Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2023-00297-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2023-00297-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2023-00297-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
22 de febrero de 2024
Demandante: Javier Arturo Díaz
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil y otro
Rad: 25000-23-41-000-2023-00297-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D. C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00297-01
Demandante: JAVIER ARTURO DÍAZ
Demandados: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y OTRO
Tema: Revoca parcialmente para rechazar demanda frente a una
norma por no agotar renuencia en debida forma y confirma
declaratoria de improcedencia de la acción de
cumplimiento.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte actora
contra la sentencia del 21 de abril de 2023, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B declaró la
improcedencia de la acción de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud
En nombre propio y en ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de
1997, el señor Javier Arturo Díaz presentó demanda contra la Comisión
Nacional del Servicio Civil (CNSC) y el Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA) en la que formuló las siguientes pretensiones:
Declarar que el SENA y la CNSC han incumplido, las siguientes normas:
PRIMERO: lo señalado en La LEY 1960 DE 2019 ARTÍCULO 6°. Respecto al numeral 4
del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, el cual quedo así: "Artículo 31. El Proceso de
Selección comprende:
4. Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad
contratada, por delegación de aquella, elaborará en estricto orden de mérito la lista de
elegibles que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con esta y en estricto orden de mérito
se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes
definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a
la convocatoria del concurso en la misma Entidad. (Línea y negrilla fuera de texto).
Entendiéndose como empleos equivalentes lo siguiente:
Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.11.2.3 Empleos equivalentes. Se entiende que un
cargo es equivalente a otro cuando tienen asignadas funciones iguales o similares, para
su desempeño se exijan requisitos de estudio, experiencia y competencias laborales
iguales o similares y tengan una asignación básica mensual igual o superior, sin que en
ningún caso la diferencia salarial supere los dos grados siguientes de la respectiva escala
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Demandante: Javier Arturo Díaz
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cuando se trata de empleos que se rijan por la misma nomenclatura, o el 10% de la
asignación básica cuando a los empleos se les aplique nomenclatura diferente. (Decreto
1227 de 2005, art. 89 modificado por el art. 1 del Decreto 1746 de 2006)
SEGUNDO: La sentencia T340 de 2020, que dispuso la aplicación retrospectiva de la ley
1960 del 2019
TERCERO: La Circular Conjunta 074 De 2009.Comision Nacional Del Servicio Civil.
Procuraduría General De La Nación por la cual no podía EL SENA modificar los manuales
de funciones, cambiarle los perfiles a los empleos ni convocar a nuevo concurso ya que
existían listas de elegibles vigentes.
CUARTO: Declarar que la CNSC y el SENA, han incumplido el fallo de tutela No
1100131870202022-00032-01 (96-22) emitido por el TRIBUNAL SUPERIOR DE
BOGOTA, D. C.,SALA DE DECISION PENAL, que ordenó a la Comisión Nacional del
Servicio Civil y a el Servicio Nacional de Aprendizaje, por conducto del funcionario
competente, que en un término no superior a cinco (5) días siguientes a la notificación de
este fallo, de manera coordinada y dentro de la órbita de sus competencias, procedan a
verificar nuevamente la situación concreta del señor JAVIER ARTURO DÍAZ y, a través
de acto administrativo motivado y susceptible de recursos, determinen si es procedente
nombrarlo en algún cargo equivalente respecto del cual concursó en la Convocatoria 436
de 2017.
[...]
QUINTO: Declarar que la CNSC, ha incumplido el Fallo de Tutela No
11001334204920210004200 del 05 de marzo de 2021 por emitido por el JUZGADO
DOCE ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ SECCIÓN
SEGUNDA. Que ordeno EXHORTAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC
para que acate el fallo constitucional T – 340 del 2020, que dispuso la aplicación
retrospectiva de la ley 1960 del 2019, conforme se argumenta en esta providencia donde
las consideraciones para esta orden fueron las siguientes:
“A su vez, dispondrá compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación para que
se investigue a los responsables de no dar cumplimiento a la ley 1960 de manera
retrospectiva, conforme lo interpreta la Corte Constitucional, por cuanto con el
desconocimiento de este precepto se están lesionado los derechos de carrera y
acceso a cargo público de quienes participaron en los diferentes concursos y
perdieron la posibilidad de ser nombrados por decisión arbitraria de la CNSC”
(negrilla y línea fuera de texto).
Y
Se ordene a la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y AL SENA, hacer USO
de lista de elegibles en estricto orden de mérito para cubrir las vacantes con la
denominación de instructor, código 3010, grado 1, área temática contabilidad, para
las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no
convocados, que surgieron con posterioridad a la convocatoria No. 436 de 2017 entidad
SENA, inaplicando Los criterios unificados respecto Al criterio unificado de Mismo empleo
al ser inconstitucionales y realizando el nombramiento del concursante JAVIER ARTURO
DÍAZ, mayor de edad e identificado [...]1.
2. Hechos
En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente:
El actor adujo que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió el Acuerdo
No. 20171000000116 del 24 de julio de 2017, por medio del cual se convocó
a proceso de selección - convocatoria 436 de 2017, para proveer
definitivamente por concurso abierto de méritos, los empleos vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa del Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA.
1 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
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Señaló que mediante la Resolución No. 20182120193735 del 24 de diciembre
de 2018, con firmeza a partir del 21 de septiembre de 2020, la Comisión
Nacional del Servicio Civil expidió la lista de elegibles para proveer dos
vacantes con la denominación instructor, código 3010, grado 1, en la que se
postuló y para el cual figuraba en el lugar cuatro de elegibilidad con 65.55
puntos definitivos.
Manifestó que con la expedición de la Ley 1960 de 2019, se modificó la Ley
909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictaron otras disposiciones,
para precisar que en estricto orden de méritos se cubrirían los empleos para
los cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos
equivalentes no convocados, que surgieran con posterioridad a la
convocatoria del concurso en la misma entidad.
Sostuvo que la CNSC profirió el 16 de enero de 2020, el criterio unificado
«USO DE LISTAS DE ELEGIBLES EN EL CONTEXTO DE LA LEY 1960 DE 27 DE
JUNIO DE 2019», estableciendo la obligatoriedad de hacer uso de lista de
elegibles con los cargos no ofertados posteriores a la entrada en vigencia de
la mencionada Ley 1960 de 2019.
Mencionó que el 19 de agosto de 2021, la CNSC profirió la Circular Externa
No. 0008 con el asunto «Instrucciones para el reporte de información sobre la
provisión de las vacantes definitivas de los empleos de carrera administrativa
y el trámite de solicitud de uso de las Listas de Elegibles», en la que pone a
disposición el nuevo «Modulo Banco Nacional de Listas de Elegibles –
BNLE», con el fin de brindar a los usuarios del mismo, un mecanismo en el
que puedan realizar en línea el reporte de información sobre la provisión de
las vacantes definitivas de los empleos de carrera administrativa y el trámite
de solicitud de uso de las listas de elegibles.
Indicó que el 14 de enero de 2022, la CNSC, mediante oficio 2022RS001765,
dirigido al SENA, le informó que efectuado el estudio técnico que da cuenta
de la equivalencia entre empleos y acatando la orden judicial2 «Se autoriza el
uso de las listas de elegibles conformadas en el marco de la convocatoria Nro.
436 de 2017, en cumplimiento de la decisión judicial proferida por el Juzgado
Doce Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá - Sección Segunda,
para proveer treinta y ocho (38) vacantes».
Adujo que, en abril de 20223, instauró acción de tutela contra la CNSC y el
SENA para que se le nombrara en periodo de prueba haciendo uso de la lista
de elegibles con cargos declarados desiertos y no ofertados conforme con la
Ley 1960 de 2019; mecanismo que fue conocido por el Juzgado 20 de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con radicado 11001-31-87-020-
2 Hace referencia al fallo de tutela proferido por el Juzgado Doce Administrativo de Oralidad
del Circuito de Bogotá, Sección Segunda, con radicado 11001-33-42-049-2021-00042-00 del
05 de marzo de 2021.
3 Revisado el expediente, no se encontró copia de la demanda que permita establecer el día
en que se radicó.
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2022-00032-00, autoridad que el 10 de mayo de 2022, declaró improcedente
el mecanismo constitucional.
El 17 de junio de 2022, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión
Penal, revocó el fallo de primera instancia y ordenó a las demandadas
«procedan a verificar nuevamente la situación concreta del señor JAVIER
ARTURO DÍAZ y, a través de acto administrativo motivado y susceptible de
recursos, determinen si es procedente nombrarlo en algún cargo equivalente
respecto del cual concursó en la Convocatoria 436 de 2017».
Señaló que el 10 de agosto de 2022, la CNSC expidió la Resolución 10798 4,
en cumplimiento al fallo, en la que resolvió «ARTÍCULO PRIMERO. NO
AUTORIZAR el uso de la lista de elegibles conformada para el empleo
identificado con el código OPEC Nro. 59010, denominado Instructor, Código
3030, Grado 1, conforme a la parte motiva de la presente resolución» con
fundamento en que no existen vacantes del «mismo empleo» o de «cargos
equivalentes» en la planta del SENA.
En septiembre de 20225, el actor solicitó al Servicio Nacional de Aprendizaje y
a la Comisión Nacional del Servicio Civil el cumplimiento del artículo 6.º de la
Ley 1960 de 2019, la sentencia T-340 de 2020; el fallo de tutela No.
11001334204920210004200 del 5 de marzo de 2021 del Juzgado Doce
Administrativo de Bogotá, el Fallo de Tutela del 17 de junio de 2022, con
radicación 1100131870202022-00032-01 (96-22) del Tribunal Superior de
Bogotá, Sala de Decisión Penal para que:
[...].se provean todos los cargos no ofertados y ofertados con las listas de elegibles los
empleos equivalentes con la denominación de Instructor código 3010 del área temática
de finanzas que hayan sido declarados en vacancia definitiva en virtud de alguna de las
causales de retiro del servicio; o aquellos que posterior a la fecha de la convocatoria No
436 de 2017, fueron declarados en vacancia definitiva y que al momento de la apertura
de dicha convocatoria estaban provistos con personal en Provisionalidad o en encargo;
o aquellos cargos para los causales de retiro del servicio consagradas en el artículo 41
de la Ley 909 de 2004. Lo anterior con estricto apego a los parámetros consignados en
el artículo 2.2.11.2.3. del Decreto 1083 de 2015 6.
3. Trámite de la solicitud en primera instancia
Mediante auto del 17 de noviembre de 2022 el Juzgado 25 Administrativo de
Bogotá, declaró la falta de competencia para conocer del asunto de la
referencia, por cuenta del factor territorial y dispuso remitir el expediente a los
Juzgados Administrativos del circuito Judicial de Zipaquirá (reparto).
En providencia del 1.º de diciembre de 2022, el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Zipaquirá, admitió la demanda, ordenó la
4 «Por la cual se da cumplimiento al Fallo de Tutela de segunda instancia del 17 de junio de
2022 proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala de Decisión Penal, dentro del
trámite de Acción de tutela Rad. Nro. 110013187020202200032-01»
5 Revisado el escrito de constitución en renuencia, figura como fecha septiembre de 2022, sin
precisar el día.
6 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
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notificación a la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC y al Servicio
Nacional de Aprendizaje – SENA, y decretó pruebas al disponer en los
numerales 4.º y 5.º del auto admisorio que de conformidad con las facultades
oficiosas, «se modifica la solicitud probatoria del demandante» y ordenó al
SENA y a la CNSC, respectivamente que allegaran informes con los
documentos solicitados.
A través de auto de la misma fecha, consideró que no era procedente la
imposición de la medida cautelar solicitada en la demanda, en cuanto no se
evidenciaba una ostensible violación de las normas superiores en las que se
argumenta la petición.
El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá, profirió
sentencia de primera instancia el 13 de diciembre de 2022, en la que resolvió
negar las pretensiones de la demanda, decisión que fue impugnada por el
actor; recurso que fue concedido el 23 de enero de 2023.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera, Subsección C,
conoció de la impugnación y en proveído del 15 de febrero de 2023, decretó
la nulidad por falta de competencia de la sentencia del Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Zipaquirá, declaró la competencia en cabeza del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y ordenó que se asignara nuevo
radicado y se reingresara el expediente para fallo de primera instancia, para lo
cual advirtió que lo actuado en forma previa a la sentencia del juzgado
conservaría plena validez y eficacia.
El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B, autoridad judicial que, mediante auto del 9 de marzo
de 2023, admitió la demanda, ordenó la notificación a la CNSC, al SENA y al
Ministerio Público. Asimismo, el Tribunal dispuso:
CUARTO: RECHAZAR las pretensiones de cumplimiento de: i) sentencia T- 340 de 2020;
ii) sentencia de tutela proferida en el expediente N° 11001334204920210004200 del 05
de marzo de 2021 por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá, y iii)
Sentencia proferida en el expediente con radicado N° 100131870202022-00032-01 por
el Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Decisión Penal, quien revocó decisión adoptada
en primera instancia por el JUZGADO 20 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD y ordenó a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y al SERVICIO
NACIONAL DE APRENDIZAJE, de manera coordinada y dentro de la órbita de sus
competencias, verificar la situación concreta del señor JAVIER ARTURO DÍAZ y, a través
de acto administrativo motivado y susceptible de recursos, determinar si es procedente
nombrarlo en algún cargo equivalente respecto del cual concursó en la Convocatoria 436
de 2017; de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
En providencia del 9 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B negó la solicitud de medida
cautelar presentada por el actor, al advertir que no se acreditó que «i) exista
una evidente vulneración de las disposiciones normativas cuyo cumplimiento
se pretende y ii) al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable
al demandante ni que el paso del tiempo que ordinariamente se encuentra
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previsto para tramitar y fallar el medio de control incoado implique la pérdida
de expectativas del demandante».
4. Contestación de la demanda
4.1. Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
El apoderado judicial solicitó que se declarara la improcedencia de la acción
al estimar que el actor tenía otro instrumento judicial para lograr el efectivo
acatamiento de la norma o acto administrativo demandado en cumplimiento.
Indicó que no es cierto como lo manifiesta el demandante que no se le dio la
posibilidad de hacer uso de la lista de elegibles, la realidad es que no existen
vacantes para tal fin.
Adujo que la acción de cumplimiento no es el mecanismo idóneo para debatir
las inconformidades del actor, pues para eso existen los medios de control
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Precisó que, como resultado de la convocatoria 436 de 2017 para proveer
definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal perteneciente
al SENA, la CNSC, por medio de la Resolución CNSC – 20182120190735 del
24 de diciembre de 2018 conformó la lista de elegibles para proveer dos
vacantes del empleo de carrera administrativa identificado con el código OPEC
No 59010 denominado Instructor código 3010 grado 1, en la cual el actor ocupó
el cuarto puesto con un puntaje de 65.55.
Señaló que según el numeral 4.º del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, la lista
de elegibles tendría una vigencia de dos años, contados a partir de la fecha de
su firmeza.
Indicó que el accionante interpuso acción de tutela contra el SENA y la CNSC,
con el Radicado No. 2022-0032-01, en la que el 17 de junio de 2022, el
Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, tuteló los derechos fundamentales
del accionante y revocó la sentencia de primera instancia proferida por el
Juzgado Veinte de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del 10 de
mayo de 2022, para en su lugar, ordenar a la CNSC y al SENA que de manera
coordinada dentro de la órbita de sus competencias «procedan a verificar
nuevamente la situación concreta del señor JAVIER ARTURO DÍAZ y, a través
de acto administrativo motivado y susceptible de recursos, determinen si es
procedente nombrarlo en algún cargo equivalente respecto del cual concursó
en la Convocatoria 436 de 2017».
Manifestó que, con el objetivo de dar cumplimiento a la orden judicial impartida,
el SENA allegó a la CNSC el estudio de equivalencia en el que señaló:
[...] teniendo en cuenta el estado actual de la planta de personal y los perfiles de los
empleos reportados desde las Subdirecciones de Centro al Grupo de Relaciones
Laborales, las vacantes que se relacionan a continuación son equivalentes al cargo en el
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cual se postuló el accionante en la Convocatoria No.436 de 2017, siendo reportadas ante
la CNSC mediante el oficio No. 2021RE018008 de 2021 y registradas en el aplicativo
SIMO con el código OPEC 158844.
1. Instructor Grado 01. Huila-Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del
Huila.
2. Instructor Grado 01. Atlántico- Centro de Comercio y Servicios.
3. Instructor Grado 01. Antioquia- Centro de Comercio.
De conformidad con este reporte, la CNSC a través del oficio con radicado No.
2022RS003437 de 2022 emitió la autorización para el uso de las listas de elegibles de la
Convocatoria No. 436 de 2017.
Por consiguiente, las plazas reportadas están siendo provistas con la vinculación de los
siguientes elegibles:
Destacó que, con fundamento en lo anterior, se evidencia que el SENA ha
cumplido con lo ordenado en el fallo de tutela.
Sostuvo que, con la expedición del Criterio Unificado del 16 de enero de 2020,
la CNSC estableció los parámetros para el uso de las listas de elegibles
conformadas dentro de los procesos de selección aprobados con anterioridad
al 27 de junio de 2019, en aras de realizar la provisión de aquellas vacantes
definitivas que no hicieron parte de la oferta pública de empleos. Por tal razón,
este Criterio Unificado es aplicable a las listas de elegibles constituidas dentro
la Convocatoria No. 436 de 2017, ya que este proceso inició el 24 de julio de
2017 con la expedición del Acuerdo No. 20171000000116 de 2017.
No obstante, resaltó que en «el presente caso tal como se ha mencionado se
solicitó la autorización de la lista de elegibles y las mismas fueron autorizadas
y conformadas, sin embargo, para el caso en específico, el accionante no
alcanzo a lograr la posición meritoria para ser nombrado y en la actualidad no
existe vacante alguna».
4.2. Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica manifestó que se opone a la prosperidad
de las pretensiones.
Precisó que debe tenerse en cuenta que este tipo de acción no está prevista
para reconocer o no un derecho que pueda asistirle a quien la promueve, toda
vez que ese análisis está reservado a otros escenarios procesales, la finalidad
de este mecanismo constitucional es hacer cumplir el ordenamiento jurídico
existente que debe ser preciso, imperativo e inobjetable.
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Adujo que la acción de cumplimiento es un mecanismo subsidiario y residual,
que solo procede cuando no haya otro medio de defensa judicial para lograr
que la autoridad acate el deber omitido.
Sostuvo que, en el presente asunto, al actor cuenta con otros medios de
defensa diferentes a este mecanismo constitucional para controvertir los actos
administrativos que considera vulneran sus derechos, así como de la solicitud
de suspensión provisional conforme con el artículo 229 y siguientes del
CPACA, medidas que resultan idóneas para evitar el alegado perjuicio
irremediable.
Indicó que la CNSC adelantó el concurso abierto de méritos para proveer las
vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la
planta de personal del SENA; proceso que se identificó como “Convocatoria
No. 436 de 2017 – SENA” a través del Acuerdo 20171000000116 del 24 de
julio de 2017, modificado por los Acuerdos 20171000000146 del 05 de
septiembre de 2017, 20171000000156 del 19 de octubre de 2017 y
20181000000876 del 19 de enero de 2018 y aclarado por el Acuerdo
20181000001006 del 08 de junio de 2018.
Manifestó que en efecto el accionante se inscribió al proceso de selección para
el empleo denominado Instructor, código 3010, grado 1, correspondiente al
área temática de «CONTABILIDAD» identificado con código de OPEC
No.59010, ocupando la posición cuatro en la lista de elegibles, adoptada
mediante Resolución CNSC 20182120193735 del 21 de diciembre de 2018,
para proveer dos vacantes al cargo identificado con el código OPEC No 59010
denominado Instructor código 3010 grado 1, acto administrativo que fue
publicado el 4 de enero de 2019 y cobró firmeza el 21 de septiembre de 2020,
por tanto, su vigencia fue hasta el 20 de septiembre de 2022.
Resaltó que el señor Javier Arturo Díaz no alcanzó el puntaje requerido para
ocupar la posición meritoria en la lista de elegibles para proveer el empleo para
el que concursó, según el número de vacantes ofertadas.
Señaló que las listas de elegibles conformadas por la CNSC y aquellas que
fueron expedidas en el marco de los procesos de selección aprobados con
anterioridad al 27 de junio de 2019, debían usarse durante su vigencia para
proveer las vacantes de los empleos que integraron Ia Oferta Pública de
Empleos de Carrera -OPEC- de Ia respectiva convocatoria y para cubrir
nuevas vacantes que se generen con posterioridad y que correspondan a los
«mismos empleos» entiéndase, con igual denominación, código, grado,
asignación básica mensual, propósito, funciones, ubicación geográfica y
mismo grupo de aspirantes; criterios con los que en el proceso de selección
se identifica el empleo con un número de OPEC.
Precisó que, para la convocatoria 436 de 2017 – SENA no le es aplicable la
Ley 1960 de 2019 de manera retrospectiva, en razón a que el proceso de
selección inició con anterioridad a la expedición de la citada norma.
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Adujo que solicitó al SENA un estudio en el que se indicaran los empleos
equivalentes existentes en su planta de personal, que no hubieren hecho
parte de la convocatoria No. 436 de 2017 versus aquellos que fueron
ofertados en el proceso de selección y sobre los cuales se conformó lista
individual de elegibles, frente a lo cual el SENA:
[N]o reportó ningún empleo que resultara equivalente [...] pese a que la denominación
sea Instructor, Código 3010, Grado 1, no todos los empleos de esta denominación y
grado en la Convocatoria No 436 de 2016-SENA cuentan con las mismas características,
por cuanto varían de denominación, código, grado, asignación básica mensual,
propósito, funciones, ubicación geográfica y grupo de aspirantes; razón por la cual el
proceso de selección identificó cada empleo con un número de OPEC.
Señaló que con la pérdida de vigencia de la lista individual se pierde el efecto
para la cual fue conformada, frente al cual, se podría haber usado para
proveer las vacantes que surgieron durante el término de vigencia de la lista,
esto es dentro de los dos años, contados a partir de la fecha de su firmeza,
término durante el cual quien se encuentre en ella, ostentará la condición de
elegible.
Sostuvo que las listas de elegibles derivadas de la convocatoria 436 de 2017,
las cuales fueron aprobadas antes de entrar en vigencia de la Ley 1960 de
2019, solo pueden ser utilizadas para proveer vacantes de los empleos
ofertados en el mencionado proceso de selección, o para cubrir nuevas
vacantes de los «mismos empleos».
Resaltó que la posición de la Corte Constitucional en la sentencia T-340 de
2020, fue respecto de una persona en particular que no hizo parte de la
convocatoria No. 436 de 2017-SENA, sino frente a la convocatoria No. 433 de
2016 en relación con empleos vacantes pertenecientes al Sistema General
de Carrera Administrativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; por
tanto esa providencia goza del efecto inter partes y no es vinculante para
terceros que no integraron el trámite constitucional.
5. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B,
mediante sentencia del 21 de abril de 2023, declaró la improcedencia de la
acción, al encontrar que el accionante cuenta con otros medios ordinarios,
teniendo en cuenta que lo perseguido es cuestionar la legalidad de la
Resolución 10798 del 10 de agosto de 2022, mediante la cual la CNSC dispuso
negar su nombramiento porque no existen cargos equivalentes al que se
presentó. Al respecto, precisó:
En esa medida, cuenta el demandante con los medios ordinarios previstos en el artículo
137 y 138 de la Ley 1437 de 2011 para resolver este tipo de controversias, en el marco
de las cuales el juez natural a través de un nutrido debate probatorio determinará si el
acto administrativo debe ser retirado del ordenamiento jurídico o si por el contrario debe
permanecer por ser legalmente proferido.
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6. La impugnación7
El actor adujo que no comparte la decisión del Tribunal que declaró la
improcedencia de la acción, toda vez que no tuvo en cuenta «la cantidad de
cargos no ofertados que aún tiene el SENA, en encargo y provisionalidad y
que a la fecha no ha provisto definitivamente en carrera administrativa».
Señaló que a pesar de hacer uso de las acciones existentes para dar
cumplimiento a lo previsto en la convocatoria 436 de 2017, persiste la
vulneración de sus derechos, en razón a que, si hay un perjuicio irremediable,
comoquiera que:
Los cargos siempre han existido y prueba de ello, son los 190 cargos que la Procuraduría
General de la Nación, ordenó proveer, con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por
el Juzgado Doce Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá – Sección Segunda,
donde el Servició Nacional de Aprendizaje-SENA, remitió a la Comisión Nacional del
Servicio Civil – CNSC, un reporte de las vacantes generadas durante la vigencia de las
listas y con posterioridad a la conformación de Listas de Elegibles de la Convocatoria 436
de 2017; esta última, efectuó según radicados con Nos 2021RE018008 del 15 de
diciembre de 2021 y Nro. 202112110000107111 del 8 de junio de 2021, el Estudio
Técnico que daba cuenta de la equivalencia entre empleos y; en consecuencia, procedió
a acatar la orden judicial.
Indicó que se debe revisar la decisión de primera instancia, «[...] por carecer
de las condiciones necesarias a la sentencia proporcionada, teniendo en
cuenta que, se declaró improcedente la acción de cumplimiento. Además,
porque el fallo en contra mía, No se ajusta a los hechos y antecedentes que
motivaron la acción de cumplimiento ni las normas invocadas». En
consecuencia, solicitó que se ordene a las entidades demandadas:
[...] hacer USO de la lista de elegibles en estricto orden de mérito para cubrir las vacantes
con la denominación de instructor, código 3010, grado 1, área temática de contabilidad,
para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes
no convocados, que surgieron con posterioridad a la convocatoria No. 436 de 2017
entidad SENA, inaplicando Los criterios unificados respecto Al criterio unificado de Mismo
empleo al ser inconstitucionales y realizando el nombramiento de la concursante JAVIER
ARTURO DÍAZ [...].
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la
sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B según lo dispuesto en los artículos 150 y 152 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
7 La sentencia del 21 de abril de 2023 fue notificada el 4 de mayo de 2023, y el escrito de
impugnación fue radicado mediante correo electrónico del 9 de mayo de 2023, término que se
encuentra oportuno. No obstante, lo anterior, se advierte que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, profirió auto el 30 de enero de 2024, en el
que dispuso la remisión de forma inmediata el expediente al superior, para que se surtiera la
alzada, al evidenciar que por un «lapsus calami» el correo de trámite que concedió el recurso
quedó en la bandeja de envió por lo que tal actuación no ha sido gestionada a la fecha.
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(CPACA) y en el artículo trece del Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala
Plena del Consejo de Estado8.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión
adoptada por la citada corporación judicial en la sentencia del 21 de abril de
2023, que declaró la improcedencia de la acción.
3. Generalidades de la acción de cumplimiento
La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.
Con base en la regulación establecida en el artículo 87 de la Constitución y el
desarrollo previsto en la Ley 393 de 1997, dicha posibilidad opera a partir de
la orden que imparte el juez de lo contencioso administrativo a la autoridad
renuente.
Este mecanismo procesal tiene carácter subsidiario, puesto que no procede
cuando el demandante tenga a su alcance otro instrumento judicial para lograr
la efectividad de la norma legal o del acto que estima incumplidos.
Tampoco procede cuando el ejercicio del medio de control pretenda el
cumplimiento de normas legales y de actos administrativos que establezcan
gastos.
De acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta corporación, la prosperidad
de esta acción está sujeta a la observancia de los siguientes presupuestos: (i)
que el deber jurídico cuya observancia se exige esté consignado en normas
con fuerza de ley o en actos administrativos; (ii) que el mandato, la orden, el
deber, la obligatoriedad o la imposición esté contemplada en forma imperativa,
inobjetable y actual; (iii) que la norma esté vigente; (iv) que el deber jurídico
esté en cabeza del accionado; (v) que se acredite que la autoridad o el
particular en ejercicio de funciones públicas fue constituido en renuencia frente
al cumplimiento de la norma o acto administrativo cuyo acatamiento pretende
la demanda y (vi) que tratándose de actos administrativos no haya otro
instrumento judicial para lograr su efectivo cumplimiento, ni persiga el
cumplimiento de normas que establezcan gastos.
4. La constitución de la renuencia
En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de
constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo
8 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los
tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.
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y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro
de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud […]».
Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado
según el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de
petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el
requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»9.
Esta corporación también ha considerado que no puede tenerse por
demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en
que la solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»10.
Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como la
negativa del accionado frente al requerimiento bien porque no brinde
respuesta oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria
al querer del ciudadano11.
Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo pretendido
por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o
administrativo, cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de
la parte demandada.
Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de 1997,
el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de la parte
accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser rechazada de
plano.
El actor aportó copia de la comunicación de septiembre de 202212 en la que
solicitó al SENA y a la CNSC el cumplimiento del artículo 6.º de la Ley 1960
de 2019, la sentencia T-340 de 2020; el fallo de tutela No.
11001334204920210004200 del 5 de marzo de 2021 del Juzgado Doce
Administrativo de Bogotá, el Fallo de Tutela No 1100131870202022-00032-
01 (96-22) del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Penal para que,
se provean todos los cargos «no ofertados y ofertados» con las listas de
elegibles los empleos equivalentes con la denominación de Instructor código
3010 que hayan sido declarados en vacancia definitiva en virtud de alguna de
las causales de retiro del servicio.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de
octubre 20 de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
10 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del
expediente ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
11 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación 25000-23-41-000-2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación 15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-
00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
12 Revisado el escrito de constitución en renuencia, figura como fecha septiembre de 2022,
sin precisar el día.
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Revisado el expediente no se encontró respuesta alguna por parte de las
entidades demandadas. En consecuencia, se halla probado que la parte
accionante sí constituyó en renuencia al Servicio Nacional de Aprendizaje –
SENA y a la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, pero solo respecto
del artículo 6.º de la Ley 1960 de 2019.
De otra parte, en relación con la sentencia T-340 de 2020; los fallos de tutela
No. 11001334204920210004200 del 5 de marzo de 2021 del Juzgado Doce
Administrativo de Bogotá, y 1100131870202022-00032-01 del Tribunal
Superior de Bogotá, Sala Penal no se hará pronunciamiento al respecto, toda
vez que el Tribunal los rechazó desde el auto admisorio de la demanda.
En cuanto a la Circular Conjunta 074 de 2008 de la CNSC y de la Procuraduría
General de la Nación, se rechazará la demanda respecto de ésta, en cuanto
no fue mencionada en el escrito de renuencia.
5. Procedencia del a acción.
La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia
de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que
impone determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir,
su finalidad es que se acate el ordenamiento jurídico vigente. El demandante
invocó como disposición incumplida el artículo 6.º de Ley 1960 de 2019 que
dispone:
LEY 1960 DE 2019
Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto-ley 1567 de 1998 y se
dictan otras disposiciones.
[…]
Artículo 6°. El numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, quedará así:
“Artículo 31. El Proceso de Selección comprende:
(...)
4. Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad
contratada, por delegación de aquella, elaborará en estricto orden de mérito la lista de
elegibles que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con esta y en estricto orden de mérito
se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas
de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria
del concurso en la misma Entidad. […].
De acuerdo con lo anterior, se evidencia que la vigencia de la norma no se
advierte afectada por otra disposición normativa o decisión judicial, por lo que,
el primer requisito para la procedencia de la acción se encontraría satisfecho.
No obstante, la parte actora, con el ejercicio de este medio de control, busca
que se le ordene a las accionadas que hagan uso de la lista de elegibles en
estricto orden de mérito para cubrir las vacantes con la denominación de
instructor, código 3010, grado 1, y para las definitivas en cargos equivalentes
no convocados, que surgieron con posterioridad a la convocatoria 436 de
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2017. En consecuencia, como participó en el concurso de méritos para
acceder al cargo al que se postuló y ocupó el lugar 4, solicitó su nombramiento.
El actor pidió tener en consideración la lista de elegibles contenida en
Resolución 201872120187935 de 24 de diciembre de 2018 que, como se
aceptó e informó en este proceso, perdió vigencia el 21 de septiembre de 2022.
Por tanto, el análisis de procedencia no se limita exclusivamente al artículo
invocado, porque el objeto de discusión en este asunto parte de la utilización
del acto administrativo citado.
En ese orden, no es suficiente que el precepto legal que se dice desatendido
por las accionadas supere el juicio de procedibilidad para que esta
Corporación analice de fondo sus pedimentos. Por el contrario, es necesario
establecer si la lista de elegibles resulta ser un acto que puede ser discutido
en el curso de la presente acción constitucional.
Así las cosas, esta Sección en este tipo de casos ha determinado la
improcedencia13 dado que, el debate propuesto está ligado con el
cumplimiento del acto administrativo del 24 de diciembre de 2018, por medio
del cual la CNSC fijó la lista de elegibles y al no encontrarse vigente, no es
posible el estudio de fondo de la demanda.
Además, se advierte que existe una discusión de orden legal entre las partes
a la hora de establecer si la Ley 1960 de 2019, aplica como considera el
demandante, en la medida que se profirió cuando la Resolución
201872120187935 de 24 de diciembre de 2018 estaba en firme o si la nueva
lista que se conformó y que señaló la CNSC, en donde el actor no ocupó
puesto, es la aplicable, asunto que deviene en una controversia que escapa al
objeto de la acción y competencia del juez de cumplimiento.
En este orden de ideas, para la Sala es clara la causal de improcedencia que
impide abordar el análisis de fondo de las pretensiones del demandante. Esto
es, la discusión de orden legal existente entre las partes a la hora de establecer
la lista de elegibles al caso del actor y la divergencia en el lugar que ocupó,
asunto que debió ser zanjado por el juez de la legalidad de los actos a través
del medio de control de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho.
En consecuencia, es procedente revocar parcialmente la sentencia en el
sentido de rechazar la Circular Conjunta 074 de 2008 de la CNSC y de la
Procuraduría General de la Nación, por no agotar renuencia en debida forma
13 Puede consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio
de 2021, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación n.º 05001-23-33-000-2021-
00522-01, sentencia de 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, radicación
n.º 17001-23-33-000-2021-00078-01, sentencia de 23 de septiembre de 2021, M.P. Rocío
Araújo Oñate radicación n.º 13001-23-33-000-2021-00391-01, sentencia de 21 de diciembre
de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio radicación n.º 68001-23-33-000-2021-00745-01
y sentencia de 23 de marzo de 2023, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, radicación n.º 73001-23-
33-000-2022-00467-01.
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y confirmar la declaratoria de improcedencia del medio de control de la
referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley
FALLA
PRIMERO: Revocar parcialmente la sentencia del 21 de abril de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, en el sentido de rechazar la Circular Conjunta 074 de 2008 de
la CNSC y de la Procuraduría General de la Nación, en cuanto no se acreditó
la renuencia y confirmar la declaratoria de improcedencia de la acción.
SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el exp Segundo Administrativo
del Circuito de Zipaquirá ediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”
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