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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-41-000-2024-00520-01

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-41-000-2024-00520-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR la nulidad del articulo 2.° del Decreto 150 del 8 de febrero de 2024, proferido por el presidente de la República, «por el cual se hace efectiva la suspensión del ministro de Relaciones Exteriores, ordenada por la Procuraduría General de la Nación y se hace un encargo», en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Segundo. Sin condena en costas. Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-41-000-2024-00520-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

10 de septiembre de 2026

Radicado: 25000-23-41-000-2024-00520-01 (0340-2025)
Demandante: Luis Ángel Hincapié Betancourt

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación: 25000-23-41-000-2024-00520-01 (0340-2025)
Demandante: Luis Ángel Hincapié Betancur
Demandado: Nación - Presidencia de la República - Ministerio Relaciones Exteriores
Tema: Inhabilidades para el ejercicio del empleo público
Decisión: Accede a las pretensiones de la demanda

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso
promovido por el señor Luis Ángel Hincapié Betancur contra la Nación - Presidencia de
la República - Ministerio de Relaciones Exteriores.1

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

2.1.1. Pretensiones

2. El señor Luis Ángel Hincapié Betancur, actuando en nombre propio, interpuso
demanda de nulidad electoral (posteriormente adecuada al medio de control de nulidad
consagrado en el artículo 137 del CPACA)2 y solicitó la anulación del Decreto 150 del 8
de febrero de 2024, proferido por el presidente de la República, «por el cual se hace
efectiva la suspensión del ministro de Relaciones Exteriores, ordenada por la
Procuraduría General de la Nación y se hace un encargo».

2.1.2. Hechos

3. En el año de 1996 el señor Luis Gilberto Murillo Urrutia fue investigado por el
delito de peculado por aplicación oficial diferente. En primera instancia, el Juzgado

1
Inicialmente, el señor Luis Gilberto Murillo Urrutia fue vinculado al proceso como demandado; sin embargo,
teniendo en cuenta que el medio de control fue adecuado al de nulidad simple, su intervención se entenderá
como la de un tercero interesado.
2
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.

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Radicado: 25000-23-41-000-2024-00520-01 (0340-2025)
Demandante: Luis Ángel Hincapié Betancourt

Primero Penal del Circuito de Quibdó absolvió al acusado el 10 de junio de 1997, pero
en segunda instancia, el Tribunal Superior Sala Penal de Quibdó a través de
providencia de 29 de agosto de 1997 revocó dicha sentencia y lo condenó a 6 meses
de prisión.

4. El condenado presentó recurso de casación que fue inadmitido el 17 de marzo
de 1998 y asimismo presento recurso de revisión que fue inadmitido. En consecuencia,
la sentencia condenatoria quedó ejecutoriada

5. El 8 de febrero de 2024, mediante Decreto 0150 de 2024 en su artículo 2.°, se
«nombró en encargo» al señor Murillo Urrutia, en el cargo de ministro de Relaciones
Exteriores, quien ostentaba el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario,
código 0036, grado 25 de la Planta de Personal del Despacho de los jefes de Misiones
Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el
Gobierno de los Estados Unidos de América.

6. El demandante sostuvo que el acto demandado desconoció los artículos 29, 122
y 209 de la Constitución Política; 3.°, 6.°, 42, 44 y 275 de la Ley 1437 de 2011 y
finalmente el artículo 1.° de la Ley 190 de 1995. Al desarrollar el concepto de violación,
el actor señaló que el acto demandado incurrió en falsa motivación con base en los
siguientes argumentos:

i) El acto demandado desconoció que el Tribunal Superior de Quibdó, Sala Penal,
mediante sentencia del 29 de agosto de 1997, condenó al señor Luis Gilberto Murillo
Urrutia a 6 meses de prisión por el delito de peculado por aplicación oficial diferente.
Esta decisión quedó ejecutoriada, ya que la Corte Suprema de Justicia inadmitió los
recursos de casación y revisión interpuestos por el interesado.

ii) El presidente de la República, mediante el decreto enjuiciado, nombró en
encargo al señor Murillo Urrutia como ministro de Relaciones Exteriores, a pesar de
que el artículo 122 de la Constitución Política establece que quien haya sido
condenado en cualquier tiempo por delitos contra el patrimonio del Estado, no puede
ser elegido ni nombrado en un cargo público.

iii) El acto acusado fue expedido con falsa motivación, pues no se verificó si el
servidor público cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 1.° de la Ley
190 de 1995.

iv) De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la inhabilidad
contenida en el artículo 122 de la Constitución Política es intemporal y constituye un
impedimento para que una persona pueda ejercer la función pública.

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Demandante: Luis Ángel Hincapié Betancourt

2.2. Contestación de la demanda

7. La Presidencia de la República,3 el señor Luis Gilberto Murillo Urrutia4 y el
Ministerio de Relaciones Exteriores5 se opusieron a las pretensiones de la demanda
con argumentos similares, los cuales serán resumidos a continuación:

i) El decreto demandado no nombró al señor Murillo Urrutia como ministro de
relaciones exteriores, sino que lo encargó de las funciones, pero sin desprenderse
del empleo que venía ejerciendo como embajador extraordinario y plenipotenciario,
código 0036, grado 25 de la planta de personal del Despacho de los jefes de
Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia
ante el Gobierno de los Estados Unidos de América.

ii) Por auto del 5 de junio de 2015, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Quibdó revisó la sentencia del 19 de agosto de 1997, proferida por el
Tribunal Superior de Quibdó, a la luz del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos. En consecuencia, resolvió «en el ejercicio de control de convencionalidad
aplicar el principio de favorabilidad en este asunto y dejar sin efectos la inhabilidad
intemporal existente contra el condenado Murillo Urrutia».

iii) En virtud del referido auto, se colige que señor Murillo Urrutia no está incurso en
la inhabilidad prevista en el artículo 122 de la Constitución, pues un juez dejó sin
efecto la inhabilidad intemporal que pesaba en contra de ese ciudadano y, por lo
tanto, no existe impedimento constitucional o legal para ejercer empleos públicos o
postularse a cargos de elección popular.

iv) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de tutela del 6
de junio de 2020, amparó el derecho al buen nombre del señor Murillo Romero,
vulnerado por la conducta de la Policía Nacional en el manejo de la información
sobre antecedentes, pues no se había efectuado la actualización de los efectos del
auto del 5 de junio de 2015 en los registros y bases de datos públicos que administra
el SIOPER,6 lo que denota que el juez constitucional otorgó efectos jurídicos a la
decisión del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Quibdó.

v) La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en providencia del
14 de marzo de 2022, evaluó si el señor Murillo Urrutia cumplía con los requisitos
para desempeñarse como presidente de la República y conceptuó que éste reunía
las calidades exigidas en la Constitución para ello.

3
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Indice 46 de Samai Expediente 25000234100020240052000
6
Sistema de Información Operativo de la Policía Nacional.

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Demandante: Luis Ángel Hincapié Betancourt

vi) El Consejo Nacional Electoral, en decisión del 24 de mayo de 2022, estudió una
solicitud de nulidad de la Inscripción del señor Luis Gilberto Urrutia como candidato
al cargo de presidente de la República, basada en la misma discusión de inhabilidad
del presente asunto y señaló que el mencionado auto del 5 de junio de 2015 dejó sin
efectos la inhabilidad intemporal que pesaba en su contra, es decir, que no existía
restricción sobre el derecho fundamental a ser elegido.

vii) Se propuso la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda.

III. TRÁMITE EN ÚNICA INSTANCIA

3.1. Admisión, medida cautelar y sentencia anticipada

8. Mediante auto del 23 de mayo de 2024,7 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, admitió la demanda presentada en ejercicio del medio de control de
nulidad electoral y negó el decreto de la medida cautelar solicitada por el actor.

9. A través de auto del 30 de julio de 2024 8, el a quo evidenció la posibilidad de
emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del artículo 182A del
CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. En consecuencia,
dispuso: a) declarar no probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda; b)
prescindir de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 ibidem; c) resolver sobre las
pruebas aportadas y solicitadas; d) fijar el litigio; e) correr traslado a las partes y al
Ministerio Público para presentar alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.

10. El 8 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó
sentencia de primera instancia.

11. El 12 de diciembre de 2024,9 la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió el
recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión.

12. Por auto del 29 de enero de 2025, la mencionada Sección declaró la falta de
competencia para conocer del presente asunto y lo remitió a la Sección Segunda. 10

13. En auto del 15 de agosto de 2025, el magistrado conductor del proceso resolvió:
i) avocar conocimiento, en única instancia, del proceso de la referencia; ii) adecuar el
trámite al medio de control de nulidad; iii) declarar la falta de competencia funcional del

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Tribunal Administrativo de Cundinamarca para tramitar el asunto en primera instancia;
y (iv) finalmente, invalidar la sentencia del 8 de noviembre de 2024.

3.2. Alegatos de conclusión

14. La parte demandante guardó silencio.

15. El Ministerio de Relaciones Exteriores,11 el señor Luis Gilberto Murillo
Urrutia12 y la presidencia de la República 13 reiteraron los argumentos expuestos en
sus intervenciones.

3.3. Ministerio Público

16. El agente del Ministerio Público14 solicitó negar las pretensiones de la
demanda, al considerar que el demandado no se encontraba incurso en la causal de
inhabilidad del artículo 122 de la Constitución, toda vez que, mediante auto del 5 de
junio de 2015, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Quibdó,
en ejercicio del control de convencionalidad, aplicó el principio de favorabilidad y dejó
sin efectos la inhabilidad intemporal que existía contra el señor Luis Gilberto Murillo
Urrutia.

17. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Aclaración previa

18. En el sub judice, el señor Luis Ángel Hincapié Betancur ejerció el medio de
control correspondiente contra el Decreto 150 de 2024, expedido por el presidente de
la República, mediante el cual se materializó la decisión adoptada por la Procuraduría
General de la Nación en el Acta núm. 4 del 24 de enero de 2024 15, que ordenó la
suspensión provisional del señor Álvaro Leyva Durán del cargo de ministro de
Relaciones Exteriores por un término de tres (3) meses.

19. En desarrollo de dicha determinación, el artículo 2.º del mencionado decreto
dispuso el encargo de las funciones del referido empleo al señor Luis Gilberto Murillo
Urrutia, entonces embajador de Colombia ante el Gobierno de los Estados Unidos de

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Dictado dentro del Radicado E-2023-241280-/ IUC-D-2023-2962538.

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Demandante: Luis Ángel Hincapié Betancourt

América, por el mismo lapso de suspensión.

20. Toda vez que la censura planteada por el actor recae únicamente sobre la
decisión de conferir dicho encargo, la Sala limitará el examen de legalidad a los cargos
formulados contra el artículo 2.º del Decreto 150 de 2024, por ser esta la disposición
específicamente cuestionada en la demanda.

4.2. Problema jurídico

21. Corresponde a la Sala determinar si en este caso el artículo 2.º del Decreto 150
de 2024, mediante el cual se encargó al señor Luis Gilberto Murillo Urrutia de las
funciones de ministro de Relaciones Exteriores incurrió en las causales de anulación
por infracción a la ley y falsa motivación, en los términos alegados por el demandante.

22. Para ello deberá determinar la Sala si el señor Luis Gilberto Murillo Urrutia
estaba incurso en la inhabilidad prevista en el artículo 122 de la Constitución Política
para desempeñar, en encargo, las funciones de ministro de Relaciones Exteriores, en
los términos alegados por el demandante.

4.3. Contenido del acto demandado

«DECRETO 150 DE 2024
(febrero 08)

por el cual se hace efectiva la suspensión provisional del ministro de Relaciones
Exteriores, ordenada por la Procuraduría General de la Nación y se hace un encargo.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias,
especialmente las conferidas por el numeral 1 del artículo 189 de la Constitución
Política de Colombia y los artículos 2.2.5.1.1, 2.2.5.4.7, 2.2.5.5.43 y 2.2.5.5.47 del
Decreto número 1083 de 2015, en concordancia con el Decreto Ley 274 de 2000 y el
artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, y
[…]

DECRETA:
[…]
Artículo 2º. Encargo. Encargar al doctor Luis Gilberto Murillo Urrutia, identificado con la
cédula de ciudadanía número 11794488, quien desempeña el empleo de embajador
extraordinario y plenipotenciario, código 0036, grado 25 de la Planta de Personal del
Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la
Embajada de Colombia ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, de las
funciones del empleo de ministro de Relaciones Exteriores, por el término de tres (3)
meses, contado a partir de la expedición del presente decreto, sin perjuicio del ejercicio
de las funciones propias de su cargo».

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4.4. Marco normativo y jurisprudencial

4.4.1. Régimen de Inhabilidades

23. Las inhabilidades han sido definidas por la jurisprudencia constitucional como
«restricciones fijadas por el constituyente o el legislador para limitar el derecho de
acceso al ejercicio de cargos o funciones públicas»16 y «como aquellos requisitos
negativos para acceder a la función pública, los cuales buscan rodear de condiciones
de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso y la permanencia en el
servicio público, de tal suerte que las decisiones públicas sean objetivas y tengan como
resultado el adecuado cumplimiento de los fines del Estado que asegure la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo».17

24. En sentencia C-373 de 2002, la Corte Constitucional realizó las siguientes
precisiones:

i) La posibilidad de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos es una
manifestación del derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del
poder político como derecho fundamental de aplicación inmediata (artículos 40 y 85
de la Constitución).

ii) Como no existen derechos absolutos, la posibilidad de desempeñar funciones y
cargos públicos está sometida a límites que procuran la realización del interés
general y los principios de la función administrativa.

iii) En ese marco, un régimen de inhabilidades no es más que la exigencia de
especiales cualidades y condiciones en el aspirante a un cargo o función públicos
con la finalidad de asegurar la primacía del interés general, para el que aquellos
fueron establecidos, sobre el interés particular del aspirante.

iv) Al fijar ese régimen, el legislador se encuentra habilitado para limitar el ejercicio
de derechos fundamentales como los de igualdad, acceso al desempeño de cargo o
función públicos, al trabajo y a la libertad de escogencia de profesión u oficio.

v) La inhabilidad no es una pena, sino una garantía de que el comportamiento
anterior no afectará el desempeño de la función o cargo, de protección del interés
general y de la idoneidad, probidad y moralidad del aspirante.

vi) Las inhabilidades intemporales tienen legitimidad constitucional pues muchas
de ellas aparecen en el Texto Fundamental y el legislador bien puede, en ejercicio
de su capacidad de configuración normativa, establecer otras teniendo en cuenta

16
Ver Sentencias C-380 de 1997 y C-200 de 2001.
17
Sentencias C-380-97, M.P. Hernando Herrera Vergara; C-200-01, M.P. Eduardo Montealegre Lynett

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los propósitos buscados y manteniendo una relación de equilibrio entre ellos y la
medida dispuesta para conseguirlos.

25. De otra parte, la sentencia C-325 de 2009 18 dispuso «por mandato de los
artículos 6°, 123 y 150-23 de la Carta Política, salvo los casos expresamente regulados
por el propio ordenamiento Superior, le corresponde a la ley determinar el régimen de
inhabilidades de los servidores públicos» y que «la competencia otorgada al legislador
para establecer las condiciones de acceso al servicio público, en particular, para fijar el
régimen de inhabilidades, encuentra límites claros, tanto en lo dispuesto directamente
en el texto constitucional y en el ámbito de regulación que éste haya dejado a la ley en
cada caso, como en los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad que se deben
observar al expedir las medidas».

4.4.2 Inhabilidad general del artículo 122 de la Constitución Política

26. El artículo 122 de la Constitución Política de Colombia (Adicionado por el
artículo 4º del Acto Legislativo 01 de 2009) establece lo siguiente:

«ARTÍCULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o
reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto
correspondiente. Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar
juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le
incumben.

Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad
competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y
rentas. Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la
aplicación de las normas del servidor público.

Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos
como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como
servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos
con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la
comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido
condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de
grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o
en el exterior. Tampoco quien haya dado lugar, como servidores públicos, con su
conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia ejecutoriada, a que
el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su
patrimonio el valor del daño.
«[…]». (Negrilla de la Sala).

27. De conformidad con la norma constitucional, la persona que haya sido
condenada, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio
del Estado, sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrá ser

18

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elegida, ni designada como servidor público ni celebrar personalmente, o por
interpuesta persona, contratos con entidades del Estado; lo anterior se consagra como
una inhabilidad permanente para los servidores que hubieren sido condenados por
delitos contra el patrimonio del Estado.

28. Sobre la inhabilidad de rango constitucional contemplada en el artículo 122, la
Corte Constitucional en sentencia C-038 de 199619 declaró inexequible el artículo 17 de
la Ley 190 de 1995, que permitía la rehabilitación de servidores públicos condenados
por delitos contra el patrimonio estatal; esto, por considerar que la inhabilidad
consagrada en el artículo 122 Superior es una inhabilidad intemporal que, por su
misma naturaleza, impide tiempos inferiores de purga.

29. Al respecto, la Corte sostuvo que el texto constitucional no permitía al legislador
establecer inhabilidades inferiores a la intemporal en el caso de los servidores públicos
condenados por delitos contra el patrimonio del Estado y para efectos de que los
mismos pudieran ocupar de nuevo un cargo público. El sustento de su decisión es el
siguiente:

«12. El Constituyente puede erigir en causal de ineligibilidad permanente para ocupar
ciertos cargos públicos, hechos y circunstancias muy diversas, inclusive ajenos a la
voluntad de las personas, como acontece con la doble nacionalidad y el parentesco en
algunos casos. No se ve porqué no pueda el Constituyente asociar el presupuesto
constitutivo de una causal de inhabilidad, a la expedición de una sentencia
condenatoria por la comisión de un delito contra el patrimonio público. La defraudación
previa al erario público, es un precedente que puede legítimamente ser tomado en
consideración por la Constitución, para impedir que en lo sucesivo la persona que por
ese motivo fue condenada penalmente asuma de nuevo el manejo de la cosa pública.
El propósito moralizador que alienta la Constitución no se ha detenido ante las causales
de ineligibilidad (sic) que por causas idénticas se aplican a los condenados que aspiran
a ser Congresistas. Si en este evento, en atención a un criterio de proporcionalidad de
la pena, se autorizara a la ley para imponer un término máximo de duración de la
inhabilidad contemplada en el artículo 122 de la C.P., no sería posible dejar de hacerlo
respecto de las restantes inhabilidades plasmadas directamente en la Constitución. En
esta hipótesis, que la Corte no comparte, la ley estaría modificando el diseño moral
mínimo dispuesto por el Constituyente.»

30. Igualmente, en sentencia C-652 de 200320, la Corte señaló que, la inhabilidad
contenida en el artículo 122 de la Carta es una inhabilidad sin término, que impide al
servidor público afectado por ella volver a ejercer función pública alguna, para lo cual
se requiere la configuración de los siguientes elementos:

«[…]
i) El sujeto pasivo de la inhabilidad es quien haya sido servidor público.

El fin genérico de las inhabilidades es garantizar la moralidad, la transparencia, la

19A
l respecto pueden revisarse las sentencias de la Corte Constitucional C-374 de 1997, C-948 de 2002, C-209 de
2000, C-1212 de 2001, C-952 de 2001, C-373 de 2002, C-948 de 2002, y C-037 de 2003.
20
Expediente D-4330, Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

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eficiencia y el buen funcionamiento de la administración pública. Para la Corte, la
defensa de la administración pública requiere que quienes se vinculen con el Estado en
calidad de agentes suyos cumplan con requisitos especiales de idoneidad que
garanticen la adecuada atención y satisfacción de los intereses generales. 21

De acuerdo con esta concepción, también los particulares podrían estar incursos en
causales de inhabilidad, lo cual, de hecho sucede. No obstante, la inhabilidad a que
hace referencia el artículo 122 de la Constitución Política gravita únicamente sobre
quien ha ostentado el cargo de servidor público. De allí que se entienda que el fin
específico de esta inhabilidad es impedir que el Estado vuelva a vincular a su aparato
administrativo individuos que defraudaron la confianza puesta en ellos durante el
ejercicio de sus funciones.22 Es claro, como lo ha dicho la Corte, que “los servidores
públicos son los principales encargados de que impere en la vida social. Los
funcionarios deben, entonces, velar por la aplicación y el cumplimiento de las normas
constitucionales y legales. Si ello es así, sufre gran mengua la imagen y legitimidad del
Estado, cuando algún servidor público se convierte en un violador impenitente del
orden jurídico. Esa conducta atenta contra el buen nombre de la actividad estatal y
contra el interés de todo Estado democrático participativo de generar con los
ciudadanos una relación de cercanía y confianza.”23

Así entonces, para que opere la inhabilidad de que se trata, es requisito sine qua non
que el sujeto sobre el cual pretenda hacerse recaer la causal de inelegibilidad haya sido
servidor del Estado.

ii) Debe existir una condena penal

El segundo requisito de la norma es que se haya impuesto una sanción penal. El
servidor público debe haberse encontrado responsable por la comisión de un delito, lo
cual excluye la posibilidad de aplicar la causal a quien apenas se encuentra sub judice.
Se requiere entonces que exista una sentencia penal en firme que imponga la
sanción correspondiente.

La inhabilidad prevista en el artículo 122 es una sanción accesoria que se impone como
consecuencia de la responsabilidad deducida del proceso penal. Por ello, la misma
norma señala que la inhabilidad se aplica “sin perjuicio de las demás sanciones que
establezca la ley.”

iii) La condena debe proferirse por la comisión de un delito contra el patrimonio
del Estado

La inhabilidad a que hace referencia el artículo 122 debe imponerse al servidor público
que ha sido condenado por un delito cometido contra el patrimonio del Estado.

No basta con que el delito afecte la administración pública. Es necesario que el mismo
se dirija específicamente contra el patrimonio público, es decir, que atente contra el
erario.
[…]». (Negrilla de la Sala).

21
C f r. Sent. C-380/97 M.P. Hernando Herrera Vergara
22
G a c e t a s C o n s t i t u c i o n a l e s N o s . 6 8 , 7 8 , 11 3 y 1 2 2 d e 1 9 9 1
23
C-728 de 2002 M.P. Hernando Herrera Vergara

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4.4.3. Aplicación del régimen de inhabilidades en vinculaciones por encargo.

31. Frente a la aplicación del régimen de inhabilidades a servidores públicos que se
encuentran en la modalidad de encargo, es necesario en primer lugar establecer las
diferencias que se suscitan entre el encargo de funciones y el encargo del empleo. Al
respecto la Sección Quinta de esta Corporación24 se ha pronunciado en los siguientes
términos:

«El encargo es una modalidad de provisión temporal de empleos públicos, de
conformidad con lo preceptuado por la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta
Corporación25. Esta particularidad permite, en principio, parangonar esta figura jurídica
al nombramiento, forma típica de acceso a la función pública.

Sin embargo, menester resulta indicar que no en todas las ocasiones los encargos
deben ser comprendidos como una forma de proveer los empleos públicos, pues, no en
pocas ocasiones, se encargan las funciones pero no el cargo, eventos en los cuales
dicha situación administrativa no puede ser equiparada a un nombramiento.

En otros términos, el encargo del cargo implica un reemplazo del titular del mismo,
mientras que en el contexto del encargo de funciones éste continúa ocupándolo, a
pesar de que por alguna situación administrativa no puede desempeñar el catálogo de
funciones asignado a su empleo.» ( Negrilla de la Sala).

32. Lo anterior, permite concluir que cuando se trata de un encargo del cargo, dicho
acto se asemeja a un nombramiento, mientras que, constituye una situación
administrativa laboral si se trata de un encargo de funciones. Así mismo puede
presentarse un encargo total de las funciones, situación administrativa, que implica una
designación temporal para cumplir las funciones de un empleo distinto a aquel que se
desempeña en forma ordinaria, que puede disponerse con desvinculación o no del
cargo propio como lo dispone el artículo 2.2.5.9.7 del Decreto Único Reglamentario
1083 de 201526:

«Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su
titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo».

33. Sobre el encargo total de funciones y el encargo parcial de funciones la
jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha sostenido que hay encargo cuando
se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o parcialmente, las
funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su titular,
desvinculándose no de las propias de su cargo. Es claro pues que el encargo es para

24
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 18 de diciembre de 2017. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez Rad: 11001-03-28-000-2017-00044-00.
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 14 de agosto de 2009, M.P: Gerardo Arenas Monsalve, Rad.
2143-2007
26
«Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.»

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un empleado público a quien temporalmente se asignan funciones que corresponde a
otro cargo, en las circunstancias contempladas en la norma27.

34. Como se aprecia, el encargo se utiliza para designar temporalmente a un
funcionario que asuma total o parcialmente las funciones de otro empleo vacante por
falta temporal o definitiva de su titular desvinculándose o no de las propias de su cargo.

35. De igual forma, debe precisarse que el empleado que se va a encargar
deberá reunir las condiciones y requisitos previstos en la ley tal como lo exige el
artículo 2.2.5.5.43 del Decreto 1083 de 2015 precitado:

«ARTÍCULO 2.2.5.5.43. ENCARGO EN EMPLEOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y
REMOCIÓN. Los empleos de libre nombramiento y remoción en caso de vacancia
temporal o definitiva podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera
o de libre nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su
desempeño.

En caso de vacancia temporal, el encargo se efectuará durante el término de esta.

En caso de vacancia definitiva el encargo será hasta por el término de tres (3) meses,
vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto en forma definitiva». (Negrilla y
subrayas de la Sala).

36. Es necesario señalar además que la Sección Quinta 28 de esta Corporación ha
precisado que respecto de aquellos casos en que se controvierte la designación en
encargo en cargos diferentes a los de voto popular, si la inhabilidad para el ejercicio del
empleo no se encuentra prevista en la norma de forma taxativa para los servidores
públicos encargados, no es dable aplicarles a éstos las inhabilidades establecidas para
el desempeño del empleo en titularidad, por tratarse de situaciones disímiles 29.

37. Por tanto, si el régimen de inhabilidades establece excepciones aplicables a los
casos cuando se ejerce el empleo en la modalidad de encargo, serán éstas las
directrices a tener en cuenta para determinar la configuración o no de la misma. Por el

27
Sección Quinta, consejero ponente: Mauricio Torres Cuervo, sentencia de 21 de febrero de 2013, proceso
radicado 1300123310002012000025 01.
28
Sentencia de 13 de junio de 2019, Sección Quinta, magistrada ponente: Rocío Araújo Oñate, Radicación:
11001-03-28-000-2018-00111-00.
29
Cita de cita: “En cuanto a la segunda transgresión sostenida en la demanda, del art. 272 inciso séptimo de la
Constitución, con fundamento en que el demandado no podía ser Contralor Departamental porque desde el 12 de
diciembre de 1991 era empleado público como Contralor Auxiliar, basta señalar que la inhabilidad consistente en
haber ocupado cargo público del orden departamental, distrital o municipal que consagra la norma en mención,
constituye una imposibilidad para ser válidamente elegido en el cargo de Contralor Departamental, pero tal
inhabilidad para desempeñar el destino de origen electoral no está prevista por el Constituyente para otras
situaciones, como sería el encargo de dicho empleo, que como ya se dijo, en cuanto a sus modalidades se rige
por lo dispuesto en la ley.” (Negrillas fuera del texto primigenio) Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 23
de abril de 1993. M.P. Miguel Viana Patiño. Rad 0954. En este mismo sentido ver: Consejo de Estado. Sección
Quinta. Sentencia de 6 de septiembre de 1994, M.P Amado Gutiérrez Velásquez Rad 1132. Consejo de Estado.
Sección Quinta. Sentencia de 28 de febrero de 2019, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Rad: 73001-23-33-000-
000-2018-00383-01.

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contrario, si el precepto normativo que contiene la limitante no establece de forma
taxativa su aplicación para el desempeño del cargo en encargo, entiende la Sala que
no se puede invocar la configuración de la inhabilidad aplicable al titular del empleo,
por tratarse el encargo de una forma de vinculación de carácter temporal prevista a
efectos de superar una dificultad coyuntural de la función pública.

38. Establecido lo anterior, se advierte que el acto demandado dispuso un encargo
total de funciones del empleo de ministro de Relaciones Exteriores, sin
desprendimiento de la titularidad del cargo ejercido por Luis Gilberto Murillo Urrutia,
como «embajador extraordinario y plenipotenciario, código 0036, grado 25 de la Planta
de Personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas
Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de los Estados
Unidos de América». Esto se extrae del numeral 2.° del Decreto 0150 de 8 de febrero
de 2024:

«Artículo 2°. Encargo. Encargar al doctor Luis Gilberto Murillo Urrutia, identificado con
la Cédula de Ciudadanía número 11.794.488, quien desempeña el empleo de
embajador extraordinario y plenipotenciario, código 0036, grado 25 de la Planta de
Personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares,
adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de los Estados Unidos de
América, de las funciones del empleo de ministro de Relaciones Exteriores, por el
término de tres (3) meses, contado a partir de la expedición del presente decreto,
sin perjuicio del ejercicio de las funciones propias de su cargo.» (Negrilla de la
Sala).

39. En línea con lo expuesto, es evidente que para efectos de ejercer las funciones
de ministro de Relaciones Exteriores el señor Murillo Urrutia debía acreditar las
condiciones y requisitos previstos en la ley, para el ejercicio del cargo.

4.4.5. El caso concreto.

40. El accionante señaló que el artículo 2.° del Decreto 150 del 8 de febrero de
2024, «por el cual se hace efectiva la suspensión provisional del Ministerio de
Relaciones Exteriores y se hace un encargo», desconoció el artículo 122 de la
Constitución Política, ya que le asignó al señor Murillo Urrutia, en encargo, las
funciones de ministro de Relaciones Exteriores a pesar de que éste fue condenado a 6
meses de prisión por el delito de peculado por aplicación oficial diferente y dicha
disposición establece una inhabilidad a los servidores públicos condenados por delitos
contra el patrimonio del Estado.

41. En ese sentido, el demandante estimó que el acto fue expedido con falsa
motivación, pues no se acreditó que el señor Luis Gilberto Murillo Urrutia cumpliera con
uno de los requisitos previstos en el artículo 1.° de la Ley 190 de 1995.

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42. Como ya se indicó, el artículo 122 de la Constitución contiene una causal de
inhabilidad común a todos los servidores públicos, sin distinción del cargo o función a
desempeñar. Dicha disposición establece lo siguiente:

«Artículo 122. […]
Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como
candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores
públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado,
quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que
afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos
relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales,
delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior».

43. Ahora bien, el Título XV del Código Penal establece los delitos contra la
administración pública y en su artículo 39930 prevé el delito de peculado por aplicación
oficial diferente, por lo que, en caso de existir sentencia condenatoria por este delito, el
condenado no podría ser designado como servidor público.

44. Con miras a resolver el problema jurídico planteado, es pertinente mencionar las
siguientes pruebas obrantes en el expediente:

• Por auto del 17 de marzo de 1998, la Corte Suprema de Justicia inadmitió el
recurso de casación interpuesto por el señor Luis Gilberto Murillo Urrutia contra la
sentencia del 29 de agosto de 1997, proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Quibdó, que revocó el fallo absolutorio emitido por el Juzgado Primero
Penal del Circuito de Quibdó. En su lugar, condenó al procesado a la pena principal
de 6 meses de prisión por hallarlo responsable penalmente del delito de peculado
por aplicación oficial diferente. «Este fallo generó la inhabilidad intemporal de que
trata el inciso 5.º del artículo 122 de la Constitución Nacional». 31

• El 11 de agosto de 2009, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Quibdó
«declaró extinguidas las sanciones penales principales y accesorias, disponiendo la
liberación definitiva e incondicional del condenado».32

• El 15 de septiembre de 2010, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, inadmitió la demanda de revisión presentada por el señor Luis Gilberto
Murillo Urrutia contra el fallo del 29 de agosto de 1997. 33

30
Para el caso la norma que consagraba el tipo penal era el artículo 136 del Decreto 100 de 1980. Sobre éste se
referirá la Sala mas adelante.
31
Información extraída del Auto Interlocutorio 447 del 5 de junio de 2015.
32
Información extraída del Auto Interlocutorio 447 del 5 de junio de 2015.
33
Folio 14 del escrito de la demanda contenido en el índice

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• A través de sentencia de 26 de junio de 201334 la Sección Quinta del Consejo de
Estado35, declaró la nulidad del Acuerdo núm. 016 del 20 de diciembre de 2011
proferido por el Consejo Nacional Electoral, en cuanto declaró elegido gobernador del
departamento del Chocó, al ciudadano Luis Gilberto Murillo Urrutia, para el período
2012-2015. Lo anterior al advertir que se encontraba incurso en la inhabilidad
constitucional del artículo 122 dado que fue condenado y declarado penalmente
responsable en segunda instancia por el Tribunal Superior de Quibdó, por el delito de
peculado por aplicación oficial diferente a título de dolo y fue condenado, en el año
1997, a pena privativa de la libertad de seis meses, interdicción de derechos y
funciones públicas por el término de un año y multa.

• Por Auto Interlocutorio 447 del 5 de junio de 2015, 36 el Juzgado de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Quibdó resolvió una solicitud de ineficacia y/o
aplicación del principio de favorabilidad invocada por el señor Luis Gilberto Murillo
Urrutia. Así, en aplicación del control de convencionalidad, el juzgado decidió dejar sin
efectos la inhabilidad intemporal existente en su contra. Textualmente, dispuso:

«PARA DECIDIR SE CONSIDERA:
[…]
El nuevo abordaje hecho por la defensa destinado a la aplicación del principio de
favorabilidad frente a otro aspecto sustancial de la conducta punible, como lo es el
referente dogmático de la antijuridicidad material, bajo el llamado control de
convencionalidad, se encuentra más orientado a la aplicación de dicho principio universal
de favorabilidad, en lo que toca al contenido de una de las acepciones gramaticales del
numeral 7 del artículo 79 de la ley 600 de 2000, es decir, en cuanto hace referencia a la
modificación posterior de la norma o en aspectos que tienen que ver con la construcción
dogmática del delito, de manera que su aplicación no se circunscribe directamente a los
efectos derivados de la misma condena penal, sino a las otras limitaciones que están
afectando el goce efectivo de otro derechos fundamentales del condenado, cuyo origen
devenga del marco jurídico vigente y se relacionan a su derecho de participación política,
esto es, a la inhabilidad intemporal, por lo que a ello se referirá la suscrita en aplicación
del principio de favorabilidad, como así lo indicó claramente la Corte Constitucional.

Es por lo anterior que si realizamos el análisis para que se aplique el principio de
favorabilidad frente a la conducta fallada en desfavor del señor MURILLO URRUTIA, por
la modificación legal, tendríamos que decir, como se ha reconocido, que si bien el delito
fue típico, no fue antijurídico y al no serlo, mucho menos podríamos acudir al referente de
la culpabilidad, e indudablemente incursionaríamos en la sentencia misma, cuya
condena ya se extinguió, por ello no es factible invadir competencias diferentes a la de
ejecución de la sanción penal, quedando indefectiblemente supeditado el presente
pronunciamiento a los efectos desfavorables al condenado y es así como lo entiende la
suscrita.

Sin ir más lejos, ejerciendo el control de convencionalidad, con miras a la aplicación del
principio de favorabilidad solicitada por el defensor del señor MURILLO URRUTIA, y con
ocasión del nuevo y favorable referente de antijuridicidad por la modificación

34
Proceso radicado 270012331000200120002402. Visible en el aplicativo SAMAI.
35
Con ponencia del consejero Alberto Yepes Barreiro.
36
Folio 20 del índice 18 de Samai. Expediente 25000234100020240052000

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sobreviniente, esto es, la ley 599 de 2000, el principio debe aplicarse de manera genérica
y no restringida; por ello es procedente el petito, pero subsumido a este especial sentido.

Deviene de lo anterior, que se dispondrá la cesación de los efectos de la inhabilidad
intemporal que existe en contra del condenado y por ello se restablecerán sus derechos
civiles y políticos, subsistentes como consecuencia de dicho fallo de condena, hoy
extinguido.
[…]
RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la INEFICACIA de la sentencia penal propuesta nuevamente por la
defensa del señor LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA, por las razones arriba
expuestas:
SEGUNDO: En ejercicio de control de convencionalidad APLICAR el principio de
favorabilidad en este asunto y DEJAR SIN EFECTOS la inhabilidad intemporal existente
contra el condenado MURILLO URRUTIA, con arreglo a las consideraciones de esta
decisión.
TERCERO: Contra este proveído, proceden los recursos de reposición y apelación.
CUARTO: EJECUTORIADA esta decisión, DESE aviso a la Procuraduría General de la
Nación, Registraduría Nacional del Estado Civil y Consejo Nacional Electoral, para el
restablecimiento de los derechos civiles y políticos del condenado MURILLO URRUTIA y
VAYA el expediente a juzgado de origen para que disponga su archivo definitivo, por
haber cesado la instancia.»

• En providencia del 14 de marzo de 2022, la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado37 concluyó que el señor Luis Gilberto Murillo Urrutia cumplía con las
calidades exigidas en el artículo 191 de la Constitución Política para desempeñar el
cargo de presidente de la República para el período constitucional 2022-2026.38

• Por Resolución 2941 del 24 de mayo de 2022, el Consejo Nacional Electoral
negó la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura del ciudadano Luis
Gilberto Murillo Urrutia, como fórmula vicepresidencial del candidato Sergio Fajardo
Valderrama, avalado por la Coalición Centro Esperanza, en el marco de las elecciones
para la Presidencia de la República 2022 - 2026. Esta decisión se fundó en las
siguientes consideraciones:

«Como el elemento de la antijuridicidad material del delito de "peculado por aplicación
oficial diferente" previsto en el Decreto Ley 100 de 1980, fue modificado de forma
sustancial con la entrada en vigor de la Ley 599 de 2000 estableciendo que, para que se
configure el delito, se exige la afectación de los rubros de inversión social o de los
salarios o prestaciones sociales de los servidores públicos39.

En el caso específico, la conducta por la cual fue condenado el señor LUIS GILBERTO
MURILLO URRUTIA, el 29 de agosto de 1997, fue por peculado por indebida destinación
[sic], lo cual hizo que la conducta desplegada fuera típica, en cuanto estaba prevista en
una normatividad como tal. Pero ese delito ahora, la destinación de "recursos del Estado
para algo distinto a lo previsto en el presupuesto, independientemente de la finalidad

37
Radicado 11001-03-06-000-2022-00056-00.
38
Folio 31 del artículo contenido en el índice 20 de Samai Expediente 25000234100020240052000
39
Consejo de Estado en sentencia de segunda instancia del veintiséis (26) de junio de dos mil doce (2012) del, C.P.
Alberto Yepes Barrero. Rad. 27001-23-31-000-2012-00024-02.

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para la que se destinaran", fue modificado por el legislador. Ella hoy solo se configura, si
con ella se afectan rubros de inversión social, salarios o prestaciones sociales de los
servidores públicos.

En lo que atañe al doctor Murillo Urrutia, la sentencia condenatoria que se expidió porque
en el año 1994, como director General de la Corporación Autónoma Regional para el
Desarrollo Sostenible del Chocó "CODECHOCO", destinó recursos para la reparación
locativa de la Escuela "Pascual de Andagoya", con dineros para el "Saneamiento
Ambiental en zonas mineras del departamento del Chocó", no señaló que con su
conducta se hubieran comprometido dineros públicos de inversión social, prestaciones
sociales o salarios, de ahí que, desde la perspectiva actual, no se habría proferido una
providencia de reproche.
[…]
No obstante, es preciso señalar que, la Corte Constitucional, mediante Sentencia No.
SU-917 de cinco (5) de diciembre de dos mil trece (2013) y en revisión del fallo de tutela
dictado en única instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, el 5 de julio de 2012, precisó que la aplicación del principio de favorabilidad para
"determinar si bajo la luz de la actual regulación penal, la conducta cometida por el
ciudadano Murillo Urrutia, continúa siendo punible (...) no corresponde, de manera
general, a la Corte Constitucional, sino que está reservada a la jurisdicción penal, puesto
que es a ella a la que corresponde definir tales asuntos de responsabilidad por la
comisión de delitos".

De ahí que, el ciudadano MURILLO URRUTIA hubiera acudido a la jurisdicción penal, lo
cual concluyó con lo ordenado en el Auto Interlocutorio No. 447 del 5 de junio de 2015,
mediante el cual el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de seguridad de
Quibdó, si bien, negó la ineficacia de la sentencia penal propuesta por el señor LUIS
GILBERTO MURILLO URRUTIA, "En ejercicio de control de convencionalidad", resolvió
"APLICAR el principio de favorabilidad en este asunto y DEJAR SIN EFECTOS la
inhabilidad intemporal existente contra el condenado MURILLO URRUTIA, con arreglo a
las consideraciones de esta decisión". De ahí que, resulte imposible concluir que existe
restricción sobre los derechos fundamentales del administrado, en este caso al de ser
elegido.

• En el certificado de antecedentes penales y requerimientos judiciales de la
Policía Nacional del 2 de mayo de 2024 corresóndiente al señor Luis Gilberto Murillo
Urrutia se registra que no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales. 40

• De acuerdo con el certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la
Nación del 2 de mayo de 2024, el señor Luis Gilberto Murillo Urrutia no presenta
antecedentes disciplinarios.41

En atención al anterior recuento, se encuentra acreditado que el Tribunal
45.
Superior de Quibdó, mediante sentencia del 29 de agosto de 1997, condenó al señor
Luis Gilberto Murillo Urrutia por el delito de peculado por aplicación oficial diferente, a
la pena principal de 6 meses de prisión. Este fallo generó la inhabilidad intemporal de
que trata el inciso 5.º del artículo 122 de la Constitución Nacional; decisión judicial que
se encuentra en firme comoquiera que el condenado interpuso recurso de casación

40
Folio 30 del índice 18 de Samai. Expediente 25000234100020240052000
41
Folio 31 del índice 18 de Samai. Expediente 25000234100020240052000

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que fue inadmitido por la Corte Suprema de Justicia a través de auto del 17 de marzo
de 1998.

46. Sin embargo, a través del Auto Interlocutorio 447 del 5 de junio de 2015, el
Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Quibdó, en ejercicio del
control de convencionalidad y aplicando el principio de favorabilidad, dejó sin efectos
la inhabilidad intemporal existente contra dicho ciudadano y, fue con base en este
proveído que se han proferido algunas decisiones favorables al señor Murillo Urrutia
comoquiera que el Consejo Nacional Electoral mantuvo su inscripción para ocupar un
cargo de elección popular bajo el entendido de que sobre él no recaía inhabilidad
alguna que le impidiera el desempeño de la función pública , así mismo en el registro
de antecedentes de la Policía Nacional o de la Procuraduría General de la Nación no
cuenta con anotaciones.

47. Dicha decisión se produjo en virtud de la solicitud de ineficacia de la sentencia
promovida por el señor Murillo Urrutia42 en virtud de la modificación introducida al tipo
penal por la Ley 599 de 2000, artículo 399. Según los antecedentes de la decisión
judicial, estos fueron los términos en que se formuló la petición:

«Este fallo generó la inhabilidad intemporal de que trata el inciso 5.º del artículo 122 de
la Constitución Nacional.
Posteriormente este despacho en decisión que data del 11 de agosto de 2009, declaró
extinguidas las sanciones penales principales y accesorias, disponiendo la liberación
definitiva e incondicional del condenado.
Ahora en escrito que antecede el apoderado del condenado solicita al despacho bajo la
incursión del denominado control de convencionalidad, la aplicación por favorabilidad
del principio de la ineficacia de la sentencia expedida en su contra ya que sus efectos
subsisten por la permanencia en la pérdida de sus derechos políticos en la actualidad,
pese haber sido (sic) declarado la extinción de la condena.
Advierte que dicho control implica confrontar la normatividad interna y la convención
americana de derechos humanos, ratificada por el Estado Colombiano a través de la
Ley 16 de1 972, de donde deviene que es dable la aplicación por favorabilidad ya no la
categoría dogmática de la tipicidad, sino la categoría de la antijuridicidad, el que según
su dicho, sufrió modificaciones a favor del condenado, con la expedición de la Ley 599
de 2000.
[…]».

48. Ahora bien, de conformidad con las pruebas recaudadas se tiene que el
demandante fue condenado por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Quibdó el
29 de agosto de 1997, por el delito de peculado por aplicación oficial diferente, por lo
que se le impuso las penas principales de 6 meses de prisión con multa de $1.000.oo y
la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el término de 1 año.
Este delito se encontraba establecido en el artículo 136 del Decreto 100 de 1980 que
dispone:

42
Documento visible el expediente visible el aplicativo SAMAI. Primera instancia, archivo «
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Radicado: 25000-23-41-000-2024-00520-01 (0340-2025)
Demandante: Luis Ángel Hincapié Betancourt

«ARTÍCULO 136. Peculado por aplicación oficial diferente. El empleado oficial que dé a
los bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, cuya
administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, aplicación
oficial diferente de aquella a que están destinados, o comprometa sumas superiores a
las fijadas en el presupuesto, o las invierta o utilice en forma no prevista en éste,
incurrirá en prisión de seis (6) meses a tres (3) años, (multa de un mil a cincuenta mil
pesos) e interdicción de derechos y funciones públicas de uno (1) a tres (3) años.»

49. Posteriormente a través de la Ley 599 de 2000, artículo 399, la tipificación del
delito fue modificada en los siguientes términos:

«El servidor público que dé a los bienes del Estado o de empresas o instituciones en
que éste tenga parte, cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por
razón o con ocasión de sus funciones, aplicación oficial diferente de aquella a que están
destinados, o comprometa sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, o las
invierta o utilice en forma no prevista en éste, en perjuicio de la inversión social o de los
salarios o prestaciones sociales de los servidores, incurrirá en prisión de dieciséis (16)
a cincuenta y cuatro (54) meses, multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y
cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. (Las negrillas
corresponde a la modificación de la norma)». ( Negrilla de la Sala)

50. Precisamente en virtud de la modificación de la tipificación del delito, el señor
Murillo Urrutia señaló que fue condenado bajo las previsiones del Decreto 100 de 1980
en donde el requisito de la antijuridicidad se encontraba plasmado en el artículo 4.°
requiriendo simplemente una constatación de la lesión o puesta en peligro formal tan
solo entre la conducta y la norma pero señaló que en virtud de la modificación
introducida por la Ley 599 de 2000 el ordenamiento jurídico requería que la lesión
pusiera efectivamente en peligro del bien jurídicamente tutelado por el legislador.

51. Al respecto, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Quibdó señaló que
las solicitudes previamente negadas de ineficacia de la sentencia buscaban sostener
que el delito por el cual fue condenado el señor Murillo Urrutia había desaparecido del
ordenamiento jurídico. Sin embargo, consideró que esto no ocurrió, ya que la conducta
punible fue modificada en algunos aspectos, pero no eliminada de la legislación
colombiana. Además, afirmó que este asunto ya fue analizado y resuelto por los jueces
competentes.

52. Explicó que declarar la ineficacia de la condena implicaría revisar decisiones
tomadas por los jueces de conocimiento, excediendo las competencias de un juez de
ejecución de penas. Esto solo sería posible si la nueva normativa hubiera eliminado
completamente la posibilidad de perseguir esa conducta, lo cual no sucedió,
especialmente considerando que la condena ya fue extinguida. Y por ello, respecto al
nuevo planteamiento de la defensa, basado en el principio de favorabilidad, el control
de convencionalidad y la antijuridicidad material de la conducta, estimó que la solicitud
no está dirigida a modificar directamente la condena, sino a revisar los efectos

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desfavorables que aún subsistían para el condenado, en particular aquellos
relacionados con sus derechos políticos y la inhabilidad.

53. En su disertación la juez señaló que aceptar plenamente la aplicación de la
favorabilidad llevaría a concluir que la conducta pudo haber sido típica, pero no
antijurídica, ello implicaría cuestionar la propia sentencia condenatoria; pero como la
condena ya se extinguió y ello excedía las competencias de la jurisdicción de ejecución
de penas, por lo que limitaría su análisis únicamente a los efectos negativos que aún
afectaban al condenado, sin reabrir el debate sobre la validez de la sentencia. No
obstante a renglón seguido estimó que:

«Sin ir más lejos, ejerciendo el control de convencionalidad, con miras a la aplicación
del principio de favorabilidad solicitada por el defensor del señor MURILLO URRUTlA, y
con ocasión del nuevo y favorable referente de antijuridicidad por la modificación
sobreviniente, esto es, la Ley 599 de 2000, el principio debe aplicarse de manera
genérica y no restringida; por ello es procedente el petito, pero subsumido a este
especial sentido.
Deviene de lo anterior, que se dispondrá la cesación de los efectos de la inhabilidad
intemporal que existe en contra del condenado y por ello se restablecerán sus derechos
civiles y políticos subsistentes como consecuencia de dicho fallo de condena, hoy
extinguido».

54. Ahora bien, con independencia de los cuestionamientos de fondo que pudiera
suscitar la argumentación contenida en la decisión antes referida, en cuanto, por una
parte, sostiene que declarar la ineficacia de la condena implicaría revisar decisiones
adoptadas por los jueces de conocimiento, excediendo así el ámbito de su
competencia y, por otra, deja sin efectos la inhabilidad intemporal a la luz de la Ley 599
de 2000 ( modificación del tipo penal), esta Sala estima que la decisión proferida por el
Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Quibdó no tuvo la
virtualidad de dejar sin efectos la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal
Superior de Quibdó el 29 de agosto de 1997 ni, por esa vía, de eliminar la inhabilidad
intemporal prevista en el artículo 122 de la Constitución Política.

55. Lo anterior, tal como lo señaló la Sección Quinta de esta Corporación en la
sentencia de 30 de julio de 2026 43, mediante la cual se declaró la nulidad del Decreto
0657 del 21 de mayo de 2024, por el cual el presidente de la República designó al
señor Luis Gilberto Murillo Urrutia como ministro de Relaciones Exteriores. En esa
providencia, la Corporación determinó que:

i) El delito de peculado por aplicación oficial diferente no desapareció del
ordenamiento jurídico, pese a que se le adicionó un elemento normativo.
ii) La sentencia que le impuso condena al demandado nunca fue declarada
ineficaz y,

43
Dictada dentro del proceso de nulidad electoral radicado: 25000234100020240122501, promovida contra el
señor Luis Gilberto Murillo Urrutia.

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iii) La inhabilidad intemporal proviene de la disposición constitucional y opera de
pleno derecho, aun en el evento de que la sentencia no la consagre
expresamente.

56. En esta decisión la Sección Quinta precisió que en este caso el Juzgado de
Ejecución de Penas y Medidas de Quibdó ejerció un control difuso de convencionalidad
para inaplicar la sanción intemporal prevista en el artículo 122 de la Constitución
Política, al referirse al efecto de esa decisión sobre el elemento objetivo de la
inhabilidad, la Sección Quinta determinó que el control difuso de convencionalidad
faculta al juez para verificar, en cada caso concreto y dentro de su competencia, la
compatibilidad de las normas internas con la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, privilegiando la interpretación
más favorable a los derechos humanos. No obstante, la inaplicación de una norma en
un caso particular no implica su derogación ni expulsión del ordenamiento jurídico, por
lo que conserva su vigencia:

« 92. Conforme a lo expuesto, la decisión del juez de ejecución de penas y medidas de
seguridad se circunscribe a la vigilancia de las sanciones penales y, si bien en este caso
dicho funcionario optó por ejercer un control difuso de convencionalidad para inaplicar la
sanción intemporal prevista en el artículo 122 de la Constitución Política, es preciso
determinar el efecto de esa decisión sobre el elemento objetivo de la inhabilidad.
93. El control difuso de convencionalidad exige al juez, en casos concretos y en el ámbito de
su competencia, un examen oficioso de compatibilidad entre las disposiciones internas, la
Convención Americana sobre los Derechos Humanos como parte integrante del bloque de
constitucionalidad en estricto sentido y la jurisprudencia de la Corte Interamericana,
privilegiando la interpretación que garantice de mejor manera, en el caso concreto, los
derechos humanos.
94. Por lo tanto, en caso de inaplicar una norma, la decisión no deroga ni anula el precepto;
es decir que no produce efectos generales o erga omnes porque la disposición no se
expulsa del ordenamiento jurídico y conserva su vigencia.
95. Los anteriores planteamientos permiten concluir que la inhabilidad constitucional e
intemporal consagrada en el artículo 122 C. P., como causal de nulidad, conserva vigencia
y opera de pleno derecho, como salvaguarda del interés general, por estar consagrada en la
carta de derechos. Al respecto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
en providencia del 6 de agosto de 2025, radicado 63591 sostuvo:

6.3. De otro lado, en los términos acotados por la Sala en otras oportunidades, si
bien resulta acertado el lapso por el cual se impuso la sanción de inhabilidad para el
ejercicio de derechos y funciones públicas, dicho quantum solamente aplica en
relación con el ejercicio de los derechos políticos de elegir y ser elegido, ya que al
tenor del artículo 122 de la Constitución Nacional y considerando que se profirió
condena por el delito de peculado por apropiación, el cual afecta el patrimonio
estatal, la prohibición para el ejercicio de funciones públicas como desempeñar
cargos públicos y celebrar contratos con el Estado en forma directa o a través de
interpuesta persona, procede de modo intemporal. (...) «En todos los casos de
condena por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado, o por
delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos
armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico, se debe imponer la
pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el
término previsto en el Código Penal. Es deseable en la sentencia, a la vez,
imponer la sanción permanente del artículo 122, inciso 5°, de la Constitución.
Pero si no se hace, es una omisión intrascendente porque, de todas formas,

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como lo ha reiterado la Sala, la medida opera de pleno derecho. (Negrillas fuera
del texto)».

57. En esa decisión se atendió a lo previsto por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia44 cuando señaló que el juez de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad únicamente puede reconocer la ineficacia de una sentencia
condenatoria cuando se presenta alguno de los eventos taxativamente previstos en el
numeral 8.° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000, esto es, cuando la norma
incriminadora haya sido declarada inexequible o haya perdido vigencia, dado que no
puede reabrir el debate sobre la tipicidad de la conducta, modificar los hechos
establecidos en la sentencia ni desconocer la cosa juzgada, ya que su competencia se
limita a la vigilancia de la ejecución de la sanción penal y a la aplicación objetiva del
principio de favorabilidad en los eventos expresamente autorizados por la ley.

58. Tal como lo determinó la Sección Quinta, la decisión del Juzgado de Ejecución
de Penas y medidas de Quibdó fue clave para que el Consejo Nacional Electoral (CNE)
mantuviera la inscripción de Luis Gilberto Murillo Urrutia como candidato a la
Vicepresidencia y para que una sentencia de tutela ordenara eliminar el registro de su
condena en los antecedentes. Con base en ello, el Consejo de Estado certificó en
marzo de 2022 que Murillo Urrutia cumplía los requisitos para aspirar a la Presidencia
de la República, tras verificar que no registraba antecedentes penales, disciplinarios,
fiscales ni medidas correctivas vigentes. No obstante, la ausencia de anotaciones en
dichos registros no resultaba, por sí sola, suficiente para enervar los efectos jurídicos
derivados de una condena penal ejecutoriada.

59. En efecto, la inhabilidad objeto de análisis no encuentra su fuente en la
existencia de antecedentes registrados administrativamente, sino en la propia
sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada, que no fue declarada inválida,
anulada o ineficaz por autoridad competente y que en virtud del canon constitucional
establecido en el artículo 122 constituye una inhabilidad intemporal para el ejercicio de
cargos y funciones públicas que opera de pleno derecho como lo señaló la Corte
Suprema de Justicia en la Sala de Casación Penal, en providencia del 6 de agosto de
2025, radicado 63591.

60. Estima la Sala que como la sentencia condenatoria impuesta al señor Murillo
Urrutia quedó en firme cuando la Corte Suprema de Justicia inadmitió el recurso
extraordinario de casación el 17 de marzo de 1998 y nunca fue objeto de una
declaración judicial de ineficacia, y dado que la inhabilidad de carácter permanente
tiene origen directo en una disposición constitucional del artículo 122 y opera de pleno
derecho, con independencia de que haya sido expresamente consignada en el fallo
condenatorio o de que la condena figure o no en los registros de antecede, es evidente

44
Sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dictada el 19 de febrero de 2020
dictada en el proceso SP 461-2020 ( rad. 56289).

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que el señor Murillo Urrutia se encontraba inhabilitado para el ejercicio de las
funciones que le fueron encargadas como ministro de Relaciones Exteriores.

61. De conformidad con lo expuesto, la decisión adoptada por el Juzgado de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Quibdó no tenía la aptitud jurídica para
privar de efectos la sentencia condenatoria proferida contra el señor Luis Gilberto
Murillo Urrutia, pues la competencia de dicha autoridad judicial se encuentra
estrictamente delimitada por la ley y no comprende la facultad de revisar la
responsabilidad penal declarada en una providencia ejecutoriada, alterar los hechos
establecidos en ella o desconocer los efectos propios de la cosa juzgada. En
consecuencia, al no haberse configurado ninguno de los supuestos excepcionales que
autorizan la declaración de ineficacia de una condena, esta continuó produciendo
todos sus efectos jurídicos, incluidos aquellos de naturaleza constitucional que derivan
directamente de su ejecutoria.

62. Así las cosas, dado que la condena penal impuesta al señor Murillo Urrutia
permaneció vigente y no fue anulada ni desprovista válidamente de efectos por
autoridad competente, la inhabilidad prevista en el artículo 122 de la Constitución
Política conservó plena eficacia y operó de pleno derecho, con independencia de la
información contenida en los registros de antecedentes o de las decisiones
administrativas adoptadas a partir de ellos. Por ende, para la fecha de su designación y
ejercicio de las funciones del cargo de ministro de Relaciones Exteriores subsistía la
restricción constitucional que impedía el acceso al desempeño de funciones públicas,
circunstancia que resulta determinante para el análisis de legalidad objeto de examen.

63. De acuerdo con las consideraciones expuestas, la Sala concluye que el señor
Luis Gilberto Murillo Urrutia se encontraba incurso en la causal de inhabilidad prevista
en el artículo 122 de la Constitución Política para ejercer las funciones de ministro en
encargo. En consecuencia, el acto acusado fue expedido con desconocimiento de una
disposición constitucional que debía ser observada al momento de su expedición,
circunstancia que configura la causal de nulidad por infracción de las normas en que
debía fundarse. Por tanto, se impone acceder a las pretensiones de la demanda y
declarar la nulidad del acto demandado.

4.5. De la condena en costas

64. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.

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65. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. DECLARAR la nulidad del articulo 2.° del Decreto 150 del 8 de febrero de
2024, proferido por el presidente de la República, «por el cual se hace efectiva la
suspensión del ministro de Relaciones Exteriores, ordenada por la Procuraduría
General de la Nación y se hace un encargo», en atención a lo expuesto en la parte
motiva de esta sentencia.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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