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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2021-00192-01

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2021-00192-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Condenar en costas, en esta instancia, a la parte demandante y en favor del IDU y la UAECD, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de 1 SMLMV al momento de la ejecutoria de esta decisión, la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte demandante. CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2021-00192-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2021-00192-01
Actora: ELSA PRIETO LASERNA

TESIS: CONFIRMA SENTENCIA RECURRIDA. NO FUE DESVIRTUADA
LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
MEDIANTE EL CUAL FUE EXPROPIADO EL PREDIO DE LA ACTORA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el actor contra

la sentencia de 15 de febrero de 2024, proferida por la SECCIÓN

PRIMERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1, que denegó las

pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2021-00192-01
Actora: ELSA PRIETO LASERNA

I.1.- La señora ELSA PRIETO LASERNA, en ejercicio del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el

artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo CPACA-2, mediante apoderada, presentó

demanda contra el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU3,

con la finalidad de discutir la legalidad del siguiente acto

administrativo:

➢ Resolución 934 de 20 de enero de 2020, «por la cual se ordena

una expropiación por vía administrativa», expedida por la

Dirección Técnica de Predios del IDU.

A título de restablecimiento del derecho, la actora elevó las siguientes

pretensiones:

“[…] 2. Que se declare que la entidad distrital INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO -IDU, causó un grave perjuicio al realizar el
procedimiento administrativo de expropiación respecto del bien
inmueble de matrícula inmobiliaria 50S 40279637 ubicado en la Kr 1
98 D 64 Sur In 3, CHIP AAA0147AJBS y área de 1.565,97 M2, pues
fijó un valor significativamente inferior al valor comercial del
inmueble.

COMO CONSECUENCIA DE LAS ANTERIORES DECLARACIONES Y A
TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEL ACTOR.

1.Que se le ordene a la entidad distrital INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO -IDU- de NIT: 899.999.081-6, a que resuelva mediante

2
En adelante CPACA.
3
En adelante el IDU.

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3

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Actora: ELSA PRIETO LASERNA

acto administrativo el error grave que se presentó en el avalúo del
inmueble de matrícula inmobiliaria 50S 40279637 ubicado en la Kr 1
98 D 64 Sur In 3, CHIP AAA0147AJBS y área de 1.565,97 M2.”

2. Que se le ordene a la entidad distrital INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO -IDU- de NIT: 899.999.081-6, a que resuelva mediante
acto administrativo que el valor del M2 del inmueble de matrícula
inmobiliaria 50S 40279637 ubicado en la Kr 1 98 D 64 Sur In 3, CHIP
AAA0147AJBS y área de 1.565,97 M2, es la suma de TRESCIENTOS
NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS OCHENTA
CENTAVOS ($390.862,80), o la que se llegare a demostrar y
establecer en curso del proceso administrativo.

3. Que, como consecuencia de lo anterior, se fije como valor del
inmueble de matrícula inmobiliaria 50S 40279637 ubicado en la Kr 1
98 D 64 Sur In 3, CHIP AAA0147AJBS y área de 1.565,97 M2 la suma
de SEISCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO VEINTI SEIS MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CUATRO CENTAVOS
($612.126.397.04), o la que se llegare a demostrar y establecer en
el curso del proceso administrativo.

4. Que además se reconozca el valor indemnizatorio como perjuicio
de daño emergente por el trámite de expropiación, la suma que
corresponda a CIENTO CINCUENTA (150) SALARIOS MINIMOS
MENSUALES LEGALES VIGENTES, o la que se llegare a demostrar y
establecer en el curso del proceso administrativo […]”.

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, la parte actora señaló

los siguientes:

Manifestó que, es propietaria del inmueble ubicado en la Kr 1 #98D-

64 Sur Interior 3 de la ciudad de Bogotá D.C., identificado con CHIP

AAA0147AJBS y matrícula inmobiliaria 50S-40279637, el cual cuenta

con un área de terreno de 1.565,97 m².

Sostuvo que a través del Decreto Distrital núm. 451 de 26 de julio

de 2019 se declaró la existencia de condiciones de urgencia por

motivos de utilidad pública e interés social para la adquisición de

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Actora: ELSA PRIETO LASERNA

cuatro inmuebles requeridos para el proyecto urbano integral

denominado “infraestructura de soporte y acceso para vehículos y

pasajeros del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de

Bogotá D.C.”.

Afirmó que mediante la Resolución núm. 004416 de 2 de septiembre

de 2019, el IDU formuló oferta de compra sobre el inmueble aludido

por valor comercial del terreno y la construcción de

$70.468.650; por daño emergente la suma de $2.388.758; conforme

al avalúo comercial núm. 2018-1602 de 20 de septiembre de 2018,

elaborado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro

Distrital -UAECD4.

Comentó que, agotada la etapa previa, el IDU expidió la Resolución

núm. 934 de 20 de enero de 2020, «por la cual se ordena una

expropiación por vía administrativa», con fundamento en el

régimen de la Ley 388 de 18 de julio de 19975, respecto del inmueble

aludido, por un valor de $72.218.997.

Indicó que la notificación de la resolución en mención fue remitida a

la dirección de su apoderado, señalándola como destinataria y

registrando como dirección de destino la Kr 1 # 98D 64 Sur,

4
En adelante la UAECD.
5
“Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.

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correspondiente al lote objeto de expropiación; sin embargo, sostuvo

que de tal información no podía inferirse que el destinatario era su

representante judicial, por lo que, dicha inconsistencia ocasionó que

la comunicación fuera recibida en el edificio, pero que no pudiera

efectuar su entrega, al no haberse precisado como lugar de destino

la oficina 501 ni el nombre del profesional que ejercía su

representación.

Agregó que el 17 de junio de 2020 su apoderado tuvo conocimiento

de la resolución de expropiación, razón por la cual solicitó al IDU

copia íntegra del acto administrativo junto con la correspondiente

constancia de notificación y, posteriormente, interpuso recurso de

reposición contra dicha decisión, alegando la configuración de

notificación por conducta concluyente a partir de esa fecha; no

obstante, precisó que la entidad rechazó el recurso por

extemporáneo.

Adujo que mediante memorial de 3 de julio de 2020 interpuso recurso

de reposición contra la Resolución núm. 934 de 20 de enero de

2020, que fue rechazado de plano por el IDU por estimarlo

extemporáneo.

I.3.- Fundamentos de derecho

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Actora: ELSA PRIETO LASERNA

La parte actora formuló los cargos de violación del artículo 209 de la

Constitución Política, el artículo 3 de la Ley 1437 de 18 de enero de

20116 -CPACA- y los artículos 1º, 2º y 63 de la Ley 388 de 18 de julio

de 19977.

Como fundamento de la presunta vulneración normativa, la parte

actora estructuró y formuló dos cargos de nulidad, a saber:

. - Primer cargo: Violación al debido proceso y derecho de
defensa por desestimar el recurso de reposición

La parte actora sostuvo que la notificación de la Resolución núm. 934

de 2020 se efectuó de manera irregular y que tal circunstancia

vulneró su derecho al debido proceso y en sustento de dicho

reproche, expuso lo siguiente:

Indicó que la notificación del acto administrativo fue remitida a la

dirección Carrera 8 # 16-51 a su nombre, mientras que como

dirección de destino se consignó la KR 1 # 98 D 64 Sur,

correspondiente al lote objeto de expropiación, circunstancia que

impedía identificar como destinatario a su apoderado, señor

Alejandro Cortés Polo y ocasionó que la comunicación no pudiera ser

6
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
7
“Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.

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entregada efectivamente, al no haberse registrado como lugar de

destino la oficina 501.

Sostuvo que la autoridad administrativa debía agotar la notificación

en la dirección registrada por el interesado y, de no lograrse,

proceder a la notificación por aviso conforme a lo previsto en el

CPACA.

Manifestó que, en una comunicación previa, mediante un derecho de

petición remitido al IDU, su apoderado indicó como dirección de

notificación la Calle 114 No. 11-08 Apto 304 de Bogotá y el correo

electrónico elsaprilla@gmail.com sin que la resolución de

expropiación hubiera sido remitida a dichas direcciones.

Citó la sentencia C-096 de 2001 de la Corte Constitucional para

señalar que los actos administrativos solo resultan oponibles al

afectado desde su conocimiento real mediante notificación personal

o por la ocurrencia de un hecho que permita presumir dicho

conocimiento, y concluyó que la comunicación enviada el 26 de

febrero de 2020 no le era oponible al no dirigirse a la dirección

suministrada para notificaciones judiciales.

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Relató que su apoderado tuvo conocimiento de la resolución de

expropiación a partir de una comunicación de un funcionario del IDU

en la que se informó la existencia de un cheque destinado al pago

del bien expropiado, circunstancia que motivó la solicitud de copia de

las resoluciones y de los actos de notificación mediante comunicación

enviada el 17 de junio de 2020, fecha a partir de la cual afirmó

configurada la notificación por conducta concluyente.

Señaló que el artículo 72 del CPACA dispone que la falta o

irregularidad en las notificaciones impide tener por realizada la

notificación y priva de efectos legales a la decisión, salvo que la parte

interesada revele su conocimiento del acto, consienta la decisión o

interponga los recursos legales.

Afirmó que el recurso de reposición fue presentado dentro del

término previsto en el artículo 69 de la Ley 388 de 1997, pese a lo

cual fue desestimado por el IDU al considerarlo extemporáneo.

Indicó que dicho recurso exponía errores de hecho y de derecho en

el avalúo que sirvió de base para la oferta de compra y

posteriormente para la resolución de expropiación.

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Sostuvo que la desestimación del recurso vulneró el derecho de

defensa, el derecho de contradicción y el debido proceso previstos en

la normativa colombiana.

. - Segundo cargo: Violación del derecho de contradicción y de

los principios legales que orientan la función administrativa

Sostuvo que el procedimiento adelantado por el IDU presentaba un

defecto sustancial, por cuanto desconocía las determinaciones

jurisprudenciales y legales relativas a la oferta de compra y a las

solicitudes que puede formular el propietario para que se aclare,

complemente o corrija una decisión administrativa

Adujo que mediante la Sentencia C-750 de 2015, la Corte

Constitucional estableció que la privación del derecho de propiedad

exige la existencia de motivos de utilidad pública o interés social

definidos por el legislador, la adopción de una decisión judicial o

administrativa sujeta a control contencioso, el adelantamiento del

procedimiento legal con garantía del debido proceso, el agotamiento

previo de la etapa de enajenación voluntaria o negociación directa

con base en una oferta y el pago de una indemnización justa antes

del traspaso del derecho de propiedad.

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Indicó que, conforme a dicha providencia, la actuación expropiatoria

debía respetar el principio de legalidad, salvaguardar las garantías

constitucionales del propietario, promover un arreglo directo con el

titular del bien y asegurar una indemnización justa, así como

abstenerse de obtener los inmuebles por la vía de los hechos.

Afirmó que el IDU desconoció tales parámetros al relegar al

propietario dentro de la actuación administrativa y al no motivar de

manera clara y suficiente las respuestas a los requerimientos

formulados mediante derecho de petición, pese a que los mismos

tenían por objeto obtener información y explicaciones respecto de la

oferta de compra y del avalúo que sirvió de fundamento para su

determinación.

Señaló que la comunicación mediante la cual la entidad le informó

que decidió mantener el avalúo y la oferta de compra no atendió ni

incorporó las solicitudes que formuló al respecto ni satisfizo

adecuadamente su derecho a ser informada, razón por la cual estimó

vulnerados sus derechos de defensa, contradicción e igualdad dentro

de la actuación administrativa.

Concluyó que la administración no procuró la protección de su

derecho a la información como propietaria ni garantizó de manera

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adecuada sus derechos al debido proceso, a la igualdad y a la

contradicción en el marco del trámite expropiatorio.

. - Tercer cargo: El valor de indemnización establecido por el
perito, relacionado en la oferta e incorporado en la resolución
de expropiación, tiene errores graves e irregularidades

Manifestó que el valor indemnizatorio fijado por el IDU ascendió a la

suma de $72.857.408, integrada por $70.468.650 por concepto de

avalúo comercial de terreno y construcción, y por $2.388.758

reconocidos por concepto de daño emergente.

Indicó que el Informe Técnico de Avalúo Comercial núm. 2018-1602

RT No 49436 y elaborado por la UAECD, fijó el valor del metro

cuadrado del inmueble en $45.000, mientras que, según afirmó, en

otros procesos expropiatorios adelantados por el Distrito en sectores

similares de la localidad de Usme se habría reconocido un valor

aproximado de $500.000 por metro cuadrado.

Expuso que se evidenciaba una incongruencia cronológica en la

elaboración del avalúo, en la medida en que en el informe técnico se

consignó que la visita al inmueble se realizó el 10 de agosto de 2018

y el avalúo fue rendido el 20 de septiembre de 2018, pese a que el

estudio del avalúo de la indemnización habría sido elaborado desde

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mayo de 2018, esto es, con anterioridad a la visita practicada al

predio.

Relacionó esa inconsistencia con el hecho de que la necesidad de

adquirir el inmueble fue anunciada mediante la Resolución 615 de 16

de octubre de 2018 y que tan solo hasta el 26 de julio de 2019 se

expidió el Decreto Distrital núm. 451 que ordenó la adquisición por

enajenación voluntaria, en su defecto, por expropiación

administrativa, para sostener que la indemnización aparecía valorada

con anterioridad tanto a la visita técnica al predio como a las

actuaciones posteriores que dieron inicio formal al procedimiento de

adquisición.

Adujo que, ante su inconformidad con el precio ofertado por la

administración, decidió practicar un avalúo comercial particular, el

cual determinó un valor de $390.892,80 por metro cuadrado y un

valor total del inmueble de $612.126.397,04, precisando que dicho

avalúo incluso resultaría inferior a los valores que se venían

reconociendo en otros procesos de adquisición o expropiación de

predios adelantados en la localidad de Usme.

Señaló que obtuvo valores de referencia provenientes de la UAECD

correspondientes a lotes colindantes, los cuales superaban al menos

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en un 500% el valor comercial estimado por esa misma entidad para

el inmueble objeto de expropiación.

Enumeró, entre los errores que atribuyó al informe técnico de avalúo,

que los costos de las cargas generales no se ajustaban a lo previsto

en el plan parcial ni a su actualización conforme al IPC, circunstancia

que incrementaba indebidamente las cargas locales y repercutía

negativamente en la determinación del valor del suelo.

Indicó que el análisis residual no proyectó, para el momento de la

escrituración, los valores comerciales de las viviendas VIP y VIS ni

de las bodegas, ni incorporó una programación general del proyecto

con la correspondiente fecha de entrega de los inmuebles,

circunstancia que, disminuía los valores de venta de los productos

inmobiliarios y afectaba la correcta determinación del valor residual

del suelo.

Afirmó que en el cálculo residual no se tuvo en cuenta el máximo de

edificabilidad permitida para el desarrollo de las áreas útiles,

particularmente en los usos industrial, de servicios y comercial, ni se

incluyeron áreas destinadas a ventas u oficinas, pese a que, según

sostuvo, la metodología Instituto Geográfico Agustín Codazzi -

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IGAC-, exige valorar el potencial del predio conforme a su mejor uso

y a su mayor potencial de desarrollo.

Señaló que el avalúo no incluyó el análisis de las implantaciones

arquitectónicas que debían soportar el análisis residual, que el valor

residual de las manzanas útiles industriales no respondía a la

dinámica del mercado, que no se especificó la participación del predio

en la totalidad de la UGU No 4 y que tampoco se realizó un análisis

integral de la relación de esa UGU con las demás, con incidencia en

el reparto equitativo de cargas y beneficios.

Sostuvo que el avalúo, aunque desarrolló el método residual previsto

por el IGAC, no examinó el predio de forma integral y holística

conforme a sus posibilidades de desarrollo, a su localización

estratégica sobre una vía principal de Bogotá y a su conexión con el

oriente del país, por lo que lo calificó como un análisis completo pero

segmentado.

Agregó que el inmueble tenía usos exclusivos de comercio, servicios

e industria de bajo impacto, por lo que estimó que determinar su

valor residual a partir de un estudio conjunto con áreas destinadas

mayoritariamente a vivienda de interés prioritario y vivienda

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unifamiliar podía generar un error adicional en la valoración del metro

cuadrado del predio.

Cuestionó también el método escogido por la UAECD, al señalar que

el avalúo no explicó por qué se seleccionaron los métodos utilizados

ni por qué estos satisfacían las exigencias normativas de los avalúos

comerciales, pese a que el artículo 2 del Decreto 1420 de 24 de julio

de 19988 dispone que el avalúo comercial debe corresponder al

precio más favorable por el cual el bien se transaría libremente en el

mercado.

Indicó que el avalúo no aclaró las razones por las cuales se

escogieron esos métodos conforme a la Resolución 640 de 2008 y a

la Ley 1682 de 22 de noviembre de 20139, ni descartó los valores de

referencia de inmuebles colindantes reportados en la página web

mapasbogota.com que oscilaban entre $380.000 y $580.000 por

metro cuadrado, ni explicó la aplicación del método de mercado ni

los medios de los cuales se extrajeron las ofertas, ni discriminó todos

8
por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-
ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el
artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos.
9
“Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y
se conceden facultades extraordinarias”.

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los capítulos correspondientes a la construcción para la aplicación del

método residual.

. - Cuarto cargo: Existencia de conflicto de interés en la
elaboración del Informe Técnico de Avalúo Comercial No
2018-1602 RT No 49436 por parte de Catastro

Alegó la existencia de un conflicto de interés en la elaboración del

avalúo comercial que sirvió de fundamento para determinar el monto

indemnizatorio, por cuanto dicho estudio fue elaborado por la

UAECD, entidad que hace parte del Distrito Capital, a solicitud del

IDU, establecimiento público distrital que adelantaba el proceso de

expropiación del inmueble que pasaría a ser propiedad de

TransMilenio S.A., sociedad cuyos principales accionistas eran,

precisamente, el Distrito y el IDU.

Sostuvo que la relación existente entre la entidad beneficiaria del

inmueble, la autoridad que adelantó el procedimiento expropiatorio

y la entidad que elaboró el avalúo comprometía la imparcialidad del

dictamen y restaba objetividad a la determinación del valor

indemnizatorio.

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Invocó el Decreto 422 de 8 de marzo de 200010 para señalar que los

avalúos deben sujetarse al criterio de independencia, conforme al

cual su elaboración debe estar a cargo de personas que carezcan

directa o indirectamente de cualquier interés en el resultado del

avalúo o en sus posibles utilizaciones, así como de cualquier

vinculación con las partes afectadas.

Indicó que dentro de la composición accionaria de TransMilenio

S.A. participaban el IDU con el 9,96% y la Alcaldía Mayor de

Bogotá con el 70,05%, y afirmó que el IDU, además de ser

accionista de TransMilenio, era la entidad encargada de desarrollar

la oferta de compra, mientras que el Distrito Capital, también es

accionista de dicha sociedad, nominaba al director y a los

funcionarios de la UAECD, designada por el IDU para elaborar el

avalúo cuestionado.

Concluyó que esa situación evidenciaba falta de independencia y

configuraba un conflicto de interés, por cuanto, según expuso, el

avalúo fue desarrollado por personas con interés directo en el

resultado y con vinculación directa e indirecta con las entidades que

10
"Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 50 de la Ley 546 de 1999 y los artículos 60, 61 y
62 de la Ley 550 de 1999".

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resultarían afectadas o beneficiadas, esto es, la Alcaldía Mayor de

Bogotá, TransMilenio S.A. y el IDU.

I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.4.1.- El IDU, por conducto de apoderada judicial, contestó la

demanda11 y manifestó su oposición a las pretensiones.

Afirmó que actuó dentro del marco de las competencias legalmente

atribuidas, con observancia del debido proceso de la demandante, y

que los actos administrativos acusados fueron expedidos con

motivación suficiente, sin que se configuraran los vicios de falsa

motivación ni desviación de poder.

Aseveró que la expropiación por vía administrativa se adelantó con

fundamento en lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política

y en la Ley 388 de 18 de julio de 199712, debido a motivos de utilidad

pública e interés social asociados a la ejecución de proyectos de

infraestructura vial y de transporte masivo.

11
SAMAI Índice 00002; Cuaderno principal; anexo 17
12
Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.

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Sostuvo que el procedimiento expropiatorio se surtió con observancia

de las etapas legalmente previstas de oferta, negociación directa y

expropiación, y señaló que, ante la imposibilidad de concretar la

enajenación voluntaria del inmueble, procedió a expedir la

Resolución núm. 934 de 2020 y a efectuar su notificación de

conformidad con las reglas previstas en el CPACA.

Defendió la regularidad de la notificación y señaló que, en primer

término, se intentó la notificación personal en la dirección del predio;

posteriormente, se acudió a la notificación por aviso y, ante la

imposibilidad de surtir su entrega en dicha dirección, el aviso fue

remitido a la dirección del apoderado, donde fue recibido el 26 de

febrero de 2020.

Manifestó que no resultaba imputable al IDU el presunto perjuicio

alegado, en tanto el avalúo que sirvió de base para la fijación del

precio indemnizatorio no fue elaborado por esa entidad, sino por la

UAECD, y porque las observaciones formuladas por la actora no

acreditaban la existencia de error técnico o jurídico alguno en la

determinación del valor indemnizatorio.

Descartó la vulneración del derecho de contradicción y de los

principios que orientan la función administrativa, y afirmó que todas

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las inquietudes formuladas por la propietaria fueron atendidas

mediante el traslado de la petición que aquella remitió a la UAECD

en la cual dicha entidad le respondió de forma minuciosa la solicitud

de modificación del avalúo. En consecuencia, solicitó que se

declararan probadas las excepciones de falta de elementos para

desvirtuar la presunción de legalidad de los actos demandados,

legalidad de los actos administrativos acusados y ausencia total de

imputabilidad del presunto perjuicio al IDU, así como cualquier

excepción que resultara acreditada de oficio en el proceso.

En efecto, propuso como excepciones las siguientes:

-. “Falta de elementos que desvirtúen la presunción de legalidad del

acto administrativo demandado”: la cual sustentó en el hecho de que

la Resolución núm. 934 de 2020 como el oficio que rechazó el

recurso de reposición fueron expedidos por autoridad y funcionarios

competentes, en desarrollo de las competencias asignadas por

acuerdos distritales y normas orgánicas del Distrito, con soporte en

la declaratoria de condiciones de urgencia y en el marco del artículo

58 constitucional y la Ley 388 de 1997.

. – “Legalidad del acto administrativo demandado”: señaló que en el

presente asunto se acataron las normas que regulan la realización de

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avalúos y que el mismo fue practicado por la UAECD como entidad

competente y fue elaborado por profesionales especializados, con

fundamento en el Decreto 583 de 15 de diciembre de 201113, el

artículo 61 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 12 del Decreto 1420

de 1998.

Adujo que la indemnización se determinó conforme a parámetros de

imparcialidad y equidad, sin que la actora demostrara su

improcedencia.

. - “Ausencia total de imputabilidad del perjuicio al IDU”: afirmó que

en el desarrollo del proceso se observaron las garantías de legalidad,

debido proceso e indemnización previa y justa, que el avalúo cumplió

el marco normativo aplicable y que las pruebas de la parte actora no

acreditaban un perjuicio que le fuera imputable, máxime aun,

teniendo en cuenta las inconsistencias del informe aportado con la

demanda.

Solicitó, finalmente, la prosperidad de la excepción genérica o

innominada, con el propósito de que se declarara de oficio cualquier

otra excepción que apareciera probada en el proceso.

13
“Por medio del cual se reglamenta la prestación del servicio de avalúos comerciales de
inmuebles, de que trata el literal e) del artículo 63 del Acuerdo 257 de 2006”

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I.4.2.- La UAECD, entidad llamada en garantía, por intermedio de

apoderado judicial contestó la demanda14, y para oponerse a la

prosperidad de las pretensiones, adujo, en esencia, lo siguiente:

Señaló que su intervención se limitaba al avalúo comercial 2018-

1602, elaborado en virtud del contrato interadministrativo suscrito

con el IDU, y sostuvo que dicho estudio fue realizado con

observancia de la normativa valuatoria vigente y de los ajustes

solicitados por la entidad contratante.

Manifestó que no le constaban los hechos relacionados con la

titularidad del inmueble, la expedición y notificación de los actos

administrativos, el recurso de reposición, la conciliación extrajudicial

y, en general, las actuaciones propias del procedimiento

expropiatorio, por corresponder a materias ajenas a su competencia

funcional.

Sostuvo que en el Avalúo Comercial núm. 2018-1602 se consignaron

y analizaron las condiciones físicas del inmueble, la normativa

urbanística aplicable, la estratificación, la infraestructura urbana

existente y las condiciones del mercado inmobiliario al momento de

14
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su elaboración, con observancia de lo dispuesto en la Ley 388 de

1997, el Decreto 1420 de 1998, la Resolución 620 de 2008 y la Ley

1682 de 2013.

Descartó que la comparación con otros predios ubicados en Usme

permitiera demostrar un error en la valoración del inmueble y afirmó

que tales referentes carecían de aptitud comparativa en la medida

en que no se acreditó que pertenecieran al mismo Plan Parcial Tres

Quebradas ni que compartieran idénticas condiciones normativas,

urbanísticas y de aprovechamiento.

Objetó el avalúo aportado por la parte demandante, elaborado por

AZIMUT 3D SAS y sostuvo que el mismo presentaba inconsistencias

metodológicas consistentes en la sobredimensión del área

construida, la formulación de productos inmobiliarios no viables para

las manzanas objeto de análisis, la utilización de referentes

comerciales no comparables con el sector estudiado, la omisión de

una adecuada consideración de las cargas urbanísticas generales y

la fijación de una utilidad inferior a la estimada para esa clase de

proyectos.

Afirmó que dicho avalúo tampoco podía ser dotado de valor

probatorio, en razón a que fue elaborado un año después del avalúo

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comercial núm. 2018-1602, precisando que los avalúos deben

realizarse en tiempo real, que su vigencia es de un año y que la

utilización de avalúos practicados en momentos distintos no refleja

la realidad valuatoria del inmueble.

Solicitó que se valoraran como soporte de su defensa los

antecedentes administrativos, el contrato interadministrativo

suscrito con el IDU y la declaración del testigo técnico que participó

en la estructuración de la contestación y en la revisión del avalúo

allegado por la demandante, con el propósito de sustentar

técnicamente la validez del avalúo oficial y controvertir las

observaciones formuladas por la parte actora.

II-. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal mediante sentencia de 15 de febrero de 2024, desestimó

las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes

argumentos:

Afirmó, en relación con los supuestos errores graves e

irregularidades del avalúo, que no era cierto que desde mayo de 2018

existiera un avalúo previamente elaborado, toda vez que esa fecha

correspondía únicamente al registro topográfico utilizado como

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insumo técnico, más no a una actividad valuatoria propiamente

dicha, la cual fue desarrollada por la UAECD con ocasión de la visita

practicada el 10 de agosto de 2018.

Asimismo, advirtió que la comparación propuesta por la actora con

otros predios del sector no resultaba idónea para desvirtuar el valor

oficial de $45.000 por metro cuadrado, en tanto aquella no confrontó

ese valor con el contenido técnico de su avalúo particular, el cual

determinó un valor de $390.892,80 por metro cuadrado respecto de

la totalidad de los predios de la Unidad de Gestión Urbanística núm.

4, más no frente al inmueble individual objeto de expropiación, cuya

extensión representaba menos del 1% del área total analizada.

Precisó que el avalúo oficial no asignó un valor global e indiferenciado

al metro cuadrado, sino que delimitó manzanas o supermanzanas

proyectadas y aplicó los descuentos correspondientes por cargas,

cesiones y afectaciones, con sustento en lo previsto en el Decreto

438 de 28 de septiembre de 200915, razón por la cual estimó que no

le asistía razón a la actora.

15
“Por el cual se adopta el Plan Parcial "Tres Quebradas", ubicado en la Operación Estratégica Nuevo
Usme- Eje de Integración Llanos”

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En el mismo sentido, descartó que el avalúo hubiera desconocido el

“Plan Parcial Tres Quebradas”, al verificar que la técnica residual fue

aplicada precisamente con fundamento en ese instrumento

urbanístico, a partir del análisis del área del terreno, las cesiones

obligatorias y las destinaciones comerciales y residenciales previstas,

además de que la UAECD explicó que la determinación del valor

debía responder a la realidad del inmueble al momento del avalúo,

sin acudir a proyecciones inciertas sobre el comportamiento futuro

del mercado.

Añadió que la actora, aun cuando aportó un avalúo particular, no

identificó con precisión cuáles valores futuros fueron considerados en

dicho dictamen ni cuáles habrían sido omitidos por el avalúo oficial,

por lo que no logró sustentar técnicamente la inconsistencia alegada

ni demostrar que se hubiesen reconocido valores errados o afectado

el justo precio.

Igualmente, desestimó la censura referida a la supuesta falta de

análisis sobre edificabilidad, áreas comerciales, oficinas,

implantaciones arquitectónicas y posibilidades de desarrollo, al

constatar que el avalúo oficial se apoyó en el Decreto 438 de 2009,

desarrolló la distribución de los usos permitidos en el Plan Parcial,

proyectó el aprovechamiento del predio a partir del área total y de

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las cesiones obligatorias, y empleó el método residual, coincidente

incluso con el utilizado en el avalúo particular allegado con la

demanda.

Concluyó, en consecuencia, que la parte actora no explicó con

certeza qué elemento concreto del método valuatorio había sido

desconocido ni confrontó técnicamente el valor fijado por la UAECD

con el de su propio dictamen, razón por la cual carecía de fundamento

afirmar que el avalúo oficial hubiera omitido la normatividad vigente

para fijar el precio del metro cuadrado.

De igual forma, rechazó el reproche consistente en que el avalúo

oficial no explicaba la escogencia del método ni las fuentes de

mercado, por cuanto constató que en el capítulo octavo del estudio

se indicó que, al tratarse de un terreno sin edificaciones, resultaba

procedente aplicar el método residual conforme a la Resolución IGAC

620 de 2008, y verificó además que el documento contenía registros

fotográficos, estudios de mercado, presupuesto de construcción,

potenciales desarrollos y cálculos del índice de costos de la

construcción pesada, por lo que tampoco prosperó ese

cuestionamiento.

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Finalmente, desestimó el cargo relacionado con el conflicto de

intereses en la elaboración del avalúo, al precisar que el artículo 61

de la Ley 388 de 1997 prevé que el precio de adquisición puede ser

determinado por el IGAC o por la entidad que ejerza sus funciones,

y al establecer que en Bogotá dicha competencia corresponde a la

UAECD, a la cual las entidades distritales deben solicitar los avalúos

comerciales conforme al Decreto 583 de 2011 y al Acuerdo 004 de

2012.

Por lo anterior, concluyó que la solicitud del avalúo por parte del IDU

a la UAECD se ajustó al marco normativo y al Contrato

Interadministrativo núm. 1081 de 2016, sin que de ello pudiera

inferirse falta de independencia en la elaboración del estudio, si no,

por el contrario, la regularidad del Avalúo Comercial núm. 2018-

1602.

En consecuencia, determinó que la parte demandante no probó el

cargo de nulidad invocado, no desvirtuó la presunción de legalidad

de la Resolución acusada y, en consecuencia, negó las pretensiones

de nulidad y restablecimiento del derecho formuladas contra el acto

de expropiación administrativa.

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III-. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia

proferida en primera instancia, para lo cual expuso que los motivos

de inconformidad con la decisión apelada se sustentan en los

siguientes términos:

Adujo que el Tribunal en su decisión negó las pretensiones con

fundamento en una valoración excesivamente rigorista del caso, pese

a que, en el proceso sí se desvirtuó la presunción de legalidad del

acto demandado, al haberse acreditado vicios de legalidad que le

ocasionaron una afectación patrimonial.

Añadió que, desde la presentación de la demanda, se cuestionó tanto

la irregularidad del avalúo que sirvió de sustento al acto

administrativo como la existencia de un conflicto de interés que

habría viciado la formación de la voluntad administrativa, e insistió

en que también quedó demostrada la desviación de poder alegada.

Alegó que el Tribunal valoró de manera equivocada las pruebas

relativas al valor indemnizatorio, pues, sí se había aportado un

avalúo privado elaborado por la ingeniera Estefanía Rodríguez Silva,

de AZIMUT 3D S.A.S., en el cual se fijó un valor de $390.893,80 por

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metro cuadrado, y además se habían allegado valores de referencia

correspondientes a la manzana catastral, obtenidos de

“mapasbogotá”, que oscilaban entre $550.000 y $700.000 por metro

cuadrado, elementos que, en su criterio, no fueron debidamente

apreciados por el Tribunal al desestimar el cargo.

Asimismo, sostuvo que el Tribunal incurrió en error al afirmar que el

avalúo particular no precisaba los valores proyectados a futuro, toda

vez que, dicho dictamen sí identificó con claridad los errores en la

proyección de valores futuros y explicó que esa circunstancia incidió

de manera significativa en la determinación del valor reconocido por

metro cuadrado, incluso en un 400% bajo el escenario más

conservador.

Afirmó que sí se había identificado y explicado el yerro en el método

valuatorio empleado, concretamente en la aplicación del método

residual, al sostener que el defecto radicó en no haber considerado

otros proyectos de similar impacto y en haber tomado una muestra

excesivamente reducida de proyectos en desarrollo para la época,

circunstancia que habría disminuido el valor de la indemnización y el

reconocimiento por metro cuadrado y que dicho cuestionamiento fue

expuesto tanto en la demanda como en el avalúo allegado al proceso.

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Adujo que el precio indemnizatorio debía responder al estándar de

justicia indemnizatoria y que, conforme a la jurisprudencia de la

Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, han

establecidos reglas y subreglas jurisprudenciales desarrolladas en las

sentencias C-1074 de 2002, C-476 de 2007, C-227 de 2011 y C-750

de 2015, encaminadas a establecer que la adquisición estatal no

podía concretarse en un precio que menoscabara los intereses

económicos del particular, por lo cual, el procedimiento de

expropiación lesionó gravemente sus intereses patrimoniales y los de

otros particulares involucrados en situaciones similares.

Planteó que en la elaboración del avalúo se configuró un conflicto de

interés, por cuanto el mismo estuvo permeado por el interés de un

accionista directo del IDU que tendría interés en adquirir los

inmuebles a valores reducidos, razón por la cual se debió designar

un avaluador distinto.

Agregó que dicha situación fue puesta oportunamente en

conocimiento de las autoridades competentes, que también fue

denunciada en sede penal y que, para la fecha de presentación del

escrito, ya existían imputaciones penales contra personas vinculadas

a los avalúos del plan parcial, tanto del IDU como de la UAECD.

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Insistió en que, si bien era cierto que la administración podía acudir

a la expropiación por razones de interés general; no era menos cierto

que tenía el deber correlativo de reparar e indemnizar integralmente

al afectado en condiciones de justicia y no de arbitrariedad,

resaltando que la sentencia de primer grado incurrió en error al no

reconocer la relación causal existente entre las pruebas

documentales allegadas al proceso y la desviación de poder alegada.

En ese sentido, reiteró que dicho vicio se desprendía de la valoración

conjunta de la información obtenida de Mapas Bogotá, del avalúo

elaborado por la empresa AZIMUT 3D S.A.S. y de los demás

documentos anexos a la demanda.

Solicitó, en consecuencia, que se revoque la sentencia apelada y se

acceda a todas las pretensiones de la demanda.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante providencia de 19 de abril de 2024 el Despacho

sustanciador dispuso admitir el recurso de apelación y, en atención

a que no se solicitaron pruebas en esta instancia, determinó que no

había lugar a conceder traslado para alegar de conclusión, de

conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 247 del

CPACA.

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Al respecto, se precisa que el 3 de mayo de 2024 el apoderado del

IDU presentó memorial de “pronunciamiento frente al recurso de

apelación”;16 el cual será tenido en cuenta, de conformidad con lo

dispuesto en el numeral 4 del artículo 247 del CPACA 17, por cuanto

fue radicado oportunamente, esto es, dentro del término

comprendido entre la concesión del recurso y la ejecutoria del auto

que lo admitió en segunda instancia, providencia que fue notificada

electrónicamente el 25 de abril de 202418 y por estado el 29 de ese

mismo mes y año19.

En igual sentido, se advierte que el 13 de marzo de 2024 la

apoderada judicial de la UAECD presentó memorial de

“pronunciamiento del recurso de apelación”, el cual, también será

tenido en cuenta, por haber sido allegado dentro de la oportunidad

procesal pertinente y en armonía con el régimen previsto en el citado

numeral 4 del artículo 247 del CPACA.

16
Índice 00008 del expediente digital
17
ARTÍCULO 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. <Artículo
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El recurso de
apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente
procedimiento:

(…)

4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la
admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el
recurso de apelación formulado por los demás intervinientes.

18
Índice 00006 del expediente digital
19
Índice 00007 del expediente digital

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Sobre el particular, resulta oportuno precisar que tanto el memorial

presentado por el IDU como el allegado por la UAECD se limitaron,

en lo sustancial, a reiterar los argumentos expuestos en los

respectivos escritos de contestación de la demanda, razón por la cual

su contenido será valorado en esa medida, al momento de resolver

el recurso, sin que de ellos se advierta la formulación de

planteamientos nuevos o de consideraciones adicionales que

impongan un pronunciamiento autónomo y diferenciado en esta

instancia.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de la

Resolución núm. 934 de 20 de enero de 2020, “Por la cual se

ordena una expropiación por vía administrativa”, expedida por la

Dirección Técnica de Predios del IDU, mediante la cual dispuso la

expropiación administrativa del inmueble de propiedad de la parte

actora ubicado en la Kr 1 # 98 D 64 Sur Interior 3, de la ciudad de

Bogotá, identificado con cédula catastral SBU 9180, CHIP

AAA0147AJBS y matricula inmobiliaria 50S 40279637, cuya

propietaria es la actora y donde se determinó, entre otros aspectos,

el pago de la indemnización por valor de $72.857.408.

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Con tal propósito, la parte demandante estructuró como cargos de

ilegalidad los siguientes: i) vulneración al debido proceso y al derecho

de defensa por desestimar el recurso de reposición presentado

debidamente; ii) desconocimiento del derecho de contradicción y

principios legales que orientan la función administrativa; iii) error

grave e irregularidades en el valor de indemnización establecido por

el perito, relacionado en la oferta e incorporado en la resolución de

expropiación; y iv) existencia de un conflicto de interés en la

elaboración del informe técnico de avalúo comercial núm. 2018-1602

RT núm. 49436 por parte de la UAEDC.

El Tribunal desestimó las pretensiones de la demanda, por considerar

que la parte actora no desvirtuó la presunción de legalidad que

ampara el acto acusado.

Inconforme con la decisión, la demandante interpuso recurso de

apelación, argumentando su inconformidad con la conclusión del a

quo, según la cual no se logró desvirtuar la presunción de legalidad

los actos administrativos demandados, por estimar que estaban

demostrados: i) los errores e irregularidades del avalúo que sirvió de

base a la expropiación y la incorrecta fijación del precio

indemnizatorio, ii) la falta de adecuada consideración de la

proyección futura y del método residual, iii) la exigencia de un precio

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justo de indemnización, y iv) la existencia de un conflicto de interés

y de una desviación de poder en la expedición del acto demandado.

Por tal razón, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera

instancia.

Previo al análisis de fondo, es del caso advertir que la Sala es

competente para resolver los recursos de apelación interpuestos

contra los fallos de primera instancia en aquellos temas que

constituyeron la oposición específica a la decisión de los Tribunales.

De este modo, el estudio y la competencia del fallador de segunda

instancia se limitará a examinar los reproches invocados en el

recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera

instancia.

Problema jurídico

A partir de los cargos planteados en el recurso de apelación,

corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la

sentencia de 15 de febrero de 2024, proferida por la Subsección “A”

de la Sección Primera del Tribunal.

Para resolver el problema jurídico aludido, la Sala enunciará el acto

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acusado y su contenido, para enseguida desarrollar el estudio de los

cargos planteados en la apelación.

. - Acto acusado y su contenido

El objeto del presente proceso recae sobre la legalidad del siguiente

acto administrativo:

➢ Resolución núm. 0934 de 20 de enero de 2020, expedida

por la Dirección Técnica de Predios del IDU, “Por la cual se

ordena una expropiación por vía administrativa”, del inmueble

ubicado en la Kr 1 # 98 D 64 Sur Interior 3, de la ciudad de

Bogotá D.C., identificado con CHIP AAA0147AJBS y matrícula

inmobiliaria núm. 50S 40279637, en cuya parte resolutiva,

dispone lo siguiente:

“[…]

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía
administrativa a favor del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
del inmueble ubicado en la Kr 1 # 98 D 64 Sur IN 3, de la ciudad
de Bogotá D.C. e identificado con la con cédula catastral
202512410400000000 y matricula inmobiliaria 050S40279637,
en un área de 1565,97 M2, conforme al Registro topográfico No.
49436 elaborado por la Dirección Técnica de Predios de mayo de
2018, cuyo titular de dominio es la señora ELSA PRIETO
LASERNA Identificada con Cédula de Ciudadanía 41.497.686
cuyos linderos son: POR EL NORTE: En extensión de once metros
(11.00 mts), partiendo del lote número ocho (8) en línea recta,

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luego gira hacia la izquierda en unos veinte grados (20°) en línea
recta y en una distancia de quince metros con ochenta
centímetros (15.80 mts), en todo este costado linda con
camellón o vía pública que de entrada a los lotes (1) y siete B
(7B). POR EL SUR: En extensión de cincuenta y siete metros con
veinte centímetros (57.20 mts), de allí se gira en quince grados
(15°) hacia la izquierda y sigue en línea recta cuatro metros con
cincuenta centímetros (4.50 mts). POR EL ORIENTE: En
extensión de veintiocho metros con cincuenta centímetros
(28.50 mts), linda en este costado con el lote número siete C
(7C). POR EL OCCIDENTE: En extensión de cincuenta y cuatro
metros con sesenta centímetros (54.60 mts).

PARÁGRAFO: Que en cumplimiento a los lineamientos
señalados en la Instrucción Administrativa Número 10 del 18 de
Abril de 2018 emitida por la Superintendencia de Notariado y
Registro, para la validación de los documentos radicados por
Instituto de Desarrollo Urbano IDU con ocasión del proceso de
adquisición de bienes inmuebles para el desarrollo vial en la
presente Resolución con relación al inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria 050S40279637 y RT 49436 de la Dirección
Técnica de Predios se deja constancia que: La identificación del
inmueble como jurídicamente obra en su antecedente registral,
es, cabida y linderos: contenidos en la escritura nro.0880 de
fecha 10/04/1997 en notaria 53 de Bogotá lote #7B con área de
1.565.97mts.

La descripción cabida y linderos indicados en el folio de matrícula
inmobiliaria no corresponde a la actual realidad física del
inmueble.

El predio objeto de adquisición corresponde al proyecto vial con
destino a la obra proyecto urbano integral denominado
Infraestructura de soporte y acceso para vehículos y pasajeros
del sistema Integrado de Transporte Público- SITP- de Bogotá
D. C.

No obstante, el objeto de la presente Resolución, se deja
constancia que su descripción no constituye declaración de la
construcción que actualmente se encuentra en el predio,
construcción que será demolida atendiendo a los motivos de
utilidad pública y destinación específica para la realización obras
de infraestructura vial del Distrito Capital. (SG) EN CASO DE QUE
NO SE HAYA DECLARADO LA CONSTRUCCION)

ARTÍCULO SEGUNDO.-VALOR DEL PRECIO
INDEMNIZATORIO.- El valor del precio indemnizatorio de la
expropiación que se ordena por la presente resolución es de
SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL

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NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (572.218.997)
MONEDA CORRIENTE de conformidad con el Avalúo INFORME
TÉCNICO No. 2018-1602 RT No 49436 del 4/12/2018, elaborado
por Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital este
valor incluye por concepto: A) La suma de SETENTA MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA PESOS ($70.468.650) MONEDA CORRIENTE, por
concepto de avalúo comercial de terreno y construcción. B) La
suma de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($1.750.347)
MONEDA CORRIENTE, por concepto de Daño Emergente, estas
sumas no serán tenidas en cuenta para calcular la base del
impuesto de registro, pues son sumas adicionales al valor del
Inmueble que es el objeto de transferencia.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos del cálculo del impuesto
de Registro (Beneficencia) se establece que el valor del precio
indemnizatorio del inmueble objeto de expropiación es la suma
de SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE
($70.468.650), por concepto de avalúo comercial terreno y
construcción, el anterior valor será el único que se deberá tener
en cuenta para todos los efectos derivados o inherentes a los
costos del impuesto de registro (beneficencia).

PARÁGRAFO SEGUNDO: Que dentro del valor del precio
indemnizatorio por concepto de Daño Emergente se reconoce el
valor a cancelar por el impuesto de registro (beneficencia) del
predio objeto de expropiación, el cual será descontado por el IDU
y cancelado por TRANSMILENIO S.A. al momento del pago del
valor del precio indemnizatorio de la expropiación a la entidad
correspondiente.

PARÁGRAFO TERCERO: Que dentro del valor del precio
indemnizatorio por concepto de Daño Emergente se reconoce el
valor a cancelar por el impuesto de registro (beneficencia) del
predio objeto de expropiación, el cual será descontado y
cancelado por TRANSMILENIO S.A. al momento del pago del
valor del precio indemnizatorio de la expropiación a la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos Zona Sur.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Que la presente resolución de
expropiación no implica la aplicación del artículo 129 de la ley
142 de 1994 que establece la cesión de los contratos de servicios
públicos con ocasión a la transferencia del dominio: *En la
enajenación de bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión
de todos los contratos de servicios públicos domiciliarios, salvo
que las partes acuerden otra cosa. La cesión operará de pleno
derecho e incluye la propiedad de los bienes inmuebles por

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adhesión o destinación utilizados para usar el servicio", teniendo
en cuenta que los predios adquiridos por el IDU por motivos de
utilidad pública e interés social son destinados exclusivamente a
la construcción de obras de infraestructura vial lo que implica un
cambio en la naturaleza del mismo que pasa de ser un inmueble
con vocación de domicilio para convertirse en un bien de uso
público dejando por ello de ser destinatario de servicios públicos
domiciliarios, motivo por el cual continuará siendo responsable
del consumo, deudas y demás cargos que se generen hasta la
cancelación de los mismos a la Señora ELSA PRIETO LASERNA
Identificada con Cédula de Ciudadanía 41.497.686.

ARTICULO TERCERO. - FORMA DE PAGO. - El trámite de pago
se efectuará por la Tesorería de TRANSMILENIO S.A., previa
autorización expresa y escrita de la Dirección Técnica de Predios,
una vez ésta radique la(s) orden(es) de pago así: Un cien por
ciento del valor del precio indemnizatorio, o sea la cantidad de
SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($72.218.997)
MONEDA CORRIENTE, el citado valor, sera puesto a disposición
de ELSA PRIETO LASERNA Identificado(a) con Cédula de
Ciudadanía 41.497.686, por parte de la Tesorería de
TRANSMILENIO S.A, una vez ejecutoriada la presente resolución
y efectuados los respectivos trámites financieros […]”.

V.2.- Caso concreto

Precisado el problema jurídico y determinado el contenido del acto

acusado, procede la Sala a resolver los cargos planteados en el

recurso de apelación. En ese orden de ideas, para resolver el

interrogante planteado, se hará referencia al marco jurídico general

aplicable a la expropiación administrativa, para enseguida abordar el

estudio del caso concreto.

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• Del procedimiento de expropiación administrativa -
Generalidades

El artículo 58 de la Constitución Política define el derecho a la propiedad

privada, en los siguientes términos:

“[…] Se garantizan la propiedad privada y los demás
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales
no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por
motivos de utilidad pública o interés social, resultare en
conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por
ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés
público o social. La propiedad es una función social que
implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función
ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas
asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o interés social
definidos por el legislador, podrá haber expropiación
mediante sentencia judicial e indemnización previa.
Este se fijará consultando los intereses de la comunidad y del
afectado. En los casos que determine el legislador, dicha
expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta
a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso
respecto del precio […]”.

De esta norma se destaca que el derecho a la propiedad no es

absoluto y se funda en varios principios que la Corte Constitucional20

ha decantado como resultado de la interpretación del artículo 58 de

la Carta, así: i) La garantía a la propiedad privada y los demás

20
Así se puntualizó por la Corte Constitucional entre otros en los siguientes pronunciamientos.
Sentencias C-147/97, C-589/95, C-00/93, C-428/94, C-216/93 y C-227-11.

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derechos adquiridos se hace con arreglo a las leyes civiles; ii) la

Constitución Política protege y promueve las formas asociativas y

solidarias de la propiedad; iii) se reconoce el carácter limitable de la

propiedad; iv) se establecen las condiciones en que prevalece el

interés público o social sobre el interés privado; v) se le asigna a la

propiedad una función social y ecológica; y, vi) se fijan las

modalidades y los requisitos de la expropiación.

De otra parte, y acorde con el desarrollo de este precepto

constitucional, la Ley 9ª de 11 de enero de 198921 estableció

instrumentos para la adquisición y expropiación de inmuebles por

motivos de utilidad pública e interés general, potestad que luego se

reguló por la Ley 388 de 1997, que modificó la citada Ley 9ª.

Los artículos 63 a 72 de la Ley 388 regulan el procedimiento que se

adelanta con el propósito de llevar a cabo la expropiación por vía

administrativa.

El artículo 68 de la norma en comento prevé que una vez iniciado el

proceso orientado a la adquisición del inmueble y transcurridos 30

días hábiles a partir de la ejecutoria del acto que así lo ordena sin

21
“Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y
expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”.

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llegarse a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria22, la

autoridad dispondrá, mediante acto motivado, la expropiación

administrativa correspondiente.

En lo que respecta al reconocimiento y pago de la indemnización, el

artículo 67 dispone que “[…] en el mismo acto que determine el carácter

administrativo de la expropiación se deberá indicar el valor del precio

indemnizatorio que se reconocerá A LOS PROPIETARIOS, el cual será igual

al avalúo comercial que se utiliza para los efectos previstos en el artículo

6123 de la presente ley […]”. (Destacado fuera de texto).

De acuerdo con esta normativa, una de las características esenciales

de la expropiación radica en el hecho que la actuación del Estado se

hace por razones de utilidad pública e interés social, previa y justa

indemnización del inmueble, en cuanto comprende su valor y los

perjuicios que se causan al afectado con dicha medida, con el fin de

alejarse de un acto confiscatorio.

22
Lo que se produce a través de la suscripción de un contrato de promesa de compraventa.
23
“[…] ARTICULO 61. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACION
VOLUNTARIA. Se introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria
regulado por la Ley 9a. de 1989:

El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o
asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de conformidad
con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos
expida el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística
municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir,
y en particular con su destinación económica. […].

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Sobre el particular, esta Sección24 ha precisado:

“[…] el principio general que subyace en estas normas de
rango superior, indica que los daños y perjuicios que se
originen en el acto de autoridad mediante el cual se decrete
la incorporación al dominio público de bienes de
propiedad particular para satisfacer con ellos una
necesidad de interés general, presupone
necesariamente la obligación a cargo de la autoridad
que ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar
plena y previamente al afectado, con el propósito de
restablecer el equilibrio roto por la privación
patrimonial a la cual es sometido de manera forzada.
En otras palabras, el hecho de que en estos casos el interés
general deba prevalecer sobre los intereses privados, no
significa en modo alguno que por dicha circunstancia
queden excluidas las garantías que la Constitución
reconoce en favor del propietario, pues no puede
pretenderse que éste deba asumir a título personal
un detrimento en su patrimonio, como consecuencia de
la ruptura del principio de igualdad en el reparto de las
cargas públicas.

Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la
transmisión imperativa de su derecho de dominio,
constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio
sea transferido a todos los miembros de la colectividad y
reparado de manera integral […]”. (Destacado fuera de
texto).

Corolario de lo anterior, para la Sala se hace necesario traer a

colación los criterios expuestos por esta Sección en relación con la

acción especial contencioso administrativa de nulidad y

24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 26 de abril de
2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 05001-23-31-000-2007-03162-
01.

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restablecimiento del derecho que procede contra la decisión de

expropiación por vía administrativa, ya que servirán para el análisis

del recurso interpuesto. Al respecto, se ha señalado:

“[…] Bajo las anteriores consideraciones, la Sala analizará si,
como lo aduce la parte actora, el Tribunal de origen analizó
indebidamente la acción incoada y valoró de forma
inadecuada las normas superiores invocadas como violadas
y las pruebas allegadas al proceso.

Para ello, sea lo primero precisar que, si bien el artículo 71
de la Ley 388 de 1997 prescribe que contra la decisión de
expropiación por vía administrativa procede la acción
especial contencioso administrativa con el fin de obtener su
nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para
controvertir el precio indemnizatorio reconocido, en la
medida en que el valor de la indemnización es incorporado
en el acto administrativo que ordena la expropiación es
analizar su legalidad, aun cuando la demanda esté
encaminada solo a obtener la revisión o ajuste del precio
indemnizatorio ya que, como se ha sostenido, el principio de
legalidad, fundamento de todo Estado de Derecho, es uno de
los pilares sobre los cuales descansa el trámite de
expropiación.

En ese sentido, siendo que los motivos de utilidad pública o
de interés social constituyen un presupuesto para la legalidad
de la expropiación, hace bien el juez que ejerce el control de
legalidad sobre la decisión de expropiación al verificar su
cumplimiento, como en efecto lo hizo el a quo, lo cual no
implica, como aduce el recurrente, que la acción especial
contencioso administrativa se aborde como una acción
ordinaria de nulidad.
[…]

En el mismo orden, es propicia la confrontación del
procedimiento administrativo con las normas legales y
reglamentarias que regulan y reglamentan la materia, en
desarrollo del artículo 58 de la Carta.

Bajo esa lógica, resulta también acertado verificar que
el avalúo técnico que da soporte legal y fáctico al acto

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administrativo que ordena la expropiación se ajusta a
la normativa aplicable […]” 25 (Destacado fuera del texto).

Igualmente, cabe advertir que la Sección en la sentencia de 14 de

mayo de 200926, aleccionó sobre los elementos que debe contener la

indemnización, como consecuencia de una expropiación

administrativa, de la siguiente manera:

“[…] 3.1.- Consideraciones preliminares relacionadas con el
carácter justo y pleno de las indemnizaciones expropiatorias

El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia,
garantiza la intangibilidad de la propiedad privada y de los
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. En su
inciso 4°, modificado por el Acto Legislativo Nº 1 de julio 30
de 1999, se establece sin embargo que, “Por motivos de
utilidad pública o de interés social definidos por el legislador,
podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e
indemnización previa. Ésta se fijará consultando los intereses
de la comunidad y del afectado. En los casos que determine
el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía
administrativa, sujeta a posterior acción contencioso-
administrativa, incluso respecto del precio.” (negrillas ajenas
al texto)

En ese orden de ideas, cuando un particular se ve
constreñido por el Estado a transferirle una porción de su
patrimonio por motivos de utilidad pública o de interés
social debidamente determinados por el legislador, tiene
derecho al pago de una indemnización de carácter
reparatorio y pleno, que comprenda tanto el valor del bien
expropiado, como el que corresponda a los demás
perjuicios que se le hubieren causado, tal como lo han
precisado en forma reiterada la H. Corte Constitucional y
el H. Consejo de Estado.

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto
de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000 2011 00196
01.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de mayo
de 2009, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 05001-23-31-000-2005-
03509-01.

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En ese mismo sentido, el artículo 17 de la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789,
establece de manera tajante y asertiva que “Siendo la
propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie podrá ser
privado de ella sino en caso evidente de necesidad pública,
debidamente justificada y previa una justa
indemnización.” (negrillas ajenas al texto)

El Pacto de San José de Costa Rica, relativo a los derechos
económicos y sociales, que por virtud de lo dispuesto en el
artículo 94 de la Constitución Política de 1991 forma parte
del llamado «bloque de constitucionalidad», prevé
igualmente en su artículo 21.2 el pago de una
indemnización previa y justa que cubra la totalidad de los
perjuicios que se deriven de la transferencia forzada de un
bien de dominio privado en favor del Estado. Lo anterior
significa que el valor que se determine con esa finalidad
debe ser comprensivo de todas las ablaciones
patrimoniales causadas, de tal suerte que las mismas sean
objeto de una reparación integral. Por lo mismo, en la
determinación del quantum indemnizatorio debe tenerse
especial cuidado en no rebasar, en uno u otro sentido, la
línea divisoria que marca las fronteras entre el
enriquecimiento y el menoscabo.

Como bien se puede observar, el principio general que
subyace en estas normas de rango superior, indica que los
daños y perjuicios que se originen en el acto de autoridad
mediante el cual se decrete la incorporación al dominio
público de bienes de propiedad particular para satisfacer
con ellos una necesidad de interés general, presupone
necesariamente la obligación a cargo de la autoridad que
ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar plena y
previamente al afectado, con el propósito de restablecer el
equilibrio roto por la privación patrimonial a la cual es
sometido de manera forzada. En otras palabras, el hecho
de que en estos casos el interés general deba prevalecer
sobre los intereses privados, no significa en modo alguno
que por dicha circunstancia queden excluidas las garantías
que la Constitución reconoce en favor del propietario, pues
no puede pretenderse que éste deba asumir a título
personal un detrimento en su patrimonio, como
consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el
reparto de las cargas públicas.
Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la
transmisión imperativa de su derecho de dominio,
constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio

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sea transferido a todos los miembros de la colectividad y
reparado de manera integral.

Partiendo de las anteriores consideraciones, La H. Corte
Constitucional, mediante sentencia C-153 de 1994 señaló
que el quantum de la expropiación debe abarcar, además
del valor del bien expropiado, el de “…los daños que sean
consecuencia directa e inmediata de la expropiación”. Y
agrega: “Por todo lo anterior, es evidente que la
indemnización prevista en el artículo 58 de la Constitución
es reparatoria y debe ser plena, ya que ella debe
comprender el daño emergente y el lucro cesante que
hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido
expropiado.” (Cursivas de la Corte). (…)

En esa misma línea de pensamiento, el destacado
administrativista argentino MANUEL MARÍA DÍEZ, señala que
“[…] la suma a pagar debe cubrir exactamente el daño que
se irrogue al propietario, sin que éste se empobrezca ni
enriquezca, en la medida que tal resultado pueda
razonablemente alcanzarse.” (negrillas ajenas al texto).

En sintonía con la anterior apreciación, el profesor RAFAEL
BIELSA comenta que “La reparación integral debe ser justa
y razonable” y continúa diciendo, “… «el justiprecio» es el
que representa y restablece el equilibrio, no, desde luego,
nominalmente, sino realmente, efectivamente.” (negrillas
ajenas al texto)

Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la
decisión de expropiar un bien del dominio privado
comporta necesariamente la obligación de indemnizar el
daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin
pecar por exceso o por defecto, pues es claro que una
indemnización que exceda los límites de lo justo, o que
resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de
justicia consagrado por el constituyente.

Así las cosas, toda indemnización que se torne írrita o
injusta ocasiona un menoscabo o desmedro económico al
patrimonio de la persona afectada con la expropiación, a
quien le asiste el derecho subjetivo de ser indemnizada
conforme a la garantía constitucional ya mencionada. En
caso contrario, el asunto podrá ser objeto de acción
contencioso-administrativa, puesto que ésta es procedente
respecto del precio, cuando el expropiado considere
incumplido el mandato de que la indemnización sea justa y
plena. […].”

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Ahora bien, para cumplir con los fines de la indemnización en los

términos anotados, la autoridad cuenta con mecanismos legales

que le permitan fijar el precio indemnizatorio y las condiciones para

el pago de este. Así se desprende de lo consignado en el artículo

61 de la Ley 388, que es del siguiente tenor:

“[…] El precio de adquisición será igual al valor
comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos
privados inscritos en las lonjas o asociaciones
correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley
2150 de 1995, de conformidad con las normas y
procedimientos establecidos en el decreto reglamentario
especial que sobre avalúos expida el gobierno. El valor
comercial se determinará teniendo en cuenta la
reglamentación urbanística municipal o distrital
vigente al momento de la oferta de compra en relación
con el inmueble a adquirir, y en particular con su
destinación económica.

La forma de pago del precio de adquisición podrá ser en
dinero o en especie, en títulos valores, derechos de
construcción y desarrollo, derechos de participación en el
proyecto a desarrollar o permuta. […]” (Destacado fuera de
texto).

El artículo en cita permite diferenciar el llamado precio de

adquisición del precio indemnizatorio. Mientras el primero se

refiere al valor del inmueble que se establece conforme el avalúo que

para dichos efectos realice la entidad correspondiente, el segundo,

además de comprender aquel, contiene el daño emergente y el

lucro cesante, así como los demás perjuicios que merezcan ser

reparados para garantizar una indemnización plena.

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En consecuencia, el avalúo determina el precio de adquisición, de

manera que si este no cumple con los requisitos legales que permitan

inferir que el valor otorgado fue el resultado de un estudio técnico

apropiado, el precio indemnizatorio se verá necesariamente

afectado27.

. Sobre el cuestionamiento formulado frente a los errores
e irregularidades del avalúo que sirvió de base a la
expropiación y el valor indemnizatorio

La parte apelante sostuvo que el Tribunal incurrió en apreciaciones

contradictorias, que diferían de las pruebas aportadas al desestimar

el cuestionamiento formulado contra el valor indemnizatorio

reconocido en la oferta y en el acto administrativo de expropiación,

por cuanto, según expuso, con la demanda se aportó un avalúo

elaborado por la ingeniera Estefanía Rodríguez Silva, de la empresa

AZIMUT 3D SAS, en el que se estableció un valor promedio del suelo

mediante una técnica moderada de avalúo, cuyas conclusiones

arrojaron un valor de $390.893,80 por metro cuadrado.

Agregó que, además de ese dictamen, también fue allegado al

proceso un valor de referencia para la manzana catastral, el cual,

27
Ver sentencia de 30 de mayo de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 50001-23-31-000-2011-
00564-01).

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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2021-00192-01
Actora: ELSA PRIETO LASERNA

según indicó, oscilaba entre $550.000 y $700.000, tomado de Mapas

Bogotá como sitio de consulta pública, valor que, a su juicio, ha

servido de referencia en procesos de expropiación en los que

igualmente se practican avalúos con la entidad correspondiente, pero

con resultados cercanos a esos rangos.

Reprochó que dicho valor de referencia no hubiese recibido mérito

probatorio por parte del Tribunal ni fuera considerado al momento de

adoptar la decisión, pues, según sostuvo, la conclusión de la

sentencia de primer grado se apartó de la realidad procesal al

desestimar la posición de la actora, bajo el entendimiento de que no

acreditó un valor de $500.000 por metro cuadrado, a pesar de que

los valores de referencia allegados al proceso incluso superaban esa

suma.

Al efecto, la parte recurrente sostuvo que el Tribunal desatendió los

elementos de convicción incorporados con la demanda y que, al

proceder de esa manera, desestimó indebidamente el

cuestionamiento formulado frente al valor indemnizatorio fijado en la

actuación expropiatoria.

Sobre este asunto, esta Sección ha sostenido que al haber sido

incorporado el valor del avalúo comercial en el acto administrativo,

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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2021-00192-01
Actora: ELSA PRIETO LASERNA

este goza de presunción de legalidad y debe tenerse como válido,

creíble y fundamentado, por lo que corresponde a la parte que se

siente afectada probar en el proceso que el avalúo oficial es

equivocado, demostrando precisamente sus incorrecciones y, en

particular, la incidencia de estas en el valor que se ha atribuido al

bien expropiado, de la siguiente manera28:

“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la jurisprudencia de
esta Corporación en la cual se ha sostenido que el precio establecido
en los actos acusados se encuentra amparado por la presunción de
legalidad y de certeza de las decisiones de la administración, y que
la misma debe ser desvirtuada a través de los diferentes medios de
prueba establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió
en el sub lite.

Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al analizar
objeciones frente al avalúo que sirvió de fundamento para la
determinación del monto de una indemnización expropiatoria, y en
la cual la Sección Primera sostuvo que “al haberse incorporado
dicho valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se encuentra
amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza
que se predica de las decisiones de la administración, lo cual
admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el
proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando
precisamente su incorrección”.

Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección sostuvo que
“todo lo anterior conduce a la Sala a considerar que debe
tenerse como válido, creíble y fundamentado, el avalúo que
sirvió de base a las decisiones enjuiciadas, sin que el mismo
pueda ser objeto de modificación dado que la actora, quien
tenía la carga probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo”.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y como lo
concluyó el juez de primera instancia, el actor no logró demostrar la
incorrección del avalúo en virtud del cual el Instituto de Desarrollo

28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto
de 15 de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2011-
00196-01.

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Actora: ELSA PRIETO LASERNA

Urbano determinó el justo precio de la indemnización expropiatoria
y, en consecuencia, no desvirtuó la presunción de legalidad del acto
administrativo demandado, que lo incorporó […]” (Destacado fuera
de texto).

Por otra parte, en lo que concierne al alcance de la carga de la prueba

para desvirtuar el avalúo oficial, esta Sala29 ha precisado lo siguiente:

“[…] Para precisar el alcance de la carga que recae sobre el
demandante, atendiendo las presunciones de que gozan los actos de
la administración, no es del caso que el escrito de demanda anexe
otros avalúos, si se pretende con ellos desvirtuar el realizado por la
entidad pública; para atacar la presunción de legalidad y
veracidad de que goza el avalúo oficial, es indispensable que
el actor, con base en las normas que regulan la materia,
indique el defecto en que se ha incurrido y su impacto en el
precio oficialmente establecido, pues de lo que se trata es
precisamente de llevar al convencimiento del juez de que se
ha incurrido en error al establecer el monto de la
indemnización, y no simplemente de identificar otras
alternativas probables […]” (Destacado fuera de texto).

Conforme con la jurisprudencia en cita, para desvirtuar el valor

incorporado en los actos administrativos de expropiación, no basta

con que a la demanda se anexen otros avalúos del bien sobre el cual

recayó la medida, sino que corresponde al interesado probar los

errores del avalúo oficial y, en particular, la incidencia de estos en el

precio que fue determinado.

Ahora bien, en primer lugar, resulta pertinente precisar que la

29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
febrero de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2011-00115-
01.

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sentencia de primer grado sí examinó el avalúo aportado con la

demanda y explicó las razones por las cuales el mismo no tenía la

virtualidad de desvirtuar el avalúo oficial.

En efecto, el a quo puso de presente que el dictamen, elaborado por

la ingeniera Estefanía Rodríguez Silva de la empresa AZIMUT 3D SAS,

no fijó un valor individualizado del bien expropiado como unidad

autónoma, sino un valor de $390.892,80 por metro cuadrado para

todos los predios que integran la Unidad de Gestión Urbanística núm.

4 del Plan Parcial Tres Quebradas, esto es, para una extensión global

de 351.635,27 m2, mientras que el predio objeto de expropiación

corresponde únicamente a 1.565,97 m2, de suerte que el valor

obtenido en dicho avalúo se erigió a partir de una estimación general

de la unidad de gestión, más no de un ejercicio singularizado del

inmueble expropiado. Esa fue, precisamente, una de las razones

centrales por las cuales el Tribunal concluyó que la parte actora había

generalizado el valor de la totalidad del ámbito urbanístico para

aplicarlo a un predio que representaba menos del 1% del área total,

sin que ello tuviera aptitud suficiente para desvirtuar el precio

unitario fijado en el avalúo oficial.

Corolario de lo anterior, una vez efectuada la valoración conjunta del

material probatorio obrante en el expediente, la Sala advierte que

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desde la definición misma de su objeto, el avalúo elaborado por

AZIMUT 3D SAS no fue concebido como un ejercicio orientado a

determinar el valor comercial de un lote aislado, autónomo e

independiente de su contexto urbanístico, sino como un estudio

inscrito expresamente en la estructura general de la Unidad de

Gestión y/o Actuación Urbanística núm. 4 del Plan Parcial

Tres Quebradas.

En efecto, en la página número 5 del informe se consignó que su

finalidad consistía en estimar el valor de unos inmuebles “los cuales

hacen parte integral de la UNIDAD DE GESTIÓN Y/O

ACTUACIÓN URBANÍSTICA NO. 4 del PLAN PARCIAL TRES

QUEBRADAS”, formulación que revela que el punto de partida del

dictamen no fue el análisis individual de cada predio como realidad

separada, sino su pertenencia a un ámbito urbanístico más amplio,

así:

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Lo anterior pone de manifiesto que el propio avalúo aportado por la

actora enmarca la valoración dentro de una perspectiva integral de

unidad de actuación, en la cual los inmuebles objeto del estudio son

entendidos como componentes de una estructura urbanística

conjunta más no como bienes susceptibles de ser valorados con

abstracción de las condiciones normativas, físicas y económicas que

derivan de su inserción en la UGU No. 4. Así, el alcance del informe,

tal como fue definido por la perito pone de manifiesto que la

estimación económica allí contenida se edificó sobre la base de un

escenario global de desarrollo y no sobre la singularización estricta

del predio expropiado, considerado al margen del conjunto territorial

al que pertenece.

Aunado a lo anterior, en el avalúo aportado por la parte actora,

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elaborado por la empresa AZIMUT 3D SAS, obra el soporte más claro

de esa conclusión, en cuanto allí se indicó que “los predios para los

cuales se realiza el presente avalúo (…) no pueden ser analizados de

forma independiente con relación a los demás predios, debido al

planteamiento establecido y desarrollado en la Unidad de Gestión y/o

Actuación Urbanística No. 4 del Plan Parcial Tres Quebradas”, lo que

evidencia que el dictamen no fue elaborado para valorar de manera

individual y autónoma el inmueble objeto de expropiación, sino a

partir de una consideración conjunta de los predios comprendidos en

dicha unidad urbanística. En los siguientes términos quedó

consignado dicho razonamiento en la página 8 del avalúo:

Precisamente, en la página 10 del avalúo aportado por la actora, en

el acápite denominado “1.4. Participación de los predios en la

U.G.U. No. 4”, se consignó expresamente que “el valor total de

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los predios será calculado bajo la integridad total de la U.G.U.

No. 4 del Plan Parcial Tres Quebradas” y que “el valor

independiente de los mismos será calculado según el

porcentaje de participación del área del predio en la totalidad

del área de la U.G.U.”, afirmación que evidencia que el dictamen

parte de una valoración global de la unidad urbanística y que la

individualización económica de cada inmueble se realiza con

posterioridad, a partir de su participación porcentual en el área total,

y no mediante un análisis autónomo y singularizado del predio objeto

de expropiación. Tal conclusión se desprende con claridad del

siguiente aparte del dictamen:

Asimismo, de lo expuesto se desprende que en las páginas del avalúo

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antes referidas se individualizan las áreas de los tres predios objeto

del dictamen, así: 1.383,33 m², 1.565,97 m² y 1.637,17 m², y,

seguidamente, se determina su porcentaje de participación dentro

de la U.G.U. núm. 4, registrándose para cada uno los porcentajes de

0,384%, 0,435% y 0,454%, para un subtotal aproximado de

porcentaje de participación de 1,273%, sobre un área total de

360.288,40 m².

Posteriormente, el propio informe precisa que “los predios objeto del

presente avalúo, tienen un porcentaje de participación del 1.263%

sobre el área total de la U.G.U. No. 4 del Plan Parcial Tres

Quebradas”, lo que confirma que el dictamen fue elaborado a partir

de una lógica de participación porcentual dentro de un ámbito

urbanístico global notoriamente superior al área del inmueble

individualmente considerado, y no con base en una valoración

autónoma y singularizada del predio objeto de expropiación. De ello

da cuenta el siguiente aparte del avalúo, así:

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Del mismo modo, en el avalúo elaborado por AZIMUT fija de manera

expresa un valor de $390.892,80 por m². En efecto, en la parte final

del desarrollo valuatorio se consigna, respecto del total de la U.G.U.

núm. 4, la siguiente relación:

Posteriormente, en el capítulo de liquidación, el dictamen precisa de

forma expresa que el “VALOR COMERCIAL ADOPTADO POR M2 DE

LOTE DE ÁREA BRUTA” corresponde a $390.892,80, y reitera ese

mismo valor al señalar “AVALÚO DE TERRENO POR M2:

$390.892,80”, así:

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Asimismo, en la tabla de liquidación específica, ese valor unitario es

proyectado sobre los tres predios de propiedad de la actora,

asignándose a cada uno de ellos el mismo valor por metro cuadrado,

así: folio de matrícula 50S-40279636, con un área de 1.383,33 m²,

por un valor de $540.733.736,16; folio 50S-40279637, con un área

de 1.565,97 m², por un valor de $612.126.397,04; y folio 50S-

40279638, con un área de 1.637,17 m², por un valor de

$639.957.964,35. Lo anterior pone de manifiesto que el valor

unitario final sí se proyecta sobre predios determinados e

individualizados, aunque a partir de la lógica global de valoración de

la U.G.U. núm. 4, según se desprende del propio dictamen, en los

siguientes términos:

Ahora bien, revisado el avalúo oficial 2018-1602, elaborado por la

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UAECD se advierte que también toma como referente normativo y

técnico la Unidad de Gestión Urbanística núm. 4 y el Decreto 438 de

2009, pero no para fijar un valor global promedio de toda la unidad

y posteriormente distribuirlo entre los distintos inmuebles según su

porcentaje de participación, sino para determinar el valor del predio

singularmente considerado. En efecto, en dicho dictamen se

individualiza expresamente el inmueble objeto de valoración, al

identificarlo con un área total de 1.565,97 m², en los siguientes

términos:

Luego, en la página 17, se precisa que el fundamento metodológico

principal de la valoración corresponde a la técnica residual,

desarrollada conforme a los parámetros del Decreto 438 de 2009,

“en especial de la Unidad de Gestión Urbanística No. 4 a la cual

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pertenece el predio objeto de estudio”, lo que evidencia que dicho

instrumento urbanístico fue empleado como marco técnico de

referencia para la estimación del valor del inmueble individualmente

considerado. En efecto, en la página 17 del avalúo se dejó expresa

constancia de ello, así:

Posteriormente, en la página 29, el avalúo concreta el resultado

únicamente respecto del inmueble objeto de expropiación, al liquidar

un área de 1.565,97 m² a razón de $45.000 por metro cuadrado,

para un valor total de $70.468.650, en los siguientes términos:

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De lo anterior se advierte que, mientras el avalúo elaborado por

AZIMUT estructura el análisis a partir de una valoración integral de

toda la U.G.U. núm. 4 y solo con posterioridad individualiza el

resultado económico según el porcentaje de participación de cada

predio dentro de esa unidad, el avalúo oficial emplea la U.G.U. núm.

4 únicamente como parámetro normativo y urbanístico de referencia

para determinar de manera directa, concreta e individualizada el

valor del inmueble objeto de expropiación.

Bajo ese entendido, se advierte que si bien es cierto que ambos

dictámenes toman como referente la Unidad de Gestión Urbanística

núm. 4 y el Decreto 438 de 2009; no es menos cierto que lo hacen

desde enfoques metodológicos sustancialmente distintos, pues

mientras el avalúo elaborado por AZIMUT parte de una valoración

global de la unidad urbanística y posteriormente distribuye el

resultado entre los inmuebles según su porcentaje de participación,

el avalúo oficial emplea ese mismo marco normativo y urbanístico

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para determinar de manera específica y singularizada el valor del

predio objeto de expropiación.

Ahora bien, aunque tanto el avalúo oficial como el elaborado por

AZIMUT 3D SAS acudieron a la técnica residual y tomaron como

referente normativo el Plan Parcial Tres Quebradas y la Unidad de

Gestión Urbanística núm. 4, sus resultados no parten de la misma

estructura de análisis ni responden al mismo nivel de

individualización del bien valorado, pues, mientras el avalúo

aportado por la parte actora se proyectó sobre la totalidad de la UGU

núm. 4 y lo trasladó a los predios de la demandante según su

porcentaje de participación dentro del área total de la unidad

urbanísitica, más no sobre el bien de 1.565,97 m2 individualmente

considerado.

En contraste, el avalúo oficial sí individualizó física y jurídicamente el

inmueble objeto de expropiación, tal y como se evidencia en las

páginas 15 y 16 del informe, dentro del acápite de descripción del

inmueble, en el que se identificó de manera concreta y singularizada

el bien objeto de valoración, con precisión de su ubicación, linderos,

topografía, forma geométrica y área del terreno, discriminando,

además, la zona libre correspondiente a reserva vial y el área

sobrante, para un total de 1.565,97 m², circunstancia que corrobora

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que el estudio oficial no partió de un valor global e indiferenciado de

toda la unidad urbanística, sino de la individualización específica del

predio expropiado, a diferencia de la lógica de conjunto que informa

el dictamen elaborado por AZIMUT. De ello da cuenta el siguiente

aparte del avalúo oficial:

En oposición de lo anterior, se advierte que, a su turno, el avalúo

particular aportado por la actora, elaborado por AZIMUT 3D SAS, no

individualizó el predio expropiado como una unidad autónoma, pues

expresamente señaló que el valor de los inmuebles sería calculado

bajo la integridad total de la UGU núm. 4 del Plan Parcial Tres

Quebradas y que el valor independiente de cada uno se obtendría

según su porcentaje de participación dentro del área total de esa

unidad. En desarrollo de esa línea argumentativa, el dictamen fijó un

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valor comercial adoptado de $390.892,80 por m² para la UGU núm.

4, reportó para esta un área bruta de 360.288,40 m² y asignó al

inmueble con folio 50S-40279637, objeto de expropiación, un área

de 1.565,97 m², equivalente al 0,435% del total, por lo cual, le

asistió razón al Tribunal al afirmar que se generalizó el valor de la

unidad para proyectarlo sobre un predio que representaba menos del

1% del área total, razón por la cual ese dictamen no desvirtuaba por

sí solo el valor de $45.000 por m² fijado en el avalúo oficial.

Corrobora esa conclusión la imagen obrante a continuación, extraída

del avalúo rendido por AZIMUT 3D SAS, en la que se señala, de

manera expresa, que los predios objeto del estudio “no pueden ser

analizados de forma independiente” y que su valoración se efectúa

con base en la integridad total de la U.G.U. núm. 4, circunstancia que

permite inferir que el precio unitario allí adoptado no provino de la

tasación aislada del predio expropiado, sino de una modelación

general de la unidad urbanística, así:

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Se evidencia, además, en la siguiente imagen, correspondiente al

cuadro de liquidación del avalúo de AZIMUT 3D SAS, que el dictamen

adoptó un valor comercial de $390.892,80 por m², calculado sobre

el área total de la U.G.U. núm. 4, y que posteriormente aplicó ese

mismo valor al predio con folio de matrícula inmobiliaria 50S-

40279637, identificado con un área de 1.565,97 m², equivalente al

0,435% del total, lo que respalda la conclusión según la cual el

ejercicio partió de una valoración global y no de una individualización

autónoma del bien expropiado. De ello da cuenta el siguiente aparte

del avalúo aportado por la actora:

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A su turno, se observa en el avalúo oficial núm. 2018-1602 que la

entidad valuadora identificó de manera singular el predio objeto de

expropiación y fijó su área en 1.565,97 m², según consta en la

página 16; igualmente, en la página 18 desarrolló el cálculo del valor

del suelo a partir de la depuración de cargas urbanísticas, cesiones y

afectaciones; y en la página 26 dejó consignado que, descontada la

respectiva carga, el valor del terreno correspondía a $45.097 por m²,

redondeado a $45.000 para efectos de cálculo, suma que fue

aplicada específicamente al inmueble en la página 29 del mismo

documento, circunstancia que se corrobora con los apartes del avalúo

oficial que se insertan a continuación:

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Lo anterior pone de manifiesto que no le asiste razón a la parte

apelante, al sostener que el Tribunal incurrió en apreciaciones

contradictorias o ajenas al material probatorio, al desestimar el

cuestionamiento formulado contra el avalúo que sirvió de base a la

expropiación, pues de la confrontación entre el avalúo oficial núm.

2018-1602 y el dictamen elaborado por AZIMUT 3D SAS se advierte

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que este último estructuró su estimación a partir de todos los predios

que integran la UGU núm. 4 del Plan Parcial Tres Quebradas, cuya

extensión total es de 351.635,27 m², y no desde la individualización

autónoma del predio expropiado, mientras que el avalúo oficial

identificó singularmente el inmueble, fijó su área en 1.565,97 m² y

determinó el valor del suelo mediante la depuración concreta de

afectaciones, cesiones y cargas urbanísticas, hasta arribar a un valor

de $45.097 por m², redondeado a $45.000, con sustento en el

Decreto 438 de 2009 y en la metodología prevista en la Resolución

620 de 2008.

En efecto, lo que se advierte es que el avalúo oficial tomó en

consideración la reglamentación del Plan Parcial Tres Quebradas,

acudió a la técnica residual y desarrolló el ejercicio con base en los

parámetros del Decreto 438 de 2009, particularmente, los atinentes

a cargas urbanísticas, cesiones, afectaciones y costos constructivos.

De lo expuesto, la Sala concluye que la inconformidad alegada por el

apelante no tiene vocación de prosperidad, toda vez que la diferencia

entre uno y otro ejercicio valuatorio no radica únicamente en el

resultado numérico alcanzado, sino en que el avalúo allegado por la

parte actora no desvirtuó, en los términos advertidos por la sentencia

de primera instancia y por el acervo probatorio obrante en el

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expediente, la valoración singularizada contenida en el avalúo oficial,

habida cuenta de que aquel partió de una estimación general de la

UGU núm. 4, depuró el valor del suelo mediante la sustracción

concreta de cargas, cesiones y afectaciones aplicables al predio

objeto de expropiación, razón por la cual no se acreditó el yerro

atribuido al valor unitario fijado en la actuación administrativa.

De otro lado, la parte recurrente sostuvo que la sentencia de primer

grado desconoció que en las pruebas allegadas se habían adjuntado

valores de referencia de la manzana catastral tomados de Mapas

Bogotá, que oscilaban entre $550.000 y $700.000 por metro

cuadrado, elementos que, en su criterio, el Tribunal no tuvo en

cuenta al desestimar el cargo.

Frente al particular, resulta oportuno precisar que la providencia de

primera instancia descartó ese reproche, al señalar que no era

suficiente afirmar que otros predios del sector habían sido valorados

en más de $500.000 por m², habida cuenta que el propio material

allegado por la actora no confrontaba técnicamente ese dato con el

avalúo oficial del inmueble expropiado ni individualizaba el predio

dentro de la unidad UGU núm. 4 y se apoyaba en valores generales

de referencia, más no en una prueba individualizada que derrotara el

soporte técnico del avalúo oficial.

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Al respecto, la Sala observa que no le asiste razón a la parte

recurrente en ese reproche, pues el Tribunal acertó al concluir que

no se desvirtuó técnicamente el valor oficial de $45.000 por metro

cuadrado, en tanto ni el avalúo particular elaborado por la ingeniera

Estefanía Rodríguez Silva ni los valores de referencia obtenidos de

Mapas Bogotá constituían, por sí solos, elementos demostrativos

suficientes para infirmar la valoración contenida en el Avalúo núm.

2018-1602, dado que aquellos no recaían sobre el mismo objeto de

valoración ni respondían a una metodología estrictamente

homogénea frente al estudio oficial, de manera que la sola existencia

de referencias superiores dentro de la manzana catastral o de una

estimación privada más alta no permitía concluir, sin una

confrontación técnica específica y suficiente, que el avalúo oficial

hubiera incurrido en error o que el precio indemnizatorio fijado por

la administración resultara contrario a derecho, de suerte que la sola

coincidencia en la localización geográfica no bastaba para predicar su

comparabilidad.

Sumado a lo anterior, cabe resaltar que el avalúo oficial fue

elaborado en 2018, mientras que no se precisó la fecha de consulta

de la información obtenida de Mapas Bogotá ni los criterios

empleados para su búsqueda, circunstancia que impide verificar su

pertinencia temporal y metodológica frente al estudio oficial.

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En consecuencia, la Sala concluye que los elementos probatorios

invocados por la parte recurrente no resultan idóneos ni suficientes

para desvirtuar la validez técnica del Avalúo Comercial núm. 2018-

1602 ni para demostrar que el valor oficial de $45.000 por metro

cuadrado hubiera sido fijado con desconocimiento de la normativa

aplicable o con afectación del justo precio, pues ni el avalúo particular

ni los valores de referencia obtenidos de Mapas Bogotá ofrecían

condiciones de homogeneidad objetiva, temporal y metodológica que

permitieran erigirse en parámetro válido de contraste frente al avalúo

oficial.

Por lo tanto, la Sala considera que el avalúo realizado por la ingeniera

Estefanía Rodríguez Silva, evidencia que el mismo está desprovisto

de la suficiente fundamentación fáctica y probatoria que permita

corroborar la corrección y certeza de sus dichos, esto es, que respalde

los valores señalados en el mismo para obtener el valor del inmueble,

objeto de expropiación. Además, el referido avalúo tampoco dio

cuenta de las razones de orden fáctico y probatorio que permitan

descartar los valores de los precios indemnizatorios del bien

expropiado, o que demuestren el error en el que incurrió la

Administración al fijar el monto específico establecido en el avalúo

oficial y que fue acogido en la resolución demandada.

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Dicho avalúo se limitó a señalar de forma autónoma un nuevo y

mayor valor comercial para el bien expropiado, así como sobre el

lucro cesante, pero no estuvo encaminado a desvirtuar el resultado

al que llegó la UAECD, en el avalúo oficial, esto es, el avalúo núm.

2018-1602.

Lo anterior, debido a que en este avalúo no se incluyeron argumentos

que permitieran determinar si el avalúo oficial, que sirvió de

fundamento a las resoluciones acusadas, si se realizó de forma

contraria a la ley, o si incurrió en yerros que propiciaron un valor de

precio comercial del predio que no se ajustaba a la realidad, ni

mencionó de qué modo éste incurrió en fallas o pasó por alto algún

parámetro legal, por lo cual, este cargo no tiene vocación de

prosperidad.

Frente a este asunto, cabe mencionar que la Sección Primera en

sentencia de 14 de septiembre de 202030, señaló que se debe

convencer al juez del error en el que ha incurrido la Administración

al fijar un monto específico para la indemnización.

. Sobre el cuestionamiento formulado frente al método

30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
septiembre de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 05001-2331-000-2007-
00419-01.

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valuatorio

La parte recurrente afirmó que había explicado concretamente el

yerro en el método valuatorio utilizado en el avalúo oficial,

específicamente en el método residual y para el efecto precisó que el

defecto consistió en no haber considerado otros proyectos de igual

impacto y en haber tomado una muestra muy pequeña de proyectos

en desarrollo para la época, lo que, a su juicio, habría reducido el

valor de indemnización y el reconocimiento por metro cuadrado, lo

cual, estaba expuesto tanto en el escrito de demanda como en el

avalúo aportado.

Examinado el escrito introductorio, la Sala observa que la parte

actora sí incorporó un reproche concreto frente al método valuatorio

empleado en el avalúo oficial, particularmente en relación con la

aplicación del método residual; no obstante, dicho cuestionamiento

fue articulado en la demanda con el mismo grado de especificidad

con el que luego se desarrolló en sede de apelación.

En efecto, dentro del tercer cargo planteado en la demanda, la actora

sostuvo que en el análisis residual no se contempló el máximo de

edificabilidad permitida ni el mejor uso del predio, que faltó el análisis

de las implantaciones arquitectónicas que soportaran técnicamente

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ese ejercicio, que no se precisó la participación del inmueble en la

totalidad de la UGU núm. 4, que no existía un análisis integral de

dicha unidad frente al resto del plan parcial y que, aunque el avalúo

desarrolló formalmente la técnica residual prevista en el marco

normativo del IGAC, el estudio no abordó el bien de manera integral,

holística y objetiva, sino segmentada; adicionalmente, alegó que la

entidad no explicó suficientemente la escogencia de los métodos

empleados ni la forma en que fueron aplicados, inclusive en lo

relativo al método de mercado y a la discriminación de los

componentes necesarios para la aplicación del método residual.

En consonancia con lo anterior, la Sala no advierte que en la

demanda se hubiera formulado, en términos expresos, el

planteamiento según el cual el error del método residual hubiese

consistido en no considerar otros proyectos de igual impacto, ni que

se hubiese manifestado de manera puntual que la muestra utilizada

hubiere sido reducida o seleccionada convenientemente para

disminuir el valor del metro cuadrado y, por esa vía, el valor

indemnizatorio. Así, aunque entre la demanda y la apelación existe

una clara correspondencia temática en cuanto ambas controvierten

la suficiencia técnica del método residual y su incidencia en la

determinación del precio indemnizatorio, no puede afirmarse una

identidad plena entre uno y otro planteamiento, pues el reparo

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expuesto en la alzada comporta un nivel adicional de concreción

argumentativa que no aparece desarrollado de forma expresa en el

libelo demandatorio, por lo que la Sala considera que constituye un

nuevo cargo contra los actos acusados que no fue alegado en la

demanda.

Para la Sala la indicación de nuevos cargos contra los actos

administrativos acusados en el recurso de apelación resulta a todas

luces improcedente, no solamente por extemporáneos, en la medida

en que el escenario procesal previsto para su proposición es en la

demanda o su adición, sino también porque su examen en esta

instancia comportaría una vulneración del derecho de defensa de la

parte demandada y desconocería el deber del juez de garantizar la

igualdad de las partes dentro del proceso.

Así lo ha sostenido esta Sección en varios pronunciamientos, entre

ellos, la sentencia de 31 de mayo de 201831, en la que se señaló:

“[…] la Sala debe puntualizar que los motivos de inconformidad
de la parte apelante involucran normas que no fueron invocadas
en la demanda como violadas, pues las indicadas en ésta se
circunscribieron a los artículos 29 y 58 de la Constitución Política
y 66 de la Ley 388.
A este respecto conviene poner de presente que la
invocación de nuevas normas en esta instancia significa,

31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de
mayo de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 25000-23-40-000-
2008-00074-02.

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ni más ni menos, la formulación de nuevos cargos contra
los actos acusados, lo cual resulta a todas luces
improcedente, no solamente por extemporáneos, pues el
momento procesal es en la demanda o su adición, sino en razón
a que de acometer su estudio se estaría violando el derecho de
defensa de la parte demandada en el proceso y el deber del juez
de hacer efectiva la igualdad de las partes en el mismo.
Por consiguiente, la Sala solo se referirá a los cuestionamientos
que formula el recurrente con base en los artículos 29 y 58 de la
Constitución Política y 66 de la Ley 388, y no así a los artículos
187, 252 del C de PC, ni al cargo de falsa motivación. […]”
(Destacado fuera de texto).

Asimismo, en posterior pronunciamiento, esto es, en sentencia de 8

de octubre de 202032, esta Sección consideró que el ad quem no

puede abordar materias o cuestiones que se plantean en la apelación,

que no hacen parte del concepto de violación del libelo, ni de lo que

la sentencia de primera instancia estudió, pues es su deber

salvaguardar los derechos fundamentales al debido proceso y de

defensa de la contraparte en el proceso, en los siguientes términos:

“[…] El Consejo de Estado ha considerado que en los procesos
ordinarios el recurso de apelación tiene límites, toda vez que
debe guardar correspondencia con el petitum de la demanda, los
fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentan, los
argumentos de oposición a la misma y las consideraciones que
sirven de sustento al a quo para fundamentar la sentencia. Sobre
el particular, esta Sección precisó:

“[…] Esta Sala de decisión se limitará a conocer solamente de
los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso,
pues los mismos, en el caso de apelante único, definen el marco
de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia. […] Sobre
el particular, esta Sección en diversas oportunidades ha puesto
de presente que “[…] el juez de la segunda instancia está sujeto,

32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de octubre
de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 85001-23-33-000-2017-00135-
01.

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al decidir la apelación, a los planteamientos expuestos en el
recurso de alzada sin que esté facultado para pronunciarse sobre
aspectos o puntos de la sentencia de primera instancia que no
fueron objeto de impugnación. Igualmente ha reiterado que
no puede abordar materias o cuestiones que se plantean
en la apelación, pero que no hacen parte del concepto de
violación del libelo, ni que la sentencia de primera
instancia estudió” […] La Sala reitera que en virtud de los
principios de lealtad procesal, contradicción y de defensa
y la congruencia que debe existir entre el recurso, la
sentencia censurada, el concepto de violación de la
demanda y los argumentos expuestos en la contestación
de la misma, imponen que al apelante le esté vedado
exponer en el recurso de apelación hechos, cargos y
presentar pretensiones nuevas que no alegó ni en la
demanda ni en la contestación. Si lo hiciere, el ad quem
no puede abordar el estudio de estos nuevos reproches,
pues es su deber salvaguardar los derechos
fundamentales al debido proceso y de defensa de la
contraparte en el proceso […]”. (Resaltado fuera de
texto).

Es oportuno reiterar que el recurso de apelación tiene como
finalidad controvertir las decisiones proferidas, en primera
instancia, es decir, su contenido y análisis jurídico y probatorio,
para que el superior funcional las revoque, modifique o adicione;
en esa medida, no es un instrumento para incluir cargos
nuevos en contra del acto administrativo acusado porque
ello desconocería los principios de lealtad procesal,
contradicción, defensa y congruencia que debe existir entre el
recurso y la sentencia apelada. […]” (Destacado fuera de texto).

En consecuencia, la Sala no puede hacer pronunciamiento de fondo

alguno sobre este cargo, habida cuenta que solo fue invocado como

argumento de defensa en el recurso de apelación; proceder de

manera contraria quebrantaría el equilibrio procesal y la igualdad de

las partes, pues la parte demandada no habría tenido la posibilidad

de controvertir y desvirtuar los nuevos argumentos, en tanto no

fueron planteados en la demanda.

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. Sobre el cuestionamiento formulado frente a la
proyección hacia futuro y los usos establecidos

La parte apelante adujo que el Tribunal erró al afirmar que el avalúo

particular no precisaba los valores proyectados a futuro, porque,

según la apelación, ese avalúo privado sí señaló con precisión los

errores en la proyección de valores futuros y explicó que ello incidió

significativamente en el valor reconocido por metro cuadrado, incluso

en un 400% en el escenario más conservador.

Sobre este asunto, el fallador de primera instancia afirmó que, aun

cuando la actora aportó un avalúo particular, no precisó con exactitud

cuáles fueron los valores futuros empleados en ese dictamen para la

determinación del precio por metro cuadrado ni cuáles de ellos

habrían sido omitidos por el avalúo oficial, de modo que la

inconsistencia alegada no quedó debidamente sustentada con el

propio documento que, en principio, debía constituir el principal

soporte técnico de su argumentación, esto es, el avalúo particular

allegado con la demanda.

Al respecto, la Sala conviene en mencionar que de conformidad con

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lo previsto en el artículo 2 del Decreto 1420 de 199833, el valor

comercial de un inmueble corresponde al precio más favorable por el

cual este sería comercializado en un mercado en el que comprador y

vendedor actúan en condiciones de libertad, con pleno conocimiento

de las características físicas y jurídicas que inciden sobre el bien.

Desde esa perspectiva, y considerando que el parágrafo 2 del artículo

13 del Decreto 1420 de 199834 establece que el plazo previsto para

la elaboración de los avalúos es de treinta días hábiles, por lo que los

valores determinados en desarrollo del encargo valuatorio

encomendado por el IDU a la UAECD debían fijarse con referencia a

un momento cierto y determinado, esto es, con base en las

condiciones reales del mercado existentes al tiempo de la valoración,

sin que resultara técnica ni jurídicamente procedente incorporar

proyecciones o márgenes de incertidumbre asociados a valores

futuros que no fueran verificables de manera directa en el mercado

inmobiliario.

33
“[…] Artículo 2.- Se entiende por valor comercial de un inmueble el precio más favorable por el cual
éste se transaría en un mercado donde el comprador y el vendedor actuarían libremente, con el
conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien […]”.

34
“[…] Artículo 13.- La solicitud de realización de los avalúos de que trata el presente Decreto deberá
presentarse por la entidad interesada en forma escrita, firmada por el representante legal o su delegado
legalmente autorizado, señalando el motivo del avalúo y entregando a la entidad encargada los
siguientes documentos:
(…)
Parágrafo 2.- El plazo para la realización de los avalúos objeto del presente Decreto es máximo de
treinta (30) días hábiles, salvo las excepciones legales, los cuales se contarán a partir del día siguiente
al recibo de la solicitud con toda la información y documentos establecidos en el presente Artículo […]”.

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Para la Sala, ciertamente, los aspectos futuros de posible desarrollo

de la zona de un predio no pueden ser tenidos en cuenta al momento

de realizar un avalúo, pues para elaborar el avalúo y determinar el

valor del bien inmueble objeto de expropiación administrativa, la

autoridad debe tener en cuenta la reglamentación urbanística

municipal vigente y no puede incorporar meras expectativas

sino hechos ciertos y verificables, tal y como lo ha sostenido esta

Sección en varios pronunciamientos, entre ellos, la sentencia de 25

de febrero de 202135.

En este orden de ideas, la Sala considera que como el avalúo

aportado por la parte actora no desvirtúa la presunción de legalidad

que cobija al avalúo comercial, que sirvió de fundamento al IDU para

la determinación del precio de oferta, a pesar de que era deber de

los interesados probar ante la Jurisdicción Contencioso

Administrativa, que la decisión en ella contenida no se ajustó a la

Ley, razón por la cual debe tenerse como válido, creíble y

debidamente fundamentado, el avalúo oficial que sirvió de sustento

al citado acto administrativo demandado.

. Sobre el cuestionamiento formulado frente al precio

35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de
febrero de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2012-
00483-01.

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justo de indemnización

La parte actora manifestó en el recurso de alzada que el precio

indemnizatorio debía ser justo y que, conforme a la jurisprudencia

de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema contenida en las

providencias C-1074 de 2002, C-476 de 2007, C-227 de 2011 y C-

750 de 2015, la adquisición estatal no podía traducirse en un precio

que afectara los intereses económicos del particular y, bajo ese

entendimiento afirmó que el procedimiento de expropiación de su

inmueble había lesionado gravemente sus intereses y los de otros

propietarios ubicados en el mismo ámbito urbanístico.

Frente al particular, la Sala encuentra que la sentencia de primera

instancia se ocupó de ese cuestionamiento concluyendo que no se

evidenciaba que el avalúo oficial hubiera reconocido valores errados

o que afectaran el justo precio, pues estimó que las actuaciones

adelantadas por el IDU para la determinación del precio del bien

expropiado se ajustaron a derecho y que la parte actora no logró

desvirtuar, con los medios de convicción aportados, el soporte

técnico del avalúo oficial.

En primer lugar, la Sala encuentra que esa conclusión se acompasa

con el contenido del Avalúo Oficial núm. 2018-1602, en el cual la

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entidad valuadora individualizó de manera expresa el predio objeto

de adquisición, fijó su área en 1.565,97 m², desarrolló la

reglamentación urbanística aplicable con fundamento en el Decreto

438 de 2009, explicó la procedencia de la técnica residual con apoyo

en la Resolución 620 de 2008 del IGAC y estructuró el valor del suelo

a partir de la depuración de cargas urbanísticas, cesiones y

afectaciones, hasta establecer un valor de $45.097 por metro

cuadrado, aproximado a $45.000 para efectos de la liquidación, suma

que fue aplicada específicamente al inmueble objeto de expropiación.

De ahí, que no es cierto, como lo alegó la parte apelante, que el

precio indemnizatorio hubiera sido fijado de manera arbitraria o con

desconocimiento de los parámetros constitucionales y legales que

gobiernan la expropiación administrativa, pues el valor reconocido se

sustentó en un avalúo oficial debidamente motivado, elaborado con

apoyo en la normativa técnica aplicable y referido de manera

específica al inmueble expropiado, sin que la parte actora hubiera

acreditado, con prueba idónea y suficiente, error técnico,

metodológico o jurídico capaz de desvirtuar su validez; en

consecuencia, no se advierte vulneración del estándar de

indemnización justa invocado en el recurso, por lo que el reparo no

está llamado a prosperar.

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Cabe mencionar que la única prueba idónea para desvirtuar el valor

consignado en el acto administrativo de expropiación habría sido un

dictamen pericial practicado sobre el mismo inmueble, objeto del

presente proceso, elaborado con observancia de los requisitos legales

y metodológicos exigidos, y de manera individualizada sobre el

predio objeto de expropiación.

En consecuencia, el material probatorio allegado por la parte actora

no permite establecer, con el grado de certeza exigido en sede

judicial, que el avalúo oficial hubiera incurrido en errores técnicos o

metodológicos al determinar el valor comercial del inmueble de la

parte demandante, ni desvirtuar, por esa vía, la presunción de

legalidad y acierto técnico que ampara el estudio valuatorio que sirvió

de fundamento al precio indemnizatorio fijado en los actos

administrativos demandados.

Al respecto, en la sentencia de 3 de mayo de 201836 de esta

Corporación, se precisó lo siguiente:

36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta En Descongestión,
sentencia de 3 de mayo de 2018, C.P. Alberto Yepes Barreiro, núm. único de radicación 05001-23-31-
00- 2007-00495-01.
Criterio reiterado en sentencia de 12 de febrero de 2026 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación: 05001-23-33-000-2013-
00559-01).

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“[…] Por tanto, las pruebas que según la parte
demandante no fueron tenidas en cuenta, por no ser
avalúos respecto del predio objeto del presente
proceso, ni un dictamen pericial sometido a las reglas
que rigen la materia, no tienen la entidad suficiente
para demostrar que el avalúo practicado por la
Corporación Avalúos Asesor Desarrollo Urbano fijó un
precio injusto.

De lo expuesto, esta Sala concluye que, ante la ausencia
de dictamen pericial en el proceso, las demás pruebas
no permiten establecer el valor del bien inmueble
expropiado y, por ende, no se demostró que aquel
tenido en cuenta por el municipio de Medellín para
calcular la indemnización fue errado. […]” (Destacado
fuera de texto).

Asimismo, precisó que el justo precio de la indemnización

expropiatoria se encuentra amparado por la presunción de legalidad

del acto administrativo que lo acoge; lo que significa que el avalúo

técnico brinda soporte legal y fáctico al acto administrativo que

ordena la expropiación, por lo que deberá ser desvirtuado a través

de los medios de prueba establecidos en el ordenamiento jurídico.

Así, discurrió la Sala:

“[…] Al respecto, la Sala reitera que la carga de atacar la
presunción de legalidad y veracidad de que goza el avalúo
utilizado por la administración recae sobre el demandante.
Para lo cual, no será suficiente señalar y atacar los
métodos que se utilizaron, sino que se debe convencer
al juez del error en el que ha incurrido la
Administración al fijar un monto específico para la
indemnización.

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Esta Corporación ya se ha pronunciado en repetidas
ocasiones, en el sentido de establecer que el justo precio
de la indemnización expropiatoria se encuentra
amparado por la presunción de legalidad del acto
administrativo que lo acoge; lo que significa que el
avalúo técnico brinda soporte legal y fáctico al acto
administrativo que ordena la expropiación, por lo que
deberá ser desvirtuado a través de los medios de
prueba establecidos en el ordenamiento jurídico.

“Por esa misma razón ha de concluirse que el actor tampoco
logró desvirtuar la presunción de legalidad que cobija los
actos administrativos demandados que acogieron ese
justiprecio, pues al no obrar en el expediente ningún medio
de prueba que permita demostrar que el avalúo fijado por la
administración fuese incorrecto, no hay ninguna razón para
decretar la nulidad parcial deprecada por el actor en lo
relativo al precio indemnizatorio.” 37[…]” (Destacado fuera de
texto).

En tal sentido, para la Sala, es claro que, en este caso, correspondía

a la parte demandante probar que el valor comercial del inmueble

calculado por la UAECD no estaba ajustado a los parámetros y

criterios dispuestos en el Decreto 1420 y que, por tanto, no

indemnizaba de manera justa y plena los perjuicios causados con la

expropiación, en cuanto al valor del inmueble se refiere.

Así las cosas, el avalúo aportado con la demanda no presenta ningún

razonamiento que soporte la determinación del justiprecio que

permita desvirtuar el precio indemnizatorio fijado por la entidad

demandada mediante avalúo oficial. En este punto, la Sala recuerda

37
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 14 de mayo
de 2009. Radicación: 05001-23-31-000-2005-03509-01. Magistrado Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont
Pianeta. Actor: Walter de Jesús Osorio Ciro.

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89

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2021-00192-01
Actora: ELSA PRIETO LASERNA

que, en reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha sostenido que

el justo precio de la indemnización expropiatoria se encuentra

amparado por la presunción de legalidad, ello considerando que el

avalúo técnico brinda soporte legal y fáctico al acto administrativo

que ordena la expropiación, razón por la cual debe ser desvirtuado a

través de los diferentes medios de prueba establecidos en el

ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió en el caso sub-lite.

Por consiguiente, la Sala considera que la parte actora no logró

desvirtuar la presunción de legalidad que cobija el acto acusado, con

el avalúo practicado por la UAECD.

. Sobre el cuestionamiento formulado frente al presunto
conflicto de interés

Al respecto, la parte recurrente sostuvo que sí se había desvirtuado

la presunción de legalidad del acto demandado, porque en el proceso

se acreditaron vicios de legalidad que la afectaron patrimonialmente.

Además, por cuanto en la demanda, se había cuestionado, de un

lado, la irregularidad del avalúo que soportó el acto administrativo y,

de otro, la existencia de un conflicto de interés que habría viciado la

voluntad administrativa y también insistió en que la desviación de

poder alegada sí fue probada.

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90

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2021-00192-01
Actora: ELSA PRIETO LASERNA

En efecto, planteó que existió un conflicto de interés en la elaboración

del avalúo, porque, el mismo se vio permeado por el interés de un

accionista directo del IDU que tendría interés en adquirir los predios

a bajos valores, razón por la cual, a su juicio, debió cambiarse el

avaluador y que dicha situación fue denunciada ante autoridades

penales y que, para la fecha de presentación de la demanda ya

existían imputaciones penales contra personas vinculadas a los

avalúos del plan parcial, tanto del IDU como de la UAEDC.

En primer lugar, en cuanto al nuevo argumento traído a colación por

la parte actora en el recurso de apelación, relacionado con la

desviación de poder, la Sala estima que no es dable traer a colación

argumentos nuevos que no fueron esgrimidos en el escrito contentivo

de la demanda, por lo que se relevará de realizar dicho estudio, por

cuanto se trata de un planteamiento nuevo que no fue formulado en

el escrito de demanda ni integró, en consecuencia, el marco del litigio

sometido a consideración del juez de primera instancia. En efecto, el

recurso de apelación no constituye la oportunidad procesal para

adicionar, modificar o replantear las causales de nulidad inicialmente

invocadas, sino el mecanismo a través del cual se controvierten las

razones de la decisión recurrida a partir de los cargos y fundamentos

oportunamente propuestos en la demanda.

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91

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2021-00192-01
Actora: ELSA PRIETO LASERNA

Bajo ese entendido, la Sala concluye que no hay lugar a emitir

pronunciamiento de fondo respecto del argumento de desviación de

poder invocado por la recurrente en el recurso de apelación, por

tratarse de un planteamiento nuevo y extemporáneo, ajeno al marco

de la demanda y, por ende, no es susceptible de estudio en esta

instancia, pues proceder en sentido contrario supondría alterar el

equilibrio procesal y quebrantar el derecho de defensa de la parte

demandada, razón por la cual la Sala se relevará de su examen, en

los términos ya explicados.

Ahora bien, en relación con el cuestionamiento formulado frente al

presunto conflicto de interés, la Sala advierte que la parte actora no

allegó siquiera prueba sumaria que respaldara su afirmación ni

aportó copia de las denuncias a las que hizo alusión en el recurso,

aunque sostuvo que, para la fecha de presentación de la demanda,

existían imputaciones penales contra personas vinculadas a los

avalúos del plan parcial, tanto del IDU como de la UAECD, omitió

identificar las radicaciones de los respectivos procesos, precisar las

personas presuntamente vinculadas a dichas actuaciones e indicar,

con algún grado mínimo de concreción, el estado procesal de tales

investigaciones. Antes bien, de su propio dicho se desprende que se

trataría de actuaciones penales aún en curso, respecto de las cuales

no se había proferido una decisión de fondo.

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Actora: ELSA PRIETO LASERNA

En ese contexto, la Sala concluye que tales manifestaciones carecen

de entidad probatoria suficiente para desvirtuar la presunción de

legalidad del acto administrativo acusado o para acreditar, por sí

solas, el vicio que se les atribuye, máxime cuando no fueron

acompañadas de elementos objetivos de verificación y a ello se suma

que, aun en el evento de existir investigaciones o actuaciones

penales en trámite, ello no determina automáticamente la ilegalidad

de los actos administrativos demandados, habida cuenta de la

autonomía e independencia que existe entre el juicio de

responsabilidad penal y el control de legalidad que corresponde

ejercer a esta jurisdicción sobre los actos de la administración.

Aunado a lo anterior, es menester precisar que aun al margen de la

insuficiencia probatoria del cargo, tampoco se advierte fundamento

jurídico para sostener que la UAECD carecía de competencia para

elaborar el avalúo cuestionado. En efecto, el artículo 23 38 de la Ley

38
“[…] ARTÍCULO 23. Avaluadores y metodología de avalúo. El avalúo comercial para la
adquisición o expropiación de los inmuebles requeridos para proyectos de infraestructura de transporte
será realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o la autoridad catastral
correspondiente o las personas naturales o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por
las Lonjas de Propiedad Raíz.
El avalúo comercial, de ser procedente, incluirá el valor de las indemnizaciones o compensaciones que
fuera del caso realizar por afectar el patrimonio de los particulares.
Para la adquisición o expropiación de inmuebles requeridos en proyectos de infraestructura de
transporte, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) tendrá como función adoptar las normas,
métodos, parámetros, criterios y procedimientos que deben aplicarse en la elaboración de los avalúos
comerciales y su actualización. Cuando las circunstancias lo indiquen, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC) introducirá las modificaciones que resulten necesarias.
Las normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos establecidos y/o modificados por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) son de obligatorio y estricto cumplimiento para los
avaluadores, propietarios y responsables de la gestión predial en proyectos de infraestructura de
transporte.

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93

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2021-00192-01
Actora: ELSA PRIETO LASERNA

1682 de 2013 dispone que el avalúo comercial podrá ser realizado

por el IGAC, por la autoridad catastral correspondiente o por

personas naturales o jurídicas de carácter privado registradas y

autorizadas por las lonjas de propiedad raíz.

Por su parte, el literal “e” del artículo 6339, del Acuerdo 257 de 30 de

noviembre de 200640, expedido por el Concejo de Bogotá, además

de definir la naturaleza y objeto de la UAECD, incorpora dentro de

sus funciones básicas la realización de avalúos comerciales para

organismos y entidades distritales, así como para empresas del

sector privado que lo soliciten y, a su vez, el Decreto Distrital núm.

583 de 15 de diciembre de 201141, vigente para la época en que se

adelantó el proceso de expropiación administrativo 42, reglamentó

dicha competencia, la cual fue mantenida en el Decreto núm. 645 de

PARÁGRAFO. El retardo injustificado en los avalúos realizados es causal de mala conducta sancionable
disciplinariamente, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pueda incurrir el avaluador
[…]”.
39
“[…] Artículo 63. Naturaleza jurídica, objeto y funciones básicas de la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital. La Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital, estará organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital del Sector
Descentralizado por servicios, de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería
jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría
Distrital de Hacienda.
Tiene por objeto responder por la recopilación e integración de la información georreferenciada de la
propiedad inmueble del Distrito Capital en sus aspectos físico, jurídico y económico, que contribuya a
la planeación económica, social y territorial del Distrito Capital.
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital tiene las siguientes funciones básicas:
e. Elaborar avalúos comerciales a organismos o entidades distritales y a empresas del sector
privado que lo soliciten […]” (Destacado fuera de texto).
40
Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los
organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones
41
“Por medio del cual se reglamenta la prestación del servicio de avalúos comerciales de inmuebles, de
que trata el literal e) del artículo 63 del Acuerdo 257 de 2006”.
42
El citado Acuerdo fue derogado por el Decreto núm. 645 de 22 de diciembre de 2025, “Por medio del
cual se expide el Decreto Único del Sector Hacienda”.

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94

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2021-00192-01
Actora: ELSA PRIETO LASERNA

22 de diciembre de 2025, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá

D.C.

En ese entendido, es claro que no existe ningún tipo de impedimento

para que la UAECD realizara el avalúo censurado al ser dicha

entidad, de conformidad con la normativa expuesta en líneas

anteriores, la autoridad catastral técnica competente para

determinar el valor comercial de los inmuebles en el Distrito

Capital43.

Por ello, la sola circunstancia de que el avalúo hubiera sido emitido

por la UAECD, a solicitud del IDU y dentro del ámbito de sus

funciones legales y reglamentarias, no permite inferir, por sí misma,

la configuración de un conflicto de interés ni la afectación de la

imparcialidad del ejercicio valuatorio.

En consecuencia, la Sala concluye que no se acreditó el presunto

conflicto de interés alegado por la parte actora, ni desde el punto de

vista probatorio ni desde la perspectiva jurídica de la competencia de

la entidad que emitió el avalúo, razón por la cual habrá de

confirmarse la decisión de primera instancia en cuanto desestimó

43
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de
febrero de 2026. Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Núm. único de radicación: 25000-
23-41-000-2016-01133-01.

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95

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2021-00192-01
Actora: ELSA PRIETO LASERNA

este reproche.

Lo anterior, sin perder de vista que el avalúo comercial del inmueble

constituye el soporte técnico esencial para la determinación del

precio indemnizatorio que se consigna en el acto administrativo de

oferta de compra y en la resolución que dispone la expropiación. Una

vez dicho valor es incorporado en el acto administrativo, opera en su

favor la presunción de legalidad.

De igual forma, cabe resaltar que el referido avalúo no aportó

elementos probatorios, que permitieran constatar la veracidad de las

cifras expuestas, la necesaria relación de causalidad que debe existir

ente la suma cuyo reconocimiento se procura y la medida

expropiatoria, que conduzca a demostrar la corrección del justiprecio

que se hace en este avalúo y que entraña, obviamente, la incorreción

del avalúo oficial.

Asimismo, se debe reiterar que una vez dicho valor es incorporado

en el acto administrativo, opera en su favor la presunción de

legalidad, razón por la cual, cuando el administrado pretende

controvertirlo en sede judicial, le corresponde asumir la carga de la

prueba, demostrando, mediante elementos técnicos idóneos, que el

avalúo oficial adolece de errores, se aparta de las normas técnicas

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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2021-00192-01
Actora: ELSA PRIETO LASERNA

que regulan la actividad valuatoria, y no refleja el valor comercial

real del bien objeto de expropiación.

De manera, que la mera discrepancia subjetiva del expropiado frente

al valor asignado al inmueble, así como la aportación de elementos

probatorios desprovistos de sustento técnico suficiente, no resultan

idóneos para desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo oficial

que sirve de fundamento al precio indemnizatorio, ni para aducir que

la fijación del valor indemnizatorio por parte de la administración era

muy bajo, como ocurrió en este caso.

En este orden de ideas, habida cuenta que la parte actora no

demostró en el proceso que el avalúo oficial era equivocado e

incorrecto, ni acreditó la corrección del justiprecio presentado en el

avalúo realizado por la ingeniera Estefanía Rodríguez Silva de la

empresa AZIMUT 3D S.A.S., debe tenerse como válido, creíble y

debidamente fundamentado, el avalúo oficial que sirve de sustento a

las Resoluciones acusadas.

Al respecto, se debe destacar que esta Sección ha sostenido que al

haber sido incorporado el avalúo comercial al acto administrativo,

este goza de presunción de legalidad y debe tenerse como válido,

creíble y fundamentado, por lo que corresponde a quien recurre, en

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97

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2021-00192-01
Actora: ELSA PRIETO LASERNA

este caso, a la parte demandante, demostrar en el proceso que el

avalúo oficial es equivocado, acreditando precisamente sus

incorreciones. Sobre el particular, la Sala en sentencia de 15 de

agosto de 201944 indicó:

“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha sostenido
que el precio establecido en los actos acusados se encuentra
amparado por la presunción de legalidad y de certeza de las
decisiones de la administración, y que la misma debe ser
desvirtuada a través de los diferentes medios de prueba
establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió
en el sub-lite.

Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al
analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de fundamento
para la determinación del monto de una indemnización
expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al
haberse incorporado dicho valor en el texto de los
actos administrativos demandados, debe entenderse
que el mismo se encuentra amparado por la misma
presunción de legalidad y de certeza que se predica de
las decisiones de la administración, lo cual admite
desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en
el proceso que el avalúo oficial es equivocado,
demostrando precisamente su incorrección”45.

Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección46 sostuvo
que “todo lo anterior conduce a la Sala a considerar que
debe tenerse como válido, creíble y fundamentado, el
avalúo que sirvió de base a las decisiones enjuiciadas,
sin que el mismo pueda ser objeto de modificación
dado que la actora, quien tenía la carga probatoria de
desvirtuarlo, no lo hizo”.

44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto
de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25-000-23-24-000-2011-
00196-01.
45
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de mayo de 2009, expediente 2005 03509.
C.P: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
46
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 17 de marzo de 2011 y 31 de mayo de 2018,
expedientes 2005 00273 y 2008 0074. C.P: María Elizabeth García González. Ver entre otras sentencias
la 31 de mayo de 2018, expediente 2008 0074.

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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2021-00192-01
Actora: ELSA PRIETO LASERNA

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y
como lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no
logró demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual
el Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio de
la indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no
desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo
demandado, que lo incorporó […]” (Destacado fuera de
texto).

Adicionalmente, es del caso traer a colación la sentencia de 19 de

abril de 202147, en la que la Sala sostuvo que se presume la legalidad

del acto administrativo que incorporó el avalúo oficial, y que por ello

la parte demandante debe aportar las pruebas para demostrar los

errores de este; y que no es de recibo que los argumentos que

sustentan la incorrección del avalúo oficial, que sustentaron la

expedición de los actos administrativos acusados, sean que al ser

mayor el precio del avalúo comercial determinado en el avalúo

contratado por la parte demandante, ello resulte suficiente para

decretar la nulidad de los actos administrativos acusados. Así

discurrió la Sección, en la citada providencia:

“[...]
No obstante, lo anterior, al haberse incorporado dicho
valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las decisiones
de la administración, lo cual admite desde luego prueba en
contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga
de demostrar en el proceso que el avalúo oficial es

47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril
de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2009-00232-
01.

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99

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2021-00192-01
Actora: ELSA PRIETO LASERNA

equivocado, demostrando precisamente su
incorrección […].” (la Sala destaca) […]”49
48

74. Así las cosas, no es de recibo para esta Sala que los
argumentos que sustentan la incorrección del avalúo
realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., y
que sustentó la expedición de los actos
administrativos acusados, sea que no se indicó los
inmuebles con los cuales se realizó la comparación y
que al ser mayor el precio del avalúo comercial
determinado en los avalúos contratados por el
demandante, ello resulte suficiente para decretar la
nulidad parcial de estos [...].” (Destacado fuera de texto).

Así las cosas, la Sala considera que los argumentos de la alzada no

están llamados a prosperar, en tanto no desvirtúan la presunción de

legalidad del proceso expropiatorio y del acto administrativo acusado,

razón por la que se confirmará la sentencia recurrida, como en efecto

se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

DE LAS COSTAS

De conformidad con lo previsto en el artículo 18850 del CPACA en

armonía con el numeral 8 del artículo 365 del CGP51, esto es, en

48
Consejo de Estado. Sección primera. Sentencia de 14 de mayo de 2009, Expediente No. 2005-03509-
01. Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
49
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia Margoth
Peña Garzón; sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de
radicación:08001233100019971225601.
50
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
51
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.

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100

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2021-00192-01
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aplicación de un criterio objetivo valorativo52, la Sala condenará a la

actora en los términos del numeral 3 del artículo 36553 ibidem, al

pago de las costas en esta instancia.

Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la

totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del

proceso54 y por las agencias en derecho55”, de manera que le

corresponde a esta Sala, producto de la comprobación de la gestión

útil de la parte vencedora, fijar el valor de las costas en el

componente de agencias en derecho al verificarse en esta instancia

la intervención de la parte demandada y del llamado en garantía a

través de apoderado judicial. Frente a las expensas y los gastos del

52
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe
que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y, valorativo,
en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación. Esto
indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre probada y atendiendo
al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de condenar en costas de manera
total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo autoriza la ley o porque no aparecen
comprobadas.
53
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.
54
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
55
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los
criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

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101

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2021-00192-01
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proceso, su fijación se sujetará a la liquidación56 que realice el

secretario de esta Corporación y según la comprobación de que se

incurrieron en estos.

Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del

artículo 366 del CGP57, se fijan como agencias en derecho, la suma

de 1 SMLMV a favor del IDU y la UAECD. Lo anterior, de

conformidad con las tarifas establecidas en el artículo 5°58 del

Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 201659, expedido por el

Consejo Superior de la Judicatura, según la naturaleza del proceso,

la calidad y duración de la gestión realizada por la parte vencedora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

56
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de esta
Corporación, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366 ibidem.
57
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de
obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o
la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.
58
“[…] ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. PROCESOS DECLARATIVOS
EN GENERAL. […] En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V. […]”
59
Atendiendo a que el proceso se presentó ante el Tribunal a quo el 1o. de marzo de 2021 y la entidad
demandada y la llamada en garantía participaron en esta instancia según se aprecia en los índices
00006 y 00007 del expediente digital SAMAI.

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102

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2021-00192-01
Actora: ELSA PRIETO LASERNA

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Condenar en costas, en esta instancia, a la parte

demandante y en favor del IDU y la UAECD, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de 1 SMLMV al

momento de la ejecutoria de esta decisión, la cual deberá incluirse

en la liquidación de costas a pagar por la parte demandante.

CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al

Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de marzo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Aclara voto
Salva voto parcial

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Aclara voto

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103

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2021-00192-01
Actora: ELSA PRIETO LASERNA

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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