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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2023-00233-04

Fecha
23 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2023-00233-04

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. RECHAZAR la solicitud de la parte demandante, atinente a dar aplicación al artículo 271 de la Ley 1437 de 2011. SEGUNDO. Contra esta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el inciso sexto del artículo 271 del CPACA. TERCERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, mediante la cual declaró la nulidad del Decreto 0035 del 12 de enero de 2023. CUARTO. RECONOCER PERSONERÍA a la abogada María del Rosario Oyola Aldana, identificada con la cédula de ciudadanía 1.069.462.504 y portadora de la tarjeta profesional 190176 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en nombre de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, conforme a las facultades otorgadas en el poder respectivo. QUINTO. En firme la presente providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 25000-23-41-000-2023-00233-04

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

23 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00233-04
Demandante: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA
Demandada: VERÓNICA DEL SOCORRO ALCOCER GARCÍA, COMO
EMBAJADORA EN MISIÓN ESPECIAL ANTE LA CIUDAD
DEL VATICANO
Temas: Nombramiento. Embajadora en Misión especial. Prohibición
inciso primero artículo 126 de la Constitución Política

FALLO – SEGUNDA INSTANCIA

La Sala1 decide los recursos de apelación interpuestos por el demandante, el
apoderado del presidente de la República y el director de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado contra la sentencia de 25 de abril de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
mediante la cual declaró la nulidad del acto demandado.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Harold Eduardo Sua Montaña, en nombre propio y en ejercicio del medio
de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de
2011 solicitó2 la nulidad del Decreto 0035 del 12 de enero del 2023, «por medio del
cual se confiere una comisión de servicios», a la señora Verónica del Socorro Alcocer
García, en calidad de embajadora en misión especial para asistir a la audiencia
concedida por su Santidad el Papa Francisco en la Ciudad del Vaticano.

1.2. Los hechos

El demandante apoya sus pretensiones en que el acto fue expedido por el primer
mandatario el 12 de enero de 2023 y no fue publicado en el diario oficial. Señaló
que la situación fáctica se sustenta en la existencia de matrimonio o unión
permanente entre la accionada y quien la designó, como lo informó la cancillería en
Oficio S-DITH-23-028773.

1 Se profiere el fallo, luego de que la ponencia presentada por la magistrada Gloria María Gómez

Montoya no alcanzara la mayoría, conforme consta en auto de 9 de julio de 2026.
2 La demanda fue radicada el 14 de febrero de 2023.

3 Este oficio de 30 de enero de 2023, adjuntado con la demanda, contiene la respuesta de la directora

de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores a una petición presentada por el señor
Sua Montaña. En su tenor literal indicó: […] mediante Decreto 0035 del 12 de enero de 2023, el
señor presidente de la República designó como Embajador de Misión Especial a la señora Verónica
Del Socorro Alcocer García, Primera Dama de la Nación. (…).
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandada: Verónica del Socorro Alcocer García
(Embajadora en Misión Especial)
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00233-04

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora alegó que el acto acusado es nulo porque es contrario al inciso
primero del artículo 126 de la Constitución Política, que en su literalidad dispone
que «Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar,
postular ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quienes estén
ligados por matrimonio o unión permanente».

En el caso concreto, la infracción normativa se configura porque la persona designada
en calidad de embajadora en misión especial está ligada por «matrimonio o unión
libre» con el nominador, esto es, el presidente de la República, situación que se
encuentra expresamente prohibida por el ordenamiento constitucional.

1.4. Trámite procesal relevante

1.4.1. La admisión

La demanda fue inadmitida por auto de 15 de febrero de 20234 y en decisión de 2 de
marzo siguiente fue rechazada por el a quo al considerar que no subsanó en debida
forma los defectos advertidos. Esta última providencia fue apelada y revocada por esta
Sección, el 20 de abril de 2023. Finalmente, el tribunal admitió la demanda por auto de
3 de mayo de 2023, en el cual se vinculó a la demandada y se ordenó la notificación
de la autoridad que expidió el acto, así como las demás publicaciones y actuaciones
consecuenciales correspondientes.

1.4.2. La contestación de la demanda5

El apoderado6 del señor presidente de la República se opuso a la prosperidad de
las pretensiones, por cuanto el acto demandado se sustentó en el numeral 2° del
artículo 189 de la Constitución Política, que faculta al primer mandatario para dirigir
las relaciones internacionales y nombrar a los agentes diplomáticos y consulares.

Indicó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional7 señala que los embajadores
son agentes directos del jefe de Estado en el servicio exterior, así como funcionarios
políticos y colaboradores del presidente. A su vez, señaló que el artículo 83 del Decreto

4 El magistrado sustanciador indicó los siguientes defectos formales, a fin de que subsanara la

demanda: (i) incluir acápite de pretensiones; (ii) detallar los hechos y (iii) precisar el acápite de
pruebas. Adicionalmente, requirió al actor para que (iv) aportara la copia del acto demandado con
su constancia de publicación.
5 La demandada Verónica del Socorro Alcocer García guardó silencio.
6 En el expediente obra poder otorgado por el secretario jurídico de la Presidencia de la República,

que de conformidad con el Decreto 245 de 2019 tiene delegada la «facultad de notificarse,
representar y conferir poderes en nombre del Presidente de la República, en todas las actuaciones
prejudiciales, las conciliaciones extrajudiciales y los procesos judiciales que le sean notificados, en
los que se constituya en parte y en general en todas las actuaciones que se surtan ante la Rama
Judicial y ante la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP».
7 C-039 de 2006.

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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandada: Verónica del Socorro Alcocer García
(Embajadora en Misión Especial)
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00233-04

Ley 274 de 20008 prevé la posibilidad de que el Gobierno designe a personas para la
prestación de servicios especializados a las misiones en el exterior.

Expuso que, dentro de ese contexto, se debe tener en cuenta que las misiones
especiales9 están reguladas en la convención internacional de 1969, ratificada por el
Estado Colombiano mediante la Ley 824 de 2003 y que esas designaciones son
frecuentes en el ejercicio del gobierno, en tanto se trata de encargos especiales
confiados a personas que representan al país.

Asimismo, aseveró que no corresponden a un nombramiento permanente en un cargo
público, ya que la vinculación legal y reglamentaria supone la posterior posesión e
impone la existencia previa del empleo en la planta de personal, características que no
se predican de una designación en misión especial que se utiliza para asuntos
puntuales y transitorios.

En consecuencia, planteó que los verbos rectores del artículo 126 Constitucional que
son nombrar, postular o contratar son ajenos al acto demandado y, por lo tanto,
impiden configurar la nulidad deprecada. Sobre el particular indicó:

La designación de particulares como encargados de misiones especiales, está permitida
a la luz de la normatividad vigente como una forma de representación del presidente de
la República o del Gobierno Nacional en aquellas tareas específicas que, en virtud de la
confianza o la especialidad del encargo, aquel lo considere necesario. No se trata de una
designación permanente en un cargo público porque el designado no pierde su condición
de particular. El reconocimiento de viáticos obedece a las previsiones legales aplicables
a estos casos y no constituye una forma de remuneración o de enriquecimiento para el
designado.

1.4.3. Auto que dispone el trámite de sentencia anticipada

Mediante providencia de 27 de octubre de 2023, el despacho de primera instancia dio
aplicación al artículo 182A de la Ley 1437 de 2011 y fijó el litigio en los siguientes
términos:

El Tribunal deberá establecer si el Decreto 0035 del 12 de enero de 2023 expedido por
el presidente de la República, por medio del cual se confiere una comisión de servicios,
se ajusta a la legalidad.

En tal sentido, deberá determinar si el acto acusado está viciado por haberse expedido
con infracción de norma superior.

Además, decretó las pruebas y ordenó correr el traslado para alegaciones finales y
concepto de fondo del Ministerio Público.

8 Que regula el servicio exterior y la carrera diplomática.
9 Art. 1 letra a) de la Ley 824 de 2003: A los efectos de la presente Convención: a) por "misión

especial" se entenderá una misión temporal, que tenga carácter representativo del Estado, enviada
por un Estado ante otro Estado con el consentimiento de este último para tratar con él asuntos
determinados o realizar ante él un cometido determinado;

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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
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(Embajadora en Misión Especial)
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1.5. Sentencia de primera instancia

Mediante fallo de 25 de abril de 2024, la Sección Primera, Subsección A del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del acto demandado.

Indicó que se trata de un nombramiento susceptible de ser impugnado en nulidad
electoral, independientemente de que se haya utilizado la expresión administrativa
laboral de «comisión». Además, sostuvo que constituye el ejercicio legítimo de la
atribución que el señor presidente de la República tiene para nombrar a los agentes
diplomáticos, incluidos a los miembros de las misiones especiales, conforme a los
artículos 189 numeral 2.° de la Constitución Política y 8 de la Convención sobre
Misiones Especiales de 1969.

Sobre la transgresión del artículo 126 Superior analizó los elementos fácticos y la
consecuencia jurídica previstos en este mandato superior y concluyó:

El servidor público, que tiene la calidad de autoridad nominadora (sujeto activo), es
el señor presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego.

La persona nombrada (sujeto pasivo) es la señora Verónica del Socorro Alcocer
García.

La conducta prohibida consiste en haber nombrado, como Embajadora en Misión
Especial, los días 13 y 14 del mes de enero de 2023, a fin de atender una audiencia
en Roma (Italia), a la señora Verónica del Socorro Alcocer García, con quien lo une
un vínculo de matrimonio o unión permanente.

No existe discusión probatoria acerca del vínculo de matrimonio o unión permanente
entre el señor presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, y la
señora Verónica del Socorro Alcocer García.

Esto es, se cumple con los presupuestos fácticos previstos en el artículo 126, inciso
1, de la Constitución para configurar la prohibición consistente en que los servidores
públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, a personas con las cuales
tengan vínculo de matrimonio o unión permanente.

En consecuencia, se configura la causal de nulidad prevista en el artículo 275,
numeral 5, de la Ley 1437 de 2011: «(…) se nombren personas que (…) se hallen
incursas en causales de inhabilidad, en la medida en que la prohibición del artículo
126 de la Constitución inhabilitó a la señora Verónica del Socorro Alcocer García,
para ser nombrada (…) Embajadora en Misión Especial».

Finalmente, el a quo se abstuvo de pronunciarse sobre la validez de esta decisión,
respecto de la asignación de viáticos a la accionada por cuanto el medio de control
de nulidad electoral está previsto para «resolver sobre la legalidad del
nombramiento, no sobre los emolumentos del nombrado».

1.6. Recursos de apelación

1.6.1. El demandante

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El señor Harold Eduardo Sua Montaña impugnó parcialmente el fallo. Para tal
efecto, indicó que debido a los efectos ex tunc10 de la sentencia anulatoria, debe
ordenarse la devolución de los dineros por concepto de viáticos asignados a la
accionada, conforme consta en el numeral 2 de la parte resolutiva del acto
demandado. Así también, se impone la compulsa de copias a las autoridades
disciplinarias, penales y de control fiscal, para que investiguen las conductas, de
conformidad con los artículos 6, inciso primero de la Constitución Política y 103 del
CPACA.

1.6.2. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Cuestionó la decisión de primera instancia, con fundamento en los siguientes
planteamientos:

a) El artículo 126 Constitucional es inaplicable al caso concreto, comoquiera que la
prohibición que consagra se centra en la imposibilidad jurídica de «nombrar» al
cónyuge de quien tiene la facultad nominadora, naturaleza que es ajena al decreto
demandado. Dentro de ese contexto, el acto cuestionado no es una forma de
acceso a un empleo público, por eso, el cometido protocolario específico, esto es,
la asistencia de la primera dama de la Nación a una audiencia con su Santidad el
Papa Francisco se otorgó en «comisión».

Aseveró que el Departamento Administrativo de la Función Pública concluyó11 que
los particulares designados en misiones especiales en el exterior no tienen la
condición de servidores públicos o contratistas, razón por la cual, la prohibición
constitucional referida no aplicaría a la situación que se analiza.

La sentencia apelada desconoce el principio de interpretación restrictiva de esta
clase de previsiones y optó por considerar de manera analógica que comisionar era
igual a nombrar, postular o contratar.

b) El acto demandado es compatible con la Convención de Nueva York sobre
misiones especiales de 1969, ratificada por Colombia mediante la Ley 824 de 2003,
por cuanto es un instrumento consular y diplomático que surge del consentimiento
entre dos estados, para el cumplimiento de funciones concretas, determinadas, de
carácter temporal o transitorio. Esta es la razón por la cual cualquier particular
puede ser designado sin que por ello adquiera la calidad de servidor público.

c) Por otra parte, con la posición adoptada en el fallo apelado se restringe el
ejercicio razonable de la competencia asignada al presidente de la República para
la dirección de las relaciones internacionales y designación de los agentes que
representan al Estado, conforme al artículo 189.2 Superior.

10 Efectos retroactivos.
11 Concepto 2017000172871 del 31 de julio de 2017.

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d) Asimismo, se desconoce la perspectiva de género, por cuanto la comisión
otorgada a la primera dama es un reconocimiento a su condición de mujer líder en
el país, como símbolo de la unidad nacional y del desarrollo de su proyecto de vida
pública.

e) Alegó la falta de competencia del tribunal de primera instancia. Resaltó que,
según el literal c) del artículo 152 del CPACA, el conocimiento de estos asuntos
recae sobre los actos de nombramiento, naturaleza que, a su juicio, no se predica
del Decreto 0035 de 2023.

1.6.3. El presidente de la República

Mediante apoderado judicial planteó su inconformidad con la decisión anulatoria de
primera instancia, a partir de los siguientes planteamientos:

El acto demandado no es un acto de nombramiento susceptible de ser demandado
por el medio de control de nulidad electoral. Explicó que de acuerdo con el artículo
122 Superior, para el acceso a un empleo público se requiere que exista dentro de
la planta de personal, que tenga determinadas las funciones y estén acreditados
los recursos para el pago de la remuneración.

Aseveró que en este caso «ninguna de estas condiciones se cumple al conferirse
una comisión de servicios para un evento puntual, que se enmarca en el manejo
que el presidente de la República tiene de las relaciones internacionales, porque
no se configura un nombramiento propiamente dicho en un empleo público, para
ejercer un cargo o función pública». Dentro de ese contexto explicó que la comisión
otorgada a la accionada solo tuvo efectos protocolarios y de representación del jefe
de Estado en el exterior, sin que fuera un nombramiento ni necesitara posesión.

Planteó la falta de competencia del tribunal, por cuanto tiene a cargo la primera
instancia de los asuntos de nulidad electoral contra los nombramientos que en este
caso no se dio.

Mencionó el carácter protocolario de las funciones de la primera dama de la Nación,
frente al cual se incurre en contradicción por parte del tribunal al considerar que el
acto demandado es un nombramiento en un cargo público. Al respecto, indicó:

En síntesis, la designación de particulares como encargados de misiones especiales, está
permitida a la luz de la normativa vigente como una forma de representación del presidente
de la República o del Gobierno Nacional en aquellas tareas específicas que, en virtud de
la confianza o la especialidad del encargo, aquel lo considere necesario. No se trata de
una designación permanente en un cargo público porque el designado no pierde su
condición de particular. (…) [S]e sustentó en las disposiciones legales vigentes aplicables,
sin que exista un caso de abuso o desviación de poder. No se hizo un nombramiento
permanente en un cargo público, sino que se le encomendó una tarea especial en temas
de interés del presidente de la República en la que la representación del Estado se le
confiaba a una persona de su máxima confianza y representatividad, propia del protocolo
diplomático, que en forma alguna pugna con el ordenamiento constitucional y legal.

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1.7. Trámite procesal en segunda instancia

Por auto de 4 de julio de 2024, el expediente fue devuelto al tribunal, para que
resolviera el recurso de reposición, decisión que fue proferida el 11 de julio de 2024
negándolo y concediendo la apelación.

El 5 de agosto de 2024, la parte actora solicitó que, con fundamento en el artículo
271 del CPACA, el asunto fuera conocido por la Sala Plena Contencioso
Administrativa, argumentando importancia jurídica por trascendencia social, a fin
de que se defina el medio de control idóneo, esto es si es procedente demandarlo
por nulidad o nulidad electoral.

Mediante auto de 31 de octubre de 2024, la magistrada sustanciadora ordenó la
remisión del expediente a la Sección Segunda del Consejo de Estado, al considerar
que, tratándose de una comisión, el asunto es laboral administrativo.

El 6 de mayo de 2025, el magistrado de la Sala laboral Juan Camilo Morales Trujillo
no avocó el conocimiento del asunto por falta de competencia de la Sección
Segunda y ordenó remitirlo a la Presidencia del Consejo de Estado, autoridad
competente para resolver el conflicto negativo.

Por auto de 15 de diciembre de 2025, el vicepresidente definió la competencia para
conocer del asunto a cargo de la Sección Quinta, al considerar que el acto
demandado es de contenido electoral, porque materialmente es una designación
para una misión especial. Agregó que:

(…) el hecho de que formalmente se hubiera acudido al verbo comisionar, dado el
contexto y la naturaleza de la comisión, no puede significar que se concedió una
comisión de servicios, ya que esta es una situación administrativa propia de empleados
públicos; y, en este caso, resulta claro que la señora Alcocer García no funge como
empleada pública y, por ello, no puede gozar de esta situación administrativa
particular. Asimismo, conviene indicar que, en este proceso, la Sección Quinta se ha
arrogado competencia al haber decidido previamente controversias en este asunto.
(…)

En providencia de 9 de marzo de 2026, el despacho sustanciador admitió el recurso
de apelación. Esta decisión fue recurrida en reposición y se presentó solicitud de
nulidad por parte del demandante, que fueron rechazadas por auto de 30 de abril
siguiente.

Dando curso al trámite, durante el traslado para alegaciones finales presentaron los
escritos respectivos la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entidad
que reiteró los argumentos de la apelación y el demandante, quien indicó que las
apelaciones de la parte pasiva han quedado sin sustento, al haberse determinado
en el auto de 15 de diciembre de 2025, que se trata de un acto de nombramiento y,

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por ende, al quedar en evidencia que sí se configura el supuesto del artículo 126
Superior.

La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado guardó silencio.

1.8. Otras actuaciones

Mediante auto de 18 de junio de 2026, se ordenó el sorteo de conjuez, a fin de
dirimir el empate en las posiciones jurídicas de los magistrados de la Sección
Quinta, correspondiéndole la designación al doctor Alexei Egor Julio Estrada, quien
estuvo en desacuerdo con la ponencia presentada por la magistrada Gloria María
Gómez Montoya.

El 9 de julio de 2026, la magistrada ponente ordenó remitir el expediente al
magistrado que le sigue en turno, dentro de la posición opuesta, comoquiera que el
proyecto de fallo presentado a la Sala no obtuvo la mayoría necesaria para ser
aprobado.

Finalmente, el proceso ingresó al despacho del magistrado Luis Alberto Álvarez
Parra el 10 de julio siguiente y por informe secretarial de 14 de julio de la presente
anualidad se informó el cambio de ponente.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De conformidad con los artículos 15012 del CPACA, modificado por el artículo 26 de
la Ley 2080 de 2021 y 13913 ibidem, así como con el artículo 1314 del Acuerdo 080
de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Sección es
competente para conocer, en segunda instancia, del proceso de la referencia, en el
que se pretende la nulidad del acto mediante el cual se designó a la señora
Verónica del Socorro Alcocer García, en calidad de embajadora en misión especial
ante la Ciudad del Vaticano.

Asimismo, debe recordarse que, mediante auto de 15 de diciembre de 2025, se

12 Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de

Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…).
13 Artículo 139. Nulidad electoral. Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección

por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan
las entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los
actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas.
14 Artículo 13. Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos de repartimiento,

los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus
secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
(...)
Sección Quinta:
(...)
3. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos.

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resolvió el conflicto negativo de competencias15 suscitado entre las Secciones
Segunda y Quinta del Consejo de Estado y se asignó el conocimiento del asunto a
esta última.

2.2. El acto acusado

La parte actora pretende la nulidad del Decreto 0035 del 12 de enero de 2023
expedido por el señor presidente de la República, por medio del cual confirió a la
accionada una comisión. El tenor literal del acto es el siguiente:

2.3. Problema jurídico

Conforme al fallo de primera instancia, a los recursos de apelación interpuestos por
el presidente de la República, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
y el demandante, y al marco de la fijación del litigio que hiciera el a quo en auto de
27 de octubre de 2023, esta causa se contrae a lo siguiente:

La Sala debe determinar si la sentencia apelada debe confirmarse, revocarse o
modificarse. Para ello, corresponde resolver, los siguientes asuntos: i) si procede
la solicitud del demandante de proferir sentencia de unificación; ii) si el Decreto

15El Reglamento del Consejo de Estado dispone: Artículo 8. Corresponde al presidente. (…).
Parágrafo. Es atribución del presidente del Consejo de Estado, resolver los conflictos de
competencia entre las secciones de la Sala de lo Contencioso de la Corporación.

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0035 de 2023, pese a emplear formalmente la expresión comisión, constituye
materialmente una designación susceptible de control por el medio de nulidad
electoral; iii) si ese nombramiento está sometido a la prohibición prevista en el inciso
primero del artículo 126 de la Constitución Política; y iv) si dentro de este medio de
control es viable ordenar la devolución de viáticos reconocidos.

Con ese propósito, el análisis se desarrollará en cinco ejes: i) la cuestión previa
relativa a la aplicación del artículo 271 del CPACA; ii) la procedencia del medio de
control de nulidad electoral y la naturaleza sustancial del acto acusado; iii) los
antecedentes jurisprudenciales sobre designaciones temporales de particulares
para el ejercicio de funciones públicas; iv) la aplicación de la prohibición de
nepotismo del inciso primero del artículo 126 de la Constitución Política al caso
concreto; y v) los límites de las órdenes consecuenciales en la nulidad electoral, en
especial frente a la petición de reintegro de los viáticos.

2.4. Cuestión previa: aplicación del artículo 27116 del CPACA

La función de unificación jurisprudencial atribuida al Consejo de Estado contribuye
a la legitimación de la actividad judicial, en tanto armoniza los pronunciamientos de
la jurisdicción, fortalece la coherencia del ordenamiento, le da una base sólida a la
fuente argumentativa y otorga confianza a los ciudadanos de que los asuntos con
identidad o similitud fáctica y jurídica reciban un tratamiento equivalente.

La Sección Quinta del Consejo de Estado17 ha explicado que la unificación de
jurisprudencia hace posible la unidad y coherencia del ordenamiento y asegura el
tratamiento igualitario de los asuntos que cuentan con identidad o similitud fáctica
y jurídica, pues existiendo una regla uniforme sobre un determinado aspecto
normativo, el juez, al momento de interpretar la ley, no puede otorgarle un sentido
diferente al que se le ha conferido en punto de la unificación, salvo que, para ello,
en virtud de la autonomía e independencia judicial de la que goza, motive y
justifique, de manera transparente y suficiente, las distinciones que tiene el caso
concreto y que permiten al fallador separarse de la regla consolidada.

16 Artículo 271. Mod. Art. 79 Ley 2080 de 2021. Por razones de importancia jurídica, trascendencia

económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver
las divergencias en su interpretación y aplicación que ameriten la expedición de una sentencia o
auto de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos
pendientes de fallo o decisión interlocutoria. Dicho conocimiento podrá asumirse de oficio; por
remisión de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, o de los tribunales; a solicitud de
parte, o por solicitud de la Agencia Nacional de Defensa del Estado o del Ministerio Público. (…)
Para asumir el trámite a solicitud de parte o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
la petición deberá formularse hasta antes de que se registre ponencia de fallo […] La petición
contendrá una exposición sobre las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso
y las razones que determinan la importancia jurídica o trascendencia económica o social o la
necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, o precisar su alcance o resolver las
divergencias en su interpretación o aplicación (…).
17 Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, auto del 24 de junio de 2021, Rad.

No. 11001-03-28-000-2021-00030-00, Demandantes: Stefanía Giraldo González, Demandado:
Gustavo Adolfo Gómez Naranjo - Personero Municipal de Aranzazu (Caldas) – Período 2020-2024.

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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandada: Verónica del Socorro Alcocer García
(Embajadora en Misión Especial)
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00233-04

No obstante, dicha herramienta no opera automáticamente. Cuando la solicitud
proviene de una parte, el legislador previó unos presupuestos específicos para la
procedencia de esta figura. En efecto, de conformidad con el artículo 271 del
CPACA para dictar una sentencia o auto de unificación jurisprudencial, se deben
observar concurrentemente:

i) La legitimación, el Consejo de Estado puede asumir su conocimiento de oficio,
o por solicitud que hagan las secciones o subsecciones de la Corporación, los
tribunales administrativos, las partes en el proceso, la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y el Ministerio Público, de asuntos que estén para fallo o
decisión interlocutoria.

ii) El elemento temporal, puede solicitarse hasta antes de que se registre la
ponencia para el fallo, salvo que la petición provenga de un consejero de Estado,
del tribunal administrativo o del Ministerio Público, caso en el cual, no tiene esta
limitación.

iii) El contenido de la solicitud, la petición debe tener una exposición precisa
sobre las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las razones
que determinan la importancia jurídica trascendencia económica o social o la
necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, o precisar su alcance o resolver las
divergencias en la interpretación y aplicación de alguna disposición normativa18.

Al descender al caso concreto, la Sala advierte que se satisfacen dos de las tres
exigencias reseñadas: i) la solicitud de unificación jurisprudencial fue presentada
por el actor, esto es, por quien está legitimado para promoverla; y ii) el proceso se
encuentra pendiente de proferir sentencia de segunda instancia, de modo que se
satisface el presupuesto de oportunidad. Sin embargo, no se acredita la tercera
directriz, comoquiera que la petición no expone en debida forma y de manera
precisa y suficiente las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso
por la Sala Plena o las razones que justifican proferir una sentencia de unificación
jurisprudencial.

Por lo anterior, la solicitud de la parte actora será rechazada.

2.5. Procedencia del medio de control de nulidad electoral y la naturaleza
material de la designación contenida en el decreto demandado

A partir del contenido del acto impugnado, cuya imagen obra en el capítulo 2.2. de
esta providencia, la controversia exige distinguir entre la denominación formal
utilizada por la administración y la naturaleza jurídica sustancial del acto acusado.
En esa medida, no basta con atender al verbo «comisionar» empleado en el decreto
impugnado, sino que debe establecerse si, en realidad, se confirió a una persona

18 Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Auto del 24 de febrero de

2022, Rad. No. 11001-03-28-000-2021-00048-00, Demandante: Felipe Chica Duque, Demandado:
Iván Leónidas Name Vásquez - segundo vicepresidente del Senado de la República.

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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
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particular determinada una investidura temporal para representar al Estado
colombiano en el exterior.

Asimismo, se advierte que el señor presidente de la República confirió a la
accionada una «comisión» protocolaria mediante la cual la invistió temporalmente
de la función de representación del Estado ante otro sujeto soberano, en calidad de
embajadora en misión especial.

La Sala abordará, en primer lugar, la naturaleza material del acto demandado;
luego, se revisarán los antecedentes jurisprudenciales que evidencian que las
designaciones de particulares para el ejercicio de funciones públicas también han
sido controladas por el medio de control de nulidad electoral; y, finalmente, se
determinará si la prohibición constitucional de nepotismo es aplicable a la
designación cuestionada.

Esta Corporación19 ha reconocido que, si bien las funciones públicas son ejercidas
ordinariamente por los órganos y entidades del Estado, a través de sus servidores
públicos, ello no excluye que, de manera excepcional, pueda asignarse a los
particulares, previa autorización constitucional o legal, atribuciones administrativas,
como lo disponen los mandatos 116, 123 y 210 Superiores.

En ese escenario, lo determinante no es que se haya otorgado o no la condición
formal de servidor público, sino si el particular recibe una habilitación jurídica para
ejercer temporal y transitoriamente una función estatal.

No debe perderse de vista que, con independencia de la clase de designación
empleada —sea un acto de gobierno, político o estrictamente administrativo —, el
control de esa decisión corresponde a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, de conformidad con el artículo 10420 del CPACA.

Así las cosas, de manera armónica con las consideraciones precedentes, la
naturaleza de nombramiento o designación del acto acusado fue definida al
resolverse el conflicto negativo de competencia entre las Secciones Segunda y
Quinta. En esa oportunidad se precisó que, aunque formalmente se acudió a la
expresión «comisión», no se trataba de una situación administrativa laboral
ordinaria.

En efecto, la Sección Segunda21 resolvió no avocar la competencia del asunto al
estimar que: (i) el acto demandado tenía la naturaleza de un acto de nombramiento,
por cuanto designó a una particular como embajadora en misión especial y (ii) la

19 Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 2556 de 10 de diciembre de 2025. Radicado 11001-

03-06-000-2025-00469-00. M.P. Ana María Charry Gaitán.
20 Artículo 104. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además

de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios
originados en actos (…), sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas (…).
21 Auto de 6 de mayo de 2025.

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figura no correspondía a una comisión entendida como situación administrativa
laboral, por cuanto la señora Alcocer García no es empleada pública ni pertenece
a la carrera diplomática y consular. En consecuencia, concluyó que el asunto debía
ser conocido por la Sección Quinta, por tratarse del objeto de una nulidad electoral.

La Vicepresidencia22 del Consejo de Estado, mediante decisión de 16 de diciembre
de 2025, determinó que el conocimiento del asunto correspondía a la Sección
Quinta, porque el acto demandado tiene contenido electoral, aunque formalmente
utiliza el verbo «comisionar», materialmente designa a una particular como
embajadora en misión especial. Además, precisó que la comisión de servicios es
propia de empleados públicos, condición que no tenía la señora Alcocer García,
razón por la cual no podía tratarse de una simple situación administrativa laboral.
Valga recordar que de conformidad con el artículo 1 literal e) de la Convención de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas, aprobada mediante la Ley 6 de 1972, se
entiende por agente diplomático «el jefe de la misión o un miembro del personal
diplomático de la misión».

Las funciones de los agentes, de acuerdo con el artículo 3, numeral 1, literal a) ibidem
comprenden, entre otras, la de «representar al Estado acreditante ante el Estado
receptor», lo que evidencia el ejercicio de una función de representación internacional
del Estado.

Así también, la Convención sobre Misiones Especiales, abierta a la firma en Nueva
York el 16 de diciembre de 1969 y aprobada por la Ley 824 de 2003, definió que se
trata de una «misión temporal, que tenga carácter representativo del Estado,
enviada por un Estado ante otro Estado con el consentimiento de este último para
tratar con él asuntos determinados o realizar ante él un cometido determinado».

La Convención y su ley aprobatoria fueron declaradas exequibles en fallo de la Corte
Constitucional C-315 de 1. ° de abril de 200423. En este pronunciamiento se trajo a
mención la exposición de motivos de la Ley citada, en la que se indicó como
características de las misiones especiales que deben i) ser temporales; ii) tener
carácter representativo; iii) ser enviada por un Estado ante otro (receptor), con el
consentimiento de este y iv) contar con un propósito específico.

Adicionalmente, se explicó que en el ejercicio diplomático contemporáneo los Estados
envían frecuentemente misiones especiales para múltiples actividades como la
negociación de asuntos específicos, llevar a cabo rondas de consultas políticas o
participar protocolariamente en eventos o ceremonias de alto nivel y en esa motivación
se concluyó:

22 Artículos 110 del CPACA y 8 del Reglamento del Consejo de Estado.
23 Expediente LAT-240. Revisión constitucional de la Convención sobre las Misiones Especiales,

abierta a firma en Nueva York, el 16 de diciembre de 1969, así como de la Ley 624 de 2003 que
aprueba dicha convención. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

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En general puede decirse que las normas sustantivas que integran la Convención —que
dio lugar a la Ley 824 de 2003— se inspiran en los artículos equivalentes de las
Convenciones de Viena de 1961 y 1963, con los ajustes necesarios debidos al carácter
transitorio y efímero de las misiones especiales. En particular, en los artículos 3 a 20 se
consagran las normas generalmente aceptadas relativas a las funciones de las misiones,
las figuras de la representación y la acreditación…, el nombramiento de los miembros de la
misión y su composición, la nacionalidad de los miembros y el comienzo y término de las
funciones de cada misión.

Por lo anterior, observado el contenido del acto demandado, resulta indiscutible que
no se agota en una comisión de servicios, comoquiera que la designación confirió
a la accionada una calidad representativa del Estado colombiano como embajadora
en misión especial, temporal y específica, lo cual la ubica dentro del ámbito de los
agentes diplomáticos llamados a ejercer funciones de representación estatal en el
exterior, aun sin que el nombramiento conlleve una vinculación legal y
reglamentaria ni de pertenencia a alguna de las carreras meritocráticas.

2.6. Antecedentes sobre nombramientos o designaciones susceptibles de
control por el medio de la nulidad electoral

La Sala Electoral ha conocido controversias en las que la designación recae sobre
particulares a quienes se les atribuyeron funciones públicas de manera temporal o
excepcional. Estos antecedentes jurisprudenciales son útiles para delimitar el
alcance del medio de control de nulidad electoral cuando la administración acude a
asignaciones especiales, transitorias o discrecionales.

Aunque estos casos no han sido numerosos, sí han sido relevantes para delimitar
el alcance del medio de control de nulidad electoral. Entre ellos se encuentran el
nombramiento de jurados de votación, la designación de una secretaria ad hoc del
grupo de trabajo de competencia desleal del despacho del superintendente
delegado para asuntos jurisdiccionales y los nombramientos de notarios 24 antes de
que la Sala Electoral precisara que los cargos provistos mediante concurso de la
carrera notarial correspondían al conocimiento de la Sección Segunda, sin
desconocer que se trata de nombramiento o designación de particulares para el
ejercicio de la función pública notarial.

Estos antecedentes pueden agruparse en tres líneas argumentativas, a saber:
primero, los particulares pueden ser designados temporalmente para ejercer
funciones públicas; segundo, corresponde al juez electoral verificar si el acto es, en
sustancia, una designación o se está en el ámbito del encargo de funciones; y
tercero, las decisiones en las que la discrecionalidad del nominador no excluye el
control judicial de la designación sobre requisitos, prohibiciones e inhabilidades.

24 Fallo de 23 de enero de 2014. Radicado: 18001-23-31-000-2012-00105-02. Demandado: Notario

Único de Belén de Los Andaquíes. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez. Sentencia de 12 de septiembre
de 2013. Radicado 11001-03-28-000-2012-00060-00. Demandado: Notario Cincuenta y Ocho del
Círculo de Bogotá. M. P. Alberto Yepes Barreiro. Autos de 18 de mayo de 2023. Radicado 54001-
23-33-000-2022-00200-01 y de 2 de octubre de 2022. Radicado 81001-23-39-000-2019.00029-01,
ambos con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate.

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En la primera línea se ubican los jurados de votación, pues allí se ha analizado que
un particular puede ser designado mediante acto administrativo para cumplir una
función pública transitoria, sin que ello excluya la posibilidad de control por la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Sobre los jurados de mesa, las sentencias de la Corte Constitucional C-620 de 2004
y T-231 de 2023 indicaron claramente que, de conformidad con el Código Electoral,
son particulares designados para el ejercicio temporal de una función pública y que
su nombramiento se realiza mediante acto administrativo demandable ante la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. De interés resulta este aparte:

[…] el nombramiento de los jurados de votación es un acto administrativo mediante el
cual la administración pública selecciona, de un espectro amplio de ciudadanos;
aquellos que deberán cumplir con el deber constitucional de apoyar, como jurados de
votación los procesos electorales.25

En consecuencia, el acto administrativo de nombramiento de jurados de votación tiene
el carácter de particular y concreto. Lo anterior, debido a que dicho acto establece unos
deberes claros y específicos en materia electoral, en cabeza de ciudadanos
perfectamente individualizados y determinados.

[…]

En este orden de ideas, este acto administrativo describe notoriamente los ciudadanos
hacia los cuales va dirigido, predeterminándoles el deber de ser jurados de votación.
Por ende, es un acto administrativo de carácter particular y concreto. Así las cosas,
puede afirmarse que es “un acto individual referido a muchas personas
concretamente identificadas”. (Subrayas fuera de texto).

Este primer grupo de casos demuestra que la ausencia de pertenencia a la carrera
administrativa o la inexistencia de vínculo ordinario no elimina, por sí sola, la
naturaleza de designación ni impide examinar su legalidad frente al cumplimiento
de requisitos y a la incursión en prohibiciones constitucionales y legales.

La segunda línea corresponde a los supuestos en los que la Sala ha debido
diferenciar entre una verdadera designación y una simple asignación temporal de
funciones, sin negar por ello la competencia de verificar la naturaleza del acto y su
legalidad.

Así, por ejemplo, resulta ilustrativo el fallo de 8 de septiembre de 201626, en el que
se estudió el nombramiento de una secretaria ad hoc de un grupo de trabajo de una

25 En punto del deber constitucional de los ciudadanos de ser jurados de votación; la Corte ha

señalado en Sentencia SU 747 de 1998 “El deber de los ciudadanos de colaborar con los
procesos electorales: (…)
13. El Código Electoral prevé la figura de los jurados de votación, que son las personas encargadas
de atender las mesas de votación, […]. Los nombramientos son realizados por los registradores
municipales o distritales y pueden recaer en funcionarios públicos o personas dedicadas a
actividades particulares...”.
26 Radicado 25000-23-41-000-2014-00042-02. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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superintendencia. Si bien allí se determinó que se trataba de un encargo de
funciones y no del cargo, razón por la cual la decisión fue inhibitoria, no se descartó
que la Sala Electoral pudiera examinar la naturaleza jurídica del acto y su legalidad.
Incluso, en esa oportunidad, la competencia se discutió entre las Secciones
Segunda y Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al considerar que
el asunto debía ser conocido por la Sección Primera porque: i) no existía un vínculo
laboral, ii) los demandantes no estaban pidiendo ser nombrados o designados y iii)
no solicitaron el pago de salarios.

En esa oportunidad, la Sección Primera de ese tribunal consideró que el medio de
control era el de nulidad electoral. No obstante, la Sección Quinta al conocer de la
apelación del fallo denegatorio de pretensiones dejó en claro que tenía la
posibilidad, como juez ad quem, de determinar si el acto cuestionado era
susceptible de estudio de legalidad a través de proceso de naturaleza especial.

Se concluyó entonces que se trató del encargo o delegación de una función a un
empleado de la entidad, pero no de un nombramiento autónomo o independiente.
De ahí la decisión inhibitoria, aunque no se desconoció que sí era un asunto de
conocimiento de la Sección Quinta por tratarse de una designación.

Este antecedente es relevante porque muestra que la Sección Quinta no parte de
una etiqueta formal, sino de la sustancialidad del acto, y que solo inhibe su
pronunciamiento cuando verifica que no existe propiamente nombramiento o
designación.

La tercera línea se refiere a designaciones en las que, pese a la discrecionalidad o
especialidad funcional, la jurisdicción de la nulidad electoral ha controlado el
respeto de los requisitos y ha analizado las prohibiciones e inhabilidades aplicables
al nominador y al designado.

En este punto, un antecedente relevante es el fallo de 24 de junio de 200427, en el
que se estudió, por vía de nulidad electoral, la designación de un particular como
gerente liquidador de Minercol Ltda. En esa oportunidad se consideró que el
demandado estaba incurso en la prohibición del artículo 10 del Decreto 128 de
1976, porque fue designado como liquidador un día después de su retiro como
presidente de la entidad, cuando era su deber esperar un año para volver a prestar
servicios profesionales a esa misma entidad. También se estimó vulnerado el
artículo 14 ib., pues como liquidador tendría que intervenir en asuntos y negocios
que conoció durante su gestión como presidente, lo cual está prohibido. En
consecuencia, se declaró la nulidad del decreto de nombramiento.

Finalmente, en sentencia reciente de 19 de febrero de 2026, la Sección Quinta
confirmó la declaratoria de nulidad de la designación el agente especial de AIR-E

27 Radicación: 11001-03-28-000-2004-0017-01(3246). M.P. María Nohemí Hernández Pinzón.

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S.A.S. E.S.P. Al definir la competencia para asumir el asunto, la Sala Electoral
consideró que esos agentes hacen las veces de los gerentes o principales
administradores de las empresas de servicios públicos domiciliarios, por lo que
ejercen una función pública transitoria equivalente al nivel directivo o asesor.
Además, en este caso se trata de una empresa prestadora de dichos servicios del
orden departamental.

La Sección Quinta concluyó que, aunque el superintendente de Servicios Públicos
Domiciliarios tiene la facultad discrecional para escoger agentes especiales y puede
apartarse de la lista de aspirantes, esa discrecionalidad no permite desconocer los
requisitos mínimos de idoneidad y experiencia definidos por la propia
superintendencia y por el marco normativo aplicable.

Se concluyó que el accionado no cumplía con esos requisitos, pues su trayectoria
se concentraba principalmente en el ámbito sindical, laboral, jurídico, académico y
de gestión pública, sin experiencia específica en servicios públicos domiciliarios ni
como agente especial o liquidador. Tampoco era suficiente la experiencia adquirida
en entidades que no eran prestadoras de servicios públicos domiciliarios.

Resultan de interés algunos planteamientos del accionado y del ente nominador en
el que se confunde la discrecionalidad con una eventual ausencia de control judicial
para justificar la legalidad de la designación:

• El fallo apelado desconoce que la designación de un agente especial se
enmarca en una medida de intervención de carácter técnico, correctivo y
transitorio, cuyo propósito es garantizar la continuidad y eficiencia del servicio
público, conforme al artículo 121 de la Ley 142 de 1994. En este contexto, el
superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios ejerce una potestad
discrecional y técnica para seleccionar a la persona que, por su idoneidad,
liderazgo y conocimiento institucional, garantice la estabilidad de la empresa
intervenida.
• Agregó que el agente especial no es un servidor público ni accede a un
cargo mediante elección o nombramiento administrativo ordinario. Se trata de
un encargo de funciones especial, temporal y de forzosa aceptación, propio de
los procesos de intervención estatal. Por ello, no resultan plenamente
trasladables las exigencias rígidas propias de los regímenes de carrera o de
designación administrativa, pues la normativa aplicable es excepcional, finalista
y orientada a la salvaguarda del servicio público, lo que habilita nominador para
privilegiar criterios de oportunidad, idoneidad funcional y conveniencia pública.

Estos argumentos de la parte accionada y su nominador no fueron de recibo por la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

En suma, los antecedentes reseñados convergen en una regla común: la atribución
de funciones públicas a particulares o, en otros términos, la designación de
particulares para cumplir funciones públicas, aunque sea temporal, especial o

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discrecional, no queda por fuera del control judicial ni de las restricciones
constitucionales y legales que gobiernan la facultad nominadora.

Por lo expuesto, en atención a la naturaleza de la misión encomendada y al marco
constitucional e internacional que la regula, el acto acusado debe entenderse como
un nombramiento o designación temporal para el ejercicio de una función pública,
pues dicho acto confirió a su destinataria, quien es una persona particular, la calidad
de agente diplomática en una misión especial de carácter representativo del
Estado. En consecuencia, está sometido al examen de los requisitos y
prohibiciones aplicables tanto al nominador como a la persona designada.

2.7. La aplicación de la prohibición del primer inciso del artículo 126 de la
Constitución Política

En el contexto planteado y dilucidado, la previsión constitucional en cita resulta
aplicable al caso. Su aplicación y eficacia no depende de que exista una vinculación
legal y reglamentaria ni de que la persona designada pertenezca a la carrera
diplomática y consular; lo relevante para la Sala Electoral es que el acto constituya
una designación efectuada por un servidor público, en ejercicio de sus funciones,
respecto de una persona —sin calificación adicional— que esté comprendida por el
vínculo prohibido.

Resulta pertinente detenerse en la evolución de la norma constitucional en cita,
comoquiera que el texto original delimitaba un campo más restringido, al consagrar
la prohibición en los siguientes términos: «Los servidores públicos no podrán
nombrar como empleados a personas…». Sin embargo, el supuesto fáctico fue
ampliado con la reforma introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015, actualmente
vigente, que prevé: «Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus
funciones nombrar, postular, ni contratar con personas […]».

Ahora bien, ese inciso primero del artículo 126 superior suministra los elementos
constitutivos de la prohibición del nepotismo, al consagrar:

Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni
contratar con personas con las cuales tengan un parentesco hasta el cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por
matrimonio o unión permanente.

De la literalidad de la norma se desprenden cinco elementos: a) un sujeto activo
que debe ser servidor público; b) un aspecto circunstancial que se trate de una
actuación desplegada en ejercicio de sus funciones; c) la conducta típica prohibida:
nombrar, postular o contratar; d) un destinatario amplio, referido a cualquier
persona; y e) un factor modal consistente en el vínculo de parentesco en los grados
indicados o con quien esté ligado28 por matrimonio o unión permanente.

28 En el caso concreto, el ministerio de relaciones exteriores en su oficio S-DITH-23-0287 de 30 de

enero de 2023, adjuntado con la demanda, contiene la respuesta de la directora de Talento Humano

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Al examinar al acto demandado, la Sala advierte que el nominador es el señor
presidente de la República, quien en el epígrafe del acto invocó los artículos 189.2
constitucional sobre su atribución de nombrar los agentes diplomáticos y
consulares; el parágrafo29 del artículo 2.2.5.5.28 del Decreto 1083 de 2015; y el
Decreto 460 de 202230.

Aunque la competencia del señor presidente de la República para designar agentes
diplomáticos y miembros de misiones especiales es incuestionable, pues de
conformidad con el artículo 8 de la Convención sobre Misiones Especiales, el
Estado nombrará libremente a los miembros respectivos, dicha atribución no es
absoluta. Ello significa que tales designaciones no están exentas del cumplimiento
de los requisitos, inhabilidades e incompatibilidades y prohibiciones previstas por el
ordenamiento jurídico.

Resulta de interés que, en años anteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores
emitió un concepto jurídico31, en el que, con fundamento en las sentencias C-129
de 1994 y C-039 de 2006, indicó que los agentes directos del presidente de la
República, en su función de jefe de Estado, son funcionarios políticos, porque llevan
internacionalmente su vocería bajo la dirección del Gobierno Nacional y expresan
una manifestación de la soberanía del país ante otros Estados.

En esa oportunidad, al referirse al embajador en misión especial, señaló que dicha
figura está regulada por la Convención sobre Misiones Especiales de 1969, a la que
Colombia se adhirió el 29 de octubre de 2004 y que entró en vigor el 28 de
noviembre siguiente. De acuerdo con lo previsto en el artículo 53.2 ib., se define
como «una misión temporal, que tenga carácter representativo del Estado, enviada
por un Estado con el consentimiento de este último para tratar con el asunto
determinado o realizar ante él un cometido determinado».

Dentro de ese contexto, concluyó que la concepción de esa dignidad convierte al
nombrado en agente directo del presidente de la República en el exterior y quien
«tiene a su cargo la ejecución de la política internacional del Estado Colombiano en
el campo específico de la misión especial asignada y bajo las precisas
instrucciones del presidente de la República, en tal condición está sujeto al régimen
de inhabilidad e incompatibilidades establecido, en la Constitución Política».

En consecuencia, el presidente de la República no podía designar a la señora
Alcocer García como embajadora en misión especial, pues el acto fue expedido en
ejercicio de una competencia nominadora y representativa del Estado y recayó

en la que se lee: […] mediante Decreto 0035 del 12 de enero de 2023, el señor presidente de la
República designó como Embajador de Misión Especial a la señora Verónica Del Socorro Alcocer
García, primera dama de la Nación. Asimismo la menciona la ANDJE en sus escritos presentados
en el proceso, al efecto véanse los alegatos de conclusión de segunda instancia.
29 Parágrafo. Los Embajadores y Embajadores en misiones especiales podrán viajar en primera

clase, previa autorización del ministerio de Relaciones Exteriores.
30 Por el cual se fijan las escalas de viáticos para los empleados.
31 Concepto 26 de 18 de agosto de 2010.

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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandada: Verónica del Socorro Alcocer García
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sobre una persona ligada a él por matrimonio o unión permanente 32, supuesto
expresamente prohibido por el inciso primero del artículo 126 de la Constitución
Política.

Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que las designaciones
discrecionales son susceptibles de control jurisdiccional y que el nominador debe
ejercer su competencia dentro de los límites constitucionales y legales aplicables.

En un Estado Social de Derecho, el ejercicio de la facultad nominadora —sin
importar la tipología atribuida a la designación— no puede quedar sustraído del
control y juzgamiento de la autoridad judicial competente, ni excluido de las
prohibiciones establecidas por el orden jurídico, bajo el velo de la discrecionalidad
o de la transitoriedad de la designación.

La Corte Constitucional, en la sentencia T–978 de 201233, precisó que los jueces
no solo deben aplicar las normas preestablecidas, sino también interpretarlas a la
luz de los derechos constitucionales comprometidos en cada caso. En esa
oportunidad sostuvo que «los jueces deben llevar a cabo sus funciones en relación
con el desarrollo y la aplicación de las normas preestablecidas. No obstante,
aunado a la aplicación mecánica de la ley, el juez tiene la obligación de realizar un
análisis jurisprudencial de cada caso en particular en el cual se estudie la aplicación
de las normas conforme a la protección de los derechos constitucionales que se
encuentran en juego. Es decir que los jueces están supeditados a interpretar cada
norma acorde al alcance de la protección de los derechos establecidos por la
Constitución».

Así, dado que está comprometido el acceso a la administración de justicia, derecho
concordante y estrechamente vinculado con el debido proceso, el asunto debe ser
susceptible de control mediante la nulidad electoral. Esa interpretación es la que
mejor se ajusta al caso concreto y la que garantiza un mayor alcance en la
protección de los derechos fundamentales, conforme al criterio según el cual, «[e]n
caso de encontrarse frente a varias posibles interpretaciones de una misma norma,
el juez de instancia debe optar por implementar la que mejor se ajuste al caso en
particular y la que brinde un mayor alcance en la protección de los derechos
fundamentales de las partes.»34

La conclusión para este eje temático analizado a partir de la censura de nulidad, se
apoya en tres premisas: i) el acto acusado es materialmente una designación para
una misión especial; ii) ese nombramiento es controlable por la jurisdicción
electoral, aunque este sea temporal, recaiga sobre una función transitoria y especial
y tenga como destinatario a una persona particular; y iii) al provenir del ejercicio de

32 Véase nota al pie 28. Sobre el punto, las sentencias C-089A-94 y C-537-93 de la Corte
Constitucional indicaron que el calificativo de primera dama se predica, por regla general, de quien
ostenta la calidad de cónyuge o compañera del primer mandatario.
33 M.P. Alexei Julio Estrada.
34 Ejusdem

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la facultad nominadora del presidente de la República sobre la representación
internacional, debía observar la prohibición constitucional del inciso primero del
artículo 126.

Por lo expuesto, se impone confirmar la nulidad de la designación demandada
declarada por el tribunal a quo.

2.8. Improcedencia de órdenes patrimoniales dentro del medio de control de
nulidad electoral

Finalmente, en relación con el planteamiento del demandante relativo a la
devolución de los valores reconocidos por concepto de viáticos, la Sección Quinta
considera que el medio de control de la nulidad electoral es un juicio objetivo de
legalidad. Por ello, sus órdenes consecuenciales se circunscriben las previstas en
el artículo 288 de la Ley 1437 de 2011, o al denominado restablecimiento político
democrático, sin extenderse a compensaciones, devoluciones económicas ni a
reconocimientos patrimoniales.

Con buen criterio la Corte Constitucional en sentencia SU-329 de 8 de agosto de
202435 hizo la siguiente consideración:

El medio de control de nulidad electoral es una acción pública que se caracteriza
porque puede ser interpuesta por cualquier persona y, porque primordialmente su
objeto va en la misma dirección del interés general. Con la pretensión de nulidad
electoral no se puede buscar nada distinto a salvaguardar el ordenamiento jurídico
en sentido objetivo, y por ello, el control jurisdiccional a que se someten los actos
electorales se realiza mediante la confrontación del acto con respecto a las normas
jurídicas invocadas y el concepto de violación.

Por consiguiente, un eventual reembolso de dineros al erario o una orden de
contenido económico desborda el objeto de la nulidad electoral y resulta ajeno a la
naturaleza de este medio de control y, de ser procedente, debe ventilarse a través
de la acción correspondiente.

Finalmente, la Sección Quinta considera que, con base en lo acontecido y probado
en el proceso, no existe razón jurídica para compulsar copias a las autoridades
disciplinarias, penales ni de control fiscal, como lo solicitó la parte actora en el
recurso de apelación, comoquiera que la ruptura de la presunción de legalidad del
acto demandado, que conduce a confirmar la declaratoria de nulidad del decreto de
nombramiento 0035 de 2022, no constituye, por sí sola, motivo suficiente para
presumir la incursión en una conducta sancionable.

35 Sala Plena. Expediente T-10.017.100. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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2.9. Conclusión

En síntesis, el decreto demandado no podía valorarse únicamente desde su
denominación formal. Su contendido evidenció una designación temporal, especial
y representativa del Estado colombiano en el exterior, sometida al control objetivo
de legalidad propio de la nulidad electoral. Ahora bien, como fue expedido por el
presidente de la República en ejercicio de su facultad nominadora derivada del
artículo 189.2 de la Constitución Política y recayó sobre una persona particular
ligada a él por matrimonio o unión permanente, desconoció el inciso primero del
artículo 126 superior. Por ello, se confirmará la sentencia apelada, sin acceder a
prestación económica alguna, por ser ajena a la naturaleza objetiva de este medio
de control.

En mérito de lo expuesto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia.

III. FALLA

PRIMERO. RECHAZAR la solicitud de la parte demandante, atinente a dar
aplicación al artículo 271 de la Ley 1437 de 2011.

SEGUNDO. Contra esta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con
el inciso sexto del artículo 271 del CPACA.

TERCERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de abril de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
mediante la cual declaró la nulidad del Decreto 0035 del 12 de enero de 2023.

CUARTO. RECONOCER PERSONERÍA a la abogada María del Rosario Oyola
Aldana, identificada con la cédula de ciudadanía 1.069.462.504 y portadora de la
tarjeta profesional 190176 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en
nombre de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, conforme a las
facultades otorgadas en el poder respectivo.

QUINTO. En firme la presente providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Salva el voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Salva el voto

ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Conjuez
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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