Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2023-00125-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-41-000-2023-00125-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2023-00125-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2023-00125-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2023-00125-01
Demandante: LUIS ENRIQUE MIRKER OVALLE
Demandados: MUNICIPIO DE GIRARDOT Y OTROS
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación presentado por la Empresa de Aguas de
Girardot, Ricaurte y la región S.A. E.S.P. contra la sentencia de 26 de septiembre
de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca1.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
1.El señor Luis Enrique Mirker Ovalle en ejercicio del medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos, presentó demanda contra la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), el municipio de Girardot - Secretaría
de Tránsito y Transporte, la Empresa de Servicios Municipales y Regionales “Ser
Regionales” E.I.C.E. y la Empresa de Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región S.A.
E.S.P. (ACUAGYR S.A. E.S.P.), con el propósito de obtener la salvaguarda de los
derechos colectivos establecidos en los literales a) y d) del artículo 4.°2 de la Ley
472 de 5 de agosto de 19983.
2. El demandante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: DECLARAR a la parte demandada responsable de la comisión por
omisión y por acción de la vulneración de los derechos colectivos invocados como es
el ESPACIO PÚBLICO y el AMBIENTE SANO de la comunidad del barrio SAN
MIGUEL del Municipio de Girardot – Cundinamarca.
1
De conformidad con la constancia secretarial de 12 de septiembre de 2025, el proceso fue remitido a este Despacho en
atención a la compensación de expedientes. Cfr. Índice 13 del expediente digital del Consejo de Estado.
2
“[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias;
[…]
d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público […]”.
3
“[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones […]”.
2
Radicación núm. 25000-23-41-000-2023-00125-01
Demandante: Luis Enrique Mirker Ovalle
SEGUNDO: DECLARAR que a los demandados están obligados a restituir a la
comunidad del Barrio SAN MIGUEL del Municipio de Girardot – Cundinamarca el
disfrute de los DERECHOS AL ESPACIO PÚBLICO y al MEDIO AMBIENTE.
TERCERO: ORDENAR que los demandados deban adelantar las actividades
necesarias para proteger el MEDIO AMBIENTE y el ESPACIO PÚBLICO.
CUARTO: ORDENAR a los demandados a pagar en favor del demandante, las costas
e incentivos de que trata la ley 472 de 1998. […]”4. (Negrilla del texto).
3. Explicó que en el barrio San Miguel del municipio de Girardot se encuentra la
plaza de mercado, el acopio mayorista y la zona de pescaderías y productos
cárnicos.
4.Señaló que el municipio de Girardot expidió el Decreto 67 de 22 de abril del 20215
mediante el cual se dispuso que el horario para el cargue y descargue de materiales,
mercancías y productos en la zona de la plaza de mercado era únicamente de 4:00
a.m. a 8:00 a.m. y de 8:00 p.m. a 12:00 a.m.
5. Sostuvo que varios camiones de descargue obstaculizan la carrera 9 entre las
calles 8 y 10 estacionándose a cualquier hora en el sector de las pescaderías y las
carnes. Sumado a ello, en la calle 8 con carrera 9 lavan los carros en donde
transportan la carne y desechan los residuos sólidos y líquidos sin el procedimiento
adecuado generando taponamientos en las redes de alcantarillado, acumulación de
basuras y tránsito de aguas residuales que desembocan en el río Magdalena.
6. Manifestó que la conducta reiterada de los conductores causa mal olor en el
sector y afecta la salud de los residentes del barrio. Por esa razón, la comunidad
acudió al municipio de Girardot, a la CAR y a la empresa Ser Regionales para que
realicen visitas de confrontación higiénica y sanitaria al lugar y adopten correctivos
que impidan la mencionada contaminación. Sin embargo, los responsables no
toman medidas y ninguna de estas autoridades ha atendido las quejas.
7. Agregó que la autoridad ambiental, en el marco de un proceso sancionatorio,
expidió la Resolución 11 de 18 de febrero de 20196 mediante la cual impuso una
medida preventiva al municipio de Girardot consistente en la suspensión de los
vertimientos de aguas residuales que desembocan al río Magdalena y provienen del
predio denominado “Acopio Mayorista de Pescado”. Precisó que, si bien dicho
predio está ubicado más arriba del barrio San Miguel, “[…] estos furgones son los
que descargan el pescado en el sector donde están nuestras vivienda (sic), y los
vertimientos son expulsados a las calles, taponando las alcantarillas y terminando
en el rio (sic) magdalena todos esos desechos […]”.
8. Adujo que en diciembre del 2019 informó al departamento de Cundinamarca el
incumplimiento de la orden. Dicha autoridad trasladó la petición a la Secretaría de
Salud y a la CAR sin recibir respuesta. Además, el 9 de diciembre de 2019, solicitó
el cumplimiento de la Resolución 11 de 2019 ante la CAR.
4
Cfr. Índice 7 del expediente digital de primera instancia.
5
“[…] Por el cual se regulan las actividades de cargue, descargue y estacionamiento en el municipio de Girardot
Cundinamarca. […]”.
6
“[…] Por medio de la cual se impone una medida preventiva y se adoptan otras determinaciones. […]”.
3
Radicación núm. 25000-23-41-000-2023-00125-01
Demandante: Luis Enrique Mirker Ovalle
9.Mencionó que el 23 de diciembre de 2019, la Personería de Girardot requirió al
municipio, mediante oficio PMG-20.05.10 OF 3509-19, para que diera cumplimiento
de la medida, sin obtener solución.
10. Advirtió que la CAR, mediante auto 610 de 13 de julio de 20207, formuló cargos
contra el municipio de Girardot y contra ACUAGYR S.A. E.S.P., por realizar
vertimientos de aguas residuales. La decisión de la autoridad ambiental consideró
que el agua proveniente del lavado de pisos se mezcla con rastro hemático y
pequeños residuos de pescado, los cuales son conducidos a la red principal del
sistema de alcantarillado municipal y, finalmente, vertidos en el río Magdalena.
I.2. Actuación procesal en primera instancia
11. El Juzgado 1.° Administrativo del Circuito de Girardot, mediante auto de 20 de
enero de 20238, declaró la falta de competencia y remitió el proceso al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
12. El magistrado sustanciador de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de 2 de febrero de 20239, avocó
conocimiento del proceso e inadmitió la demanda.
13. Mediante auto de 8 de mayo de 202310, el magistrado sustanciador del tribunal
admitió la demanda, ordenó la notificación y el traslado correspondiente a los
accionados, notificó al agente del Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, y
dispuso comunicar la acción de la referencia a los miembros de la comunidad.
14. Por auto de 24 de julio de 202311, el tribunal negó la medida cautelar solicitada
por el demandante, luego de establecer que no se evidenciaba la existencia de un
peligro inminente.
15. El día 26 de septiembre de 202312 se llevó a cabo la audiencia de pacto de
cumplimiento, la cual se declaró fallida y se decidió sobre las pruebas del proceso.
I.3. Contestaciones de la demanda
I.3.1. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca13
16. La CAR se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en las
excepciones de “[…] falta de legitimación en la causa por pasiva […]”, “[…]
inexistencia de violación a los derechos colectivos por la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca - CAR […]”, “[…] cumplimiento total de las funciones de
la CAR […]” y “[…] declaratoria oficiosa de medios de defensa […]”.
7
“[…] Por el cual se formulan cargos […]”.
8
Cfr. Índice 1 del expediente digital en el Juzgado, número de radicación 25307-33-33-001-2023-00022-00.
9
Cfr. Índice 4 del expediente digital de primera instancia.
10
Cfr. Índice 10 del expediente digital de primera instancia.
11
Cfr. Índice 25 del expediente digital de primera instancia.
12
Cfr. Índice 43 del expediente digital de primera instancia.
13
Cfr. Índice 17 del expediente digital de primera instancia.
4
Radicación núm. 25000-23-41-000-2023-00125-01
Demandante: Luis Enrique Mirker Ovalle
17. Manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva respecto a los
asuntos de espacio público debido a que son competencia del municipio. Por otro
lado, en materia ambiental, mencionó que adelantó el trámite administrativo de
carácter sancionatorio, identificado con núm. 73738, contra la empresa Agua de
Girardot, Ricaurte y la Región S.A. E.S.P. y el municipio de Girardot.
18. Advirtió que la queja ambiental presentada el 15 de enero de 2019 se debe a
que el terminal pesquero, construido hace aproximadamente 15 años, no reúne los
requisitos técnicos, higiénicos y sanitarios. El puerto genera un vertimiento de los
residuos a una distancia de 50 metros de la ronda del río Magdalena.
19. Indicó que, como consecuencia de esa queja ambiental, visitó el lugar y realizó
el informe técnico DRAM 63 de 6 de febrero de 2019. Dicho informe sustentó la
Resolución DRAM 03197100011 de 18 de febrero de 2019, mediante la cual impuso
una medida preventiva al municipio de Girardot consistente en la suspensión de los
vertimientos de aguas residuales al río Magdalena por parte del “Acopio Mayorista
de Pescado”.
20. Adujo que el trámite sancionatorio culminó con la expedición de la Resolución
DJUR 50227002247 de 30 de diciembre de 2022, mediante la cual sancionó a la
entidad territorial y a la empresa prestadora de servicios públicos.
21. Solicitó ser exonerada de toda responsabilidad en la ocurrencia de los hechos
porque ha dado total cumplimiento a sus funciones legales y constitucionales sin
vulnerar ningún derecho e interés colectivo.
I.3.2. Municipio de Girardot14
22. La entidad territorial se opuso a las pretensiones de la demanda en las
excepciones de “[…] el Municipio de Girardot no es el agente vulnerante de los
derechos colectivos que se pretenden amparar […]”, “[…] falta de prueba de la
vulneración o afectación del derecho e interés colectivo que se pretende amparar
[…]”, “[…] falta de legitimidad sustantiva material por pasiva […]” y “[…] excepciones
innominadas o genéricas […]”.
23. Afirmó que: i) ha realizado distintas actividades tendientes a recuperar el espacio
público, y ii) en el Decreto 67 de 2021 no se prohibió el parqueo en la zona, sino el
cargue y descargue de productos.
24. Mencionó que la actividad de lavado de vehículos no está autorizada por el
municipio. Dicha acción de terceros genera vertimientos dirigidos a la red de
alcantarillado y no al río Magdalena. Además, el municipio no tiene asignada ni la
operación de las redes de alcantarillado ni la operación del servicio de aseo y
recolección de residuos sólidos en el barrio San Miguel.
14
Cfr. Índice 20 del expediente digital de primera instancia.
5
Radicación núm. 25000-23-41-000-2023-00125-01
Demandante: Luis Enrique Mirker Ovalle
25. Adujo que el prestador del servicio público de aseo y disposición de residuos
sólidos es “[…] Serambiental S.A. E.S.P. […]”, empresa que debe hacerse cargo de
la supuesta recolección deficiente y, en ese sentido, solicitó su vinculación al
proceso.
26. Señaló que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobierno y Desarrollo
Institucional han ejecutado múltiples operativos y visitas a la plaza de mercado con
el propósito de identificar y prevenir la ocurrencia de enfermedades transmitidas a
través de los alimentos en mal estado. En ese contexto, han expedido una serie de
informes técnicos sobre la problemática.
27. Agregó que el informe técnico establece que el predio Centro de Acopio de
Pescado Mayorista no cumple con la totalidad de normas de sanidad para su
funcionamiento, aun así, allí no se está realizando un vertimiento directo al río
Magdalena. Adicionalmente, la actualización del permiso de vertimientos
corresponde a la empresa ACUAGYR S.A. E.S.P. por ser prestadora del servicio
público domiciliario de alcantarillado.
I.3.3. Empresa de Servicios Municipales y Regionales “Ser Regionales”
E.I.C.E.15
28. La empresa prestadora se opuso a las pretensiones de la demanda porque al
municipio de Girardot le corresponde verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el
Decreto 67 de 2021, mediante el cual reguló el horario para carga y descarga de
elementos en la plaza de mercado.
29. Afirmó que, aunque se encarga de administrar las actividades que se realizan en
la plaza de mercado de Girardot, no está vulnerando los derechos que alega el
demandante por el incumplimiento de lo establecido en el mencionado decreto,
razón por la cual solicitó que se exonere a la entidad de cualquier tipo de
responsabilidad.
I.3.4. Empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región S.A. E.S.P.
30. La
empresa prestadora se opuso a las pretensiones de la demanda con
fundamento en la excepción de “[…] falta de legitimación en la causa […]”.
31. Afirmó que los causantes de la contaminación y los vertimientos ilegales son los
conductores de los vehículos de transporte de pescado y productos cárnicos que
llevan el pescado al sitio de acopio y distribución sin ser suscriptores del servicio
que presta la empresa.
32. Adujo que los mencionados actos de contaminación configuran varias
infracciones definidas en el numeral 3 del artículo 28, en los numerales 1, 3, 6, 8 y
13 del artículo 111 y en los numerales 4, 5, 6 y 10 del artículo 140 de la Ley 1801
de 29 de julio de 201616.
15
Cfr. Índice 21 del expediente digital de primera instancia.
16
“[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana […]”.
6
Radicación núm. 25000-23-41-000-2023-00125-01
Demandante: Luis Enrique Mirker Ovalle
33. Señaló que periódicamente se programan actividades de mantenimiento y
limpieza de los sumideros de aguas lluvias y pozos de alcantarillado a su cargo.
Además, no cuenta con facultades policivas para sancionar a los presuntos
infractores.
34. Manifestó que el proceso sancionatorio adelantado por la autoridad ambiental se
encontraba en curso, por lo que no había certeza de un resultado definitivo.
II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
35. LaSubsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca resolvió en la sentencia de 26 de septiembre de 202417 lo siguiente:
“[…] PRIMERO. - DECLÁRASE probada la excepción titulada “Cumplimiento total de
las funciones de la CAR” propuesta por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR.
SEGUNDO. - DECLÁRANSE no probadas las demás excepciones formuladas por
las autoridades demandadas.
TERCERO. - AMPÁRASE los derechos colectivos al i) goce de un ambiente sano y
al ii) goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente fallo.
CUARTO. - ORDÉNASE a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRARDOT-
CUNDINAMARCA que despliegue con mayor suficiencia y efectividad, las gestiones
necesarias que estén dentro de sus competencias, para evitar que los comerciantes
y demás visitantes del “Acopio Mayorista de Pescado” sigan invadiendo el espacio
público con el estacionamiento de vehículos de transporte de alimentos en horarios
no regulados, así como adelantar las gestiones para que no se laven dichos vehículos
en las calles del barrio San Miguel. Esto implica que deberán efectuar los
requerimientos a los que hubiere lugar, hacer los llamados de atención respectivos,
tomar los correctivos correspondientes, iniciar las actuaciones administrativas
procedentes, imponer las sanciones de ley y las demás del caso a las que haya lugar.
QUINTO. - ORDÉNASE a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRARDOT-
CUNDINAMARCA, a la empresa SER REGIONALES y a la empresa ACUAGYR
S.A. implementar todas las acciones que consideren necesarias, urgentes y
oportunas, dentro del marco de sus competencias, para evitar, detener y suspender
de manera inmediata el vertimiento de aguas no tratadas en el río Magdalena; así
como garantizar el manejo adecuado de los residuos sólidos y líquidos provenientes
del “Acopio Mayorista de Pescado” que contaminan las calles del municipio.
SEXTO. - SIN LUGAR A CONDENAR EN COSTAS, por no haberse causado.
SÉPTIMO. - NIÉGASE el pago del incentivo, por las razones anotadas en la presente
providencia.
OCTAVO. - CONFÓRMASE el Comité de Verificación que vigile y asegure el
cumplimiento de lo ordenado en esta providencia, el cual será presidido por el
Magistrado Sustanciador y el cual estará integrado por el ACTOR POPULAR, un
delegado de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA, un
delegado de la empresa SER REGIONALES y un delegado de la empresa
ACUAGYR S.A.
17
Cfr. índice 55 del expediente digital de primera instancia.
7
Radicación núm. 25000-23-41-000-2023-00125-01
Demandante: Luis Enrique Mirker Ovalle
NOVENO. - REMÍTASE copia de esta sentencia al Registro Público centralizado de
acciones populares y de grupo de la Defensoría del Pueblo.
DÉCIMO. - Ejecutoriada esta providencia y previo las constancias del caso,
ARCHÍVESE el expediente y DESACTÍVESE del aplicativo SAMAI. […]”. (Negrilla
del texto).
36. El tribunal encontró demostrado que en el sector de la plaza de mercado de
Girardot se encuentra muy cerca al río Magdalena y que hay establecimientos de
comercio de expendio de pescado que no tienen un manejo de residuos sólidos y
líquidos adecuado, lo cual contamina el cuerpo hídrico, genera malos olores y atrae
animales carroñeros.
37. Consideró que el cargue y descargue de mercancía en horas no permitidas y el
manejo de residuos sólidos y líquidos que son vertidos sin las normas de salubridad
han generado la vulneración a los derechos e intereses colectivos establecidos en
los literales a) y d) del artículo 4.° de la Ley 472.
38. Señaló que el estacionamiento de vehículos requiere la intervención del
municipio de Girardot para recuperar el espacio público. Enfatizó que, aunque la
administración de estos servicios haya sido delegada a un particular, la entidad
territorial sigue siendo responsable de garantizar la adecuada prestación de los
servicios públicos. Además, la falta de acción por parte de la administración
municipal está generando daños al río Magdalena, el cual recibe los desechos
provenientes del acopio.
39. Argumentó que la empresa Ser Regionales es responsable de administrar la
plaza de mercado de Girardot. Por esta razón, debe implementar medidas que
aseguren la vigilancia y el control de las actividades de los comerciantes y de la
comunidad que visita el acopio, principalmente en lo relacionado con el manejo
adecuado de residuos sólidos y el cumplimiento de los horarios establecidos para
el descargue de alimentos.
40. En cuanto al impacto ambiental, indicó que la jurisprudencia constitucional ha
reconocido a ciertos ríos como sujetos de derechos cuando se demuestra una
afectación directa como ocurrió en el presente caso respecto del río Magdalena. En
efecto, durante el proceso sancionatorio ambiental, se evidenció que el municipio
cuenta con un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), pero el
punto por donde se descargan las aguas residuales generadas por el “Acopio
Mayorista de Pescado” no fue incluido en dicho plan.
41. Consideró que la autoridad ambiental cumplió adecuadamente sus funciones al
llevar a cabo un proceso administrativo y sancionar a las entidades encargadas de
garantizar condiciones de salubridad en el sector implicado en esta acción
constitucional.
42. Finalmente, afirmó que la excepción por falta de legitimación en la causa por
pasiva no procede para ninguna de las partes que la alegaron, ya que la legitimación
8
Radicación núm. 25000-23-41-000-2023-00125-01
Demandante: Luis Enrique Mirker Ovalle
no depende únicamente de si la conducta de las accionadas generó la afectación,
sino también de quienes han omitido cumplir los deberes que la ley les asigna.
III. RECURSO DE APELACIÓN
43. Mediante escrito de 8 de octubre de 202418, ACUAGYR S.A. E.S.P. solicitó la
modificación del ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia proferida en
primera instancia, por cuanto desconoce el régimen normativo especial para el
manejo de los vertimientos de alcantarillado, y traslada a la empresa prestadora un
compromiso de los usuarios.
44. Explicó que la causa petendi gira alrededor de la problemática de contaminación
en las vías públicas del barrio San Miguel atribuibles a conductores que transportan
pescado o carnes; conductas que encajan en infracciones de la Ley 1801 de 29 de
julio de 201619 y que exigen medidas de control policivo.
45. Complementó que dichas infracciones no se relacionan con los vertimientos
realizados por el Centro de Acopio Mayorista de Pescado a la red de alcantarillado,
los cuales deben ser evaluados conforme al régimen de prestación del servicio
público de alcantarillado.
46. Expuso que la valoración de la prueba relacionada con los vertimientos no tuvo
en cuenta que estos no se dirigen directamente al río Magdalena sino a la red de
alcantarillado del municipio. A su juicio, el tribunal de primera instancia arribó a dicha
conclusión por un análisis probatorio incompleto de la actuación administrativa
adelantada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y del régimen
de prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado.
47. Indicó que suscribió un contrato con el municipio de Girardot para la prestación
del servicio de alcantarillado en el inmueble ubicado en la “[…] CLL 8 NO. 9 -03 / 27
• KRA 9 N.8-05 […]” del barrio San Miguel. Dicho contrato se rige por lo dispuesto
en los artículos 14, 128 y subsiguientes de la Ley 142 de 11 de julio de 199420, en
las disposiciones del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y en
el contrato de condiciones uniformes
48. Complementó que el contrato de condiciones uniformes reguló lo siguiente:
“[…] Cláusula 26. Obligaciones del usuario: son obligaciones del USUARIO, las
siguientes:
[…] 17. Cumplir las normas de vertimiento vigentes. Para ello, los usuarios que
descargan Aguas Residuales no Domésticas - ARnD, deberán presentar a ACUAGYR
S.A. E.S.P., la caracterización de sus vertimientos, por lo menos una vez al año, y hasta
tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS determine en el
Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas,
su frecuencia. Así mismo, deberán dar aviso a ACUAGYR S.A. E.S.P, cuando con un
vertimiento ocasional o accidental pueda perjudicar su operación. Todo ello de acuerdo
con los numerales 7.4 Vigilancia del Cumplimiento de la normatividad ambiental
18
Cfr. Índice 59 del expediente digital de primera instancia.
19
"[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana […]".
20
“[…] Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. […]”.
9
Radicación núm. 25000-23-41-000-2023-00125-01
Demandante: Luis Enrique Mirker Ovalle
aplicada al vertimiento de aguas residuales- y 7.7 -De la inspección y vigilancia- del
Anexo Técnico del presente contrato.
[…] 23. Abstenerse de descargar al sistema de alcantarillado, sustancias prohibidas o
no permitidas por la normatividad vigente. […]”.
49. Enfatizó que su obligación principal como empresa prestadora es recolectar y
transportar las aguas residuales domésticas y no domésticas por tuberías y
conductos. En contraste, el usuario del servicio debe cumplir las normas de
vertimiento, presentar caracterización periódica y abstenerse de descargar
sustancias prohibidas.
50. Señaló que, de conformidad con el régimen de prestación de servicios públicos,
los usuarios de categoría comercial o industrial deben cumplir con ciertos
parámetros para la descarga de sus residuos líquidos a la red de alcantarillado. Las
características del vertimiento están establecidas en la Resolución 631 de 17 de
marzo de 201521, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y
quien incumpla dicha disposición deberá ser sancionado por la autoridad ambiental.
51. Planteó que el a quo desconoció el régimen normativo del tratamiento de aguas
residuales, porque ordena detener de manera inmediata vertimientos no tratados al
río sin atender el esquema legal de los Planes de Saneamiento y Manejo de previsto
en el Decreto 3100 de 2003 y en la Resolución 1433 de 2004. Al respecto, aclaró:
“[…] ACUAGYR tiene vigente un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –
PSMV –aprobado por la Corporación Autónoma Regional – CAR - mediante
Resolución CAR No. 1883 del 25 de julio de 2011 modificada por la Resolución CAR
No 2393 del 10 de octubre de 2012 y por la Resolución CAR No. 0272 del 01 de
febrero del 2019.
La vigencia del Plan de Saneamiento de Vertimientos aprobado para ACUAGYR por
parte de la autoridad ambiental, no puede ser desconocida como se hace en el
numeral quinto de la sentencia impugnada, en especial si se tiene en cuenta que este
tema no fue objeto de examen dentro del proceso de protección de los derechos
colectivos. […]”.
52. Manifestó que el tribunal vulneró su derecho de defensa por cuanto asumió como
ciertas las conclusiones de la CAR adoptadas en un proceso sancionatorio, “[…]
adelantado por dicha entidad, desconociendo graves irregularidades cometidas en
el transcurso del mismo. […]”.
IV.TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
53. Mediante auto de 29 de octubre de 202422, la Subsección A de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió ante el Consejo de Estado el
recurso de apelación presentado por la parte demandada.
21
“[…] Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a
cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones […]”.
22
Cfr. Índice 61 del expediente digital de primera instancia.
10
Radicación núm. 25000-23-41-000-2023-00125-01
Demandante: Luis Enrique Mirker Ovalle
54. A través de auto de 7 de febrero de 202523, se admitió el recurso de apelación y
se prescindió del traslado para alegatos de conclusión, y se le informó al Ministerio
Público que podía emitir concepto. Sin embargo, las partes y el Ministerio Público
guardaron silencio.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1. Competencia
55. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en el
artículo 150 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201124 y en el artículo 13 del Acuerdo
080 de 12 de marzo de 201925, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación
interpuestos en contra de las sentencias proferidas en primera instancia por los
tribunales administrativos, en el marco de las acciones populares.
V.2. Planteamiento de los problemas jurídicos
56. La parte actora atribuyó a la CAR, al municipio de Girardot - Secretaría de
Tránsito y Transporte, a la Empresa de Servicios Municipales y Regionales “Ser
Regionales” E.I.C.E. y a ACUAGYR S.A. E.S.P. la vulneración de los derechos
colectivos previstos en los literales a) y d) del artículo 4.°26 de la Ley 472, debido a
los olores ofensivos y la contaminación producto del manejo inadecuado de residuos
sólidos y líquidos provenientes de vehículos de transporte de carne y pescado, que
son lavados en las vías públicas del barrio San Miguel y cuyos desechos afectan el
sistema de alcantarillado y desembocan en el río Magdalena.
57. En la sentencia de 26 de septiembre de 2024, la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca amparó los derechos
colectivos al goce de un ambiente sano, al goce del espacio público y a la utilización
y defensa de los bienes de uso público. En consecuencia, ordenó al municipio de
Girardot que ejerza sus funciones legales con el propósito de evitar que
comerciantes y visitantes del “Acopio Mayorista de Pescado” invadan el espacio
público con vehículos en horarios no permitidos y que laven estos automotores en
las calles del barrio San Miguel.
58. Adicionalmente, ordenó al municipio que, junto con las empresas Ser Regionales
E.I.C.E. y ACUAGYR S.A. E.S.P., adopten medidas urgentes para detener el
vertimiento de aguas no tratadas al río Magdalena y aseguren el manejo adecuado
de los residuos sólidos y líquidos provenientes del “Acopio Mayorista de Pescado”.
23
Cfr. Índice 5 del expediente digital de segunda instancia.
24
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
25
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
26
“[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias;
[…]
d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público;
[…]”.
11
Radicación núm. 25000-23-41-000-2023-00125-01
Demandante: Luis Enrique Mirker Ovalle
59. ACUAGYR S.A. E.S.P. apeló esa decisión. En primer lugar, afirmó que el tribunal
de primera instancia desconoció el objeto de la presente acción popular porque
impartió órdenes relacionadas con los vertimientos del Centro de Acopio Mayorista
de Pescado. En segundo lugar, argumentó que los conductores que realizan el
vertimiento, la CAR y el municipio son quienes vulneraron los derechos amparados.
En tercer lugar, indicó que el a quo no valoró el material probatorio correctamente,
y desconoció el régimen normativo especial de los servicios públicos domiciliarios,
así como la vigencia del PSMV. En cuarto lugar, planteó que la CAR vulneró su
derecho de defensa en el procedimiento sancionatorio ambiental.
V.3. Análisis del caso concreto
60. Para resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiará: i) el objeto de la presente
acción popular y su relación con los vertimientos del Centro de Acopio Mayorista de
Pescado; ii) la responsabilidad de los usuarios del servicio de alcantarillado en la
vulneración de los derechos colectivos amparados; iii) la responsabilidad del
apelante respecto de la problemática de contaminación de las vías públicas del
barrio San Miguel; y iv) la presunta vulneración del derecho de defensa por cuanto
el tribunal asumió como ciertas las conclusiones de la CAR adoptadas en un
proceso sancionatorio, “[…] adelantado por dicha entidad, desconociendo graves
irregularidades cometidas en el transcurso del mismo. […]”.
V.3.1. El objeto de la presente acción popular y su relación con los
vertimientos del Centro de Acopio Mayorista de Pescado
61. El primer eje temático de la apelación alude a que la sentencia de primera
instancia no cumple con el principio de congruencia y sobrepasa las atribuciones
del juez popular, ya que la situación fáctica propuesta en la demanda no se relaciona
con los vertimientos realizados por el Centro de Acopio Mayorista de Pescado a la
red de alcantarillado, sino con la contaminación generada por el transporte de
productos cárnicos en el barrio San Miguel.
62. Para resolver este planteamiento, es pertinente mencionar que la Sala Plena del
Consejo de Estado aclaró en las sentencias de 5 de junio de 2018 27 y de 26 de
enero de 202128, que el juez de la acción popular puede dictar fallos ultra y extra
petita que protejan derechos colectivos distintos a los mencionados por el actor
popular en la demanda, analizar hechos adicionales a los planteados inicialmente y
dictar órdenes diferentes a las solicitadas en las pretensiones, siempre y cuando
estos aspectos guarden relación con el hecho generador del daño expuesto en la
demanda y, en términos generales, con la causa petendi.
63. La sentencia de 5 de junio de 2018 precisó que el pronunciamiento sobre los
asuntos adicionales requiere que estos tengan una estrecha relación con los
derechos colectivos respecto de los cuales exista una solicitud expresa de
27
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 6, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación núm. 15001-33-31-001-
2004-01647-01.
28
Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Séptima Especial de Decisión, C. P. Martín Bermúdez
Muñoz, radicación número: 54518-33-31-001-2007-00013-01(AP)REV.
12
Radicación núm. 25000-23-41-000-2023-00125-01
Demandante: Luis Enrique Mirker Ovalle
protección y que la parte demandada se haya pronunciado sobre ellos a lo largo del
proceso.
64. En el presente caso, el escrito de la demanda contiene dos problemáticas
relacionadas. En primer lugar, en el acápite de hechos se explica que, en la zona
del barrio San Miguel, donde se comercializan productos cárnicos y pescados, el
transporte de esos productos ha generado problemas de contaminación y malos
olores porque los conductores no cumplen con los parámetros establecidos para el
cargue, descargue y manejo adecuado de residuos, lo que afecta la salud y el
bienestar de los residentes.
65. En segundo lugar, el demandante expuso, en los hechos décimo al décimo cuarto
del libelo petitorio29, que la CAR, mediante Resolución 011 de 18 de febrero de
2019, impuso una medida preventiva al municipio de Girardot consistente en
ordenar la suspensión de los vertimientos de aguas residuales al río Magdalena en
el predio donde se ubica el “Acopio Mayorista de Pescado”, lugar donde los furgones
previamente mencionados descargan pescado.
66. También mencionó que solicitó a la CAR y al departamento el cumplimiento de
esa medida cautelar, y que la autoridad ambiental formuló cargos contra el municipio
de Girardot y ACUAGYR S.A. E.S.P., por realizar actividades de vertimientos de
aguas residuales producto de lavado de pisos que van mezclados con sangre y
pequeños residuos de pescado, conducidas a la red principal del sistema de
alcantarillado municipal.
67. Esto quiere decir que la sentencia de primera instancia no desconoce el principio
de congruencia pues la decisión del juez popular de pronunciarse sobre los
vertimientos generados en el Centro de Acopio Mayorista de Pescado responde a
una de las problemáticas expuestas en la demanda.
68. En consecuencia, la situación fáctica relacionada con la responsabilidad del
municipio y la empresa de servicios públicos domiciliarios en relación con los
vertimientos hace parte integral del debate judicial.
69. Bajo las anteriores premisas, el cargo no prospera.
29
Sobre este punto la demanda expresamente señaló lo siguiente: “[…] DECIMO: le doy a conocer la Resolución No 011 del
18 de febrero del 2019 “por medio de la cual se impone una medida preventiva y se adoptan otras determinaciones”, expedida
por la CAR donde dispuso IMPONER LA MEDIDA PREVENTIVA a la ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT consistente en
la suspensión de los vertimientos de aguas residuales al rio Magdalena, en el predio denominado “Acopio Mayorista de
Pescado”; si bien es cierto, esto es un poco más arriba, es preciso manifestarle que estos furgones son los que descargan el
pescado en el sector donde están nuestras vivienda, y los vertimientos son expulsados a las calles, taponando las alcantarillas
y terminando en el rio magdalena todos esos desechos. (prueba 5)
DECIMO PRIMERO: en su momento diciembre del 2019, se informó de dicha situación al Gobernador de Cundinamarca,
quien traslado la petición a la secretaria de salud y a la CAR, pero que no apoyaron hacer cumplir la medida impuesta. (prueba
6)
DECIMO SEGUNDO: el 23 de diciembre del 2019, la PERSONERIA DE GIRARDOT manifestó mediante oficio PMG-20.05.10
OF 3509-19, requerir a la alcaldía de Girardot para el cumplimiento de la medida, pero en eso quedo. (prueba 7)
DECIMO TERCERO: en su momento el 9 de diciembre del 2019, se solicitó el desacato administrativo resolución No DRAM
No 11 del 18 de febrero del 2019, ante la CAR. (prueba 8)
DECIMO CUARTO: la CAR mediante auto DRAM 610 del 13 de julio del 2020 “por el cual se formula cargos dispuso formular
cargos contra MUNICIPIO DE GIRARDOT y ACUAGYR S.A. E.S.P., por realizar actividades de vertimientos de aguas
residuales producto de lavado de pisos que van mezclados con sangre y pequeños residuos de pescado, conducidas a la red
principal del sistema de alcantarillado municipal y finalmente vertidas al río magdalena. (prueba 9) […]”.
13
Radicación núm. 25000-23-41-000-2023-00125-01
Demandante: Luis Enrique Mirker Ovalle
V.3.2. La responsabilidad de los usuarios del servicio de alcantarillado en la
vulneración de los derechos colectivos amparados
70. La empresa apelante afirmó que no vulneró los derechos amparados porque los
usuarios comerciales e industriales, al realizar los vertimientos al sistema de
alcantarillado, deben cumplir los parámetros establecidos en la Resolución 631 de
2015. Adicionalmente, el incumplimiento de estos parámetros debe ser sancionado
por la autoridad ambiental, y no por la empresa prestadora.
71. Precisó que los residuos líquidos objeto del proceso no se vierten directamente
al río Magdalena sino a la red de alcantarillado municipal, y que el tribunal llegó a
conclusiones erróneas por no valorar adecuadamente las pruebas y el marco
normativo de los servicios públicos domiciliarios.
72. Complementó que dicha empresa se encarga de recolectar y transportar las
aguas residuales, mientras que los usuarios deben cumplir con la normatividad
ambiental y las condiciones del contrato de condiciones uniformes.
Específicamente, “[…] tiene formalizado un contrato de prestación del servicio
público domiciliario de alcantarillado con la ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRARDOT
para el inmueble ubicado en la CLL 8 NO. 9 -03 / 27 - KRA 9 N.8-05 del barrio San
Miguel, el cual está identificado con el código de suscripción No. 84638 […]”.
73. Manifestó que el tribunal de primera instancia desconoció la existencia de un Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) aprobado por la autoridad
ambiental, el cual no fue objeto de debate en el proceso.
74. Para resolver los planteamientos, la Sala advierte que las empresas prestadoras
de servicios públicos domiciliarios, de conformidad con los artículos 11 y 25 de la
Ley 142 de 1994, tienen responsabilidades que se derivan de la función social de la
propiedad y de los fines superiores que orientan la prestación de esos servicios.
75. El artículo 11.1 ibidem señala que las empresas tienen la responsabilidad de
asegurar que el servicio se preste de forma continua y eficiente. El artículo 11.5.
complementa que deben “[…] Cumplir con su función ecológica, para lo cual, y en
tanto su actividad los afecte, protegerán la diversidad e integridad del ambiente, y
conservarán las áreas de especial importancia ecológica, conciliando estos
objetivos con la necesidad de aumentar la cobertura y la costeabilidad de los
servicios por la comunidad. […]”. El artículo 2530 indica que los prestadores deben
obtener los permisos ambientales y concesiones señalados en la normativa
ambiental y de servicios públicos domiciliarios para la protección de los recursos
naturales.
76. En otras palabras, las empresas tienen la obligación de garantizar la continuidad
y eficiencia de los servicios, cumplir la función social y ecológica de su propiedad,
30
“[…] ARTÍCULO 25. Concesiones, y permisos ambientales y sanitarios. Quienes presten servicios públicos requieren
contratos de concesión, con las autoridades competentes según la ley, para usar las aguas; para usar el espectro
electromagnético en la prestación de servicios públicos requerirán licencia o contrato de concesión. Deberán además, y
sanitarios que la índole misma de sus actividades haga necesarios, de acuerdo con las normas comunes. […]”.
14
Radicación núm. 25000-23-41-000-2023-00125-01
Demandante: Luis Enrique Mirker Ovalle
proteger el ambiente y gestionar los permisos y concesiones necesarios para operar
de forma adecuada.
77. Correlativamente las empresas tienen el derecho a estipular las condiciones
uniformes en las que están dispuestas a prestar el servicio a sus usuarios.
78. En este contexto, el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) es
el instrumento de planificación y gestión que aprueba la autoridad ambiental en
donde el prestador del servicio de alcantarillado establece las acciones, metas,
plazos y recursos necesarios para prevenir, controlar y reducir la contaminación por
vertimientos de aguas residuales.
79. El Decreto 2667 de 21 de diciembre de 201231, en su artículo 10 estableció que
dicha herramienta incluiría la meta individual de reducción de carga contaminante
de los usuarios del servicio de alcantarillado, cuyo cumplimiento sería objeto de
evaluación por parte de la autoridad ambiental competente32, de acuerdo con los
compromisos allí establecidos.
80. Para ello, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible profirió la
Resolución 631 de 2015, en la que estableció los parámetros y valores máximos
permisibles para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los
sistemas de alcantarillado público. Asimismo, la Resolución 631 definió los
parámetros objeto de análisis y reporte por parte de las actividades industriales,
comerciales o de servicios.
81. Bajo este marco normativo, el numeral tercero de la cláusula vigésima quinta
del Contrato de Condiciones Uniformes de ACUAGYR S.A. E.S.P. establece la
siguiente obligación para la empresa:
“[…] Cláusula 25. Obligaciones de ACUAGYR S.A. E.S.P.: sin perjuicio de aquellas
obligaciones contenidas en la legislación, reglamentación y regulación vigente, son
obligaciones de ACUAGYR S.A. E.S.P., las siguientes:
3. Recolectar y transportar en forma permanente las Aguas Residuales Domésticas -
ARD y no domésticas – ARnD, por medio de tuberías y conductos. […]”.
82. En consonancia, los numerales 17 y 23 de la cláusula vigésima sexta del mismo
contrato establecen que los usuarios del servicio de alcantarillado son responsables
de:
“[…] Cláusula 26. Obligaciones del usuario: son obligaciones del USUARIO, las
siguientes:
[…] 17. Cumplir las normas de vertimiento vigentes. Para ello, los usuarios que
descargan Aguas Residuales no Domésticas - ARnD, deberán presentar a ACUAGYR
S.A. E.S.P., la caracterización de sus vertimientos, por lo menos una vez al año, y
hasta tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS determine en
el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales,
31
“Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos
puntuales, y se toman otras determinaciones”.
32
Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5.18: “[…] Con el objeto de realizar el seguimiento, control y verificación del
cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos, la autoridad ambiental competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios […]”.
15
Radicación núm. 25000-23-41-000-2023-00125-01
Demandante: Luis Enrique Mirker Ovalle
Subterráneas, su frecuencia. Así mismo, deberán dar aviso a ACUAGYR S.A. E.S.P,
cuando con un vertimiento ocasional o accidental pueda perjudicar su operación.
Todo ello de acuerdo con los numerales 7.4 Vigilancia del Cumplimiento de la
normatividad ambiental aplicada al vertimiento de aguas residuales- y 7.7 -De la
inspección y vigilancia- del Anexo Técnico del presente contrato.
[…] 23. Abstenerse de descargar al sistema de alcantarillado, sustancias prohibidas
o no permitidas por la normatividad vigente. […]”.
83. Conforme al marco jurídico supra, las empresas prestadoras de servicios
públicos domiciliarios deben cumplir con una serie de obligaciones que incluyen la
protección del medio ambiente, el transporte adecuado de las aguas residuales y el
respeto de las metas y condiciones aprobadas en el PSMV. De igual manera, los
usuarios tienen la responsabilidad de cumplir la normativa ambiental que regula los
vertimientos, realizar su caracterización y abstenerse de descargar sustancias
prohibidas al sistema de alcantarillado.
84. Frente al cumplimiento de estos deberes legales, en el proceso se demostró que
el 15 de enero de 2019, el señor Jeremías Enrique Candia Guerra presentó una
denuncia ante la CAR en la que señaló que se construyó un terminal pesquero de
mayoristas de pescado de rio que no reúne los requisitos técnicos, higiénicos y
sanitarios.
85. En atención a esa queja, la corporación elaboró el informe técnico DRAM 063
de 6 de febrero de 2019 que explica:
“[…] Teniendo en cuenta la información recolectada en campo, en el ACOPIO
MAYORISTA DE PESCADO con ubicación en el casco urbano del municipio de
Girardot Cundinamarca, se determina lo siguiente:
Que al momento de realizar el respectivo recorrido por la zona de influencia del predio
referenciado se observa que dicho lugar cuenta con un área para la venta de pescado
la cual se caracteriza por tener muros con una altura de 4 metros con una sola parte
con cubierta en teja de zinc, en donde a simple vista se evidencia que dicho lugar es
muy reducido para la demanda de la actividad económica desarrollada allí.
Que a pesar de las características observadas, dicho lugar no fue construido con
las especificaciones técnicas para realizar venta de pescado, dado que NO
cuenta con un sistema de tratamiento de los residuos generados de dicha
actividad, haciendo claridad que allí no se realiza alistamiento del pescado para
la venta (eviscerado). Si se realiza disposición directa de las aguas producto de
lavado de pisos que van mezcladas con sangre y pequeños residuos de
pescado dado a su manipulación, a la par se evidencia que existen dos
unidades sanitarias que de igual forma conducen sus aguas en conjunto a un
canal tipo alcantarilla caracterizada por ser un canal que atraviesa el lugar
protegido con una rejilla y conducido a una caja la cual se encuentra colmatada
de residuos sólidos y sedimentos.
Que es importante manifestar que dicha alcantarilla conduce las aguas residuales
producidas en el Acopio Mayorista de Pescado de Río, sin ninguna clase de
tratamiento directo a la red principal del sistema de alcantarillado municipal que
se encuentra en ese sector que posteriormente son vertidas al Río Magdalena
lo cual se puede corroborar en el recorrido realizado aguas abajo en dirección a dicha
fuente hídrica donde se puede apreciar la veracidad de dicha contravención.
16
Radicación núm. 25000-23-41-000-2023-00125-01
Demandante: Luis Enrique Mirker Ovalle
[…] Que en el sector objeto de la queja se evidencia que aguas abajo de dicho
acopio y aproximadamente a 50 metros se encuentra el Río Magdalena, por lo
tanto se procede a corroborar dicha información en la base de datos que reposa
en la herramienta Geoambiental; para lo cual se identifica efectivamente la
existencia de dicha fuente hídrica la cual está clasificada como un RIO (sic)
MAGDALENA y codificado con el número 424,00 de igual forma es importante
manifestar que dicho rio (sic) es la fuente hídrica más importante de la zona.
Que después de realizado el respectivo Buffer de la fuente hídrica Río Magdalena con
respecto al sector objeto de la petición, se logra determinar que el Acopio de Pescado
se encuentra a una distancia de 31,7 metros lineales, logrando determinar que
dicho lugar se encuentra dentro de la zona de ronda de protección ambiental de
dicha fuente hídrica aunando que por ser casco urbano por ese sector existe un
crecimiento poblacional considerable.
[…] Que es de suma importancia aclarar que a la fecha dicho predio fue sometido a
un proceso de expropiación por medio del ACUERDO MUNICIPAL 020 DEL 2 DE
JUNIO DE 2010, […] Por tal razón en la actualidad el propietario de dicho predio
es el MUNICIPIO DE GIRARDOT identificado con Nit. 8906803784.
Después de realizado el respectivo análisis de la zona donde presuntamente se
generó una afectación por vertimientos de aguas servidas, se logra determinar que a
simple vista SI hay afectación en el cuerpo hídrico identificado, aunando que la
ADMINISTRACION MUNICIPAL DE GIRARDOT, no contempló ninguna
especificación técnica para realizar dicha actividad, por lo cual se deben iniciar
en el menor tiempo las acciones correctivas y que cumplan con la normatividad
ambiental vigente.
[…] Para este caso en particular, y por ser el acopio un suscriptor y/o usuario del
prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado se deberá regir por
lo establecido en el artículo 38 y 39 del Decreto 3930 de 2010:
Artículo 38. Obligación de los suscriptores y/o usuarios del prestador del servicio
público domiciliario de alcantarillado. Los suscriptores y/o usuarios en cuyos
predios o inmuebles se requiera de la prestación del servicio comercial, industrial,
oficial y especial, por parte del prestador del servicio público domiciliario de
alcantarillado, de que trata el artículo 3° del Decreto 302 de 2000 o la norma que
lo modifique, adicione o sustituya, están obligados a cumplir la norma de
vertimiento vigente.
Los suscriptores y/o usuarios previstos en el inciso anterior, deberán
presentar al prestador del servicio, la caracterización de sus vertimientos, de
acuerdo con la frecuencia que se determine en el Protocolo para el Monitoreo
de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas, el cual expedirá el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Los usuarios y/o suscriptores del prestador del servicio público domiciliario de
alcantarillado, deberán dar aviso a la entidad encargada de la operación de la
planta tratamiento de residuos líquidos, cuando con un vertimiento ocasional o
accidental puedan perjudicar su operación.
Artículo 39. Responsabilidad del prestador del servicio público domiciliario de
alcantarillado. El prestador del servicio de alcantarillado como usuario del
recurso hídrico, deberá dar cumplimiento a la norma de vertimiento vigente
y contar con el respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV reglamentado por la
Resolución 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.
17
Radicación núm. 25000-23-41-000-2023-00125-01
Demandante: Luis Enrique Mirker Ovalle
Igualmente, el prestador será responsable de exigir respecto de los vertimientos
que se hagan a la red de alcantarillado, el cumplimiento de la norma de
vertimiento al alcantarillado público.
Cuando el prestador del servicio determine que el usuario y/o suscriptor no está
cumpliendo con la norma de vertimiento al alcantarillado público deberá informar a
la autoridad ambiental competente, allegando la información pertinente, para
que ésta inicie el proceso sancionatorio por incumplimiento de la norma de
vertimiento al alcantarillado público.
De lo anterior, se extrae que la empresa prestadora del servicio público
domiciliario de alcantarillado ACUAGYR S.A E.S.P. es quien debe inicialmente
exigir el cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado público
municipal, y si el usuario, que para este caso es la Administración Municipal de
Girardot, no cumple con dicha norma, se deberá aplicar los demás contenidos
del artículo 39 del Decreto 3930 de 2010.
En lo concerniente al tema sanitario, se deberá remitir copia del presente
concepto técnico a la Secretaría de Salud, para que realice las acciones
correspondientes, por la posible problemática de salud pública que se genera
en el entorno visitado. […]”. (Negrilla fuera del texto).
86. En el marco de esos resultados, la CAR adoptó en la Resolución DRAM 11 de
18 de febrero de 201933 la medida preventiva descrita a continuación:
“[…] ARTICULO 1: Imponer la medida preventiva a la Alcaldía Municipal de Girardot
identificada con NIT No. 890680378-4, consistente en suspensión de los
vertimientos de aguas residuales al rio (sic) Magdalena, en el predio
denominado “Acopio Mayorista de Pescado” identificado con cédula No
25307010100250004 y matrícula inmobiliaria No 307-007692.
PARAGRAFO 1: De conformidad con los anteriores pronunciamientos se ordena la
apertura del Expediente N° 73738.
PARAGRAFO 2: La medida preventiva impuesta se levantará, cuando se
compruebe que han desaparecido las causas que la originaron, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009.
PARÁGRAFO 3: De conformidad con el artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, los costos
en que incurra la autoridad ambiental con ocasión de las medidas preventivas, tales
como: transporte, almacenamiento, seguros, entre otros, correrán por cuenta del
infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberán ser cancelados
antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra.
ARTICULO 2: Remitir el Informe Técnico DRAM No 063 a la empresa ACUAGYR
S.A E.S.P, para su conocimiento y fines pertinentes. […]”. (Negrilla fuera del
texto).
87. A través de oficio 9 de diciembre del 201934, el señor Jeremías Enrique Candia
Guerra solicitó a la CAR que verificara el cumplimiento de las medidas ordenadas
en la Resolución DRAM 1135. En ese documento se mencionó lo siguiente:
33
Cfr. Índice 2 del expediente digital de primera instancia. Documento denominado: “3_ED_002ESCRITOPOPULARYAN(.pdf)
NroActua 2”, páginas 24-38. “[…] Por medio de la cual se impone una medida preventiva y se adoptan otras determinaciones.
[…]”. // índice 17. Pág. 19-34.
34
Cfr. Índice 2 del expediente digital de primera instancia. Documento denominado: “3_ED_002ESCRITOPOPULARYAN(.pdf)
NroActua 2”, páginas 12.
35
Ese documento se le copio a la gobernación, a la personería, al municipio y al Ministerio Público.
18
Radicación núm. 25000-23-41-000-2023-00125-01
Demandante: Luis Enrique Mirker Ovalle
“[…] Cabe anotar que en la actualidad, aún en este predio de comercialización, se
realiza la disposición directa de las aguas producto del lavado de pisos que van
mezcladas con sangre y residuos de pescado que son vertidas en forma directa
al Río Magdalena; así mismo se corroboró que de conformidad con el informe
Técnico de esa Regional, se evidenció que aguas abajo de dicho acopio y
aproximadamente a 50 metros se encuentra el Río Magdalena, logrando precisar que
dicho lugar se encuentra dentro de la zona de ronda protección ambiental de dicha
fuente hídrica, aunado que por ser casco urbano por ese sector existe un crecimiento
poblacional considerable. […]”. (Negrilla fuera del texto).
88. Posteriormente,la CAR elaboró el informe Técnico DRAM 1137 de 31 de
diciembre de 2019, en el que verificó que la problemática persistía, veamos:
“[…] Teniendo en cuenta la visita técnica realizada, y en cumplimiento al AUTO DRAM
N° 1499 de 04 de diciembre de 2019, a continuación, se atiende técnicamente cada
punto establecido en el mencionado acto administrativo y se conceptúa lo siguiente:
[…] Verificar por parte del área técnica de la Corporación Regional Alto Magdalena;
para que determine:
a. Respecto a los vertimientos precisar con registro fotográfico y
georreferenciación el sitio de disposición final de las aguas residuales no
tratadas y residuos provenientes de la actividad de acopio de pescado y quien
es la persona y/o persona que lo generan.
Para resolver este punto, se explica a continuación de donde proviene el agua que
sale del centro de acopio:
Dentro de las instalaciones del centro de acopio de pescado, se encuentran
vehículos tipo furgón refrigerados con hielo, los cuales trasportan desde los
diferentes lugares primarios donde se carga el pescado ya eviscerado y
escamado hasta el acopio (lugar objeto de la diligencia), encontrando que en
este lugar solamente se realiza su comercialización sin realizarles otros
procesos.
Se observa durante la visita que el agua que se genera en el lugar es por el
derretimiento o fusión del hielo utilizado para la refrigeración del producto, las
cuales son colectadas en un canal principal que cuenta con rejillas,
entregándolas a una caja que funciona como caja de retención de sólidos para
la posterior entrega a un pozo de inspección ubicado en la calle y de este al
cabezal de descarga que se ubica en la margen derecha del rio (sic) Magdalena
bajo coordenadas ESTE: 918797 NORTE: 966124.
De acuerdo con lo mencionado por los acompañantes, no se cuenta con acometida
de agua potable habilitada en el predio, y las personas utilizan los baños de la plaza
para cualquier necesidad.
De acuerdo a lo observado, no se tiene certeza si las aguas que descargan al
rio (sic), corresponden única y exclusivamente del punto de acopio o de la zona
aferente al mismo que puede ser de las casas o demás establecimientos
comerciales, para lo cual se debe requerir a Acuagyr (15 días), para que
presente a esta Autoridad el catastro de redes de este sector y un informe
detallado que defina claramente de donde provienen las aguas de este punto de
vertimiento y que establecimientos aportan aguas al mismo o son única y
exclusivamente del centro de acopio de pescado.
b. Determinar si el punto de vertimiento hace parte del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos y en el evento de que haga parte indicar si el vertimiento
está contemplado en el PSMV.
19
Radicación núm. 25000-23-41-000-2023-00125-01
Demandante: Luis Enrique Mirker Ovalle
Durante la visita técnica, se evidencia que el vertimiento proveniente del acopio
mayorista de pescado el cual se encuentra bajo las coordenadas planas ESTE:
918797 NORTE: 966124, no se encuentra integrado dentro del PSMV de la
Cuenca del Rio (sic) Bogotá y Cuenca del Rio (sic) Seco y otros directos al
Magdalena del municipio de Girardot-Cundinamarca. De lo anterior, se deberá
requerir a ACUAGYR S.A. -ESP, para que realicen las acciones
correspondientes e incluyan este punto dentro del PSMV del municipio de
Girardot, planteando su eliminación a corto plazo dentro del documento
técnico, además, el área jurídica deberá determinar las acciones correspondientes,
teniendo en cuenta lo anterior.
c. Precisar el sitio objeto de la Ocupación de Cauce con registro Fotográfico y
georreferenciación, indicando la obra que posiblemente este ocupando el cauce
la fuente hídrica Rio (sic) Magdalena.
El punto de vertimiento de aguas residuales se encuentra georreferencia bajo las
coordenadas planas ESTE: 918797 NORTE: 966124, ubicada en la margen derecha
del Río Magdalena, está compuesto por un cabezal en concreto con tubería, pero por
el estado de colmatación y sedimentación del rio (sic) no se establece el diámetro de
la misma. […]”. (Negrilla del texto).
89. Se demostró que la Secretaría de Ambiente del municipio remitió el 26 de
diciembre de 2019 a la Secretaría de Salud y a la CAR la solicitud de cumplimiento
de la medida preventiva para su trámite36.
90. LaCAR en el informe técnico DRAM 0599 de 24 de septiembre de 2021,
corroboró lo siguiente:
“[…] Dentro de las instalaciones del centro de acopio, se encontraban vehículos
tipo furgón refrigerados con hielo, los cuales trasportan el pescado desde los
diferentes lugares primarios (sitios de cría), el cual llega eviserado y escamado,
encontrando que en este lugar solo se lleva a cabo su comercialización sin
realizarse otros procesos.
Sin embargo, durante el recorrido se observa que las aguas producto del
derretimiento o fusión del hielo utilizado para la refrigeración del pescado, son
colectadas por canales con rejillas, y entregadas a una obra (ubicada dentro del
predio) la cual funciona como caja de retención de sólidos, y se encuentra
conectada a un pozo de inspección ubicado en la calle y este a su vez, al cabezal
de descarga ubicado en la margen derecha del Río Magdalena en las
coordenadas Este: 918797 Norte: 966124.
De acuerdo con lo mencionado por el Señor Fernando Candia, el predio objeto de
visita cuenta con una unidad sanitaria, la cual se conecta directamente con la
caja de retención de solidos antes mencionada.
Al momento de la verificación de las rejillas se pudo evidenciar escamas de pescado
y en la entrega de las aguas a la caja de retención de sólidos, existe una obstrucción
por materiales como: papeles, paquetes de bolsas plásticas, paquetes de comida,
escamas de pescado, agua con trazas de sangre como se evidencia en la Foto N° 3
del presente informe. El mantenimiento de las rejillas y canales lo realizan de
manera manual los comerciantes del producto, sin embargo, su limpieza no es
periódica y no se lleva registro de estas actividades. (en negrita y subraya por
fuera de texto).
36
Cfr. Índice 2 del expediente digital de primera instancia. Documento denominado: “3_ED_002ESCRITOPOPULARYAN(.pdf)
NroActua 2”, páginas 16 y 17.
20
Radicación núm. 25000-23-41-000-2023-00125-01
Demandante: Luis Enrique Mirker Ovalle
De otra parte, no fue posible observar el funcionamiento interno de la caja de
retención de solidos debido a que esta se encontraba sellada con cemento. Es
importante aclarar que el predio no cuenta con un sistema de tratamiento
primario (como una trampa de grasas) que reduzca la carga contaminante de
las aguas que son entregadas a la red de alcantarillado y posteriormente a la
fuente hídrica rio (sic) Magdalena. (en negrita y subraya por fuera de texto).
Por último en inmediación de las coordenadas Este: 918797 Norte: 966124 se
evidencia el punto de descarga del Vertimiento de Aguas Residuales ubicado
en la margen derecha del Rio (sic) Magdalena, está compuesto por un cabezal
en concreto y una tubería, por el estado de colmatación y sedimentación del Rio
(sic) como se evidencia en la foto N° 6 del presente informe, no se establece el
diámetro de la misma.
De todo lo observado durante la diligencia se concluye que en el predio objeto del
presente trámite, aún se están generando vertimientos sin tratamiento a la fuente
hídrica Rio (sic) Magdalena y persisten las actividades que los generan, sumado
a ello, se realizó la construcción y puesta en funcionamiento de una unidad
sanitaria conectada a la misma red. Por lo tanto, no se comprobó ningún tipo
de medida para resarcir el daño, tal como lo afirman en el recurso interpuesto
por parte de la Alcaldía Municipal de Girardot en el folio 390. (en negrita y
subraya por fuera de texto).
Por otro lado, se observa que el vertimiento proveniente del acopio mayorista de
pescado, no se encuentra integrado dentro del PSMV de la Cuenca del Río
Bogotá y Cuenca del Río Seco y otros directos al Magdalena del municipio de
Girardot – Cundinamarca. […]”. (Negrilla del texto).
91. La Corporación mediante Auto DRAM núm. 610 de 13 de julio de 202037 formuló
cargos contra el municipio y la empresa ACUAGYR S.A. E.S.P., procedimiento
sancionatorio que resolvió en la Resolución 50227002247 de 30 de diciembre de
2022, en el siguiente sentido:
“[…] ARTÍCULO 1: Levantar la medida preventiva impuesta a la ALCALDIA
MUNICIPAL DE GIRARDOT, con NIT. 890680378, mediante la Resolución DRAM
No. 011 del 18 de febrero de 2019, de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida preventiva no es una autorización
para realizar actividades proyectos u obras. Por lo anterior para poder
desarrollarlos se deberán obtener previamente los respectivos permisos,
concesiones, autorizaciones o licencias ambientales, ante la Autoridad ambiental
competente.
ARTÍCULO 2: Declarar responsable ambientalmente a la empresa de Agua de
Girardot, Ricaurte y la Región S.A. E.S.P. –ACUAGYR S.A. E.S.P., con NIT:
890600003-6 y al MUNICIPIO DE GIRARDOT, CUNDINAMARCA con NIT:
890680378-4, por infringir el deber contemplado en lo normado en el artículo
2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 de 2015 e incurrir en la Prohibición contenida en
los numerales 6 y 9 del artículo 2.2.3.3.4.3 y artículo 2.2.3.2.20.5. del Decreto
1076 del 2015, consignados en los cargos primero, segundo y tercero del
artículo 1° del Auto DRAM No. 610 del 13 de julio de 2020, de conformidad con
las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO 3: Imponer al MUNICIPIO DE GIRARDOT, CUNDINAMARCA con NIT:
890680378-4, sanción consistente en multa, en cuantía equivalente a SETENTA
37
Cfr. Índice 2 del expediente digital de primera instancia. Documento denominado: “3_ED_002ESCRITOPOPULARYAN(.pdf)
NroActua 2”, páginas 39-53. “[…] Por el cual se formulan cargos. […]”.
21
Radicación núm. 25000-23-41-000-2023-00125-01
Demandante: Luis Enrique Mirker Ovalle
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS
CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($70.233.306,86), equivalente a
1848.05 UVT, de acuerdo con la motivación que se encuentra sustentada en el
Informe Técnico de Criterios No.1351 del 4 de noviembre de 2022, que hace parte
integral de la presente decisión.
ARTÍCULO 4: Imponer a la EMPRESA DE AGUA DE GIRARDOT, RICAURTE Y LA
REGIÓN S.A. E.S.P. –ACUAGYR S.A. E.S.P., con NIT. 890600003-6, sanción
consistente en multa, en cuantía equivalente a NOVENTA Y SEIS MILLONES
NOVECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON
TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($96.915.346,34), equivalente a 2550.14
UVT, de acuerdo con la motivación que se encuentra sustentada en el Informe
Técnico de Criterios No.1351 del 4 de noviembre de 2022, que hace parte integral de
la presente decisión. […]”.
92. La parte resolutiva de ese acto administrativo precisó que la empresa incurrió en
las siguientes infracciones:
“[…] Que de acuerdo con los informes técnicos antes relacionados y el contenido de
la Resolución de la CAR No. 1882 del 25 de junio de 2011, modificada por la
Resolución de la CAR No. 0272 del 19 de febrero de 2019, se pudo observar que, a
favor de la empresa de Agua de Girardot, Ricaurte y la Región S.A. E.S.P. -
ACUAGYR S.A. E.S.P., con NIT. 890600003-6, fue aprobado el Plan de”
Saneamiento y Manejo de Vertimientos- PSMV, para el casco urbano del
Municipio de Girardot, documento a través del cual se determinaron los supuestos
de vertimientos autorizados para el efecto.
Que al cotejar las coordenadas del vertimiento de aguas residuales aprobadas
a través de la Resolución No. 1882 del 25 de junio de 2011, modificada por la
Resolución No. 0272 del 19 de febrero de 2019, al río Magdalena bajo las
coordenadas pares EST: 918797 NORTE: 966124, que se genera desde el
“Acopio Mayorista de Pescado”, se evidenció que dicho vertimiento no fue
vinculado dentro del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento -PSMV,
aprobado para el municipio de Girardot. En ese orden de ideas, la realización de
vertimientos de aguas del sistema de alcantarillado sin el correspondiente permiso o
autorización de la autoridad ambiental competente, transgrede el ordenamiento
jurídico ambiental.
[…] De la anterior definición se colige si bien es cierto la Resolución No. 1882 del 25
de junio de 2011, modificada por la Resolución No. 0272 del 19 de febrero de 2019,
aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV para el casco urbano
del Municipio de Girardot, a nombre de ACUAGYR S.A. E.S.P., con NIT. 890600003-
6, no es menos cierto que en el certificado de existencia y representación legal de
dicha empresa, obrante a folio 63, se evidencia que:
“OBJETO SOCIAL: CORRESPONDE A ‘ACUAGYR E.S.P.’, LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN AREAS DE JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIO DE
GIRARDOT Y RICAURTE EN CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO ACUAGYR S.A.
E.S.P. DESARROLLARÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES PRINCIPALES: A)
CAPTAR, ALMACENAR, TRATAR, CONDUCIR, DISTRIBUIR Y COMERCIALIZAR
AGUA POTABLE. B) RECIBIR, CONDUCIR, TRATAR Y DISPONER LAS AGUAS
SERVIDAS, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES FIJADAS POR LAS NORMAS
PARA ESTOS SERVICIOS. C) LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LOS
SERVICIO PRESTADOS. D) REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PRESTAR LOS
SERVICIOS ANTERIORES DE CARGO (...)”
Que lo anterior, permite evidenciar inicialmente que la empresa de Agua de
Girardot, Ricaurte y la Región S.A. E.S.P. –ACUAGYR S.A. E.S.P., con NIT.
890600003-6, tiene bajo reserva garantizar que la prestación del servicio de
22
Radicación núm. 25000-23-41-000-2023-00125-01
Demandante: Luis Enrique Mirker Ovalle
alcantarillado se realice con total apego a la norma ambiental y no de forma
deliberada, como quedó demostrado en los informes técnicos rendidos en línea
anterior, es un hecho que el servicio público de acueducto y alcantarillado no
funciona en el ámbito legal de forma escueta o aislada, a tal punto que, pretender
descargar la responsabilidad en un tercero como lo hace la empresa ACUAGYR
S.A. E.S.P., bajo el argumento que el suscriptor y/o usuario, quien en este caso
sería la Alcaldía de Girardot, en su condición de propietario del bien inmueble
en donde se desarrolla la actividad de acopio de pescado y de donde se originan
los vertimientos a la red de alcantarillado que terminan en el río Magdalena, sea
el único responsable de dicha infracción.
Que si bien, el vertimiento de aguas servidas lo está realizando el Municipio de
Girardot al alcantarillado, la conducción de las aguas servidas y la prestación del
servicio de alcantarillado que conduce las mismas hacia el Río Magdalena, es
competencia y se encuentra a cargo de Agua de Girardot, Ricaurte y Región
S.A. E.S.P. –ACUAGYR S.A. E.S.P.
Que lo expuesto tiene sustento en el entendido que la normatividad ambiental
exige que toda persona natural o jurídica que pretende desarrollar actividad o
servicio que genere vertimientos, deberá contar con el permiso o autorización
de la autoridad ambiental competente, es así que, desde los ordenamientos
pertinentes, la autorización Ambiental en sí misma, se destaca y domina.
Es por ello, que cualquier actividad o prestación del servicio que involucre recursos
naturales renovables debe ser desarrollado sin el desmedro de los mismos, aspecto
a partir del cual se pretende el deber intrínseco del Estado, en punto de velar por que
las diversas actividades económicas, no causen daño al medio ambiente y así
garantizar que las generaciones futuras, puedan usar y gozar de dichos recursos.
[…] En fin, si bien el usuario del servicio tiene la obligación de presentar la
caracterización de sus vertimientos al prestador del servicio, de la misma data, se
pudo observar que la empresa prestadora del servicio público domiciliario de
alcantarillado, quien debe exigir el cumplimiento de la norma de vertimiento y
atendiendo el principio, el “que contamina paga”, que es el Municipio de Girardot, no
cumple con dicho informe, debió informar la autoridad ambiental competente
alegando la información pertinente de manera oportuna, pero, en este
determinado y indicado del proceso sancionatorio por incumplimiento de
norma de vertimiento al alcantarillado público, o inobservancia de la
normatividad pertinente aplicarse una sanción al usuario, la cual constituye una
situación fáctica distinta e investigada, la cual se podría ser vertimiento en un
punto no autorizado.
Por tanto, la empresa prestadora del servicio debió garantizarlo plenamente que
presentara la caracterización de los vertimientos por parte del usuario, sino que
además no se hizo disposición de aguas servidas por fuera de los puntos de
vertimientos autorizados, ya que ACUAGYR S.A. E.S.P., en el responsable del
permiso o Alfíder del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el casco
urbano de Girardot, siendo el responsable de la obtención del permiso de vertimiento
al Río Magdalena, bajo las coordenadas pares EST: 918797 NORTE: 966124 que se
genere desde el “Acopio Mayorista de Pescado”. […]”. (Negrilla fuera del texto).
93. Respecto de la responsabilidad del municipio de Girardot, se explicó que:
“[…] Que de igual manera, el Alcalde Municipal actuando bajo las facultades
otorgadas mediante Acuerdo Municipal, no sólo adquirió el inmueble para el
funcionamiento del centro “ACOPIO MAYORISTA DE PESCADO” sino que
además, adecuó el bien inmueble para la prestación del servicio en dicho
sector, en otras palabras, auspicio la creación y operación del centro de acopio
en el inmueble de su propiedad, razón por la cual, constituyó un contrato de
prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado en condición de
23
Radicación núm. 25000-23-41-000-2023-00125-01
Demandante: Luis Enrique Mirker Ovalle
suscriptor y/o usuario con la empresa prestadora del servicio público
domiciliario de alcantarillado ACUAGYR S.A. E.S.P. con NIT. 890600003-6, en el
inmueble ubicado en la CLL - 8 No. 9 -03 / 27 KRA 9 N.8-05 del Barrio San Miguel,
contrato que se efectuó con el código de suscripción No. 84638.
En este punto, es necesario señalar que, en materia de servicios públicos el municipio
no puede desprenderse de las obligaciones que por ministerio de la ley incumben a
los municipios.
[…] Que frente al anterior escenario, se puede afirmar con total seguridad que el
Municipio de Girardot, no solo es garante de la prestación del servicio de
alcantarillado, sino que en el caso en cuestión, concurre con responsabilidad
al igual de ACUAGYR S.A. E.S.P., frente a los vertimientos al Río magdalena
bajo las coordenadas planas ESTE: 918797 NORTE: 966124, que se generaron
desde el “Acopio Mayorista de Pescado”, pues era su deber coocurrir a garantizar
un óptimo saneamiento ambiental en su jurisdicción, puesto que el derecho de
dominio que ostenta sobre el mismo, le otorga obligaciones que emergen desde el
mismo ordenamiento, en el sentido de gozar, usar y disponer del bien, acorde con la
función ecológica y social de la propiedad.
[…] Así las cosas, se pudo establecer a través de los diversos informes técnicos que
el “centro de acopio mayorista de pescado” se convirtió en un riesgo latente de
contaminación a la fuente hídrica Río Magdalena, como consecuencia de la
realización de actividades de vertimientos de aguas residuales, producto del lavado
de pisos mezclados con sangre y pequeños residuos de pescado a la red del
alcantarillado municipal.
[…] En efecto, al ser el Municipio de Girardot el propietario del bien inmueble de donde
se generan vertimientos al Río magdalena bajo las coordenadas planas ESTE:
918797 NORTE: 966124, desde el “Acopio Mayorista de Pescado”, es responsable
de sus vertimientos, toda vez que el deber establecido en el artículo 2.2.3.3.5.1 del
Decreto 1076 de 2015, exige de manera expresa y clara que todo vertimiento a las
aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la
autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos, siendo
así procedente el cargo primero por encontrarse probado y no desvirtuado por
la investigada, por tanto, será necesario declarar responsable ambientalmente.
[…]”.
94. En el oficio de 14 de marzo de 202338, la Secretaría de Salud del municipio de
Girardot advirtió que el Centro de Acopio Mayorista de Pescado presenta
inconsistencias sanitarias. De dicho documento se extrae:
“[…] se ha identificado en la venta del pescado que esta carece de las condiciones
adecuadas de almacenamiento y conservación encontrando algunos de estos
productos en malas condiciones; siendo frecuente observar la venta en sitios sin
ninguna clase de prácticas higiénicas, lo que pone en riesgo la salud de los
habitantes, sin embargo, en Municipio se han venido desarrollado diversas acciones
de Inspección, vigilancia y control que a continuación damos a conocer:
[…] En varias ocasiones, se han realizado procedimientos de Inspección,
vigilancia y Control sanitario y de saneamiento para el control de Calidad del
Producto de acuerdo a como lo contempla la Ley 09 de 1979, Resolución 2674
de 2013, Decreto 1575 de 2007, Decreto 561 de 1984 y Resolución 2115 de 2007
en el Sitio denominando CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA DE PESCADO,
donde se han visto reflejado varias inconsistencias y falencias sanitarias en
este lugar, de lo cual se adjunta las correspondientes actas. […]”.
38
Cfr. Índice 20 del expediente digital de primera instancia. Páginas 17-28.
24
Radicación núm. 25000-23-41-000-2023-00125-01
Demandante: Luis Enrique Mirker Ovalle
95. También la Secretaría de Infraestructura del municipio identificó en el oficio del
15 de marzo de 202339 las siguientes falencias de esa infraestructura:
“[…] En atención a la solicitud realizada por La Secretaría de Infraestructura, el día 15
de marzo de 2023, se llevó a cabo visita técnica de campo […] al denominado ACOPIO
MAYORISTA DE PESCADO […] con el objetivo de diagnosticar el funcionamiento y
conexión de la acometida a la red de alcantarillado que actualmente se ubica
posiblemente dentro del área de prestación de servicios de la Empresa ACUAGYR S.A
E.S.P.
[…]
Se evaluo (sic) el actual funcionamiento del sistema de alcantarillado del ACOPIO
MAYORISTA DE PESCADO, […] y conexión a la red de alcantarillado público que esta
en funcionamiento y es operado Por la Empresa Prestadora de Servicios ACUAGYR,
se destapo la caja domiciliaria existente sobre el andén del predio, la conexión y la
descarga que a simple vista se observa que llega al pozo de alcantarillado combinado
que se ubica en el eje de la vía, aproximadamente a 6 metros de esta caja en dirección
(sic) Nor – occidental, evidenciando que:
1.En el nivel inferior de la caja, existe una capa de agua de aproximadamente
20 centímetros, que alcanza la cota batea de una tubería en pvc de 8 pulgadas
y que es el punto de conexión y salida a la red de alcantarillado publico
existente, a partir de este punto de conexión salen las aguas residuales
provenientes del predio que lo denominan CENTRO DE ACOPIO DE PESCADO
MAYORISTA, que a simple vista se observa que se dirige con flujo constante
a la red de alcantarillado existente hasta descargar en el pozo de alcantarillado
combinado que se ubica en el eje de la vía de la calle 8 con carrera 9ª.
2.El pozo de alcantarillado donde posiblemente se conecta la red domiciliaria
del predio denominado CENTRO DE ACOPIO DE PESCADO MAYORISTA, se
ubica sobre la vía y presumiblemente pertenece al catastro de redes de
alcantarillado que actualmente es operada, por la Empresa Prestadora del
servicio de Alcantarillado y que además se encuentra dentro de su área de
prestación de servicio actual.
3. Al mencionado pozo no solamente se estaría conectando la red domiciliaria del
predio denominado CENTRO DE ACOPIO DE PESCADO MAYORISTA, sino que
además le llegan redes secundarias y primarias provenientes del servicio de áreas
aferentes que traen caudales acumulados y son conducidos hasta este pozo final.
Teniendo en cuenta los numerales anteriores y la pruebas fácticas que se obtiene de
la evaluación de las redes del sector y la acometida, se puede establecer que aunque
el predio denominado CENTRO DE ACOPIO DE PESCADO MAYORISTA, no
cumple con el 100% de las normas de sanidad para su funcionamiento, allí no se
está realizando un vertimiento directo al Rio (sic) MAGADALENA y que por
competencia le corresponde a la Empresa Prestadora de Servicio Publico
ACUAGYR S.A. E.S.P. presentar la actualización y/o solicitar el permiso de
vertimiento a la Autoridad Ambiental, con el fin de que verifiquen el grado de
responsabilidad a la presunta Infracción Ambiental. […]”.
96. La Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional en el informe técnico de 30
de mayo de 202340 compiló los siguientes resultados de la visita técnica realizada
en el mes de marzo:
39
Cfr. Índice 20 del expediente digital de primera instancia. Páginas 39-41.
40
Cfr. Índice 20 del expediente digital de primera instancia. Páginas 35-38.
25
Radicación núm. 25000-23-41-000-2023-00125-01
Demandante: Luis Enrique Mirker Ovalle
“[…] Seguidamente se evidencia contaminación por vertimiento directo a la red de
alcantarillado, se evidencia uso de recipientes en condiciones inadecuados de higiene
para el almacenamiento depósito del mismo, así como malas prácticas en la
descamación del mismo.
Así mismo para el 16 de marzo hogaño, mediante operativo con entes aliados, equipo
recuperador de espacio público con su respectivo apoyo jurídico ALEJANDRO
ORTIZ, se evidenció mediante averiguación y cuestionario dirigido a los
comerciantes, que el inmueble que funciona como depósito, garaje y almacén de
enfriadores y cuya destinación fuere para ubicación acopio de mayoristas no
cuenta con un responsable o administrador designado por la administración y
que el mismo es ocupado de hecho sin que medie contrato de comodato o acto
jurídico semejante.
Se deja constancia mediante álbum fotográfico de la necesidad de intervención
de organismo de salud y encargados de redes de alcantarillado como ACUAGYR
y de aseo como lo es SER AMBIENTAL. […]”.
97. Como puede apreciarse, en el proceso se acreditó que el 15 de enero de 2019,
el señor Jeremías Enrique Candia Guerra presentó una denuncia ante la CAR, por
la construcción de un terminal pesquero que no cumplía las condiciones técnicas,
higiénicas y sanitarias exigibles.
98. Con ocasión de esa queja, la CAR elaboró los informes técnicos DRAM 063 de 6
de febrero de 2019, DRAM 1137 del 31 de diciembre de 2019 y DRAM 0599 del 24
de septiembre de 2021, en los cuales describió que el acopio tiene un espacio
reducido para la demanda de la actividad y que la infraestructura no fue construida
con especificaciones técnicas adecuadas para la venta de pescado, ni cuenta con
un sistema de tratamiento de los residuos generados. Por ello, las aguas de lavado
de pescado se conducen por un canal hacia una caja colmatada de sólidos y
sedimentos, para luego terminar en la red de alcantarillado municipal y,
posteriormente en el río Magdalena, sin tratamiento.
99. Se demostró que el punto de vertimiento no estaba integrado al Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) vigente, y que debía requerirse a
ACUAGYR S.A. E.S.P. para incluirlo o plantear su eliminación, dado que existe una
estructura de descarga adicional en la margen del río Magdalena. También se
acreditó que, según el informe DRAM 063, el acopio se ubica a una distancia
aproximada de 31,7 metros del río Magdalena.
100.Para controlar la problemática, la CAR adoptó una medida preventiva a través
de la Resolución DRAM 011 de 18 de febrero de 2019, consistente en la suspensión
de los vertimientos de aguas residuales al río Magdalena asociados al “Acopio
Mayorista de Pescado”. Posteriormente, la corporación, resolvió el proceso
sancionatorio relacionado con esos hechos, a través de la Resolución del 30 de
diciembre de 2022.
101. Esa resolución sancionó a la empresa apelante y al municipio por infringir la
normativa de gestión y manejo de vertimientos. Además, la CAR levantó la medida
preventiva impuesta a la Alcaldía Municipal de Girardot, aclarando que esa decisión
no autoriza el desarrollo de proyectos u obras sin los permisos ambientales
26
Radicación núm. 25000-23-41-000-2023-00125-01
Demandante: Luis Enrique Mirker Ovalle
correspondientes, los cuales deberán ser gestionados ante la autoridad
competente.
102. En cuanto a las infracciones, se constató que el vertimiento de aguas residuales
generado desde el Acopio Mayorista de Pescado no estaba contemplado en el Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) aprobado para el municipio, lo
que constituye una transgresión a la normativa ambiental.
103. Nótese que las Secretarías de Salud, Infraestructura y Gobierno municipal
también evidenciaron inconsistencias sanitarias y deficiencias en la infraestructura
del centro de acopio. En el informe técnico de 30 de mayo de 2023 se concluyó que,
aunque no existía un vertimiento directo al río Magdalena, era necesario que
ACUAGYR S.A. E.S.P. actualizara o solicitara el permiso de vertimiento ante la
autoridad ambiental, y que se requería la intervención de los organismos de salud y
empresas encargadas de las redes de alcantarillado y aseo para mejorar las
condiciones del lugar.
104. A partir de lo anterior, esta autoridad considera que tanto la empresa prestadora
como el municipio comparten la responsabilidad en la transgresión de los derechos
colectivos amparados por la falta de gestión adecuada de los vertimientos
generados en el Centro de Acopio Mayorista de Pescado.
105. Para la Sala, el hecho consistente en que los usuarios comerciales e industriales
deban cumplir los parámetros de la Resolución 631 de 2015, no exonera al
prestador de sus deberes legales y contractuales.
106.Nótese que el artículo 39 del Decreto 3930 de 25 de octubre de 201041 asignó al
prestador el deber de exigir a los usuarios el cumplimiento de la norma de
vertimiento al alcantarillado público y, si detecta incumplimiento, informar
oportunamente a la autoridad ambiental para que adelante el proceso sancionatorio,
hecho que no se acreditó. Además, la empresa está incumpliendo los parámetros
del PSMV aprobado, debido al punto de vertimiento asociado al “Acopio Mayorista
de Pescado”.
107. En ese orden de ideas, no es cierto que el tribunal de primera instancia
desconociera la existencia del PSMV vigente, ni que ese instrumento excediera el
objeto del presente debate judicial.
108. En consecuencia, los argumentos de apelación de la demandada en este punto
no tienen vocación de prosperidad.
41
“[…] Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III-
Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones […]”,
compilado por el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015.
27
Radicación núm. 25000-23-41-000-2023-00125-01
Demandante: Luis Enrique Mirker Ovalle
V.3.3. La responsabilidad del apelante respecto de la problemática de
contaminación de las vías públicas del barrio San Miguel
109. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca resolvió en el ordinal quinto de la sentencia de 26 de septiembre de
2024 lo siguiente:
“[…] QUINTO. - ORDÉNASE a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRARDOT-
CUNDINAMARCA, a la empresa SER REGIONALES y a la empresa ACUAGYR
S.A. implementar todas las acciones que consideren necesarias, urgentes y
oportunas, dentro del marco de sus competencias, para evitar, detener y suspender
de manera inmediata el vertimiento de aguas no tratadas en el río Magdalena; así
como garantizar el manejo adecuado de los residuos sólidos y líquidos provenientes
del “Acopio Mayorista de Pescado” que contaminan las calles del municipio. […]”.
110. El tribunal de primera instancia ordenó a las entidades demandadas que de
forma conjunta y en el marco de sus competencias resolvieran los dos componentes
de la problemática de vertimiento que motivaron la presente acción popular.
111. Frentea esa decisión, la empresa ACUAGYR S.A. E.S.P. afirmó que la
contaminación en las vías públicas del barrio San Miguel, causada por los
conductores de productos cárnicos excede su margen de responsabilidad funcional.
112. Expresamente en el recurso de apelación indicó que:
“[…] Dichos actos de contaminación cometidos desde vehículos de transporte de
pescado y productos cárnicos, claramente configuran varias infracciones definidas en
la Ley 1801 del 29 de julio de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, tales como el numeral 3 del Artículo 28, en los
numerales 1,3, 6, 8, 13 del Artículo 111 y los numerales 4, 5, 6,10 del Artículo 140 de
la Ley 1801 del 29 de julio de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”.
Como se observa, estas infracciones no tienen ningún tipo de relación con los
vertimientos que realiza a la red de alcantarillado uno de los usuarios, en este caso
el Centro de Acopio Mayorista de Pescado, los cuales se deben examinar a la luz del
régimen de prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado. […]”.
113. Para resolver, la Sala advierte que al apelante le asiste la razón por cuanto no
se demostró su participación en las infracciones cometidas por quienes conducen
los vehículos que transportan carnes y pescados en la calle 8 con carrera 9 del
municipio de Girardot.
114. En el acervo probatorio obra el Decreto 67 de 22 de abril de 202142, en el que
el ente territorial reguló los horarios y el lugar donde se pueden desarrollar el cargue
y descargue de productos cárnicos en la plaza de mercado local, así:
“[…] ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR el cargue y descargue de materiales,
mercancías y productos en la zona PLAZA DE MERCADO del municipio de Girardot,
de la siguiente manera:
42
Cfr. Índice 2 del expediente digital de primera instancia. Documento denominado: “3_ED_002ESCRITOPOPULARYAN(.pdf)
NroActua 2”, páginas 54-59. “[…] Por el cual se regulan las actividades de cargue, descargue y estacionamiento en el
municipio de Girardot Cundinamarca. […]”.
28
Radicación núm. 25000-23-41-000-2023-00125-01
Demandante: Luis Enrique Mirker Ovalle
HORARIOS - PLAZA DE MERCADO
4:00 a.m. a 8:00 a.m.
6:00 p.m. a 12:00 media noche
DIRECCIONES DE CARGUE Y DESCARGUE - PLAZA DE MERCADO:
➤ Sobre la calle 12 entre carreras 10 y 11 -sentido oriente – occidente.
➤ Sobre la carrera 10 entre calles 12 y 11 -sentido norte – sur.
➤ Sobre la calle 11 entre carrera 10 “callejón”- sentido occidente – oriente.
➤ Sobre la carrera 10 entre calles 11 y 10 -sentido norte – sur.
➤ Sobre la calle 12 entre carreras 10 y 9 - sentido oriente – occidente.
➤ Sobre la carrera 9 entre calles 9 y 11 -sentido sur – norte.
➤ Centro de acopio mayorista sobre la carrera 7 entre calles 8 y 10 - sentido norte –
sur.
PARÁGRAFO: Está prohibido el cargue y descargue de materiales, mercancías y
productos en la zona PLAZA DE MERCADO del Municipio de Girardot, en horarios
DIFERENTES a los aquí autorizados.
ARTICULO UNDECIMO: SANCIONES. Las autoridades de Tránsito y Transporte, así
como las de Policía, serán las encargadas de velar por el estricto cumplimiento del
presente decreto y sancionar el incumplimiento y la inobservancia de este, conforme
a lo prescrito en el Código Nacional de Tránsito Terrestre - Ley 769 del 2002, y el
Código Nacional de Policía y Convivencia - Ley 1801 de 2016. […]” (Negrilla fuera del
texto).
115. Igualmente, obra en el plenario petición de 11 de mayo de 2022, en el que la
Junta de Acción Comunal del barrio San Miguel informó a las Secretarías de Salud
y de Gobierno la siguiente problemática:
“[…] En nuestro barrio San Miguel, existe un caso que preocupa demasiado y tiene
que ver con la venta ilegal de pescado y sus olores nauseabundos que afectan
este espacio residencial; los bomberos llegan y lavan la carrera 9 con calle 8
esquina pero dejan correr toda el agua mal oliente dejando el residuo; de todo
caso que es muy incómodo.
Como presidente de la junta de acción comunal del barrio San Miguel, solicitamos a
quien corresponda la reubicación de estos puestos al pabellón, donde es el lugar
adecuado para la manipulación de estas ventas de pescado. […]”. (Negrilla del texto).
116.También reposa petición de 22 de septiembre de 2022 suscrito por el señor
Michael Duván Villada y dirigido a la CAR y a distintas autoridades del municipio de
Girardot con el propósito de presentar esta queja:
“[…] 1- Que en el año 2019 fue trasladada la pescadería que funcionaba en la carrera
11 a la zona residencia de la calle 8 con carrera 9, adjudicando la administración
municipal una bodega para el descargue de los camiones de pescado, lo cual
no han cumplido toda vez que estos vehículos lo hacen es en la calle sobre el
espacio público, obstruyendo el tránsito vehicular y peatonal, y no solo eso si
no que arrojan los desechos del pescado contaminando el ambiente de los
residentes del sector, donde hay menores de edad, personas de la tercera edad,
que nos encontramos enfermos por los olores contaminantes del pescado.
Tenemos las pruebas fotográficas las cuales anexamos.
2- Estos transportadores que ocupan el espacio público obstruyendo el paso
vehicular y peatonal hacen caso omiso ante las sugerencias que le hacemos
como es el de que no arrojen los desechos cuando lavan los vehículos, y nos
29
Radicación núm. 25000-23-41-000-2023-00125-01
Demandante: Luis Enrique Mirker Ovalle
manifiestan con amenazas que hagamos lo que quiera y que no se van de ahí.
Anexamos las pruebas.
[…] Así mismo, se tomen los correctivos por parte de cada uno de los entes
competentes respecto a las problemáticas descritas en la presente petición,
pues en esta zona residimos gente de la tercera edad menores de edad, que se
han visto perjudicados en la salud por los malos olores que se alojan en las
calles, alcantarillas, y nuevas bodegas clandestinas donde guardan pescado
sin la debida higiene y no cumplen con los requisitos de ley. […]”. (Negrilla del
texto).
117. En respuesta a esa problemática, la Secretaría de Salud informó al peticionario
mediante oficio SSG-140-0471319 de 2 de junio de 202243 que en el mes de junio
realizaría un operativo de control con el apoyo de la Secretaría de Gobierno y la
Policía Nacional.
118.La Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional en el informe técnico de 30
de mayo de 202344 explicó que esa entidad, junto con su equipo ambiental y de
espacio público, ha implementado diversas acciones administrativas para recuperar
y regular el uso de ese espacio. Estas medidas incluyen la presencia constante de
agentes recuperadores, la socialización de normas legales, la solicitud de
intervención de entidades aliadas y operativos técnicos ambientales enfocados en
el manejo adecuado de residuos.
119.Se afirmó que se han adoptado planes de vigilancia permanente y colaboración
con la Policía Nacional y la Secretaría de Tránsito y Transporte para asegurar el
cumplimiento del Decreto 067 de 2021, en cuanto al cargue, descargue y uso de
zonas de parqueo. Sin embargo, no se adjuntó la prueba de esas labores ni la fecha
en que se adelantaron las acciones de control.
120.Finalmente, en el informe de 30 de mayo de 2023 la Secretaría de Salud del
municipio indicó que adelantó las siguientes visitas:
“[…] ✓ 31 de marzo en la plaza de mercado Leopoldo Rother.
✓ 04 de abril en plaza de mercado Leopoldo Rother.
✓ 05 de abril en la plaza de mercado satélite Barrio Kennedy.
✓ 07 de abril plaza de mercado Leopoldo Rother. […]”.
121. El informe menciona que, según el artículo 104 del Decreto 561 de 8 de marzo
de 198445, está prohibido expender productos pesqueros en vehículos o en lugares
que no cumplan los requisitos sanitarios fijados por el Ministerio de Salud o sus
delegados. Por tanto, si la venta se realiza en vía pública desde un vehículo, no es
un escenario susceptible de “autorización” sanitaria para esa modalidad, de modo
que la intervención principal corresponde a la autoridad policiva.
122. El
informe igualmente detalló la siguiente problemática relacionada con la
presencia de vendedores ambulantes de pescado y de vehículos en el sector:
43
Página 20.
44
Cfr. Índice 20 del expediente digital de primera instancia. Páginas 35-38.
45
“[…] Por el cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 09 de 1979. en cuanto a captura, procesamiento, transporte
y expendio de los productos de la pesca […]”.
30
Radicación núm. 25000-23-41-000-2023-00125-01
Demandante: Luis Enrique Mirker Ovalle
123. Se precisó que “[…] La Secretaría de Salud mediante el área de Salud
Ambiental se encuentra a la espera de la notificación por parte de Secretaría de
Gobierno de aquellas ventas de alimentos en la vía pública que estén autorizadas
para poder aplicar las normas sanitarias y se incluya el acompañamiento de
autoridades administrativas municipales y de Policía Ambiental, con el propósito de
dar un concepto técnico en el marco sanitario para aquellas ventas informales. […]”.
124. En este contexto fáctico, la Sala advierte que la situación descrita en las
pruebas documentales sobre la venta de pescado en vehículos en la vía pública
excede el margen funcional de la entidad apelante.
125. Las plazas de mercado son espacios públicos destinados al comercio de
productos alimenticios y otros bienes de primera necesidad. La jurisprudencia de
esta Corporación pacíficamente ha sostenido que dicha actividad constituye un
servicio público del orden municipal46, conforme a lo dispuesto en el numeral 10º
del artículo 93 del Decreto 1333 de 25 de abril 198647, y en los artículos 365 y
siguientes de la Constitución Política.
126. La administración de las plazas de mercado, como bienes de uso público,
corresponde a los municipios, quienes deben garantizar su adecuado
funcionamiento, conservación y modernización, así como el cumplimiento de las
normas sanitarias, ambientales y de seguridad.
127. Los artículos 82, 311 y 315 de la Constitución Política determinan que el
alcalde es la autoridad responsable de construir las obras que demande el progreso
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, sentencia
de 14 de octubre de 2010, radicación núm.: 50001-23-31-000-2005-00055-01(AP); radicación núm.: 3026, sentencia de 9 de
noviembre de 1979, C.P. Jacobo Pérez Escobar; radicación núm.: 959, sentencia de 24 de julio de 1990, C.P. Libardo
Rodríguez Rodríguez; radicación núm.: 3944, sentencia de 25 de enero de 1996, C.P. Ernesto Rafael Ariza; radicación núm.:
5303, sentencia de 6 de julio de 2000, C.P. Juan Alberto Polo Figueroa; y Corte Constitucional, sentencia de junio 23 de 1993,
Rad. T – 9472, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
47
“[…] Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal […]”. “[…] Artículo 93.- Son atribuciones legales de los Concejos:
(…) 10ª Señalar el día o días en que deba tener lugar el mercado público […]”.
31
Radicación núm. 25000-23-41-000-2023-00125-01
Demandante: Luis Enrique Mirker Ovalle
local, de prestar los servicios a cargo del municipio y de velar por la integridad del
espacio público y por su destinación al uso común.
128. El numeral 17 del artículo 91 de la Ley 1551 de 6 de julio de 201248 indica que
los municipios deben promover la modernización y competitividad de las plazas de
mercado, así como el fortalecimiento de las organizaciones de comerciantes que
operan en ellas.
129. Al alcalde le corresponde, como primera autoridad de Policía del distrito o
municipio, vigilar los comportamientos en las plazas de mercado que atentan contra
la salud pública y el medio ambiente, según lo reglado en los artículos 94 y 110 de
la Ley 1801 de 29 de julio de 201649.
130. Además, los artículos 128, 237 y 247 de la Ley 9 de 24 de enero de 197950, el
parágrafo del artículo 34 de la Ley 1122 de 9 de enero de 200751 y los artículos 2.°,
26, 36 y 51 de la Resolución 2674 de 22 de julio de 201352 establecen que el
municipio, como autoridad sanitaria local, tendrá que controlar el cumplimiento de
las condiciones sanitarias mínimas que protejan la salud de los consumidores y
comercializadores.
131. La Sala pone de presente que mediante Decreto municipal 381 de 30 de
diciembre de 2004, se creó la Empresa de Servicios Municipales y Regionales “Ser
Regionales”, como Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden local, con
personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonial.
132. El Acuerdo 06 de 20 de septiembre de 202453 precisó que esa empresa tiene
el siguiente objeto:
“[…] Artículo 3°. Objeto Social. La Empresa de Servicios Municipales y Regionales
"Ser Regionales", tiene como objeto social la organización, administración,
operación, prestación y explotación de la actividad de sacrificio y faenado, de
las plazas de mercado, centros de acopio mayorista y minorista, pabellón de
carne y pescado, el manejo integral de los residuos sólidos, el diseño y
ejecución de proyectos empresariales. Para el cumplimiento de su objeto, la
Empresa de Servicios Municipales y Regionales "Ser Regionales", sin menoscabar la
propiedad de sus activos podrá desarrollar todo tipo de actos y contratos, que con
sujeción a las normas legales prevean sus estatutos, igualmente, podrá crear
asociaciones con otras Empresas Industriales y Comerciales del Estado, asociarse o
formar consorcios para construir otras formas asociativas, con personas naturales o
jurídicas de capital privado, público o mixto, con el fin de lograr la universalidad,
calidad y eficiencia en la prestación de sus servicios. […]
Parágrafo Primero. Con el igual propósito podrá realizar alianzas estratégicas,
asociaciones a riesgo compartido y suscribir cualquier tipo de convenio o contrato de
colaboración empresarial, que le permitan el cumplimiento del objeto, participar en
actividades para el fomento de la innovación, investigación científica y el desarrollo
48
“[…] Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios […]”.
49
“[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana […]”.
50
“[…] Por la cual se dictan Medidas Sanitarias […]”.
51
“[…] Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras
disposiciones […]”.
52
“[…] Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones […]”.
53
"[…] Por medio del cual se modifican los estatutos de la empresa industrial y comercial del estado denominada Empresa
de Servicios Municipales y Regionales […] ".
32
Radicación núm. 25000-23-41-000-2023-00125-01
Demandante: Luis Enrique Mirker Ovalle
tecnológico en el campo relacionado a sus actividades, suscribir convenios para
ofrecer o recibir cooperación técnica, de conformidad con las normas vigentes sobre
la materia y en general, todas aquellas actividades que se encuentren dentro de su
objeto social o sean necesaria para el cumplimiento de sus fines. […]”. (Negrilla fuera
del texto).
133. Nótese entonces que el municipio de Girardot y la Empresa de Servicios
Municipales y Regionales “Ser Regionales”, en el marco de sus funciones legales y
reglamentarias, deben efectuar la inspección y vigilancia de las normas de higiene
y manipulación de alimentos para evitar riesgos para la salud pública.
134. Esto significa que la Sala modificará el ordinal quinto de la sentencia de 26 de
septiembre de 2024 para precisar el alcance de las medidas de restablecimiento a
cargo del municipio de Girardot54, de la Empresa de Servicios Municipales y
Regionales “Ser Regionales” E.I.C.E. y de ACUAGYR S.A. E.S.P., de conformidad
con sus competencias legales y reglamentarias, teniendo en cuenta las acciones y
omisiones imputables a cada una de ellas en la transgresión de los derechos
colectivos amparados.
V.3.4. La presunta vulneración del derecho de defensa
135. La empresa afirmó que el tribunal vulneró su derecho de defensa al asumir como
ciertas las conclusiones del proceso sancionatorio ambiental adelantado por la
CAR.
136. Concretamente, reprochó que la actuación administrativa que culminó con la
expedición de la Resolución 50227002247 de 30 de diciembre de 2022 incurrió en
múltiples irregularidades procedimentales.
137. Respecto de esta tipología de argumento, valga aclarar que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, mediante sentencia de unificación de 13 de febrero de
201855, explicó que: “[…] las funciones del juez de la acción popular son diferentes
a las que ejerce el juez administrativo cuando decide un conflicto para resolver si el
acto administrativo adolece de alguna causal de nulidad. Como lo refirió la Corte
Constitucional en Sentencia C-644 de 2011, el juez de la acción popular, antes
que dedicarse a determinar quién debía proferir un acto o cómo debía emitir
el acto, debe adoptar las medidas materiales que garanticen el derecho
colectivo afectado con el acto, cuya fórmula no consiste precisamente en su
anulación […]” (negrilla fuera del texto).
138. La misma sentencia agregó que: “[…] la acción popular no se instituyó para
desconocer o desplazar las acciones judiciales ordinarias, ni como un procedimiento
alternativo a las mismas […]”, dado que ambos medios de control judicial cuentan
con las finalidades y características específicas56.
54
Cfr. Índice 20 del expediente digital de primera instancia.
55
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 13 de febrero de 2018, C.P. William
Hernández Gómez, número único de radicación: 25000-23-15-000-2002-02704-01.
56
Se consideró que: “[…] La acción de nulidad tiene como finalidad la protección y el restablecimiento del orden jurídico
general o abstracto, es decir, el respeto del principio de legalidad y de la Constitución, sin que con ella necesariamente se
33
Radicación núm. 25000-23-41-000-2023-00125-01
Demandante: Luis Enrique Mirker Ovalle
139. Por lo tanto, el cargo de “[…] desconocimiento del derecho de audiencia y
defensa […]” a que alude el demandante respecto de la Resolución 50227002247
de 30 de diciembre de 2022, solo puede ser analizado por el juez ordinario.
140. Por último, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 y 365 de la Ley
1564 de 12 de julio de 201257 y atendiendo al criterio sostenido por la Sala Especial
de Decisión núm. 27 en la providencia de 6 de agosto de 201958, no se condenará
en costas en esta instancia porque no se acreditó su causación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia
proferida el 26 de septiembre de 2024 por la Subsección A de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia, el cual quedará así:
“[…] QUINTO. ORDENAR:
5.1. Al municipio de Girardot que, en el término de tres (3) meses contados a partir de
la ejecutoria de esta providencia, elabore un diagnóstico del estado actual de las
problemáticas de vertimientos generadas por: i) los vehículos que realizan labores de
cargue, descargue y venta de pescado y productos cárnicos en el sector objeto del
proceso; y ii) el funcionamiento del Centro de Acopio Mayorista de Pescado.
5.2. Al municipio de Girardot que, en el término de un (1) mes, contado a partir de la
entrega del diagnóstico, deberá coordinar con la Empresa de Servicios Municipales y
Regionales “Ser Regionales” E.I.C.E. las acciones en materia de organización,
administración y operación de la plaza de mercado y del Centro de Acopio Mayorista
de Pescado que adelantará esa Empresa Industrial y Comercial del Estado, con el
propósito de coadyuvar el cumplimiento de las órdenes conforme a sus competencias
legales y reglamentarias.
Durante ese periodo, ambas autoridades deberán preparar un proyecto anual en el
que especificarán las acciones que realizará cada entidad para resolver las dos
problemáticas, conforme a sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias. Como mínimo, el municipio tendrá que ejecutar medidas pedagógicas,
policivas, de control sanitario y ambiental, además de asegurar el cumplimiento de sus
obligaciones como usuario del servicio de alcantarillado en relación con el Centro de
Acopio Mayorista de Pescado.
5.3. A la Empresa de Aguas de Girardot, Ricaurte y la región S.A. E.S.P. que realice
un acompañamiento permanente al usuario del servicio de alcantarillado del Centro de
busque proteger los derechos e intereses colectivos vulnerados con su expedición, salvo que estos se involucren en el
concepto de violación y se pida su nulidad por ello. Su fin último es retirar del ordenamiento jurídico la norma demandada.
A su vez, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho o de plena jurisdicción, busca proteger un derecho subjetivo
amparado en una norma jurídica y su restablecimiento, así como la indemnización de perjuicios causados a cualquier persona
que se crea lesionada con el acto. Es decir, su finalidad radica no solo en que se declare nulo el acto, sino en que su objetivo
principal es amparar e indemnizar la violación de derechos subjetivos protegidos por la Constitución y la ley […]”.
57
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
58
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión, Sentencia de Unificación
de 6 de agosto de 2019, Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.
34
Radicación núm. 25000-23-41-000-2023-00125-01
Demandante: Luis Enrique Mirker Ovalle
Acopio Mayorista de Pescado para que cumpla la normativa vigente, garantizando
especialmente que el vertimiento de aguas residuales generado desde el acopio este
contemplado en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) respectivo.
Para el cumplimiento de la orden, la empresa presentará un cronograma de trabajo
cuyos plazos serán aprobados por el tribunal bajo criterios de razonabilidad y
proporcionalidad. […]”.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 26 de septiembre de 2024.
TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.
CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.