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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2023-01633-02

Fecha
10 de julio de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2023-01633-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A el 8 de mayo de 2025, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD del formulario E-26 ALC del 3 de noviembre de 2023, por medio del cual se declaró la elección del señor Yosimar Reyes Acevedo 48 Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Quinta. Sentencia del 20 de marzo de 2025. MP Omar Joaquín Barreto Suárez. Radicación: 85001-23-33-000-2023-00131-02. 49 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP: Pedro Pablo Vanegas Gil, sentencia del 22 de agosto de 2024, Radicación: 68001-23- 33-000-2023-00754-01. 50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto del 9 de mayo de 2024, Rad. 68001-23-33-000- 2024-00010-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 13 www.consejodeestado.gov.co Demandantes: Kirsty Yireh Villalba Piriachi y Otra Demandado: Yosimar Reyes Acevedo, alcalde del municipio de Villeta (Cundinamarca) periodo 2024-2027 Radicación: 25000-23-41-000-2023-01633-02 (Principal) como alcalde del municipio de Villeta (Cundinamarca) para el periodo constitucional 2024-2027. TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 25000-23-41-000-2023-01633-02

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

10 de julio de 2025

Demandantes: Kirsty Yireh Villalba Piriachi y Otra
Demandado: Yosimar Reyes Acevedo,
alcalde del municipio de Villeta (Cundinamarca) periodo 2024-2027
Radicación: 25000-23-41-000-2023-01633-02 (Principal)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 25000-23-41-000-2023-01633-02 (Principal)
25000-23-41-000-2023-01686-00 (Acumulado)
Demandantes: Kirsty Yireh Villalba Piriachi y Lizeth Giovanna Tello Camargo
Demandado: Yosimar Reyes Acevedo, como alcalde del municipio de
Villeta (Cundinamarca) periodo 2024-2027

Tema: Inhabilidad para ser alcalde - artículo 95 numeral 3 de la Ley
136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de
2000 – Celebración de contrato.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante Kirsty
Yireh Villalba Piriachi contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, el 8 de mayo de 2025, mediante la cual
negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demandas

1. Las señoras Kirsty Yireh Villalba Piriachi y Lizeth Giovanna Tello Camargo, actuando
en nombre propio y en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 139 de la
Ley 1437 del 2011, presentaron demandas el 5 y el 13 de diciembre de 20231 en las
que solicitaron la nulidad del formulario E-26 ALC del 3 de noviembre de la misma
anualidad, por medio del cual se declaró la elección del señor Yosimar Reyes Acevedo
como alcalde del municipio de Villeta (Cundinamarca) para el periodo constitucional
2024-20272.

1.2. Hechos

2. Las demandantes, en similares términos sostuvieron lo siguiente:

3. El señor Yosimar Reyes Acevedo, inscribió su candidatura a la Alcaldía de Villeta
(Cundinamarca) el 28 de julio de 2023 con el aval de la coalición «VILLETA, UN
PRESENTE LLENO DE FUTURO», conformada por los partidos de la Unión Nacional,
Cambio Radical, Ecologista Colombiano y Demócrata Colombiano.
1
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «004_ALDESPACHOPORREPARTO_04CORREO_RADICACION» y
«004_ALDESPACHOPORREPARTO_04CORREO_RADICACION», respectivamente.
2
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «001_ED_01DEMANDA05122023_16» y «001_ED_01DEMANDA13122023_16»,
respectivamente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 1
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Demandantes: Kirsty Yireh Villalba Piriachi y Otra
Demandado: Yosimar Reyes Acevedo,
alcalde del municipio de Villeta (Cundinamarca) periodo 2024-2027
Radicación: 25000-23-41-000-2023-01633-02 (Principal)

4. El 28 de octubre de 2023 tuvieron lugar las elecciones territoriales, en las cuales
resultó elegido el señor Yosimar Reyes Acevedo como alcalde de Villeta
(Cundinamarca), declarado así por la Comisión Escrutadora Municipal mediante el
formulario E26-ALC del 3 de noviembre de 2023, para el período constitucional 2024-
2027.

5. El demandado es socio, accionista, representante legal y gerente de la Sociedad
«DEPÓSITO Y FERRETERÍA DONDE YOSIMAR S.A.S.» y como tal, el 24 de febrero de
2023 suscribió el contrato de suministro 2 de 2023 con la «INSTITUCIÓN EDUCATIVA
DEPARTAMENTAL I.E.D. – INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN SOCIAL DE VILLETA»,
cuyo objeto consistió en el «SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA
REALIZAR MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN Y SUS DIFERENTES SEDES», el cual
fue ejecutado en el municipio de Villeta (Cundinamarca) desde el 24 de febrero de 2023
hasta el 24 de junio del mismo año.

6. Por lo expuesto, el señor Yosimar Reyes Acevedo se encuentra incurso en la causal
de inhabilidad descrita en el artículo 37.3 de la Ley 617 de 2000, toda vez que celebró
un contrato con una entidad pública del orden departamental, dentro del año anterior a
su elección como alcalde municipal de Villeta (Cundinamarca).

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

7. Señalaron como vulnerados los artículos 1, 2, 13, 29, 40 y 209 de la Constitución
Política; 275.5 de la Ley 1437 de 2011; 95.3 de la Ley 136 de 1994 y 37.3 de la Ley 617
de 2000.

8. Indicaron que es inaceptable que en el ejercicio electoral donde el Estado propende
por facilitar la participación política y democrática de sus habitantes en igualdad de
condiciones, se dé vía libre para que personas como el demandado se inscriba como
candidato y sea elegido alcalde estando incurso en la causal de inhabilidad por celebrar
contratos con entidades públicas, con ejecución en el municipio de Villeta
(Cundinamarca) dentro del año anterior a la elección realizada el 29 de octubre de
2023, generando condiciones desiguales en los demás candidatos que cumplían con
los requisitos para ser partícipes de la contienda electoral.

9. Que el demandado está inmerso en la causal de anulación electoral consagrada en
el artículo 275.5 de la Ley 1437 de 2011, porque celebró el Contrato 002 del 24 de
febrero de 2023, como representante legal de la sociedad «DEPOSITO Y FERRETERIA
DONDE YOSIMAR S.A.S.» (sic), con una entidad pública del nivel departamental como es
la «INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN
SOCIAL DE VILLETA CUNDINAMARCA» (sic), razón por la que debe declararse nula su
elección.

1.4. Trámite procesal de primera instancia

10. Mediante providencias del 12 de diciembre de 2023 y 18 de enero de 20243, se
admitieron las demandas y se negaron las medidas cautelares de suspensión

3
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 – Radicado: 2023-01633-00 «006_AUTOADMITEDEMANDA» y Radicado: 2023-01686-
00 «008_AUTOADMITEDEMANDA», respectivamente.
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Demandantes: Kirsty Yireh Villalba Piriachi y Otra
Demandado: Yosimar Reyes Acevedo,
alcalde del municipio de Villeta (Cundinamarca) periodo 2024-2027
Radicación: 25000-23-41-000-2023-01633-02 (Principal)

provisional invocadas4; se dispuso su notificación al demandado, al Ministerio Público, a
la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

11. Surtidas las notificaciones de rigor, el demandado, la Registraduría Nacional del
Estado Civil, y el Consejo Nacional Electoral, se pronunciaron en los siguientes
términos:

11.1. El demandado5, a través de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la
demanda, ya que aunque el señor Yosimar Reyes Acevedo es representante legal de la
persona jurídica indicada, su conducta no se adecúa a la causal de inhabilidad citada,
toda vez que no se configuran los elementos axiológicos de la misma, por lo que no son
procedentes las declaraciones y condenas que se persiguen en las demandas, pues no
existe vulneración de las finalidades del régimen de inhabilidades y tampoco se cumple
con el requisito de la subjetividad.

11.2. Dijo que el negocio jurídico se trató de un contrato de compraventa de algunos
elementos de ferretería que fue enviado por la Institución Educativa para su firma, pero
el demandado no participó en ningún proceso de negociación, acercamientos o
tratativas ni privadas ni públicas, ni se suscribió en algún evento público; los elementos
contratados tampoco se entregaron ante los votantes o delante de directivos,
profesores, estudiantes, padres de familia y/o egresados, sino que se trató de múltiples
entregas privadas a solicitud de la entidad en diversas partes y sin que la comunidad
educativa se entrara del contrato.

11.3. Trajo a colación distintas providencias de esta corporación y de la Corte
Constitucional6, para indicar que la inhabilidad alegada no puede ser aplicada sin
establecer si los contratos involucrados son de aquellos por medio de los cuales la
administración ofrece, en igualdad de condiciones, a todos los ciudadanos y personas,
un determinado bien o servicio en desarrollo de sus funciones constitucionales y
legales.

11.4. Indicó que la causal de inhabilidad invocada es de interpretación restrictiva y
atendiendo a los principios «pro libertatis, pro persona o pro homine» y que se trató
simplemente de un contrato de venta correspondiente al giro ordinario de los negocios
de la sociedad y de responder «…sencilla y únicamente al suministro de unos pocos ladrillos,
bloques, cemento, varilla, alambre, pintura, interruptores, cables, codos, tubos, cinta,
limpiadores, chazos, lijas, pegante, arena y tornillos», puede concluirse que los elementos
vendidos fueron ínfimos, de cara a la magnitud de la infraestructura educativa; la
entrega no se realizó en eventos públicos, ni se hizo a la comunidad directamente; no
4
Ambas decisiones consideraron que «…la solicitud de medida no conllevan a la Sala al convencimiento de que no decretar la
medida sería una opción más gravosa al interés general, tampoco se brindaron argumentos que evidencien la necesidad de que la
medida sea decretada desde la admisión del medio de control, pues se reitera, el debate es de rango legal y por tanto será la
sentencia en donde se estudien dichos argumentos para lograr identificar si se desvirtúa o no, la presunción de legalidad del acto
administrativo demandado.». Además, «…requiere de la conformación del contradictorio y trabar la relación jurídico procesal con las
partes implicadas, para con ello determinar si efectivamente el acto administrativo demandado es nulo.».
5
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 – Radicado: 2023-01633-00 «008_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda» y Radicado:
2023-01686-00 «018RECIBEMEMORIAL_15CONTESTAYOSIMARREY».
6
Citó, entre otras: CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA. Consejero
ponente: C.E.M. RUBIO. Bogotá, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 27001-23-33-000-2019-
00067-01 // CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA. Consejero ponente:
C.E.M. RUBIO. Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 25000-23-41-000-
2015-02709-01 // CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA. Consejero
ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO. Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil diecinueve (2019). Radicación número:
13001-23-33-000-2018-00417-01 (2018-00394-00, 2018-00416-00 y 2018-00419- 00) // Sentencia C-618 de 1997.
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Demandantes: Kirsty Yireh Villalba Piriachi y Otra
Demandado: Yosimar Reyes Acevedo,
alcalde del municipio de Villeta (Cundinamarca) periodo 2024-2027
Radicación: 25000-23-41-000-2023-01633-02 (Principal)

se trató de la contratación de una obra de construcción o mejoramiento de la
infraestructura educativa; tampoco de un contrato de obras de «utilidad para la
comunidad», por lo que no existió posibilidad de ejercer cierta influencia local que
pudiera aprovecharse a favor del demandado y no se presentaron desequilibrios en la
contienda electoral que pudieran derivar beneficios para el candidato con ocasión de
sus gestiones o contratos con la administración.

11.5. Finalmente, que no existieron presiones al electorado en la celebración, ejecución
y liquidación del contrato que deformaran su libertad y autonomía electoral y en este
caso, la parte actora no ha probado la existencia de la inhabilidad en cuestión,
específicamente el elemento subjetivo, pues sólo lanza afirmaciones sin sustento
fáctico ni jurídico.

11.6. El Consejo Nacional Electoral7 y la Registraduría Nacional del Estado Civil8, a
través de apoderado, propusieron la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva.

12. En auto del 14 de mayo de 20249, se decretó la acumulación de los procesos
25000-23-41-000-2023-01633-00 y 25000-23-41-000-2023-01686-00 y se dispuso que
el primero de ellos continuaría siendo el expediente principal.

13. El 25 de septiembre de 202410 el tribunal instructor dio aplicación al numeral 1° del
artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de
2021 con el ánimo de dictar sentencia anticipada; en dicha providencia se declararon no
probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva propuestas
por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral; se fijó el
litigio11; se decretaron las pruebas12; se prescindió de la audiencia de alegaciones y
juzgamiento y se corrió traslado común por el término de 10 días, para que las partes
presentaran sus alegatos de conclusión y el Ministerio Público el concepto de fondo si a
bien lo tenía.

14. En auto del 23 de octubre de 202413, entre otras decisiones, se admitió como
impugnador al señor Andrés Mauricio Ramos Zabala.

1.5. Sentencia de primera instancia14

15. El 8 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, negó las pretensiones de la demanda al considerar que si bien
es cierto el señor Yosimar Reyes Acevedo celebró un contrato de suministro, respecto
del cual recibió una contraprestación por valor de $18.000.000 (interés económico) y

7
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 - Radicado: 2023-01633-00 «012_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda».
8
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 - Radicado: 2023-01633-00 «021_RECIBEMEMORIALES_11CONTESTARNECLUIS».
9
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 – Radicado: 2023-01633-00 «027AUTO
DECRETANDO_ACUMULACIO_20230163300DECRETAAC».
10
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 – Radicado: 2023-01633-00
«036AUTOINTERLOCUT_PRESCINDE_20230163300COADYUVAN».
11
Consistió en el «…análisis de los cargos de nulidad propuestos en las demandas para desvirtuar la legalidad del acto
administrativo demandado contenido en el formulario E-26-ALC proferido por la Comisión Escrutadora Municipal de Villeta –
Cundinamarca el tres (3) de noviembre de 2023, por medio del cual se declaró la elección del señor Yosimar Reyes Acevedo como
Alcalde del Municipio de Villeta (Cund), para el periodo constitucional 2024-2027.».
12
Se decretaron las documentales aportadas por las partes. Frente al demandado se negó el decreto de la prueba de interrogatorio
de parte por innecesaria y se negó por impertinente e innecesaria la prueba de inspección judicial, así como el dictamen pericial.
13
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «043AUTOINTERLOCUT_INTERLOCUT_20230163300RESUELVEA».
14
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «064Sentencia_FALLO_20230163300CONTRATOA».
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Demandantes: Kirsty Yireh Villalba Piriachi y Otra
Demandado: Yosimar Reyes Acevedo,
alcalde del municipio de Villeta (Cundinamarca) periodo 2024-2027
Radicación: 25000-23-41-000-2023-01633-02 (Principal)

que este se ejecutó en el municipio de Villeta (Cundinamarca) dentro del período
inhabilitante, también lo es que, en virtud de los principios «pro omine, pro libertatis,
eficacia del voto y la interpretación restrictiva de la norma», para la configuración de la
inhabilidad, se requiere tener un interés electoral, ya que esa situación fue la que buscó
proteger el legislador al pretender que los candidatos, con la celebración de contratos o
con la gestión de negocios, no pudiesen tener alguna influencia en la administración u
obtener alguna ventaja frente a los demás candidatos y sus potenciales electores.

16. Trajo a colación la sentencia SU-207 del 9 de junio de 2022 y dijo que cuando una
disposición electoral admita varias interpretaciones, se preferirá aquella que dé validez
al voto que represente la expresión libre de la voluntad del elector 15 y al existir duda
interpretativa respecto al «interés» establecido en la norma inhabilitante, este debe
entenderse, mediante un ejercicio hermenéutico restrictivo, como aquel que restrinja
menos el derecho a los ciudadanos de elegir y ser elegidos, tal como lo establece el
artículo 40.1 de la Constitución Política.

17. En este caso, se interpretó de manera restrictiva el «interés» que debe buscar el que
resulte elegido y haya celebrado un contrato con una autoridad pública de cualquier
nivel, entendiéndose aquél como el que otorga alguna influencia en la administración o
ventajas frente a los potenciales electores, respecto de los otros candidatos16.

18. Conforme a lo analizado concluyó que el señor Yosimar Reyes Acevedo no incurrió
en la causal de anulación electoral por hallarse incurso en la inhabilidad establecida en
el numeral 3º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 (Modificado por el artículo 37 de la
Ley 617 de 2000), comoquiera que las demandantes no lograron demostrar el elemento
subjetivo que se requiere para su configuración.

1.6. Recurso de apelación

19. La demandante Kirsty Yireh Villalba Piriachi, el 15 de mayo de 202517, apeló la
anterior providencia y dijo que el Tribunal incurrió en una errónea interpretación de la
causal de inhabilidad prevista en el artículo 95.3 de la Ley 136 de 1994, al imponer una
carga probatoria adicional e inexistente sobre el denominado «elemento subjetivo»,
desconociendo el sentido claro, literal y sistemático de la norma.

20. Que, en este caso, se encuentra probado que el demandado Yosimar Reyes
Acevedo, en su condición de representante legal de la sociedad «Depósito y Ferretería
Donde Yosimar S.A.S.», celebró el contrato de suministro 002 del 24 de febrero de
2023 con la Institución Educativa Departamental I.E.D. Instituto Nacional de Promoción
Social de Villeta, cuyo objeto fue ejecutado en el municipio de Villeta (Cundinamarca),
lugar donde posteriormente resultó electo como alcalde y la fecha de celebración de
ese negocio jurídico se ubica dentro del año anterior a las elecciones celebradas el 29
de octubre de 2023. Por tanto, se satisfacen los elementos temporal, territorial y
material u objetivo exigidos por la norma.

15
Sobre la eficacia del voto, citó: Consejo de Estado – Sección Quinta, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Demandante: Clara Inés
Vega Pérez, Demandado: Rodrigo Amaya Culma como diputado de la Asamblea Departamental del Huila, periodo 2020-2023,
Radicado No. 41001-23-33-000-2019-00536-04, sentencia de fecha veinticuatro (24) de febrero de 2022.
16
Al respecto citó: Consejo de Estado – Sección Quinta, C.P. Dr. Pedro Pablo Vanegas Gil, Demandante: Karen Camargo Velandia,
Demandado: Pablo José Rojas Espinosa concejal de Pamplona Norte de Santander, periodo 2024-2027, sentencia de fecha seis (6)
de junio de 2024, Radicado No. 54001-23-33-000-2023-00263-01
17
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «064_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 5
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Demandantes: Kirsty Yireh Villalba Piriachi y Otra
Demandado: Yosimar Reyes Acevedo,
alcalde del municipio de Villeta (Cundinamarca) periodo 2024-2027
Radicación: 25000-23-41-000-2023-01633-02 (Principal)

21. Respecto al elemento subjetivo, precisó que también se encuentra acreditado,
porque el contrato fue suscrito por el propio candidato como representante legal de una
empresa privada que obtuvo beneficios económicos, lo que constituye el interés directo
y personal en la relación contractual, sin que resulte necesario probar que dicho
contrato haya generado visibilidad pública, notoriedad política o ventaja electoral frente
a otros candidatos, pues lo que exige esta inhabilidad, es que el contrato se haya
celebrado en interés propio o de terceros, lo que configura por sí mismo el presupuesto
del interés subjetivo exigido por la ley.

22. Dijo que aceptar la tesis del a quo, según la cual, el interés solo existe si hay
influencia electoral, equivaldría a reescribir la norma, imponiendo como condición la
prueba de la notoriedad, visibilidad pública o instrumentalización electoral del contrato,
lo que, ni está previsto en el texto legal, ni ha sido avalado por la jurisprudencia, pues,
por el contrario, esta corporación ha sido enfática en señalar, que dicha inhabilidad
opera de manera objetiva, por lo que es dable concluir que la participación del
candidato como representante legal de una sociedad contratante con una entidad
pública, constituye por sí sola, la prueba del interés exigido por la norma18.

23. Por lo anterior, solicitó revocar la decisión de primera instancia y en su lugar, se
acceda a las pretensiones de la demanda.

1.7. Auto que concedió el recurso de apelación

24. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, el 28
de mayo de 2025, concedió el recurso interpuesto19.

1.8. Actuaciones relevantes en segunda instancia

25. Mediante auto del 10 de junio de 202520, se admitió el recurso de apelación
presentado por la demandante Kirsty Yireh Villalba Piriachi y se corrió traslado a las
partes por el término de tres (3) días para que presentaran sus alegaciones finales.
Igualmente se dispuso, que, vencido aquel término, se haría entrega a la delegada del
Ministerio Público, para que rindiera concepto en el término de cinco (5) días, según lo
dispuesto en el artículo 293 de la Ley 1437 de 2011.

26. La demandante Kirsty Yireh Villalba Piriachi se pronunció en esta etapa21 y reiteró
en su integridad los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

26.1. Adicionalmente, pidió tener en cuenta como antecedente una sentencia del
Tribunal Administrativo de Boyacá, proferida dentro del expediente 2023-00457 el 27 de
febrero de 2025, quien, en un caso con supuestos similares, recalcó que no le
corresponde al juez electoral condicionar la configuración de una inhabilidad, a
elementos que el legislador no previó.

18
Citó: Consejo de Estado-Sección Quinta. Sentencia del 18 de noviembre de 2021. MP Luis Alberto Álvarez Parra. Radicación:
05001-23-33-000-2021-00312-02.
19
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «071Autoqueconced_CONCEDEAP_20230163300CONCEDEAP».
20
Expediente digital SAMAI – Índice 00005.
21
Expediente digital SAMAI – Índices 00010 y 00011.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 6
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Demandantes: Kirsty Yireh Villalba Piriachi y Otra
Demandado: Yosimar Reyes Acevedo,
alcalde del municipio de Villeta (Cundinamarca) periodo 2024-2027
Radicación: 25000-23-41-000-2023-01633-02 (Principal)

26.2. Finalmente solicitó la incorporación de una prueba que calificó como
sobreviniente, consistente en un video en el que afirma, que se verifica que el
demandado participó, no sólo en el suministro del material al Colegio Departamental
Instituto de Promoción Social, sino también en la ejecución de este dentro del año
anterior a su elección.

27. El demandado22, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda y recalcó que, en este caso, la parte actora no probó la existencia de la
inhabilidad invocada, como se lo exige el artículo 167 del CGP, específicamente en lo
que corresponde a la acreditación del elemento subjetivo, pues solo lazó afirmaciones
sin sustento fáctico ni jurídico.

27.1. En cuanto al video aportado por la demandante, pidió no ser valorado porque no
se probó su origen ni una justa causa para no haberlo allegado en original.

28. El impugnador Andrés Mauricio Ramos Zabala23, pidió confirmar la decisión de
primera instancia porque no se aportó medio de prueba que acredite la existencia de
una ventaja sobre los demás candidatos a la alcaldía de Villeta (Cundinamarca),
originada en el proceso precontractual, contractual y poscontractual del negocio jurídico
objeto de este proceso, cuyo valor no fue jurídicamente relevante y las demandantes no
probaron que dicha ventaja incidió en la obtención del voto durante el certamen
electoral.

29. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado se abstuvo de
conceptuar en este asunto.

30. Mediante auto del 2 de julio de 202524, la magistrada ponente negó la petición
invocada por la demandante Kirsty Yireh Villalba Piriachi, al no ajustarse a los
presupuestos del artículo 212 del CPACA para el decreto de pruebas en segunda
instancia.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

31. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, en atención a lo
dispuesto en los artículos 15025 y 152.7.a)26 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia
con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado27.

22
Expediente digital SAMAI – Índices 00013 y 00014.
23
Expediente digital SAMAI – Índice 00009.
24
Expediente digital SAMAI – Índice 00017.
25
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…).».
26
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia (…) 7. De los siguientes asuntos relativos
a la nulidad electoral: (…) a) De la nulidad del acto de elección (…), de los alcaldes municipales y distritales; (…)».
27
Modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
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Demandantes: Kirsty Yireh Villalba Piriachi y Otra
Demandado: Yosimar Reyes Acevedo,
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Radicación: 25000-23-41-000-2023-01633-02 (Principal)

2.2. Problema jurídico

32. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
A, del 8 de mayo de 2025, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que el señor Yosimar Reyes Acevedo no incurrió en la causal de anulación
electoral establecida en el numeral 3º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 (modificado
por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000), porque las demandantes no lograron
demostrar el elemento subjetivo que se requiere para su configuración.

33. Para resolver el cuestionamiento planteado, la Sala abordará los siguientes tópicos:
(i) el marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de elección popular;
(ii) la norma que consagra la causal de inhabilidad invocada y; (iii) el caso concreto.

2.3. Marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de elección
popular28

34. Buena parte del principio democrático descansa en las garantías que tienen los
ciudadanos de participar en la vida social, económica y política del país, como acceder
a los cargos de elección popular en condiciones de igualdad y transparencia, según lo
disponen los artículos 2 y 40 de la Carta Política. El derecho a la participación política,
específicamente, ha sido erigido como derecho fundamental, tal como se desprende de
varios pronunciamientos de la Corte Constitucional. En tal sentido, ha expresado este
alto tribunal:

Los derechos políticos de participación, consagrados en el artículo 40 de la Carta, y dentro
de los cuales se encuentra el de "elegir y ser elegido", hacen parte de los derechos
fundamentales de la persona humana. Los derechos de participación en la dirección política
de la sociedad constituyen una esfera indispensable para la autodeterminación de la
persona, el aseguramiento de la convivencia pacífica y la consecución de un orden justo.29

35. El derecho político de elegir y ser elegido puede ser limitado para proteger el interés
general y rodear de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso de las
personas a la función pública30. Dentro de estas limitaciones se encuentra el régimen
de inhabilidades, como restricciones que tienen como finalidad « garantizar que a los
cargos de elección popular se presenten personas probas y carentes de antecedentes
negativos en punto a su idoneidad y honorabilidad, y que no ostenten condiciones de privilegio
por cuenta de vinculaciones con el Estado que desequilibren la contienda electoral»31.

36. Siguiendo el mismo derrotero, la Sección Quinta de la Corporación ha señalado que
el objetivo primordial de las inhabilidades consiste en «lograr la moralización, idoneidad,
probidad, imparcialidad y eficacia de la labor de quienes van a ingresar o ya están
desempeñando empleos públicos, garantizando de esta forma la prevalencia de los intereses
generales de la comunidad sobre los personales del aspirante»32. Asimismo, en la
realización del principio democrático33 esta Sala ha reconocido que estos regímenes

28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de mayo de 2021, M.P: Luis Alberto Álvarez Parra,
Radicado 52001-23-33-000-2020-00013-01.
29
Sentencia T-045 de 1993. Magistrado ponente: Jaime Sanín Greiffenstein.
30
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de octubre de 2020, Rad. 2020-00061.
31
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de noviembre de 2010, Rad. 2008-00087-
03(IJ).
32
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, Rad. 2019-00588.
33
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de julio de 2009, Rad. 2007-00966-02.
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tienen como finalidad «prevenir afrentas contra las condiciones normales en las que se deben
desarrollar los procesos electorales, producto de las situaciones personales de los
aspirantes»34. También, ha indicado la jurisprudencia:

(…) con las inhabilidades se persigue que quienes aspiran a acceder a la función pública,
para realizar actividades vinculadas a los intereses públicos o sociales de la comunidad,
posean ciertas cualidades o condiciones que aseguren la gestión de dichos intereses con
arreglo a los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e imparcialidad que informan el buen
servicio y antepongan los intereses personales a los generales de la comunidad.

Igualmente, como garantía del recto ejercicio de la función pública se prevén
incompatibilidades para los servidores públicos, que buscan, por razones de eficiencia y
moralidad administrativa que no se acumulen funciones, actividades, facultades o cargos.35

37. Por lo tanto, los regímenes de inhabilidades se relacionan con hipótesis, situaciones
o condiciones prohibitivas para el ciudadano que aspira a ser candidato 36, que unas
veces atañen a antecedentes que lo descalifican, como la condena a pena privativa de
la libertad, y otras motivadas por el equilibrio que debe guiar la contienda política, como
las que tienen que ver con el ejercicio de autoridad o la celebración de contratos por
parte del candidato antes de las elecciones, que otorgan ventaja y alteran el ejercicio
democrático.

2.4. Norma que consagra la causal de inhabilidad invocada

38. En virtud del cometido previamente expuesto del régimen de inhabilidades
electorales, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 617 de 2000, dispuso para los
alcaldes, entre otras, la siguiente causal:

ARTÍCULO 95. INHABILIDADES PARA SER ALCALDE. <Artículo modificado por el artículo
37 de la Ley 617 de 2000> No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado
alcalde municipal o distrital:

(…) 3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con
entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los
contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio. Así mismo, quien
dentro del año anterior a la elección, haya sido representante legal de entidades que
administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios
públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el
respectivo municipio. (…) (Se destaca).

39. Acorde a lo anterior, de este tipo normativo se desprenden tres situaciones
diferenciadas, las cuales, a su vez, consagran hipótesis que constituyen inhabilidades
autónomas o independientes, así: i) aquella relativa a la intervención en la gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital, ii) la relacionada con la
celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés
propio o de terceros que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio, y
iii) la referida a haberse desempeñado como representante legal de entidades que
administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios

34
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de diciembre de 2020, Rad. 2020-00016.
35
C-564/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
36
De acuerdo con la Corte Constitucional, “la inhabilidad en sentido jurídico estricto es una circunstancia fáctica cuya verificación le
impide al individuo acceder a determinados cargos públicos” (Sentencia C-037 de 2018). También en términos prácticos, la Sección
Quinta del Consejo de Estado ha definido las causales de inhabilidad como todas aquellas condiciones expresas en normas que
definen quiénes pueden ocupar un cargo (Sentencia de 13 de agosto de 2020, Rad. 2019-00926).
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públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo
municipio.

40. Comoquiera que el problema planteado tiene que ver con una de las situaciones
descritas en la norma invocada, esto es, haber celebrado contratos en el año anterior
a las elecciones, el cual deba ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio,
en interés propio o de terceros, procede la Sala, seguidamente, a estudiar los
elementos de la referida inhabilidad, previo a decidir el caso concreto.

41. Es abundante la jurisprudencia de la corporación sobre la inhabilidad por
celebración de contratos encaminada a preservar la igualdad entre los candidatos que
participan en una contienda electoral, en relación con el supuesto de existir un vínculo
contractual jurídicamente relevante con el Estado, potencialmente ventajoso, y que sin
duda genera un desequilibrio para acceder a los cargos de elección popular. Al
respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha manifestado lo siguiente:

Este supuesto de inhabilidad busca prevenir asimetrías de poder en dos ámbitos que se
rigen por estrictas reglas de igualdad. De un lado, previene desequilibrios en la contienda
electoral que puedan derivarse de los beneficios que obtenga el candidato, con ocasión de
sus gestiones o contratos con la Administración. De otro lado, previene asimetrías y
prácticas corruptas en los procesos de contratación, que pueden tener lugar si un candidato
aprovecha su posición para tomar ventaja sobre la entidad pública o sobre otros
proponentes.37

42. En punto a la celebración de contratos, la Sección Quinta ha discurrido sobre su
finalidad en los siguientes términos:

[l]a inhabilidad por celebración de contratos tiene una clara finalidad constitucional –de
hecho, todas la tienen–, tendiente a proteger la moralidad e imparcialidad del proceso
electoral y del cargo al que se aspira, pues, de un lado, “busca evitar una confusión entre
intereses públicos y privados”, ya que, “quien ha intervenido en nombre propio o de terceros
en la celebración de un contrato con la administración, en principio defiende los intereses
particulares frente a los intereses del Estado”; y del otro, “obstaculiza el aprovechamiento de
recursos públicos para desfigurar los procesos electorales.38

43. Así mismo, como factores configurativos de la causal, la Sala ha identificado los
siguientes: (i) un elemento temporal, previsto en la norma, según el cual, el contrato
ha debido celebrarse dentro del año anterior al certamen electoral; (ii) un elemento
espacial o geográfico que lo constituye el lugar donde se ejecutó o ha debido
cumplirse el contrato, esto es, el mismo municipio en que el candidato aspira a ser
alcalde; (iii) un elemento material u objetivo, consistente en la conducta de
suscripción o celebración del contrato con entidades públicas y; (iv) un elemento
subjetivo, relacionado con el interés propio o de terceros que persigue la
celebración del contrato estatal39.

44. En cuanto a la configuración del elemento subjetivo de la causal de inhabilidad
analizada, en lo que respecta al interés propio o de terceros en la celebración del
contrato, cuya discusión centra el debate en esta instancia, esta Sala Electoral ha

37
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de octubre de 2019, Rad. 2018-02417.
38
Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Quinta. Sentencia de 13 de agosto de 2020. MP Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez. Rad. 68001-23-33-000-2019-00926-01.
39
Ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, Rad. 2020-00013; sentencia de
3 de septiembre de 2020, Rad. 2020-00010; sentencia de 11 de abril de 2019, Rad. 2018-00080.
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indicado que «…no es suficiente con que se pruebe el elemento temporal, material y territorial
de la inhabilidad, sino que además es necesario que se acredite que la intervención en el
contrato estatal aportó beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales a sí mismo, es
decir, al candidato o a terceros.»40.

45. Lo anterior porque la fuente de este tipo de inhabilidades, es la prevención y
protección de la igualdad de los aspirantes a las justas electorales41, con el fin de evitar
desvíos en la relación del candidato con las entidades públicas que conlleve a la
indebida utilización de esa condición en las actividades que adelante ante aquellas y
prevenir vicios trascendentales «como es que el candidato utilice sus vínculos y relaciones
con las entidades públicas en beneficio de sus intenciones electorales o que el electorado
asocie, deduzca o concluya que verlo en tratativas con las entidades públicas le aventaja y con
ello acreditarse ante los electores para obtener los votos.»42.

46. Finalmente, para que se configure la causal de inhabilidad, es necesaria la
concurrencia de todos y cada uno de los mencionados elementos.

2.5. Caso concreto

47. En el caso bajo estudio, se encuentra acreditado y no es objeto de discusión, que el
señor Yosimar Reyes Acevedo: i) fue elegido alcalde municipal de Villeta
(Cundinamarca) para el periodo constitucional 2024-2027, como se desprende del
Formulario E-26 ALC del 3 de noviembre de 2023 aportado con ambas demandas43; ii)
que, como gerente, el 24 de febrero de 2023 suscribió el «CONTRATO DE SUMINISTRO
NRO. 2 DE 2023»44 como representante legal de la sociedad «DEPOSITO Y FERRETERIA
DONDE YOSIMAR SAS» (sic), según el Certificado de Existencia y Representación Legal
expedido por la Cámara de Comercio de Facatativá45 y la Institución Educativa
Departamental Instituto Nacional de Promoción Social de Villeta Cundinamarca como
contratante, cuyo objeto consistió en el «SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA
PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN Y SUS DIFERENTES SEDES»
(sic); iii) que dicho negocio jurídico tenía un tiempo de ejecución de cuatro (4) meses y
su valor fue de $18.000.000,00.

48. El tribunal de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, por cuanto,
aunque el señor Yosimar Reyes Acevedo celebró el contrato, recibió una
contraprestación por valor de $18.000.000 y se ejecutó en el municipio de Villeta
(Cundinamarca) dentro del período inhabilitante, en virtud de los principios «pro omine,
pro libertatis, eficacia del voto y la interpretación restrictiva de la norma», para la
configuración de la inhabilidad, se requiere de un interés electoral que pudiese tener
alguna influencia en la administración u obtener alguna ventaja frente a los demás
candidatos y sus potenciales electores; sin embargo, en este caso, las demandantes no
lograron demostrar el elemento subjetivo que se requiere para su acreditación.

40
Consejo de Estado, Sección Quinta, M. P. Alberto Yepes Barreiro, 25 de agosto de 2016, rad. 6600123-33-000-2015-00475-01.
Ver también: Sección Quinta, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, 18 de julio de 2013, rad. 47001-23-31-000-2012-00010-
01.
41
Consejo de Estado- Sección Quinta. Sentencia del 3 de agosto de 2015. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez Rad.
11001032800020140005100.
42
Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Quinta. Sentencia del 27 de septiembre de 2018. MP Rocío
Araújo Oñate. Radicación: 11001-03-28-000-2018-00015-00.
43
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 – Radicado 2023-01633-00 «002_ED_02ANEXOS05122023_161» Pág. 24 - Radicado
2023-01686-00 «002_ED_02PRUEBA13122023_160» Pág. 29.
44
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 Radicado 2023-01633-00 «002_ED_02ANEXOS05122023_161» Pág. 36 a 39-
Radicado 2023-01686-00 «002_ED_02PRUEBA13122023_160» Pág. 34 a 37.
45
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 – Radicado 2023-01686-00 «002_ED_02PRUEBA13122023_160» Pág. 16 a 20.
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49. Contrario a lo concluido por el a quo, la demandante Kirsty Yireh Villalba Piriachi en
su apelación, afirmó que el tribunal incurrió en una errónea interpretación de la causal
alegada, al imponer una carga probatoria adicional e inexistente sobre el denominado
«elemento subjetivo», desconociendo el sentido claro, literal y sistemático de la norma,
pues dicha inhabilidad opera de manera objetiva, que permite concluir que la
participación del candidato como representante legal de una sociedad contratante con
una entidad pública, constituye por sí sola, la prueba del interés exigido por el
legislador.

50. Es pertinente advertir, que el inciso 1º del artículo 320 del Código General del
Proceso indica que «el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión».

51. Además, el artículo 322 ibidem, frente a los requisitos del mencionado medio de
impugnación, dice que el apelante deberá precisar «los reparos concretos que le hace a la
decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior» y que «será
suficiente que el recurrente exprese, las razones de su inconformidad con la providencia
apelada».

52. En consonancia con lo anterior, el inciso 1º del artículo 328 del mismo estatuto
procesal, dispone que «el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley».

53. De conformidad con lo anterior, la competencia de la Sección en este caso se limita
a verificar el elemento subjetivo de la inhabilidad invocada, específicamente si «el
interés propio o de terceros» a que se refiere la norma, consiste en el provecho
electoral que conlleve alguna influencia en la administración o en alguna ventaja frente
a los demás candidatos y los potenciales electores, o si, por el contrario, dicha
inhabilidad opera de manera objetiva, esto es, que la participación del candidato como
representante legal de una sociedad contratante con una entidad pública, constituye por
sí sola, en la prueba del interés exigido por el legislador.

54. Al respecto, la jurisprudencia de la Sección ha señalado que el ingrediente subjetivo
de esta inhabilidad se relaciona con el interés del propio candidato o de terceros que
persiguen la celebración del contrato, ya sea patrimonial o extrapatrimonial46.

55. En el presente caso, la Sala observa que en el «CONTRATO DE SUMINISTRO NRO.
2 DE 2023» celebrado por la sociedad «DEPOSITO Y FERRETERIA DONDE YOSIMAR
SAS» (sic), representada legalmente por el señor Yosimar Reyes Acevedo, se pactó en
la cláusula segunda, un valor total de $18.000.000,00, como contraprestación por los
elementos de ferretería contratados, lo que resulta ser suficiente para acreditar el
interés propio, sin que sea necesario demostrar que dicho valor se recibió47, ni se exige
de análisis adicionales como lo hizo el tribunal de primera instancia.

46
Consejo de Estado, Sección Quinta, Magistrada Ponente: Rocío Araújo Oñate, sentencia del 18 de febrero de 2021, Radicación:
05001-23-33-000-2019-02852-02.
47
Ibidem
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56. La existencia o no de ventajas a favor del demandado por cuenta del negocio
jurídico que celebró, no constituye un ingrediente previsto por el legislador para
consagrar la causal que se estudió, pues los beneficios electorales que pudieran
derivarse para un candidato por la celebración de un contrato con una entidad pública,
tienen que ver con la inhabilidad, pero no es un aspecto que deba considerarse para
efectos de su configuración48.

57. La Sala49 ha señalado que como las inhabilidades limitan el derecho fundamental a
participar en la conformación del poder político o de acceso a la función pública, tienen
el carácter de taxativo y restrictivo. De ahí que, a partir de su naturaleza excepcional, no
se admitan analogías o aplicación extensiva a eventos que no estén previstos
expresamente. Esta ha sido la posición del Consejo de Estado50:

[…] La interpretación restrictiva de las normas que establecen inhabilidades constituye una
aplicación del principio del Estado de Derecho previsto en el artículo 6º de la Constitución,
según el cual “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la
Constitución y las leyes” lo que se traduce en que pueden hacer todo aquello que no les esté
expresamente prohibido, de donde como regla general se infiere que todos los ciudadanos
pueden acceder al desempeño de funciones y cargos públicos y que excepcionalmente no
podrán hacerlo aquellos a quienes se los prohíbe expresamente la Constitución o la ley. […]
En consecuencia las causales de inhabilidad y de incompatibilidad son de
interpretación restringida”. [Resaltado de la Sala].

58. De conformidad con lo anterior, al encontrarse acreditado que el «CONTRATO DE
SUMINISTRO NRO. 2 DE 2023» se suscribió el 24 de febrero de 2023, por el señor
Yosimar Reyes Acevedo en su condición de representante legal del establecimiento de
comercio «DEPOSITO Y FERRETERIA DONDE YOSIMAR SAS» (sic), esto es, dentro del
término inhabilitante comprendido entre el 29 de octubre de 2022 y 29 de octubre de
2023, en interés de dicha persona jurídica y que su ejecución tuvo lugar en el municipio
de Villeta (Cundinamarca), se satisfacen los presupuestos consagrados en el artículo
95.3 de la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 617 de 2000, lo que impone revocar
la decisión de primera instancia y en su lugar, declarar la nulidad del formulario E-26
ALC del 3 de noviembre de 2023, por medio del cual se declaró su elección como
alcalde de ese ente territorial para el periodo constitucional 2024-2027.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A el 8 de mayo de 2025, de conformidad
con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD del formulario E-26 ALC del 3 de noviembre de
2023, por medio del cual se declaró la elección del señor Yosimar Reyes Acevedo
48
Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Quinta. Sentencia del 20 de marzo de 2025. MP Omar Joaquín
Barreto Suárez. Radicación: 85001-23-33-000-2023-00131-02.
49
Consejo de Estado, Sección Quinta, MP: Pedro Pablo Vanegas Gil, sentencia del 22 de agosto de 2024, Radicación: 68001-23-
33-000-2023-00754-01.
50
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto del 9 de mayo de 2024, Rad. 68001-23-33-000-
2024-00010-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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como alcalde del municipio de Villeta (Cundinamarca) para el periodo constitucional
2024-2027.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUIN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 14
www.consejodeestado.gov.co

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