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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2022-01173-02

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2022-01173-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de 17 de julio de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”. En su lugar, DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 28292 de 11 de mayo de 2022, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por la SIC, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO cancelar el registro de la marca identificada con el certificado de registro núm. 709578, correspondiente a la marca “ALIVE”; y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de 17 de julio de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, que denegó las pretensiones de la demanda frente al medio de control de nulidad y Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 70 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01173-02 Actora: ALIMENTOS DEL VALLE S.A. - ALIVAL S.A.- restablecimiento del derecho incoado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN. QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2022-01173-02

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01173-02
Referencia: Acción de nulidad relativa y medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: ALIMENTOS DEL VALLE S.A. -ALIVAL S.A.-

TESIS: SE REVOCA PARCIALMENTE LA SENTENCIA APELADA.
ENTRE EL SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO “ALIVE” Y LAS
MARCAS MIXTAS “ALIVAL”, PREVIAMENTE REGISTRADAS,
EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS, ASÍ COMO
CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE
AMPARAN EN LAS CLASES 5ª, 29, 30 Y 32 DE LA CLASIFICACIÓN
INTERNACIONAL DE NIZA, POR LO QUE NO PUEDEN COEXISTIR
PACÍFICAMENTE EN EL MERCADO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto

por el apoderado de la sociedad ALIMENTOS DEL VALLE S.A. -

ALIVAL S.A.-, contra la sentencia de 17 de julio de 2025, proferida

por la Sección Primera, Subsección “A”, del Tribunal Administrativo

de Cundinamarca1, que denegó las súplicas de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

1
En adelante Tribunal.

2

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-01173-02
Actora: ALIMENTOS DEL VALLE S.A. - ALIVAL S.A.-

I.1. La sociedad ALIMENTOS DEL VALLE S.A. - ALIVAL S.A.- por

medio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad

relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de

14 de septiembre de 20002, de la Comisión de la Comunidad

Andina3 y del medio control de nulidad y restablecimiento del

derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, presentó demanda

tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

“[…] PRIMERA: Que DECLARE LA NULIDAD del artículo
primero de la Resolución número 28292 del 11 de mayo de
2022, expedida por la Delegatura para la Propiedad
Industrial de la SIC, mediante la cual revocó la extensión de
notoriedad de la marca ALIVAL para el período comprendido
entre enero de 2017 y junio de 2020.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración que
antecede y a título de restablecimiento del derecho, se
conceda la extensión de notoriedad a la marca mixta
ALIVAL para identificar “leche y derivados lácteos”, para el
período comprendido entre enero de 2017 y junio de 2020 o,
en subsidio, para aquel en el que se encuentre probado el
carácter notorio de la marca.

TERCERA: Que DECLARE LA NULIDAD del artículo
segundo de la Resolución número 28292 del 11 de mayo de
2022, expedida por la Delegatura para la Propiedad
Industrial de la SIC, mediante la cual revocó el numeral
segundo de la Resolución número 23808 y en su lugar
declaró infundada la oposición presentada al registro de la
marca ALIVE presentada por ALIVAL S.A.

CUARTA: Que DECLARE LA NULIDAD del numeral tercero
de la Resolución número 28292 del 11 de mayo de 2022,
expedida por la Delegatura para la Propiedad Industrial de la
SIC, mediante la cual se concedió el registro de la marca

2
“Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.
3
En adelante Decisión 486.

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3

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Actora: ALIMENTOS DEL VALLE S.A. - ALIVAL S.A.-

ALIVE para identificar productos en la Clase 32 de la
Clasificación Internacional de Niza.

QUINTA: Que como consecuencia de las declaraciones
tercera y cuarta que anteceden, se ordene a la SIC
CANCELAR el Certificado de Registro Número 709578
correspondiente a la marca ALIVE (nominativa).

SEXTA: Que se ORDENE la publicación de la sentencia que
en este proceso se profiera en la Gaceta de Propiedad
Industrial. […]”.

I.2. La parte actora fundamentó su demanda, en síntesis, en los

siguientes hechos:

1º: Que el 15 de julio de 2020 la sociedad ALIVE LAB S.A.S.

presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo

“ALIVE”, para identificar productos comprendidos en la clase 324

de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el

Registro de las Marcas5.

2°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial,

formuló oposición contra el registro solicitado, con fundamento en la

semejanza que se presentaba con sus marcas previamente

registradas y notorias “ALIVAL”, en las clases 5ª, 29, 30 y 32 de la

Clasificación internacional de Niza.

4
La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] Aguas minerales y gaseosas, y
otras bebidas sin alcohol; bebidas sin alcohol; bebidas sin alcohol con sabor a té; bebidas a base de
frutas; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; bebidas para deportistas; bebidas refrescantes sin
alcohol. […]”.
5
En adelante Clasificación Internacional de Niza.

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3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 23808 de 26 de

abril de 2021, el director de signos distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio6: i) extendió la notoriedad

de la marca “ALIVAL” respecto de productos comprendidos en la

Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente,

para leches y derivados durante el período comprendido entre enero

de 2017 y junio de 2020; ii) declaró fundada la oposición presentada

por la actora y, como consecuencia de lo anterior, iii) denegó el

registro como marca del signo “ALIVE”, para identificar productos

comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza

a nombre de la sociedad ALIVE LAB S.A.S.

4º- Que contra la referida decisión la sociedad ALIVE LAB S.A.S.

interpuso recurso de apelación, siendo resuelto por la

superintendente delegada para la propiedad industrial de la SIC,

mediante la Resolución núm. 28292 de 2022: i) que revocó la

decisión inicial; ii) declaró infundada la oposición presentada por la

actora; y iii) concedió el registro como marca del signo “ALIVE”,

para amparar productos comprendidos en la Clase 32.

6
En adelante SIC.

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I.3. En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la

violación de los artículos 136, literales a) y h), 224, 225, 228 y 230

de la Decisión 486, por interpretación errónea y falta de aplicación.

En síntesis, señaló los siguientes cargos de violación:

PRIMER CARGO: VIOLACIÓN POR INTERPRETACIÓN
ERRÓNEA Y FALTA DE APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 224,
228 Y 230 DE LA DECISIÓN 486.

Sostuvo que la SIC erró al interpretar el tenor normativo del

artículo 230 de la Decisión 486, pues tuvo como sector pertinente

de referencia, para determinar la notoriedad de la marca “ALIVAL”,

exclusivamente a los consumidores potenciales de los productos

que se identifican con el signo; y que, además, valoró

indebidamente las pruebas presentadas por ella, tendientes a

demostrar la notoriedad del signo “ALIVAL”, habida cuenta que se

abstuvo de pronunciarse sobre algunas pruebas y a otras no les

otorgó el valor probatorio que les correspondía, de manera que no

efectuó una valoración en conjunto, pues de haberlo hecho así

habría concluido que dicha marca es reconocida como tal en el

sector pertinente.

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Mencionó que la SIC omitió considerar que en las certificaciones de

INGREDIÓN COLOMBIA S.A. y LAFRANCOL S.A.S. (actores

empresariales relevantes en el sector de derivados lácteos), se

menciona que estos conocen la marca “ALIVAL” desde 2008; y

que, además, dicha entidad no tuvo en cuenta las certificaciones

emitidas por ACOPI y ASOLECHE, en tanto no se pronunció sobre

las mismas, cuando estas demuestran la relevante participación de

ALIVAL S.A. en el gremio lechero, empresa que identifica todos

sus productos con la marca sombrilla “ALIVAL”.

Aseguró que las mencionadas pruebas resultaban relevantes para

probar que la marca “ALIVAL” es conocida por “los círculos

empresariales que actúan en giros relativos al tipo de

establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se

aplique”.

Anotó que la entidad demandada tampoco valoró las certificaciones

expedidas por ALMACENES ÉXITO S.A. y SUPERTIENDAS Y

DROGUERÍAS OLÍMPICA S.A., que dan fe de que estos han

distribuido los productos identificados con la marca “ALIVAL” desde

1994 y 2007, respectivamente, evidenciando su conocimiento de la

marca.

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Indicó que las referidas certificaciones están dirigidas a demostrar el

reconocimiento de la marca “ALIVAL” por parte de “las personas

que participan en los canales de distribución o comercialización”, por

lo que debió ser determinante en el reconocimiento de la notoriedad

de la marca “ALIVAL”, pues se trata de dos de las empresas más

sobresalientes a nivel nacional que comercializan productos en

grandes superficies; y que como no se valoraron, en tanto la SIC no

se pronunció sobre ellas, es evidente, a su juicio, que no consideró

que tales actores fueran parte del sector pertinente.

Manifestó que no es razonable estimar que ALIVAL S.A. pudo

haber fabricado entre 70.000 y 82.000 litros de productos lácteos

anuales entre 2017 y 2020 sin haberlos vendido bajo la marca

“ALIVAL”. Ello, teniendo en cuenta que: i) como fue expuesto en la

oposición y analizado ampliamente en la resolución acusada, la

marca “ALIVAL” es una marca sombrilla que acompaña todos los

productos que ALIVAL S.A. comercializa en el mercado

directamente; y ii) que el certificado de producción expedido por

Catalina Rodríguez, expresamente establece que la producción de

los productos a los que se refiere el documento se identifican en el

mercado con la marca sombrilla “ALIVAL”, lo cual debe tenerse

como cierto de cara a la presunción de veracidad de la prueba.

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Precisó que la SIC erróneamente asume que todas las pruebas

allegadas indican que la publicidad de la marca “ALIVAL” ha

alcanzado a 12.680.985 personas. Sin embargo, la cifra a la que se

refiere la entidad demandada está contenida en el Informe de

Divulgación y Prensa emitido por CURE & GARCÍA

COMUNICACIÓN TOTAL en 2019, el cual hace mención del

alcance de la campaña publicitaria, únicamente, frente a la agenda

de medios de Cali y Pereira los días 6, 10, 11, 12 y 30 de

septiembre y 2 de octubre del mismo año. Así, la audiencia

estimada, alcanzada de 12.680.985 personas, se refiere solamente

a una campaña publicitaria realizada en 6 días de 2019, por lo que

la Superintendencia erró al considerar que esta es la audiencia total

a la que llegó la publicidad de “ALIVAL” entre los años 2017 y

2020, máxime si se tiene en cuenta que el valor total de la

inversión en esta campaña específica fue de COP$47.590.000; y la

inversión total en publicidad entre los años 2017 y 2020 asciende a

COP$16.275.274.000.

Mencionó que, en este sentido, al valorar las pruebas en conjunto,

la SIC debió considerar que la inversión total en publicidad en el

período relevante fue de alrededor de 340 veces mayor a lo

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invertido en la campaña a la que se refiere la SIC, por lo que la

audiencia estimada alcanzada incrementa proporcionalmente.

Indicó que no existe fundamento normativo alguno para descartar

la notoriedad de la marca “ALIVAL”, habida cuenta no es la única

en la que está impresa en los empaques de los productos que

comercializa ALIVAL S.A. o por su tamaño en relación con las

diferentes marcas que acompañan a cada producto de forma

individual. Por ende, de haberse valorado las pruebas en conjunto,

se hubiese llegado al convencimiento de que la marca “ALIVAL” es

notoria; y que como evidencia de esto último debe tenerse en

cuenta que la SIC alega no encontrar pruebas que demuestren

esfuerzos publicitarios de la marca “ALIVAL”.

Agregó que, sin embargo, lo cierto es que: i) la Certificación

emitida por DISRAMA MEDIOS PUBLICITARIOS LTDA.

demuestra que ellos han realizado trabajos de impresión digital

como banners, vinilos y marcación vehicular, en los que siempre se

ha utilizado la marca “ALIVAL” en todas sus campañas desde el

año 2009; y ii) que la certificación emitida por ESCARRIA PRINTS

DIGITAL S.A.S. demuestra que esta ha realizado material

publicitario impreso con la marca “ALIVAL”, las cuales tienen pleno

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valor probatorio y es evidente, a su juicio, que la SIC no las tuvo en

cuenta.

SEGUNDO CARGO: FALTA DE APLICACIÓN DE LOS

ARTÍCULOS 136, LITERALES A) Y H); Y 225 DE LA DECISIÓN

486.

Explicó que la marca solicitada “ALIVE” presenta semejanzas

ortográficas, visuales y fonéticas con la marca “ALIVAL”; y que,

además, se trata de signos que identifican productos que son

conexos competitivamente, razones suficientes para determinar la

existencia del riesgo de confusión o asociación en el mercado y para

establecer que el registro cuya nulidad se pretende no puede

coexistir pacíficamente con los registros de su propiedad.

Resaltó que no puede asumirse de forma ligera que al tener la

palabra “ALIVE” un significado en un idioma extranjero, ello sea un

elemento determinante y suficiente para que los consumidores

diferencien dos marcas; y que este es el único argumento que tuvo

la SIC para conceder el registro de la marca “ALIVE”, sin tener en

cuenta las amplias similitudes ortográficas, fonéticas y visuales que

se presentan entre las marcas cotejadas.

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Destacó que la marca “ALIVE” es percibida visualmente similar a la

marca notoria “ALIVAL”, logrando que a simple vista el consumidor

asocie ambas marcas, más cuando los productos que identifican las

marcas son conexos, por lo que, en este punto, debe aplicarse el

criterio según el cual para el análisis comparativo es importante

colocarse en el lugar del presunto comprador.

Puso de presente que existe identidad de productos, por cuanto

coinciden en la identificación de bebidas de la clase 32, de ahí que

la posibilidad de asociar los productos ofrecidos con las marcas en

conflicto sea alta, por cuanto el consumidor no se encuentra en

capacidad de distinguir la marca “ALIVAL” de la marca “ALIVE”

y/o su diverso origen empresarial, por lo que es considerablemente

probable que este adquiera o solicite los productos identificados con

la marca “ALIVE”, creyendo que está adquiriendo los productos

distribuidos con la marca de la actora.

Señaló que debe tenerse en cuenta que la marca “ALIVAL” es el

resultado de la unión de las primeras sílabas que componen la

razón social ALIMENTOS DEL VALLE S.A. En ese sentido, es una

marca de fantasía, la cual se acompaña de un diseño colorido,

altamente llamativo.

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I.2.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.2.1.- La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, mencionó que al apreciar las marcas cotejadas en

su conjunto se observa que conceptualmente logran diferenciarse,

comoquiera que el signo solicitado “ALIVE” presenta elementos

ideológicos diferentes frente al elemento común de las marcas

opositoras, esto es “ALIVAL”.

Advirtió que ello se debe a que si bien es cierto que la marca

cuestionada contiene la palabra “ALIVE” en idioma inglés, también

lo es que su traducción al castellano es reconocida por los

consumidores, pues a pesar de que la expresión antes referida no

conserva la raíz gramatical de su homónima en español, su uso es

habitual por parte del público consumidor, lo que favorece el

conocimiento y aprehensión de su contenido ideológico, de manera

que debe tenerse en cuenta que la palabra “ALIVE” traduce en

español a “VIVO”, siendo este último un verbo básico en cuanto a

su significado e importancia dentro de cualquier idioma y que es

enseñado como parte básica de la instrucción del idioma inglés, lo

que facilita su comprensión por parte del público consumidor.

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Explicó que el término “ALIVE” tiene un contenido semántico

determinado y reconocido por los consumidores, debido a que el

significado de las palabras proporciona un mayor soporte al

momento de memorizar y recordar, por lo que el consumidor al

encontrar este elemento en el signo analizado podrá asignarle un

contenido diferente al que le asigna a la palabra “ALIVAL”, el cual

no tiene ningún significado conocido.

Anotó que cuando el consumidor encuentre las marcas en el

comercio, tendrá las suficientes herramientas de juicio para poder

diferenciar e individualizar cada uno de ellos, pudiendo así solicitar

y adquirir el producto de su preferencia sin considerar

erróneamente que tienen el mismo origen empresarial o alguna

relación entre sí; y que si bien los signos presentan algunas

semejanzas gramaticales estas no son determinantes para afirmar

que existe un riesgo de confusión, por lo que, a su juicio, el signo

solicitado es suficientemente distintivo para poder coexistir con las

marcas registradas.

Indicó que el certificado de capacidad de producción de leche y

productos lácteos allegado por la actora, durante el trámite

administrativo, para demostrar la notoriedad de la marca

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“ALIVAL” resulta inconducente, debido a que no indica la

exposición o grado de recordación del signo en el mercado por

parte de los consumidores. Ello, por cuanto una sociedad bien pudo

haber fabricado una gran cantidad de productos, sin que esto

signifique, directamente, que dichos productos se hayan vendido

en su totalidad en el comercio bajo el signo que busca probar como

notorio, amén de que la misma actora afirma que tiene relaciones

de maquila con otras empresas; y que las fechas referidas en el

documento no resultan conducentes, pues parte de esta

producción se destina a productos que comercializan terceros y

que identifican con signos diferentes del reputado como notorio.

Destacó que aunque la sociedad demandante ha tenido éxito

comercial con las ventas de sus productos lácteos, este hecho

aisladamente considerado no es capaz de otorgarle el estatus de

notoriedad en la medida en que si bien un producto o servicio

puede reportar altas ganancias, ello no quiere decir que los

consumidores del sector pertinente lo reconozcan como tal, por lo

que es pertinente analizar en conjunto los demás elementos del

acervo probatorio.

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Que lo anterior cobra especial importancia, tratándose de

productos de la canasta familiar o de consumo alimenticio básico,

es decir, productos que consume toda la población de un territorio

de una manera prácticamente diaria como parte de su alimentación

básica, como lo pueden ser los productos lácteos y sus derivados.

Agregó que en atención a esta naturaleza de los productos, se

advierte que si bien la demandante ha tenido éxito en sus ventas

no resulta suficiente como para considerar que únicamente de

estas cifras se puede derivar su carácter de notorio; y que las

ventas reportadas no garantizan el estatus de notoriedad, más aún

cuando son productos de consumo masivo, pues, por lo general,

las ventas de estas industrias son altas y la oferta en los medios

comerciales es amplia, de ahí que existan muchas marcas

compitiendo por el sector relevante, por lo que la publicidad y el

nivel de exposición del signo frente al público consumidor es

determinante al momento de considerar el estatus de notoriedad

de un producto de consumo masivo.

Puso de presente que al analizar los elementos probatorios que

muestran la forma en que el signo analizado es mostrado al público

consumidor y sector relevante, se encuentra que el signo

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“ALIVAL” (Mixto) es utilizado en el mercado como un signo

sombrilla. Es decir, es usado como un signo que engloba varios

productos, los cuales a su vez se identifican también con otra

marca, conforme se encuentran en el siguiente elemento aportado:

Adujo que la anterior imagen evidencia que la forma en que los

productos son mostrados al público resalta de manera casi total las

demás marcas que maneja la actora; por ejemplo, la marca “SAN

FERNANDO”, siendo esta sobre la que versan las pruebas de

ventas allegadas y referidas inicialmente.

Que, en consideración a lo anterior, el consumidor promedio y el

sector relevante se ve expuesto a los productos de la sociedad

ALIVAL S.A. como identificados primordialmente con las demás

marcas que se engloban dentro de la marca sombrilla “ALIVAL”.

De ello se puede deducir que la forma en que los consumidores

solicitan los productos y, por lo tanto, el signo con el cual los

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identifican es la marca “SAN FERNANDO”, pues dicho signo es el

que ocupa un mayor tamaño tanto en las etiquetas de los

productos como en las publicidades y demás material allegado por

la actora.

Resaltó que de ello se deriva que las demás pruebas aportadas

deberían dar indicios que los esfuerzos publicitarios y de

conocimiento del signo reputado como notorio por ALIVAL S.A.,

se han encaminado a generar un grado de recordación respecto del

signo sombrilla “ALIVAL”.

Indicó que, sin embargo, no se encuentran otros elementos

probatorios que sirvan para considerar que el signo “ALIVAL” y no

las otras marcas amparadas bajo esta marca sombrilla, como por

ejemplo “SAN FERNANDO”, son el elemento con el cual el público

consumidor y sector pertinente identifica y reconoce los productos

que se ofertan por la sociedad actora.

I.2.1.- La sociedad ALIVE LAB S.A.S., tercero con interés directo

en las resultas del proceso, pese a ser notificado en debida forma,

guardó silencio7.

7
Índices 34 y 35 del expediente de primera instancia en SAMAI.

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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Mediante sentencia de 17 de julio de 2025, la Sección Primera,

Subsección “A”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

denegó las pretensiones de la demanda, al no prosperar los cargos,

con base en los razonamientos que pueden resumirse así:

Respecto del primer cargo, indicó que la actora si bien solicitó que

se requiriera a la SIC para que al momento de aportar los

antecedentes administrativos remitiera los documentos solicitados

mediante la petición de 4 de octubre de 2022; también lo es que

dicha solicitud probatoria fue negada por medio de auto de 31 de

enero de 2025, con base en los artículos 78, numeral 10 y 173 del

CGP.

Precisó que en dicha providencia se indicó que, aunque la actora

había allegado la petición, no había prueba de que hubiese sido

radicada; y esta decisión no fue recurrida por la parte demandante.

Expresó que, revisados los antecedentes administrativos allegados

por la SIC, tampoco obran en estos las certificaciones mencionadas

por la sociedad demandante.

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Advirtió que, por las anteriores razones, el cargo no estaba llamado

a prosperar.

En cuanto al segundo cargo, mencionó que al comparar las marcas

de manera sucesiva sin descomponer los elementos que conforman

el conjunto se observa que tienen un mismo número de palabras,

de vocales y de sílabas; y que, específicamente, comparten la

partícula “ALIV”, es decir, tienen una misma raíz, pero esta no le

imprime significado alguno a las palabras.

Explicó que las terminaciones “E” y “AL” pueden poseer una función

diferenciadora en los signos cotejados si se tiene en cuenta que

tanto la marca concedida “ALIVE” como la marca registrada

previamente “ALIVAL” componen los nombres de las sociedades

titulares de las mismas.

Explicó que no existe una similitud ortográfica entre las marcas

comparadas considerando su composición, en la medida en que

difieren en la extensión de las palabras, pues una está conformada

por tres (3) consonantes y la otra por dos (2), una por cinco (5)

letras y la otra por seis (6); y que ante la falta de similitud

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ortográfica, se agrega la falta de similitud fonética, en la medida en

que la pronunciación de las marcas es totalmente diferente porque

la marca concedida cuenta con una vocal diferente al final “E” y las

marcas registradas cuentan con la terminación “AL”.

Indicó que, en lo que respecta el punto de vista ideológico, la

palabra “ALIVE” tiene un significado en inglés que traducida al

castellano corresponde a “VIVO”, sin embargo, su significado no

guarda relación con los productos que distingue, por lo que se trata

de una marca arbitraria; y que la palabra “ALIVAL” no tiene

significado propio alguno, de manera que es una marca de fantasía.

Que, teniendo en cuenta lo anterior, la comparación ideológica no

resulta relevante por cuanto las marcas cotejadas no tienen ningún

significado en relación con los productos que amparan.

Concluyó que, en el presente caso, el signo concedido no acarrea

riesgo de confusión o de asociación frente a las marcas

previamente registradas y, por tal motivo, no se encuentra

encuadrado en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal

a) del artículo 136 de la Decisión 486.

II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

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La actora fincó su inconformidad, en esencia, así:

Solicitó que la sentencia apelada incurrió en errores sustanciales al

apreciar las pruebas presentadas por ella para acreditar la

notoriedad de la marca “ALIVAL”, toda vez que: i) el Tribunal no

valoró las pruebas que acreditaban la notoriedad de la marca

“ALIVAL”, bajo el argumento de que no fueron aportadas con la

demanda, a pesar de que ya obraban en el expediente

administrativo, pues estas fueron allegadas oportunamente en la

oposición y habían sido evaluadas por la SIC; ii) se omitió por

completo efectuar un pronunciamiento sobre el rol de “ALIVAL”

como marca sombrilla, a pesar de que dicho aspecto fue

expresamente planteado en la demanda y sustentado con pruebas

documentales; y iii) al no valorar las pruebas ni pronunciarse sobre

el carácter notorio de “ALIVAL”, el Tribunal omitió aplicar la

protección reforzada prevista en el literal h) del artículo 136 de la

Decisión 486.

Puso de presente que el a quo inobservó las reglas aplicables al

cotejo marcario y los criterios interpretativos del artículo 136 literal

a) de la Decisión 486 pues, por una parte, omitió realizar un

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estudio comparativo adecuado entre los signos enfrentados y, por

la otra, desatendió el hecho de que dicho análisis debía realizarse

frente a una marca notoria, lo cual exige un examen más riguroso y

una protección reforzada a favor de esta.

Destacó que la sentencia apelada incurrió en un error sustancial al

rechazar la valoración del acervo probatorio que acredita la

notoriedad de la marca “ALIVAL”, bajo un enfoque estrictamente

formal, ya que el Tribunal señaló que la parte actora no allegó con

la demanda las certificaciones mencionadas en su escrito y que la

solicitud para requerir a la SIC la entrega de dichos documentos fue

negada mediante auto de 31 de enero de 2025, con fundamento en

los artículos 78, numeral 10, y 173 del CGP.

Alegó que, no obstante, esta conclusión pasa por alto que las

pruebas ya obraban en el expediente administrativo, pues fueron

aportadas oportunamente durante el trámite de oposición ante la

SIC y debidamente valoradas por dicha autoridad y, en ese sentido,

el Tribunal debía tenerlas en cuenta como parte del análisis de

legalidad del acto administrativo acusado, más aún cuando estos

documentos ingresaron formalmente al proceso de nulidad como

parte de los antecedentes administrativos del registro impugnado.

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Adujo que sostener que las pruebas no podían ser valoradas por no

haber sido nuevamente allegadas con la demanda impone una

carga formal excesiva e innecesaria, incompatible con el principio

de prevalencia del derecho sustancial consagrado en el artículo 228

de la Constitución Política y reiterado en múltiples

pronunciamientos del Consejo de Estado.

Resaltó que sí es dable remitirse a las pruebas que reposan en el

expediente administrativo, las cuales fueron allegadas

oportunamente durante el trámite de oposición al registro de la

marca cuestionada, con el fin de que estas sean valoradas por el ad

quem y sea posible estudiar la notoriedad de la marca “ALIVAL”.

Destacó que es importante que la Sección Primera del Consejo de

Estado, al momento de resolver el recurso de apelación, resuelva

su argumento relacionado con que “ALIVAL” funciona como una

marca sombrilla, la cual consiste en aquella que identifica a un

conjunto de productos o sub-marcas bajo un mismo origen

empresarial, funcionando como elemento integrador o núcleo

distintivo común en un portafolio marcario amplio.

Indicó que, en el caso concreto, la marca “ALIVAL” aparece de

manera constante en el etiquetado, en la publicidad institucional y

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en los documentos comerciales, vinculando diversas líneas de

productos alimenticios, como los identificados por las marcas “SAN

FERNANDO”, “DON CRISPETO”, entre otras:

Agregó que la sentencia recurrida, a su juicio, omitió analizar este

contexto marcario, lo que derivó en una lectura aislada de las

pruebas y en una desestimación inadecuada de la notoriedad

alegada; y que al no reconocer el carácter sombrilla del signo, el

Tribunal evaluó la marca “ALIVAL” como si se tratara de un signo

secundario o marginal dentro del conjunto, cuando en realidad

constituye el eje identificador de los productos del titular,

reconocido así por distribuidores, gremios y consumidores del

sector.

Manifestó que en el expediente administrativo, que reposa en el

presente proceso judicial, allegó las siguientes pruebas que

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demuestran la notoriedad de la marca “ALIVAL”: i) ingresos

asociados a la explotación de la marca; ii) cifras de volúmenes de

producción; iii) publicidad; iv) certificaciones de gestiones

publicitarias y de proveedores publicitarios; v) certificaciones de los

clientes que distribuyen los productos; vi) certificaciones de clientes

que encargan la fabricación de complementos nutricionales

(maquilas); vii) certificaciones de asociaciones del sector lechero;

viii) certificaciones de calidad; y ix) publicidad FREE-PRESS del año

2019.

Aclaró que el cotejo marcario debe efectuarse teniendo en

consideración que las marcas enfrentadas son de fantasía, por lo

que el grado de distintividad y el poder de exclusión de la marca

“ALIVAL” implica que la concesión de la marca “ALIVE” conlleva

los riesgos de confusión, asociación o dilución de la marca.

Alegó que al desagregar la composición ortográfica se encuentra

que las marcas en conflicto comparten al menos el 95% de su

composición gramatical, por lo que son similares ortográfica y

fonéticamente, dejando al consumidor sin elementos suficientes

para poder diferenciar las marcas.

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Precisó que la marca “ALIVE” y la marca “ALIVAL” tienen más

semejanzas que diferencias, por lo que existe una reproducción

parcial de la expresión solicitada frente a la previamente registrada,

sin que cuente con un elemento adicional que permita su

diferenciación en el mercado; y que es evidente la existencia de

conexidad competitiva, al amparar productos

IV.- TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación fue admitido mediante auto de 12 de

septiembre de 20258, en el que además se prescindió de correr

traslado para alegar de conclusión, de conformidad con el numeral

5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley

2080 de 2021.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia anterior, la SIC,

el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente

del Ministerio Público no se pronunciaron en relación con el recurso

de apelación formulado por la actora.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

8
Índice 4 del expediente de segunda instancia en SAMAI.

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V.I. Acto demandado

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de la

Resolución núm. 28292 de 11 de mayo de 2022, “Por la cual

se resuelve un recurso de apelación”, expedida por SIC, mediante

la cual se concedió el registro de la marca “ALIVE” (nominativa) a

la sociedad ALIVE LAB S.A.S., para identificar los siguientes

productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación

Internacional de Niza: “[…] aguas minerales y gaseosas, y otras

bebidas sin alcohol; bebidas sin alcohol; bebidas sin alcohol con

sabor a té; bebidas a base de frutas; bebidas a base de frutas y

zumos de frutas; bebidas para deportistas; bebidas refrescantes sin

alcohol […]”.

V.2. Normativa aplicable

Bajo el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado, el Despacho

Sustanciador estimó que para el caso sub examine era dable

remitirse a los pronunciamientos comunitarios rendidos en los

procesos núms. 391-IP-2022, 49-IP-2018, 366-IP-2021 y 285-IP-

2021, en los que se interpretaron los artículos 136, literales a) y h),

224, 225 y 228 de la Decisión 486.

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Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente:

Decisión 486.

“[…]

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos
signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un
derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusión o de asociación;

[…]

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción,
transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo
distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero,
cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se
aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar
un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con
sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del
prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de
su valor comercial o publicitario.

[…]

Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente
conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País
Miembro por el sector pertinente, independientemente de la
manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido
será protegido contra su uso y registro no autorizado
conforme a este Título, sin perjuicio de las demás
disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las
normas para la protección contra la competencia desleal del
País Miembro.

[…]

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Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo
distintivo, se tomará en consideración entre otros, los
siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector
pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su
utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su
promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro,
incluyendo la publicidad y la presentación en ferias,
exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del
establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o
para promover el establecimiento, actividad, productos o
servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en
lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el
plano internacional como en el del País Miembro en el que se
pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener
una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;
o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación,
compras o almacenamiento por el titular del signo en el País
Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud
de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el
extranjero.

[…]”.

V.3. El caso concreto

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De los argumentos que sustentan el recurso de apelación

formulado por la parte actora, la Sala avizora que el debate se

concentra en establecer si el examen de irregistrabilidad realizado

por el Tribunal se encuentra acorde con los criterios establecidos

por el TJCA. Todo ello, con miras a determinar si la marca

concedida a través del acto administrativo acusado se halla incursa

en las causales de irregistrabilidad invocadas por la demandante.

Asimismo, se deberá determinar si el análisis efectuado por el a

quo respecto de la presunta notoriedad de la marca “ALIVAL”,

resulta ajustado a los parámetros fijados por el TJCA para ello. Ello

con la finalidad de determinar si dicho registro es notorio o no para

identificar productos comprendidos en la clase 29, especialmente,

para distinguir leche y derivados lácteos durante el período

comprendido entre enero de 2017 a junio de 2020.

En síntesis, la recurrente controvirtió la conclusión sobre la

ausencia de confundibilidad advertida por el Tribunal y adujo que el

cotejo marcario debe efectuarse teniendo en consideración que las

marcas enfrentadas son de fantasía, por lo que el grado de

distintividad y el poder de exclusión de la marca “ALIVAL” implica

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que la concesión de la marca “ALIVE” conlleva los riesgos de

confusión, asociación o dilución de la marca.

Alegó que al desagregar la composición ortográfica se encuentra

que las marcas en conflicto comparten al menos el 95% de su

composición gramatical, por lo que son similares ortográfica y

fonéticamente, dejando al consumidor sin elementos suficientes

para poder diferenciar las marcas.

Precisó que la marca “ALIVE” y la marca “ALIVAL” tienen más

semejanzas que diferencias, por lo que existe una reproducción

parcial de la expresión solicitada frente a la previamente registrada,

sin que cuente con un elemento adicional que permita su

diferenciación en el mercado; y que es evidente la existencia de

conexidad competitiva, al amparar productos

Además, indicó que la sentencia apelada incurrió en un error

sustancial al rechazar la valoración del acervo probatorio que

acredita la notoriedad de la marca “ALIVAL”, bajo un enfoque

estrictamente formal, ya que el Tribunal señaló que la parte actora

no allegó con la demanda las certificaciones mencionadas en su

escrito y que la solicitud para requerir a la SIC la entrega de dichos

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documentos fue negada mediante auto del 31 de enero de 2025,

con fundamento en los artículos 78, numeral 10, y 173 del CGP.

Alegó que, no obstante, esta conclusión pasa por alto que las

pruebas ya obraban en el expediente administrativo, pues fueron

aportadas oportunamente durante el trámite de oposición ante la

SIC y debidamente valoradas por dicha autoridad y, en ese sentido,

el Tribunal debía tenerlas en cuenta como parte del análisis de

legalidad del acto administrativo acusado, más aún cuando estos

documentos ingresaron formalmente al proceso de nulidad como

parte de los antecedentes administrativos del registro impugnado.

Destacó que es importante que la Sección Primera del Consejo de

Estado, al momento de resolver el recurso de apelación, resuelva

su argumento relacionado con que “ALIVAL” funciona como una

marca sombrilla, la cual consiste en aquella que identifica a un

conjunto de productos o sub-marcas bajo un mismo origen

empresarial, funcionando como elemento integrador o núcleo

distintivo común en un portafolio marcario amplio.

Por lo anterior, para efectos de determinar si la marca cuestionada

“ALIVE” (nominativa), incurre en la causal de irregistrabilidad

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establecida en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión

486, en primer lugar, la Sala deberá establecer si hay identidad o

semejanza entre aquella y las marcas previamente registradas

“ALIVAL” (mixtas), que puedan generar error en el público

consumidor.

De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe

conexión competitiva entre los productos y servicios que las

marcas en disputa distinguen.

Ahora, con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las

marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el

cotejo marcario, que señaló el TJCA en las interpretaciones

prejudiciales aplicables a este proceso, así:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer
los elementos que conforman el conjunto de los signos en
conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión
de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética,
ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo
sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el
otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues
el consumidor difícilmente observará los signos al mismo
tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y
no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se
puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el
lugar del consumidor y su grado de percepción, de

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conformidad con el tipo de productos o servicios de que se
trate [...]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las

marcas en conflicto, así:

ALIVE
MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA9

MARCAS MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS10

Como en el presente caso se va a cotejar una marca nominativa,

“ALIVE”, como lo es la cuestionada, a nombre del tercero con

interés directo en las resultas del proceso, con unas marcas mixtas,

“ALIVAL” de la actora, es necesario establecer el elemento que

predomina en la mixta, para lo cual se requiere que el examinador

se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál

de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera

mayor recordación en la mente del consumidor.

9
Índice núm. 2 del expediente de primera instancia en SAMAI.
10
Índice núm. 2 del expediente de primera instancia en SAMAI.

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La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante

en la marca mixta previamente registrada, no así las gráficas que la

acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel

diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del

consumidor la información que la distingue.

Cabe señalar que las interpretaciones prejudiciales aplicables al

caso sub examine enfatizan en que si el elemento determinante es

el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las

siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas

denominativas:

“[…]

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin
descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante
tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen
una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto
ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un
mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por
lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento
que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista
léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo
significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo
tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-
istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un
significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se
debe tener en cuenta lo siguiente:

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. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en
la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer
un análisis gramatical de los signos en conflicto.

. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría
generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas
imprimen de significado a la palabra. Es muy importante
tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar
complementado con otros criterios para determinar el riesgo
de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a
comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy
difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser
evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se
encuentran en el mismo orden asumirán una importancia
decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una
manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto
mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Así las cosas, es evidente para la Sala que la causal de

irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la

Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la

semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la

identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger

con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél.

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Por lo tanto, a efectos de evaluar la similitud entre las marcas

confrontadas, es necesario considerar los siguientes conceptos

aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales:

“[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras
de los signos en conflicto desde el punto de vista de su
configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de
vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas,
las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en
conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la
confusión sea más palpable u obvio.

b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los
signos en conflicto. La determinación de tal similitud
depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba
tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin
embargo, también deben tenerse en cuenta las
particularidades de cada caso, con el fin de determinar si
existe la posibilidad real de confusión entre los signos
confrontados.

c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que
evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias

de las marcas en controversia, “ALIVE” y “ALIVAL”, respecto a

sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de

determinar el grado de confusión que pueda existir entre las

mismas.

Respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que entre el

signo solicitado “ALIVE” y las marcas previamente registradas

“ALIVAL”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden

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inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el

signo cuestionado reproduce la mayoría de letras contenidas en las

marcas previamente registradas “ALIVAL”, esto es, “(A-L-I-V)”, y

que la única diferencia radica en el intercambio de las últimas dos

letras “AL” por una “E”, la cual no goza de la suficiente distintividad

y no contribuyen a diferenciarlo de las marcas previamente

registradas “ALIVAL”.

También se advierte, contrario a lo indicado por el Tribunal en la

providencia de primera instancia que, además de que las marcas

enfrentadas están conformadas por el mismo número de sílabas,

esto es, tres (3) sílabas (A-LI-VE / A-LI-VAL), comparten igual

extensión al estar compuestas por seis (6) letras, tienen cuatro (4)

letras en la misma posición (A-L-I-V) y cuentan con idénticas

raíces (ALI-ALI).

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que la carga distintiva

recae sobre la raíz que la marca solicitada reproduce por completo

de las previamente registradas, esto es, en “ALIVE” y “ALIVAL”, lo

que lleva a que el signo solicitado “ALIVE” no sea suficientemente

distintivo y diferente a las marcas previamente registradas.

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Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 202011, fijó

como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca

elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos

adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora

y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para

diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho

requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría

el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría

identificar su origen empresarial.

En efecto, así lo indicó:

“[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como
regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo
reproduzca elementos de otra marca, es necesario que
contenga elementos adicionales, que la doten de una carga
semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan
otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras
marcas. De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro
de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de
confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su
origen empresarial. […]”.

Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, el signo

cuestionado “ALIVE” no cuenta con elementos adicionales que lo

doten de una carga semántica particularizadora que permita

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio
de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2011-00278-00. Criterio
reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de
radicación 2009-00118-00.

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otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de las marcas

previamente registradas, “ALIVAL”.

En relación con la similitud fonética, la Sala no comparte el

análisis efectuado por el Tribunal, ya que se considera que las

marcas enfrentadas sí cuentan con una sonoridad parecida.

En efecto, es preciso indicar que entre el signo cuestionado

“ALIVE” y las marcas previamente registradas “ALIVAL”, tienen

un sonido o pronunciación similar, por cuanto las expresiones

enfrentadas coinciden con en sus raíces, sin que el intercambio en

la terminación de las letras “AL” por una “E” en la marca

cuestionada sea relevante, ya que las demás letras que conforman

los conjuntos marcarios cotejados tienen una pronunciación y

sonoridad idéntica.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal

semejanza:

ALIVAL – ALIVE – ALIVAL – ALIVE – ALIVAL – ALIVE – ALIVAL - ALIVE
ALIVAL – ALIVE – ALIVAL – ALIVE – ALIVAL – ALIVE – ALIVAL - ALIVE
ALIVAL – ALIVE – ALIVAL – ALIVE – ALIVAL – ALIVE – ALIVAL - ALIVE
ALIVAL – ALIVE – ALIVAL – ALIVE – ALIVAL – ALIVE – ALIVAL - ALIVE

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Así las cosas, se advierte una reproducción de la secuencia base de

la marca cuestionada, que genera una dicción equivalente entre las

confrontadas, sin que la variación en el reemplazo de las letras

“AL”, por una “E”, en la expresión solicitada sea apta para

desvirtuar la coincidencia sonora.

Sobre lo anterior, conviene precisar que, tal como lo señaló la

recurrente, la adición de la vocal “E” no imprime diferencia alguna

que logre ser reconocible por el consumidor medio, pues subsiste la

reproducción total de las letras “ALIV” de las marcas registradas

con anterioridad, de manera que, en ambos casos, se pronuncian

de manera similar, teniendo la misma representación fonética.

En consecuencia, la Sala considera que el argumento de la

recurrente según el cual, entre las marcas “ALIVAL” y “ALIVE”

existe similitud de tipo ortográfico y fonético, tiene vocación de

prosperidad.

En cuanto a la similitud ideológica, la Sala comparte el estudio

efectuado por el Tribunal en la sentencia de primer grado, en el

sentido de que los signos enfrentados no pueden cotejarse desde

este aspecto, pero por las razones que se pasan a explicar:

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La expresión “ALIVAL” corresponde a un acrónimo de la razón

social de la sociedad actora, debido a que se denomina

ALIMENTOS DEL VALLE S.A. En ese orden de ideas y comoquiera

que el consumidor no asocia la marca con el significado original de

las palabras que la componen, el signo debe tratarse como

denominación de fantasía.

A su turno, la Sala considera que la marca cuestionada contiene la

expresión “ALIVE”, que se encuentra escrita en inglés y en

castellano traduce a “VIVO”; sin embargo, su significado no es del

conocimiento común o de uso generalizado, por lo que se

consideran como un término de fantasía, ya que no tiene un

significado conceptual propio en el idioma castellano que sea

identificable por el consumidor promedio colombiano.

Resuelto lo anterior, la Sala concluye que, como entre la expresión

“ALIVE” que compone la marca cuestionada y “ALIVAL” de las

marcas opositoras, contrario a lo afirmado en la sentencia de

primer grado, existe semejanza ortográfica y fonética con la

virtualidad de llevar al consumidor a error al momento de adquirir

los productos y servicios que distinguen, en el presente asunto se

encuentra configurado el primer presupuesto de la causal de

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irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de la

Decisión 486.

Ahora bien, para que se configure la causal alegada no solo debe

concurrir semejanza y/o identidad en las expresiones comparadas,

sino que además es necesario que los productos y servicios que

pretenden identificar resulten relacionados, en consideración a los

criterios que suponen la conexidad competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de

noviembre de 201812 trajo a colación los criterios expuestos por el

Tribunal, así:

“[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una
misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de
productos o servicios en una misma clase no resulta
determinante para efectos de establecer la similitud entre los
productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría
darse el caso de que los signos comparados distingan
productos o servicios pertenecientes a categorías o
subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma
clase de Clasificación Internacional de Niza.

b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de
comercialización, así como los medios de publicidad
empleados para tales fines, la tecnología empleada, la
finalidad o función, el mismo género, la misma

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de
noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de
radicación 2009-00314-00.

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naturaleza de los productos o servicios, la utilización
de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de
distribución, los grandes distribuidores no pueden ser
tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta
muy variada. Es posible considerar la venta de productos
dentro de tiendas especializadas en combinación con otros
criterios.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios
diferentes, como regla general, no existirá conexión
competitiva. De igual manera, los canales de distribución
independientes o diferentes indican la existencia de un know-
how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de
similitud.

c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o
complementariedad de los productos.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es
pertinente tener en cuenta otros criterios como la
intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores
consideren que los productos son sustituibles entre sí para
las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al
hecho de que los consumidores juzguen que los productos
deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos
presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el
otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad,
se debe tener en consideración que existe conexión
competitiva cuando los productos o servicio en cuestión
resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir,
que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema
alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un
ligero incremento en el precio de un producto origina una
mayor demanda en el otro. Para apreciar la conexión
competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener
en consideración los precios de dichos bienes, sus
características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento
o de distribución o de comercialización, los medios de
publicidad utilizados, etc. [...]”.

Sobre este asunto, con el fin de verificar la conexidad entre los

productos y servicios amparados, hay circunstancias en las que

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uno o dos criterios son suficientes para establecer la

conexión competitiva y que no se requiere de la

concurrencia de todos para la consecución del propósito de

establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, la expresión cuestionada “ALIVE” fue solicitada

para amparar los siguientes productos de la Clase 32 de la

Clasificación Internacional de Niza: “[…] aguas minerales y gaseosas,

y otras bebidas sin alcohol; bebidas sin alcohol; bebidas sin alcohol con

sabor a té; bebidas a base de frutas; bebidas a base de frutas y zumos

de frutas; bebidas para deportistas; bebidas refrescantes sin alcohol

[…]”.

Por su parte, las marcas previamente registradas “ALIVAL”

distinguen los siguientes productos en las clases 29, 30 y 32

ibidem:

.- Clase 5ª: “[…] Alimentos de fórmula dietética de uso médico, leche

en polvo para bebes, leche malteada para uso médico, fermentos

lácteos para uso farmacéutico, bebidas enriquecidas con vitaminas y

elementos nutricionales para uso médico, aguas minerales para uso

médico, fibras alimentarias, complementos nutricionales, complementos

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alimenticios minerales, complementos alimenticios, complementos

dietéticos alimenticios, suplementos nutricionales y suplementos

alimenticios, preparaciones multivitamínicas y multi minerales,

alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, bebidas dietéticas

para uso médico, alimentos para bebés y complementos alimenticios

para personas. […]”.

.- Clase 29: “[…] Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne;

frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas,

compotas, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas

comestibles. […]”.

.- Clase 30: “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú,

sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan,

pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza;

levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas

(condimentos); especias; hielo. […]”.

.- Clase 32: “[…] Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas

no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones

para hacer bebidas. […]”.

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.- Clase 32: “[…] Bebidas de frutas, zumos de frutas, y otras

preparaciones para elaborar bebidas. […]”.

Al analizar la relación entre los productos protegidos por el signo

solicitado “ALIVE” y los productos que amparan las marcas

previamente registradas “ALIVAL”, la Sala considera que le asiste

razón a la recurrente, toda vez que se advierte que existe una

conexión basada en los criterios de complementariedad y

razonabilidad, por lo que la coincidencia de estos puede generar

confusión entre los consumidores respecto al origen empresarial de

los productos.

En efecto, al comparar los productos que reivindica el signo

cuestionado en la clase 32 y aquellos que distinguen las marcas

previamente registradas en las clases 29, 30 y 32 de la Clasificación

Internacional de Niza, pueden compartir los mismos canales de

comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los

mismos medios: folletos, prensa, revistas, televisión y redes

sociales; suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es,

supermercados y tiendas; y sus consumidores podrían asumir que los

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productos en cuestión provienen del mismo empresario, en

atención a la semejanza del signo y las marcas enfrentadas.

Adicionalmente, se advierte un uso conjunto entre los productos

que distingue el signo cuestionado en la Clase 32 de la Clasificación

Internacional de Niza y aquellos que amparan las marcas

previamente registradas en las clases 29, 30 y 32, comoquiera que

las aguas, gaseosas y otras bebidas sin alcohol (que identifica el

signo solicitado) se consumen de manera simultánea con productos

tales como carnes, pescados, aves, pastelería y confitería que

amparan las marcas previamente registradas.

En efecto, la Sala advierte que el signo solicitado pretende

distinguir bebidas a base de frutas, las cuales necesariamente

requieren de las frutas que ampara una de las marcas previamente

registradas. Además, se considera que es usual que para la

preparación de algunas bebidas no alcohólicas y bebidas con sabor

a té (que distingue la marca cuestionada) se requiera de la leche y

derivados lácteos que protegen las marcas previamente

registradas.

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Por lo tanto, respecto del criterio de complementariedad, se

observa que los mencionados productos protegidos por el signo

solicitado correspondiente, contrario a lo señalado por el Tribunal

en la sentencia de primera instancia, presentan una conexión

funcional y comercial con los productos que amparan las marcas

previamente registradas.

En efecto, dichos productos suelen ser concebidos y consumidos de

manera complementaria, en tanto forman parte de actividades

comerciales relacionadas con la venta de alimentos y bebidas, lo

que genera una expectativa razonable de que provienen del mismo

origen empresarial o de empresas vinculadas.

En ese sentido, la complementariedad implica que el consumo de

un producto o servicio fomente el uso del otro, generando una

interdependencia en la percepción del consumidor. La relación de

complementariedad sugiere la obtención de los productos

alimenticios que identifican los registros previos de la actora, los

cuales se complementan con las aguas minerales, gaseosas y

bebidas no alcohólicas, máxime si se tiene en cuenta que los

consumidores suelen consumir ambos productos de manera

simultánea. Esta relación complementaria puede llevar a los

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consumidores a percibir ambos con el mismo origen empresarial,

más aún al tener en cuenta la semejanza entre los signos, tal y

como se analizó con anterioridad.

De igual forma, también se advierte que entre los productos que

ampara una de las marcas previamente registradas en la Clase 5ª

de la Clasificación Internacional de Niza y los que cobija el signo

solicitado en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza,

también se presenta conexidad competitiva, habida cuenta que las

fibras alimentarias, complementos nutricionales, complementos

alimenticios minerales, complementos alimenticios, complementos

dietéticos alimenticios, suplementos nutricionales y suplementos

alimenticios, preparaciones multivitamínicas y multiminerales,

alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, bebidas

dietéticas para uso médico, alimentos para bebés y complementos

alimenticios para personas son productos alimenticios se utilizan de

manera conjunta con las bebidas no alcohólicas, aguas minerales y

bebidas para deportistas que pretende cobijar la marca solicitada.

Además, para la Sala concurre conexidad competitiva, porque los

productos tales como aguas minerales y gaseosas, bebidas sin

alcohol, bebidas a base de frutas (de la marca objeto de

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controversia), son sustitutos razonables frente a las bebidas de

frutas, zumos de frutas, y otras bebidas no alcohólicas que ampara

una de las marcas opositoras.

La Sala destaca también que los productos de las clases 29, 30 y

32, que amparan las marcas enfrentadas, se comercializan de

manera conjunta y en los mismos estantes en almacenes de

grandes superficie, supermercados y tiendas, compartiendo así

canales de distribución y comercialización.

En efecto, dichos productos utilizan canales de comercialización

similares, como folletos, prensa, revistas y plataformas digitales.

Estas coincidencias en los medios de publicidad generan un punto

de contacto directo entre los signos y fortalecen la posibilidad de

confusión respecto a su origen empresarial.

Finalmente, en términos de razonabilidad, resulta claro suponer que

el consumidor pudiera interpretar que los productos de “ALIVE”,

del tercero con interés directo en las resultas del proceso, y los

productos que identifican las marcas “ALIVAL”, de la apelante,

provienen del mismo empresario, toda vez que los productos

confrontados coinciden en cuanto a su naturaleza y finalidad,

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además que resultan complementarios y presentan un uso

conjunto, de manera que quien los adquiera consideraría fácilmente

que poseen un mismo origen empresarial, o que entre los

empresarios existe una vinculación comercial, lo que sin duda

afectaría el ejercicio del derecho de libre elección del consumidor.

En virtud de lo expuesto, al aplicar los criterios de

complementariedad y razonabilidad, la Sala concluye que existe

una conexión entre los productos del signo concedido a través del

acto acusado y los de las marcas previamente registradas a nombre

de ALIVAL S.A., por lo que no pueden coexistir pacíficamente en el

mercado, por cuanto se podría predicar la posibilidad de confusión y

asociación en el consumidor, quien no tendría elementos para

interpretar que los servicios de un signo no están directamente

ligados a los productos de los registros marcarios previos,

asumiendo así un origen empresarial compartido.

Así las cosas, al existir entre el signo cuestionado y las marcas

previamente registradas semejanzas significativas y una relación

entre los productos que distinguen, debe concluirse que existe riesgo

de confusión directa, por lo que los mismos no pueden coexistir

pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían

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generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a

asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial,

lo cual beneficiaría la actividad empresarial del tercero con interés

directo en las resultas del proceso ALIVE LAB S.A.S.

Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial

aplicable a este proceso se señaló lo siguiente:

“[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados
existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto
es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto)
o de asociación en el público consumidor […]”.

En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de

confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al

origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes

anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención

creyera que los productos que distinguen las expresiones

enfrentadas provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que

también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor

podría pensar erróneamente que los productos identificados con

tales expresiones son productores relacionados económicamente.

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Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta

Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201513, que ahora se

prohíja, indicó lo siguiente:

“[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó:

“… El riesgo de confusión es la posibilidad de
que el consumidor al adquirir un producto piense
que está adquiriendo otro (confusión directa), o
que piense que dicho producto tiene un origen
empresarial diferente al que realmente posee
(confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el
consumidor, que aunque diferencie las marcas
en conflicto y el origen empresarial del
producto, al adquirirlo piense que el productor
de dicho producto y otra empresa tienen una
relación o vinculación económica”. (Proceso 70-
IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21
de agosto de 2008, marca: SHERATON).
(…)
Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o
usuario medio no distingue en el mercado el origen
empresarial del producto o servicio identificado por
un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa
apreciación de la realidad, a dos productos o
servicios que se le ofrecen un origen empresarial
común al extremo que, si existe identidad o
semejanza entre el signo pendiente de registro y la
marca registrada o un signo previamente solicitado
para registro, surgiría el riesgo de que el
consumidor o usuario relacione y confunda aquel
signo con esta marca o con el signo previamente
solicitado […]” (Las negrillas y subrayas fuera de
texto).

Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior

iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse las marcas

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de
febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00.

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mixta y nominativa previamente registradas, “ALIVAL”. Así, lo ha

señalado el TJCA en numerosas interpretaciones prejudiciales14:

“[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real
basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de
que con la comercialización o utilización de los signos pueda
producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional
competente impida el registro del signo posteriormente
solicitado. Todo esto en aplicación de los principios “primero
en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore,
potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro
signo priori”) […]”.

Así las cosas, al existir semejanza entre las marcas cotejadas y,

además, conexidad competitiva entre los productos amparados por

ellos, la Sala considera que se configuró la causal de

irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión

486, por lo que el cargo planteado por la recurrente tiene vocación

de prosperidad.

Ahora, la apelante también afirma que la marca “ALIVAL” es

notoria y, en ese sentido, el Tribunal debió haberla declarado como

tal para distinguir, productos comprendidos en la clase 29,

especialmente, para leche y derivados lácteos durante el período

comprendido entre enero de 2017 y 2020, por lo que merece una

protección especial.

14 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-

IP- 2001.

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Destacó que la sentencia apelada incurrió en un error sustancial al

rechazar la valoración del acervo probatorio que acredita la

notoriedad de la marca “ALIVAL”, bajo un enfoque estrictamente

formal, ya que el Tribunal señaló que la parte actora no allegó con

la demanda las certificaciones mencionadas en su escrito y que la

solicitud para requerir a la SIC la entrega de dichos documentos fue

negada mediante auto del 31 de enero de 2025, con fundamento en

los artículos 78, numeral 10, y 173 del CGP.

Resaltó que sí es dable remitirse a las pruebas que reposan en el

expediente administrativo, las cuales fueron allegadas

oportunamente durante el trámite de oposición al registro de la

marca cuestionada, con el fin de que estas sean valoradas por el ad

quem y sea posible estudiar la notoriedad de la marca “ALIVAL”.

Destacó que es importante que la Sección Primera del Consejo de

Estado, al momento de resolver el recurso de apelación, resuelva

su argumento relacionado con que “ALIVAL” funciona como una

marca sombrilla, la cual consiste en aquella que identifica a un

conjunto de productos o sub-marcas bajo un mismo origen

empresarial, funcionando como elemento integrador o núcleo

distintivo común en un portafolio marcario amplio.

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En relación con las marcas notorias y su protección, es del caso

traer a colación la sentencia de 22 de mayo de 201415, en la que se

precisó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable

para ese caso, lo siguiente:

“[…] Con relación a la notoriedad de las marcas y su prueba, el
mismo Tribunal de Justicia precisó:

“El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un
hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través
de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional
Competente, según sea el caso. El reconocimiento de
dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad
nacional competente, con base en que según el artículo
228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una
marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta,
entre otros:

“a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector
pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su
utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su
promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro,
incluyendo la publicidad y la presentación en ferias,
exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del
establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para
promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a
los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo
que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de
mayo de 2014, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación
11001032400020080005300.

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plano internacional como en el del País Miembro en el que se
pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener
una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación,
compras o almacenamiento por el titular del signo en el País
Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud
de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el
extranjero”. (Las negrillas y subrayas fuera de texto)

En consecuencia, la notoriedad de la marca no se halla
implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino
que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a
través de la prueba […].” (Resaltado fuera de texto).

En consecuencia, la notoriedad de la marca no se halla

implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida,

sino que es necesaria la demostración suficiente de su

existencia, a través de la prueba.

Sobre el particular, la Sala encuentra que le asistió razón al

Tribunal al despachar desfavorablemente el cargo, comoquiera que

revisado el expediente, la Sala advierte lo siguiente:

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Con la presentación de la demanda, visible en el índice 2 del

expediente digital SAMAI de primera instancia, la actora solicitó que

se requiriera a la SIC para que al momento de aportar los

antecedentes administrativos remitiera los documentos solicitados

mediante un derecho de petición que había radicado ante dicha

entidad el 4 de octubre de 2022.

Por medio de auto de 31 de enero de 202516, el Despacho

Sustanciador del Tribunal negó dicha solicitud probatoria, con base

en los artículos 78, numeral 10 y 173 del CGP, debido a que la

demandante no allegó prueba de que en efecto dicha petición

hubiese sido radicada; decisión frente a la cual la actora no

presentó recurso alguno.

Verificados los antecedentes administrativos allegados por la SIC17,

la Sala avizora que reposan los siguientes documentos:

.- Poder otorgado por JOSÉ ALEJANDRO ORDOÑEZ como

representante de ALIMENTOS DEL VALLE S.A. ALIVAL S.A. a

favor de MAURICIO PATIÑO y JORGE DI TERLIZZI.

16
Índice 42 del expediente digital SAMAI de primera instancia.
17
Índice 37 del expediente digital SAMAI de primera instancia.

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.- Poder otorgado por STEPHANIE FARAH CARBONELL como

representante de ALIVE LAB S.A.S. a favor de JUAN PABLO

CADENA SARMIENTO y/o MARTIN E. TORRES CARDOZO.

.- Certificado de existencia y representación legal de la sociedad

ALIVE LAB S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del

proceso.

.- Oficio núm. 11455 de 11 de septiembre de 2020, expedido por la

Coordinadora de la SIC.

.- Resolución núm. 28292 de 2022, expedida por la

Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC,

por medio de la cual se denegó el registro de la marca solicitada

“ALIVE” para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación

Internacional de Niza.

.- Informe de radicación de solicitud de signos distintivos

correspondiente a la marca cuestionada “ALIVE”.

.- Resolución núm. 23808 de 2021, expedida por el director de

signos distintivos de la SIC.

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.- Certificado de registro núm. 709578 de la marca objeto de

controversia “ALIVE”.

.- Memorial de respuesta a la oposición del registro de la marca

“ALIVE”, presentado por el apoderado de la sociedad ALIVE LAB

S.A.S.

.- Recurso de apelación presentado por el apoderado de la sociedad

ALIVE LAB S.A.S. en contra de la Resolución núm. 28292 de

2022.

De conformidad con lo anterior, en el expediente no obran los

documentos a los que hace referencia la recurrente que demuestran

la alegada notoriedad de la marca “ALIVAL”; de manera que no se

advierte que el Tribunal haya efectuado una indebida valoración

probatoria o que en la sentencia apelada se haya incurrido en un

error sustancial al concluir que no se acreditó el estatus de notorio

respecto de la citada marca.

Sobre el particular, la Sala aclara que no es cierto como lo afirma la

recurrente, que el Tribunal en la sentencia de primer grado haya

rechazado la valoración del acervo probatorio que acreditaba la

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notoriedad de la marca “ALIVAL” bajo un enfoque estrictamente

formal, comoquiera que su solicitud probatoria, respecto de oficiar a

la SIC para que allegara los documentos que presuntamente había

solicitado por vía derecho de petición y que consistían en las

pruebas que demostraban, a su juicio, la notoriedad de dicho signo,

fue negada durante el trámite de primera instancia a través de auto

de 4 de octubre de 2022, sin que este hubiese sido objeto de

recursos por parte de la actora.

Además, por medio de dicha providencia también se tuvo como

prueba los documentos obrantes en los antecedentes

administrativos allegados por la SIC, sin que la parte actora pusiese

de presente que estos estuviesen incompletos o que hiciera falta

algún documento.

En ese sentido, la Sala debe precisar que la exigencia sobre la cual

el Tribunal se fundamentó para tener como no probada la

notoriedad alegada de la marca “ALIVAL”, no se puede considerar

como un riguroso formalismo, con la cual el a quo pretendió

desconocer sus derechos, sino más bien su inactividad probatoria y

la consecuencia prevista por su no observancia, conforme lo señaló

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esta Sección en la sentencia de 16 de febrero de 201718, en la que

se expresó lo siguiente:

“[…] En primer lugar, debe la Sala señalar que la
prevalencia del derecho sustancial no puede
interpretarse como la inexistencia o la ineficacia de las
normas de procedimiento, dado que éstas constituyen
instrumentos necesarios para que el Derecho material
se realice objetivamente y en su oportunidad.

Sobre el particular, esta Sección en la sentencia de 5 de junio
de 2014 (Expediente núm. 1101-03-24-000-2009-00202-00,
Actor: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., Consejero ponente
doctor Guillermo Vargas Ayala), expresó:

“6.5.2. Ahora bien, se cuestiona en la demanda que se
privilegió la aplicación de las formalidades sobre el
derecho sustancial, en desconocimiento de lo dispuesto
en el artículo 228 de la C.P., al no tenerse en cuenta los
memoriales de 28 de marzo de 2008 y 15 de abril de 2008
mediante los cuales subsanó el error formal de no haber dado
contestación al requerimiento efectuado en el Oficio núm.
14160 dentro de la oportunidad legal consagrada en el
artículo 39 de la Decisión 486.

La Sala en Sentencia de 28 de enero de 200819 desestimó una
acusación similar a la aquí examinada con las siguientes
consideraciones que ahora se prohíjan por resultar aplicables
a este asunto, en tanto que en ambos casos se discutió la
legalidad de actos administrativos que declararon el abandono
de la solicitud de patente por no completar los requisitos
indicados por la Oficina Nacional Competente dentro de la
oportunidad prevista en la normativa andina:

“[…] la prevalencia del derecho sustancial no es un
principio absoluto que implique prescindir de las
disposiciones de carácter adjetivo, o por lo menos,
discrecionalidad alguna en su aplicación, puesto que
éstas desarrollan también un principio que a su vez
constituye un derecho fundamental, cual es el del

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de
febrero de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2007-00383-00.
Reiterado en sentencia de 21 de mayo de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de
radicación 2008-00329-00.
19
Proferida en el proceso con radicación núm. 11001 0324 000 2004 00170 01, Consejero Ponente Dr.
Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

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debido proceso, de modo que la aplicación de aquél requiere
ponderar y armonizar ambos principios o derechos en el caso
concreto, y en el del sub lite no hay duda de que el derecho
sustancial tuvo la primacía que correspondía a las
circunstancias concretas, dentro de las garantías procesales
que hasta el límite o en toda su amplitud se le concedieron a
la actora.

Según las disposiciones transcritas20 es claro que los
términos que prevé son preclusivos y la intervención en la
actuación requiere de apoderado debidamente constituido, y
como quiera que en este caso no había apoderado
debidamente constituido y no se allegó el instrumento que
lo constituyera dentro del plazo único y prorrogado que
le fue dado, se concluye que la interesada no respondió
a tales observaciones, y la consecuencia jurídica de ello
no es otra que la declaración de abandono de la
solicitud.

Por lo anterior se impone hacer efectiva la
consecuencia de esa omisión, que es la de declarar
abandonada la solicitud, según lo pone de presente el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, frente a lo
cual la entidad demandada no tenía opción distinta, de
modo que la decisión acusada está acorde con las normas
comunitarias en comento, en especial con el artículo 22 en
cita.”21 (Resalta la Sala)

Además, como lo ha precisado la Corte Constitucional
en distintos pronunciamientos, la prevalencia del
derecho sustancial no puede interpretarse como la
inexistencia o la ineficacia de las normas adjetivas o de
procedimiento o como el desconocimiento de los
términos y plazos procesales. Así por ejemplo en
Sentencia C-446 de 1997 sostuvo al respecto que:

“La primacía del derecho sustancial prevista por el
artículo 228 de la Constitución, no puede interpretarse
como la inexistencia de las normas procesales. No, el
entendimiento cabal del precepto constitucional apenas
conduce a definir las normas procesales, y el proceso
en sí, como un medio para realizar el derecho, para que
la norma jurídica se aplique al caso concreto.

20
Se refiere a los artículos 14 y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,
cuyas previsiones normativas son equivalentes a las de los artículos 26 y 39 de la Decisión 486 de la
Comunidad Andina.
21
Este criterio jurisprudencial fue reiterado por la Sala en Sentencia de 4 de julio de 2013, proferida
en el proceso con radicación núm. 2008 00071 00, Consejera Ponente Dra. María Elizabeth García
González.

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Recuérdese lo dicho por la Corte Constitucional, al decidir
una demanda contra el artículo 373 del Código de
Procedimiento Civil, norma semejante a la acusada ahora:
“Al declarar el inciso cuarto del artículo 273 del Código de
Procedimiento Civil que en caso de no reunir la demanda los
requisitos formales que le exige la ley, se declarará desierto el
recurso y se ordenará devolver el expediente al tribunal de
origen, sólo se está en presencia de unos efectos
sancionatorios, originados en el incumplimiento de una norma
de carácter procesal por el accionante, y no en la hipótesis de
hacer prevalecer una norma adjetiva sobre la sustantiva”.
(Corte Constitucional, sentencia C-215 de abril 28 de 1994,
magistrado ponente, doctor Fabio Morón Díaz).

El mismo argumento que sirve de base a la demanda, o uno
similar, serviría para demandar la declaración de
inconstitucionalidad de todas las normas procesales, o de su
inmensa mayoría.

Es claro, en síntesis, que la norma demandada22 no quebranta
el artículo 228 ni ninguna otra disposición de la Constitución.
En consecuencia, será declarada exequible.” (negrillas ajenas
al texto original)

Posteriormente, en un pronunciamiento en sede de tutela
contenido en la Sentencia T-323 de 1999 afirmó sobre el
particular que:

“f) La Corte ha proclamado, con arreglo al artículo 228 de la
Constitución, el postulado de prevalencia del Derecho
sustancial, que implica el reconocimiento de que las finalidades
superiores de la justicia no pueden resultar sacrificadas por
razones consistentes en el culto ciego a reglas procesales o a
consideraciones de forma no indispensables para resolver en el
fondo el conflicto del que conoce el juez.

Pero debe dejarse en claro que el enunciado principio
constitucional que rige las actuaciones judiciales no
implica la inexistencia, la laxitud o la ineficacia de toda
norma legal obligatoria para quienes participan en los
procesos, o la eliminación, per se, de las formas
indispensables para que los juicios lleguen a su

22
Decreto 2700 de 1991 “Por el cual se expiden las normas de Procedimiento Penal”. “Artículo 226.
Resolución sobre la admisibilidad del recurso. Si la demanda no reúne los requisitos, se declarará
desierto el recurso y se devolverá el proceso al tribunal de origen. En caso contrario se correrá
traslado al procurador delegado en lo penal por un término de 20 días para que obligatoriamente
emita concepto.”

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culminación -pues allí está comprometido el derecho
sustancial de acceso a la administración de justicia-, ni,
para el asunto del que ahora se trata, puede significar la
absoluta pérdida del carácter perentorio de los términos
procesales. Todos estos elementos integran la "plenitud
de las formas propias de cada juicio", contemplada como
factor esencial del debido proceso, según el artículo 29
de la Carta Política, y por lo tanto no constituyen
simplemente reglas formales vacías de contenido sino
instrumentos necesarios para que el Derecho material se
realice objetivamente y en su oportunidad.

g) En el caso concreto, está probada la extemporaneidad en la
presentación del documento de sustentación del recurso. Si la
extensión de ella fue mayor o menor, en minutos u otra medida
de tiempo, es algo indiferente respecto del hecho
incontrovertible de que los términos judiciales vencen en un día
y a una hora predeterminados. Es obligación de la autoridad
judicial velar por el exacto sometimiento de las partes e
intervinientes a los plazos que la ley concede en las distintas
fases de la actuación procesal.” (negrillas de la Sala)

Y luego, en la Sentencia C-1512 de 2000 dijo que:

“La prevalencia del derecho sustancial, según el mandato del
artículo 228 de la Carta, constituye un imperativo dentro del
ordenamiento jurídico y, muy especialmente, en lo relativo a
las actuaciones destinadas a cumplir con la actividad judicial,
pues permite realizar los fines estatales de protección y
realización del derecho de las personas, así como de otorgar
una verdadera garantía de acceso a la administración de
justicia pronta y cumplida.

Lo anterior no significa que se pueda caer en el
permanente error de considerar el principio de la
primacía del derecho sustancial sobre el formal como
un postulado constitucional excluyente que impide la
coexistencia de las normas sustantivas y formales,
pues, como se ha visto, con éstas se logra dar vigencia
a principios que encuentran sustento constitucional.
Sobre este tema la Corte se pronunció23 y aclaró lo siguiente:

“...Si bien este principio constitucional adquiere una gran
trascendencia y autoridad en todo el ordenamiento jurídico y
especialmente en las actuaciones judiciales, ello no quiere
decir que las normas adjetivas o de procedimiento carezcan
de valor o significación. Hay una tendencia en este
23
Sentencia C-215 de 1994.

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sentido, que pretende discutir la validez de las normas
que establecen requisitos y formalidades, y que es
preciso rechazar para poner las cosas en su punto, en
estas materias constitucionales, y concluir entonces
que, no obstante la aludida prevalencia, dichas normas
cuentan también con firme fundamento constitucional y
deben ser fielmente acatadas en las actuaciones de los
jueces...””. (Se resalta)

Por ende, esta acusación no tiene vocación de prosperidad.

[…]

Este principio, sin embargo, no supone en modo alguno
el desconocimiento de las normas procesales, pues
como lo expresó la Corte Constitucional en la sentencia
atrás citada éstas no constituyen simplemente reglas
formales vacías de contenido sino instrumentos
necesarios para que el Derecho material se realice
objetivamente y en su oportunidad.

Por lo anterior, so pretexto de la aplicación de este principio, no
pueden pasarse por alto los términos establecidos en la
normativa andina para completar los requisitos de las
solicitudes de patente de invención.”(Las negrillas y subrayas
fuera de texto)”. […]” (Destacado fuera de texto).
Así las cosas, no puede entenderse que exista una violación de los

principios y normas constitucionales y legales enunciadas por la

actora, pues no puede pretender que se desconozca la Ley vigente,

la cual considera que las normas procesales son de orden público y

de obligatorio cumplimiento, sin que exista una situación jurídica

particular para desconocerlas24.

En ese orden de ideas, en la medida en que la actora no demostró

con pruebas que reposaran en el expediente que la marca

24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de
enero de 2010, radicación núm. 2004-00170-01, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

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Actora: ALIMENTOS DEL VALLE S.A. - ALIVAL S.A.-

“ALIVAL” fuera notoria, la Sala encuentra acertada la decisión del

Tribunal, por lo que se confirmará la sentencia apelada en cuanto a

las pretensiones incoadas en el medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho.

Finalmente, se impone revocar parcialmente la sentencia de 17 de

julio de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A” para, en su lugar,

declarar la nulidad del acto administrativo a través del cual se

concedió el registro como marca del signo “ALIVAL” (nominativo)

para identificar productos comprendidos en la clase 32 de la

Clasificación Internacional de Niza, pretensión incoada por medio de

la acción de nulidad relativa.

Ello, ante la constatación de que el acto acusado inobservó las

normas comunitarias aplicables al asunto y erró al considerar la

viabilidad del registro marcario pretendido, pues aquel se encuentra

incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136

de la Decisión 486.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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Actora: ALIMENTOS DEL VALLE S.A. - ALIVAL S.A.-

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de 17 de julio

de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Primera, Subsección “A”. En su lugar, DECLARAR la

nulidad de la Resolución núm. 28292 de 11 de mayo de 2022, “Por

la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por la

SIC, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta

providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO cancelar el

registro de la marca identificada con el certificado de registro núm.

709578, correspondiente a la marca “ALIVE”; y publicar la parte

resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad

Industrial.

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de 17 de

julio de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, que denegó las

pretensiones de la demanda frente al medio de control de nulidad y

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restablecimiento del derecho incoado, por las razones expuestas en

la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia

de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el

artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al

Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de abril de

2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
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posterior consulta, de conformidad con la ley.

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