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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2023-00467-01

Fecha
14 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2023-00467-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 26 de junio de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento, para en su lugar, RECHAZAR la acción de cumplimiento promovida por la señora Nubia Fernanda de la Merced Gómez Ruiz. 9 Radicado ANTE EL Ejército Nacional el 31 siguiente. 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Nubia Fernanda de la Merced Gómez Ruiz Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicado: 25000-23-41-000-2023-00467-01 SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2023-00467-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

14 de septiembre de 2023

Demandante: Nubia Fernanda de la Merced Gómez Ruiz
Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Radicado: 25000-23-41-000-2023-00467-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00467-01
Accionante: NUBIA FERNANDA DE LA MERCED GÓMEZ RUÍZ
Accionado: MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL DE
COLOMBIA

Tema: Revoca la decisión de primera instancia, en su lugar, rechaza
la acción instaurada por no acreditarse el requisito de
constitución en renuencia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del
26 de junio de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que declaró la improcedencia de la acción de
cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de cumplimiento

1. La señora Nubia Fernanda de la Merced Gómez Ruíz, a través de apoderado
judicial, presentó acción de cumplimiento en contra del Ministerio de Defensa y el
Ejército Nacional de Colombia, con el fin de obtener, a su juicio, el acatamiento del
artículo 83 del Decreto 1211 de 19901.

1.2. Pretensiones de la demanda

2.1. Que se ordene al MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL
por conducto del Comandante de Personal, que cumpla lo dispuesto en el
artículo 83 del Decreto 1211 del 8 de junio de 1990, como norma con fuerza
material de ley, respecto del reconocimiento del subsidio familiar a la
demandante NUBIA FERNANDA DE LA MERCED GÓMEZ RUIZ, por cuanto
es ella – y no su esposo – quien tiene mayor tiempo de servicio en el Ejército
Nacional.

2.2. Que las entidades demandadas sean condenadas en los términos

1 Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Nubia Fernanda de la Merced Gómez Ruiz
Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Radicado: 25000-23-41-000-2023-00467-01

señalados en los artículos 189 y 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2.3. Que las entidades demandadas sean condenadas al pago de las costas y
gastos del proceso.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

2. La demandante pertenece al Ejército Nacional, institución en la que obtuvo el grado
de Subteniente por Resolución N.º 2479 de abril 1 de 2008. En el año 2011, contrajo
matrimonio con Jhon Fredy Rincón Morantes, también miembro de la referida
institución militar, en el grado de Subteniente.

3. Con ocasión del matrimonio, al señor Rincón Montes le fue reconocido el 30% del
subsidio familiar, adicionalmente el aumento del 5 % por el nacimiento de la primera
hija y el 4 % por la segunda, completando el 39 %, límite del subsidio familiar.

4. En el año 2011, Rincón Montes solicitó la subrogación de dicho subsidio a su
cónyuge, según lo dispuesto en el artículo 83 del Decreto 1211 de 1990, la que fue
negada en febrero de 2022. A pesar de lo anterior, reiteró su intensión en los meses
de marzo y mayo del mismo año, requerimientos que fueron negados en Oficio del 23
de junio siguiente.

1.4. Actuaciones procesales relevantes

5. Mediante auto del 13 de abril de 2023, el magistrado ponente del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca inadmitió la demanda y le ordenó a la accionante
corregirla, para que indicara i) el lugar de residencia de quien instaura la acción, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.º del artículo 10 de la Ley 393 de 1997
ii) expresamente las normas con fuerza material de ley o actos administrativos frente
a los cuales dirige su demanda, en los términos de lo dispuesto en el numeral 2.º del
artículo 10 de la mencionada Ley iii) explícitamente las autoridades o particulares
frente a los cuales dirige la demanda, y iv) aportara los documentos mediante los
cuales constituyó en renuencia a las autoridades accionadas, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 5.° del artículo 10 de la referida Ley.

6. La demandante subsanó en oportunidad, en razón a ello el 25 de abril de 2023, el
a quo admitió la demanda de cumplimiento y dispuso su notificación al Ejército
Nacional.

7. Mediante auto del 11 de mayo, se ordenó la vinculación de la Nación, Ministerio de
Defensa, en los términos del artículo 13 de la Ley 393 de 1997, para que integrara el
extremo demanda.

1.4.1. Contestación de la demanda

8. El apoderado judicial del Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, se opuso a las
pretensiones de la demanda, en síntesis señaló que su representada ha dado estricto

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cumplimiento a la norma que se exige acatar, tal como se lo informó a la demandante
en oficios del 28 de enero y 23 de junio de 2022, en los que le indicó la imposibilidad
de acceder a su solicitud, ya que los derechos pretendidos eran de carácter
irrenunciable y por tanto, no podían trasladarse de un cónyuge a otro.

9. Advirtió que no vulneró ningún derecho de orden constitucional, convencional,
legal o jurisprudencial, por lo que la acción no tenía vocación de prosperidad.

1.4.2. Fallo de primera instancia

10. Mediante sentencia del 26 de junio de 2023, la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la improcedencia de la
acción, toda vez que las pretensiones propuestas deben promoverse a través del
medio de control nulidad y restablecimiento del derecho, es decir, no se cumplió con
el requisito de subsidiariedad.

11. En ese contexto, el a quo explicó que no se persigue el acatamiento de una
norma, sino el reconocimiento de un interés particular y concreto. Señaló que en el
evento de no ser así, las pretensiones tampoco tendrían vocación de prosperidad
como quiera que el artículo 83 del Decreto 1211 de 1990 no incluye deberes que
lleven implícitos un mandato perentorio, directo y exigible, respecto de una autoridad,
sino que contempla una prohibición general para reconocer un doble subsidio familiar
a favor de oficiales y suboficiales que presten sus servicios y hubieren contraído
matrimonio, así como los requisitos para que uno de ellos acceda a su
reconocimiento.

1.4.3. Impugnación

12. Para la parte actora, su pretensión principal responde al cumplimiento de un
contenido normativo que tiene fuerza material de ley, inobjetable, preciso y exigible y
no el reconocimiento de un derecho subjetivo. Advierte que la señora Gómez Ruíz,
frente a la norma demandada, ya tiene un derecho, que no esta en discusión, que lo
pretendido es que se acate la norma que le reconoce un derecho en una situación
particular.

13. A su juicio, no hay litigio alguno entre los dos oficiales al servicio del Ministerio de
Defensa, Ejército Nacional frente al subsidio familiar, como tampoco con la misma
parte demandada, el asunto es que esta última se ha negado a cumplir el artículo 83
del Decreto 1211 de 1990, norma que no merece interpretación.

14. Así mismo consideró que, la norma cuyo cumplimiento se reclama contiene un
mandato perentorio, directo y exigible, para el Ministerio de Defensa y las instituciones
que lo agrupan, esto es, el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea.

15. Aseguró que la situación contenida en la norma es que cuando existan dos
personas al servicio del Ministerio de Defensa Nacional que tengan derecho al pago
del subsidio familiar, y que tengan relación marital, además de cumplirse con la

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prohibición del pago de doble subsidio familiar, indica quién tiene derecho a percibirlo,
determinando la fórmula para ello2. Que es claro cuál es la entidad que debe cumplir
el mandato -Ministerio de Defensa Nacional-.

16. Refirió que al cumplir la norma, la parte demandada no incurriría en gasto alguno,
por cuanto el subsidio familiar al que tienen derecho los esposos Rincón Morantes-
Gómez Ruíz, ya se viene pagando con anterioridad, y el cumplir con la norma no
conlleva el pago de un mayor valor o una situación de retroactividad.

17. Finalmente, indica que no cuenta con otro medio de control, por cuanto ya
acudieron a la acción de tutela, que les fue negada por improcedente, en la medida
que existía «este mecanismo constitucional que hoy también está siendo declarada
como improcedente» y que no es el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho el llamado a resolver su pedido.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

18. Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia del 26 de junio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo establecido en los artículos
3.º de la Ley 393 de 19973, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 20114, y el Acuerdo
080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece
la competencia de la Sección Quinta de la corporación para conocer de las
«apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por
los Tribunales Administrativos en primera instancia en lasacciones de cumplimiento».

2.2. Problemas jurídicos a resolver en la presente acción de cumplimiento

19. Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia del
26 de junio de 2023 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró la
improcedencia de la acción de cumplimiento, para lo cual se resolverá el siguiente
problema jurídico:

20. ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia del Ministerio de
Defensa, Ejército Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley
393 de 1997?

2
Transcribe la norma
3
“ARTÍCULO 3o. COMPETENCIA. De las acciones dirigidas al cumplimiento de normas con fuerza material de Ley o Acto
Administrativo, conocerán en primera instancia los Jueces Administrativos con competencia en el domicilio del accionante. En
segunda instancia será competente el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento al cual pertenezca el Juzgado
Administrativo. PARÁGRAFO. Las Acciones de Cumplimiento de que conozca el Consejo de Estado, serán resueltas por la
sección o subsección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la cual haga parte el Consejero a quien corresponda en
reparto. Su trámite se hará a través de la correspondiente Secretaría. El reparto se efectuará por el presidente de la Corporación,
entre todos los Magistrados que conforman la Sala de lo Contencioso Administrativo, en forma igualitaria.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Mientras entran en funcionamiento los Jueces Administrativos,
la competencia en primera instancia se radicará en los Tribunales Contenciosos Administrativos y la segunda en el Consejo de
Estado tratándose de acciones dirigidas al cumplimiento deun Acto Administrativo.”
4
Modificado por la Ley 2080 de 2021.

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21. De ser afirmativa la respuesta, ¿Hay lugar a ordenar a la autoridad accionada
el cumplimiento del artículo 83 del Decreto 1211 de 1990?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

22. Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) naturaleza de la acción de cumplimiento; (ii) requisito de procedibilidad;y (iii)
análisis del caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

23. La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política; como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir ante la autoridad
judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En
caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el
cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.° de la Ley 393 de
1997 precisa que, «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en
esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza
material de Ley o actos administrativos».

24. Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esencialesestá
el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en
la Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado, logrando la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

25. De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado
para demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas,
ante el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material de
ley y de los actos administrativos.

26. Como lo señaló la Corte Constitucional «el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido
por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la
referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes
y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares
del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden
jurídico, social y económico justo»5 (Subrayado por fuera del texto).

5
Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.

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27. Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes requisitos
mínimos:

a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en
normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos
vigentes (art. 1.º)6.

b. Que el mandato sea imperativo e inobjetable, y que esté radicado en
cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de
funciones públicas que deba cumplir; y frente a los cuales se haya
dirigido la acción de cumplimiento.

c. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por
acciónu omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que
permitan deducir su inminente incumplimiento (art. 8.º).

d. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de
este requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente
peligro de sufrir un perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser
sustentado en la demanda.

e. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento
judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o
administrativo omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se
produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción,
circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto, es
improcedente la acción que persigue la protección de derechos que
puedan ser garantizados a través de la acción de tutela; o se pretenda
el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración
(art. 9.º).

2.3.2. De la renuencia

28. El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de
esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de
haber pedido a las entidades accionadas en forma directa y con anterioridad al
ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo presuntamente
desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el
incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud; de esta manera, quedará
acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá

6
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagranprincipios y
directrices.

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ejercer la acción de cumplimiento.

29. Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su cargade
probar que constituyó en renuencia a la accionada, antes de instaurar la demanda.

30. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en
cuenta, como lo ha señalado la Sala, que, «el reclamo en tal sentido no es un
simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito
de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»7.

31. En el presente asunto, la parte actora reclama el cumplimiento del artículo 83 del
Decreto 1211 de 1990, que textualmente señala:

ARTÍCULO 83. Prohibición pago doble subsidio familiar. En ningún caso habrá
lugar al reconocimiento de doble subsidio familiar. Cuando el cónyuge del Oficial o
Suboficial preste sus servicios en el Ministerio de Defensa el subsidio familiar se
reconoce al cónyuge que perciba mayor asignación básica, si ésta fuere igual, recibirá
el subsidio quien acredite mayor tiempo de servicio al Ministerio de Defensa.

PARÁGRAFO . El Oficial o Suboficial cuyo cónyuge preste servicio en otra entidad
oficial, para tener derecho al subsidio familiar pagado por el Ministerio de Defensa, deber
acreditar que su cónyuge ha renunciado a dicha prestación en la entidad en donde
trabaja, mediante certificación expedida por esta última.

32. Según la información contenida en la demanda la constitución de renuencia la
configura el «oficio 2022313001369891 del 23 de junio de 2022 suscrito por el TC.
JAISON LEONARDO GÓMEZ PÉREZ - Oficial Sección Ejecución Presupuestal DIPER
del Ejército Nacional, en respuesta a petición anterior, negando la solicitud de
subrogación del subsidio familiar».

33. No obstante, dicho documento no fue allegado con la misma. Razón por la que el
a quo mediante auto del 13 de abril de 2023, la inadmitió y entre otras, requirió a la
accionante para que aportara los documentos mediante los cuales constituyó en
renuencia a las autoridades accionadas.

34. Para cumplir con lo ordenado en el mencionado auto, allegó derecho de petición
del 29 de mayo de 2022, dirigido al director del personal del Ejercito Nacional, radicado
con el número 2022301000979632.

35. Revisado el expediente, se tiene que, el Oficio refiere a la respuesta a las
solicitudes 2022301000577592 y 2022301000979632, en el que textualmente se
indica:

Atendiendo a las solicitudes del asunto, que tiene como pretensión principal le
sea reconocido el subsidio familiar, en consideración a la solicitud de
subrogación de subsidio familiar a su cónyuge, para continuar percibiendo esta
acreencia, me permito dar respuesta en los siguientes términos:

7
Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Tal como se le indico en la respuesta otorgada anteriormente mediante radicado
2022311000138451 fechado 26 de enero de 2022.

En tanto, es necesario aclarar, que, si bien es cierto, en este caso los cónyuges
prestan sus servicios a la institución, no es menos cierto que las prestaciones y
salarios percibidos por cada uno son de carácter personal e irrenunciable,
enmarcados por la normatividad castrense, al respecto la corte constitucional
(sic), en sentencia T-592 del 2009 hace los siguientes comentarios sobre el tema:
[…]

En ese orden de ideas, el subsidio familiar no podrá salir de su nómina y verse
reflejado en la de su cónyuge, puesto que el mismo fue reconocido en su
oportunidad con el lleno de los requisitos al que presentó y solicitó ante la
administración, en ese orden de ideas la Sección de Ejecución Presupuestal
efectuó la verificación dentro del expediente laboral haciendo cruce de
información respecto al reconocimiento de subsidio familiar donde se encontró
solicitud de fecha 09 de septiembre de 2011 elevada por usted en el grado de
subteniente donde allega copia del registro civil de matrimonio serial No.
5902129, de igual forma se encontró también solicitud por nacimiento de hijo de
fecha 29 de julio de 2014, en el que allega el registro civil de nacimiento No.
1019608521.

Por otro lado, atendiendo lo expuesto en su escrito cuando aduce “…En ese
entonces me reconocieron con los documentos aportados el subsidio familiar
sin inconveniente alguno, no manifestaron en ninguno de sus partes informo (sic)
que su cónyuge la señora GOMEZ RUIZ NUBIA FERNANDA fuere o
perteneciere a otra Fuerza, lo cual conllevó a que se efectuara dicho
reconocimiento no obstante el desconocimiento de la norma no exime de
responsabilidad alguna, no siendo esta la excepción, principios rectores del
derecho.

De acuerdo con lo anterior la exigencia ordenada no obedece a un capricho de
la administración sino al deber de cumplimiento de la normatividad, que si bien
es clara, también lo es que para el caso puntual y para la fecha en que se efectuó
dicho reconocimiento en forma voluntaria manifestó bajo la gravedad de
juramento que todos los datos eran veraces y que no hay lugar a error alguno,
sin embargo aun cuando contrajo nupcias con otro miembro de la misma fuerza
no informó de dicha condición.

Se hace necesario, hacer la salvedad que, en ningún caso, la subrogación se
hace a capricho o voluntad de la administración, sino obedece a los requisitos
anteriormente descritos, pese que para el caso puntual si bien desde el ingreso
al escalafón como Oficial cuerpo administrativo era conocedor de los
procedimientos y de la normatividad aplicable, es así que han pasado
aproximadamente 11 años y solo hasta la fecha pone en conocimiento la
situación particular que se evidencia al interior de su núcleo familiar.

Ahora bien, es de tener en cuenta que en este estado primo la voluntad del
funcionario quien en su momento se hizo acreedor al citado beneficio, siendo
menester que no hay lugar a subrogar el derecho que adquirió el señor Mayor
JHON FREDY RINCON a favor de la señora Mayor NUBIA FERNANDA DE LA
MERCED GOMEZ RUIZ. […] »8.

36. Así mismo, se encuentra comunicación del 15 de febrero de 2022 suscrita por el

8 Se transcribe con posibles errores ortográficos.

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cónyuge de quien hoy funge como demandante, dirigida al Director de Personal del
Ejército Nacional, en la que señala que cumpliendo lo dispuesto en el artículo 83 del
Decreto 1211 de 1990 «renuncio, transfiero libre y voluntariamente al subsidio familiar
con el único fin de subrogarlo a mi esposa Nubia Fernanda de la merced (sic) Gómez
Ruiz, ya que ella tiene un tiempo de servicio mayor al mío […]».

37. Sin embargo, no reposa en el plenario prueba de que la señora Gómez Ruiz haya
pedido o reclamado al Ministerio de Defensa Ejército Nacional, un deber objetivo a su
cargo, o el incumplimiento de la norma que reclama, como si lo hizo en la demanda al
proponer las siguientes pretensiones:

Que se ordene al MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL por
conducto del Comandante de Personal, que cumpla con los dispuesto en el artículo
83 del Decreto 1211 del 8 de junio de 1990, como norma con fuerza material de ley,
respecto del reconocimiento del subsidio familiar a la demandante NUBIA
FERNANDA DE LA MERCED GÓMEZ RUIZ, por cuanto es ella – y no su esposo-
quien tiene mayor tiempo de servicio en el Ejército Nacional.

38. De lo anterior se colige que es Jhon Fredy Rincón Morantes, cónyuge de la señora
Nubia Fernanda de la Merced Gómez Ruiz, la persona que ha solicitado subrogar el
subsidio familiar del cual es beneficiario, pero se insiste, no obra constancia de que la
actora haya constituido en renuencia al extremo demandado, pues si bien es cierto
obra derecho de petición del 299 de mayo de 2022, signado por aquella, realmente lo
que allí se requiere es por una parte, la respuesta a una solicitud previa que no fue
aportada y por otra el reconocimiento de un derecho particular y concreto. Sin que se
reclamara como incumplida la norma invocada, por tanto dicho escrito, no cumple con
las características de la constitución en renuencia.

39. Recuérdese que la renuencia no se agota con una simple petición, sino con una
solicitud expresa dirigida a hacer cumplir el requisito previsto como de procedibilidad
para esta acción, que tal como se indica, no se encuentra en las presentes diligencias.

40. Así las cosas, en el presente asunto se debe revocar la decisión objeto de revisión,
que declaró la improcedencia de la acción para en su lugar, rechazar la demanda por
no cumplirse el requisito de procedibilidad exigido por la ley.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 26 de junio de 2023, proferida por la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento, para en su lugar,
RECHAZAR la acción de cumplimiento promovida por la señora Nubia Fernanda de
la Merced Gómez Ruiz.

9 Radicado ANTE EL Ejército Nacional el 31 siguiente.

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Nubia Fernanda de la Merced Gómez Ruiz
Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Radicado: 25000-23-41-000-2023-00467-01

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364de 2012.

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