étnicos, adelanten las acciones necesarias encaminadas a la
atención de los requerimientos y realicen el respectivo
acompañamiento a las familias de la comunidad étnica Huitoto. En
consecuencia, las entidades demandadas deberán rendir un informe
respecto de estas actividades a esta Corporación, para lo cual se les
concede el término de tres (3) meses contados a partir de la
ejecutoria de esta providencia.
11) Confórmase un comité de verificación integrado por la parte
actora, el Ministerio Público; un delegado de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca – CAR, un delegado de la Alcaldía Mayor
de Bogotá - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
• Secretaría Distrital de Hábitat - Subsecretaría de Inspección
Vigilancia y Control de Vivienda - Secretaría Distrital de Ambiente -
Alcaldía Local de Usme, para que se encarguen de comprobar el
cumplimiento de lo ordenado en el presente fallo. Comité que deberá
rendir ante esta Corporación un informe de las gestiones adelantadas,
a fin del cumplimiento total y efectivo a la orden aquí impartida.
12) Deniéganse declaratoria de vulneración al derecho colectivo a
la defensa del patrimonio público, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
13) Deniéganse las demás pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
14) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia.
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15) En caso de no ser apelada la presente sentencia, para los fines
de que trata el artículo 80 de la Ley 472 de 1998 remítase copia
integral de esta a la Defensoría del Pueblo […]».
Sostuvo, para el efecto, que de conformidad con lo previsto en el
numeral 1 del artículo 7º del Decreto 227 de 2015 6, dentro de los
proyectos priorizados se encontraban los siguientes asentamientos
de origen informal localizados al interior del Parque Ecológico
Distrital de Montaña Entrenubes: Clindancia Compostela III, Sector
Refugio I y II Portal el Divino, Nueva Esperanza, la Fiscala Parque
Entre Nubes 2, San German, Parque Entre Nubes Colindancia Los
Pinos.
Consideró que según los polígonos de monitoreo que realizó la
Secretaría Distrital de Hábitat con ocasión de la expedición del
Decreto 227 de 2015, los asentamientos antes relacionados
correspondían al sector de ocupación ilegal que es objeto del
proceso, por lo que a BOGOTÁ, D.C. sí le asistía legitimación en la
causa.
6
«Por medio del cual se adopta el programa de Acompañamiento Integral para Mitigación del Impacto
Social Derivado de las acciones de recuperación de bienes fiscales, uso público, espacio público u objeto
de recuperación ecológica o preservación ambiental y se dictan otras disposiciones».
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Adujo que la vulneración de derechos colectivos que se invocó en la
demanda tenía como origen la ocupación ilegal de los predios rurales
denominados El Carretonal, Galeras y La Cantera, ubicados dentro
del sistema orográfico Cuchilla del Gavilán, los cuales estaban
clasificados como suelo de protección y área protegida en el POT; al
igual que la ocupación ilegal del costado sur oriental de una zona
verde pública del barrio El Nuevo Portal.
Consideró que dentro del proceso se acreditó que el Parque Ecológico
Distrital de Montaña «Entrenubes», era un parque localizado en el
extremo suroriental de Bogotá, D.C, que se encontraba conformado
por los cerros de Guacamayas, Juan Rey y Cuchilla del Gavilán,
pertenecientes a las localidades de Rafael Uribe, San Cristóbal y
Usme, con una extensión de 626 hectáreas y un perímetro de 30
km², de los cuales la Secretaría Distrital de Ambiente adquirió 240
hectáreas en el cerro de Juan Rey, que constituían una de las
mayores extensiones de áreas protegidas de Bogotá, D.C.
Sostuvo que el Parque Ecológico de Montaña «ENTRENUBES», por
su localización y condiciones biofísicas tenía un valor estratégico en
la regulación hídrica, la prevención de riesgos naturales, la
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conectividad de los ecosistemas y la conservación paisajística, por lo
que estaba destinado a la preservación y restauración de la
cobertura vegetal correspondiente a la flora propia del bosque
altoandino, de conformidad con el Decreto 190 de 2004; amén de
que era un conector hídrico entre los cerros orientales, el río Tunjuelo
y las quebradas La Nutria, Santa Librada, Bolonia, Yomasa y
Chuniza. Respecto de la locación del área objeto de ocupación,
indicó:
«[…] respecto del sector descrito en la acción popular de la
referencia, donde se presentan las afectaciones, se determinó que el
lote con código 002620040001 se localiza dentro del barrio legalizado
El Nuevo Portal, los lotes con código 102506000001, 102506000002
se cruzan parcialmente con el Parque Entrenubes Cuchilla El Gavilán;
finalmente, se ubicó el polígono de monitoreo 194 Colindancia La
Esmeralda, en el cual se ha identificado 297 ocupaciones, que
también se encuentran dentro del lote con código 102506000002, en
el lote 102506000001 se localiza una ocupación; mientras que 263
ocupaciones de la zona se encuentran dentro del polígono de
monitoreo 26 Sector Refugio I y II - Portal del Divino, de las cuales
18 se encuentran dentro del barrio legalizado El Portal del Divino y 3
de estas están en una zona verde del barrio legalizado […]».
Señaló que desde el año 2016, la Dirección Regional Bogotá de la
CAR realizó intervenciones al frente del Parque Ecológico de
Montaña «ENTRENUBES», en el sector denominado Cuchilla El
Gavilán, pues desde esa fecha tenía conocimiento de las primeras
ocupaciones.
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Indicó que los expedientes sancionatorios ambientales núms. 83877
y 84501 daban cuenta de la intervención y ocupación de dos predios
por más de 200 personas, lo cual ocasionaba una altísima afectación
a los recursos naturales.
Agregó que si bien se adelantaron actuaciones tendientes a la
recuperación del Parque Ecológico de Montaña «ENTRENUBES», de
conformidad con lo previsto en el Decreto 227 de 2015, éstas eran
insuficientes para mitigar la problemática que se generó con motivo
de las ocupaciones ilegales, por lo que sí se acreditó la vulneración
de derechos colectivos.
Indicó que dentro del proceso no se acreditó la vulneración del
derecho colectivo a la «defensa del patrimonio público», pues la
parte actora no aportó pruebas de que las actividades que
adelantaron las accionadas para mitigar la problemática relacionada
con la ocupación ilegal de terrenos al interior del Parque Ecológico
de Montaña «ENTRENUBES» fueran constitutivas de un manejo
irresponsable y negligente de la destinación de recursos públicos.
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III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN
III.1.- BOGOTÁ, D.C., estimó que no había congruencia entre lo
que se probó dentro del proceso y lo que se ordenó en la sentencia.
Sostuvo que a pesar de las acciones que se adelantaran en este
asunto, en el evento de un desacato, la violación de los derechos
colectivos continuaría, dado que eran particulares quienes no
cumplían con los requerimientos, llamados de atención y sanciones;
además de la imposibilidad jurídica de dar aplicación al Decreto 227
de 2015.
Adujo que el Tribunal debió ordenarles directamente a los
particulares la restitución del espacio público para que el medio de
control surtiera efectos, pues si bien en la sentencia se reconocieron
sus acciones para superar la problemática, las órdenes se le dieron
como si fuera el que vulneró los derechos colectivos, siendo que le
correspondía a lo sumo la labor de vigilancia de lo anterior.
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Resaltó que las órdenes de la sentencia estaban orientadas a que
«CONTINÚEN adelantando…», lo que indica un reconocimiento de su
actuar en este asunto y, por tanto, lo procedente hubiese sido
denegar las pretensiones de la demanda en su contra.
Sostuvo que el Tribunal no se pronunció respecto de la falta de
jurisdicción territorial de la autoridad ambiental distrital frente a los
polígonos de monitoreo donde se encontraban las ocupaciones
objeto de litigio, los cuales no hacen parte del perímetro urbano del
Distrito y, por tanto, la competencia sería de la CAR, cuya autoridad
la ejerce en el suelo rural, a la que, por demás, le corresponde
cumplir las órdenes 3, 4 y 6 de la sentencia, pues debe realizar las
inspecciones oculares, los procesos sancionatorios y las actividades
de restauración del ecosistema.
Explicó que de conformidad con el Decreto 555 de 2021 el Parque
Entrenubes tiene una restricción en sus usos debido a la afectación
ambiental de área protegida, al ser parte del Sistema Distrital de
Áreas Protegidas, de ahí que las ocupaciones se entiendan ilegales y
que, la aplicación del decreto 227 de 2015 sea de carácter
excepcional.
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Señaló que a partir de la revisión cartográfica de las ocupaciones del
Parque Entrenubes en el Cerro Cuchilla del Gavilán, específicamente
en los polígonos de monitoreo 194 - Colindancia La Esmeralda y 26
sector Refugio I y II – Portal del Divino, se advertía que ninguna de
las ocupaciones se localizaba en el perímetro urbano del Distrito, de
conformidad con lo previsto en el Decreto 555 de 2021, «Por el cual
se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de
Bogotá D.C.», en el cual reside su competencia, según el artículo 66
de la Ley 99 de 1993.
Aseguró que desde el año 2016, hubo un incremento de las
ocupaciones ilegales en el Parque Entrenubes con construcciones de
viviendas precarias, por parte de un grupo de familias, en los predios
rurales denominados El Carretonal, Galeras y La Cantera- del
sistema orográfico denominado Cuchilla del Gavilán. Lo mismo
sucedió en la zona objeto de litigio: Barrios El Nuevo Portal, el
polígono de monitoreo 194 Colindancia La Esmeralda y el polígono
de monitoreo 26 Sector Refugio I y II - Portal del Divino.
Sostuvo que desde el año 2017, la Secretaría Distrital de Ambiente
realizó las acciones que desde su competencia podía adelantar para
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que, de manera coordinada, con las otras entidades fuera posible
prevenir nuevas ocupaciones ilegales y restaurar las zonas donde las
ocupaciones habían degradado el ecosistema del Parque Entrenubes.
Adujo que existían personas que fomentaban las ocupaciones
ilegales en los sectores la Fiscala, Alaska, barrio Juan José Rondón
II y Los Arrayanes, quienes promocionan la venta de lotes en los
barrios Juan José Rondón II y Los Arrayanes, circunstancia que se
verificó debido a las intervenciones hechas por la empresa de
Seguridad del Parque Entrenubes.
Agregó que dichas conductas se repetían en el sector la Fiscala, en
donde una persona que respondía al nombre «David» era el
encargado de liderar los procesos de loteo y ocupación ilegal, el cual
se rodeaba de un grupo de sujetos que levantaban las
construcciones ilegales, por lo que se advertía un acuerdo de
voluntades para el loteo, venta y construcción de ocupaciones
ilegales, cuyos hechos fueron denunciados ante las autoridades
competentes con el fin de que adoptaran las medidas necesarias
para la protección del parque y la erradicación de conductas
contrarias al ordenamiento jurídico.
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Señaló que, con ocasión de las ocupaciones ilegales en los Barrios El
Nuevo Portal, el polígono de monitoreo 194 Colindancia La
Esmeralda y el polígono de monitoreo 26 Sector Refugio I y II - Portal
del Divino, la Secretaría Distrital de Ambiente, desde el año 2016,
con el acompañamiento de las demás entidades del distrito,
realizaron esfuerzos orientados a recuperar los predios
pertenecientes al área protegida, su restauración y el inicio de
procesos sancionatorios, entre otras labores 7.
7
Para el efecto, destacó las siguientes actividades:
-. Acompañar y participar en acciones para el control de delitos contra el medio ambiente y la minería
ilegal.
-. Acompañar y participar en acciones de control y manejo para la recuperación de predios afectados
por los fenómenos de ocupaciones informales e ilegales en el Distrito Capital.
-. Orientar a funcionarios de Alcaldías Locales y uniformados de las estaciones policías sobre delitos
relacionados con urbanizaciones ilegales y afectación al medio ambiente.
-. Participar en actividades operativas enmarcadas en acciones administrativas o judiciales contra las
ocupaciones ilegales.
-. Realizar campañas de sensibilización y prevención en las zonas de mayor afectación por urbanización
ilegal, para que los ciudadanos no sean víctimas de estafa y denuncien conductas ilegales.
-. Recopilar información por parte de la ciudadanía, a través de diferentes medios, para posteriormente
efectuar su análisis y realizar los reportes a las autoridades competentes.
Asimismo, reseñó las actividades adelantadas en los siguientes polígonos de la Localidad de Usme: 1)
Polígono 024A – Colindancia Compostela III, 2) Polígono 025A – El Porvenir II Sector, 3) Polígono 026
– Sector El Refugio I y II – El Portal del Divino, 4) Polígono 034A – Colindancia Nueva Esperanza, 5)
Polígono 035 – San Germán, 6) Polígono 036B – Parque Entrenubes 2, 7) Polígono 037A – Colindancia
Sierra Morena, 8) Polígono 037B – Colindancia Tocaimita, 9) Polígono 038 – Sector Sur Sierra Morena,
10) Polígono 043 Parque Entrenubes Colindancia Los Pinos, 11) Polígono 115 – Cajita de los Soches,
12) Polígono 163 – La Fiscala, 13) Polígono 163A – La Fiscala II, 14) Polígono 194 Colindancia La
Esmeralda, 15) Polígono 296 Tocaimita Sur.
Además, relacionó las actividades adelantadas en la Localidad de Rafael Uribe Uribe en los siguientes
polígonos de monitoreo: 1) Polígono 034 – Nueva Esperanza, 2) Polígono 036 – San Martín – Sector
Colindancia San Ignacio y, 3) Polígono 044 – Parque Entrenubes – Colindancia Los Puentes.
También, indicó lo referente a las actividades realizadas en los dos polígonos de monitoreo de la
Localidad de San Cristóbal, esto es, los siguientes: 1) Polígono 231 – Colindancia El Encanto Sur y, 2)
Polígono 250 – Colindancia San Martín Sur.
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Precisó que, a través del Decreto 227 de 2015, adoptó el Programa
de Acompañamiento Integral para Mitigación del Impacto Social
derivado de las acciones de recuperación de bienes fiscales, uso
público, espacio público u objeto de recuperación ecológica o
preservación ambiental, cuya norma no resulta aplicable a los
polígonos de monitoreo objeto del proceso y, por tanto, es imposible
cumplir las órdenes contenidas en los numerales 8 y 9 de la
sentencia, porque no hacían parte de los polígonos priorizados del
artículo 7° ibidem, ni cumplían con las condiciones de aplicabilidad
para ingresar al programa bajo los criterios técnicos de postulación.
Para el efecto, explicó lo siguiente:
«[…] El propósito por el cual la Secretaría Distrital de Ambiente
propuso la inclusión del caso Parque Entrenubes ante la Subcomisión
Intersectorial PAIMIS (Decreto 227 de 2015) era implementar un
conjunto de acciones o actividades encaminadas a la recuperación del
área protegida, mitigando el impacto social generado por dicha
recuperación. El Decreto 227 de 2015, está motivado en
consideraciones técnicas que orientan el proceso de postulación de
cada caso presentado ante la Subcomisión. Tales consideraciones
marcan la línea en la que las entidades postulantes deben direccionar
las acciones técnicas y jurídicas para llevar a cabo el proceso desde
la postulación, la puesta en marcha y el seguimiento del Plan de
Acción.
El caso Entrenubes presenta unas dinámicas de abordaje complejas,
principalmente por la tipología predial (predios públicos o de
propiedad particular) que permiten o restringen la inversión pública
para la recuperación ambiental. Para el caso específico del polígono
194 - Colindancia La Esmeralda, se tiene que el 100% de las
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ocupaciones se localizan en predios privados (CHIP Catastral
AAA0146UBMS y AAA0146UBLW); para el polígono 026 - Sector
Refugio I y II – Portal del Divino, se estableció que, aunque en el
polígono se identifican predios públicos (RUPI 2401-20; 3543-20-19-
18-40) ninguna de las ocupaciones se presentaron para el año 2010
o antes localizadas en estos predios, razón por la cual ninguno de los
dos polígonos pudo ser incluido en el Decreto 227 de 2015.
(…)
Ninguna de las ocupaciones objeto de consulta cumplen con la
totalidad de los requisitos establecidos en el Decreto distrital 227 de
2015. Lo anterior, considerando los criterios de inclusión, las
condiciones técnicas y jurídicas de las ocupaciones y los
predios sobre los que se asientan (públicos y privados). Por lo
anterior, los polígonos objeto de consulta no son viables para la
intervención a través del PAIMIS; y en vista de … que las
ocupaciones se localizan en predios privados están por fuera
del alcance del Decreto Distrital 227 de 2015. Además, es
oportuno precisar que las ocupaciones que se localizan en el Parque
Entrenubes y en los polígonos propuestos para PAIMIS, que se
encuentran en áreas con condición de riesgo no mitigable, deberán
surtir su proceso de reasentamiento y gestión predial
conforme los procedimientos previstos por la Caja de Vivienda
Popular, en el Decreto 330 de 2020 y demás mecanismos
viables legalmente y que deberán liderar las autoridades
competentes […]» (Resaltado de la Sala).
Aseguró que la Secretaría Distrital de Ambiente se encontraba frente
a órdenes de imposible cumplimiento debido a las condiciones
legales preestablecidas para el Parque Entrenubes; y agregó que
adquirió 121 predios en el Cerro de Juan Rey, ubicado dentro del
Parque Entrenubes, conforme se estableció en el Concepto Técnico
07651 del 11 de diciembre de 2017 de la Dirección de Gestión
Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, teniendo en cuenta
la alta presión que sobre este sector ejercían los procesos
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urbanísticos informales que amenazan los valores ambientales,
paisajísticos y culturales de la estructura ecológica principal del
Distrito.
Sostuvo que para la fecha de interposición del recurso no habían sido
incluidos polígonos de monitorio adicionales a los determinados en
el artículo 7° del Decreto 227 de 2015, razón por la que los polígonos
de los Barrios El Nuevo Portal, el polígono de monitoreo 194
Colindancia La Esmeralda y el polígono de monitoreo 26 Sector
Refugio I y II - Portal del Divino, si bien pertenecían al Parque
Entrenubes, no hacían parte de las acciones desarrolladas en el
marco del programa establecido en ese decreto.
Por lo expuesto, estimó que no vulneró los derechos colectivos
invocados, pues en el marco de sus competencias adelantó las
acciones de inspección, vigilancia y prevención frente a las
ocupaciones ilegales o informales, por lo que, a su juicio, las órdenes
de la sentencia no se ajustaron a la realidad procesal.
Manifestó que se bien se le impuso el deber de asegurar la protección
de los derechos colectivos, ello no implicaba la existencia de una
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responsabilidad objetiva «[…] a cargo de las Entidades Distritales
desprovista de todo análisis subjetivo en relación con la ocurrencia
del daño enmarcada en la presunción de responsabilidad por falla
presunta […]».
Estimó que en la sentencia de primera instancia se debió declarar
que las entidades distritales actuaban como entes garantes de los
derechos colectivos y no efectuar una imputación de responsabilidad
que no era congruente con lo que se probó dentro del proceso.
III.2.- La CAR solicitó revocar parcialmente la sentencia de primera
instancia, dado que se debía indicar con claridad cada una de las
actividades que debían de realizar las accionadas, en el margen de
sus competencias legales, debido a que la mayoría de los sectores,
barrios y polígonos, referidos en la sentencia, estaban ubicados
dentro del perímetro urbano de Bogotá, D.C. y, por tanto, la
autoridad ambiental competente para el efecto era la Secretaría
Distrital de Ambiente, máxime si se tiene en cuenta que no tiene
competencia para asuntos relacionados con ocupaciones ilegales,
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control urbanístico, reubicación de personas y acompañamiento a
comunidades indígenas.
Sostuvo que su competencia verse única y exclusivamente respecto
de asuntos relacionados con la prevención, evaluación, control,
vigilancia, uso y aprovechamiento de recursos naturales renovables
en Cundinamarca, algunos municipios de Boyacá y en zona rural de
BOGOTÁ, D.C, e imponer sanciones ambientales, de conformidad
con lo previsto en la Ley 1333 de 2009.
Precisó que el Parque Entrenubes, estaba compuesto por la Cuchilla
del Gavilán, Cuchilla Juan Rey y Cuchilla Guacamayas, de los cuales,
solamente era de su jurisdicción el sector de la Cuchilla del Gavilán,
por lo que se le debía de excluir de la orden número 3 de la
sentencia, dado que no tenía competencia para la verificación de
ocupaciones ilegales, lo que le corresponde a BOGOTÁ, D.C.
Cuestionó la orden número 5 de la sentencia, porque no podía
asegurar la culminación de procesos sancionatorios por vulneración
de normas ambientales en la localidad de Usme, pues a pesar de que
tenía competencia para adelantar indagaciones preliminares frente
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a los presuntos infractores ambientales en sector de la Cuchilla
Gavilán, para ello debían de intervenir otras autoridades, como lo
era la Policía Nacional, con el objetivo de poder individualizar a los
infractores y completar el procedimiento sancionatorio ambiental.
Agregó que lo anterior era muy difícil, dada la situación de ilegalidad
en la que vivían las personas del sector, los cuales se encontraban
indocumentados, por lo que, pese a que solicitó la colaboración de
la Fiscalía General de la Nación, no le había sido posible su plena
identificación y, en consecuencia, tuvo que archivar actuaciones sin
imponer sanciones.
Frente a la orden prevista en el numeral 8 de la sentencia, reiteró
que no podía adelantar gestiones administrativas, ni invertir
recursos financieros para realizar actividades ajenas a sus funciones,
como lo eran las ocupaciones ilegales y los procesos de control
urbanístico, «que adicionalmente se encuentran por fuera de su
jurisdicción», por lo que solicitó revocar parcialmente ese numeral y
excluirla de su cumplimiento.
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En igual sentido, solicitó su exclusión de la orden contenida en el
numeral noveno de la providencia apelada, dada la falta de
competencia en asuntos de ocupaciones ilegales y reubicación de
personas, así como también respecto de la orden del numeral 10,
pues no debe atender las necesidades y requerimientos de las
comunidades indígenas, dado que ello le correspondía a la Secretaría
Distrital de Gobierno - Subdirección de Asuntos Étnicos.
VI.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
-. BOGOTÁ, D.C., en su escrito de alegatos de conclusión reiteró los
argumentos del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
de primera instancia, pues se refirió a que: i) no se demostró la
vulneración de los derechos colectivos; y ii) lo probado en el proceso
o concuerdo con lo finalmente resulto.
Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia de primera instancia o
modificarla, en el sentido de excluirla de la parte resolutiva, impartir
las órdenes respectivas a los verdaderos vulneradores de los
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derechos colectivos e indicar con claridad que la administración
estaba cumpliendo con lo previsto en el Decreto 227 de 2015.
-. La CAR reiteró que no podía ejercer sus funciones dentro del
perímetro urbano de Bogotá, que era donde se encontraban ubicados
los barrios señalados en la sentencia de primera instancia, ni
adelantar gestiones administrativas o invertir recursos financieros en
esa zona para realizar actividades ajenas a sus competencias como
lo eran las ocupaciones ilegales, la reubicación de personas y los
procesos de control urbanístico.
Destacó que las autoridades ambientales no podían asegurar la
culminación de los procesos sancionatorios, dada la imposibilidad de
individualizar a los presuntos infractores y la ilegalidad en la que
viven las personas en esos sectores, los cuales en su mayoría se
encuentran indocumentados.
Señaló que, a pesar de solicitar la colaboración de la Fiscalía General
de la Nación no fue posible la identificar a los infractores, por lo que
tuvo que archivar los procesos sin imponer las sanciones respectivas,
las cuales serían difíciles de cumplir por parte de éstos, dado que
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eran sanciones administrativas consistentes en multa y prohibir
ejercer actividades que afecten los recursos naturales.
Aclaró que distinto sería si la Fiscalía General de la Nación lograra
tipificar la conducta de los presuntos infractores dentro de algún
delito, evento en el cual podrían ser capturadas por el daño que les
hacían a los recursos naturales.
Finalmente, solicitó se le excluyera de la orden relacionada con el
acompañamiento de la comunidad étnica Huitoto, al señalar que ello
era competencia de la Secretaría Distrital de Gobierno, Subdirección
de Asuntos Étnicos.
-. El señor WHITMAN DARÍO HERNÁNDEZ DEAZA, en calidad de
coadyuvante de la parte actora, manifestó que no desconocía los
grandes esfuerzos de las autoridades para contener las afectaciones
ambientales que se presentaban en el Parque Entrenubes con motivo
de las ocupaciones ilegales por parte de particulares.
Sostuvo que, pese a lo anterior, la vulneración de los derechos
colectivos invocados persistía y seguía en aumento, por lo que
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solicitó confirmar la sentencia de primera instancia con el fin de que
las autoridades demandadas lograran de manera coordinada trazar
estrategias que permitieran solucionar la problemática ambiental
objeto de la demanda.
Indicó que se requería acompañamiento policivo o militar
permanente, seguimientos a los brotes de nuevas invasiones,
celeridad en los tramites y procesos jurídicos en fiscalías e
inspecciones, acompañamiento técnico y de insumos para la
reforestación de especies nativas, campañas informativas sobre la
importancia ecológica y social del sector, además de soluciones de
vivienda para la población que realmente lo necesitaba, entre otras.
VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1- Generalidades de la acción popular
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política
y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de
los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten
amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño
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contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la
comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo
para la protección de sus derechos.
VI.2. Problema jurídico
La Sala considera que el problema jurídico a resolver, conforme a los
planteamientos expuestos por las apelantes, consiste en determinar
si la CAR y BOGOTÁ, D.C., son responsables de la vulneración de
los derechos colectivos amparados como consecuencia de las
ocupaciones ilegales presentadas en el Parque Ecológico Distrital de
Montaña «ENTRENUBES». Para el efecto, la Sala se referirá a: i) lo
probado en el proceso; ii) la delimitación de las competencias de la
CAR y el Distrito; iii) la suficiencia de las acciones de las recurrentes;
y iv) la pertinencia de las órdenes de amparo.
VI.3.- De lo probado en el proceso
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Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se relacionan los
medios de prueba relevantes aportados al proceso.
• Oficio de 18 de enero de 2018, suscrito por el jefe de la oficina
asesora jurídica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
dirigido a la gerente general de la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Bogotá, con el siguiente asunto «Concepto
respecto a la posibilidad de realizar obras en predios para la
protección del Recurso Hídrico – Decreto 953 de 2013. Radicado
MADS E1-2017-027703», en el que se indicó lo siguiente:
«[…] Para esta cartera las actividades de ejecución de infraestructura
para vivienda de vigilancia y obras de saneamiento básico, redes de
acueducto y alcantarillado, deberán en todos los casos, revisar el
régimen de usos y actividades permitidas del área protegida, pues a
simple vista pueden contravenir las actividades permitidas en estas.
Por otro lado, tratándose de si en el marco de los ingresos corrientes
para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia
estratégica con el objeto de conservar los recursos hídricos o para el
financiamiento de esquemas de pago por servicios ambientales, se
pueden adquirir las áreas contiguas a las zonas de ronda, como áreas
forestales protectoras o zonas de manejo y preservación ambiental –
ZMP, es pertinente expresar que el Decreto 953 de 2013 hoy
compilado en el Capítulo 8 del Decreto 1076 de 2015, reglamentario
del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, señaló específicamente que las
entidades territoriales deberán invertir prioritariamente los recursos
de que trata el presente decreto en la adquisición y mantenimiento
de los predios localizados en las áreas de importancia estratégica, en
ese sentido, las “áreas contiguas a las zonas de ronda, como áreas
forestales protectoras o zonas de manejo y preservación ambiental -
ZMPA”, deberán estar identificadas, delimitadas y priorizadas como
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áreas de importancia estratégica, como bien lo señala el artículo
2.2.9.8.1.4 del Decreto 1076 de 2015.
En ese sentido, los mencionados recursos podrán destinarse para i)
la compra de predios o mejoras de zonas destinadas con anterioridad
a la entrada en vigencia de la presente normativa para la
conservación y protección de los recursos hídricos; ii) procesos de
reasentamiento que permitan la protección y conservación del recurso
hídrico; iii) predios identificados, delimitados y priorizados como
áreas de importancia estratégica con apego a la información
contenida en los instrumentos de planificación ambiental, en el marco
del Decreto 953 de 2013 hoy compilado en el Capítulo 8 del Decreto
1076 de 2015, iv) la adquisición y mantenimiento de los predios
localizados en las áreas de importancia estratégica aun cuando los
predios estén por fuera de la jurisdicción de la entidad territorial
siempre que el área seleccionada para la compra sea considerada
estratégica y prioritaria para la conservación de los recursos hídricos
que surtan el respectivo acueducto y (sic) iv) así mismo dichas
inversiones podrán financiar gastos asociados a la compra de predios
y pagos por servicios ambientales, como lo son los directamente
asociados a estudios de títulos, levantamientos topográficos, avalúos
comerciales, los gastos notariales y de registro.
En todo caso, dichas inversiones y adquisiciones se deben realizar a
través de los procedimientos establecidos en la Ley 388 de 1997 o la
norma que la modifique, adicione, sustituya o complemente, con el
fin de adquirir los necesarios y conducentes para las áreas de
importancia estratégica que conservan los recursos hídricos o para el
financiamiento de esquemas de pago por servicios ambientales […]».
• Documento de febrero de 2018 de la Empresa de Acueducto, Agua
y Alcantarillado de Bogotá denominado «PARQUE ECOLÓGICO
DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES Y ELEMENTOS DEL SISTEMA
HÍDRICO DE LA CIUDAD (QUEBRADA, RÍOS, CANALES Y
HUMEDALES), CORREDORES AMBIENTALES EN LA CUENCA MEDIA
RÍO BOGOTÁ», en el que se indicó que:
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«[…] CONCLUSIONES
La zona declarada como Parque Ecológico Distrital de Montaña
Entrenubes se localiza en la subcuenca del río Tunjuelo, y cuenta con
múltiples quebradas provenientes de los Cerros Orientales,
Quebradas como Chinguaza, Santa Librada y Yomasa, que drenan sus
aguas del río Tunjuelo, y el nacimiento de la quebrada Hoya Del ramo,
en el cerro Juan Rey, le confieren al PEDMEN la posibilidad de ser
considerado una potencial área estratégica. Lo que, en últimas
garantizaría la protección del recurso hídrico, asegurando así la
producción y flujo de agua en un futuro si se ordena y maneja
adecuadamente.
La Secretaría Distrital de Ambiente (2015) ha clasificado al PEDMEN
como un área de alto valor para la recarga del acuífero de Bogotá, sin
embargo, al estar ubicado dentro del perímetro urbano, el parque se
ha visto afectado por el desarrollo de actividades antropogénicas
(agricultura, ganadería, explotación de canteras, minería) que
generan contaminación a los suelos y al agua mayormente por la
inadecuada disposición de residuos sólidos y los vertimientos de
aguas residuales realizados directamente a los cuerpos de agua. Por
lo tanto determinar el PEDMEN como un área estratégica contribuiría
a la preservación de estos cuerpos de agua y a la mitigación de los
demás impactos negativos que generan los asentamientos urbanos.
Por otro lado, tal como se expone en el documento, el sistema hídrico
de Bogotá y todos los elementos que lo componen tienen un papel
importante en la oferta de servicios ambientales asociados al recurso
hídrico (regulación hídrica y control de sedimentos). Adicionalmente,
permite la conectividad ecosistémica entre los Cerros Orientales y el
perímetro urbano de Bogotá, este complejo es el motor para el
sistema de alcantarillado pluvial, tal como se expone en la subcuenca
del río Torca. De esta manera, los elementos del sistema hídrico de
la ciudad (quebradas, ríos, canales y humedales) con sus rondas y
áreas contiguas aferentes, resultan ser áreas de importancia para la
protección y conservación del recurso hídrico, convirtiéndolas así en
una potencial área estratégica, que garantice la sostenibilidad del
recurso hídrico en el río Bogotá, fuente abastecedora para
poblaciones aguas debajo de Bogotá, D.C. […]».
• Oficio de 26 de diciembre de 2018, suscrito por la Secretaría de
Ambiente Distrital y dirigido a la presidenta de la Subcomisión
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Intersectorial PAIMIS - Subsecretaría Coordinación Operativa -
Secretaría Distrital de Hábitat, el cual tuvo como asunto «alcance
programa PAIMIS. DECRETO DISTRITAL 227/2015. COMPETENCIA
DEL DISTRITO PARA INVERTIR RECURSOS PÚBLICOS EN PREDIOS
PRIVADOS».
• Oficio de 10 de junio de 2019, suscrito por la subdirectora de
Prevención y Seguimiento de la Secretaría de Hábitat y dirigido a la
Alcaldía Local de Usme, con el siguiente objeto “REMISIÓN DE
INFORMACIÓN POLÍGONO 026 – EL REFUGIO – PORTAL DEL
DIVINO».
• Informe de 17 de marzo de 2020, suscrito por el subdirector de
Prevención y Seguimiento de la Secretaría de Hábitat y dirigido a la
Alcaldía Local de Usme, el cual tuvo como asunto «Remisión informe
de monitoreo polígono 194 – COLINDANCIA LA ESMERALDA», en el
que se indicó que:
«[…] En cumplimiento de lo mencionado, la SIVCV ha identificado
zonas en el Distrito Capital en las cuales se presentan procesos
dinámicos de asentamientos ilegales, es decir que son susceptibles a
desarrollarse o ser ocupadas informalmente, las cuales están
localizadas generalmente en áreas que presentan restricciones de uso
del suelo para la urbanización como son: afectación por fenómenos
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de remoción en masa o inundación, zonas de alto riesgo no mitigable,
rondas de los cuerpos de agua como ríos, quebradas o humedales, o
zonas donde se ha detectado indicios de enajenación informal. Estas
áreas se han denominado polígonos de monitoreo, los cuales son
objeto de control permanente con el fin de identificar, georreferenciar
y caracterizar las ocupaciones existentes, y a su vez prevenir la
aparición de nuevos desarrollos en estas áreas.
Con la información recopilada por el área de monitoreo, labor que se
viene realizando desde el año 2004; se ha elaborado el Mapa Único
de Monitoreo que registra la caracterización física, geográfica y
estadística de los polígonos de monitoreo, y de los desarrollos de
vivienda identificados al interior de estos. Con la información
obtenida, se realizan notificaciones a las Alcaldías Locales para que
estas adelanten las actuaciones de control urbanístico propias de su
competencia.
Por otra parte, dentro del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre
Nubes de la localidad de Usme, se han definido DOCE (12) polígonos
de monitoreo los cuales presentan áreas libres que han sido ocupadas
por invasores o enajenaciones ilegales que han incentivado la
ocupación ilegal. Actualmente se presenta gran consolidación de tipo
provisional, en donde se ha evidenciado durante todo el año 2018 y
2019 un crecimiento del 300% en relación con las ocupaciones
reportadas hasta el año 2017.
POLÍGONO 194 COLINDANCIA LA ESMERALDA
(…)
Se han identificado al interior de este polígono, (286) ocupaciones,
distribuidas según su tipología de acuerdo con lo presentado en la
Tabla 1 y con una ubicación geográfica según lo dispuesto en la
Imagen 1 y detalle de ocupaciones según Imagen 2.
(…)
Desde el momento de su creación, el polígono ha sido objeto de
monitoreo por parte de la SIVCV realizando visitas permanentes a fin
de realizar un control a las ocupaciones identificadas al interior del
polígono.
Producto de las visitas de monitoreo, se realiza la identificación de las
infracciones urbanísticas encontradas al interior del polígono, con el
fin de reportarlas a la Alcaldía Local de Usme para que estos adelanten
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las actuaciones de control urbanístico propias de sus competencias. A
la fecha, se han realizado (342) notificaciones a la oficina asesora de
obras de esta alcaldía, las cuales se clasifican por año, en la Tabla 3
a continuación:
AÑO TOTAL, OCUPACIONES REPORTADAS
2014 0
2015 14
2016 19
2017 0
2018 97
2019 184
2020 26
TOTAL 342
[…]».
• Informe de 18 de mayo de 2020, suscrito por la Subdirección de
Ecosistemas y Ruralidad de la Secretaría de Ambiente y dirigido a la
Alcaldía Local de Usme, el cual tuvo el siguiente objeto «Informe
afectaciones ambientales evidenciadas en el marco del operativo el
15 de mayo de 2020. Polígono de monitoreo 194 – La Esmeralda».
• Informe visita de monitoreo de 28 de mayo de 2019,
«COLINDANCIA LA ESMERALDA».
• Oficio de 26 de junio de 2020, suscrito por la CAR en el que se
indicó:
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«[…] De la manera más atenta me permito manifestar que dentro de
las competencias que nos asisten como autoridad ambiental,
específicamente el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes,
en su sector denominado Cuchilla El Gavilán en Bogotá, la Dirección
Regional Bogotá – La Calera de la CAR, ha realizado intervenciones
frecuentes desde el año 2016 aproximadamente; momento en que se
conocieron las primeras ocupaciones al territorio, especialmente a los
predios del señor Alfredo Luis Guerrero Estrada.
De estas acciones se generaron en su momento los Informes Técnicos
CAR DRBC 01165100681, 01165100797, 01185100845; los cuales
fueron insumo para aperturar los Expedientes de Carácter
Sancionatorio # 59143, 59494, 58143 y 73756; con posterioridad a
estas actuaciones se generaron los Informes Técnicos CAR DRBC
01195100652 y 01195100653, los cuales alimentan los expedientes
aperturados en el momento y acogiendo solicitudes o quejas sobre el
tema de ocupación en los mismos predios y terrenos.
(…)
También es importante aclarar que el control de las situaciones que
se han venido presentando, corresponde a varias entidades del orden
Distrital, Regional y Nacional, al respecto, cabe recordar que lo
relacionado con construcciones, es competencia exclusiva del ente
territorial, conforme al contenido del artículo 103 de la Ley 388 de
1997 modificado por el artículo 1º de la Ley 810 de 2003, que
consagra como infracción urbanística toda actuación de parcelación,
urbanización, construcción, reforma o demolición que contravenga los
planes de ordenamiento territorial o sus normas urbanísticas, la cual
dará lugar a la imposición de sanciones urbanísticas a los
responsables, incluyendo la demolición de las obras. Igualmente,
considera infracción urbanística la localización de establecimientos
comerciales, industriales, institucionales y de servicios en
contravención a las normas de usos del suelo, lo mismo que la
ocupación temporal o permanente del espacio público con cualquier
tipo de amueblamiento o instalaciones, sin la respectiva licencia.
(…)
Por otra parte, las competencias establecidas en la Ley 99 de 1993
atribuyen a esta Corporación, entre otros, los procesos de evaluación,
prevención y control a los factores de deterioro ambiental, de manera
que el seguimiento realizado por parte de esta entidad se basa en la
vigilancia del uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables mediante la identificación de posibles afectaciones en
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territorio, verificación cartográfica e identificación predial según
nuestro sistema de consulta cartográfica. En ocasiones, en la medida
en que nuestra logística lo permite, se realizan acompañamientos a
recorridos interinstitucionales con el Distrito a los polígonos de
monitoreo establecidos por la Secretaría de Hábitat, y ante la
detección de infracciones ambientales esta Corporación procede a
levantar el informe técnico que detalla chip, cédula catastral,
matrícula inmobiliaria, presunto propietario y detalle de las
afectaciones ambientales al interior del predio y, en caso de hallar
méritos para la apertura de un expediente sancionatorio, de
conformidad con la Ley 1333 de 2009, se procede en contra de
propietario o responsable del predio, pues corresponde a este último
el control y cuidado de lo ocurrido al interior del inmueble, con lo cual
se reitera que si bien se realizan recorridos conjuntos, las actuaciones
difieren conforme a las competencias (urbanísticas del ente territorial
y ambientales de la autoridad ambiental) […]».
• Oficio de 26 de junio de 2020, suscrito por la Subdirección de
Ecosistemas y Ruralidad de la Secretaría de Ambiente y dirigido a la
Secretaría Distrital de Hábitat, relacionada con «Ocupaciones
polígono de monitoreo el Refugio», en el que se indicó lo siguiente:
«[…] En aras de atender de fondo la problemática de ocupaciones al
interior del Parque, esta Secretaría recomendó en sesión del mes de
noviembre de 2019, la inclusión de familias que habitan este polígono
al Programa de Acompañamiento Integral para la Mitigación del
Impacto Social derivado de las acciones de recuperación de bienes
fiscales, de uso público, espacio público u objeto de recuperación
ecológica o preservación ambiental – PAIMIS (Decreto 227 de 2015);
lo anterior, para que a partir de dicho programa se implementen las
estrategias y actividades interinstitucionales que logren insertar a las
familias al tejido social, de manera que puedan ejercer plenamente
sus derechos y a la vez contribuir al mejoramiento de su calidad de
vida. En tal sentido, esta Secretaría adelantó las actividades
estipuladas en el marco técnico del Decreto, pero su implementación
se encuentra sujeta a la aprobación total por parte de la Subcomisión
Intersectorial PAIMIS. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que en
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el marco de la normativa vigente se deban realizar para el control y
prevención de nuevas ocupaciones en el sector.
De otro lado esta Secretaría se permite precisar que el sector El
Refugio se encuentra fuera del perímetro urbano de la ciudad de
Bogotá, por lo que se remite solicitud a la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca, quien según las funciones establecidas en
la Ley 99 de 1993 deberán “Ejercer las funciones de evaluación,
control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire
y los demás recursos naturales renovables (…)”, para que de manera
articulada y en el marco de sus competencias se pueda dar un manejo
oportuno de esta problemática.
(…)
En aras de atender esta problemática esta Entidad en
acompañamiento de la Alcaldía Local de Usme y Policía Nacional,
realizó visita de verificación al polígono afectado encontrando daños
a los recursos flora, suelo, aire y en general, se observó un detrimento
importante de los recursos naturales de esta área protegida.
A continuación, se relacionan las afectaciones en materia ambiental
evidenciadas:
Recurso flora: La cobertura vegetal afectada pertenece a uno de los
últimos relictos de bosque alto andino que permite la conectividad de
los Cerros Orientales con el Rio Tunjuelo y juega un papel primordial
en la resistencia de las laderas ante las fuerzas de meteorización
física. Tanto el agua como el viento son fuerzas que tienden a
desprender y arrastrar los materiales del suelo. Si se elimina la
cobertura vegetal, aumenta de manera significativa el arrastre de
materiales y por ende la probabilidad de erosión y contribución a
deslizamientos, poniendo en riesgo incluso los asentamientos
informales que allí se encuentran.
Recurso suelo: Se evidencian afectaciones por descapote,
nivelación, adecuación de terrenos y consolidación de ocupaciones de
viviendas informales. Estas adecuaciones han generado la pérdida
total de coberturas vegetales nativas, así como los horizontes de los
suelos originales que existían en el área afectada.
Recurso hídrico: Los procesos antrópicos de ocupaciones informales
hacen que los procesos de control hidrológico del suelo se pierdan, se
reduzca el área de infiltración natural del agua y de flujos
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subsuperficiales, así como, se generen desequilibrios de la dinámica
ecohidrológica de los suelos.
Recurso aire: Se evidencian quemas a cielo abierto, actividad que
además de promover el crecimiento de especies invasoras, constituye
una amenaza para la salud pública y el medio ambiente ya que a
través del proceso de combustión se promueve la formación de
elementos tóxicos y potencialmente nocivos […]».
• Acta de 30 de junio de 2020 de la Secretaría de Ambiente Distrital,
la cual tuvo como asunto «Planeación acciones de intervención
integral en zonas afectadas PDMEN», en la que se indicó que:
«[…] Se propone verificar en terreno las actividades que se han
desarrollado en PDMEN, no se programó jornada de plantación, sino
para verificar el buen desarrollo de las plantaciones que se han
desarrollado para hacer seguimiento a la zona que se ha intervenido
y articular acciones para fortalecer las intervenciones, de igual
manera hacer presencia institucional con el fin de prevenir posibles
ocupaciones ilegales que se han venido desarrollando, así como
también planear el cronograma de actividades de manera concertada
de acuerdo al seguimiento técnico y a la implementación de un plan
de restauración ecológica efectivo para la zona.
Se propone realizar un diagnóstico de la zona afectada con el fin de
evaluar las condiciones actuales del terreno y de ésta manera diseñar
un proceso de restauración que contemple acciones a corto, mediano
y largo plazo sobre el área, de tal manera que pueda ser sostenible y
tener la garantía de la sobrevivencia de los individuos arbóreos
plantados en las últimas jornadas, de igual manera busca que la
presencia institucional promueva la apropiación del territorio y el
empoderamiento de la comunidad frente al PDMEN.
Se menciona que las actividades adelantadas hasta el momento han
sido desarrolladas como una salida de atención inmediata a la
situación presentada, sin embargo se propone realizar una estrategia
integral mediante un ejercicio técnicamente robusto con el fin de
desarrollar un plan de acción concreto donde se pueda desarrollar una
fase de diagnóstico y desplegar las actividades relacionadas a la
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intervención integral frente al planteamiento de la estrategia de
restauración y cumpla con el objetivo de recuperación de la zona
disturbada y se cumpla con la garantía de mantenimiento de los
individuos arbóreos dispuestos allí, de igual manera es necesario
reconocer la estructura ecológica del ecosistema y la dinámica que
presenta el bosque, así como también promover las acciones de
gestión social que pueda servir como gestión del conocimiento.
Desde JBB se propone articular acciones sociales para la concertación
de la comunidad y las organizaciones ambientales comunitarias, para
lo cual la gestora de la SDA propone entonces realizar la coordinación
con las comunidades interesadas y las organizaciones ambientales
que han estado trabajando en articulación en las actividades de
recuperación y rehabilitación del PDMEN dentro de lo cual se
establezca un plan de trabajo de formación a la comunidad en
arbolado y procesos de restauración ecológica, con el fin de generar
un programa de participación y educación ambiental que fortalezcan
los procesos comunitarios […]».
• Acta de 10 de julio de 2020 de la Secretaría de Ambiente Distrital,
la cual tuvo como asunto «Planeación acciones de intervención
integral en zonas afectadas PDMEN», en la que se indicó lo siguiente:
«[…] Se presenta de plano general el PDMEN (sic) y las zonas de
ocupaciones ilegales actualmente monitoreadas por parte de la
Subdirección de ecosistemas y ruralidad en donde se muestra el
estado actual de los polígonos correspondientes al sector Cuchilla del
Gavilán que han sido objeto de estudio debido a las grandes
afectaciones a los ecosistemas de bosque alto andino y subpáramo
presentes en el sector generadas por quemas y roce de la capa
vegetal existente. Se evidencian las zonas afectadas por incendios
forestales y desmonte de vegetación dados por los procesos de
ocupación que han continuado y la presión se presenta de arriba hacia
abajo. Se menciona que se ha generado una pérdida de cobertura
vegetal de 18 Ha.
(…)
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Se propone entonces desarrollar un proceso de intervención integral
donde se genere una planeación específica de recuperación y
restauración efectiva en PDMEN a corte, mediano y largo plazo, tal
que asegure que las acciones desarrolladas sean sostenibles en el
tiempo, de igual manera, se propone que se integre a las
comunidades en el proceso de recuperación con el fin de generar
apropiación y empoderamiento del territorio, para lo cual se menciona
que desde la OPEL mediante la labor de la gestora local se están
articulando acciones de reconocimiento del ecosistema, así como la
conformación de una escuela de restauración ecológica participativa
en articulación con el Jardín Botánico subdirección científica con
quienes se busca desarrollar un procesos de formación virtual en
arbolado urbano, flora nativa del bosque alto andino, así como de las
especies de avifauna representativa, iniciativa que se ha promovido
con las organizaciones ambientales, organizaciones de jóvenes y
líderes comunitarios del sector UPZ Alfonso López.
Se menciona 120 especies en aves lo cual es representativo como
gran servicio ambiental del PDMEN 3 especies de gavilanes en la
cuchilla del gavilán y desde la dieta de las aves se puede generar el
diseño para la restauración ecológica, para lo cual se propone realizar
una caracterización de aves y levantar el grupo dietario de las
especies con el fin que se pueda articular con el diseño florístico del
grupo de restauración, procurando propiciar el regreso de la avifauna.
Se debe realizar el levantamiento de la información florística del tema,
y los individuos arbóreos que puedan ser plantados y que cumplan
con funciones de conectividad y armonización con el parche de bosque
altoandino.
Se aclara que la propietaria del predio Teresa Bacarldo, tiene total
disposición de propiciar los escenarios pertinentes para la generación
de los procesos de restauración ecológica con el fin de generar
apropiación por parte de la comunidad y prevenir futuras ocupaciones
en su predio.
IDIGER emitió un concepto por remoción en masa donde se identifica
el área como propensa a deslizamientos en la zona de la cuchilla del
Gavilán, para lo cual se propone que para la siguiente mesa de trabajo
se invite a ésta Entidad.
Se propone aterrizar el cronograma a partir del mes de agosto dado
que se presenta la condición de cuarentena estricta.
Se propone iniciar con el proceso de formación a los colectivos de
jóvenes en temas de flora y fauna y articular desde el comité local de
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juventud, se aclara que son procesos que deben ser permanentes tal
que generen una gran incidencia en el territorio. También se propone
realizar un intercambio de experiencias o conversatorio en
restauración ecológica que se lidere desde escuela de restauración
para la conservación del PDMEN donde varios profesionales expongan
sus conocimientos y perspectivas frente al tema en el territorio. Se
propone que desde las áreas de la SDA apoyen el proceso de
formación virtual a la comunidad para lo cual se realizará la
articulación y gestión pertinente […]».
• Oficio de 13 de julio de 2020, suscrito por la Subdirección de
Ecosistemas y Ruralidad de la Secretaría de Ambiente y dirigido a la
Alcaldía Local de Usme, con el objeto de dar «Respuesta al radicado
SDA 2020ER100023; IDIGER 2020EE5803. Polígono de monitoreo la
Esmeralda, Cuchilla el Gavilán», en el que se indicó lo siguiente:
«[…] Con respecto a las acciones de recuperación ambiental del
Parque Entrenubes nos permitimos informar que junto al Jardín
Botánico de Bogotá y la Unidad Local de Atención Técnica y
Agropecuaria – ULATA de la Alcaldía Local de Usme se han llevado a
cabo dos jornadas de plantaciones de especies nativas y una jornada
de recolección de residuos sólidos con el ánimo de tomar acciones
inmediatas en la recuperación de las zonas afectadas por
ocupaciones. Así mismo, nos encontramos formulando un plan de
trabajo que permita contar con propuestas al corto, mediano y largo
plazo. Sin embargo, se hace indispensable que las acciones de control
policivo y administrativo, así como el trabajo de apropiación
comunitaria continúen y permitan la sostenibilidad de las acciones
que se emprendan en el área protegida. Lo anterior teniendo en
cuenta que, si bien se han realizado desmontes a más de 50
ocupaciones en proceso de consolidación, la presión por
asentamientos informales continúa, disminuyendo la viabilidad de la
recuperación ambiental […]».
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• Acta de 17 de julio de 2020 de la Secretaría de Ambiente Distrital,
la cual tuvo como asunto «Estado actual predios PDMEN y Acciones
de intervención integral en zonas de ocupaciones ilegales», en la que
se resolvió el siguiente cuestionario:
«[…] Que las Entidades del Distrito nos entreguen un informe sobre
la titularidad actual de los predios del denominado PARQUE
ENTRENUBES, que incluya el total de hectáreas, el área propiedad del
distrito y el área que pertenece a particulares.
La delimitación del Parque Ecológico Distrital Entrenubes corresponde
a la establecida en el estudio denominado "Elaboración de la
topografía, trazado, estancamiento y registros topográficos del límite
del parque Entrenubes", realizado en su momento por el
Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAMA) en abril de
1999 (Decreto 190 de 2004, POT).
Cuenta con una extensión total de 626.4ha que corresponden a los
cerros Guacamayas, Juan Rey y Cuchilla del Gavilán. Incluye las
siguientes microcuencas: Hoya del Ramo, Santa Librada y Chiguaza
en el Cerro Juan Rey, Chiguaza en el cerro de Guacamayas y la
microcuenca Yomasa en la Cuchilla del Gavilán. En la actualidad la
Secretaría Distrital de Ambiente cuenta con un total de 253.65
hectáreas adquiridas; 101.4 hectáreas se encuentran en proceso de
adquisición; y 271.35 hectáreas se encuentran con titularidad de
particulares.
La titularidad de los predios privados localizados al interior del Parque
Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes debe ser solicitada a la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, quien es la entidad
encargada de la administración de esta información, al igual que la
misma está protegida por la Ley de Protección de Habeas Data.
Se nos informe si la administración distrital contempla en el corto o
mediano plazo adquirir los predios que hoy constituyen el parque
Entrenubes y tienen carácter privado.
La pertinencia de adelantar procesos de adquisición predial por parte
de la Secretaría Distrital de Ambiente obedece a principios de
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priorización, ubicación estratégica, necesidad de consolidación de
áreas protegidas, planeación presupuestal, entre otros. Para
adelantar un proceso de adquisición predial es necesario cumplir con
los requisitos establecidos en la Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997 y el
Decreto 190 de 2004 (Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá),
normas que señalan que las entidades competentes para adquirir por
enajenación voluntaria o decretar la expropiación de inmuebles para
la ejecución de proyectos u obras de utilidad pública o interés social,
harán el anuncio del respectivo programa mediante la expedición del
acto administrativo de carácter general que se propone desarrollar en
virtud de los motivos de utilidad pública (Artículo 58 de la ley 388 de
1997, en concordancia el artículo 456 del Decreto 190 de 2004).
En desarrollo de lo mencionado previamente, la Secretaría Distrital
De Ambiente, ha adelantado procesos de adquisición predial de
aquellos inmuebles que están localizados en el Parque Ecológico
Distrital de Montaña Entrenubes; lo cual obedece a una priorización
que se lleva a cabo al inicio de la cada administración y donde la
ejecución del presupuesto destinado a tal actividad se encuentra
definido de acuerdo a los proyectos de la entidad con base en el Plan
de Desarrollo Distrital que se encuentre vigente.
Consecuente con lo anterior, actualmente la SDA se encuentra
adelantando el estudio y análisis de la información predial con que
cuenta la entidad, a fin de realizar una priorización de aquellos predios
que podrían ser susceptibles de adquisición durante la actual
administración conforme a las directrices definidas en el nuevo Plan
de Desarrollo Distrital y la correspondiente asignación presupuestal
para el caso. No obstante es pertinente aclarar que la priorización de
dichos predios no conlleva a la obligatoria adquisición por parte de la
Secretaría, puesto que este proceso preliminar busca identificar
aquellos predios a los cuales se realizará un análisis técnico y jurídico
que involucra levantamientos topográficos, estudios de títulos y
diagnósticos socioeconómicos de la zona, entre otros; y que permitan
establecer las condiciones actuales de los mismos y la viabilidad para
su adquisición en los términos establecidos en la Ley 9 de 1989, Ley
388 de 1997 y el Decreto 190 de 2004 (Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogotá).
En virtud de lo anterior, la SDA continuará con el proceso de
adquisición predial en el Parque Ecológico Distrital de Montaña
Entrenubes, que son pertenecientes a privados, conforme a los
proyectos definidos por la entidad y lo dispuesto en el Plan Distrital
de Desarrollo 2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para
la Bogotá del siglo XXI."
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Que las entidades invitadas nos informen si a la fecha existe alguna
normativa que limite el desarrollo de algunas actividades en los
predios que constituyen el parque Entrenubes, aun siendo esta
propiedad privada.
El Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes – PEDMEN, de
acuerdo al Artículo 95 del Decreto 190 de 2004 (Plan de
Ordenamiento Territorial), acoge el siguiente régimen de usos para
esta área protegida:
(…)
4. Usos prohibidos: Agrícola y pecuario, forestal productor,
recreación activa, minero industrial de todo tipo, residencial de todo
tipo, dotacionales salvo los mencionados como permitidos
(…)
De esta manera, la Secretaría Distrital de Ambiente se permite
informar que, según la normativa relacionada anteriormente y la
demás norma regulatoria en materia ambiental, los usos y el
desarrollo de actividades en los predios que constituyen el parque
Entrenubes, estarán sujetos a lo estipulado en la norma, sean los
predios de propiedad pública o privada. Lo anterior, no significa
restricciones a la titularidad sino a las actividades o usos sobre los
predios que conforman el área protegida.
(…)
Quienes ostentan los títulos de propiedad sobre estos predios,
¿pueden disponer de ellos para venderlos, enajenarlos, hipotecarlos,
etc., o tienen alguna limitante?
La Secretaría Distrital de Ambiente no es competente para poder
emitir un concepto sobre la disponibilidad de enajenación, hipoteca o
alguna otra condición sobre la transferencia de la propiedad sobre los
predios localizados al interior del parque, puesto que esta condición
sólo puede establecerse a través de un estudio de títulos o la
identificación de la condición jurídica de los mismos, lo cual no
corresponde a las funciones o competencias de esta Entidad.
Sin embargo, es procedente mencionar que teniendo en cuenta que
los predios localizados al interior del PEDMEN presentan una
restricción al uso dada por la condición de ser parte del Sistema de
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Áreas Protegidas del Orden Distrital y que esta zona está clasificada
como Parque Ecológico Distrital de Montaña, estos predios presentan
un alto valor escénico y/o biológico que por sus condiciones de
localización y accesibilidad, son destinados a la preservación,
restauración y aprovechamiento sostenible de sus elementos
biofísicos para educación ambiental y recreación pasiva, conforme a
lo dispuesto en el Artículo 94 del Decreto 190 de 2004,
correspondiente al Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Dada
esta condición, dichos predios presentan una restricción de uso los
cuales están definidos en el Artículo 96 del citado Decreto y que son
desarrollados de acuerdo a la zonificación establecida en el Decreto
437 de 2005, correspondiente al Plan de Ordenamiento y Manejo
Ambiental del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes y del
Corredor de Restauración Santa Librada Bolonia.
(…)
¿Cuál ha sido el manejo de la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, de
forma articulada con las entidades de orden nacional y regional para
generar cuidado y protección a las reservas forestales, hídricas, en
materia de seguridad ambiental y derechos reivindicatorios en la
localidad de Usme?
En el marco de las competencias de esta Entidad se han coordinado
acciones conjuntas con la Corporación Autónoma Regional – CAR,
teniendo en cuenta que el Parque se encuentra en áreas de
jurisdicción compartida entre la Secretaría Distrital de Ambiente y la
CAR. De esta manera, se han adelantado diferentes mesas de trabajo
para actuar en conjunto desde el ámbito administrativo en la atención
de las presiones generadas por ocupaciones informales. Así mismo,
esta Secretaría ha suministrado información a la Fiscalía General de
la Nación para adelantar los trámites en materia penal por delitos
contra el medio ambiente, procesos que siguen su curso en las
mencionadas Entidades.
De igual manera desde la Oficina de Participación, Educación y
Localidades, desde donde se ejerce la secretaría Técnica de la
Comisión Ambiental Local – CAL se articula de manera
interinstitucional entre las Entidades que tienen en como competencia
los temas ambientales y en concertación con la comunidad, acciones
orientadas a la recuperación de las áreas afectadas dentro del Parque
Entre nubes donde se fomentan las iniciativas comunitarias frente al
reconocimiento del territorio y sus valores ambientales y
ecosistémicos con el fin de generar apropiación y conformar
estrategias participativas de conservación y protección del Parque, así
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mismo, en el marco de ésta instancia se realiza el seguimiento a las
intervenciones interinstitucionales en Parque Entrenubes donde se
socializan las acciones que se desarrollan en territorio y se atienden
las solicitudes de la comunidad frente a la conformación de procesos
participativos para la gestión del conocimiento en temas ambientales
relacionado con los ecosistemas y elementos naturales presentes en
la Localidad y de igual manera programar las posibles intervenciones
que permitan el mejoramiento de las condiciones ambientales en
diferentes escenarios […]». (Subrayado fuera de texto)
• Acta de reunión instancia de participación de 21 de julio de 2020
de la Secretaría de Ambiente, instancia: Comisión Ambiental Local
de Usme – Cal Usme – Acta 7, en la que se advirtió:
«[…] Se propone entonces desarrollar un proceso de intervención
integral donde se genere una planeación específica de recuperación y
restauración efectiva en PDMEN a corte, mediano y largo plazo, tal
que asegure que las acciones desarrolladas sean sostenibles en el
tiempo, de igual manera, se propone que se integre a las
comunidades en el proceso de recuperación con el fin de generar
apropiación y empoderamiento del territorio, para lo cual se menciona
que desde la OPEL mediante la labor de la gestora local se están
articulando acciones de reconocimiento del ecosistema, así como la
conformación de una escuela de restauración ecológica participativa
en articulación con el Jardín Botánico subdirección científica con
quienes se busca desarrollar un procesos de formación virtual en
arbolado urbano, flora nativa del bosque alto andino, así como de las
especies de avifauna representativa, iniciativa que se ha promovido
con las organizaciones ambientales, organizaciones de jóvenes y
líderes comunitarios del sector UPZ Alfonso López.
Se menciona 120 especies de aves lo cual es representativo como
gran servicio ambiental del PDMEN 3 especies de gavilanes en la
cuchilla del gavilán y desde la dieta de las aves se puede generar el
diseño para la restauración ecológica, para lo cual se propone realizar
una caracterización de aves y levantar el grupo dietario de las
especies con el fin que se pueda articular con el diseño florístico del
grupo de restauración, procurando propiciar el regreso de la avifauna.
Se debe realizar el levantamiento de la información florística del tema,
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y los individuos arbóreos que puedan ser plantados y que cumplan
con funciones de conectividad y armonización con el parche de bosque
altoandino.
Desde ésta mirada, se propone entonces articular el plan de trabajo
con acciones direccionadas a procesos pedagógicos para el
reconocimiento de los diferentes bienes y servicios ambientales de la
Localidad y puntualmente en el caso del proceso de recuperación de
las áreas afectadas en el parque Entrenubes y para dar continuidad a
las intervenciones de respuesta y contención a las ocupaciones
ilegales que derivan en un deterioro de los ecosistemas y de la zona
de protección ambiental, se propone que dentro del plan de trabajo
se articulen los colectivos de jóvenes para la conformación de la
escuela de restauración participativa, iniciativa impulsada desde la
SDA con el fin de generar conocimiento en torno a los ecosistemas de
bosque alto andino, subpáramo y páramo presentes en el área
protegida con el fin de generar apropiación y cuidado del PDMEN para
su conservación, además de generar procesos participativos de
recuperación integral y desarrollo de capacidades en los jóvenes
frente a la apuesta ambiental como pilar de desarrollo comunitario y
social. Se convoca así a las organizaciones ambientales y líderes
comunitarios que se muestran interesados en participar activamente
y se propone desarrollar una agenda para el mes de agosto.
(…)
Por otra parte se menciona la problemática presentada en la quebrada
Yomasa donde se presentan disposición de residuos directos en el
sector de Montevideo donde históricamente se han presentado
disposición de residuos donde existía previamente una curtiembre y
actualmente es una bodega de reciclaje y de aprovechamiento y los
rechazos y el material que no se utiliza se arroja directamente a la
quebrada, puesto que la capacidad de almacenamiento supera la
capacidad de la bodega y solicita una visita de verificación al predio
donde se realizan labores de procesamiento industrial y una
intervención integral frente a la población recicladora y habitante de
calle, intervención que se había previsto desarrollar para el día 24 de
julio, sin embargo debido a la cuarentena estricta en la cual se
encuentra actualmente la localidad se decide reprogramar la
intervención para el mes de agosto […]».
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• Acta de 27 de julio de 2020 de la Secretaría de Ambiente Distrital,
la cual tuvo como asunto «Avance de acciones desarrolladas en
PDMEN e intervención integral en zonas de ocupaciones ilegales», en
la que se indicó lo siguiente:
“[…] Pregunta para la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Y
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES (CAR): “No es un
secreto que nuestra comunidad usmeña ha incrementado
exponencialmente, números que se toma de manera asistemática,
pero se verifica en la realidad con los barrios ilegales de las zonas
periféricas de nuestra localidad, barrios que ha arrasado de manera
irresponsable con parte de nuestro pulmón (reserva forestal parque
entre nubes) ¿Qué acciones o medidas de contención efectiva a este
fenómeno se piensan y cuantas se ejecutan hoy? Esto para promover
sus funciones a saber: la sustentabilidad de ambiental de Bogotá”.
En tal sentido, se informa que, según los monitoreos continuos
realizados en la zona por parte de diferentes Secretarías del orden
Distrital, así como esta y otras comunicaciones allegadas por parte de
la ciudadanía, ha sido posible realizar diferentes operativos de control
bajo el liderazgo de la Alcaldía Local de Usme para la atención integral
de esta problemática. En tal sentido, relacionamos generalidades
sobre las actividades desarrolladas en la cuchilla del Gavilán del
parque, Localidad de Usme en las cuales ha participado de manera
activa la SDA, para contener la problemática de ocupaciones
informales que se presentan.
21 de abril de 2020. La SDA alerta a la Alcaldía Local, Secretaría
Distrital de Gobierno y Secretaría de Seguridad sobre los incendios,
talas e invasiones en el sector y establece comunicación con la
Corporación Autónoma Regional – CAR (autoridad de control en dicho
territorio).
22 de abril de 2020. La SDA recibe información de Secretaría de
Seguridad sobre la coordinación para la intervención policial el
miércoles 22 de abril de 2020.
24 de abril de 2020. La SDA realiza visita de inspección ocular,
evidenciando aproximadamente 50 ocupaciones no consolidadas
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construidas en materiales perecederos (lámina de zinc, polisombra,
bolsas de plástico y madera). 05 de mayo de 2020. La Secretaría
Distrital de Ambiente se reúne con la Corporación Autónoma Regional
– CAR, la Secretaría Distrital de Hábitat, Secretaría Distrital de
Seguridad Convivencia y Justicia, Secretaría Distrital de Gobierno,
Alcaldía Local de Usme y Fiscalía de derechos humanos. Durante esta
reunión interinstitucional se acuerda realizar intervención el día 6 de
mayo de 2020.
06 de mayo de 2020. Se realiza operativo de control liderado por la
Secretaría Distrital de Gobierno y Alcaldía Local de Usme para tomar
acciones correspondientes. Dicho operativo dejó como resultado la
captura de tres personas en la comisión de delitos medioambientales
y sentó las bases para continuar con operativos de acción a fin de
atender de fondo la problemática evidenciada.
15 de mayo de 2020. Se realiza nuevo operativo de control en el
que participan representantes de las siguientes Entidades:
Subsecretaría de Gestión Local, Alcaldía Local de Usme, Personería
local, Corporación Autónoma Regional - CAR, Instituto Distrital de
Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, Secretaría Distrital
del Hábitat, Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la
Juventud - IDIPRON, Migración Colombia, Secretaria Distrital de
Seguridad Convivencia y Justicia, Secretaría Distrital de Gobierno,
Secretaría de Integración Social, Derechos Humanos y Policía
Nacional. Así mismo, se contó con la presencia del apoderado del
propietario del predio. Durante esta jornada, profesionales técnicos
de la SDA realizaron acompañamiento a la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca - CAR, Alcaldía local de Usme y demás
Entidades al operativo de recuperación de área invadida en de manera
informal del PEDMEN.
26 de mayo de 2020. La SDA remite Informe Técnico sobre
afectaciones ambientales evidenciadas en el polígono. 28 de mayo de
2020. La SDA a través de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad
y la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, participa de
operativo de control liderado por la Alcaldía Local de Usme.
30 de mayo de 2020. Se realiza Puesto de Mando Unificado - PMU
para establecer la ruta de acción interinstitucional a seguir para la
atención integral de la problemática en el sector. Policía Nacional
reporta al 30 de mayo de 2020 un total de 15 capturas por eventos
de flagrancia. 31 de mayo de 2020. La Secretaría Distrital de
Ambiente recibe comunicación sobre el ingreso de personas al sector
realizando acciones de ocupación masivas, así como eventos de
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incendios y remoción de cobertura vegetal. Se convoca a operativo
desde Alcaldía Local de Usme.
01 y 02 de junio de 2020. La SDA acompaña operativo de control
en apoyo a las acciones que adelantara la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca - CAR para efectos de los trámites
administrativos que tuviesen lugar.
11 de junio de 2020. La SDA en el marco de sus competencias
misionales, realizó la recuperación de más de 100 plantas epífitas que
se encontraban volcadas en el suelo debido a las intervenciones
antrópicas que tuvieron lugar en el sector Cuchilla el Gavilán. El
material vegetal recolectado, que presentaba en su mayoría
deshidratación y daño radicular, fue llevado al Parque Entrenubes,
donde se realiza el seguimiento para asegurar su mantenimiento y
recuperación. De igual manera realizó la articulación con
organizaciones comunitarias para el desarrollo de la jornada de
recuperación del área afectada mediante la plantación de 300 árboles
aportados por la ULATA Usme con el fin de generar apropiación del
territorio y desarrollar acciones integrales de intervención
participativa en la zona. Ésta actividad fue concertada y coordinada
previamente con la Alcaldía Local quien dirigió el PMU de intervención
del área.
20 de junio de 2020. En articulación con la Alcaldía Local de Usme
y el JBB, la SDA realiza la segunda jornada de recuperación
ecosistémica mediante la plantación de 500 individuos arbóreos
nativos aportados por la ULATA.
30 de junio de 2020. Se realiza la mesa de trabajo para la
planeación de intervención integral de restauración ecológica en
PDMEN, donde la SDA entra en una fase de diagnóstico para la
armonización del Plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo,
donde se promueve la escuela de restauración participativa con el
ánimo de fortalecer las iniciativas comunitarias y de organizaciones
ambientales frente al reconocimiento del territorio y el tejido social
para la recuperación del parque.
01 de julio de 2020. Se realiza recorrido de diagnóstico entre el JBB
y Ulata Usme para identificar en campo las acciones de recuperación
ambiental al corto, mediano y largo plazo para la recuperación de las
áreas afectadas por ocupación informal en Cuchilla el Gavilán. Lo
anterior se encuentra en fase diagnóstica para contar con
intervenciones técnicamente robustas y sostenibles a largo plazo. Así
mismo, en el marco de las competencias misionales de la Secretaría
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Distrital de Ambiente- SDA, se suministró información sobre
afectaciones ambientales a las entidades policivas y administrativas
a través del Informe Técnico No. 00860, como insumo
complementario a la información que la Corporación Autónoma
Regional CAR generara como autoridad ambiental en el sector Cuchilla
el Gavilán […]».
• Acta de 8 de septiembre de 2020 de la Secretaría de Ambiente
Distrital, la cual tuvo como asunto «Articulación acciones de
participación escuela de restauración PDMEN y acciones para la
visibilización de proyectos PRAE».
• Denuncia penal núm. 2023EE190658 de 18 de agosto de 2023,
presentada por la Secretaría Distrital de Ambiente ante La Fiscalía
General de la Nación contra «Personas por determinar», por los
delitos de concierto para delinquir y urbanización ilegal.
• Memorandos núms. 2022IE216093 y 2022IE216096 de 25 de
agosto de 2022, elaborados por la Subdirección de Ecosistemas y
Ruralidad del Distrito y dirigido a la Dirección Legal Ambiental y la
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público del ente
territorial, cuyos asuntos son «[…] Loteo y construcciones. Parque
Entrenubes, Fiscala - Usme RT 136. ID registro 333. Adecuaciones
para construcciones Parque Entrenubes, Alaska - Usme RT 200. ID
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registro 334. Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes
[…]».
• Memorando 2023IE175626 de 1o. de agosto de 2023, elaborado
por la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad del Distrito y dirigido
a la Dirección Legal Ambiental del ente territorial, cuyo asunto es
«[…] Solicitud de información sobre gestión adelantada en caso de
loteo y construcciones en el Parque Distrital Ecológico de Montaña
Entrenubes, Fiscala – Usme RT 136, relacionado con el memorando
interno con proceso 5552175 y Radicación 2022IE216093 […]».
• Cartografía del «Municipio de Bogotá D.C.», elaborada por la CAR
el 13 de abril de 2023.
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De las actuaciones adelantadas por las accionadas en el
marco de las ocupaciones ilegales que se presentan en el
Parque Ecológico Distrital de Montaña «ENTRENUBES»
En este punto, el Tribunal consideró que dentro del proceso sí se
acreditó la vulneración de derechos e intereses colectivos, pues a
pesar de que no se configuró una conducta omisiva de las
accionadas, lo que se advertía era que las gestiones adelantadas con
el objeto de recuperar el Parque Ecológico de Montaña
«ENTRENUBES», no fueron efectivas, dado que la ocupación ilegal
persistía y seguía en aumento desde el año 2020.
Al respecto, la Sala una vez analizadas las pruebas aportadas al
expediente encuentra que la vulneración de los derechos colectivos
objeto de protección sí le resulta atribuible a las demandadas, dado
que las acciones adelantadas por ellas para la recuperación del área
objeto de protección eran insuficientes, pues inclusive, dichas
ocupaciones iban en aumento en forma considerable.
Ahora, la Sala no desconoce las acciones realizadas por las
demandadas con motivo de los hechos expuestos en la demanda,
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pues el expediente da cuenta de las gestiones efectuadas para
afrontar la problemática relacionada con las ocupaciones ilegales en
el área protegida, pero las mismas no desvirtúan las pruebas que
acreditan la vulneración de los derechos colectivos.
En efecto, si la conducta vulneradora de derechos colectivos se
mantiene en el tiempo e incluso se agrava con su transcurrir, como
se acreditó en este asunto, no es dable considerar que las
actuaciones adelantadas por las demandadas son eficaces para
superar dicha vulneración y, en consecuencia, concluir que no les
asiste responsabilidad.
Si bien en los recursos de apelación se planteó la hipótesis de la
imposibilidad de cumplir las órdenes del Tribunal, dado que no se
dirigieron contra las personas que ocupaban ilegalmente zonas del
Parque Ecológico de Montaña «ENTRENUBES», la Sala advierte que
dicho argumento no está llamado a prosperar, dado que es el Estado,
a través de las demandadas, el encargado de la protección de los
derechos colectivos invocados.
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VI.4.- De las competencias del DISTRITO y de la CAR
Por mandato del Legislador, a los municipios les corresponde “[…]
velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del
ambiente, de conformidad con la Constitución y la ley […]”8, lo que
de suyo implica el deber de promover y ejecutar programas y
políticas que propendan por la protección del medio ambiente, así
como ejercer el control y la vigilancia de los recursos naturales en
su jurisdicción, amparado en sus atribuciones como primera
autoridad de policía del municipio que, en todo caso, ha de ejercer
en coordinación con las entidades que integran el Sistema Nacional
Ambiental y el apoyo de la Policía Nacional.
En línea con lo anterior, el artículo 65 de la Ley 99 de 22 de diciembre
de 19939, prevé:
«[…] ARTÍCULO 65. FUNCIONES DE LOS MUNICIPIOS, DE LOS
DISTRITOS Y DEL DISTRITO CAPITAL DE SANTAFE DE
BOGOTA. Corresponde en materia ambiental a los municipios, y a los
distritos con régimen constitucional especial, además de las funciones
que les sean delegadas por la ley o de las que deleguen o transfieran
8
Ley 136 de 2 de junio de 1994, “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización
y el funcionamiento de los municipios”. Artículo 3º, numeral 10.
9
«Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones».
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a los alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente o por las
Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones
especiales:
[…] 2) Dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias
superiores, las normas necesarias para el control, la preservación y
la defensa del patrimonio ecológico del municipio;
4) Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de
desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables a nivel
departamental.
[…]
6) Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con
el apoyo de la Policía Nacional y en Coordinación con las demás
entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), con sujeción a la
distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de
velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los
particulares en materia ambiental y de proteger el derecho
constitucional a un ambiente sano;
7) Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas
Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia
ambientales que se realicen en el territorio del municipio o distrito
con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización,
procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los
recursos naturales renovables o con actividades contaminantes y
degradantes de las aguas, el aire o el suelo;
[…]
9) Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o
depósitos de agua afectados por vertimientos del municipio, así como
programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos
y sólidos y de control a las emisiones contaminantes del aire.
10) Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes
directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional de
Adecuación de Tierras y con las Corporaciones Autónomas
Regionales, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de
tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o
corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de
cuencas y micro-cuencas hidrográficas […]».
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En ese sentido, a los municipios les corresponde, en coordinación
con las autoridades ambientales, velar por el cumplimiento de los
deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y
de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano;
además de coordinar y dirigir actividades permanentes de control
y vigilancia ambientales dentro de su jurisdicción con el apoyo de
la fuerza pública.
Por su parte, en lo que respecta a las corporaciones autónomas
regionales, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 99 de 1993,
en particular el artículo 31, son del resorte de las CAR las siguientes
funciones:
«[…] 2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en
el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de
carácter superior y conforme a los criterios y directrices
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente;
3) Promover y desarrollar la participación comunitaria en
actividades y programas de protección ambiental, de
desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos
naturales renovables;
(…)
5) Participar con los demás organismos y entes competentes
en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de
planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor
ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se
adopten;
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(…)
8) Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de
planes de educación ambiental formal y ejecutar programas
de educación ambiental no formal, conforme a las directrices
de la política nacional;
(…)
12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y salvoconductos;
(…)
17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las
medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso
de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones
pertinentes, la reparación de los daños causados;
18) Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de
las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción,
conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales;
19) Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa
contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y
de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa,
protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del
territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos
directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de
Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones
técnicas correspondientes; Cuando se trate de obras de riego y
avenamiento que de acuerdo con las normas y los reglamentos
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requieran de Licencia Ambiental, esta deberá ser expedida por el
Ministerio del Medio Ambiente.
20) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación
con las entidades territoriales, proyectos, programas de
desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya
realización sea necesaria para la defensa y protección o para
la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables;
(…)
30) Las demás que anteriormente estaban atribuidas a otras
autoridades, en materia de medio ambiente y recursos naturales
renovables, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, en
cuanto no pugnen con las atribuidas por la Constitución Nacional a las
entidades territoriales, o sean contrarias a la presente Ley o a las
facultades de que ella inviste al Ministerio del Medio Ambiente […]».
(Negrillas fuera del texto original).
Visto lo anterior, en el caso concreto, se advierte que a la CAR le
asisten expresas competencias para imponer y ejecutar las
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables
y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación
de los daños causados.
En efecto, la misma CAR reconoció que desde el año 2016 se venían
presentando ocupaciones ilegales de predios en el sector
denominado Cuchilla El Gavilán de la localidad de Usme,
especialmente en el Parque Entrenubes, por lo que, en ejercicio de
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sus competencias como autoridad ambiental en el sector rural de
BOGOTÁ, D.C., junto con las demás demandadas, intervino para
solucionar dicha problemática y generó los informes técnicos DRBC
01165100681, 01165100797, 01185100845; los cuales fueron
insumo para iniciar los expedientes de carácter sancionatorio 59143,
59494, 58143 y 73756.
Es más, en lo que respecta a la competencia territorial que le asiste
a la CAR frente a la protección de los derechos colectivos invocados,
la misma autoridad ambiental indicó que durante las visitas técnicas
pudo constatar que un área aproximada de 20 hectáreas, ubicadas
dentro del Parque Entrenubes, específicamente en los sectores
denominados Cuchilla El Gavilán, Altos del Pino, Compostela II,
«entre otros», los cuales eran de su competencia, se encontraba
ocupada con construcciones de diferentes tipos y,
«aproximadamente en 3 hectáreas se configuraba una afectación al
recurso suelo».
Asimismo, si bien las demandadas en sus recursos de apelación
fueron enfáticas en indicar que se debía de establecer con claridad
las órdenes que les correspondían, la Sala señala que dada la
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gravedad de la problemática que se presenta con motivo de las
ocupaciones en el Parque «ENTRENUBES», se requiere la adopción
de medidas articuladas, en el ámbito de competencia de las
demandadas, a efectos de poder brindar a una protección integral
de los derechos colectivos invocados.
Por lo demás, en lo relacionado a las competencias de la CAR para
la reubicación de las personas que invaden ilegalmente la zona
protegida y para el acompañamiento de las comunidades indígenas
ordenada por el a quo, la Sala precisa que la orden de reubicación
de asentamientos ilegales en áreas protegidas y demás actividades
relacionadas con la misma, son del resorte exclusivo del ente
territorial, pues es éste, y no las corporaciones autónomas
regionales, el encargado directo de dicha competencia 10. Sobre el
particular, en sentencia de 9 de mayo de 2024 11 se consideró que:
“[…] 149. Respecto de la orden relativa a que se “[…] efectúen las
gestiones administrativas, presupuestales y financieras con fines a
10
Pueden ser consultadas las sentencias de 21 de enero de 2021 (expediente núm.
66001233100020100028702, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón), 27 de mayo
de 2021 (Expediente núm. 68001-23-33-000-2019-00411-01, consejera ponente Nubia Margoth Peña
Garzón), y 1o. de junio de 2020 (Expediente núm. 68001-23-31-000-2012-00091-01, consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez ) , entre otras.
11
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero
ponente; Hernando Sánchez Sánchez, sentencia de nueve (9) de mayo de dos mil
veinticuatro (2024). Radicado: 730012333000201600558-01
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recuperar - espacio público - la ronda de protección hídrica de la
Quebrada El Sillón durante todo su recorrido a cielo abierto respecto
de los asentamientos humanos y/o ocupaciones de viviendas
construidas ilegalmente, estableciendo responsables y fechas ciertas
para su ejecución […]”, la Sala observa que, en virtud del Decreto
Ley 2811 de 18 de diciembre de 197494 y del Decreto 1449 de 27 de
junio de 1977, la franja paralela a la línea del cauce permanente de
ríos, hasta de 30 metros de ancho, son bienes inalienables e
imprescriptibles del Estado, así como “áreas forestales protectoras”
(Destacado fuera de texto).
150. En ese orden, por sus características, estas zonas constituyen
espacio público y, en consecuencia, están por fuera del comercio, no
se puede adquirir por medio del transcurso del tiempo en virtud de
la posesión y no puede ser objeto de adjudicación.
151. Ahora bien, la Constitución Política de Colombia asigna a las
autoridades administrativas municipales, concejos y alcaldes, la
competencia para regular los aspectos esenciales y protección del
espacio público. En atención a lo anterior, la Ley 388 y el Decreto
Reglamentario 1504 de 4 de agosto de 199896, disponen que las
autoridades municipales y distritales deben reglamentar la
administración y conservación del espacio público en los Planes de
Ordenamiento Territorial. En efecto, cuando un sector social incurre
en el abuso del espacio público, le corresponde al alcalde su
recuperación como función policiva. Por ello, en los eventos de una
invasión, esa autoridad, profiere la orden de desalojo que se ejecuta
con la colaboración de la fuerza pública.
152. En ese orden de ideas, la Sala considera que el Municipio de
Ibagué es competente para cumplir la orden de efectuar las gestiones
administrativas, presupuestales y financieras con fines a recuperar el
espacio público que, en este caso, constituye la ronda de protección
hídrica de la Quebrada El Sillón, durante todo su recorrido a cielo
abierto, en el área de su jurisdicción y respecto de los asentamientos
humanos y/o ocupaciones de viviendas construidas ilegalmente,
estableciendo responsables y las medidas necesarias para la
protección del medio ambiente y del espacio público, conforme lo
ordenado en el ordinal quinto de la parte resolutiva de la Sentencia
de 30 de marzo de 2023.
153. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera que se debe
modificar el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia
proferida, en primera instancia, con el objeto de clarificar que el
ejercicio de las gestiones administrativas, presupuestales y
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financieras, así como la determinación de responsabilidades y
medidas necesarias para la protección del medio ambiente y del
espacio público de la Quebrada El Sillón y su ronda, a cargo del
Municipio, implica, entre otras medidas:
153.1. Realizar, dentro del término de un (1) mes, contado a partir
de la notificación de esta sentencia, un censo, en el área de su
jurisdicción, con el objeto de determinar las estructuras
habitacionales -o de cualquier otro tipo- ubicadas en forma
permanente o transitoria en la precitada Quebrada o en su zona de
ronda; 153.2. Iniciar y adelantar de manera inmediata, en el marco
de sus competencias, al vencimiento del plazo anterior, las medidas
administrativas, policivas o de otra índole, necesarias, orientadas a
garantizar la protección de la zona de ronda de la Quebrada El Sillón;
153.3. Adelantar, dentro del término de cuatro (4) meses, contados
a partir de la notificación de esta sentencia, las gestiones necesarias
para lograr la reubicación de las familias que habitan en la zona de
ronda de la Quebrada El Sillón, ubicadas en el área de su jurisdicción,
con la claridad de que, dentro del término de dieciocho (18) meses,
contado a partir del vencimiento del plazo anterior y sin perjuicio de
las medidas urgentes a que haya lugar, el Municipio de Ibagué deberá
reubicar de forma definitiva, en un lugar que permita el acceso a los
servicios públicos, a las familias que habitan en la zona de ronda de
la Quebrada El Sillón, ubicadas en el área de su jurisdicción; 153.4.
Establecer, dentro del término de un (1) mes, contado a partir de la
notificación de esta sentencia, criterios administrativos y probatorios
que permitan verificar que las familias beneficiarias de las medidas
de reubicación hubieren habitado permanentemente en la Quebrada
o su zona de ronda, durante el período objeto de amparo, que
comprende la presentación de la demanda que dio origen a este
proceso y la fecha en que se profiere esta sentencia, en segunda
instancia; y adoptar y ejecutar, dentro del mismo término, un
mecanismo dirigido a evitar que, luego de la reubicación de las
personas y familias, otras personas o grupos de ellas se instalen en
la Quebrada El Sillón o en su zona de ronda, en el área de su
jurisdicción. 154. En todo caso, si durante la ejecución de la orden
anterior se observa que razonablemente es necesario otorgar un
plazo adicional, el Tribunal Administrativo del Tolima, en el marco del
Comité de Verificación, proferirá las decisiones que considere
necesarias para garantizar su cumplimiento, de conformidad con el
artículo 34 de la Ley 472 […]».
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En consecuencia, la CAR será excluida de las órdenes que propendan
por la reubicación de quienes habitan el área protegida, así como lo
referente a la atención de los requerimientos y acompañamiento a
las familias de la comunidad étnica Huitoto, pues asignarle tal
competencia desborda los límites competenciales de la autoridad
ambiental y, de suyo implican el desconocimiento de normas de
rango superior como el artículo 121 de la Constitución 12, razón por la
que se modificarán las órdenes que propendan por dicho fin, tal y
como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Por su parte, BOGOTÁ, D.C. cuestionó su competencia territorial
para el cumplimiento de las órdenes dadas por el Tribunal, respecto
de los polígonos de monitoreo donde se encontraban las ocupaciones
objeto de litigio, de conformidad con lo previsto en el Decreto 555
de 2021, «Por el cual se adopta la revisión general del Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.».
Al respecto, la Sala encuentra que los argumentos expuestos por
BOGOTÁ, D.C., frente a la falta de competencia territorial para el
12
“[…] ARTICULO 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de
las que le atribuyen la Constitución y la ley. […]”.
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cumplimiento de las órdenes del Tribunal no está llamado a
prosperar, dado que como se indicó anteriormente, la situación que
se presenta en el Parque «ENTRENUBES», con motivo de las
ocupaciones ilegales en área protegida es de carácter estructural,
por lo que se requiere de acciones articuladas para lograr la
protección de los derechos colectivos vulnerados.
Adicionalmente, la Sala advierte que la acción popular no es el
mecanismo procedente para modificar o adicionar los perímetros de
monitoreo objeto del Decreto 227 de 2015, pues la finalidad del
proceso es la protección de los derechos e intereses colectivos,
cuando éstos resulten amenazados o vulnerados, por lo que el objeto
del proceso no se concreta con el cumplimiento del citado decreto,
sino en la adopción de órdenes orientadas a la protección de los
derechos colectivos vulnerados con motivo de las ocupaciones
ilegales que se presentan en área protegida.
Ahora, la Sala resalta que el Decreto 227 de 2015 prevé que:
«[…] Artículo 7º-. Proyectos priorizados. La implementación del
presente decreto, prioriza los casos que se determinan a
continuación, los cuales serán objeto de análisis por parte de la
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Subcomisión, con el fin de determinar su viabilidad de ingresar al
programa, para ser atendidos por las entidades competentes,
conforme a los estudios ya adelantados sobre los mismos
1. Asentamientos de origen informal localizados al interior del
Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes, a partir de
los polígonos de monitoreo realizados por la Secretaría
Distrital de Hábitat, delimitados con las coordenadas máximas
y mínimas que se señalan a continuación:
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En efecto, el citado Decreto previó la creación de una Comisión
Intersectorial para la Gestión Habitacional y el Mejoramiento Integral
de los Asentamientos Humanos del Distrito Capital con el objeto
coordinar y articular la gestión intersectorial en materia de
prevención de los desarrollos informales y el mejoramiento de las
condiciones de los asentamientos humanos de la ciudad, la cual
tiene, en otras, las siguientes funciones:
«[…] Serán funciones de la Comisión, además de las generales, las
siguientes:
1. Generar espacios de interlocución con la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca, CAR, el Departamento
de Cundinamarca y los municipios vecinos para la articulación
regional en el control de los desarrollos ilegales.
2. Articular acciones de integración con el Ministerio del Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenamiento Territorial, con la Fiscalía General
de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación, el Departamento
Administrativo de Seguridad y con otras entidades del nivel nacional
en lo relacionado con los desarrollos ilegales.
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3. Articular las acciones de ejecución de la política de prevención y
control de desarrollos ilegales de urbanización y vivienda en áreas de
mejoramiento integral de los asentamientos humanos y en zonas de
recuperación de bienes fiscales, uso público, espacio público u objeto
de recuperación ecológica o preservación ambiental.
4. Concertar mecanismos para que la legalización de barrios se
complemente con acciones de prevención y control de nuevos
asentamientos ilegales.
Parágrafo 1°. Serán funciones de la Subcomisión Intersectorial para
la mitigación del impacto social derivado de acciones de
recuperación de Bienes Fiscales, Uso Público, Espacio Público u
Objeto de Recuperación Ecológica o Preservación Ambiental:
1. Decidir sobre las solicitudes presentadas por la Secretaría Técnica
de la Subcomisión, que tengan por objeto la inclusión en el Programa
de Acompañamiento para Mitigación del Impacto Social Derivado de
acciones de recuperación de Bienes Fiscales, Uso Público, Espacio
Público u Objeto de Recuperación Ecológica o Preservación Ambiental.
La decisión deberá ser aprobada por mínimo cinco (5) de sus
miembros y consignarse en acta.
2. Ordenar la elaboración de la caracterización del grupo poblacional
objeto del programa, a las entidades competentes de acuerdo con el
Marco Técnico.
3. Solicitar a quien corresponda el inicio de las acciones jurídicas o
administrativas para la recuperación de los predios que no sean
objeto de atención del Programa.
4. Solicitar a la Alcaldía Local correspondiente la demolición de los
predios recuperados cuando sea procedente
5. Aprobar el Marco Técnico sobre el que versarán las acciones de los
organismos y entidades distritales para el acompañamiento integral a
los beneficiarios del Programa, así como las fichas, formatos y demás
documentos metodológicos requeridos.
6. Determinar y aprobar el Plan de Acción para cada caso que se
incluya en el Programa, de acuerdo con el Marco Técnico.
7. Coordinar la acción interinstitucional para la implementación del
Plan de Acción que se determine para cada caso que se incluya al
Programa.
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8. Solicitar a las entidades competentes el cumplimiento del plan de
acción asociado a la administración, custodia, saneamiento y manejo
de los bienes recuperados, para que adelanten las acciones necesarias
a fin de evitar se les vuelva a dar un uso distinto al permitido por la
normativa vigente.
Parágrafo. 2.- Corresponderá a el/la Presidente/a de la Subcomisión
o quien este/a delegue vigilar el cumplimiento del plan de acción
aprobado para cada grupo poblacional beneficiario del Programa. En
todo caso, la Subdirección Distrital de Defensa Judicial de la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor deberá apoyar y asesorar en
lo atinente a los aspectos jurídicos derivados de su implementación
con el fin de prevenir un daño antijurídico.” […]».
Por lo anterior, para la Sala tampoco resultan admisibles los
argumentos expuestos por BOGOTÁ, D.C., en el sentido de que la
Secretaría Distrital de Ambiente se encontraba frente a órdenes de
imposible cumplimiento debido a las condiciones legales
preestablecidas para el Parque Ecológico de Montaña
«ENTRENUBES», pues la misma norma prevé mecanismos que
permiten dar solución a la problemática que dio origen a la presente
acción.
Con fundamento en lo expuesto, los argumentos de apelación
referentes a la falta de competencia de las entidades recurrentes no
están llamados a prosperar, salvo en lo relacionado con la
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competencia de la CAR para efectuar la reubicación de los
asentamientos irregulares.
VI.5.- De la suficiencia de las acciones de las apelantes
Sobre el particular, las apelantes argumentaron que no existió una
conducta omisiva ni negligente, ya que realizaron operativos,
monitoreos y procesos sancionatorios dentro de sus posibilidades,
razón por la que no podían ser tenidas como responsables de la
vulneración, máxime si la transgresión provenía de la conducta de
terceros que, por demás, impedían efectuar las acciones pertinentes
para la superación de la problemática.
Para resolver, la Sala precisa que, en efecto, las entidades
accionadas han desplegado diversas acciones en el marco de sus
competencias, para que la problemática cese. Sin embargo, se
advierte que las órdenes se impartieron a las demandadas por su
calidad de garantes en la protección de los derechos colectivos
invocados dentro del proceso, lo cual no puede ser obviado pese a
los ingentes esfuerzos que han adelantado.
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Aclarado lo anterior, la Sala destaca que la CAR estimó que, en
ejercicio de sus competencias, adelantó las actuaciones que le
correspondían como autoridad ambiental e inició las actuaciones
para esclarecer los hechos y tener certeza de la identidad de los
posibles infractores, pero ello no le ha sido posible dado la
complejidad de la situación que se presentaba con motivo de las
ocupaciones ilegales.
Al respecto, a juicio de la Sala, las vicisitudes que se presentan
dentro del proceso de identificación de los responsables de las
afectaciones ambientales objeto del proceso no exoneran a la
autoridad ambiental de la obligación que le asiste de imponer y
ejecutar las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las
normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la
reparación de los daños causados.
Ahora, la Sala advierte que los argumentos expuestos por las
apelantes respecto de la imposibilidad de ingresar al predio y realizar
la identificación de los particulares responsables de las afectaciones
ambientales en área protegida no los exonera del cumplimiento de
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sus funciones como garantes de los derechos colectivos vulnerados,
pues lo que se requiere es de actuaciones articuladas con la fuerza
pública y demás entidades competentes, para la correcta
identificación e individualización de los responsables.
Es más, lo que se acreditó dentro del proceso es que con motivo de
la situación estructural que se presenta en la zona objeto de
protección no ha sido posible identificar a la totalidad de las
ocupantes ilegales las zonas del Parque «ENTRENUBES», por lo que
dicha actividad está dentro de las labores que se encuentran
pendientes a efectos de adoptar las medidas conducentes y
pertinentes para la protección de los derechos colectivos.
En igual sentido, se destaca que las conductas ilegales que se
alegaron dentro del proceso relacionadas existencia de personas u
organizaciones criminales que fomentaban las ocupaciones ilegales
no exonera a las demandadas de su obligación de proteger los
derechos e intereses colectivos invocados, pues lo que se requiere
es su actuación coordinada, junto con las demás autoridades
competentes, para lograr la efectiva protección del Parque Ecológico
de Montaña «ENTRENUBES».
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En consecuencia, los cargos referentes a la imposibilidad de
impartirles órdenes a las accionadas dada la suficiencia de las
medidas y por la responsabilidad de terceros, tampoco están
llamados a prosperar.
VI.6.- De la pertinencia de las órdenes del Tribunal
De conformidad con lo analizado en precedencia, y en aras de lograr
la efectiva protección de los derechos colectivos vulnerados, la Sala
modificará y adicionará la sentencia apelada, aclarando que las
dificultades que se presenten para acatar lo ordenado no las exonera
del cumplimiento de sus funciones como garantes de los derechos
colectivos vulnerados, en el ámbito de sus competencias, dado que
deben actuar en forma coordinada para dar una solución definitiva a
la situación estructural que se presenta en el Parque
«ENTRENUBES».
Asimismo, en atención a la gravedad de la problemática socio-
ambiental que se presenta, exhortará a las accionadas con el fin de
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que estudien la posibilidad de sustraer áreas 13 del Parque Ecológico
de Montaña «ENTRENUBES», de conformidad con la normativa
aplicable, a efectos de dar una solución integral al conflicto
suscitado, siempre y cuando el impacto al ecosistema sea bajo y
puedan desarrollarse proyectos de vivienda sostenibles y
compatibles con el entorno, en cuyo caso, deberán presentar al
Tribunal una propuesta en dicho sentido.
En consecuencia, las órdenes quedarán así:
MODIFICAR los numerales 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10 de la parte resolutiva
de la sentencia apelada, en los siguientes términos:
TERCERO: ORDENAR conjuntamente a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR y BOGOTÁ,
D.C., respetando el ámbito material y funcional de sus respectivas
competencias, definidas en las normas jurídicas vigentes, elaborar en
el término de un (1) mes un diagnóstico actualizado del área afectada
con motivo de las ocupaciones ilegales en el Parque Ecológico de
Montaña «ENTRENUBES», en que se establezcan las condiciones
ambientales y de seguridad en el área protegida, para lo cual podrá
13 El artículo 210 del Decreto 2811 de 1974 permite sustraer áreas de una reserva forestal por razones
de utilidad pública o interés social. Al respecto, la norma prevé: “Artículo 210.- si en área de reserva
forestal, por razones de utilidad pública o interés social, es necesario realizar actividades económicas
que impliquen remoción de bosques o cambio en el uso de los suelos o cualquiera otra actividad distinta
del aprovechamiento racional de los bosques, la zona afectada deberá, debidamente delimitada, ser
previamente sustraída de la reserva.
También se podrán sustraer de la reserva forestal los predios cuyos propietarios demuestren que sus
suelos pueden ser utilizados en explotación diferente de la forestal, siempre que no se perjudique la
función protectora de la reserva”.
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solicitar el acompañamiento de la fuerza pública y demás autoridades
competentes, con el fin de lograr evaluar la situación actual que se
presenta en la zona.
CUARTO: ORDENAR conjuntamente a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR y BOGOTÁ,
D.C., respetando el ámbito material y funcional de sus respectivas
competencias, definidas en las normas jurídicas vigentes, presentar
al Tribunal dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de
la presente sentencia un cronograma en que se establezcan metas,
fechas e indicadores a medio y largo plazo respecto de las siguientes
actividades:
➢ Verificación del área afectada con motivo de las ocupaciones
ilegales
➢ Censo de las personas que se encuentran el área objeto de
ocupación, junto con su respectiva caracterización.
➢ Evaluación de las condiciones de seguridad de la zona.
➢ Estudio de predios en que se defina con claridad la naturaleza
jurídica de los predios objeto de las ocupaciones ilegales.
➢ Avances de las investigaciones ambientales con motivo de los
daños al medio ambiente en el Parque Ecológico de Montaña
«ENTRENUBES».
➢ Informe detallado del estado de los procesos sancionatorios
ambientales.
➢ Informes de las denuncias presentadas a la Fiscalía General de la
Nación con motivo de las conductas punibles relacionadas con las
ocupaciones ilegales en el Parque Ecológico de Montaña
«ENTRENUBES», con el respectivo avance de las investigaciones.
➢ Informes respecto de las estrategias y planes de recuperación de
las áreas afectadas con motivo de los daños ambientales generados
por las ocupaciones ilegales en el Parque Ecológico de Montaña
«ENTRENUBES».
➢ Informe actualizado respecto del grado de afectación del Parque
Ecológico de Montaña «ENTRENUBES», junto con las estrategias y
planes de recuperación de las zonas afectadas.
QUINTO: EXHORTAR conjuntamente a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR y BOGOTÁ,
D.C., respetando el ámbito material y funcional de sus respectivas
competencias, definidas en las normas jurídicas vigentes, evaluar
dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente
sentencia, la posibilidad de sustraer áreas del área del Parque
Ecológico de Montaña «ENTRENUBES», de conformidad con la
normativa aplicable, a efectos de dar una solución integral al conflicto
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suscitado, siempre y cuando el impacto al ecosistema sea bajo y
puedan desarrollarse proyectos de vivienda sostenibles y compatibles
con el entorno, en cuyo caso, deberán presentar al Tribunal una
propuesta en dicho sentido.
SEXTO: ORDENAR a BOGOTÁ, D.C. elaborar dentro del término de
seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia,
un plan de reubicación de las personas que ocupan ilegalmente el
Parque Ecológico de Montaña «ENTRENUBES», el cual deberá abordar
de manera integral dicha problemática tanto en los aspectos logístico,
jurídico y presupuestal. Dicho plan deberá definir: (i) las áreas que
comportan riesgo no mitigable; (ii) los asentamientos humanos que
pueden verse afectados; (iii) las medidas que se pueden adoptar para
la reubicación; y (iv) el cronograma de actividades que se deberá
seguir para el efecto.
(…)
OCTAVO: ORDENAR conjuntamente a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR y BOGOTÁ,
D.C., respetando el ámbito material y funcional de sus respectivas
competencias, definidas en las normas jurídicas vigentes, realizar
jornadas de rehabilitación y conservación ambiental del ecosistema
que comprende el Parque Ecológico de Montaña «ENTRENUBES». En
consecuencia, las entidades antes señaladas deberán rendir un
informe de estas actividades, para lo cual se les concede el término
de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de esta
providencia.
NOVENO: ORDENAR conjuntamente a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR y BOGOTÁ,
D.C., respetando el ámbito material y funcional de sus respectivas
competencias, definidas en las normas jurídicas vigentes, dentro del
término de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta
sentencia, elaborar, ejecutar y financiar solidariamente, dentro del
marco de sus competencias, un Plan que permita preservar,
conservar y recuperar los recursos hídricos y la biodiversidad
existente en el Parque Ecológico de Montaña «ENTRENUBES»
DÉCIMO: ORDENAR a la Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia - Secretaría Distrital de
Hábitat - Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda
• Secretaría Distrital de Ambiente - Alcaldía Local de Usme, para que
dentro del marco de sus competencias: i) soliciten el
acompañamiento del Ministerio del Interior – Dirección de Asuntos
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Indígenas, ROM y Minorías y la Secretaría Distrital de Gobierno-
Subdirección de Asuntos Étnicos; y ii) adelanten las acciones
necesarias encaminadas a la atención de los requerimientos y realicen
el respectivo acompañamiento a las familias de la comunidad étnica
Huitoto. En consecuencia, las entidades demandadas deberán rendir
un informe respecto de estas actividades a esta Corporación, para lo
cual se les concede el término de tres (3) meses contados a partir de
la ejecutoria de esta providencia”.
Asimismo, se MODIFICARÁ el numeral 11 de la parte resolutiva de
la sentencia apelada en cuanto a que el Comité de Verificación del
cumplimiento de la sentencia estará integrado por el magistrado
ponente del Tribunal, quien lo presidirá.
Ahora, la Sala dispondrá COMPULSAR copia de la presente
providencia a la Fiscalía General de la Nación para que en ejercicio
de sus competencias investigue la existencia de las conductas
punibles relacionadas con las ocupaciones ilegales que se presentan
en el Parque Ecológico de Montaña «ENTRENUBES».
Finalmente, en consideración a las reglas fijadas en la sentencia de
unificación proferida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación el 6 de agosto de 2019 14, en la
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, magistrada ponente Rocío Araújo
Oñate, providencia de 6 de agosto de 2019, expediente núm. 15001-33-33-007-2017-00036-
01(AP)REV-SU.
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que se precisó el alcance del artículo 38 de la Ley 472, no se
condenará en costas, pues dentro del plenario no obra prueba alguna
de actuaciones procesales para su causación durante el trámite de
esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR los numerales 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 11 de la
sentencia de 21 de septiembre de 2023, proferida por la Sección
Primera -Subsección “B”- del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, los cuales quedarán así:
«[…] TERCERO: ORDENAR conjuntamente a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR y BOGOTÁ,
D.C., respetando el ámbito material y funcional de sus respectivas
competencias, definidas en las normas jurídicas vigentes, elaborar en
el término de un (1) mes un diagnóstico actualizado del área afectada
con motivo de las ocupaciones ilegales en el Parque Ecológico de
Montaña «ENTRENUBES», en el que se establezcan las condiciones
ambientales y de seguridad en el área protegida, para lo cual podrá
solicitar el acompañamiento de la fuerza pública y demás autoridades
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competentes, con el fin de lograr evaluar la situación actual que se
presenta en la zona.
CUARTO: ORDENAR conjuntamente a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR y BOGOTÁ,
D.C., respetando el ámbito material y funcional de sus respectivas
competencias, definidas en las normas jurídicas vigentes, presentar
al Tribunal dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de
la presente sentencia un cronograma en que se establezcan metas,
fechas e indicadores a medio y largo plazo respecto de las siguientes
actividades:
➢ Verificación del área afectada con motivo de las ocupaciones
ilegales
➢ Censo de las personas que se encuentran el área objeto de
ocupación, junto con su respectiva caracterización.
➢ Evaluación de las condiciones de seguridad de la zona.
➢ Estudio de predios en que se defina con claridad la naturaleza
jurídica de los predios objeto de las ocupaciones ilegales.
➢ Avances de las investigaciones ambientales con motivo de los
daños al medio ambiente en el Parque Ecológico de Montaña
«ENTRENUBES».
➢ Informe detallado del estado de los procesos sancionatorios
ambientales.
➢ Informes de las denuncias presentadas a la Fiscalía General de la
Nación con motivo de las conductas punibles relacionadas con las
ocupaciones ilegales en el Parque Ecológico de Montaña
«ENTRENUBES», con el respectivo avance de las investigaciones.
➢ Informes respecto de las estrategias y planes de recuperación de
las áreas afectadas con motivo de los daños ambientales generados
por las ocupaciones ilegales en el Parque Ecológico de Montaña
«ENTRENUBES».
➢ Informe actualizado respecto del grado de afectación del Parque
Ecológico de Montaña «ENTRENUBES», junto con las estrategias y
planes de recuperación de las zonas afectadas.
QUINTO: EXHORTAR conjuntamente a la CORPORACIÓN
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D.C., respetando el ámbito material y funcional de sus respectivas
competencias, definidas en las normas jurídicas vigentes, evaluar
dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente
sentencia, la posibilidad de sustraer áreas del área del Parque
Ecológico de Montaña «ENTRENUBES», de conformidad con la
normativa aplicable, a efectos de dar una solución integral al conflicto
suscitado, siempre y cuando el impacto al ecosistema sea bajo y
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puedan desarrollarse proyectos de vivienda sostenibles y compatibles
con el entorno, en cuyo caso, deberán presentar al Tribunal una
propuesta en dicho sentido.
SEXTO: ORDENAR a BOGOTÁ, D.C. elaborar dentro del término de
seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia,
un plan de reubicación de las personas que ocupan ilegalmente el
Parque Ecológico de Montaña «ENTRENUBES», el cual deberá abordar
de manera integral dicha problemática tanto en los aspectos logístico,
jurídico y presupuestal. Dicho plan deberá definir: (i) las áreas que
comportan riesgo no mitigable; (ii) los asentamientos humanos que
pueden verse afectados; (iii) las medidas que se pueden adoptar para
la reubicación; y (iv) el cronograma de actividades que se deberá
seguir para el efecto.
(…)
OCTAVO: ORDENAR conjuntamente a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR y BOGOTÁ,
D.C., respetando el ámbito material y funcional de sus respectivas
competencias, definidas en las normas jurídicas vigentes, realizar
jornadas de rehabilitación y conservación ambiental del ecosistema
que comprende el Parque Ecológico de Montaña «ENTRENUBES». En
consecuencia, las entidades antes señaladas deberán rendir un
informe de estas actividades, para lo cual se les concede el término
de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de esta
providencia.
NOVENO: ORDENAR conjuntamente a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR y BOGOTÁ,
D.C., respetando el ámbito material y funcional de sus respectivas
competencias, definidas en las normas jurídicas vigentes, dentro del
término de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta
sentencia, elaborar, ejecutar y financiar solidariamente, dentro del
marco de sus competencias, un Plan que permita preservar,
conservar y recuperar los recursos hídricos y la biodiversidad
existente en el Parque Ecológico de Montaña «ENTRENUBES».
DÉCIMO: ORDENAR a la Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia - Secretaría Distrital de
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dentro del marco de sus competencias: i) soliciten el
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necesarias encaminadas a la atención de los requerimientos y realicen
el respectivo acompañamiento a las familias de la comunidad étnica
Huitoto. En consecuencia, las entidades demandadas deberán rendir
un informe respecto de estas actividades a esta Corporación, para lo
cual se les concede el término de tres (3) meses contados a partir de
la ejecutoria de esta providencia”.
UNDÉCIMO: CONSTITUIR el comité de verificación del
cumplimiento de la presente sentencia con el magistrado ponente del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien lo presidirá, las
partes y el agente del ministerio público, quienes rendirán en el
término de 6 meses, contados desde la ejecutoria de la sentencia, un
informe único detallado e ilustrado sobre las soluciones adoptadas en
pro del cumplimiento efectivo de esta providencia […]”.
SEGUNDO: COMPULSAR copia de la presente providencia a la
Fiscalía General de la Nación para que en ejercicio de sus
competencias investigue la existencia de las conductas punibles
relacionadas con las ocupaciones ilegales que se presentan en el
Parque Ecológico de Montaña «ENTRENUBES».
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del Tribunal, por
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente
providencia.
CUARTO: NO CONDENAR en costas, por lo expuesto en las
consideraciones.
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QUINTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de febrero de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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