Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2021-00225-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2021-00225-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2021-00225-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
2 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2021-00225-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actora: FUNDACIÓN JUVENTUD SIN ATADURAS
TESIS: NO ESTÁ ACREDITADA LA AMENAZA O VULNERACIÓN DE
LOS DERECHOS COLETIVOS COMOQUIERA QUE LAS LICENCIAS DE
PARCELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN OTORGADAS NO AUTORIZAN LA
INTERVENCIÓN DEL CUERPO DE AGUA IDENTIFICADO EN LA ZONA
A URBANIZAR. NO HAY CARGA ARGUMENTATIVA RESPECTO DE LA
APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE PRECAUCIÓN Y PREVENCIÓN.
NO ES PROCEDENTE ESTUDIAR ARGUMENTOS EXPUESTOS EN LOS
ALEGATOS QUE RESULTEN AJENOS A LO MANIFESTADO EN LA
APELACIÓN, ASÍ COMO LAS PRUEBAS DECRETADAS EN SEGUNDA
INSTANCIA QUE NO SE RELACIONEN CON LA ALZADA.
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: GOCE
DE UN AMBIENTE SANO, AL GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO, LA
DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO Y LA EXISTENCIA DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO
RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES PARA GARANTIZAR SU
DESARROLLO SOSTENIBLE.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la
FUNDACIÓN JUVENTUD SIN ATADURAS1 contra la sentencia de
17 de marzo de 2023, proferida por la Sección Primera -Subsección
“A”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca2.
1
En adelante la Fundación.
2
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2021-00225-01
Actora: FUNDACIÓN JUVENTUD SIN ATADURAS
I.- ANTECEDENTES
I.1- La demanda
La FUNDACIÓN, en ejercicio de la acción popular prevista en el
artículo 88 de la Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de
5 de agosto de 19983, presentó demanda contra el MUNICIPIO DE
CHÍA4, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA5 y la sociedad AMARILO S.A.S.6, tendiente a que
se protegieran los derechos colectivos al goce de un ambiente sano,
al goce del espacio público, a la defensa del patrimonio público y a la
existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible.
I.2. Hechos
Afirmó que en la vereda Samaria del municipio de Chía hay un
humedal que pertenece al denominado Humedal Torca – Guaymaral-
3
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
4
En adelante el Municipio.
5
En adelante la CAR.
6
En adelante Amarilo.
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Río Bogotá, cuenca alta-media, donde habitan especies en vía de
extinción como la Tingua de pico Verde.
Sostuvo que el MUNICIPIO otorgó la licencia de construcción núm.
059/2020 a AMARILO para un proyecto de vivienda, con el que, a
su juicio, se pretende el taponamiento del humedal en comento y,
además, la constructora ha realizado tala de árboles en contravía de
los principios de conservación y preservación ambiental.
Manifestó que no hubo socialización de la licencia con los vecinos del
sector y se realizó un encerramiento que no respeta los límites del
predio, pues invade la vía pública, incumple los procedimientos
urbanísticos y genera un grave riesgo para la seguridad de los
transeúntes y ciclistas en la vía, que es de alto flujo vehicular.
Adujo que esos terrenos son agrológicos tipo II y III catalogados por
el IGAC para cultivo, cuyo uso de suelo fue cambiado en el POT para
autorizar su parcelación y urbanización.
Expuso que, a la fecha, no se conocen estudios morfológicos de la
CAR sobre el predio y no se tiene la definición conceptual del IGAC
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respecto del mapa hidrológico del sector, pues la última cartografía
general data del año 2011.
Indicó que Amarilo ha cometido actos deliberados contra la avifauna
de la zona con la presencia de perros cazadores en esos predios a fin
de disminuir la población de aves en el lugar, ha fumigado con
pesticidas en la ronda del humedal y ha removido tierra con
maquinaria pesada que ha impactado gravemente las poblaciones de
aves, mamíferos, microfauna acuática e insectos.
A su juicio, la Secretaría de Ambiente y la Oficina de Planeación
desconocieron el artículo 70 del POT vigente7 y el POMCA del río
Bogotá, al otorgar las licencias de parcelación y de construcción
núms. 001/2020 y 059/2020, aun cuando existen distintas
controversias y conflictos ambientales en el predio, omitiendo
requerir previamente a AMARILO un plan de manejo ambiental
conforme lo exige la ley.
Precisó que la construcción en esa zona inundable pone en grave
riesgo a los habitantes de la vereda Samaria, porque al desecar y
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Acuerdo 17 de 2000.
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rellenar este humedal se impide el flujo natural del agua y se
suspende la retención de aguas en el sitio, desviando el curso de los
flujos de agua hacia zonas anteriormente no inundables.
Refirió que el proyecto urbanístico promueve la venta de mala fe de
viviendas indignas expuestas a malos olores, dada su cercanía a las
lagunas de oxidación de la PTAR I del MUNICIPIO y al río Bogotá;
y que, sumado a ello, se trata de terrenos inestables donde la misma
constructora ha adelantado construcciones como los apartamentos
“Ensueños de Saucedal” del año 2016 que en este momento
presentan fallas estructurales.
I.3. Pretensiones
La parte actora solicitó, además del amparo de los derechos
colectivos invocados, lo siguiente:
“[…] Segundo. SE ORDENE a AMARILO S.A.S detener las obras que
afecten el cuerpo Hídrico Humedal Samaria en Chía Cundinamarca, de
la cual se realizó la Licencia de Construcción No. 059/2020 Otorgada
por el Municipio de Chía, se pretende el taponamiento del último
humedal en esta zona del Humedal Torca Guaymaral Río Bogotá
Cuenca alta, específicamente en los predios con identificación catastral
No.251750…708620…, 251750…70240 y 251750733420.
Tercero. SE ORDENE a la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca CAR expida resolución administrativa que pare las obras
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y suspenda las obras que pretenden el taponamiento del último
humedal en esta zona del Humedal Torca Guaymaral Río Bogotá
Cuenca alta, específicamente en los predios con identificación catastral
No. 251750…, 708620…, 251750…70240… y 251750…733420….
Cuarto. SE ORDENE a la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL o la entidad
que corresponda que inicie las gestiones para la conservación del
Humedal Torca Guaymaral Río Bogotá Cuenca alta, específicamente en
los predios con identificación catastral No. 251750…708620…,
251750…70240… y 251750…733420….
Quinto. SE ORDENE a la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL o a la entidad
que corresponda; que inicie las gestiones de todo orden, incluidas, las
técnicas y presupuestales, que realice sin dilación alguna, la
verificación documental de los requisitos para el otorgamiento de
licencias de construcción sobre el cuerpo hídrico […]”.
I.4. Defensa
I.4.1.- La CAR expuso que los bienes inmuebles mencionados no
han sido definidos como ecosistema de humedal y tampoco se
encuentran en un área de protección; por el contrario, dicha zona
está identificada en el POMCA de la Cuenca del Río Bogotá con
amenaza media por inundación.
Refirió que el permiso de aprovechamiento forestal de 118 árboles
se concedió teniendo en cuenta las condiciones ambientales del
sector y, además, a título de compensación, se le obligó a plantar
593 individuos en el predio a intervenir.
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Precisó que el lote donde se encuentra la fuente de agua no fue
objeto de autorización, sino que sobre el mismo se estaba realizando
la respectiva caracterización para determinar si es o no un
ecosistema de humedal.
Afirmó que ha dado cumplimiento a todas sus obligaciones y
funciones legales y constitucionales, por consiguiente, propuso como
excepción de “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
PASIVA”.
I.4.2.- El MUNICIPIO manifestó que con la licencia de construcción
otorgada no se pretende el taponamiento del Humedal Torca-
Guaymaral-Río Bogotá, cuenca media-alta, específicamente en los
predios indicados en la acción, puesto que, de acuerdo con las
especificaciones técnicas, se cumple con las áreas necesarias para
proteger tanto la biodiversidad de la zona, como el riesgo que se
plantea frente a las huellas de agua debido al desbordamiento del río
Bogotá, aspectos respecto de los cuales la constructora debe cumplir
compromisos consignados explícitamente en la Resolución y anexos
de la licencia de parcelación.
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Precisó que el manejo de las aguas residuales tiene relación con el
POT vigente y no con el proyecto; sin embargo, la constructora
cumplió con este requisito, pues aportó el contrato para la operación
de recolección, transporte, tratamiento y disposición de aguas
residuales domésticas, suscrito con Tecniguibar S.A.S., quien presta
ese servicio a través de Área Limpia Servicios Medioambientales
S.A.S. E.S.P., amparada en la licencia ambiental otorgada mediante
Resolución núm. 2578 de 28 de noviembre de 2008.
Adujo que si bien el proyecto comprende 4 etapas, solamente otorgó
licencia para la construcción de la Etapa I que está distanciada de la
zona de protección del río Bogotá, de los cuerpos de agua
identificados por la Secretaría de Ambiente y, en general, de las
zonas que se han generado e identificado en los diferentes informes
técnicos, por lo que no existe ningún tipo de afectación.
I.4.3.- La sociedad AMARILO aseguró no estar realizando ninguna
obra que afecte o tapone el cuerpo hídrico de la Hacienda Samaria,
máxime si la licencia fue aprobada para la construcción de una etapa
del Proyecto que no colinda con dicho cuerpo de agua, del cual
destacó que no se trata de un humedal, pues no cumple con las
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características ambientales y ecosistémicas para ello, tal y como lo
concluyó la CAR en informe técnico de junio de 2021.
Afirmó que las licencias urbanísticas fueron expedidas con arreglo a
la normativa vigente y a los procedimientos legales y reglamentarios
aplicables, por lo que gozan de presunción de legalidad, firmeza y
estabilidad jurídica.
Sostuvo que el cuerpo de agua presente en el predio Hacienda
Samaria es de origen antrópico, por lo que no es obligación
establecer rondas de protección, no obstante, estableció una ronda
de 30 metros.
Refirió que en los planos de la licencia el cuerpo hídrico fue
debidamente demarcado junto con su ronda y, por lo tanto, excluido
y protegido de cualquier desarrollo urbanístico.
Manifestó que la licencia de construcción núm. 2020 00147 de 12 de
noviembre de 2020 fue aprobada con sustento en la licencia de
parcelación, respetando igualmente las afectaciones ambientales
correspondientes al cuerpo hídrico y a su ronda.
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I.5. Pacto de cumplimiento
La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 21 de
septiembre de 2021, la cual se declaró fallida por ausencia de
fórmulas de acuerdo entre las partes.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal, en sentencia de 17 de marzo de 2023, negó las
pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:
Estableció que de acuerdo con el Informe Técnico DGOAT042 de 15
de junio de 2021, elaborado por la CAR y que fue objeto de
contradicción en la audiencia de pruebas, el cuerpo de agua materia
de análisis es artificial, no natural.
Consideró que las pruebas que obraban en el expediente
desvirtuaban que con la licencia otorgada por el MUNICIPIO se
pretendiera taponar el cuerpo de agua, pues al conceder ambas
licencias se fijaron una serie de recomendaciones y obligaciones
ambientales para la utilización del terreno por parte de la
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constructora; y, además, se acreditó que fueron socializadas con los
vecinos del terreno.
Indicó que para el aprovechamiento forestal, AMARILO realizó las
gestiones correspondientes para obtener el permiso por parte de la
CAR y había dado cumplimiento a las obligaciones impuestas, entre
ellas la presentación del Plan de Manejo de Avifauna.
Precisó que pese a estar pendiente la implementación de la medida
de compensación, pues no obra prueba de su cumplimiento, a la
autoridad ambiental le compete hacer el seguimiento que
corresponda.
Expuso que no había prueba que permitiera acreditar que AMARILO
atentara contra las aves que habitan en el cuerpo de agua artificial
Samaria 2, ni que fumigara con pesticidas.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
La FUNDACIÓN alegó que no fueron resueltas las pretensiones
formuladas en relación con el ente territorial, omitiendo aplicar los
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principios de prevención y precaución en los casos en que, como este,
se evidenció la modificación de los cuerpos de agua de la zona y “la
poca exigencia que tuvo el municipio de Chía a través de sus
administraciones en sostener estos biomas”.
Trajo a colación referentes jurisprudenciales respecto del alcance y
aplicación de los citados principios.
IV. – ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA
IV.1.- La FUNDACIÓN insistió en los daños irreversibles que, a su
juicio, ha generado AMARILO en el cuerpo de agua existente en la
zona donde se ejecuta el proyecto inmobiliario.
Destacó que ha presentado pruebas “…reales no meramente
formales de la intervención indiscriminada en este frágil ecosistema
detallando todo tipo de maniobras: desde cambio de uso del suelo y
pérdida de suelos agrícolas de protección, perros cazadores
introducidos directamente en el entorno del cuerpo de agua, tala de
cientos de árboles y desecación y relleno del humedal”.
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Aseguró que la evidencia aportada con la demanda no fue valorada
en primera instancia, aún cuando demuestra el proceder “ilegal” que
ha denunciado, máxime si “…se trata de pruebas tomadas
directamente en el sitio y las únicas que dan cuenta del desarrollo en
campo de la mencionada intervención. Registros audiovisuales que
no fueron desestimados por los demandados…”8 y, finalmente, realizó
el análisis detallado de cada una de ellas.
IV.2.- La sociedad AMARILO solicitó confirmar la decisión
impugnada porque, en su criterio, el análisis probatorio y su
motivación es congruente y ajustada a la verdad procesal que se
registró a lo largo del proceso.
Destacó que en el recurso no existe un reproche concreto frente a
las conclusiones arrojadas por el a quo que permitan identificar
posibles errores de juicio o de procedimiento en torno al problema
jurídico planteado en el proceso, por lo que el recurso de apelación
no cumple con el requisito formal de sustentación, de conformidad
con lo ordenado en los artículos 322 y 327 del Código General del
8
Índice SAMAI 00038, “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_20230010006109(.pdf)
NroActua 38”.
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Proceso en concordancia con lo dispuesto en el artículo 247 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo CPACA.
IV.3.- La CAR estimó que son acertadas las conclusiones a las que
arribó el Tribunal, esto es: i) las obras no ocupan la zona de ronda y
protección del río Bogotá y no causan daños ambientales al cuerpo
de agua artificial existente en los predios objeto de desarrollo
urbanístico; ii) el aprovechamiento forestal fue autorizado respecto
de árboles que no estaban ubicados en zona de reserva; iii) la
ausencia de prueba de la fumigación con pesticidas y actividades que
atenten contra las aves que habitan allí; y iv) el cumplimiento de sus
funciones.
Resaltó que en la alzada no se expusieron argumentos que
desvirtuen las razones del Tribunal para negar las pretensiones de la
demanda y, concretamente, sobre lo considerado frente al
cumplimiento de sus funciones.
IV.4. – El DISTRITO CAPITAL expuso que a lo largo del proceso se
demostró su falta de competencia en el presente asunto, puesto que
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no existe prueba alguna que evidencie una acción u omisión que le
sea imputable y que sea la causa de la vulneración de derechos
alegada.
Precisó que tanto en la demanda como en el recurso no se observa
que haya sido probado el riesgo o los daños ambientales que
conduzcan a la aplicación de los principios de precaución o
prevención, por consiguiente, solicitó confirmar el fallo cuestionado.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción popular
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política
y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19989, tiene como
finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando
estos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o
un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades
públicas o de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar
a la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo
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“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
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para la protección de sus derechos, como en efecto ocurre en este
asunto a raíz de la presunta afectación de un cuerpo de agua con
ocasión de un desarrollo urbanístico que involucra el
aprovechamiento forestal con repercusiones para especies en vía de
extinción que habitan esa zona.
Problemas jurídicos
De acuerdo con los argumentos expuestos por la apelante, a la Sala
corresponde determinar si está demostrada la vulneración o
amenaza de los derechos colectivos al goce del espacio público, a la
defensa del patrimonio público y a la existencia del equilibrio
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible y, en
consecuencia, si hay lugar a acceder a las pretensiones formuladas
en relación con el MUNICIPIO, en virtud de los principios de
precaución y prevención.
De la afectación de los derechos colectivos
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Con el fin de dilucidar la existencia o no de la vulneración y/o
amenaza para los derechos e intereses colectivos con ocasión del
desarrollo urbanístico llevado a cabo por AMARILO, la Sala traerá a
colación el material probatorio que se torna relevante, a saber:
a) Resolución núm. 5358 de 27 de noviembre de 201910.
b) Licencia de parcelación núm. 2020000009 de 20 de enero de
202011, dentro de la cual se dejan consignadas, entre otras, las
siguientes observaciones:
«[…] El proyecto da cumplimiento de la Resolución No. 0957 del 02
de abril de 2019 “por medio de la cual se aprueba el ajuste y la
actualización del Plan de Ordenación y manejo de la cuenca
Hidrográfica del río Bogotá y se dicta otras disposiciones” – POMCA.
[…].
. El proyecto deberá dar cumplimiento a recomendaciones realizadas
por la secretaría de medio ambiente mediante informe técnico SMDA
No. 265-19 RAD 20190010027604 […].
. Lo que corresponde a terrenos que tienen la condición de suelos de
protección no podrán tener un uso distinto a lo dispuesto en el Art.
10
“Por la cual se declara la viabilidad del proyecto radicado No 20199999917755 solicitud de Licencia
de Parcelación para los predios ubicados en el sector Samaria, denominados Lote P, Lote M, Canigo
Porción Z, Angostura y El Triángulo identificados con Cédula Catastral
No251750000000000073342/70240/70862/73344/70797/73341/00000000 y Folios de Matrícula
Inmobiliaria 50N304842/204841/204837/304840/212596/20281764 del Municipio de Chía y se
requiere el pago de obligaciones tributarias.
11
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exps1%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F06%2E%20DESPACHO%20DR%2E%20LAS
SO%2FA%C3%91O%202021%2FEXPEDIENTES%20CONSTITUCIONALES%2FACCION%20POPULAR%2FPRIMER
A%20INSTANCIA%2F25000234100020210022500, “23PRUEBAS.rar”, “PRUEBAS”, “10.1.17755-19”,
“20199999917755 EXP-PARTE 2.pdf”.
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211 del acuerdo 017 de 2000 y Resolución No. 0957 del 02 de abril
de 2019 […]».
Luego, en el acápite disposiciones generales, quedó establecido que:
“[…] PLANOS Y DOCUMENTOS
Que la Dirección de Urbanismo ha establecido que los Planos
Aprobados por la Dirección de Urbanismo bajo el PAR:0_/2020 que
contiene toda la información del proyecto para Vivienda en
condominio; tres juegos de planos que contienen: Planos
Arquitectónicos U-1de 2 a 2 de 2. […]”.
Los planos en mención son los siguientes:
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c) Licencia de Construcción núm. 202000147 de 12 de noviembre de
202012.
d) Informe Técnico DRSC núm. 1443 de 10 noviembre de 2020
Permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles aislados13.
12
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SO%2FA%C3%91O%202021%2FEXPEDIENTES%20CONSTITUCIONALES%2FACCION%20POPULAR%2FPRIMER
A%20INSTANCIA%2F25000234100020210022500, “
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Ídem, “31AmariloContestaAnexos.pdf”, fls. 244 a 265.
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e) Permiso de aprovechamiento núm. 09209100064 de 26 de
noviembre de 202014 .
f) En segunda instancia, la parte actora aportó los siguientes
documentos que fueron tenidos como pruebas por el Despacho
sustanciador en auto de 9 de junio de 2023: i) archivo titulado “Copia
de VID-20230411-WA0010.mp4” contentivo de un video que, según
la actora, fue realizado el 11 de abril de 2023 y documenta la
intervención directa de maquinaria pesada en el humedal y el
encerramiento ilegal que invade una vía pública y, por ende, expone
gravemente a los transeúntes a accidentes fatales o lesiones
personales, de lo cual también da cuenta las fotografías identificadas
como “IMG-20230408-WA0003.jpg”, “IMG-20230509-WA0014.jpg”
y “IMG-20230509-WA0016.jpg”; ii) archivos titulados “Copia de VID-
20230302-WA0032.mp4” y “Copia de VID-202300302-
WA0050.mp4” contentivos de videos que, según la recurrente,
fueron realizados el 2 de marzo de 2023 y documentan que
AMARILO no tiene PTAR en funcionamiento, por lo que las aguas
servidas se están disponiendo a cielo abierto y las aguas lluvias se
vierten a un canal municipal con una bomba manual de 3 pulgadas y
14
Ídem, folios 367 a 270.
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dos fotografías que se identifican como “IMG-20230302-
WA0031.jpg” y “IMG-20230302-WA0051.jpg” y; iii) archivo titulado
“Copia de VID-20230307-WA0014.mp4” contentivo de un video que,
según la demandante, fue realizado el 7 de marzo de 2023 y prueba
la presencia de perros ferales en el humedal, así como una imagen
de un cartel a través del cual la Alcaldía del Municipio de Chía advierte
a sus habitantes sobre la presencia 4 perros ferales en la zona
Samaria, en la ronda del río Bogotá, y enuncia algunas
recomendaciones de seguridad.
Del análisis y valoración de la información referida, especificamente
de lo advertido en el expediente administrativo que documenta el
trámite surtido para el otorgamiento de las licencias y los planos que
allí reposan, se observa que la zona delimitada para el desarrollo
urbanístico no se extiende hasta el cuerpo de agua existente en la
parte posterior del predio a urbanizar, y mucho menos autoriza una
intervención directa con graves repercusiones en su conservación,
concretamente, las presuntas acciones encaminadas al
“taponamiento de dicho humedal”, alegadas en la demanda.
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Ahora, la Sala advierte que la apelante manifestó que el Tribunal no
se pronunció frente a las pretensiones formuladas respecto del
Municipio, esto es:
“[…] Cuarto. SE ORDENE a la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL o la
entidad que corresponda; que inicie las gestiones para la conservación
del Humedal Torca Guaymaral Rio Bogotá Cuenca alta.,
específicamente en los predios con identificación catastral No.
251750000000000070862000000000,2517500000000000702400000
00000 y 251750000000000073342000000000.
Quinto. SE ORDENE a la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL o a la entidad
que corresponda; que inicie las gestiones de todo orden, incluidas, las
técnicas y presupuestales, que realice sin dilación alguna, la
verificación documental de los requisitos para el otorgamiento de
licencias de construcción sobre el cuerpo hídrico […]”.
Sobre dicho asunto, la Sala pone de manifiesto que, de conformidad
con lo expuesto, al no haberse acreditado el agravio de los derechos
colectivos que sirvió de sustento a esta acción popular, pues el
cuerpo de agua objeto de análisis no fue afectado por la construcción,
resultaba improcedente asumir el estudio atinente a la pertinencia de
ordenar las gestiones para la conservación del denominado “Humedal
Torca Guaymaral Río Bogotá” a la altura de los predios autorizados
por la autoridad urbanística para ejecutar el proyecto de
construcción, por lo que debía denegarse las pretensiones de la
demanda, como en efecto ocurrió.
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Por consiguiente, la presunta omisión alegada no constituye una
razón suficiente para invalidar la decisión de primera instancia, de
suerte que el cargo formulado en tal sentido no prospera.
Lo anterior, también se predica de la pretensión encaminada a que
se ordenen gestiones de tipo técnico y presupuestal para “[…] la
verificación documental de los requisitos para el otorgamiento de
licencias de construcción sobre el cuerpo hídrico […]”, pues dicha
actividad en realidad comporta el escrutinio y validación legal del
trámite que culminó con la expedición de la Licencia de Construcción
núm. 202000147 de 12 de noviembre de 2020, asunto
manifiestamente ajeno a la naturaleza propia de este medio de
control judicial.
Asimismo, la Sala destaca que en el recurso se echan de menos
argumentos dirigidos a desvirtuar los razonamientos del Tribunal
para desestimar las pretensiones, incluso, la apelante se limitó a
referir apartes jurisprudenciales acerca de la definición y alcance de
los principios de precaución y prevención en materia ambiental,
omitiendo realizar un análisis de estos de cara a su aplicación al caso
concreto, lo que impide que en esta oportunidad se efectúe un
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estudio de fondo respecto de tales argumentos, pues no hay
elementos de juicio suficientes que respalden la supuesta omisión15.
Por lo demás, la Sala pone de manifiesto que dentro del término de
ejecutoria del auto que admitió el recurso de apelación, la actora
allegó diversas pruebas, pero solo algunas de ellas fueron admitidas
en esta instancia16, las cuales no guardan relación directa con los
argumentos expuestos en el recurso de apelación, pero sí con lo
afirmado en los alegatos de conclusión referentes a: i) el cambio de
uso del suelo y pérdida de suelos agrícolas de protección; ii)
15
En sentencia de 11 de junio de 2020 (Expediente núm. 25000-23-24-000-2012-00078-01) esta
Sección desestimó el recurso de apelación interpuesto por una de las partes contra la sentencia de
primera instancia con argumentos similares a los aquí expuestos. En dicha oportunidad se indicó: “[…]
La Sala advierte que en el escrito de impugnación de la sentencia de primera instancia, la apoderada
judicial del M.A.D.R. replicó la contestación de la demanda que había presentado en el año 2012. Es
decir que el recurso de apelación no plantea un punto de derecho o una situación jurídica específica en
contra de los razonamientos en virtud de los cuales el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió
la presente controversia. Se reitera, el recurso de apelación no contiene ninguna razón que tienda a
desvirtuar la motivación de la sentencia de primera instancia o las órdenes que fueron dictadas en la
parte resolutiva de esta.
A voces de la Ley 1564 de 2012 -Código General del Proceso- (regulación aplicable por disposición
expresa de la Ley 472 de 1998) la finalidad del recurso de apelación consiste en que el superior
jerárquico examine la cuestión decidida en primera instancia, únicamente conforme a los reparos
concretos formulados por el recurrente, a efectos de que aquella sea revocada o reformada .
Así pues, el hecho consistente en haber reiterado un escrito homologo al presentado 8 años atrás
durante la oportunidad procesal de contestar la demanda de primera instancia, denota un claro
incumplimiento de las cargas procesales del M.A.D.R., dado que el contexto en el que se efectuaron
tales planteamientos cambió, y adicionalmente la cartera ministerial olvida su deber de contradecir
directamente la sentencia de primera instancia planteado en el artículo 322 del C.G.P.
Bajo esa lógica y en tanto los planteamientos formulados por la abogada en el recurso de apelación ya
fueron ventilados, discutidos y resueltos en el trámite de primera instancia, no existe ningún aspecto o
cuestión jurídica frente al cual la Sala deba emitir un pronunciamiento. En consecuencia, por sustracción
de materia , en lo que involucra al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -M.A.D.R.-, la Sala
procederá a confirmar la sentencia de primera instancia […]”.
16
En auto de 9 de junio de 2023, visible en el índice 14 del expediente digital obrante en SAMAI, el
Despacho sustanciador consideró que se reunía el requisito previsto en el numeral 3 de la norma ibidem;
ello, sin perjuicio de lo que decida la Sala al efectuar la valoración probatoria de conformidad con las
reglas de la sana crítica.
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presencia de perros cazadores introducidos directamente en el
entorno del cuerpo de agua; iii) tala de cientos de árboles; y iv)
desecación y relleno del humedal.
Al respecto, la Sala precisa que la etapa de alegaciones no es la
oportunidad procesal para exponer cargos distintos a los
manifestados en el recurso, razón por la que se abstendrá de emitir
pronunciamiento alguno al respecto, así como de las pruebas
decretadas en esta instancia, pues estas respaldan lo argumentado
en los alegatos y no en el recurso de apelación.
En tal contexto, la Sala no encuentra mérito para acceder a las
pretensiones de la alzada y, en consecuencia, confirmará el fallo
apelado, y así nse dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 17 de marzo de 2023, de
acuerdo con las motivaciones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia.
SEGUNDO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión de la 2 de mayo de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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