Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2021-00254-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2021-00254-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 25000-23-41-000-2021-00254-01
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
1 de julio de 2021
ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO – Niega / INEXISTENCIA DE UN MANDATO IMPERATIVO E INOBJETABLE – En los términos exigidos por la parte accionante / NORMA SOBRE LA CUAL SE EXIGE EL CUMPLIMIENTO NO CONTIENE LA OBLIGACIÓN PRETENDIDA / FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA – Norma invocada señala las funciones para el control y vigilancia y las facultades en materia de prevención y sanción / APERTURA DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA, IMPOSICIÓN DE SANCIÓN A ENTIDAD BANCARIA Y DEVOLUCIÓN DE SUMAS COBRADAS DE MÁS APROBADAS EN LIQUIDACIÓN EN PROCESO EJECUTIVO - Obligación no se vislumbra de la norma que se pretende hacer cumplir / APERTURA DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA – Negativa de la Superintendencia al no encontrar irregularidades contra la entidad bancaria / SANCIÓN POR EL COBRO DE INTERESES EN EXCESO – Su pago es un obligación que está en cabeza de la entidad bancaria y no de la Superintendencia
En el presente caso, la parte actora pretende que la Superintendencia Financiera de Colombia cumpla los artículos 326 numeral 5º literal a) del Decreto 663 de 1993 y 72 de la Ley 45 de 1990, con el fin de que se le ordene que inicie investigación administrativa y sancione al Fondo Nacional del Ahorro, por lo que se le debe exigir que se le devuelva las sumas “cobradas de más por los intereses de usura aprobados en la liquidación” del Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá. Precisó en el escrito de impugnación que al ser la entidad accionada un ente técnico, está facultada para determinar si en la liquidación aprobada por el Juzgado Primero Civil del Circuito se sobrepasaron los límites del interés de usura “…entendiendo que se calcula un interés compuesto que lo une una variable UVR más un interés de mora del 24.0%, para así expedir la sanción administrativa y hacerla efectiva la devolución de los intereses cobrados de más, incluyendo la sanción en el juzgado de ejecución”, y que como puede constatarse en el proceso ejecutivo 11001-31-03-001-2003-00158-00 existe una liquidación ilegal del crédito ejecutado. Advierte la Sala que del contenido del artículo 326 numeral 5º literal a) se establecen las funciones para el control y vigilancia de la superintendencia accionada de manera general, señala las facultades que tiene el ente demandado en materia de prevención y sanción, entre las que está expedir las órdenes necesarias para suspender prácticas ilegales no autorizadas y se adopten medidas correctivas y de saneamiento siempre que se considere que alguna institución sometida a su vigilancia ha violado sus estatutos o alguna disposición de obligatoria observancia, circunstancias que no se encuentran acreditadas en el expediente, en razón a que la entidad en la contestación de la demanda adujo que no ha encontrado irregularidad alguna en contra del Fondo Nacional del Ahorro, que amerite la apertura de una investigación administrativa, lo que evidenció es que hay una discrepancia contractual entre el accionante y el ente financiero. En ese orden se observa que la inconformidad de la parte demandante surge de la decisión adoptada por la entidad accionada de no iniciar investigación administrativa en contra del Fondo Nacional del Ahorro, que a juicio del accionante impide que la superintendencia pueda controvertir la actuación de la autoridad judicial que en el proceso ejecutivo ordenó la liquidación del crédito y los intereses que se causaron, circunstancias que no encuadran con las funciones establecidas en el artículo 326, numeral 5º literal a). Ahora, el artículo 72 de la Ley 45 de 1990, prevé para las instituciones que se encuentran bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera que cuando se cobren intereses sobrepasen los límites fijados en la ley o por la autoridad monetaria, el deudor podrá solicitar la inmediata devolución de las sumas que haya cancelado por concepto de los respectivos intereses, es decir que la obligación no está en cabeza de la entidad accionada sino de la entidad financiera que este bajo vigilancia de ésta, en ese orden la norma no guarda relación con lo solicitado por el accionante de que se inicie una investigación y se sancione al Fondo Nacional del Ahorro, toda vez que esta disposición no contempla esta situación. En este contexto, se evidencia que lo perseguido por la parte actora de que la Superintendencia Financiera inicie investigación y sancione al Fondo Nacional del Ahorro por cobrar intereses de usura y que por ende se le exija que suspenda dicho cobro y devuelva las sumas cobradas de más por los intereses aprobados en la liquidación del Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso ejecutivo con radicado 11001-31-03-001-2003-00158-00, no corresponde con las normas invocadas con la demanda, pues los argumentos de las partes reflejan una controversia que no le corresponde a este juez constitucional dirimir.
Entonces, realmente no hay un mandato que sea exigible en los términos propuestos por el demandante.
FUENTE FORMAL: LEY 45 DE 1990 - ARTÍCULOS 72 / DECRETO 663 DE 1993 – ARTÍCULO 326 - NUMERAL 5 - LITERAL A
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., primero (1) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 25000-23-41-000-2021-00254-01(ACU)
Actor: JUAN CARLOS COLLAZOS VARGAS
Demandado: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Temas: Confirma decisión que niega pretensiones de la demanda, al no encontrarse mandato exigible.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo del 21 de abril de 2021, por el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, negó las pretensiones del medio de control de cumplimiento.
ANTECEDENTES
Solicitud de cumplimiento
Mediante escrito presentado el 12 de marzo de 2021, según “acta individual de reparto”, el señor Juan Carlos Collazos Vargas, actuando por medio de apoderada judicial, ejerció acción de cumplimiento contra la Superintendencia Financiera de Colombia, con el fin de obtener el acatamiento de los artículos 72 de la Ley 45 de 1990 y 326 numeral 5º, literal a) del Decreto Ley 663 de 1993.
2. Pretensiones
2. Advierte la Sala que el escrito de demanda, no tiene capítulo de pretensiones, no obstante, precisa el accionante que se dé plena aplicación a los artículos 72 de la Ley 45 de 1990 y 326 numeral 5º, literal a) del Decreto 663 de 1993, “…incumplidas por la superintendencia (sic) Financiera, en trámite de queja, derecho de petición, presentada el 7 de julio del 2020 en donde se aporta pruebas de actuaciones ilegales cometida por el Fondo Nacional del Ahorro en el dosier No. 11001-31-03-001-2003-00158-00 que se sigue actualmente en el Juzgado Primero (1º) de Ejecución de sentencias Civil (sic) del Circuito de Bogotá, el ente de control y vigilancia, encargada de su ejecución, se rehúsa hacer (sic) cumplir la ley”.
3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes hechos:
3. La parte actora el 6 de julio de 2020, elevó petición a la Superintendencia Financiera, en la que manifestó que en calidad de demandado en el proceso ejecutivo 11001-31-03-001-2003-00158-00, que se sigue en su contra en el Juzgado Primero de Ejecución Civil del Circuito de Bogotá, solicitó:
“…1. Verificados los hechos, conforme a las funciones y facultades otorgadas en el artículo 326 numeral 5, literal a del Decreto 663 de 1993, sírvase iniciar investigación y sancionar a Fondo Nacional del Ahorro por cobrar una obligación en UVR, cuando fue desembolsado en pesos, sin existir acuerdo de voluntades.
Verificados los hechos, conforme a las funciones y facultades otorgadas en el artículo 326 numeral 3 literal g del Decreto 663 de 1993 sírvase iniciar investigación sancionar y ordenar al Fondo Nacional del Ahorro, suspender el incremento de la tasa de interés, cuando la ley marco de vivienda no lo faculta.
Verificados los hechos, conforme al parágrafo del artículo 72 de la Ley 45 de 1990, sírvase iniciar la investigación, sancionar administrativamente y ordenar a Fondo Nacional del Ahorro devolver las sumas cobradas de más por los intereses de usura, como la sanción establecida en el ley (sic) de intermediación financiera, aprobados en la liquidación del juzgado Primero Civil del Circuito Bogotá (sic) radicación primero civil del circuito de Bogotá radicación No. 11001-31-03-001-2003-00158-00.
Verificados los hechos, conforme a la gravedad de los mismos, y si considera viable oficie (sic) a Fiscalía General de la Nación por los posibles delitos punibles cometidos en el trámite del proceso ejecutivo”.
4. El 10 de julio de 2020 la Superintendencia Financiera manifestó al actor que en relación con el reclamo contra el Fondo Nacional del Ahorro “…la comunicación se enviará a la entidad vigilada para que en un plazo de diez (10) días hábiles, (…) le suministre una respuesta completa, clara y adjuntando los soportes que sean del caso (…)”.
5. Por su parte el Fondo Nacional del Ahorro, mediante oficio que indica en el asunto que es en “Respuesta al radicado No. 2020156462-002-000”, informó al accionante que “…De esta manera la obligación se encontraba vigente al momento de expedirse la sentencia C-747 de 1999 de la Corte Constitucional y la Ley 546 de 1999, esto significa que al momento de suscribirse el contrato de mutuo, éste se efectúo con unas condiciones que eran legalmente permitidas; sin embargo, en el transcurso de la ejecución de dicho contrato se expidió la Ley 546 de 1999, la cual contiene normas de orden público y aplicación inmediata, tal y como lo puso de presente la Superintendencia Bancaria al Fondo cuando requirió a la entidad para que hiciera los ajustes correspondientes. De esta manera, a partir de la expedición de la Ley, no se podían mantener las condiciones inicialmente pactadas, sino que debían ajustarse a los nuevos preceptos legales (…) La obligación hipotecaria No. 79410255-04, no hace parte de la cartera del FNA, toda vez que el crédito fue cedido en el año 2015, y la cesión es reconocida por el Juzgado de conocimiento mediante auto del 11 de mayo de 2015. Así las cosas, el FNA no es parte dentro del proceso judicial que se adelanta y menos aún es acreedor de la citada obligación, por lo tanto y conforme lo adelantado dentro del proceso judicial No. 11001310300120030015801, que cursa en el Juzgado 1 de Ejecución Civil del Circuito, las peticiones pueden ser elevadas a quien se encuentre reconocido como cesionario en la actualidad, toda vez que FNA carece de facultades para actuar o tomar alguna decisión frente al mismo (…)”.
6. El accionante, el 29 de julio de 2020 radicó ante la Superintendencia Financiera “en calidad de demandado en el proceso ejecutivo 11001-3103-001-2003-00158-00, que se sigue actualmente en Juzgado (sic) Primero de Ejecución Civil del Circuito de Bogotá, encontrándome en términos me permito interponer RÉPLICA a la respuesta dada por el Fondo Nacional del Ahorro al derecho de petición, replica a las sandeces de respuesta dadas por el Fondo Nacional del Ahorro”, ratificó las peticiones iniciales de la queja del 8 de julio de 2020.
7. El Fondo Nacional del Ahorro, dio respuesta a la solicitud No. 02-2303-201610310686256 de la parte actora, en la que le informó que:
“…El Fondo Nacional del Ahorro realizó la respectiva gestión de cobranza sobre la obligación hipotecaria No. 7941025504, conforme matrices de riesgo, altura de mora y la etapa de cobranza en la que se encontraba la mencionada obligación y en virtud a ello se vio en la obligación de instaurar demanda ejecutiva hipotecaria para obtener el pago de la obligación adquirida, la cual le correspondió al Juzgado 1 Civil del Circuito de Bogotá con el radicado No. 2003.0158, para lo cual el FNA ha dado poder a la casa de cobranzas AECSA para que represente los intereses del FNA respecto al pago de la obligación hipotecaria indicada.
El FNA conoce cada una de las actuaciones acaecidas dentro del proceso jurídico que se adelanta contra el señor Juan Carlos Collazos Vargas, por tal motivo conoce del auto fecha el 15 de marzo de 2016.
Por tal motivo, todas y cada una de las actuaciones judiciales que se han producido dentro del proceso ejecutivo hipotecario mencionado son de conocimiento pleno del FNA y éste seguirá conociendo y actuando dentro del mismo a través de la casa de cobranzas AECSA.
Así las cosas, nos permitimos manifestarle que a través de la casa de cobranza se puso en conocimiento del Juez el estado de la obligación hipotecaria No. 7941025504 y nos encontramos a la espera que el juzgado nos requiera a fin de aclarar la situación y así el Fondo Nacional del Ahorro, pueda pronunciarse frente a la situación procesal acaecida dentro del proceso adelantado contra el cf. Juan Carlos Collazos Vargas respecto a la cesión del crédito (…)”.
8. El Fondo Nacional del Ahorro, en respuesta al radicado No. 2020156462-008-000, sin fecha, manifestó a la apoderada del accionante que:
“…Así las cosas, el legislador mediante la Ley 546 de 1999, dispuso como parámetros para el otorgamiento de estos créditos que los sistemas de amortización, utilizados a partir de la expedición de dicha ley tengan una tasa fija, no contemplen capitalización de intereses y no sanciones por prepago, norma considerada por la Corte Constitucional como de orden público en sentencia C-955 de 2000.
Ante la situación descrita, el Fondo Nacional del Ahorro, en cumplimiento de los parámetros de la Ley 546 de 1999 y de las instrucciones de la Superintendencia Bancaria, llevó a cabo los procesos de reliquidación y redenominación sobre los créditos vigentes, extrayendo el impacto de la capitalización de los intereses y adecuando su sistema de amortización a uno aprobado por la Superintendencia Bancaria, a través de la Circular No. 085 de 2000.
(…)
La redenominación fue entonces el mecanismo que permitió que el crédito de vivienda, pudiese ingresar al nuevo sistema especializado de financiación previsto en la Ley sin que la cuota le resultare demasiada alta. La anterior actuación administrativa, se efectuó con base en el régimen legal para crédito de vivienda a largo plazo, aplicable en lo que corresponde a esta entidad en desarrollo de su objeto, por lo cual, no es el particular en esta instancia el llamado a debatir tal adecuación; cuestión diferente, es que dicha manifestación de la entidad tenga repercusiones en una relación contractual surgida de un contrato de mutuo civil suscrito entre el afiliado y el FNA.
De la misma forma es preciso señalar que antes de entrar en vigencia la Ley de vivienda, se permitía la capitalización de intereses; es así que el estado de cuenta que se toma como base para la redenominación del crédito, el cual se anexa, no presenta irregularidades, tal como lo ha señalado la Superintendencia Financiera; razón por la cual el Fondo liquidará los créditos a partir del 31 de diciembre de 1999 con el saldo de capital que presentaban las obligaciones a esa fecha y en un sistemas de amortización debidamente aprobado por la Superintendencia Financiera, en este caso el sistema de amortización Cuota Decreciente mensualmente en UVR Cíclica por periodos anuales.
(…)
De acuerdo con lo anterior, se adjunta consulta de la página de la rama judicial en donde mediante pronunciamiento del 14 de febrero del 2019 se notifica que el Fondo Nacional del Ahorro ya no es parte en el proceso, por lo tanto las peticiones deben ser elevadas a quien se encuentre reconocido como cesionario, toda vez que el FNA carece de facultades para actuar o tomar decisiones frente al mismo, en consecuencia la información del nuevo acreedor es de conocimiento del demandado, toda vez que posterior al reconocimiento del cesionario, el demandado se pronunció frente al mismo y aún sigue actuando como parte (…)”.
9. El 9 de octubre de 2020, la parte demandante mediante derecho de petición, con radicado No. 2020156462-011-000, ante la Superintendencia Financiera, interpuso “réplica a la respuesta dada por el Fondo Nacional del Ahorro al derecho de petición presentado ante ustedes el pasado 2 de octubre”, en la que precisó “…Como se puede constatar los tres puntos descritos corresponden a violación a la normatividad financiera, ley de vivienda, sentencias de la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia, por parte de la entidad financiera y el hecho que el apoderado judicial de FNA, con artimañas haya inducido a fallar contrario a la ley, al Juzgado Primero Civil del Circuito no es óbice para que la superintendencia bancaria inicie la investigación administrativa, sancione y ordene devolver el mayor valor cobrado en el juzgado, además no es ningún impedimento para que la Fiscalía General de la Nación avoque conocimiento de los posibles delitos punibles cometidos en el dosier”.
10. La Superintendencia Financiera de Colombia en oficio con radicación 2020156462-015-000 del 27 de octubre de 2020, da “Respuesta Final” al actor en la que se le manifestó:
“…Nos referimos a la queja interpuesta por usted contra el FNA, radicada bajo el número de la referencia, mediante la cual manifiesta su inconformidad frente a la gestión realizada por la referida entidad.
Sobre el particular, le informamos que esta Superintendencia en su oportunidad adelantó las actuaciones administrativas correspondientes, para lo cual procedió a requerir a la entidad vigilada sobre el motivo generador de la queja, entidad que rindió las explicaciones pertinentes, cuyas copias se adjuntan para su conocimiento.
Así mismo, conviene recordar que tal y como se indicó en el oficio de acuso de recibo de su queja, la decisión que finalmente adopta esta Superintendencia no contempla la resolución de controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas con la ejecución y el cumplimiento de los deberes legales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, razón por la cual, necesariamente deberá acudir, mediante demanda debidamente presentada ante Autoridad Jurisdiccional Competente, si así lo considera, para que sean falladas en derecho y con carácter definitivo. (…)”.
11. La parte actora el 29 de octubre de 2020, elevó petición ante la Superintendencia Financiera, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, a la respuesta final del 27 de octubre de 2020.
12. El Fondo Nacional del Ahorro mediante oficio sin fecha que indica en el asunto “Requerimiento Superintendencia Financiera de Colombia. Rad. 2020263289-001-000 de fecha 30 de octubre de 2020, Código SF 151 Respuesta a Requerimiento CF-T, Afiliado: Juan Carlos Collazos Vargas – CC. 79410255, Rad. 02-2303-202011032515162”, informó a la apoderada del accionante que:
“…se reitera la información suministrada por el área de cobranzas y que consta en los archivos de la Entidad que, la obligación hipotecaria No. 79410255-04, no hace parte de la cartera del FNA, toda vez que el crédito fue cedido en el año 2015 y la cesión fue reconocida por el Juzgado de conocimiento mediante auto del 11 de mayo de 2015.
La figura jurídica de venta de créditos que opera mediante la cesión hace parte de los mecanismos de recuperación de cartera establecidos en el Manual del Sistema de Administración de Riesgo de Crédito SARC de la entidad, con la mencionada cesión de crédito, ocurre la transferencia del derecho de crédito, que surge como consecuencia de un acuerdo por el cual el derecho crediticio pasa del patrimonio del acreedor inicial (FNA – cedente) al de un nuevo acreedor (cesionario) sin que la obligación originaria se vea alterada. El extremo pasivo de la relación obligacional permanece inalterado (deudor cedido).
De acuerdo a lo anterior, actualmente el FNA no es parte dentro del proceso judicial que se adelanta y no funge como acreedor de la citada obligación, toda vez que reconocida la cesión, el FNA carece de facultades para actuar o tomar decisiones en el proceso, sin embargo, la entidad se encuentra a disposición de atender requerimientos judiciales a que haya lugar.
Ahora bien, en caso de que se haya presentado alguna irregularidad en el proceso de cesión o en el trámite del proceso ejecutivo, está deberá ser de conocimiento y competencia de las instancias pertinentes (…)”.
13. El 18 de noviembre de 2020, la apoderada judicial del accionante dirigió oficio a la Superintendencia Financiera, para manifestar “…encontrándome en términos me permito contestar la lacónica respuesta dada por el FNA – Araminta González Rodríguez a recurso de reposición y en subsidio de apelación, a la respuesta final del 27/10/20”.
14. La Superintendencia Financiera mediante oficio con radicación 2020263289-006-000 del 24 de noviembre de 2020, contestó al señor Collazos Vargas que:
“…Nos referimos a la queja interpuesta por usted contra el Fondo Nacional del Ahorro, radicada bajo el número de la referencia, mediante la cual manifiesta su inconformidad frente a la gestión realizada por la referida.
Sobre el particular, le informamos que esta Superintendencia en su oportunidad adelantó las actuaciones administrativas correspondientes, para lo cual procedió a requerir a la entidad vigilada sobre el motivo generador de la queja, entidad que rindió las explicaciones pertinentes, cuyas copias ad adjuntan para su conocimiento.
Así mismo, conviene recordar que tal y como se indicó en el oficio de acuso de recibo de su queja, la decisión que finalmente adopta esta Superintendencia no contempla la resolución de controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas con la ejecución y el cumplimiento de los deberes legales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del pública, razón por la cual, necesariamente deberá acudir, mediante demanda debidamente presentada ante autoridad jurisdiccional competente, si así lo considera, para que sean falladas en derecho y con carácter definitivo (…)”.
15. Por su parte el Fondo Nacional del Ahorro en oficio del 1º de diciembre de 2020, con asunto “Requerimiento Superintendencia Financiera de Colombia, Rad. SFC 2020278948-001-000 de fecha 20 de noviembre de 2020, Código SF 151 Respuesta a Requerimiento CF-T (…)”, reiteró la parte actora que “…no es parte del proceso judicial que se adelanta y menos aún es acreedor de la citada obligación, por lo tanto y conforme lo adelantado dentro del proceso judicial No. 11001310300120030015801 que cursa en el Juzgado 1 de Ejecución Civil del Circuito, las peticiones pueden ser elevadas a quien se encuentre reconocido como cesionario en la actualidad, toda vez que FNA carece de facultades para actuar o tomar alguna decisión frente al mismo (…).
16. El accionante el 9 de diciembre de 2020 dirigió escrito a la Superintendencia Financiera, con el fin de constituirla en renuencia para que diera cumplimiento a los artículos 72 de la Ley 45 de 1990 y 326 numeral 5º literal a) del Decreto 663 de 1993, solicitud que fue traslada al Fondo Nacional del Ahorro, entidad que respondió el 17 de diciembre de 2020, a la apoderada de la parte actora que “…la obligación hipotecaria No. 79410255-04 no hace parte de la cartera del FNA, toda vez que el crédito fue cedido en el año 2015 (…) así las cosas, el FNA no es parte dentro del proceso judicial que se adelanta (…)”.
17. El 28 de diciembre de 2020, la superintendencia accionada mediante oficio con radicación 2020296033-006-000, reiteró al señor Collazos Vargas que “…la decisión que finalmente adopta esta Superintendencia no contempla la resolución de controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas con la ejecución y el cumplimiento de los deberes legales que asuman con ocasión de la actividad financiera (…)”.
4. Actuaciones procesales relevantes
4.1. Admisión de la demanda
18. Con auto del 17 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, admitió la demanda y ordenó la notificación a la Superintendencia Financiera de Colombia y al Ministerio Público.
19. Así mismo tuvo como pruebas las aportadas con el escrito de demanda y reconoció personería a la apoderada del actor.
4.2. Contestación de la demanda
20. Mediante correo electrónico del 8 de abril de 2021, el apoderado judicial de la Superintendencia Financiera de Colombia, allegó escrito de contestación de la demanda, en la que se opuso a las pretensiones del actor por lo que solicitó que se negaran.
21. Precisó que la finalidad de la atención de las quejas que se presentan ante esta Superintendencia, es propiciar condiciones adecuadas de protección al consumidor financiero, por lo que aclaró que el trámite adelantado por esa entidad no contempla iniciar actuaciones en las que se intervenga directamente, para pronunciarse o dirimir conflictos de naturaleza contractual, señalar responsabilidades o declarar derechos, reembolsos, daños o perjuicios, toda vez que ello constituyen aspectos sobre los cuales carece de competencia y significaría decidir sobre asuntos de carácter particular que están por fuera del conocimiento y funciones administrativas atribuidas.
22. Indicó que en sede administrativa se encuentra facultada solo para ejercer las funciones contenidas por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Ley 964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010 modificado por el Decreto 1848 de 2016, Decreto 0710 de 2012, Decreto 1068 de 2015, modificado por el Decreto 2399 de 2019 y demás normas complementarias. En virtud de lo anterior, en los eventos en que se advirtiera que hay una discrepancia contractual o de otro tipo, se debe abstener de pronunciarse, puesto que la jurisprudencia le ha señalado y reiterado que todo aquello relacionado con la actividad contractual y las divergencias suscitadas en la ejecución de un contrato, son asuntos de los que conocen de manera privativa las autoridades jurisdiccionales, por lo que las quejas o reclamos presentados por los consumidores financieros en contra de las entidades vigiladas no son la vía jurídica correcta.
23. Resaltó que a la actora se le informó que no se encuentra facultada legalmente para reconocer o negar derechos, señalar responsabilidades, dirimir conflictos contractuales, ordenar el pago de indemnizaciones, disponer la realización de negociaciones, entre otros. Teniendo en cuenta lo expuesto, las quejas presentadas por el señor Juan Collazos Vargas, tienen que ver con la actuación del FNA dentro del proceso judicial -ejecutivo No 11001-3103001-2003-00158-00 que cursa en la actualidad en el Juzgado Primero de Ejecución Civil del Circuito de Bogotá, controversia en la cual la parte pasiva es el quejoso, circunstancia que escapa a su órbita funcional, sin olvidar que dado su carácter de entidad pública, solamente puede realizar aquellas funciones para las que ha sido expresamente facultada, conforme al artículo 121 de la Constitución Política.
24. Sostuvo que es evidente que la inconformidad del demandante tiene origen en las decisiones adoptadas en el curso de un proceso ejecutivo específicamente en lo que tiene que ver con la liquidación del crédito, la supuesta variación o desconocimiento unilateral de un acuerdo contractual y los intereses en ella incorporados, por tanto no le corresponde entrar a verificar o controvertir la actuación del Juez, por cuanto ello excedería sus funciones en el curso del trámite de queja.
25. Destacó que, para el caso que nos ocupa, dentro de las facultades administrativas señaladas en los Decretos 663 de 1993 y 2555 de 2010, modificado por el Decreto 2399 de 2019, la SFC no tiene a su cargo la atribución para intervenir respecto de las controversias derivadas del negocio jurídico celebrado entre las partes.
26. Adujo que a pesar que exista una queja en contra del proceder del FNA no por ese solo hecho debe asumirse que existe efectivamente un desconocimiento de las normas que rigen la actividad de la entidad vigilada y que por lo tanto debe ser sancionada, de allí que la presente acción cuya pretensión principal es la de aplicar una sanción en los términos del artículo 326 del EOSF, no es aplicable por la simple solicitud del quejoso si previamente no se ha verificado por parte del ente de control que existe mérito para la apertura de un trámite administrativo sancionatorio mediante la formulación de un pliego de cargos, siempre y cuando no exista caducidad de la facultad sancionatoria.
27. Indicó que descendiendo al caso, se tiene que el otorgamiento de la operación activa de crédito pactada inicialmente en pesos y luego redenominadas a UVR en virtud de la Ley 546 de 1999 como lo advierte el FNA en sus explicaciones y la modificación del sistema de pago a uno de los aprobados por la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera) y que el reclamante considera que son ilegales, y respecto de las cuales solicita se impongan las sanciones administrativas pertinentes y se ordene la devolución de los intereses de usura cobrados de más y aprobados por el Juzgado Primero de Ejecución Civil del Circuito de Bogotá, no podrían ser objeto de sanción pues sobre tales hechos operó el fenómeno de la caducidad.
28. Señaló que como lo expone el señor Collazos Vargas los hechos objeto de controversia, corresponden a los años comprendidos entre el 2003 (presentación de la demanda) y 2016 (último pago según las quejas) en tanto que la reclamación inicial fue presentada el 7 de julio de 2020, lo que permite establecer que para el primer evento (2003) trascurrieron más de diecisiete (17) años, y para el segundo de los eventos (2016) pasaron más de cuatro (4) años entre la materialización de los hechos y la presentación de la queja.
29. Manifestó que del contenido del artículo 72 de la Ley 45 de 1990 no se advierte un mandato imperativo e inobjetable de inminente cumplimiento, pues para que opere el reconocimiento de cobro en exceso no debe existir controversia contractual o judicial al respecto.
4.3. Fallo impugnado
30. En sentencia del 21 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la Superintendencia Financiera de Colombia, ha ajustado su conducta a las previsiones de las normas cuyo incumplimiento se invoca, porque no ha habido ningún reconocimiento por parte del Fondo Nacional del Ahorro sobre el cobro en exceso de intereses ni se acreditó la existencia de providencia judicial en tal sentido, que de lugar al surgimiento de la competencia prevista en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990; y frente al numeral 5º, literal a) del artículo 326 del Decreto 663 de 1993, adujo que no resultaba aplicable.
4.4. Impugnación
31. La parte actora, en escrito enviado por correo electrónico del 12 de mayo de 2021, impugnó la decisión del Tribunal y solicitó que se revocara, y en su lugar se accediera a las pretensiones de la demanda, ordenando que se inicie la investigación administrativa y se expida la sanción a que haya lugar.
32. Sostuvo que la sentencia impugnada en la parte motiva señala que la Superintendencia accionada no tiene competencia para iniciar un proceso sancionatorio a efectos a determinar el presunto cobro de intereses de en exceso, cuando en el proceso judicial existe providencia ejecutoriada. Al verificar el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en el artículo 326 funciones y facultades, ratificado en Ley 510 de 1999, Ley 795 del 2003, en su artículo tercero funciones de control y vigilancia literal d), precisa que debe darse trámite “…a las reclamaciones o quejas que se presenten contra instituciones vigiladas, por parte de quienes acrediten un interés jurídico, con el fin de establecer las responsabilidades administrativas del caso u ordenar las medidas que resulten pertinentes”.
33. Adujo que “…como se constata el legislador y la reglamentación de la norma de la SFC no define si el cobro de los intereses de usura se realiza en el mostrador del Banco o en el despacho judicial, el hecho que el juzgado 1 civil del circuito de Bogotá haya cumplido un ritual procesal no puede ser la patente de un delito como el de usura, al liquidar intereses de UVR+ Variable mensual interés Corriente, sin cuantificar la corrección monetaria, por la actualización de los intereses en UVR al día de corte de la liquidación”.
34. Señaló que es vergonzoso que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá, desconozca “…el testimonio técnico, la certificación aportada por la Superintendente (sic) bancario en el juzgado 35CC visto desde folio 39 al 48 de la queja inicial, allí se demuestra en forma técnica y sencilla el cálculo real de la corrección monetaria, causada por la actualización mensual de la UVR, procura un interés efectivo, producto de la multiplicación, que genera un resultado serio, que es diferente al que el Juzgado en forma amañada en la liquidación aprobada el 03/05/10 no cuantifica mensualmente la corrección monetaria, para Ad quo al tomar las cantidades de UVR adeudadas por el valor la UVR para el día de pago, es igual a cero, en otro léxico 2 X 3 = 0, o peor aún lo definido en el decreto 234 del 2000 que establece que el resultado de la multiplicación es igual al de una suma (2 X 3 = 5)”.
35. Resaltó que las cuatro peticiones formuladas en la queja son congruentes con lo reglamentado en la Circular 051 de 2000 de la Superbancaria, al ser la entidad accionada un ente técnico y facultado para determinar si en la liquidación aprobada por el Juzgado Primero Civil del Circuito se sobrepasaron los límites del interés de usura “…entendiendo que se calcula un interés compuesto que lo une una variable UVR más un interés de mora del 24.0%, para así expedir la sanción administrativa y hacerla efectiva la devolución de los intereses cobrados de más, incluyendo la sanción en el juzgado de ejecución”.
36. Manifestó que una de las modalidades en las que se expresa el poder sancionador del Estado es la potestad sancionatoria de las superintendencias, cuya concepción misma implica que su ejercicio “debe estar orientado a garantizar la materialización de los principios propios del Estado Social de Derecho, el respeto por los derechos y garantías fundamentales, y el logro de los fines esenciales del Estado que establece la Carta Política”.
37. Por último, precisó que “…frente a la recomendación del Magistrado a que se siga un proceso ante la jurisdicción administrativa, cuando precisamente lo perseguido con la queja es la expedición de la sanción administrativa, como subsidiariedad por no disponer de otros mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo cumplimiento de ley, al encontramos ante la presencia del remate de nuestros inmuebles que los pagamos 100% a la empresa R y R LTDA que encontramos involucrados en el proceso por el incumplimiento de la empresa al banco, lo que hace que nos hallemos en presencia de una situación gravosa o urgente, que desplaza el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un perjuicio irremediable, como es la pérdida de nuestra vivienda”.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
38. Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, de conformidad con lo establecido en los artículos 3º de la Ley 393 de 1997, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las “apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento”.
2. Problema jurídico a resolver en la presente acción de cumplimiento
39. Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia del 21 de abril de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A que negó las pretensiones de la acción de cumplimiento, para lo cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:
40. ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia de la Superintendencia Financiera de Colombia, de conformidad con lo previsto en el artículo 8º de la Ley 393 de 1997?
41. De ser afirmativa la respuesta ¿Hay lugar a ordenar a la autoridad accionada, el cumplimiento de los artículos 72 de la Ley 45 de 1990 y 326 numeral 5º, literal a) del Decreto Ley 663 de 1993 y por ende exigirle a la Superintendencia Financiera de Colombia que inicie investigación administrativa contra el Fondo Nacional del Ahorro, lo sancione y se le devuelva las sumas “cobradas de más por los intereses de usura aprobados en la liquidación” del Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá?
3. Razones jurídicas de la decisión
42. Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) naturaleza de la acción de cumplimiento; (ii) requisito de procedibilidad; y, (iii) análisis del caso concreto.
3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento
43. La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un mecanismo para que toda persona pueda "acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de 1997 precisa que "Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos".
44. Colombia es un Estado Social de Derecho y dentro de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2° de la Constitución Política), la acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.
45. De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, y ante el inminente incumplimiento la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.
46. Como lo señaló la Corte Constitucional “el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo” (Subraya fuera del texto).
47. Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley 393 de 1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes requisitos mínimos:
47.1. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art. 1º).
47.2. Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido la acción de cumplimiento.
47.3. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento (Art. 8º).
47.4. El artículo 8° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito “cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable”, caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.
47.5. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto, es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción de tutela o se pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración (Art. 9º).
3.2. De la renuencia
48. El inciso segundo del artículo 8° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el numeral 5° del artículo 10 ibídem, estableció como requisito de procedibilidad de esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de haber pedido a la entidad demandada en forma directa y con anterioridad al ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud. De esta manera quedará acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento.
49. Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar que constituyó en renuencia a la Superintendencia Financiera de Colombia, antes de instaurar la demanda.
50. En el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en cuenta, como lo ha señalado la Sala, que “el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento”.
51. Para cumplir con el requisito de renuencia la parte actora solicitó a la Superintendencia Financiera de Colombia mediante oficio del 9 de diciembre de 2020 que diera cumplimiento a los artículos 72 de la Ley 45 de 1990 y 326 numeral 5º literal a) del Decreto 663 de 1993.
52. La solicitud fue traslada de la Superintendencia al Fondo Nacional del Ahorro, entidad que respondió el 17 de diciembre de 2020, a la apoderada de la parte actora que “…la obligación hipotecaria No. 79410255-04 no hace parte de la cartera del FNA, toda vez que el crédito fue cedido en el año 2015 (…) así las cosas, el FNA no es parte dentro del proceso judicial que se adelanta (…)”.
53. El 28 de diciembre de 2020, la superintendencia accionada mediante oficio con radicación 2020296033-006-000, reiteró al señor Collazos Vargas que “…la decisión que finalmente adopta esta Superintendencia no contempla la resolución de controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas con la ejecución y el cumplimiento de los deberes legales que asuman con ocasión de la actividad financiera (…)”.
54. En consecuencia, se encuentra probado que la parte accionante sí constituyó en renuencia a la Superintendencia Financiera de Colombia respecto de los artículos 326 numeral 5º literal a) del Decreto Ley 663 de 1993 y 72 de la Ley 45 de 1990, normas que coinciden con las invocadas en la demanda.
3.3. De la procedencia de la acción de cumplimiento
55. Según lo previsto en el artículo 9° de la Ley 393 de 1997, esta acción no procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa judicial para hacer efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo que de no proceder el juez, se cause un perjuicio grave e inminente para el accionante.
56. Destaca la Sala que la parte demandante solicitó que en cumplimiento de los artículos 326 del Decreto Ley 663 de 1992 y 72 de la Ley 45 de 1990 se le ordene a la entidad accionada que inicie investigación administrativa contra el Fondo Nacional del Ahorro, lo sancione y le exija que le devuelva las sumas cobradas de más por los intereses de usura aprobados en la liquidación del Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá.
57. No se advierte que la parte actora cuente con otro medio de defensa judicial, para procurar por el cumplimiento del precepto que se pide acatar, consistente en que la Superintendencia accionada inicie investigación administrativa y sancione al Fondo Nacional del Ahorro; además las disposiciones son actualmente exigibles porque no están derogadas ni suspendidas y su cumplimiento, en principio, no implica el establecimiento de gasto.
58. Tampoco se evidencia que lo pretendido por el accionante involucre la protección de derechos fundamentales que puedan ser invocados vía acción de tutela, lo que torna procedente la acción de cumplimiento.
3.4. Análisis del caso concreto
3.4.1. Disposiciones que se pretenden cumplir
59. La parte actora pretende el cumplimiento de los artículos 326 numeral 5º literal a) del Decreto 663 de 1993 y 72 de la Ley 45 de 1990.
3.4.2. De la existencia de un mandato imperativo e inobjetable
60. La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante la autoridad judicial competente para hacer efectivo el acatamiento de una ley o de un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional.
61. Sin embargo, a través de esta acción no es posible ordenar que se ejecute toda clase de disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan como “deberes”. Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio, claro y directo a cargo de determinada autoridad, un deber “imperativo e inobjetable” en los términos de los artículos 5, 7, 15, 21 y 25 de la Ley 393 de 1997.
62. Ahora bien, el artículo 5º de la Ley 393 de 1997 señala que la presente acción se dirigirá contra la autoridad a la que corresponda el cumplimiento de la norma con fuerza material de ley o acto administrativo, es decir, impone al demandante la carga de establecer, tanto para la constitución en renuencia y la interposición de la demanda, la autoridad pública o el particular en ejercicio de funciones públicas que debe cumplir la norma.
63. Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio, claro y directo. Así, por ejemplo, si la norma consagra una facultad o su ejercicio es discrecional, no se cumplirá el requisito bajo estudio.
64. En el presente caso, la parte actora pretende que la Superintendencia Financiera de Colombia cumpla los artículos 326 numeral 5º literal a) del Decreto 663 de 1993 y 72 de la Ley 45 de 1990, con el fin de que se le ordene que inicie investigación administrativa y sancione al Fondo Nacional del Ahorro, por lo que se le debe exigir que se le devuelva las sumas “cobradas de más por los intereses de usura aprobados en la liquidación” del Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá.
65. Precisó en el escrito de impugnación que al ser la entidad accionada un ente técnico, está facultada para determinar si en la liquidación aprobada por el Juzgado Primero Civil del Circuito se sobrepasaron los límites del interés de usura “…entendiendo que se calcula un interés compuesto que lo une una variable UVR más un interés de mora del 24.0%, para así expedir la sanción administrativa y hacerla efectiva la devolución de los intereses cobrados de más, incluyendo la sanción en el juzgado de ejecución”, y que como puede constatarse en el proceso ejecutivo 11001-31-03-001-2003-00158-00 existe una liquidación ilegal del crédito ejecutado.
66. Advierte la Sala que del contenido del artículo 326 numeral 5º literal a) se establecen las funciones para el control y vigilancia de la superintendencia accionada de manera general, señala las facultades que tiene el ente demandado en materia de prevención y sanción, entre las que está expedir las órdenes necesarias para suspender prácticas ilegales no autorizadas y se adopten medidas correctivas y de saneamiento siempre que se considere que alguna institución sometida a su vigilancia ha violado sus estatutos o alguna disposición de obligatoria observancia, circunstancias que no se encuentran acreditadas en el expediente, en razón a que la entidad en la contestación de la demanda adujo que no ha encontrado irregularidad alguna en contra del Fondo Nacional del Ahorro, que amerite la apertura de una investigación administrativa, lo que evidenció es que hay una discrepancia contractual entre el accionante y el ente financiero.
67. En ese orden se observa que la inconformidad de la parte demandante surge de la decisión adoptada por la entidad accionada de no iniciar investigación administrativa en contra del Fondo Nacional del Ahorro, que a juicio del accionante impide que la superintendencia pueda controvertir la actuación de la autoridad judicial que en el proceso ejecutivo ordenó la liquidación del crédito y los intereses que se causaron, circunstancias que no encuadran con las funciones establecidas en el artículo 326, numeral 5º literal a).
68. Ahora, el artículo 72 de la Ley 45 de 1990, prevé para las instituciones que se encuentran bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera que cuando se cobren intereses sobrepasen los límites fijados en la ley o por la autoridad monetaria, el deudor podrá solicitar la inmediata devolución de las sumas que haya cancelado por concepto de los respectivos intereses, es decir que la obligación no está en cabeza de la entidad accionada sino de la entidad financiera que este bajo vigilancia de ésta, en ese orden la norma no guarda relación con lo solicitado por el accionante de que se inicie una investigación y se sancione al Fondo Nacional del Ahorro, toda vez que esta disposición no contempla esta situación.
69. En este contexto, se evidencia que lo perseguido por la parte actora de que la Superintendencia Financiera inicie investigación y sancione al Fondo Nacional del Ahorro por cobrar intereses de usura y que por ende se le exija que suspenda dicho cobro y devuelva las sumas cobradas de más por los intereses aprobados en la liquidación del Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso ejecutivo con radicado 11001-31-03-001-2003-00158-00, no corresponde con las normas invocadas con la demanda, pues los argumentos de las partes reflejan una controversia que no le corresponde a este juez constitucional dirimir.
70. Entonces, realmente no hay un mandato que sea exigible en los términos propuestos por el demandante.
3.5. Conclusión
71. En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de primera instancia, que negó la acción de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 21 de abril de 2021 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A que negó las pretensiones del medio de control de cumplimiento, conforme con las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
El señor Juan Carlos Collazos Vargas, otorgó poder especial a la abogada Diana Andrea Collazos Vargas, para que lo represente en la acción de cumplimiento de la referencia, conforme con el poder que adjunta con el escrito de demanda, según consta en la anotación No. 6 del aplicativo SAMAI.
“Por la cual se expiden normas en materia de intermediación financiera, se regula la actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se dictan otras disposiciones”.
"Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración"
Se aporta la comunicación del Fondo Nacional del Ahorro, pero no tiene fecha, precisa en el asunto “Respuesta al radicado No. 2020156462-002-000” y hace referencia a la petición radicada ante la Superintendencia Financiera.
El Oficio de respuesta del Fondo Nacional del Ahorro, no tiene fecha.
La sentencia del 21 de abril de 2021, fue notificada por correo electrónico del 7 de mayo de 2021, y el escrito de impugnación fue presentado el 12 de mayo de 2021; en ese orden de ideas, el recurso se radicó en tiempo, tal como obra en la respectiva constancia en el expediente digital.
“ARTÍCULO 3o. COMPETENCIA. <Ver Notas del Editor> De las acciones dirigidas al cumplimiento de normas con fuerza material de Ley o Acto Administrativo, conocerán en primera instancia los Jueces Administrativos con competencia en el domicilio del accionante. En segunda instancia será competente el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento al cual pertenezca el Juzgado Administrativo.
PARÁGRAFO. Las Acciones de Cumplimiento de que conozca el Consejo de Estado, serán resueltas por la sección o subsección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la cual haga parte el Consejero a quien corresponda en reparto. Su trámite se hará a través de la correspondiente Secretaría. El reparto se efectuará por el Presidente de la Corporación, entre todos los Magistrados que conforman la Sala de lo Contencioso Administrativo, en forma igualitaria.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Mientras entran en funcionamiento los Jueces Administrativos, la competencia en primera instancia se radicará en los Tribunales Contenciosos Administrativos y la segunda en el Consejo de Estado tratándose de acciones dirigidas al cumplimiento de un Acto Administrativo.”.
Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara.
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices.
Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, C.P. Mauricio Torres Cuervo.
“Decreto 663 de 1993
Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración.
(…)
ARTICULO 326. FUNCIONES Y FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. <Artículo sustituido por el artículo 2 del Decreto 2359 de 1993. El nuevo texto es el siguiente:> Para el ejercicio de los objetivos señalados en el artículo anterior, la Superintendencia Bancaria tendrá las funciones y facultades consagradas en los numerales siguientes sin perjuicio de las que por virtud de otras disposiciones legales le correspondan.
(…)
5. Facultades de prevención y sanción. La Superintendencia Bancaria tendrá las siguientes facultades de prevención y sanción:
a). Emitir las órdenes necesarias para que se suspendan de inmediato las prácticas ilegales, no autorizadas e inseguras y se adopten las correspondientes medidas correctivas y de saneamiento cuando la Superintendencia considere que alguna institución sometida a su vigilancia ha violado sus estatutos o alguna disposición de obligatoria observancia, o esté manejando sus negocios en formas no autorizada o insegura; (…)”.
“LEY 45 DE 1990
Por la cual se expiden normas en materia de intermediación financiera, se regula la actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se dictan otras disposiciones.
(…)
Artículo 72. Sanción por el cobro de intereses en exceso. Cuando se cobren intereses que sobrepasen los límites fijados en la ley o por la autoridad monetaria, el acreedor perderá todos los intereses cobrados en exceso, remuneratorios, moratorios o ambos, según se trate, aumentados en un monto igual. En tales casos, el deudor podrá solicitar la inmediata devolución de las sumas que haya cancelado por concepto de los respectivos intereses, más una suma igual al exceso, a título de sanción. Parágrafo. Sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, cuando se trate de entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, ésta velará porque las mismas cumplan con la obligación de entregar las sumas que de conformidad con el presente artículo deban devolverse. (…)”
Deber: Aquello a que está obligado el hombre por los preceptos religiosos o por las leyes naturales o positivas. (Diccionario de la Real Academia Española).
Radicado: 66001-23-33-000-2018-00513-01
Demandante: AMEN ANTONIO LUGO ORTEGA
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