Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2024-00582-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2024-00582-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2024-00582-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
25 de septiembre de 2025
1
Radicado: 25000 23 41 000 2024 00582 01
Demandante: Conjunto Residencial Alicante
Apartamentos PH
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente (E): GERMAN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Bogotá, D. C. veinticinco (25) de septiembre de dos mi veinticinco (2025).
Radicación núm.: 25000 23 41 000 2024 00582 01
Actor: Conjunto Residencial Alicante Apartamentos P.H.
Demandados: Municipio de Soacha, Enel Colombia S.A. ESP y Policía Nacional.
Tesis: Se amenazan los derechos colectivos al acceso a los servicios públicos y a
que su prestación sea eficiente y oportuna y a la seguridad pública.
Procede la condena en costas impuesta en primera instancia.
ACCIÓN POPULAR – SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio de
Defensa - Policía Nacional y el Municipio de Soacha, en contra de la sentencia del
10 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La representante legal del Conjunto Residencial Alicante Apartamentos PH
(en adelante Conjunto de Alicante), presentó la demanda de la referencia en contra
del Municipio de Soacha, la empresa Enel Colombia SA ESP y la Policía Nacional,
al considerarlos responsables de la vulneración de los derechos colectivos al goce
de la seguridad, al acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y
oportuna por la falta de vías de acceso al conjunto y alumbrado público.
1.2. En consecuencia, formuló las siguientes:
«PRETENSIONES
“1. Que se declare que, a los residentes del Conjunto Residencia Alicante
Apartamentos P.H., se le ha vulnerado sus derechos colectivos al goce de la
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Demandante: Conjunto Residencial Alicante
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seguridad y el acceso a los servicios y a que su prestación sea eficiente y
oportuna.
2.Que, de acuerdo con la pretensión anterior, se ordene a las entidades
accionadas a brindar una solución oportuna y eficaz en busca de mejorar las
condiciones de vida de los residentes del Conjunto Residencial Alicante
Apartamentos P.H»1
1.3. Como sustento de ello, expresó que el Conjunto Alicante se encuentra
ubicado en el Municipio de Soacha en la Calle 13 # 18Q-91 y que no cuenta con
rutas de fácil acceso y en buen estado. Asimismo, que carece de alumbrado público,
lo que ha generado que se aumenten los niveles de inseguridad en el sector.
Manifestó que los residentes no tienen calidad de vida por dichas situaciones,
debido a que no tienen acceso a transporte todo el tiempo, ya que los carros
particulares han sido víctimas de hurto, impidiendo que se pueda acudir a hospitales
y colegios. De igual forma, señaló que la estratificación del sector no se ajusta a la
realidad.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. En principio le correspondió por reparto el proceso de la referencia al Juzgado
Primero Civil del Circuito de Soacha, que, en auto del 26 de abril de 2022, dispuso
admitir la demanda y ordenó la notificación del Municipio de Soacha, la empresa
Enel Colombia S.A ESP (en adelante Enel) y de la Policía Nacional.
2.2. La Policía Metropolitana de Soacha se opuso a las pretensiones, debido a
que siempre ha cumplido con su función Constitucional, por lo que no se ha
vulnerado el derecho colectivo a la seguridad.
Formuló como excepción la de «Inexistencia de la vulneración a derechos
colectivos»2; adujo que el servicio de policía está catalogado como público y se
encuentra a cargo del Estado, con el fin de mantener y garantizar las libertades
públicas y la convivencia pacífica de los habitantes del territorio nacional.
1 El expediente digitalizado se encuentra visible en el índice número 2 de SAMAI.
2 Ibidem.
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Dijo que en la demanda no se especificaban las razones por las cuales la Policía
vulneraba los derechos colectivos invocados. Sin embargo, advirtió que, según los
artículos 29, 63 y 69 de la Ley 675 de 2001, las unidades inmobiliarias cerradas
deben implementar medidas que contribuyan a la seguridad de sus residentes, las
cuales son competencia de la administración de los edificios.
2.3. El Municipio de Soacha manifestó que no era el responsable del servicio de
alumbrado público, ya que este se encuentra concesionado a la empresa Sociluz
S.A. ESP. No obstante, para que dicha prestación se pueda expandir hasta el
Conjunto Alicante, es necesario que la empresa Aspiros, encargada del proyecto
urbanístico, solicite la instalación de este.
Requirió que fueran vinculadas estas últimas dos (2) empresas al proceso.
Expuso que, del relato de los hechos, no se desprendía que fuera el causante de la
infracción de los derechos colectivos invocados; además, previamente no se acató
el requisito previsto en el artículo 144 del CPACA, el cual señala que se requiera a
la entidad acusada antes de acudir al medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos.
2.4. Enel manifestó que dicha entidad no había vulnerado ni desconocido ningún
derecho colectivo, por lo que debía declararse la falta de legitimación en la causa
por pasiva, ya que la prestación del servicio de alumbrado público está a cargo de
la entidad territorial, que lo brinda por intermedio de Sociluz.
Aseguró que, si bien en las facturas del servicio aparece el cobro de alumbrado
público, lo cierto es que Enel suscribió un contrato el 27 de agosto de 2012 con la
Unión Temporal Soacha Ciudad Luz en el que acordaron que la primera efectuaría
el recaudo de dicho valor y posteriormente se los trasladaría a Sociluz.
Informó que en la actualidad el Municipio de Soacha finalizó la concesión con la
Unión Temporal y ahora ellos son los encargados del alumbrado público. Por lo
tanto, es ese municipio el llamado a responder por la vulneración de los derechos
colectivos.
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2.5. En audiencia del 11 de marzo de 20243, el Juzgado Primero Civil del Circuito
de Soacha declaró la falta de competencia por el factor jurisdiccional y remitió el
proceso a los Juzgados Administrativos de Bogotá.
2.6. Posteriormente, en auto del 14 de marzo de 2024, el Juzgado Sesenta y Uno
Administrativo de Bogotá declaró la falta de competencia funcional y envió el
expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2.7. En proveído del 12 de abril de 2024, el citado Tribunal avocó conocimiento
en el presente trámite.
2.8. El día 10 de mayo de 2024 se declaró fallida la audiencia de pacto de
cumplimiento y se decretaron las pruebas aportadas y solicitadas con la demanda
y los escritos de contestación4.
2.9. El 19 de junio de 20245 se ordenó correr traslado a las partes para que
alegaran de conclusión.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
3.1. La Sección Primera, Subsección A, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dictó sentencia el 10 de octubre de 2024, en el sentido de amparar
los derechos colectivos al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna, y a la seguridad pública de los residentes del sector en el que
se localiza el Conjunto Alicante. A continuación, se transcribe la parte resolutiva:
«PRIMERO. - NEGAR la excepción de falta agotamiento del requisito de
procedibilidad, propuesta por el Municipio de Soacha, Cundinamarca.
SEGUNDO. - DECLARAR la prosperidad de la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, propuesta por Enel Colombia S.A. ESP.
TERCERO. - DECLARAR la vulneración y amenaza de los derechos colectivos
de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna
y a la seguridad pública por parte del Municipio de Soacha, Cundinamarca, y la
Policía Metropolitana de Soacha. En consecuencia, se dispone.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem
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ORDENAR al Municipio de Soacha, Cundinamarca, que garantice la prestación
continua del servicio de alumbrado público para la zona en la que se encuentra
ubicado el Conjunto Residencial Alicante Apartamentos P.H., ubicado en la calle
13 No. 18Q-91 del Municipio de Soacha, Cundinamarca.
En caso de que la zona no cuente con el servicio de alumbrado público, el
Municipio de Soacha, Cundinamarca, deberá abstenerse de cobrar por dicho
servicio.
ORDENAR a la Policía Metropolitana de Soacha, que atienda y actúe frente a
los habitantes del Conjunto Residencial Alicante Apartamentos P.H., ejerciendo
un acompañamiento constante a la comunidad y elaborando un plan de trabajo
en el que se dispongan estrategias focalizadas orientadas a prevenir el hurto en
la zona.
Dentro del mes siguiente a la notificación de este fallo, el Municipio de Soacha,
Cundinamarca, y la Policía Metropolitana de Soacha deberán allegar un informe
sobre las gestiones dirigidas al cumplimiento de las órdenes impartidas en esta
sentencia.
El Tribunal hará uso de los mecanismos previstos en la Ley 472 de 1998 para
asegurar el cumplimiento de la presente decisión y podrá convocar a una Mesa
de Trabajo con el fin de hacer seguimiento a sus actividades.
CUARTO. - CONFORMAR un Comité de Verificación de Cumplimiento de la
Sentencia, que estará presidido por este Tribunal, e integrado por la parte
actora, el Agente del Ministerio Público delegado al Despacho del Magistrado
Sustanciador, un representante del Municipio de Soacha, Cundinamarca, y un
representante de la Policía Metropolitana de Soacha.
QUINTO. - CONDENAR en costas al Municipio de Soacha, Cundinamarca, y al
Ministerio de Defensa, Policía Nacional.
SEXTO. - En firme esta providencia, por Secretaría, ENVÍESE copia de la
misma al Registro Público Centralizado de Acciones Populares y de Grupo, de
conformidad con el artículo 80 de la Ley 472 de 1998 y archívese el expediente,
previas las constancias y anotaciones del caso»6.
En primer lugar, procedió a estudiar las excepciones propuestas en las
contestaciones de la demanda. Inició con la de «Falta de agotamiento del requisito
de procedibilidad» formulada por el Municipio de Soacha.
Mencionó que, si bien la demandante no agotó el requisito previsto en el artículo
144 del CPACA, aspecto que generaba el rechazo del libelo introductorio, lo cierto
es que el Juzgado Primero del Circuito de Soacha admitió la demanda en auto del
26 de abril de 2022 y contra esa decisión la citada territorialidad no interpuso recurso
alguno. Por lo tanto, en cumplimiento de lo previsto en el 133 del Código General
6 Ibidem.
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del Proceso (en adelante CGP), al no haber sido impugnada en tiempo la
irregularidad, se entiende por subsanada.
Ahora, sobre la falta de legitimación en la causa por pasiva de Enel, la declaró
probada, debido a que esa compañía no es la encargada de prestar el servicio de
alumbrado público en Soacha, sino que su función se basa en la facturación y
recaudo del impuesto de alumbrado público. Lo que evidenció que no tenía relación
material ni funcional con los hechos y pretensiones de la demanda.
Posteriormente, expuso el marco normativo y jurisprudencial de la acción popular y
de los derechos colectivos invocados. A su vez, enunció los elementos probatorios
allegados al proceso.
Puso de presente que, si bien la demanda había sido radicada en el año 2022, lo
cierto es que aún se presentaba la falta del servicio de luz pública, el cual estaba
siendo cobrado en el servicio de energía, tal y como se podía observar en los
documentos allegados con la demanda.
Expuso que, en el informe pericial que rindió Enel se advirtió que, en la calle 13,
frente a la copropiedad de la actora, se están construyendo e instalando las redes,
postes y luminarias. Por lo tanto, del análisis de las pruebas, el Tribunal concluyó
que se estaban vulnerando los derechos colectivos no solo de los residentes del
Conjunto Alicante, sino de las personas que transitaban por el sector aledaño, ya
que no se cuenta con la infraestructura necesaria para proporcionar el servicio.
Indicó que Enel suscribió un contrato con Fondecun que tiene como objetivo «la
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DEL
DIAGNOSTICO DEL RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO
URBANO MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA, ASÍ COMO LA INTERVENCIÓN DE
PUNTOS CRITICOS CON NECESIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA EN EL MARCO DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 0362 DE 2024 (FONDECÚNNO.24-005)
SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA Y CON EL FONDO DE
DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN»7
7 Folio 20 sentencia primera instancia.
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Informó que el acta de inicio fue suscrita el 18 de marzo de 2024 y la ejecución del
contrato finalizó el 18 de abril del mismo año. Sin embargo, con ello no se garantizó
el suministro del alumbrado público en la zona del Conjunto Alicante, lo cual se
evidenció en la audiencia de pacto de cumplimiento efectuada el 10 de mayo de
2024.
Señaló que el Municipio de Soacha es el responsable de garantizar el servicio de
alumbrado público, pues, en el Oficio nro. 0500 de 2024, afirmó que desde junio de
2023 finalizó la concesión del servicio pactado con Sociluz. Además, este sigue
cobrando por dicha prestación, lo que demuestra la vulneración de los derechos
colectivos.
En lo relacionado con la seguridad, manifestó que con la demanda se remitió el
derecho de petición que radicó la actora el 18 de abril de 2022, en el que ponía en
conocimiento del Distrito Especial de Soacha las diferentes situaciones de hurto y
lesiones personales que sufrieron los habitantes del sector en el que se ubica el
Conjunto Alicante. Asimismo, requirió el acompañamiento de patrullas entre las 3:00
am y las 23:00 PM en dicha zona y la instalación de un CAI móvil. Solicitudes de las
cuales no reposan respuesta.
Dijo que se vulneraba el mencionado derecho por la Policía Nacional, ya que no
demostró que llevara a cabo acompañamientos a la comunidad, patrullaje o las
gestiones necesarias que garantizaran la seguridad en el sector afectado.
Por último, resolvió condenar en costas al Municipio de Soacha y al Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional, debido a que se demostró que había violado
los derechos colectivos de acceso a los servicios públicos y a que su prestación
fuera eficiente y oportuna, y a la seguridad pública.
IV. RECURSOS DE APELACIÓN
4.1. El Ministerio de Defensa – Policía Nacional8 señaló que desde la
contestación de la demanda se aportó la Resolución nro. 03027 de 30 de septiembre
de 2021, con la que se evidenciaban las diferentes actividades que efectuaba la
8 Ibidem.
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Policía con el fin de mejorar la seguridad de los habitantes del Municipio de Soacha,
debido a que se aumentaron los patrullajes, las campañas de sensibilización y los
planes de intervención.
Indicó que nunca dejó de cumplir sus funciones, ya que lo que se ha buscado es
mejorar el contacto con la ciudadanía. Resaltó que el fallo de primera instancia se
concentró en analizar el incumplimiento del servicio de alumbrado público, sin
analizar las labores desplegadas por dicha entidad.
Advirtió que el a quo, al analizar de fondo el asunto, encontró que el responsable
por la falta de alumbrado público era el Municipio de Soacha, más no la Policía
Nacional, por lo que no existían razones suficientes para condenar en costas a esa
entidad, pues no se logró probar que fuera la causante de las afectaciones
generadas a la población.
4.2. El Municipio de Soacha expuso que las conclusiones del Tribunal no eran
correctas, pues basó su decisión en fotografías tomadas en el 2022 por el
demandante, donde no se evidenciaban los postes de luz.
Sostuvo que en la actualidad el Conjunto Alicante ya cuenta con el servicio de
alumbrado público, pues la autoridad territorial le dio prioridad al sector e instaló una
serie de luminarias, lo cual se puede evidenciar con el informe emitido por la
Dirección de Servicios Públicos del Municipio de Soacha.
Así, puso de presente que, en cumplimiento de los contratos nro. 2019-2024 y 121-
2024, ha efectuado diferentes intervenciones de mantenimiento correctivo a la
infraestructura de alumbrado público en el sector afectado, como relacionó en el
siguiente cuadro:
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Informó que el 17 de octubre de 2024 realizó una visita al Conjunto Alicante para
verificar el estado del sistema de alumbrado público donde se evidenció que en la
calle 13 entre carreras 18 Q y 19, hay 4 postes de 12 metros con carga de rotura de
51 kilogramos de fuerza con luminarias led de 180 watts, lo que permitió la visibilidad
en los alrededores y benefició a la población, al generar una mayor seguridad en la
zona. Lo mismo sucedió en la Calle 19 A entre calle 13 y el parque villa Rosita.
Ahora, respecto del costado occidental frente al parque Villa Rosita, dijo que al ser
una zona verde la cual no es peatonal, no requiere de alumbrado público, debido a
que se encuentra frente a la cancha de futbol del parque. Sin embargo, al costado
del sector se instalaron 2 postes de 10 metros con carga de rotura de 510 kilogramos
de fuerza.
Por último, mencionó que la carrera 18 Q entre calles 13 y 11 no cuentan con
infraestructura instalada de alumbrado público, debido a que el Conjunto Alicante
proporciona la iluminación del sector, tanto en el costado sur y norte y por el
Conjunto Residencial la Alegría.
Resaltó que ha venido efectuando las labores necesarias para continuar con la
debida prestación del servicio público.
V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
5.1. Mediante auto del 12 de diciembre de 2024, el Despacho admitió el recurso
de apelación y corrió traslado de los documentos aportados por el Municipio de
Soacha9.
5.2. En auto del 21 de febrero de 2025, se ordenó correr traslado a las partes
para que presentaran sus alegatos de conclusión.
5.3. El Municipio de Soacha, mediante escrito del 14 de marzo de 2025 10, se
pronunció invocando los mismos argumentos que expuso en la apelación.
9 Visible en el índice 4 del Sistema de Gestión SAMAI.
10 Visible a índice 18 ibidem.
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5.4. Por su parte, la Policía Nacional expuso nuevamente los mismos
argumentos de la alzada. Sin embargo, como fundamento adicional, trajo a colación
el Informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en el que se evidencia
que venía efectuando actividades para mejorar la seguridad y convivencia de los
ciudadanos del Municipio de Soacha.
VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El 14 de febrero de 2025, el Ministerio Público emitió concepto en el que manifestó
lo siguiente:
Procedió hacer una análisis normativo y jurisprudencial sobre la procedencia de la
acción popular y los derechos colectivos invocados.
Adujo que el artículo 4 del Decreto nro. 943 de 2018 estableció que los municipios
o distritos eran los responsables de la prestación del servicio de alumbrado público,
el cual podría ser prestado de manera directa o a través de una empresa de
servicios públicos domiciliarios.
Manifestó que, si bien el Municipio de Soacha indicó que se ejecutaron labores
correctivas y de mantenimiento sobre la estructura de alumbrado público en el
sector donde se ubica el Conjunto Alicante, lo cierto es que la problemática persiste
en algunos lugares, como es la carrera 18Q entre calles 13 y 11, donde no cuenta
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con luminarias de la autoridad territorial, sino que el servicio lo presta la
demandante. Por lo tanto, no se está garantizando plenamente el derecho al servicio
público.
Frente al derecho a la seguridad, indicó que la orden del juez de primera instancia
consistía en atender y ofrecer un acompañamiento a los residentes del Conjunto
Alicante e implementar un plan de trabajo para evitar los hurtos en la zona. Sin
embargo, esto no está demostrado por la Policía Nacional, por lo que no está
llamado a prosperar su cargo.
VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
7.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el artículo
150 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, proferido por
el Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda
instancia, de los recursos de apelación en contra de las sentencias emitidas por los
Tribunales Administrativos en los medios de control de protección de los derechos
e intereses colectivos.
7.2. Planteamiento
La Sala advierte que la alzada se contrae a los reproches del Municipio de Soacha
y de la Policía Nacional frente a: (i) la declaración de vulneración y amenaza de los
derechos colectivos al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna, y a la seguridad pública, y (ii) la condena en costas.
Para el Municipio de Soacha el Tribunal encontró acreditada la deficiencia en la
prestación del alumbrado público en el sector del Conjunto Residencial Alicante
(calle 13 No. 18Q-91) y, por ende, declaró la vulneración y amenaza de los derechos
colectivos y ordenó garantizar la prestación continua del servicio, así como
abstenerse de cobrar cuando el servicio no se preste. El Municipio sostiene que el
fallo se apoyó en evidencia fotográfica de 2022 que no reflejaría el estado actual;
afirma que hoy existe alumbrado en varios frentes del sector (instalación de
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luminarias LED de 180 W sobre cuatro postes de 12 m en calle 13 entre carreras
18Q y 19, y dos postes de 10 m en el costado occidental frente al parque Villa
Rosita), que se han ejecutado mantenimientos correctivos en virtud de los contratos
2019-2024 y 121-2024, y que ciertos tramos no requieren alumbrado por
corresponder a zona verde no peatonal o estar iluminados por la copropiedad
(carrera 18Q entre calles 13 y 11).
La Policía Nacional sostuvo que el Tribunal declaró la vulneración del derecho
colectivo a la seguridad pública por insuficiencia de patrullajes y ordenó la
elaboración de un plan de trabajo con estrategias focalizadas para prevenir hurtos;
además, condenó en costas a la entidad. Alegó que nunca desatendió sus
funciones, que existen acciones previas y continuas, como por ejemplo la
Resolución 03027 del 30 de septiembre de 2021, que incrementó los patrullajes,
campañas y planes de intervención, y que el fallo de primera instancia omitió valorar
estas labores, desplazando la problemática real —ligada al alumbrado público—
hacia una responsabilidad policial que, a su juicio, no se acredita. En lo atinente a
costas, sostiene que no hay fundamento para imponerlas.
7.3. De la vulneración de los derechos colectivos
7.3.1. Corresponde a la Sala establecer si se vulneraron los derechos colectivos al
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y a la
seguridad pública, para lo cual se analizará si, según lo expresan los recurrentes,
en el expediente existen pruebas que demuestran, por un lado, que el ente territorial
efectuó intervenciones contractuales, instalación de postes y luminarias,
identificación de tramos sin requerimiento de alumbrado o con iluminación privada;
y, por el otro, que la Policía Nacional realizó patrullajes, campañas y planes de
intervención frente a las denuncias presentadas por la comisión de delitos en la
zona.
Para responder a tal cuestión, es indispensable aludir a las pruebas que reposan en
el plenario:
7.3.1.1. En primer lugar, es importante mencionar que la entidad territorial
indicó que el 17 de octubre de 2024 realizó una visita al Conjunto Residencial
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Alicante Apartamentos P.H., y de ella allegó el siguiente registro fotográfico con la
correspondiente descripción:
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7.3.1.2. En segundo lugar, la Sala advierte que, aunque la Policía Nacional en
el recurso de apelación solicitó “decretar de oficio para que se incluya y se de valor
probatorio al Informe de Rendición de Cuentas Vigencia 2022 y 2023”, con auto del
10 de julio de 202511, el Despacho Ponente negó el decreto de dicha prueba. Y,
pese a que con los alegatos de conclusión expuso una captura de pantalla con un
cuadro tomado del “Informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas”, con
datos comparativos del 2023 y 2024, no adjuntó el comentado documento para
11 Visible en el índice 21 de Samai.
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corroborar las fuentes de donde provienen las cifras y la explicación de estas. De
cualquier forma, se trata de una prueba allegada de forma extemporánea que, en
garantía del derecho al debido proceso de la parte actora, no puede ser valorada.
7.3.1.3. Así, del examen integral del acervo probatorio allegado en primera
instancia y de las piezas aportadas con ocasión de la alzada del ente territorial, la
Sala concluye que persisten condiciones objetivas de deficiencia en la prestación
del servicio de alumbrado público en el entorno del Conjunto Residencial Alicante
Apartamentos P.H., y que las actuaciones de la Policía, si bien, muestran esfuerzos
institucionales, no desvirtúan la necesidad de adoptar medidas focalizadas y
verificables para la protección del derecho colectivo a la seguridad pública en el
sector.
Está acreditado que el municipio realizó intervenciones de mantenimiento e
instalación de infraestructura: (a) en la calle 13 entre carreras 18Q y 19, se
dispusieron 4 postes de 12 m con luminarias LED de 180 W, y (b) en el costado
occidental frente al parque Villa Rosita se instalaron 2 postes de 10 m; además, se
reportaron labores contractuales en el marco de los contratos 2019-2024 y 121-
2024. Sin embargo, también está demostrado que en la carrera 18Q entre calles 13
y 11 no existe infraestructura municipal instalada de alumbrado público y que la
iluminación del tramo proviene exclusivamente de luminarias privadas
pertenecientes al Conjunto Residencial Alicante (costados sur y norte) y al Conjunto
Residencial La Alegría.
Esa cobertura incompleta comporta consecuencias jurídicas relevantes. No se
cumple el estándar de continuidad, regularidad y eficiencia exigible al servicio de
alumbrado público en la red vial y espacio peatonal circundante. Tampoco se probó
que la iluminación privada cumpla los protocolos públicos de operación,
mantenimiento y reposición, razón por la cual no sustituye la obligación municipal
de garantizar iluminación pública suficiente en los puntos críticos de tránsito y
permanencia del vecindario. La suficiencia del servicio no se verifica por los puntos
de luz en algunos frentes, sino por la integridad funcional del circuito que permite
desplazamientos seguros y percepción de seguridad en las franjas horarias de
mayor riesgo.
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Adicionalmente, no existe certeza sobre las condiciones técnicas ni operativas de
las luminarias privadas que hoy prestan de facto la función de alumbrado en el
sector. Se desconoce, por ejemplo, si su potencia, flujo luminoso o altura de
instalación resultan idóneos para garantizar la uniformidad requerida en la vía
pública, ni si operan de manera continua durante las horas nocturnas o cuentan con
esquemas de mantenimiento preventivo y correctivo que aseguren su óptimo
funcionamiento. Esta incertidumbre impide equiparar dichas luminarias a las que
integran la red pública, en tanto no están sujetas a protocolos de verificación,
reposición ni estándares de eficiencia energética, lo que agrava el déficit de
cobertura y confirma la persistencia de un incumplimiento municipal en la prestación
regular y suficiente del servicio de alumbrado público en la zona.
Los argumentos del municipio relativos a que determinados tramos serían «zona
verde no peatonal» no desvirtúan el deber de planificación e instalación allí donde
se demanda la iluminación pública, menos cuando el propio municipio reconoce la
necesidad de intervención en los segmentos adyacentes.
Las pruebas demuestran la existencia de tramos sin iluminación pública adecuada
que representan una amenaza real, no hipotética, directa, inminente, concreta y
actual12. Aunque esta situación no ha derivado, según el expediente, en incidentes
demostrables o daños específicos a personas o bienes, sí crea un contexto de
inseguridad y de potencial afectación, especialmente en horas nocturnas y en zonas
de tránsito peatonal. La carencia de infraestructura pública y la incertidumbre sobre
la calidad del alumbrado privado exponen a la comunidad a escenarios de mayor
vulnerabilidad frente a riesgos como accidentes o delitos.
Así las cosas, aun aceptando los avances parciales demostrados por el ente
territorial, la falta de infraestructura municipal en el tramo carrera 18Q entre calles
13 y 11 implica una amenaza del derecho colectivo al acceso a los servicios públicos
y a que su prestación sea eficiente y oportuna. En otras palabras, no es posible
declarar la configuración del fenómeno de carencia de objeto por hecho superado
dado que no se demostró que desaparecieran los hechos que dieron lugar a la
presentación de la demanda.
12
Sección Primera, Consejo de Estado, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicación núm.: 76001 23 33 000 2021 00657 01.
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Por tanto, como el análisis probatorio solo permite afirmar que la falta de alumbrado
adecuado genera una situación de riesgo reversible, debe modificarse el alcance
del ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia para
que las órdenes comprendan las medidas correctivas idóneas previo diagnóstico
respectivo.
Ahora bien, en lo que atañe a la seguridad pública, la Policía acredita actuaciones
generales (incremento de patrullajes, campañas, planes de intervención y la
Resolución 03027 del 30 de septiembre de 2021). No obstante, se debe valorar si
esas acciones, por su alcance, frecuencia y focalización, neutralizan el riesgo
específico denunciado por la comunidad.
A este respecto, no obran en el expediente reportes operativos desagregados y
periódicos que permitan constatar, para la zona en concreto: (a) la cobertura horaria
de patrullaje, (b) los puntos de control y recorridos, (c) los indicadores de actividad
y (d) evolución de eventos (variación de hurtos y/o incidentes) correlacionada con
las acciones desplegadas.
Lo anterior impide predicar que la respuesta policial haya sido suficiente para disipar
la vulneración del derecho colectivo, máxime cuando persiste un déficit de
iluminación pública en un segmento adyacente, factor que evidentemente
incrementa la exposición al delito y dificulta la vigilancia preventiva.
Como bien se señaló en el fallo objeto de apelación, en su contestación, el Ministerio
de Defensa Nacional – Policía Nacional manifestó que la Dirección General de la
Policía Nacional expidió la Resolución 03027 del 30 de septiembre de 2021,
mediante la cual se creó la Policía Metropolitana de Soacha. Aun así, con la
demanda se allegó copia de un derecho de petición radicado el 18 de abril de 2022
ante la entidad demandada, suscrito por la entonces administradora y representante
legal del Conjunto Residencial Alicante Apartamentos P.H., en el que informó sobre
hurtos y lesiones personales sufridos por habitantes del sector. En el mismo escrito
se solicitó el acompañamiento de patrullas entre las 03:00 y las 23:00 horas, así
como la instalación de un CAI móvil en el área donde se ubica la copropiedad.
Empero, no obra en el expediente constancia de respuesta y/o acción concreta
frente a dichas solicitudes.
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Con ese contexto, en la sentencia de 10 de octubre de 2024, el Tribunal entendió
que el derecho colectivo a la seguridad pública se había vulnerado porque la Policía
Nacional no acreditó gestiones específicas de seguridad implementadas en la zona
de influencia del Conjunto Residencial Alicante Apartamentos P.H. Si bien, la
entidad aportó la Resolución 03027 de 2021, no allegó elementos probatorios —
tales como reportes de patrullaje, horarios de cobertura, planes operativos o
registros de intervención— que evidencien acompañamiento a la comunidad ni la
ejecución de acciones focalizadas en el área de referencia.
Para la Sala el análisis integral del expediente evidencia que, si bien la Policía
Nacional desplegó algunas acciones generales orientadas a la seguridad en el
municipio de Soacha, tales actuaciones resultan insuficientes para establecer que
existió una protección efectiva y específica del derecho colectivo a la seguridad
pública en el entorno del Conjunto Residencial Alicante Apartamentos P.H. Esto
significa que, aunque no se probó la vulneración al derecho colectivo a la seguridad
pública, se demostró su amenaza por la ausencia de acciones verificables y
sistemáticas por parte de la autoridad encargada de la prevención.
En consecuencia, dado que la amenaza persiste y es susceptible de ser superada
mediante la adopción de acciones puntuales, se modificara el ordinal tercero de la
parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, para asegurar que la Policía
Nacional implemente, en coordinación con las autoridades locales, estrategias de
vigilancia y acompañamiento específicas, periódicamente evaluadas, en el marco
de un plan de acción anual que garanticen una cobertura suficiente y adecuada en
el entorno del Conjunto Residencial Alicante.
En consecuencia, en este punto los argumentos de los recursos de apelación
prosperan parcialmente.
7.4. De la condena en costas
7.4.1. Ahora, la Sala debe decidir si procede la condena en costas impuesta en
primera instancia.
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Para responder al anterior interrogante debe precisarse si es cierto, como lo
sostiene la Policía Nacional, que comoquiera que no tiene responsabilidad en la
vulneración del derecho colectivo a la seguridad pública, ante la existencia de
acciones de seguridad acreditadas, no procede la condena señalada.
Para desestimar el sustento del cargo basta con regresar a las conclusiones
expuestas en el anterior punto sobre la vulneración de los derechos colectivos,
especialmente en lo relacionado con la seguridad pública. Como se acaba de ver,
la Sala encontró que la Policía Nacional es responsable y, en esa medida, carece
de fundamento la solicitud de revocatoria de la condena en costas.
Además, la Sala encuentra que las pretensiones de amparo prosperaron, el actor
presentó la demanda13, aportó algunas pruebas14 y estuvo presente en las
audiencias de pacto de cumplimiento15, lo cual, da cuenta que las agencias en
derecho se encuentran causadas a favor del actor popular. Sin embargo, en lo
que atañe a los gastos procesales, la Sala se abstendrá a emitir esa condena en
atención a que no está probada su causación.
Por ende, como quiera que en el presente asunto sí se causaron costas, el cargo
no prospera.
7.5. Del comité de verificación de cumplimiento de la sentencia
7.5.1. Además de lo expuesto, es necesario reiterar que el artículo 34 de la Ley 472
de 1998, estableció que el comité para la verificación de cumplimiento estaría
conformado por el Juez, las partes, la entidad pública encargada de velar por el
derecho o interés, el Ministerio Público y las organizaciones no gubernamentales
con actividades en el objeto del fallo.
Asimismo, esta Sección16 definió que era necesario no solo que se incluyera, por
mandato legal, al Tribunal que emitió la sentencia de primera instancia, sino que
13 Visible en el índice 2 del sistema de gestión SAMAI.
14 Ibidem
15 Visible en el índice 11 del Sistema de Gestión SAMAI del Tribunal
16 Sentencia de 28 de junio de 2019, Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Radicación
Número: 52001-23-33-000-2018-00361-01(AP), en la que se dijo:
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además precisó que quien debía presidir el comité era el Magistrado que adelantó
la sustanciación y proyección de la decisión en la anotada instancia como ponente
de esta.
Así las cosas, corresponde modificar el ordinal cuarto de la parte resolutiva, con el
objeto de precisar dicha circunstancia.
7.6. Finalmente, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1º y 8º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.
«Comité de verificación.
167. Para el cumplimiento de las órdenes proferidas en esta sentencia, se ordenará la conformación
de un comité de verificación, según lo dispone el artículo 34 de la Ley 472:
“En la sentencia el juez señalará un plazo prudencial, de acuerdo con el alcance de sus
determinaciones, dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento de la providencia y posteriormente
culminar su ejecución. En dicho término el juez conservará la competencia para tomar las medidas
necesarias para la ejecución de la sentencia de conformidad con las normas contenidas en el Código
de Procedimiento Civil y podrá conformar un comité para la verificación del cumplimiento de la
sentencia en el cual participarán además del juez, las partes, la entidad pública encargada de velar
por el derecho o interés colectivo, el Ministerio Público y una organización no gubernamental con
actividades en el objeto del fallo.
También comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que, en lo que sea de su
competencia, colaboren en orden a obtener el cumplimiento del fallo”. (Resaltado fuera de texto
original).
(…)
Sobre el particular, la Sala advierte que de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 472, el Juez tiene la
facultad de conformar un comité de verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual
participarán además del juez, las partes, la entidad pública encargada de velar por el derecho o
interés colectivo, el Ministerio Público y una organización no gubernamental con actividades en el
objeto del fallo.
La implementación de dicho comité no pugna con la facultad que tienen las partes o los interesados
de acudir al incidente de desacato ante el incumplimiento de una orden judicial, pues aquel tiene por
finalidad efectuar un seguimiento a la ejecución de las medidas de amparo previstas en la sentencia
y también puede servir de instancia de articulación entre las partes, el juez y demás personas
interesadas, para lograr la efectiva protección de los derechos colectivos vulnerados.
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-254 de 2014, precisó lo siguiente:
“Como punto de partida, se destaca el hecho de que ambos cuerpos normativos hayan considerado
que dichas autoridades debían conservar su competencia, después de proferido el fallo, para adoptar
las medidas que conduzcan a hacer efectivo el amparo. Eso explica que tanto el juez de tutela como
el de la acción popular puedan convocar a las entidades encargadas de ejecutar las órdenes de
protección, cuantas veces sea necesario; practicar pruebas para establecer los motivos de su
negligencia y adelantar las diligencias que correspondan para corregir tales obstáculos.21 El juez de
la acción popular cuenta con una herramienta adicional para esos efectos: la conformación del comité
para la verificación del cumplimiento que, integrado de la manera en que se anunció previamente
(Supra 4.5.) cumple la función de asesorar al funcionario judicial en la formulación de propuestas
que conduzcan a realizar la protección concedida y, además, permite hacer un seguimiento de las
gestiones que los responsables de restablecer el derecho colectivo vulnerado han adoptado con ese
objeto».
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR los numerales tercero y cuarto de la sentencia recurrida,
de acuerdo con lo previsto en la parte motiva de esta decisión, los cuales quedarán
así:
«TERCERO. DECLARAR la amenaza a los derechos colectivos de acceso a
los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y a la
seguridad pública por parte del Municipio de Soacha, Cundinamarca, y la Policía
Metropolitana de Soacha.
ORDENAR al Municipio de Soacha que, previo diagnóstico de necesidad
adopte las medidas correctivas idóneas que garanticen la prestación continua
del servicio de alumbrado público para la zona en la que se encuentra ubicado
el Conjunto Residencial Alicante Apartamentos P.H., ubicado en la calle 13 No.
18Q-91 del Municipio de Soacha, Cundinamarca.
ORDENAR a la Policía Nacional que implemente, en coordinación con el
municipio de Soacha, estrategias de vigilancia y acompañamiento específicas,
periódicamente evaluadas, en el marco de un plan de acción anual que
garantice una cobertura suficiente y adecuada en el entorno del Conjunto
Residencial Alicante.
Dentro del mes siguiente a la notificación de este fallo, el Municipio de Soacha,
Cundinamarca, y la Policía Metropolitana de Soacha deberán allegar un
cronograma de trabajo de las gestiones dirigidas al cumplimiento de las órdenes
impartidas en esta sentencia.
El Tribunal hará uso de los mecanismos previstos en la Ley 472 de 1998 para
asegurar el cumplimiento de la presente decisión y podrá convocar a una Mesa
de Trabajo con el fin de hacer seguimiento a sus actividades.
CUARTO. - CONFORMAR el comité de verificación de cumplimiento de la
sentencia, el cual contará con la presencia del Magistrado Ponente de la
decisión de primera instancia, quien lo presidirá, y se integrará con la parte
actora, el Agente del Ministerio Público delegado al Despacho del Magistrado
Sustanciador, un representante del Municipio de Soacha, Cundinamarca, y un
representante de la Policía Metropolitana de Soacha.».
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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CUARTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.
QUINTO: Ejecutoriado esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase,
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del
25 de septiembre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta Aclara voto
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado (E)
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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