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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2021-00575-01

Fecha
28 de julio de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2021-00575-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de abril de 2022 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2021-00575-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

28 de julio de 2022

Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada
Demandado: Corporación Interuniversitaria de Servicios
Radicación No: 25000-23-41-000-2021-00575-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2021-00575-01
Accionante: HERMANN GUSTAVO GARRIDO PRADA
Accionada: CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS

Temas: Confirma sentencia que accede a las pretensiones –
sujetos obligados en la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la Corporación
Interuniversitaria de Servicios contra la sentencia del 28 de abril de 2022, por la
cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
“A” accedió a las pretensiones del medio de control de cumplimiento de normas
con fuerza material de ley o de actos administrativos.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1. El señor Hermann Gustavo Garrido Prada, en ejercicio de la acción de
cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos,
reclamó de la Corporación Interuniversitaria de Servicios, en adelante CIS, el
acatamiento del artículo 9º de la Ley 1712 de 20141 y, en consecuencia, publique
la información mínima obligatoria, señalada en dicha norma, en los sistemas de
información del Estado o herramientas que lo sustituyan.

2. Hechos

2. De acuerdo con el demandante, la CIS es una entidad pública del orden
nacional al estar integrada por universidades públicas y privadas a saber,
Universidad de Antioquia, Universidad EAFIT, Universidad Nacional de
Colombia, Universidad Pontificia Bolivariana y Politécnico Colombiano Jaime
Isaza Cadavid.

1 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”

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Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada
Demandado: Corporación Interuniversitaria de Servicios
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3. El 17 de junio 2021 solicitó al director ejecutivo de la demandada el
cumplimiento del artículo 9º de la Ley 1712 de 2014, del cual no recibió
respuesta2.

4. Manifestó que en pronunciamiento de la CIS en el curso del proceso de
Acción Popular de radicado No. 25000-23-41-000-2021-00275-00, afirmó que de
acuerdo con su naturaleza jurídica es “…una entidad de economía mixta la cual
está facultada para la celebración de contratos y convenios interadministrativos”.

5. Indicó que, según sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia,
dictada dentro del expediente No. 2012-00365-00 del 7 de abril de 2014, se
determinó que la CIS es una entidad descentralizada indirecta de segundo grado,
según lo previsto en el artículo 96 de la Ley 489 1998, por tanto, es sujeto pasivo
del pago de cuotas de fiscalización.

3. Actuaciones procesales

6. El 15 de diciembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “A”, admitió3 la demanda de cumplimiento y ordenó
notificar al representante legal de la CIS.

4. Contestación

4.1. Corporación Interuniversitaria de Servicios -CIS-

7. La apoderada judicial de la entidad accionada se opuso a las pretensiones
de la demanda. Señaló que la CIS es una corporación privada, sin ánimo de lucro
de participación mixta, regulada por el derecho privado.

8. Advirtió que es diferente ser sujeto de control fiscal a la naturaleza jurídica
de la corporación, la que destacó está determinada por sus estatutos como:

“[…] Corporación de Utilidad Común, de derecho privado, que persigue intereses
de beneficio social, sin ánimo de lucro, de nacionalidad colombiana, organizada y
regida conforme a la Constitución, las leyes de la República de Colombia.

Naturaleza: La Corporación carece de ánimo de lucro y en consecuencia sus
excedentes tendrán el tratamiento consagrado en los presentes estatutos”.

9. Informó que mediante auto de 22 de julio de 20214, el Tribunal
Administrativo de Antioquia declaró falta de competencia para conocer de la
acción contractual impetrada por CIS y ordenó remitir el expediente a la

2 La accionada en la contestación de la demanda manifestó haber dado respuesta a la petición,

no obstante, no acompañó prueba para acreditarlo.
3 Que el accionante presentó el 23 de agosto y 29 de noviembre de 2021 memoriales de impulso

procesal ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera – Subsección “A”.
4 Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, Auto del 22 de julio de 2021 de

radicado No. 05001233300020210087600. MP: Martha Nury Velásquez Bedoya.

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jurisdicción ordinaria, al concluir que ninguna de las partes del proceso tenía el
carácter de entidad pública.

10. Reiteró que se trata de una persona jurídica diferente de las universidades
que la conforman, que tiene su domicilio en Medellín, por tanto, la competencia
para decidir la presente acción recae en los juzgados administrativos.

11. Asimismo, alegó la improcedencia de la acción o falta de legitimación en
la causa por pasiva, al considerar que no tiene carácter de entidad pública
descentralizada indirecta o de segundo grado pues, su creación fue anterior a la
vigencia del artículo 96 de la Ley 489 de 19985 e indicó que:

“La Corporación no puede válidamente ser considerara como una entidad
descentralizada indirecta o de segundo grado porque no hace parte de
la Administración pública (criterio orgánico), susactuaciones (sic) no revisten la
forma de procedimientos administrativos (criterio formal o procedimental), ni sus
actuaciones pueden ser considerados como actos administrativos (criterio
material)”.

12. Por último, señaló que no hace parte de los sujetos obligados previstos en
la Ley 1712 de 2014 debido a que no hace parte de la estructura orgánica del
Estado, así como tampoco cumple funciones públicas.

5. Fallo impugnado

13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
“A” accedió a las pretensiones de la parte actora mediante sentencia de 28 de
abril de 2022, al concluir que la demandada es una persona jurídica sin ánimo de
lucro con naturaleza de entidad pública descentralizada indirecta de segundo
grado6, en virtud de que está integrada por autoridades públicas y particulares,
con finalidades de interés social.

14. En consecuencia, declaró no probadas las excepciones de falta de
competencia e improcedencia y ordenó a la entidad demandada el cumplimiento
de la norma objeto de la presente acción por ser sujeto obligado de conformidad
con el artículo 5° de la Ley 1712 de 2014.

6. Impugnación

5 "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden

nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones"
6 De acuerdo con la sentencia de 27 de mayo de 2021 de la Sección Primera del Consejo de

Estado con ponencia de la Magistrada Nubia Margoth Peña Garzón, con número único de
radicación 05001233100020120036501.

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15. La parte accionada señaló7 que el tribunal al determinar la naturaleza de
aquella, solo se basó en la sentencia del Consejo de Estado 8, traída a colación
por el demandante, sin valorar los argumentos propuestos en la contestación de
la demanda frente a dicho presupuesto.

16. Añadió que la CIS fue constituida en el año 1995, razón por la cual no fue
creada bajo los parámetros del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y en todo caso
“…su contenido no se compadece con la posición que ocupa la corporación en
el mundo jurídico privado”.

17. Destacó que no está adscrita a ningún organismo o entidad del sector
central, lo cual considera exigencia de las entidades descentralizadas indirectas
a las que refiere el artículo 50 de la Ley 489 de 1998, así como tampoco se
encuentra en las plataformas digitales que permiten conocer la estructura
orgánica del estado.

18. Precisó que no dicta actos administrativos y no se rige por el procedimiento
previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. Adicionalmente indicó que sus decisiones tienen naturaleza civil
y no son una expresión del poder público.

19. Finalmente, refirió que en la jurisdicción de lo contencioso administrativo
no hay criterio unificado frente a la naturaleza jurídica de la CIS y que existe
confusión derivada de la determinación de ser sujeto de control fiscal, no
obstante, esta condición no significa necesariamente que se trate de una entidad
pública.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

20. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada
contra la sentencia del 28 de abril de 2022 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 1259, 15010 y 24311 de la Ley 1437 de 201112 así como
del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado

7 La parte accionada presentó escrito de impugnación en correo electrónico del 10 de mayo de

2022 de 11 folios.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 27

de mayo de 2021, Expediente. 5001233100020120036501, C.P Nubia Margoth Peña Garzón.
9 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
10 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26 .
11 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
12 “Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado

por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021.El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.
[…].

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que establece la competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para
conocer de “…las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que
se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento”.

2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento

21. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica,
es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de
un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la
autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.

22. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 del 29 de julio de
1997, que reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad “la
renuencia” (artículo 8°), esto es, haber reclamado en sede administrativa
antes de ejercitar la demanda la atención de la norma o del acto
administrativo que se considera desacatado, y que la autoridad no responda
transcurridos 10 días o se niegue a atender su cumplimiento.

23. Para que la demanda proceda, se requiere:

a) Que la norma legal o acto administrativo contenga un mandato imperativo e
inobjetable radicado en cabeza de una autoridad pública o de un particular en
ejercicio de funciones públicas, al cual se reclama el cumplimiento; y que, en
efecto, se establezca que existe la desatención de la norma o acto;

b) Que el actor pruebe que antes de presentar la demanda exigió al que consideró
como obligado, la observancia de su deber legal;

c) Que el afectado no haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el
efectivo cumplimiento del deber jurídico contenido en el acto administrativo, salvo
el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente
para quien ejerció la acción; que no se trate de una norma que establezca gastos,
ni tampoco del reclamo de un derecho que pueda garantizarse vía acción de
tutela.

3. Del agotamiento del requisito de procedibilidad

24. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
en renuencia de la autoridad accionada, que consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o
consagrado en acto administrativo con citación precisa de éste13 y que ésta se

13 Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto)

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ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a
la presentación de la solicitud.

25. Para cumplir con este requisito de procedibilidad, la Sala ha señalado que
“[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una
solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento”14..

26. Sobre este tema, esta Sección15 ha dicho que:

“Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es
importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la
renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda
el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos” (Negrillas fuera de texto).

27. En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece
lo siguiente:

“Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud”.

28. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que
el solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997
no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20

de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
15 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. M.P. Susana Buitrago Valencia.

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pueda inferirse el propósito de agotar la mencionada exigencia.

29. Asi las cosas, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito
de procedibilidad cuando la petición “…tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia”.16

30. En este caso, el actor, mediante escrito del 17 de junio de 2021, solicitó a
la CIS dar cumplimiento al artículo 9º de la Ley 1712 de 2014.

31. De acuerdo con lo probado en el proceso, la accionada no dio respuesta
a la petición.

32. Para la Sala, el requisito de constitución en renuencia se encuentra
satisfecho, razón por la cual la Sala estudiará la procedencia del presente medio
de control.

4. De la procedencia de la acción de cumplimiento

33. Como ya se expuso, el actor pretende que en cumplimiento del artículo 9º
de la Ley 1712 de 2014 la CIS proceda a la publicación de la información
requerida en la norma.

34. En este orden de ideas, la Sala manifiesta que el precepto que se pide
cumplir no implica el establecimiento de un gasto.

35. Tampoco se advierte que la parte demandante cuente con otro mecanismo
de defensa judicial que torne en improcedente la presente acción constitucional.

36. Además, no se evidencia que lo pretendido por el actor involucre la
protección de derechos fundamentales que puedan ser invocados vía acción de
tutela, lo que, en principio, torna procedente el ejercicio de este medio de control.

37. En suma, la Sala encuentra que no se materializa ninguna de las causales
de improcedencia de la presente acción de cumplimiento previstas en la Ley 393
de 1997, razón por la que es preciso analizar si la disposición invocada en la
demanda contiene o no un mandato imperativo e inobjetable.

5. Caso concreto

38. Corresponde a la Sala determinar si la accionada es de los sujetos
obligados por la Ley 1712 de 2014 para luego establecer si ha incumplido su
deber de publicar la información mínima obligatoria respecto a su estructura en
los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan.

39. Para resolver si la CIS es parte del ámbito de aplicación de la citada ley,
es necesario analizar su artículo 5º:

16 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,

exp. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00019.

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“Artículo 5. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta ley serán aplicables
a las siguientes personas en calidad de sujetos obligados:

a) Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del
Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o
descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional,
departamental, municipal y distrital.

b) Los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y
de control;

c) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función
pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente
relacionada con la prestación del servicio público;

d) Cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que
desempeñe función pública o de autoridad pública, respecto de la información
directamente relacionada con el desempeño de su función.

e) Los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos;

f) Las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de
naturaleza u origen público.

Las personas naturales o jurídicas que reciban o intermedien fondos o beneficios
públicos territoriales y nacionales y no cumplan ninguno de los otros requisitos para
ser considerados sujetos obligados, solo deberán cumplir con la presente ley
respecto de aquella información que se produzca en relación con fondos públicos
que reciban o intermedien.

PARÁGRAFO 1. No serán sujetos obligados aquellas personas naturales o
jurídicas de carácter privado que sean usuarios de información pública”. (Negritas
fuera de texto)

40. Conforme a lo anterior, se debe determinar la naturaleza jurídica de la CIS
para así establecer si se encuentra dentro de los sujetos obligados previstos por
el artículo antes transcrito.

41. Al respecto, debe precisarse que la Corte Constitucional en sentencia C-
230 de 1995 se pronunció sobre el carácter de las entidades descentralizadas
indirectas de las personas jurídicas mixtas sin ánimo de lucro así:

“Las referidas corporaciones y fundaciones de participación mixta han sido
reconocidas en nuestro derecho como entidades descentralizadas indirectas, es
decir, constituyen modalidades de la descentralización por servicios. Por lo tanto,
son entes que poseen una vinculación con el Estado en cuanto participan en el
cumplimiento de actividades que constituyen objeto de los cometidos propios de
éste, hasta el punto de que aquél al asociarse a ellas les entrega a título de aporte
o participación bienes o recursos públicos.

[…]

Por no ser de creación legal las asociaciones y fundaciones de participación mixta
se las considera bajo la denominación genérica de entidades descentralizadas
indirectas o de segundo grado, y están sometidas al mismo régimen jurídico

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aplicable a las corporaciones y fundaciones privadas, esto es, a las prescripciones
del código civil y demás normas complementarias”.

42. Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de
tutela del 20 de enero de 2022 en proceso de radicado No. 11001-03-15-000-
2021-11102-00, se pronunció sobre la naturaleza jurídica de la CIS:

“De lo expuesto, esta Sala de Decisión encuentra que no se configuraron los
defectos alegados, dado que resulta razonado el análisis que efectuó la autoridad
judicial tutelada, pues adoptó su decisión con sustento en la normativa aplicable
al caso concreto, y con fundamento en sentencias, tanto de esa misma Sección,
como de Constitucionalidad, además de un concepto de la Sala de Consulta y
Servicio Civil de esta Corporación, para decidir, dentro de su autonomía judicial,
que la demandante, en efecto, sí es sujeto pasivo de control fiscal y del pago de
la cuota de vigilancia fiscal, al catalogarla como una entidad descentralizada
indirecta o de segundo grado, que constituye una modalidad de la
descentralización por servicios, debido al aporte social que realizaron varias
universidades públicas al momento de la constitución de la corporación”.

43. La Sala de Consulta y Servicio Civil17 de esta corporación, en Concepto
No. 1844 de 2007 al interpretar los artículos 49 y 96 de la Ley 489 de 1998
concluyó lo siguiente:

“De los textos del parágrafo del artículo 49 y del artículo 96, surge un tema común:
ambos conciernen a las "entidades descentralizadas indirectas", y para referirse a
ellas usan los términos constitución y acto constitutivo.

Como se dijo atrás, estas entidades indirectas son una especie del género
entidades descentralizadas, por ello y porque gozan de personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio propio o capital independiente, es
decir, reúnen los requisitos establecidos para las entidades descentralizadas por
el artículo 68 de la ley 489 de 199824, forman parte del sector descentralizado de
la administración pública; y en el caso de las asociaciones y fundaciones de que
trata el artículo 96, tienen como objeto principal "el cumplimiento de actividades
propias de las entidades públicas”.

44. En concepto18 de la misma Sala, frente a las personas jurídicas
constituidas de acuerdo con el artículo 96 de la citada ley, se señaló:

“Ciertamente, la creación de una persona jurídica de participación mixta se
enmarca en el campo de la estructura de la Administración que se modifica y
aumenta al entrar a formar parte de ella una entidad nueva por iniciativa de la
Administración y con recursos provenientes del Estado, esto es, recursos públicos.
Como se ha señalado, la definición de esa estructura es competencia reservada al
Congreso, a las asambleas y a los concejos, a partir de una iniciativa que
corresponde, en cada caso, al Ejecutivo del respectivo orden administrativo, tal
como se expuso suficientemente en los acápites anteriores de este concepto.

En consecuencia, tratándose de una persona jurídica mixta de las previstas en la
norma que se comenta, su creación ha de tener origen, necesariamente, en una

17 De conformidad con el artículo 122 de la Ley 1437 de 2011 “Los conceptos de la Sala no

serán vinculantes, salvo que la ley disponga lo contrario”.
18 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 9 de julio de 2015, C.P:

Germán Alberto Bula Escobar, No. único de radicación 11001-03-06-000-2015-00001-00(2242).

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entidad estatal ya existente, que concurre al acto con particulares, por lo que se
está en presencia de una entidad descentralizada indirecta o de segundo grado”.

45. De igual manera, la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia19
del 27 de mayo de 2021 al definir que la CIS está sujeta a control fiscal, hizo
referencia a que dicha corporación es una entidad descentralizada indirecta
de segundo grado.

46. Así las cosas, con fundamento en los pronunciamientos citados, es
procedente concluir que se ha establecido que las personas jurídicas mixtas sin
ánimo de lucro tienen la naturaleza de entidades públicas en virtud del artículo
9620 de la Ley 489 de 1998, así como también se ha definido que la demandada
tiene tal carácter.

47. Es del caso aclarar que, si bien es cierto, para el momento de la
constitución de la Corporación Interuniversitaria de Servicios, no se encontraba
expedida la Ley 489 de 1998, la Corte Constitucional en la sentencia C-230 de
1995 ya había señalado la naturaleza de las personas jurídicas mixtas sin ánimo
de lucro como entidades descentralizadas indirectas de segundo grado, con lo
que se demuestra que dicha figura no proviene de manera exclusiva de la Ley
489 de 1998, como pretende hacerlo ver la parte demandada.

48. De acuerdo con lo anterior, habiéndose determinado la naturaleza jurídica
de la CIS como entidad descentralizada indirecta de segundo grado, se tiene que
hace parte de los sujetos obligados a que refiere la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, de conformidad con su
artículo 5º.

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, Sentencia del 27

de mayo de 2021. CP: Nubia Margoth Peña Garzón. Exp. 05001233100020120036501.
20
Artículo 96. Constitución de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de las actividades
propias de las entidades públicas con participación de particulares. Las entidades estatales,
cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con la observancia de los principios
señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares,
mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el
desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a
aquellas la ley.
Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebraran de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en ellos se determinara con
precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos aquellos
aspectos que se consideren pertinentes.
Cuando en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, surjan personas jurídicas sin ánimo de
lucro, estas se sujetarán a las disposiciones previstas en el Código Civil para las asociaciones
civiles de utilidad común.
En todo caso, en el correspondiente acto constitutivo que de origen a una persona jurídica se
dispondrá sobre los siguientes aspectos:
a. Los objetivos y actividades a cargo, con precisión de la conexidad con los objetivos, funciones
y controles propios de las entidades públicas participantes;
b. Los compromisos o aportes iniciales de las entidades asociadas y su naturaleza y forma de
pago, con sujeción a las disposiciones presupuestales y fiscales, para el caso de las públicas;
c. La participación de las entidades asociadas en el sostenimiento y funcionamiento de la entidad;
d. La integración de los órganos de dirección y administración, en los cuáles deben participar
representantes de las entidades públicas y de los particulares;
e. La duración de la asociación y las causales de disolución. (sic)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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10

Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada
Demandado: Corporación Interuniversitaria de Servicios
Radicación No: 25000-23-41-000-2021-00575-01

49. Por su parte, el artículo 9º de la Ley 1712 de 2014, del cual se pretende
su cumplimiento, establece:

“Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado. Todo
sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de
manera proactiva en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo
sustituyan:

a) La descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de
sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público;

b) Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de
gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley
1474 de 2011;

c) Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono
del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales
correspondientes a las categorías de todos los servidores que trabajan en el sujeto
obligado, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y
contratistas;

d) Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o
manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad
con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio
presupuestal e indicadores de desempeño;

e) Su respectivo plan de compras anual, así como las contrataciones adjudicadas
para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión,
las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de
estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico, de conformidad
con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. En el caso de las personas naturales
con contratos de prestación de servicios, deberá publicarse el objeto del contrato,
monto de los honorarios y direcciones de correo electrónico, de conformidad con
el formato de información de servidores públicos y contratistas;

f) Los plazos de cumplimiento de los contratos;

g) Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con
el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

PARÁGRAFO 1. La información a que se refiere este artículo deberá publicarse de
tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita
asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

PARÁGRAFO 2. En relación a los literales c) y e) del presente artículo, el
Departamento Administrativo de la Función Pública establecerá un formato de
información de los servidores públicos y de personas naturales con contratos de
prestación de servicios, el cual contendrá los nombres y apellidos completos,
ciudad de nacimiento, formación académica, experiencia laboral y profesional de
los funcionarios y de los contratistas. Se omitirá cualquier información que afecte
la privacidad y el buen nombre de los servidores públicos y contratistas, en los
términos definidos por la Constitución y la ley.

PARÁGRAFO 3. Sin perjuicio a lo establecido en el presente artículo, los sujetos
obligados deberán observar lo establecido por la estrategia de gobierno en línea,
o la que haga sus veces, en cuanto a la publicación y divulgación de la
información”.

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Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada
Demandado: Corporación Interuniversitaria de Servicios
Radicación No: 25000-23-41-000-2021-00575-01

50. La norma citada, objeto de la presente acción, contiene un mandato claro,
expreso y exigible, que dispone para los sujetos obligados la publicación de
información mínima allí descrita y del cual no hay prueba alguna que demuestre
su cumplimiento por parte de la accionada.

51. En conclusión, la CIS ha incumplido el deber de publicar la información a
que refiere el artículo 9º de la Ley 1712 de 2014 y, en consecuencia, es lo
procedente confirmar el fallo impugnado que accedió a las pretensiones de la
parte actora.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de abril de 2022 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, por las
razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.

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