Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2022-00521-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2022-00521-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2022-00521-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
1 de septiembre de 2022
Demandante: Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. – LIME S.A. E.S.P.
Demandados: Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y otros
Radicación n.º 25000-23-41-000-2022-00521-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., primero (1º) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2022-00521-01
Demandante: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. – LIME S.A. E.S.P.
Demandados: PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. Y OTROS
Temas: Revoca parcialmente - Falta de legitimación por pasiva
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Conoce la Sala de la impugnación interpuesta por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios contra la sentencia del 11 de julio de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, que
declaró improcedente la acción de cumplimiento de la referencia respecto a
Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. - Promoambiental en adelante- , Bogotá Limpia
S.A.S. E.S.P. – Bogotá Limpia en adelante-, Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. –
Ciudad Limpia en adelante-, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –
UAESP en adelante- y el Consorcio Proyección Capital y accedió a las pretensiones
de la demanda en relación con la mencionada Superintendencia.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1. Mediante apoderado la empresa Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. (LIME en
adelante) ejerció acción de cumplimiento1 contra las siguientes entidades:
2. Las empresas prestadoras del servicio público de aseo Promoambiental, Bogotá
Limpia, Ciudad Limpia y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. – Área Limpia en
adelante-, para que atiendan lo establecido en los artículos 2.3.2.2.2.4.51. inciso
segundo y 2.3.2.2.2.4.53 del Decreto 1077 de 20152 y en el parágrafo 1 del artículo
5.3.2.2.4.1. de la Resolución CRA 943 de 20213 y, en consecuencia, se preste y fije el
costo del componente de barrido y limpieza sobre frecuencias, horarios y longitud de
vías y áreas barridas, según lo previsto en el Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos (PGIRS) de la ciudad.
1 Analizada la demanda y su subsanación.
2 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.”
3 “Por la cual se compila la regulación general de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y
aseo, y se derogan unas disposiciones.”
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Demandante: Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. – LIME S.A. E.S.P.
Demandados: Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y otros
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3. Las sociedades que integran el Consorcio Proyección Capital con el propósito
de que, en su calidad de interventor de los contratos de concesión vigentes en la
ciudad de Bogotá, obedezca lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 20114 y,
en consecuencia, controle y vigile el cumplimiento de dichos contratos, sus
obligaciones y las normas en las que se fundamentan; en particular el deber de velar
porque las empresas concesionarias del servicio público de aseo en Bogotá presten y
cobren el componente de barrido y limpieza según lo dispuesto en el PGIRS distrital.
4. La UAESP con el fin de que acate lo dispuesto en los artículos 2.3.2.1.1.
numeral 32 del Decreto 1077 de 2015 y 5 del Decreto Distrital 345 de 2020 5 y, en
consecuencia, controle y vigile el cumplimiento del PGIRS y garantice que las
empresas concesionarias del servicio público de aseo en Bogotá presten y cobren el
componente de barrido y limpieza según lo dispuesto en el que se encuentre vigente.
5. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que dé
cumplimiento al mandato contenido en el numeral 1 del artículo 79 de la Ley 142 de
19946 y en consecuencia, controle y vigile el acatamiento de la normatividad vigente
por parte de los prestadores del servicio de aseo y complementarios en Bogotá, sus
obligaciones y las normas en las que se fundamentan; y asegure que las empresas
del servicio público de aseo presten y cobren el componente de barrido y limpieza
según lo dispuesto en el PGIRS distrital.
1.1. Hechos
6. La parte actora indicó que la prestación del servicio público de aseo en la ciudad
de Bogotá se desarrolla bajo el esquema de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE),
establecido por el artículo 40 de la Ley 142 de 1994, el cual se rige por las
disposiciones de la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, el Decreto 1077 de 2015
(art. 2.3.2.2.1. y siguientes) y la Resolución CRA 943 de 2021.
7. Explicó que la ciudad definió 5 ASE y, mediante contratos de concesión, las
asignó a las siguientes empresas concesionarias, a saber: a Promoambiental el ASE
n.º 1; a LIME el ASE n.º 2; a Ciudad Limpia el ASE n.º 3; a Bogotá Limpia el ASE n.º 4
y a Área Limpia el ASE n.º 5.
8. Señaló que la metodología tarifaria aplicable debe atender lo dispuesto en la
Resolución CRA No. 720 de 2015 compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, en
la que se precisa que esta se construye por componentes del servicio, uno de los
4 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”
5 “Por el cual se adopta la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- del
Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones.”
6 “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones.”
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Demandante: Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. – LIME S.A. E.S.P.
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cuales corresponde a la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas
(artículo 2.3.2.2.4.1. y siguientes).
9. Precisó que las cantidades máximas de kilómetros y frecuencias de la actividad
de barrido que pueden ejecutar los prestadores (a efectos de incorporar sus costos en
la tarifa que deben pagar los usuarios del servicio) son las contenidas en el Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y, en consecuencia, no pueden
cobrarse, a través de la tarifa, cantidades de kilómetros de barrido mayores a las
definidas en este.
10. Agregó que para el cálculo de la tarifa del servicio público de aseo en el
componente de barrido se incorpora, además de los datos del prestador del servicio
en cada una de las ASE, la información total del Distrito. Por lo tanto, el cálculo de
dichas variantes en la estructuración de la tarifa por este componente tiene incidencia
directa en todos los prestadores de la ciudad.
11. Informó que la interventoría denunció en varias ocasiones que Promoambiental,
desde febrero de 2020, al realizar el cálculo tarifario y en los datos que carga al
Sistema de Información para la Gestión y Operación del Servicio Público de Aseo
(SIGAB), registró cantidades de kilómetros superiores a las previstas en el PGIRS de
Bogotá.
12. Añadió que para el primer semestre del año 2021 «las cantidades reportadas
por el concesionario duplican prácticamente las contenidas en el PGIRS distrital»7. En
igual sentido refirió los informes presentados por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios y la UAESP en los que se advierte que este operador pasó de
reportar 172.483,07 km a 264.959,92 km de un mes a otro, en vigencia del PGIRS
2018, y de 136.254,39 km hasta 273.438,21 km en vigencia del PGIRS 2020.
7 Señaló que “mediante oficio del 14 de julio de 2020 (Rad. No. UAESP-CPC-ASE2-1791-20) la
interventoría evidenció que PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. pasó de reportar 172.483,07
kilómetros en el mes de enero de 2020, a registrar 264.969,92 km para el mes de febrero siguiente (…)
mediante Oficio del 16 de julio de 2020 (Rad. UAESP-CPC-ASE2-1797-20) la misma interventoría
reiteró la anterior irregularidad y presentó un comparativo mes a mes (de enero a junio de 2020), donde
dejó en evidencia las significativas diferencias entre la información reportada por PROMOAMBIENTAL
DISTRITO S.A.S. E.S.P. y el límite de kilómetros previsto por el PGIRS de la ciudad (…) Esta misma
situación fue denunciada en enero 21 de 2021 mediante oficio UAESPCPC-ASE2-2260-21. En esta
oportunidad, la interventoría señaló que para el segundo semestre de 2020 PROMOAMBIENTAL
DISTRITO S.A.S. E.S.P. continuó reportando mayores cantidades de kilómetros de barrido respecto de
la línea base del PGIRS (…) Llegado el 13 de julio de 2021, la interventoría efectuó un nuevo análisis
de los kilómetros reportados por los concesionarios del servicio de aseo, esta vez para el primer
semestre de 2021 (oficio Rad. UAESP-CPC-ASE2-2628-21). En esta ocasión, señaló que
PROMOAMBIENTAL presentó la versión No. 9 de su plan operativo, respecto de la cual la interventoría
“generó las observaciones correspondientes a los kilómetros de barrido de vías y áreas públicas, toda
vez que los mismos superan la línea base indicada en el PGIRS 2020, de las cuales el Concesionario
no ha remitido la respuesta correspondiente”. Documento “ED_01DEMANDAACCDECUM(.pdf) Nro
Actua 2”, índice 2 de SAMAI.
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13. Expuso que con la inclusión de mayores cantidades de kilómetros de vías para
la actividad de barrido en el cálculo tarifario, respecto de los establecidos por el PGIRS
de la ciudad, Promoambiental desacata lo previsto en las normas cuyo cumplimiento
se reclama, lo que afecta la estructura económica de la prestación del servicio en
Bogotá e induce en error a todos los prestadores del mismo servicio en la capital, por
cuanto deben considerar la información reportada por esta empresa para calcular sus
tarifas en el componente de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, afectando así
la tarifa final a cobrar a los usuarios de toda la ciudad.
14. Manifestó que las entidades encargadas de la inspección, vigilancia y control
del servicio público de aseo, no se han pronunciado ni han adoptado medidas directas,
pertinentes y oportunas para obligar a Promoambiental a cumplir con el referido marco
jurídico y tampoco han iniciado procedimientos sancionatorios efectivos ante la
renuencia de esta empresa.
15. En ese sentido indicó que la Superintendencia no ha ejercido sus competencias,
incluso de índole sancionatorias, que la UAESP no ha cumplido en debida forma, o
retardó el cumplimiento de sus deberes legales y reglamentarios a la fecha, de cara a
la prestación adecuada del servicio público en cuestión y que la interventoría del
servicio de aseo distrital no ha cumplido con sus obligaciones contractuales de vigilar
el cabal cumplimiento del contrato de concesión No. 283 de 2018 suscrito entre la
UAESP y Promoambiental.
16. Por otro lado, expresó que las normas incumplidas por las entidades
demandadas contienen mandatos claros, expresos y exigibles en las que se
establecen obligaciones de estricto cumplimiento a la hora de adelantar las actividades
relacionadas con el barrido y la limpieza de los espacios públicos de la ciudad de
Bogotá, así como deberes de inspección, vigilancia y control en cabeza de las tres
autoridades vinculadas.
17. De la misma forma, explicó que este medio de control procede contra de
personas jurídicas de naturaleza privada que tengan a su cargo la prestación de
servicios públicos domiciliarios y desempeñen funciones administrativas como la de
autoridad o entidad tarifaria local, toda vez que ostentan “prerrogativas de autoridad
pública” además de cumplir “funciones administrativas”.
18. Para concluir manifestó que la demanda cumple con todos los requisitos de
procedibilidad exigidos en la ley.
19. Con fundamento en los hechos y consideraciones expuestas, la parte actora
planteó las siguientes pretensiones:
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Demandados: Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y otros
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«(…) PRIMERA: DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO por parte de
PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P., del inciso segundo del Artículo
2.3.2.2.2.4.51., el Artículo 2.3.2.2.2.4.53 del Decreto 1077 de 2015, el parágrafo 1 del
artículo 5.3.2.2.4.1. de la Resolución CRA 943 de 2021 junto con el numeral 6.2.1. de
su documento de trabajo, y el parágrafo 1° del artículo 1°, el subnumeral 1 del numeral
3 del Artículo 4, y el ítem 4 del numeral 2.1.4. del Documento Técnico de Soporte (DTS)
del Decreto Distrital 345 de 2020 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá.
SEGUNDA: SE ORDENE a PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. ,
CUMPLIR DE FORMA INMEDIATA con el inciso segundo del Artículo 2.3.2.2.2.4.51.,
el Artículo 2.3.2.2.2.4.53 del Decreto 1077 de 2015, el parágrafo 1 del artículo
5.3.2.2.4.1. de la Resolución CRA 943 de 2021 junto con el numeral 6.2.1. de su
documento de trabajo, y el parágrafo 1° del artículo 1°, el subnumeral 1 del numeral 3
del Artículo 4, y el ítem 4 del numeral 2.1.4. del Documento Técnico de Soporte (DTS)
del Decreto Distrital 345 de 2020 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá.
TERCERA: En consecuencia, se le ordene PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S.
E.S.P. que, para efectos del cálculo tarifario del servicio público de aseo en la ciudad
de Bogotá, INCORPORE ÚNICAMENTE LOS KILÓMETROS EFECTIVAMENTE
ATENDIDOS POR EL PRESTADOR, SIN SUPERAR LAS CANTIDADES
PREVISTAS EN EL PGIRS DISTRITAL.
CUARTA: DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO por parte de la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP, del numeral 32
del artículo 2.3.2.1.1. del Decreto 1077 de 2015 y del artículo 5 del Decreto Distrital 345
de 2020, en el contexto fáctico planteado en la presente acción.
QUINTA: SE ORDENE A la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS – UAESP, CUMPLIR DE FORMA INMEDIATA con el deber contenido en
el numeral 32 del artículo 2.3.2.1.1. del Decreto 1077 de 2015, y el artículo 5 del
Decreto Distrital 345 de 2020.
SEXTA: en consecuencia, se le ordene a la UAESP adoptar las medidas
administrativas que correspondan a fin de garantizar que los prestadores del servicio
público de aseo cumplan con lo previsto en el Decreto Distrital 345 de 2020 (Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS), en cuanto a la incorporación en sus
tarifas de los kilómetros efectivamente atendidos por el prestador, sin superar las
cantidades previstas en dicho PGIRS.
SÉPTIMA: DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO por parte del CONSORCIO
PROYECCIÓN CAPITAL, conformado por las sociedades REDES Y
COMUNICACIONES DE COLOMBIA LIMITADA; INTERESTUDIOS INGENIERIA
S.A.S. y TEC CUATRO S.A. SUCURSAL COLOMBIA, del deber contenido en artículo
84 de la Ley 1474 de 2011, en el contexto fáctico planteado en la presente acción.
OCTAVA: SE ORDENE al CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL, conformado por
las sociedades REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LIMITADA;
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S. y TEC CUATRO S.A. SUCURSAL COLOMBIA,
CUMPLIR DE FORMA INMEDIATA con el deber contenido en el artículo 84 de la Ley
1474 de 2011.
NOVENA: En consecuencia, se ordene al CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL
adoptar las medidas que correspondan a fin de que los prestadores del servicio público
de aseo cumplan con lo previsto en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51. y al Artículo 2.3.2.2.2.4.53
del Decreto 1077 de 2015, al parágrafo 1 del artículo 5.3.2.2.4.1. de la Resolución CRA
943 de 2021 y el numeral 6.2.1. de su documento de trabajo, y al parágrafo 1° del
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Demandados: Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y otros
Radicación n.º 25000-23-41-000-2022-00521-01
artículo 1°, el subnumeral 1 del numeral 3 del Artículo 4, y el ítem 4 del numeral 2.1.4.
del Documento Técnico de Soporte (DTS) del Decreto Distrital 345 de 2020 expedido
por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cuanto a la incorporación a sus tarifas, de los
kilómetros efectivamente atendidos por el prestador, sin superar las cantidades
previstas en el PGIRS distrital.
DÉCIMA: DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO por parte de la SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, del deber contenido en el artículo 79.1
de la Ley 142 de 1994, en el contexto fáctico planteado en la presente acción.
DÉCIMA PRIMERA: SE ORDENE a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS, CUMPLIR DE FORMA INMEDIATA con el deber
contenido en el artículo 79.1 de la Ley 142 de 1994, en el contexto fáctico planteado
en la presente acción.
DÉCIMA SEGUNDA: En consecuencia, se ordene a la SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, adoptar las medidas que correspondan a fin
de que los prestadores del servicio público de aseo cumplan con lo previsto en el
Artículo 2.3.2.2.2.4.51. y al Artículo 2.3.2.2.2.4.53 del Decreto 1077 de 2015, al
parágrafo 1 del artículo 5.3.2.2.4.1. de la Resolución CRA 943 de 2021, y al parágrafo
1° del artículo 1°, el subnumeral 1 del numeral 3 del Artículo 4, y el ítem 4 del numeral
2.1.4. del Documento Técnico de Soporte (DTS) del Decreto Distrital 345 de 2020
expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cuanto a la incorporación a sus tarifas,
de los kilómetros efectivamente atendidos por el prestador, sin superar las cantidades
previstas en el PGIRS distrital. 8
(…)
DECIMA CUARTA: En caso de oposición, se condene en costas a las demandadas
(…)». (sic)
2. Actuaciones procesales
20. Mediante auto de 6 de junio de 2022, el Tribunal9 admitió la demanda y ordenó
notificar a la superintendente de servicios públicos domiciliarios, a los gerentes
generales de Promoambiental, Bogotá Limpia, Ciudad Limpia, a la directora general
de la UAESP y a los representantes legales de las sociedades integrantes del
Consorcio Proyección Capital (Redes y Comunicaciones de Colombia Ltda.,
Interestudios Ingeniería S.A.S. y Tec Cuatro S.A. Sucursal Colombia,). En la misma
providencia rechazó por improcedente el recurso de reposición interpuesto por la parte
demandante contra el auto de 10 de mayo de 2022, en cuanto se rechazó parcialmente
la demanda con respecto a la sociedad Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P.
8 La parte actora corrigió la demanda en el sentido de eliminar la pretensión decimotercera (13) de la
demanda y aclarando que la acción de cumplimiento se dirige contra 7 personas jurídicas en total, a
saber: 1. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 2. Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.
3. Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. 4. Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. 5. Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos, UAESP. 6. Consorcio Proyección Capital. 7. Área Limpia Distrito Capital S.A.S.
E.S.P. según consta en el documento “ED_10SUBSANACION(.pdf)” del índice 2 de SAMAI.
9 Mediante auto del 10 de mayo de 2022, el Tribunal rechazó parcialmente la demanda con respecto a
la empresa Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P., toda vez que no se acreditó su constitución en
renuencia y se inadmitió la demanda para que se aclararan cuáles eran las entidades demandadas.
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Radicación n.º 25000-23-41-000-2022-00521-01
21. Mediante escrito radicado a través de correo electrónico de 1 de julio de 2022,
la apoderada de la sociedad Procesadora de Información del Servicio de Aseo S.A.S.,
Proceraseo S.A.S. aportó escrito de coadyuvancia de la acción de cumplimiento10.
22. En memorial del 23 de agosto de 202211, el apoderado de la parte actora
presentó una intervención ante esta Corporación en la que manifiesta que «deberá
REVOCARSE PARCIALMENTE la sentencia emitida el pasado 11 de julio en el asunto
de la referencia, para en su lugar, (1) declarar la procedibilidad de la acción de
cumplimiento contra la empresa Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., (2) acoger las
pretensiones formuladas en el medio de control y (3) confirmarse lo decidido por la
primera instancia respecto de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
desestimando la impugnación interpuesta por dicha entidad».
3. Contestaciones
3.1. De Promoambiental12,
23. Mediante apoderado solicitó denegar las pretensiones de la demanda y adujo
que, según lo establecido en el artículo 14.7 de la Ley 142 de 199413, las empresas de
servicios públicos demandadas son de carácter privado y su actividad no implica el
ejercicio de función pública14, condición necesaria para la procedencia de la presente
acción constitucional.
24. Advirtió que la parte actora, más que exigir que se ordene el acatamiento de
una norma con fuerza de ley o acto administrativo, lo que pretende es que el juez de
cumplimiento se pronuncie sobre una determinada interpretación de las normas
presuntamente incumplidas, en particular, respecto de la forma en que se debe fijar el
costo del componente de barrido y limpieza de vías y áreas públicas del servicio de
aseo en la ciudad de Bogotá para efectos de la remuneración de los prestadores.
25. Por tanto, señaló que la acción es “claramente” improcedente ya que solo puede
interponerse contra empresas privadas de servicios públicos domiciliarios cuando
cumplen funciones públicas y porque las normas presuntamente incumplidas no
contienen un mandato claro e inobjetable en el sentido dado por el demandante, para
lo cual recalcó que:
10 Documento “ED_25COADYUVANCIA(.pdf)” en el índice 2 de SAMAI.
11 Índice 4 de SAMAI.
12 Documento “ED_14CONTESTACIONPROMO(.pdf)”, en el índice 2 de SAMAI.
13 “14.7. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PRIVADA. Es aquella cuyo capital
pertenece mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales que
deseen someterse íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten los particulares”.
14 Para el efecto refirió la providencia: “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de marzo
de 2008, Radicación No. 11001-03-26-000-2001-0029-01, Expediente No. 20.4095”.
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Radicación n.º 25000-23-41-000-2022-00521-01
«(…) ninguna de las disposiciones antes transcritas señala que la longitud de las vías
y áreas públicas objeto de barrido y limpieza expresada en kilómetros, necesaria para
el cálculo de la tarifa a cobrar a los usuarios y/o suscriptores del servicio, deba estar
señalada en el Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y que los
prestadores deban adoptar el número de kilómetros de barrido y limpieza de esa fuente,
tal y como lo pretende el demandante. En las citadas normas se destaca que la
frecuencia y el horario para la prestación el servicio público de aseo, serán
señalados en el PGRIS, pero no sucede lo mismo con la longitud de kilómetros a
barrer. Lo anterior por cuanto la definición de éstos corresponde a los operadores,
quienes tienen el conocimiento de la necesidad de cada una de las zonas objeto del
servicio de barrido y limpieza, sin que sea posible señalarlo a priori por el municipio o
distrito en el cual presta el servicio. Dicha información en relación con la longitud de
vías y áreas barridas lo incluye el prestador en su Programa para la Prestación del
Servicio de Aseo (…)». (sic)
26. Sostuvo que la interpretación propuesta por la accionante implica que
Promoambiental solo está obligada a prestar el servicio público de aseo en los
kilómetros de las vías y las áreas públicas de su ASE que se identifican en el PGIRS,
sin considerar si esto incluye la totalidad de las mismas, lo cual conlleva la vulneración
de los derechos e intereses colectivos de los bogotanos, toda vez que conllevaría a
que eventualmente algunos sectores de dicha ASE no quedaran cobijados por la
prestación del servicio.
27. Por otro lado, sostuvo que el documento de trabajo de la resolución CRA 720
de 2015 (compilada en la resolución CRA 943 de 2021) no tiene fuerza material de ley,
ni de acto administrativo, no contiene un mandato claro, expreso e inobjetable que
deba ser cumplido por las demandadas y tampoco hace parte integral de dicha
resolución.
28. De igual forma precisó que la demandante no demostró que las accionadas
incumplen lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 4 del Decreto Distrital 345 de 2020
al calcular la longitud en kilómetros de las vías y áreas públicas que son objeto de
barrido y que se llevan a tarifa con la información operativa propia de cada prestador,
ni lo relativo a la expresión «Barrido y limpieza ajustados a las dinámicas territoriales»
contenida en dicha disposición.
29. En lo que se refiere al incumplimiento de lo establecido en el numeral 2.1.4. del
documento técnico de soporte del Decreto Distrital 345 de 2020, indicó que frente a la
compresión específica de si el PGIRS en lo que respecta a la actividad de barrido y
limpieza de vías y áreas públicas está llamado a precisar kilómetros de barrido y
limpieza, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA -
señaló que:«… En tal sentido, el texto en mención hace una notación (sic) de una situación
hipotética que podría presentarse en los PGIRS, sin que se esté afirmando que exista
autorización para ello en la normatividad en cabeza del Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio (MVCT)».
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Demandante: Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. – LIME S.A. E.S.P.
Demandados: Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y otros
Radicación n.º 25000-23-41-000-2022-00521-01
30. Por lo anterior concluyó que el Decreto 1077 de 2015, no autoriza, no
contempla, ni prevé, cosa distinta a lo que la misma CRA ha señalado de manera
categórica, inequívoca y concreta en las respuestas que le ha dado frente a derechos
de petición en los que definió que «… la persona prestadora deberá tomar del PGIRS
únicamente las frecuencias de barrido definidas para cada uno de los diferentes barrios
del municipio y/o distrito, y, a partir de dicha información calculará la longitud de vías y
áreas barridas por la persona prestadora …, y lo incluirá en su Programa para la
Prestación del Servicio de Aseo».
3.2. De Ciudad Limpia15
31. Mediante apoderado manifestó que acompaña y coadyuva16 la solicitud de
cumplimiento invocada por LIME en razón al “evidente” incumplimiento en el que
Promoambiental y “algunas” autoridades públicas han incurrido al no aplicar o hacerlo
de forma indebida, las normas legales y reglamentarias que rigen la prestación del
servicio público de aseo, así como la remuneración de los concesionarios.
32. Explica que LIME, al sustraer la pretensión decimotercera de su solicitud, no
está promoviendo la acción de cumplimiento respecto de Ciudad Limpia y por tanto no
debe vinculársele a este proceso por no tener legitimación en la causa por pasiva17.
33. No obstante lo anterior, señaló que la empresa, en desarrollo de la actividad de
barrido y limpieza de vías y áreas públicas en el ASE 3 de Bogotá, acata de forma
estricta lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, la Resolución CRA 720 de 2015 y
el PGIRS de Bogotá, especialmente, porque se siguen las áreas y vías públicas
determinadas y con las frecuencias previstas en el PGIRS, de manera que los
kilómetros ejecutados de esta actividad no superan el techo previsto que resulta de
aplicar este plan de gestión mensualmente.
34. Para el efecto refirió un oficio18 que emitió la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios en el marco del control tarifario realizado al ASE 3 a cargo de
Ciudad Limpia para el periodo comprendido entre los meses de febrero del 2018 y
junio de 2019, para concluir que la empresa aplicó lo determinado por el PGIRS de
Bogotá y no se incumplieron las normas invocadas por el accionante.
15 Documento “ED_15CONTESTACIONCIUD(.pdf)” en el índice 2 de SAMAI.
16 Señaló que coadyuva en el sentido de que se ordene: “(i) a quien se demuestre en el trámite de la
presente acción, el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de la actividad de barrido
de limpieza de vías y áreas públicas a cumplirla y (ii) a las autoridades o entidades de vigilancia y control
aplicar, en el marco de sus competencias, los mecanismos o procedimientos que exijan el cumplimiento
a la normatividad vigente de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas a aquellas
personas jurídicas que no lo estén cumpliendo”.
17 Debe tenerse en cuenta que la parte actora corrigió la demanda en el sentido de sustraer o eliminar
la pretensión decimotercera (13) de la demanda, pero aclaró que la acción de cumplimiento se dirige
contra 7 personas jurídicas en total, dentro de las que señaló a: «(…) 3. Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P.
(…)» según consta en el documento “ED_10SUBSANACION(.pdf)” del índice 2 de SAMAI”.
18 Oficio n.º 20224351204451 de 22 de marzo de 2022 la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios anexo en el documento “ED_15CONTESTACIONCIUD(.pdf)” del índice 2 de SAMAI.
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Demandante: Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. – LIME S.A. E.S.P.
Demandados: Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y otros
Radicación n.º 25000-23-41-000-2022-00521-01
35. De igual forma aportó la información relacionada con los cargues de información
reportada por Ciudad Limpia en la plataforma SUI del formulario «Continuidad en
Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo» para la vigencia 2022 para indicar que se
ajustó a los kilómetros techo establecidos en el PGIRS Distrital, conforme a lo señalado
por la UAESP19.
3.3. De Bogotá Limpia20
36. Mediante apoderado se opuso a las pretensiones de la demanda con
fundamento en las siguientes excepciones: i) falta de legitimación en la causa por
pasiva de Bogotá Limpia ; ii) inexistencia de la obligación legal o contractual a cargo
de la empresa de verificar la obediencia de las normas reclamadas como desacatadas,
y de tomar medidas para garantizar su observancia a la luz del esquema del servicio
público de aseo y, iii) cumplimiento a cabalidad por parte de la concesionaria de las
normas previstas en el Decreto 1077 de 2015, la Resolución CRA 943 de 2021 y el
Decreto Distrital 345 de 2020.
37. Señaló que esa empresa no tiene la facultad u obligación contractual, ni los
elementos técnicos al interior del esquema del servicio público, para revisar o verificar
los kilómetros que reporta Promoambiental al definir las tarifas, asunto que, en virtud
de los deberes de inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento del
ordenamiento aplicable, bien sea por mandato legal o contractual, le corresponde a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la UAESP y a la interventoría
del contrato.
38. Precisó que, de conformidad con la cláusula trigésima tercera de los contratos
de concesión, cada prestadora, en calidad de entidad tarifaria local de la respectiva
ASE, es la encargada de aplicar la normatividad vigente en la construcción de la propia
tarifa y de reportar a los demás concesionarios, entre otras, los kilómetros barridos. No
obstante lo anterior, una vez se advirtió los kilómetros en exceso del PGIRS
registrados por Promoambiental, desde la vigencia del año 2020 Bogotá Limpia solicitó
a la UAESP, a la interventoría y a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios que se informara el valor de los kilómetros de barrido de cada
concesionario y los kilómetros que Promoambiental debía llevar a la tarifa cobrada a
los usuarios, procurando en todo momento que las autoridades correspondientes se
pronunciaran al respecto.
39. Para concluir informó que atendiendo el pronunciamiento contenido en la
comunicación de 28 de enero de 2022 en el que la UAESP indica que se debe empezar
a informar el valor de kilómetros de barrido para cada concesionario, Bogotá Limpia
comenzó a utilizar dichos valores en orden de dar cumplimiento a las normas
presuntamente incumplidas.
19 Oficio n.º. 20222000006111 de 14 de enero de 2022 de la UAESP anexo en el documento
“ED_15CONTESTACIONCIUD(.pdf)” del índice 2 de SAMAI.
20 Documento “ED_23CONTESTACIONBOGOT(.pdf) en el índice 2 de SAMAI.
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Demandados: Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y otros
Radicación n.º 25000-23-41-000-2022-00521-01
3.4. De Proyección Capital21
40. Mediante apoderado el consorcio 22 se opuso a todas las pretensiones de la
demanda y solicitó desestimarlas, decretar la improcedencia de la acción de
cumplimiento y subsidiariamente desvincular al consorcio del proceso.
41. Señaló que, en el marco del contrato de interventoría a los contratos de
concesión para la prestación del servicio público de aseo, les hace seguimiento a las
concesionarias de las 5 ASE que hay en la ciudad de Bogotá. En el desarrollo de dicho
proceso de interventoría, advirtió que Promoambiental, en los periodos comprendidos
entre marzo de 2018 y febrero de 2019 y febrero de 2020 y abril de 2022 reportó
kilómetros de barrido que superan el valor techo definido en el PGIRS de la ciudad de
Bogotá, situación que va en contravía de los preceptos normativos que se reclaman
como incumplidos en la presente acción.
42. Manifestó que realizó oportunamente los requerimientos a la concesionaria, con
copia a la UAESP, con el fin de que se justificaran esos mayores valores de kilómetros
de barrido y limpieza reportados por el concesionario sin obtener una respuesta
satisfactoria sobre el particular.
43. Informó que le solicitó a la UAESP que definiera de manera clara y precisa si el
actuar del prestador, en relación con la inclusión en la tarifa de los kilómetros de barrido
en una proporción mayor a la establecida en la línea base del PGIRS, podría tener una
connotación diferente a la simplemente tarifaria, sin obtener respuesta sobre el asunto,
situación que igualmente fue puesta en conocimiento de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios y posteriormente formuló varios requerimientos de
acción correctiva – SAC- al concesionario, demostrando de esta manera que el
consorcio ha ejercido de manera rigurosa sus obligaciones como interventor y ha dado
cumplimiento a las previsiones legales y contractuales que lo regulan.
44. Arguyó que ha cumplido con sus deberes como interventor de los contratos de
concesión del servicio de aseo de la ciudad de Bogotá, en los términos establecidos
en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, y con las obligaciones emanadas del contrato
de interventoría n.º 396 de 2018: «(…) para lo cual y en el caso particular de la mayor
cantidad de kilómetros de Barrido y Limpieza reportados como ejecutados por
PROMOABIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P, ha solicitado las acciones correctivas del
caso al Concesionario y ha alertado e informado, tanto a la Entidad Contratante como
a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los hechos
evidenciados(…)».
21 Documento “ED_21CONTESTACION(.pdf)” en el índice 2 de SAMAI.
22 En la contestación de la demanda se informa que las sociedades integrantes del Consorcio
Proyección Capital son: “1. REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA – EN
REORGANIZACION con un porcentaje de participación del 51%. 2. INTERESTUDIOS INGENIERIA
SAS con un porcentaje de participación del 44%. 3. SERTIC SAS con un porcentaje de participación del
5%”, según consta en el documento “ED_21CONTESTACION(.pdf)” en el índice 2 de SAMAI.
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Radicación n.º 25000-23-41-000-2022-00521-01
45. Para concluir indicó que las pretensiones planteadas contra el consorcio
interventor implican una imputación de incumplimiento de obligaciones legales y
contractuales frente a las que existen mecanismos procesales adecuados e idóneos
diferentes a la acción de cumplimiento y por tal circunstancia debe declararse la
improcedencia de esta.
3.5. De la UAESP23
46. Mediante apoderado se opuso a todas las pretensiones de la demanda y precisó
que esta unidad no es un ente de control, ni una entidad reguladora, ni tiene funciones
jurisdiccionales que la faculten para ordenar a Promoambiental o a cualquier operador,
la devolución de los posibles mayores valores cobrados en la tarifa, atribución que por
disposición de la ley se encuentra en cabeza de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios.
47. Solicitó denegar las súplicas de la acción en atención a que esta adolece del
requisito de inobjetabilidad y legitimidad en lo que a la entidad se refiere puesto que
esta, por lo señalado, no puede “ordenar” los operadores de aseo, la devolución de los
posibles mayores valores cobrados en la tarifa.
48. Reiteró que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es la que
se encuentra facultada para ordenar a los prestadores del servicio público de aseo
incluir o no variables de cálculo tarifario y, por ende, conminar a Promoambiental,
dentro de los controles tarifarios que realiza, no introducir información de kilómetros
de barrido superiores a los que establece el PGIRS de la ciudad.
49. Explicó que en el PGIRS se establecen las frecuencias que deberán ser tenidas
en cuenta por los prestadores del servicio para ejecutar la actividad de barrido y
limpieza de áreas públicas, con lo cual efectúan el cálculo de la tarifa. Precisó que en
caso de que se requieran mayores frecuencias a las allí definidas, estas deben ser
modificadas por el Distrito y los operadores no pueden cambiar unilateralmente la
longitud de vías y áreas barridas establecidas en el Programa para la Prestación del
Servicio de Aseo, el cual debe estar acorde con el referido PGIRS, que deberá atender
lo señalado en la metodología tarifaria que le aplique al prestador del servicio y a lo
establecido en los contratos de concesión suscritos con la UAESP y sus respectivos
anexos.
50. Explicó que la UAESP, en radicado n.º 20202000173511 del 10 de noviembre
de 2020, informó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre la
inadecuada aplicación de la metodología tarifaria contenida en la Resolución 720 de
2015. Así mismo, mediante los radicados n.º 20212000029361 del 18 de febrero de
2021 y 20212000245031 del 8 de diciembre de 2021, le solicitó verificar los controles
tarifarios.
23 Documento “ED_17CONTESTACIONUAESP(.pdf)” en el índice 2 de SAMAI.
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Demandante: Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. – LIME S.A. E.S.P.
Demandados: Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y otros
Radicación n.º 25000-23-41-000-2022-00521-01
51. Señaló que «la UAESP, en calidad de entidad contratante y en cumplimiento de
sus funciones de supervisión, así como por medio de la firma interventora Proyección
Capital ha velado por el cumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas con
cada uno de los concesionarios, y si se presentan, presuntos incumplimientos tarifarios
o regulatorios que afecten la ejecución contractual, se procederá a adelantar los
procesos sancionatorios contractuales que correspondan, con base en el informe que
haga la interventoría, de conformidad al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011».
3.6. De la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 24
52. Mediante apoderado se opuso a las pretensiones de la demanda en lo que
respecta a la entidad y precisó que «las funciones de la Superintendencia de Servicios
Públicos se circunscriben al control, vigilancia e inspección sobre las empresas que
prestan servicios públicos y la entidad ha dado cabal cumplimiento a las funciones
descritas en la Ley 142 de 1994».
53. Explicó que el artículo 79.1 de la Ley 142 de 1994, establece las funciones a
cargo de la superintendencia de vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos
administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto
este afecte en forma directa e inmediata a usuarios determinados, y sancionar sus
violaciones siempre y cuando esta atribución no sea competencia de otra autoridad.
54. De igual forma precisó que en Bogotá el servicio de aseo se presta a través de
contratos de concesión bajo el esquema de Área de Servicio Exclusivo, establecido en
el artículo 40 de la Ley 142 de 1994, y que las empresas concesionarias se rigen por
lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, el Decreto 1077 de 2015 (art. 2.3.2.2.1. y
siguientes) y la Resolución CRA 943 de 2021.
55. Señaló que el servicio está sujeto a una interventoría encargada de realizar el
seguimiento y verificación del cumplimiento de los contratos de concesión, en el que
debe velar por la obediencia de los deberes omitidos por parte de las prestadoras, el
cabal acatamiento de las obligaciones contractuales y de las normas en las que se
fundamentan; de igual forma, tiene la obligación de procurar que estas empresas
presten y cobren el componente de barrido y limpieza según lo dispuesto en el PGIRS
distrital, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011.
56. Por lo anterior, afirmó que frente a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios no se ha probado desacato de sus obligaciones como ente de vigilancia
inspección y control frente al servicio y a sus usuarios.
57. Informó que la Superintendencia, en ejercicio de las funciones ha requerido a
LIME y ha enviado 42 comunicaciones a Promoambiental, en relación con el control
tarifario aplicado a dicha empresa. Destacó que le ha pedido a la concesionaria que
se pronuncie con relación al estado actual de la prestación del servicio en el sector de
24 Documento “ED_20CONTESTACIONSUPER(.pdf)” en el índice 2 de SAMAI.
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Demandante: Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. – LIME S.A. E.S.P.
Demandados: Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y otros
Radicación n.º 25000-23-41-000-2022-00521-01
la Cra 21 a#3sur -68 Bachué, y que acredite el cumplimiento de las frecuencias y
horarios de recolección, así como con las actividades de corte de césped y limpieza
de vías y áreas públicas en el sector. Igualmente solicitó la presentación de una
propuesta y acciones para dar solución definitiva a la problemática denunciada e
indicar el término en el cual se ejecutarán dichas medidas.
58. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, en
atención a que no es la autoridad que presuntamente incurrió en el incumplimiento de
las normas que refiere la parte actora de esta demanda.
4. Sentencia impugnada25
59. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
mediante sentencia del 11 de julio de 2022, resolvió lo siguiente:
«PRIMERO.- DECLARAR NO PROBADA la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva, propuesta por Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., Ciudad Limpia
Bogotá S.A. E.S.P. y Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P.
SEGUNDO.- DESVINCULAR de la presente acción a la sociedad TEC CUATRO S.A.
SUCURSAL COLOMBIA; en su lugar, vincular a la sociedad SERTIC S.A.S., como
integrante actual del Consorcio Proyección Capital.
TERCERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la acción con respecto a Promoambiental
Distrito S.A.S. E.S.P., Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P., Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P.,
la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, y el Consorcio
Proyección Capital.
CUARTO.- ACCEDER a las pretensiones de la demanda en relación con la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En consecuencia se ORDENA a
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria del presente fallo emprenda las actuaciones administrativas
del caso en el marco del artículo 79, numeral 1, de la Ley 142 de 1994 con respecto a
la sociedad Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. con base, entre otros elementos, en
los aportados en el presente proceso por la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos y la interventoría del Consorcio Proyección Capital.
QUINTO.- NEGAR la solicitud de coadyuvancia de la sociedad Procesadora de
Información del Servicio de Aseo S.A.S., Proceraseo S.A.S.
SEXTO.- RECONOCER PERSONERÍA a los siguientes abogados Humberto Antonio
Sierra Porto, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 73.120.035 y T.P. No. 61.522
del C. S. de la J., en representación de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.; Marco
Andrés Mendoza Barbosa, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.153.491 y
T.P. No. 140.143 del C. S. de la J., en representación de la UAESP; Cristián Hernán
Burbano Sandoval, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 4.613.442 y T.P. No.
161.303 del C. S. de la J., en representación de la SSPD; Carlos Alberto Rodríguez
Casas, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.128.302 y T.P. No. 14.626 del C.
S. de la J., en representación del Consorcio Proyección Capital; Jorge Enrique Santos
25 Documento “ED_31SENTENCIAAC202(.pdf)” en el índice 2 de SAMAI.
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14
Demandante: Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. – LIME S.A. E.S.P.
Demandados: Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y otros
Radicación n.º 25000-23-41-000-2022-00521-01
Rodríguez, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.088.885 y T.P. No. 139.744
del C. S. de la J., en representación de Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P.» (sic)
60. Sobre la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta
por Promoambiental el Tribunal la declaró no probada al considerar que «como la
actividad que aquí se analiza, que consiste en la prestación de un servicio público,
implica un impacto directo en la fijación de su tarifa; el asunto de que se trata se
encuentra comprendido por una facultad inherente al Estado y, por ende, supone el
ejercicio de función pública».
61. De igual forma, declaró no probadas la excepción propuesta por Bogotá Limpia
y Ciudad Limpia al determinar que la parte actora en la subsanación de la demanda se
ratificó al señalarlas como demandadas y la planteada por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios al advertir una relación directa entre las competencias
de dicha entidad y el asunto materia de controversia.
62. Al analizar las normas presuntamente incumplidas por las empresas
prestadoras, la UAESP y el consorcio Proyección Capital, estableció que lo realmente
pretendido por la parte actora es el cumplimiento de una serie de obligaciones y
cláusulas previstas en los contratos de concesión del servicio de aseo suscrito entre
la UAESP y Promoambiental y de interventoría suscrito entre la UAESP y el Consorcio
Proyección Capital. Por tanto, concluyó que la acción deviene en improcedente, en
atención a que dichas relaciones de carácter contractual tienen «prevista la existencia
de mecanismos especializados para asegurar el cumplimiento de la normativa legal y
reglamentaria aplicable. Es en el marco de dichos mecanismos contractuales que debe
reclamarse por los incumplimientos alegados».
63. Sobre la norma presuntamente incumplida por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios señaló que el ente de control no acreditó el despliegue de
actividades administrativas concretas en relación con el hecho de que Promoambiental
ha continuado desconociendo la normativa relativa al número de kilómetros por barrer
por encima de las normas establecidas ante la mirada pasiva de la entidad, según las
afirmaciones hechas por varios de los intervinientes, concluyendo que:
«El mandato de vigilancia de la ley que se impone a la SSPD en la norma aludida es
inteligible y manifiesto. Además, se torna en exigible en el presente caso porque en el
expediente abundan los elementos sobre la omisión de la superintendencia en el
cumplimiento de su deber de protección de los usuarios del servicio de aseo en la
ciudad de Bogotá.»
64. En relación con la solicitud presentada por la sociedad Procesadora de
Información del Servicio de Aseo S.A.S., Proceraseo S.A.S., el Tribunal, con
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Demandante: Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. – LIME S.A. E.S.P.
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Radicación n.º 25000-23-41-000-2022-00521-01
fundamento en lo preceptuado en el artículo 71 del Código General del Proceso26,
señaló que la coadyuvancia solo procede en los procesos declarativos, carácter que
no corresponde con la acción de cumplimiento según lo precisado por la Corte
Constitucional en sentencia C- 638 de 31 de mayo de 2004, a saber:
«(…) En segundo lugar, porque la naturaleza de la acción de cumplimiento la aleja de
aquellas que se revisten de un carácter declarativo de derechos. Lo que el
constituyente quiso fue establecer un mecanismo para hacer efectivos mandatos o
derechos expresamente consagrados en la ley o en el acto administrativo anterior,
sobre los cuales no existe discusión o incertidumbre (…)».
5. Impugnación
65. Mediante comunicación electrónica del 27 de julio de 202227, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios impugnó la sentencia de primera
instancia y solicitó expresamente «revocar integralmente la sentencia de proferida el
día 11 de julio de 2022». (Negrillas fuera de texto)
66. Planteó que no es clara la razón por la cual los elementos sobre la omisión de
la entidad resultaron abundantes, si se tiene en cuenta que expresamente se informó
sobre 42 requerimientos efectuados a Promoambiental y sobre la exigibilidad del
cumplimiento de las actividades complementarias en discusión.
67. Señaló que no omitió su responsabilidad, ni las competencias establecidas en
el numeral 1 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, y acreditó que desde el año 2018
ha venido adelantando las investigaciones y actuaciones a que hay lugar, para verificar
y tomar las medidas necesarias frente al control tarifario cobrado por los prestadores
en la ciudad de Bogotá, con resultados concluyentes como la devolución de sumas de
dinero a los usuarios por parte de las empresas prestadoras del servicio de aseo28.
26 “ARTÍCULO 71. COADYUVANCIA. Quien tenga con una de las partes determinada relación
sustancial a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse si
dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella, mientras no se haya
dictado sentencia de única o de segunda instancia.
El coadyuvante tomará el proceso en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención
y podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición
con los de esta y no impliquen disposición del derecho en litigio.
La coadyuvancia solo es procedente en los procesos declarativos. La solicitud de intervención deberá
contener los hechos y los fundamentos de derecho en que se apoya y a ella se acompañarán las
pruebas pertinentes.
Si el juez estima procedente la intervención, la aceptará de plano y considerará las peticiones que
hubiere formulado el interviniente.
La intervención anterior al traslado de la demanda se resolverá luego de efectuada esta”.
27 Documento “ED_33IMPUGNACIONAFAL(.pdf)”, índice 2 de SAMAI.
28 En este sentido informó que “por conducto de su Dirección Técnica de Gestión de Aseo, se han venido
realizando los controles tarifarios respectivos desde el año 2018, dentro de los cuales se ha evidenciado
que PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P., ha efectuado presuntos cobros no autorizados en
varios de los costos calculados en la tarifa, y es el responsable de realizar las devoluciones identificadas,
de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable para el caso”.
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68. Indicó que la entidad iniciará un nuevo proceso de control tarifario a los 5
prestadores del servicio público de aseo de Bogotá para la vigencia comprendida entre
julio de 2020 y junio de 2022, y resaltó que en este no solo tendrá en cuenta la
información reportada por Promoambiental, sino la de todos los prestadores para las
actividades que tienen un cálculo único en el Distrito, conocidos como costos comunes,
entre los cuales se encuentran el Costo de Barrido y Limpieza (CBLS), el Costo de
Limpieza Urbana por Suscriptor (CLUS) y el Valor Base de Remuneración de
Aprovechamiento (VBA).
69. Señaló que dada la complejidad del control tarifario y el volumen de información
que debe ser objeto de análisis técnico, el término señalado en la sentencia resulta
insuficiente e ineficaz para realizar un procedimiento de control certero.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
70. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada contra la
sentencia del 11 de julio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 12529, 15030 y 24331 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo –CPACA- Ley 1437 de 201132, así como del Acuerdo 080
del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la
competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer de «…las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los
Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento ».
2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento
71. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica, es
hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo que impone determinada actuación u omisión a la autoridad. Su objeto
es la observancia del ordenamiento jurídico existente.
29 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
30 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
31 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
32 “Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de
los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de
unificación de jurisprudencia. (…)”.
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72. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 29 de julio de
199733, que reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad «la
renuencia» (artículo 8°), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de
ejercitar la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.
73. Para que la demanda proceda, se requiere:
a) Que la norma legal o acto administrativo contenga un mandato imperativo e
inobjetable radicado en cabeza de una autoridad pública o de un particular en
ejercicio de funciones públicas, al cual se reclama el cumplimiento; y que, en
efecto, se establezca que existe la desatención de la norma o acto;
b) Que el actor pruebe que antes de presentar la demanda exigió al que consideró
como obligado, el cumplimiento de su deber legal;
c) Que el afectado no haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el
efectivo cumplimiento del deber jurídico contenido en el acto administrativo, salvo
el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente
para quien ejerció la acción; que no se trate de una norma que establezca gastos,
ni tampoco del reclamo de un derecho que pueda garantizarse por la vía de la
acción de tutela.
3. Cuestión Previa
74. La parte actora, el día 23 de agosto de 2022, allegó un memorial34 en el que
refiere:
«(...) me permito plantear las siguientes razones por las cuales deberá REVOCARSE
PARCIALMENTE la sentencia emitida el pasado 11 de julio en el asunto de la
referencia, para en su lugar, (1) declarar la procedibilidad de la acción de cumplimiento
contra la empresa Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., (2) acoger las pretensiones
formuladas en el medio de control y (3) confirmarse lo decidido por la primera instancia
respecto de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, desestimando la
impugnación interpuesta por dicha entidad (...)».
75. Para la Sala esta solicitud entraña indudablemente una impugnación de la
sentencia del 11 de julio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, presentada por fuera de los términos
establecidos en el artículo 26 de la ley 393 de 1997, que señala lo siguiente:
«ARTÍCULO 26. IMPUGNACIÓN DEL FALLO. Dentro de los tres (3) días siguientes
33 “Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política”.
34 índice 4 de SAMAI.
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al de su notificación, la sentencia podrá ser impugnada por el solicitante, por la
autoridad renuente o por el representante de la entidad a la que éste pertenezca y por
el Defensor del Pueblo.
La impugnación se concederá en el efecto suspensivo, salvo que la suspensión de
cumplimiento del fallo genere un perjuicio irremediable del demandante.»
76. Por lo anterior y teniendo en cuenta la providencia del veintinueve (29) de julio
de dos mil veintidós (2022)35 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que
concedió la impugnación interpuesta oportunamente por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, la solicitud presentada por la parte actora se
rechazará por extemporánea.
4. Del agotamiento de la renuencia como requisito de procedibilidad
77. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución en
renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que debe
elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en acto
administrativo con citación precisa de éste36 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación de
la solicitud.
78. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad, la Sala ha señalado
que «…el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud
expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los
fines de la acción de cumplimiento»37.
79. Sobre este tema, esta Sección38 ha dicho que:
«(…) Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la
norma, la cual constituye la base de la renuencia, que, si bien no está sometida a
35 Ídem
36 Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de constituir
en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones
públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para
lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende,
exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la acción por carecer del requisito de
renuencia. Como el accionante reclamó de la Superintendencia de Puertos y Transporte el cumplimiento
de los artículos 41 del Decreto 101 de 2000; 14 del Decreto 1016 de 2000 y 3, 4 y 10 del Decreto 2741
de 2001, los cuales constan, en su orden, de 4, 14, 4, 6 y 9 numerales, sin indicar con claridad en cuál
de ellos se consagra el deber legal que pedía cumplir, en criterio de la Sala, atendiendo la ley y la
jurisprudencia que sobre la materia se ha fijado, estima que no se cumplió con el requisito de
procedibilidad de la acción, por lo que así se debió declarar por el Tribunal a quo”.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de
octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
38 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011, Exp. 2011-
00024-01. M.P: Susana Buitrago Valencia.
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formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La petición de
cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo; el
señalamiento preciso de la disposición que consagra una obligación y la explicación del
sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o expresa,
puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido expresamente ratifica
el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la presentación de la solicitud, la
entidad o el particular guardan silencio con relación a la aplicación de la norma. Esto
muestra que el requisito de procedencia de la acción prueba la resistencia del
destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de
la petición de cumplimiento que previamente debió formular la demandante, pues, como
se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial
para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos
(…)»39 (Negrillas fuera de texto).
80. En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece lo
siguiente:
«(…) Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado
dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud (…)».
81. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997 no lo
prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de esta que lo pretendido es el
cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este, pueda inferirse el
propósito de agotar el requerimiento en mención.
82. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito
de procedibilidad cuando el requerimiento «…tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»40.
83. En el caso concreto, la parte actora aportó los escritos del 24 de febrero de
2022, dirigidos a las entidades demandadas, en los que solicitó acatamiento de las
normas referidas como incumplidas; sin embargo, como lo señaló el Tribunal a quo no
obra prueba del radicado correspondiente de las mismas.
39 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp. 2003-
00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla.
40 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002, exp.
ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00019.
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84. No obstante lo anterior, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
Promoambiental, Bogotá Limpia, Ciudad Limpia, la UAESP, y el Consorcio Proyección
Capital dieron respuesta mediante escritos de 10, 11, 17 y 31 de marzo de 2022 y 8
de abril de 2022, respectivamente, lo que permite establecer que recibieron las
peticiones de 24 de febrero de 2022. Por lo tanto, no hay duda de que previo a ejercer
esta acción, la parte actora agotó en debida forma el requisito de renuencia ante dichas
entidades y autoridades.
5. De la falta de legitimación en la causa por pasiva
85. El fallo de primera instancia no declaró la excepción que sobre el particular
propuso Promoambiental, bajo la consideración de que en el presente caso se ventila
una situación relacionada con la prestación de un servicio público que implica un
impacto directo en la fijación de su tarifa; aspecto que comprende una facultad
inherente al Estado y, por ende, supone el ejercicio de función pública en cabeza de
los prestadores de servicios públicos domiciliarios
86. En el mismo sentido la parte demandante señaló que las personas jurídicas de
naturaleza privada que tengan a su cargo la prestación de servicios públicos
domiciliarios y desempeñen funciones administrativas, como la de autoridad o entidad
tarifaria local, con independencia de si su capital es privado o público, desarrollan una
función inherente del Estado, según lo establecen los artículos 365, 366 y 367 de la
Constitución, y por consiguiente, ostentan prerrogativas de autoridad pública además
de cumplir funciones administrativas y por tanto contra ellas resulta procedente la
acción de cumplimiento.
87. Como lo ha señalado esta Sala 41 , el servicio público es toda actividad
organizada que tiende a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y
continua y que puede ser prestado por el Estado o por los particulares; mientras que
la función pública es aquella que está a cargo del Estado, aunque puede delegarse en
particulares, y está ligada por lo general a funciones legislativas, judiciales y
administrativas.
88. Al respecto, debe indicarse que la Corte Constitucional ha decantado las
diferencias entre función pública y el servicio público, y en sentencia C-037 de 2003
así lo desarrolló:
«(…) Si bien en un sentido amplio podría considerarse como función pública todo
lo que atañe al Estado, cabe precisar que la Constitución distingue claramente los
conceptos de función pública y de servicio público y les asigna contenidos y
ámbitos normativos diferentes que impiden asimilar dichas nociones, lo que implica
específicamente que no se pueda confundir el ejercicio de función pública, con la
prestación de servicios públicos, supuestos a los que alude de manera separada el
41 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 2 de febrero de 2017, Exp.
68001-23-33-000-2016-01097-01. M.P: Rocío Araújo Oñate.
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artículo 150 numeral 23 de la Constitución que asigna al Legislador competencia
para expedir las leyes llamadas a regir una y otra materia. El servicio público se
manifiesta esencialmente en prestaciones a los particulares. La función
pública se manifiesta, a través de otros mecanismos que requieren de las
potestades públicas y que significan, en general, ejercicio de la autoridad
inherente del Estado (…)» 42. (Negrilla fuera de texto)
89. Las empresas prestadoras del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá,
si bien ejercen una actividad de servicio público, aquella no implica el ejercicio de
función pública43, por tanto, carecen de legitimación por pasiva para hacer parte de
esta acción, pues se reitera, que el artículo 6º de la Ley 393 de 1997 prevé que este
medio de control solo procede «(…) contra acciones u omisiones de particulares que
impliquen el cumplimiento de una norma con fuerza material de Ley o Acto
administrativo, cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones
públicas, pero sólo para el cumplimiento de las mismas (…)». 44 (Negrilla y
subrayado fuera de texto).
90. En este preciso caso, la Sala advierte que la parte actora requiere que se ordene
a Promoambiental que cumpla con las disposiciones que regula el reporte y cargue de
la información necesaria para realizar el cálculo de la tarifa correspondiente a la
prestación de su servicio de aseo; es decir, el informe que sirve de fundamento para
luego sí cobrar a cada usuario por dicha prestación.
91. En este orden de ideas, contrario a lo afirmado por el Tribunal y la parte actora,
en el presente asunto no se cuestiona de manera alguna la prestación de un servicio
público, pues la controversia se limita a la información que está reportando
Promoambiental para obtener el pago de sus servicios prestados, además, es lo cierto
que la tarifa del mismo ya está regulada, entre otras, por el Decreto 1077 de 2015 45 y
la Resolución CRA 943 de 202146.
42 Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 28 de enero de 2003, MP. Dr. Álvaro Tafur Galvis.
43 “Sobre el particular, la doctrina inclusive tiene precisada la diferencia existente entre función pública
y servicio público, que, si bien son dos figuras próximas en el ámbito del derecho público, cada una de
ellas posee su propia caracterización y tipificación que las diferencia entre sí, “esta distinción procede
de la doctrina italiana y fue elaborada frente a la pretensión inicial de que «toda tarea administrativa es
constitutiva de servicios públicos» hoy ya desechada. No obstante, puede decirse que la función pública
participa en todo caso del poder del Estado, y que es de carácter siempre jurídico, mientras que el
servicio público es de carácter material y técnico y en muchas de sus manifestaciones no puede utilizar
el poder público.” Esta Sala acoge el anterior pronunciamiento para rechazar la acción promovida por
el Sindicato de Trabajadores de la Cooperativa de Motoristas del Huila y Caquetá, contra la Cooperativa
de Motoristas del Huila y Caquetá Ltda., pues se trata de un particular que, si bien presta el servicio
público de transporte, no actúa en ejercicio de funciones públicas.” Sección Quinta del Consejo de
Estado, sentencia de 4 de agosto de 2004, Exp. 2004-0271-01, C. P.: Darío Quiñones Pinilla.
44 Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 9 de mayo de 2012, Exp. 2011-00561, C.P. Dra.
Susana Buitrago Valencia.
45 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio.”
46 “Por la cual se compila la regulación general de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y
aseo, y se derogan unas disposiciones.”
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92. Así las cosas, debe señalar esta Sala que Promoambiental, es una sociedad
privada, que no cumple función pública, que de la normativa que se le exige atender
tampoco deriva que su actuar conlleve al ejercicio de funciones públicas; por tanto,
resulta evidente que debe declararse probada la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva.
93. Por otro lado, debe indicarse que las empresas prestadoras Bogotá Limpia y
Ciudad Limpia, alegaron la falta de legitimación en la causa por pasiva con el
argumento de que LIME, al sustraer la pretensión decimotercera de su demanda, no
promovió la acción de cumplimiento contra estas y dirige sus pretensiones
exclusivamente en contra de Promoambiental, el Consorcio Proyección Capital, la
UAESP, y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
94. Sobre el particular la Sala encuentra que, pese a que en la subsanación de la
demanda la parte actora ratifica su decisión de mantener como demandadas a las
concesionarias Bogotá Limpia y Ciudad Limpia, lo cierto es que contra ellas no elevó
pretensión alguna e incluso se destaca que las referidas accionadas, en sus
contestaciones, asumen una posición de coadyuvar en lo pretendido por la
demandante frente a las otras entidades accionadas y por tanto, la falta de legitimación
en la causa por pasiva se hace ostensible.
95. Por lo explicado, se declarará la falta de legitimación en la causa por pasiva de
las empresas demandadas Promoambiental, Bogotá Limpia y Ciudad Limpia.
96. Sobre la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva planteada
por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Sala coincide con el
Tribunal cuando señaló una relación directa entre las competencias de dicha entidad,
las pretensiones de la parte actora frente a esta y el asunto materia de controversia,
en cuanto se refiere específicamente a las funciones de vigilancia y control del
cumplimiento de las leyes y actos administrativos sobre los prestadores de servicios
públicos a cargo de esta autoridad y por tanto, corresponde declarar no probada la
excepción propuesta por la misma.
6. De la procedencia de la acción de cumplimiento
97. Conforme lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley 393 de 199747, la acción de
cumplimiento no procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento
de defensa judicial para lograr la efectiva materialización de la norma o acto
47 “ARTICULO 9o. IMPROCEDIBILIDAD. La Acción de Cumplimiento no procederá para la protección
de derechos que puedan ser garantizados mediante la Acción de Tutela. En estos eventos, el Juez le
dará a la solicitud el trámite correspondiente al derecho de Tutela. Tampoco procederá cuando el
afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la
norma o Acto Administrativo, salvo que, de no proceder el Juez, se siga un perjuicio grave e
inminente para el accionante. PARAGRAFO. La Acción regulada en la presente Ley no podrá
perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos”. (Negrillas y subrayas fuera de texto).
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administrativo salvo que, de no proceder el juez, se cause un perjuicio grave e
inminente para el accionante.
98. En este sentido, y en relación con las pretensiones que se refieren al Consorcio
Proyección Capital y la UAESP, la Sala confirmará la decisión del Tribunal a quo de
declarar la improcedencia de la acción de cumplimiento respecto de estas autoridades,
al advertir que lo pretendido va más allá del cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 84 de la Ley 1474 de 2011, 2.3.2.1.1. numeral 32 del Decreto 1077 de 2015
y 5 del Decreto Distrital 345 de 2020, toda vez que, sin duda, lo que se propone, con
el ejercicio de este medio de control, es discutir aspectos propios de las relaciones
contractuales derivadas de los contratos de concesión e interventoría suscritos para el
efecto entre las prestadoras, como se explicó en la decisión impugnada48.
99. Ahora bien, en relación con las pretensiones orientadas a que la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dé cumplimiento al mandato
contenido en el numeral 1 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, la Sala considera que
que este es un precepto actualmente exigible porque no está derogado ni suspendido
y su acatamiento no implica gasto ni la protección de derechos fundamentales, lo que
torna procedente la acción frente al mismo.
7. Del caso concreto
100. La Sala procede a exponer el contenido de las disposiciones que se dicen
desacatadas por la entidad demandada:
«ARTÍCULO 79. FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA. Las personas prestadoras
de servicios públicos y aquellas que, en general, realicen actividades que las haga sujetos
de aplicación de las Leyes 142 y 143 de 1994, estarán sujetos al control y vigilancia de la
Superintendencia de Servicios Públicos. Son funciones de esta las siguientes:
1. Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén
sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento afecte en forma
48 “lo realmente pretendido por la actora es el cumplimiento de una serie de obligaciones y cláusulas
previstas en los contratos No. 284 de 18 de enero de 2018, de concesión del servicio de aseo suscrito
entre la UAESP y Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., y de interventoría No. 369 de 2018, suscrito
entre la UAESP y el Consorcio Proyección Capital.
El Contrato No. 284 de 18 de enero de 2018, de concesión del servicio, cláusula décima, establece la
metodología para la fijación de las tarifas del servicio de aseo; y en la cláusula décima séptima la
interventoría que le corresponde a la UAESP.
El Contrato No. 369 de 8 de febrero de 2018, de interventoría del anterior, cláusula décima tercera,
establece la obligación de supervisión a cargo de la UAESP y en el anexo técnico se observan las
obligaciones que corresponden al contratista (Consorcio Proyección Capital).
En este orden de ideas, la presente acción es improcedente pues con ella se persigue el cumplimiento
de obligaciones contractuales, esto es, no se trata de obligaciones consagradas en leyes o actos
administrativos (artículo 1 de la Ley 393 de 1997) en forma directa o inmediata.
Es cierto que dichas cláusulas contractuales tienen fundamento en normas de rango legal o
reglamentario; sin embargo, los incumplimientos originados en las relaciones de carácter
contractual tienen prevista la existencia de mecanismos especializados para asegurar el
cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria aplicable.”. (Negrillas y subrayas fuera de texto).
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directa e inmediata a usuarios determinados; y sancionar sus violaciones, siempre y
cuando esta función no sea competencia de otra autoridad (…)».
101. De la lectura del precepto transcrito se desprenden los deberes a cargo de la
Superintendencia de Servicios Públicos para cumplir con sus funciones de vigilancia y
control del cumplimiento de las leyes y actos administrativos sobre los prestadores de
servicios públicos, en tanto esto afecte en forma directa e inmediata a usuarios
determinados y la habilitación para sancionar sus violaciones, siempre que ello no sea
competencia de otra autoridad.
102. Razón por la misma no resulta procedente declarar la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva
103. En efecto, la Superintendencia, en virtud de sus funciones, demostró que ha
realizado una estricta vigilancia sobre la aplicación del régimen tarifario vigente, tal
como se evidencia, entre otros, en los 42 requerimientos que se relacionan en los
informes presentados en el expediente y en los diez (10) procesos de control tarifario
que ha realizado a los prestadores del distrito desde febrero de 201849.
104. De igual forma, en relación con las actividades de barrido y limpieza, señaló
que se encontraron cobros no autorizados por parte de algunos de los prestadores de
la ciudad, dentro de los que se encuentra Promoambiental, entidad que los aceptó y
actualmente se encuentra en proceso de devolución de los valores correspondientes
a los usuarios. La Superintendencia informó que está revisando las acciones de control
pertinentes para aplicar frente a los otros prestadores que no han aceptado dichos
cobros.
105. Adicionalmente, se destaca que la Superintendencia, en el marco de sus
funciones iniciará un nuevo proceso de control tarifario a los 5 prestadores del servicio
público de aseo de Bogotá para la vigencia comprendida entre julio de 2020 y junio de
2022, precisando que la verificación de la aplicación tarifaria de Promoambiental para
periodos posteriores a junio de 2020, momento en el que se expidió el nuevo PGIRS
49 Al respecto la entidad informó que «(…) Los cinco (5) primeros procesos de control permitieron auditar
los cobros realizados durante el periodo comprendido entre febrero de 2018 y junio de 2019, para todas
las actividades del servicio público de aseo. Específicamente para las actividades de barrido y limpieza,
se encontraron cobros no autorizados para los siguientes prestadores:
• Promoambiental Distrito por 131 millones de pesos en capital.
• Bogotá Limpia por un valor aproximado de 131 millones de pesos en capital.
• Área Limpia Distrito Capital por un valor de 11.428 millones aproximadamente. (…) En conclusión,
para los prestadores de Bogotá se identificaron presuntos cobros no autorizados por un valor
de 25.159 millones de pesos para el periodo de control 2018-2019.
Respecto de los cinco (5) controles tarifarios restantes, que auditan los cobros realizados durante los
periodos de julio de 2019 a junio de 2020, debe indicarse que estos procesos ya finalizaron para los
prestadores Ciudad Limpia y Limpieza Metropolitana, sin encontrar cobros no autorizados.
Para el resto de los prestadores (PROMOAMBIETAL Distrito, Bogotá Limpia y Área Limpia) estos
procesos se encuentran en ejecución y no pueden publicarse los hallazgos iniciales, dado que no se
tiene el resultado final del mismo (…)» (Negrillas fuera de texto) según consta en el documento
“ED_33IMPUGNACIONAFAL(.pdf))” en el índice 2 de SAMAI.
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Demandante: Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. – LIME S.A. E.S.P.
Demandados: Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y otros
Radicación n.º 25000-23-41-000-2022-00521-01
del Distrito, se realizará en actuación o proceso de control tarifario aparte que recoja
los periodos no verificados a partir de julio de 2020.
106. En el caso concreto la Superintendencia explicó con suficiencia el despliegue
de las actividades tendientes al cumplimiento de los mandatos que se alegan
desatendidos y la parte actora no aportó elementos de juicio que desvirtúen la postura
asumida por la entidad sobre el cumplimiento de sus funciones en esta materia. Por lo
tanto, esta Sala no encuentra justificación para que prosperen las pretensiones de la
demandante frente a esta autoridad en estas circunstancias, correspondiendo en
consecuencia denegarlas.
107. En consecuencia, la Sala revocará parcialmente la sentencia del 11 de julio de
2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, para: i) declarar la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. y
Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P.; ii) declarar no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y iii) denegar las pretensiones de la demanda incoada contra la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. De igual forma rechazará por
extemporánea la impugnación presentada por la parte actora y confirmará en lo demás
la sentencia impugnada, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: RECHAZAR por extemporánea la impugnación presentada por la parte
actora, con fundamento en lo expuesto en esta providencia.
SEGUNDO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia del 11 de julio de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, en el sentido de:
I) DECLARAR LA EXCEPCIÓN de falta de legitimación en la causa por pasiva
de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. y
Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., por las razones expuestas en esta
providencia.
II) DECLARAR NO PROBADA LA EXCEPCIÓN de falta de legitimación en la
causa por pasiva Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por
las razones expuestas en esta providencia
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Demandante: Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. – LIME S.A. E.S.P.
Demandados: Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y otros
Radicación n.º 25000-23-41-000-2022-00521-01
III) DENEGAR LAS PRETENSIONES de la demanda interpuesta contra la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por las razones
explicadas en esta providencia.
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en este fallo.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393
de 1997.
QUINTO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen En
firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Aclara voto
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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