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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2024-00655-01

Fecha
28 de agosto de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2024-00655-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B el 10 de julio de 2025, mediante la cual 22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2020-00057-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Auto del 3 de septiembre de 2020. 23 «Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales.» 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña Demandada: Luz Cristina López Trejos, ministra del Deporte Radicado: 25000-23-41-000-2024-00655-01 se negaron las pretensiones de la demanda, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 25000-23-41-000-2024-00655-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

28 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad Electoral
Radicación: 25000-23-41-000-2024-00655-01
Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandada: Luz Cristina López Trejos, ministra del Deporte.

Tema: Nulidad electoral –facultad discrecional del presidente de la
República de nombrar y remover a sus ministros.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra la
sentencia proferida el 10 de julio de 20251 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. El ciudadano Harold Eduardo Sua Montaña, actuando en nombre propio, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo
139 de la Ley 1437 del 2011 con la siguiente pretensión:

«ACTO OBJETO DE LA NULIDAD PRETENDIDA

Estando establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo la procedencia de nulidad de los actos de elección o sus equivalentes de
cualquier orden a través del medio de control de nulidad electoral, se pretende entonces a
través de dicho medio de control la nulidad del Decreto 262 de 2024 por la causal denominada
‘expedición irregular’ prevista en el inciso primero del artículo 137 de la ley 1437 en virtud de
su remisión establecida en el inciso primero del artículo 275 de dicha ley derivada de violación
del debido proceso en su garantía constitucional de plenitud de las formas y convencional de
deber de motivación respectivamente previstas en los incisos primero y segundo del artículo
29 constitucional y numeral 1 del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos estando desarrollados dichos incisos en el literal a) del artículo 41 de la ley 909 de
2004, 10 de la ley 1437 y 2.2.34.1.2 y 2.2.5.3.4 del decreto presidencial 1083 de 2015 con
inaplicación del artículo 2.2.11.1.2 del precitado decreto y el último inciso del parágrafo 2 del
artículo 41 de la ley 909 de 2004 de conformidad a respectivamente el artículo 148 de la ley
1437 de 2011 y primer inciso del artículo 93 constitucional en concordancia con el numeral 1
del artículo 1 y artículo 2 de la mencionada convención..» (sic).

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Índice 00029 del aplicativo Samai.

Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandada: Luz Cristina López Trejos, ministra del Deporte
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00655-01

1.2. Hechos

2. A través del Decreto 1666 de 7 de agosto de 2022, el Gobierno Nacional2 designó en
provisionalidad a la señora María Isabel Urrutia Ocoró, como ministra del Deporte.

3. Mediante alocución del 27 de febrero de 20233 el presidente manifestó «Agradezco los
servicios prestados por los Ministros (sic) Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia
Ariza».

4. Con el Decreto 319 de 6 de marzo de 2023, designó a la señora Astrid Bibiana
Rodríguez Cortés en el mismo cargo y se efectuó la declaración de insubsistencia tácita
que establece el inciso 2 del artículo 2.2.11.1.2 del Decreto 1083 de 2015 de la señora
Urrutia Ocoró.

5. Posteriormente, la señora Rodríguez Cortés presentó renuncia a su cargo, la cual fue
aceptada mediante Decreto 182 de 19 de febrero de 2024, por lo anterior, se realizó el
encargo del señor Luis David Garzón Chaves.

6. En las ediciones del Diario Oficial del 19 de febrero al 5 de marzo de 2024, no aparece
el acto por medio del cual se terminó el encargo efectuado en el Decreto 182 de 2024.

7. Finalmente, con el Decreto 262 de 5 de marzo de 2024, se nombró a la señora Luz
Cristina López Trejos como ministra del Deporte.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

8. Consideró que el Decreto 262 del 5 de marzo de 2024 es nulo por haberse expedido
de manera irregular porque: i) no se terminó el encargo del señor Luis David Garzón
Chaves, ii) no se declaró de manera motivada la insubsistencia de la señora María Isabel
Urrutia Ocoró como ministra del Deporte y iii) los anteriores actos administrativos no
fueron debidamente publicados.

9. La pretendida nulidad se derivó de la «(…) violación del debido proceso en su garantía
constitucional de plenitud de las formas y convencional de deber de motivación».

10. Agregó que la motivación es una de los deberes señalados en la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y resaltó que es una obligación «permitir
conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para
tomar su decisión», mencionó que, por el contrario, el acto administrativo cuestionado se
profirió sin estar motivado y debidamente publicado.

1.4. Trámite relevante de primera instancia

11. Con auto del 8 de julio del 20244, el despacho conductor de primera instancia admitió
la demanda.

2
Expedido por el presidente de la República.
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https://www.youtube.com/watch?v=uz8R1ltV1wc
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Índice 4, expediente principal de tribunal.
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1.5. Contestaciones

12. Luego de los traslados correspondientes, intervinieron:

13. El presidente de la República5, por medio de apoderado, manifestó que el único
cargo de nulidad es por una presunta expedición irregular por no haber publicado (i) la
declaratoria motivada de insubsistencia del nombramiento de la señora Urrutia Ocoró y
(ii) la inexistencia de un acto de terminación de encargo del señor Garzón Chaves.

14. Se opuso a la prosperidad de la demanda, argumentando que, la declaratoria de
insubsistencia de un nombramiento en un cargo de libre nombramiento y remoción, como
su nombre lo indica, es libre y no está sujeta a la necesidad de motivación que extraña el
demandante.

15. Agregó que el retiro del servicio de la señora Maria Isabel Urrutia Ocoró no guarda
ninguna relación con la expedición del decreto demandando, teniendo en cuenta que
entre su nombramiento y el de la demandada existió el de otra ministra.

16. Frente a la inexistencia de un acto administrativo que haya terminado el encargo del
señor Luis David Garzón Chaves, señaló que esa situación administrativa es para
desempeñar de manera transitoria la totalidad o algunas de las funciones de un empleo
público diferente del cual se es titular, que si bien, es conferido mediante un acto
administrativo, no existe norma que exija que su terminación requiera de otro.

17. Por lo anterior, aseveró que es a penas lógico que la provisión definitiva del empleo,
mediante el nombramiento de un nuevo titular, tenga como consecuencia la terminación
del encargo, así como supone la insubsistencia del nombramiento de quien lo ocupare
en propiedad, como lo prevé el artículo 2.2.11.1.2 del Decreto 1083 de 2015.

18. Propuso la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, toda vez que, a su juicio,
la demanda no cuenta con un capítulo de concepto de violación, no tiene un cargo
concreto de nulidad e incumple con la carga mínima argumentativa.

19. La demandada6, a través de su apoderado judicial, indicó que conforme lo establece
el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, en los empleos de libre nombramiento y remoción,
la competencia para finalizar la relación legal y reglamentaria es discrecional y se efectúa
mediante acto no motivado.

20. Concluyó que las afirmaciones del demandante no cuentan con soporte normativo y
que además, confunde la naturaleza del nombramiento efectuado a la señora López
Trejos mediante el Decreto 0262 del 5 de marzo de 2024, el cual, corresponde a uno de
libre nombramiento y remoción, cuya competencia está en cabeza del presidente de la
República conforme el artículo 189.1 de la Constitución Política.

1.6. Fijación del litigio

21. En auto del 5 de mayo de 20257, se fijó el litigio en los siguientes términos:

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Índice 13, expediente principal de tribunal.
6
Índice 15, expediente principal de tribunal.
7
Índice 17, expediente principal de tribunal.
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandada: Luz Cristina López Trejos, ministra del Deporte
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00655-01

«En ese orden, de acuerdo a una interpretación armónica y sistemática de los hechos,
pretensiones y concepto de violación consignada en la demanda se tiene que el actor alega
que el acto acusado se emitió sin que previamente se hubiese publicado un acto motivado de
declaratoria de insubsistencia de la señora María Isabel Urrutia como Ministra del Deporte y
también sin que se hubiese publicado un acto administrativo de terminación del encargo
ministerial efectuado mediante el Decreto Presidencial 0182 de 2024. Hechos que, en su
sentir, vulneraron los artículos 29 incisos primero y segundo y 93 de la Constitución Política,
los artículos 2 y 8 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el literal
a) y el último inciso del parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, los artículos 10 y
148 de la Ley 1437 de 2011 y los artículos 2.2.34.1.2, 2.2.5.3.4 y 2.2.11.1.2 del Decreto
Presidencial 1083 de 2015, incurriéndose en la causal de nulidad denominada “expedición
irregular” prevista en el inciso primero del artículo 137 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.».

22. En la misma providencia se resolvió la excepción propuesta8, se decidió sobre las
pruebas, ordenó correr traslado para alegar de conclusión y dictar sentencia anticipada.

1.7 Sentencia de primera instancia9

23. El 10 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, denegó las pretensiones de la demanda, al considerar que en este caso
concreto no se está discutiendo la legalidad del nombramiento y la forma de
desvinculación de la señora María Isabel Urrutia y del señor Luis David Garzón Chávez,
por tanto, es claro que la parte actora, no sustentó de que forma el acto acusado vulneró
el procedimiento determinado para su formación y expedición.

24. Ante la falta de sustentación de la causal de nulidad electoral denominada expedición
irregular, el juez no puede suplir tal falencia y determinar o proponer las censuras o
reproches de ilegalidad contra el acto administrativo cuya nulidad se depreca con la
demanda porque una actuación de tal naturaleza implica, necesaria e indiscutiblemente,
estudiar nuevos cargos que no fueron planteados con la demanda lo que vulnera los
derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y derecho de defensa y
contradicción de la parte demandada.

25. Explicó que de conformidad con el numeral 1 del artículo 189 de la Constitución
Política, corresponde al presidente de la República nombrar y separar libremente a los
ministros de su despacho.

26. Respecto a las causales de retiro de quienes estén desempeñando empleos de libre
nombramiento y remoción, como los cargos de ministros, la Ley 909 de 2004 en el artículo
41 dispone que el fin del vínculo, puede ser por declaratoria de insubsistencia y que la
competencia para la remoción es discrecional.

8
En relación con la excepción previa denominada «Ineptitud sustantiva de la demanda» formulada por el presidente de la República,
el tribunal de instancia señaló que la parte actora en el cuerpo integral de la demanda sí determinó la causal de nulidad invocada, las
normas violadas y el concepto de violación, de una simple lectura integral de la demanda, es claro que la causal de nulidad invocada,
las normas violadas y el concepto de violación fue sustentado tanto conceptualmente como normativamente, pues tal como lo
establece el Consejo de Estado, la ley procesal no exige una técnica específica para relatar o exponer el concepto de violación y los
cargos de nulidad, ya que lo verdaderamente relevante es que la narrativa ofrezca la suficiente claridad para comprender las diferentes
aristas de la controversia, facilitar el derecho de defensa y la fijación del litigio. Resaltando además el Consejo de Estado que
ciertamente los usuarios de la justicia deben cumplir unas cargas mínimas de concreción y claridad al momento de instaurar una
demanda. Sin embargo, estas exigencias no pueden limitar irrazonablemente el derecho de acción, al punto de requerir erudición o
una técnica rigurosa en el planteamiento de los problemas jurídicos, máxime en el marco de un medio de control de carácter público,
como el de nulidad electoral.
9
Índice 29, expediente principal de tribunal. Notificada el 15 de julio de 2025.
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27. Además, el artículo 2.2.11.1.2 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo 2
del Decreto 648 de 2017, señala que en los empleos de libre nombramiento y remoción
la designación de una nueva persona implica la insubsistencia del nombramiento de
quien lo desempeña.

28. Finalmente, concluyó que era claro que el presidente de la República estaba
facultado para remover libremente y sin necesidad de motivar su decisión por ser un acto
discrecional a la señora María Isabel Urrutia, y si bien, no expidió un acto administrativo
para ello, lo cierto es que, la designación de la señora Astrid Bibiana Rodríguez Cortés
en ese mismo empleo, implicó la insubsistencia de la anterior.

29. De igual manera, ocurrió en el caso de la designación de la demandada Luz Cristina
López Trejos, toda vez que, al ser nombrada como ministra del Deporte, mediante el
Decreto 0262 de 2024 –acto acusado-, conllevó la terminación del encargo del señor Luis
David Garzón Chaves.

1.8. Recurso de apelación10

30. Inconforme con lo anterior, el señor Harold Eduardo Sua Montaña recurrió la decisión
con sustento en las siguientes razones:

31. El tribunal de primera instancia desconoció los artículos 41 de la Ley 909 de 2004 y
el 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 de 2015, teniendo en cuenta que estas disposiciones
señalan el deber de motivación de las decisiones y la declaratoria de insubsistencia por
medio de un acto administrativo.

32. Adujo que el tribunal de primera instancia no determinó si la inaplicación normativa
mencionada era relevante para la decisión adoptada, pues con el acto de nombramiento
demandado se vulnera el deber de motivación consagrado en el artículo 8 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, esta omisión afecta el derecho al
debido proceso y a una decisión judicial debidamente fundamentada.

33. Alegó que los actos administrativos que generan efectos frente a terceros, como
nombramientos, insubsistencias o terminaciones de encargos, deben ser publicados
conforme al artículo 1 de la Ley 57 de 198511, y su ausencia impide que la ciudadanía
conozca dichos actos, lo que genera su inoponibilidad y afecta el control judicial.

1.9. Auto que concede el recurso de apelación

34. El 25 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera
– Subsección B concedió el recurso de apelación interpuesto por el demandante.

1.10. Actuaciones en segunda instancia

35. Mediante auto de 6 de agosto de 2025 el despacho ponente admitió el recurso de
apelación presentado por el demandante y corrió traslado para que las partes
presentaran sus alegatos de conclusión y el Ministerio Público el respectivo concepto.

10
La parte demandante presentó recurso de apelación el 23 de julio de 2025, esto es dentro, del término legal para ello.
11
«Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales.»
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36. La apoderada judicial de la demandada solicitó la terminación del proceso por
carecer de objeto, dado que no se encuentra fungiendo el empleo de ministra del Deporte.

37. El demandante solicitó que se tengan en cuenta los argumentos del recurso de
apelación para declarar la nulidad del acto demandado.

38. El Ministerio Público en su concepto explicó que no se demostró la configuración
de alguna irregularidad dentro del procedimiento de emisión del acto demandado, la
inobservancia de algún requisito exigido por el ordenamiento jurídico para su formación
o la vulneración de la garantía constitucional del debido proceso que pudieran sustentar
la causal de expedición irregular invocada.

39. Señaló que el Decreto 262 de 2024 constituye una decisión distinta y autónoma frente
al Decreto 319 de 2023, por medio del cual «se nombró a Astrid Bibiana Rodríguez en el
empleo de ministro, código 05 del Ministerio del Deporte y se efectuó la declaración de
insubsistencia tácita» y que icho acto administrativo si fue publicado en la página web de
la presidencia de la república en el link:
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/decretos-2023/decretos-marzo-2023, lo cual
acreditaría que se dio a conocer a la ciudadanía que Urrutia Ocoró no continuaría como
ministra pues se designó a Rodríguez Cortés cumpliéndose con lo previsto en el artículo
65 de la Ley 1437 de 2011.

40. En relación con la terminación del encargo del funcionario Garzón Chaves, señaló
que esto no forma parte del procedimiento administrativo contenido en el Decreto 0262
de 2024, y que en todo caso el demandante no acreditó la falta de publicación de este
último decreto mediante el cual se derogó tácitamente el encargo del mencionado
funcionario y se efectuó el nombramiento de la accionada.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

41. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B el 10 de julio de 2025, de conformidad
con el artículo 15012 y el literal c13 del numeral 7 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011,
en concordancia con el artículo 1314 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de la Sala
Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

42. Teniendo en cuenta que la apoderada de la demandada solicitó que se declarara
carencia actual de objeto, en los alegatos de conclusión, se revisará este asunto.

12
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos ...»
13
«C) De la nulidad de … los de nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho de empleados públicos del nivel
directivo, asesor o sus equivalentes en los órdenes nacional, departamental y distrital, …».
14
Modificado por el Acuerdo N.° 434 del 10 de diciembre de 2024.
6
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43. En este punto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de unificación
del 24 de agosto de 201815 determinó:

«(…) si el acto acusado produjo efectos y no se encuentra vigente, el juez contencioso
administrativo aún en el evento en que haya sido retirado del ordenamiento jurídico16, mantiene
su competencia para conocer de su legalidad porque, su exclusión jurídica impide que el acto
se aplique hacia el futuro, empero, no desvirtúa la presunción de legalidad que sirvió de
sustento para producir los efectos jurídicos que se dieron cuando el acto tuvo eficacia.

Por lo anterior, un acto administrativo retirado del ordenamiento jurídico que produjo efectos
jurídicos en el tiempo y en el espacio es susceptible de control por la jurisdicción contencioso
administrativa, quien formalmente decidirá si dicho acto excluido fue expedido en su momento
observando los elementos de validez: competencia, objeto, forma, causa y finalidad. De esta
manera, no podría configurarse la denominada sustracción de materia17 y se impone por parte
del operador judicial su resolución de fondo en la sentencia.»

44. En el caso concreto se advierte que el Decreto 262 de 5 de marzo de 2024, por el
cual el presidente de la República nombró como ministra del deporte a la señora Luz
Cristina López Trejos, produjo efectos, toda vez que, según lo expresó la apoderada de
la demandada, ejerció el cargo por aproximadamente doce meses. Por lo tanto, es
susceptible de ser controlado.

45. En ese orden de ideas, no es posible acceder a la petición de la demandada, en tanto,
en este caso no se concreta la figura alegada.

2.3. Problema jurídico

46. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia de
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección B, el 10 de julio de 2025, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.

47. Para ello deberá verificar si, en este caso, se desconocieron los artículos 29 incisos
primero y segundo y 93 de la Constitución Política, los artículos 2 y 8 numeral 1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, el literal a) y el último inciso del
parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, los artículos 10 y 148 de la Ley 1437
de 2011 y los artículos 2.2.34.1.2, 2.2.5.3.4 y 2.2.11.1.2 del Decreto Presidencial 1083
de 2015, incurriéndose en la causal de nulidad de expedición irregular prevista en el inciso
primero del artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

48. Para resolver el cuestionamiento planteado, la Sala abordará los siguientes tópicos:
(i) marco normativo para el nombramiento de ministros y (ii) el caso concreto.

2.3.1. Marco normativo para el nombramiento de ministros

15
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de unificación del 24 de agosto de 2018.
Radicación número 47001-23-33-000-2017-00191-02. M.P. Rocío Araujo Oñate
16
Como en el caso en concreto, que el acto demandado fue revocado por el Concejo Distrital de Santa Marta.
17
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de febrero de 2016, M.P. Rocío Araujo Oñate, radicación 81001-23-33-000-
2012-00039-04.
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandada: Luz Cristina López Trejos, ministra del Deporte
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49. La Constitución Política dentro del título «La Rama Ejecutiva», en el capítulo 4 «De
los ministros y directores de los Departamentos Administrativos», en su artículo 207
establece:

«Artículo 207. Para ser ministro o director de departamento administrativo se requieren las
mismas calidades que para ser representante a la Cámara.»

50. De la norma anteriormente citada se extrae que para ocupar el cargo de ministro se
requiere contar con los mismos requisitos para ser representante a la cámara, esto es,
ser ciudadano en ejercicio y mayor de 25 años (artículo 177 de la CP).

51. En relación con su nombramiento, el artículo 189 constitucional dispone:

«ARTÍCULO 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe
del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

1. Nombrar y separar libremente a los Ministros del Despacho y a los Directores de
Departamentos Administrativos.»

52. La Ley 909 de 2004, «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público,
la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones», establece en
su artículo 1° que hacen parte de la función pública los siguientes empleos públicos: de
carrera, de libre nombramiento y remoción, de período fijo y temporales.

53. En el mismo compendio normativo se establece18 una clasificación de los empleos
públicos, y prevé como regla general que todos son de carrera administrativa en
concordancia con el artículo 125 constitucional, exceptuando, entre otros:

«2) Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los siguientes criterios:

a) Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción
de políticas o directrices así:

En la Administración Central del Nivel Nacional:

Ministro; Director de Departamento Administrativo; Viceministro; Subdirector de
Departamento Administrativo; Consejero Comercial; Contador General de la Nación; (…)

b) Los empleos cuyo ejercicio implica especial confianza, que tengan asignadas funciones de
asesoría institucional, asistenciales o de apoyo, que estén al servicio directo e inmediato de
los siguientes funcionarios, siempre y cuando tales empleos se encuentren adscritos a sus
respectivos despachos así:

En la Administración Central del Nivel Nacional:

Ministro y Viceministro; Director y Subdirector de Departamento Administrativo; Director y
Subdirector de la Policía Nacional; Superintendente; y Director de Unidad Administrativa
Especial. (…)» (Resaltado fuera de texto)

54. De conformidad con lo anterior, tienen la naturaleza de libre nombramiento y
remoción aquellos empleos que obedezcan a alguno de los otros criterios señalados en
el artículo 5 de la Ley 909 de 2004, como en este caso el de ministro 19.

18
En el artículo 5 de la Ley 909 de 2004.
19
ARTÍCULO 23. Clases de nombramientos. Los nombramientos serán ordinarios, en período de prueba o en ascenso, sin perjuicio
de lo que dispongan las normas sobre las carreras especiales.
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Demandada: Luz Cristina López Trejos, ministra del Deporte
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00655-01

55. Respecto a las causales de retiro de quienes estén desempeñando empleos de
carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción en entidades del nivel nacional
y territorial, la Ley 909 de 2004, dispone:

«Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén
desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se
produce en los siguientes casos: a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en
los empleos de libre nombramiento y remoción; (…) d) Por renuncia regularmente aceptada;
(…) La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y
remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado.» (Resaltado fuera
del texto)

56. Por lo anterior, si tenemos en cuenta lo dispuesto en la norma, la competencia para
la terminación de empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se
efectuará mediante acto no motivado, toda vez que la persona que ocupe un empleo de
tal naturaleza, puede ser elegida y también desvinculada por quien tiene la facultad de
hacerlo.

57. Es decir, en el caso de los ministros, será el presidente de la República quien puede
disponer libremente del cargo confirmando o removiendo a su titular, mediante el ejercicio
exclusivo de la facultad discrecional que tiene fundamento precisamente en las funciones
que le son propias al cargo de libre nombramiento y remoción, como son de dirección,
manejo, conducción u orientación institucional, se toman las decisiones de mayor
trascendencia, y la adopción de políticas o directrices fundamentales para la entidad.

2.3.2. Caso concreto

58. La Sala observa que la parte recurrente, solicita revocar la sentencia del 10 de julio
de 2025 mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera,
Subsección B, negó a las pretensiones de la demanda, dirigidas a declarar la nulidad del
Decreto 262 de 5 de marzo de 2024, por el que se nombró a la señora Luz Cristina López
Trejos como ministra del Deporte, por cuanto el juzgador de instancia desconoció los
artículos 41 de la Ley 909 de 2004, el artículo 8.º de la Convención Americana de
Derechos Humanos y el 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 de 2015.

59. Es pertinente advertir, que el inciso 1º del artículo 320 del Código General del
Proceso indica que «el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión».

60. Además, el artículo 322 ibidem, frente a los requisitos del mencionado medio de
impugnación, dice que el apelante deberá precisar «los reparos concretos que le hace a
la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior» y que
«será suficiente que el recurrente exprese, las razones de su inconformidad con la
providencia apelada».

Los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos
exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en esta ley.
Los empleos de carrera administrativa se proveerán en período de prueba o en ascenso con las personas que hayan sido
seleccionadas mediante el sistema de mérito, según lo establecido en el Título V de esta ley.
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61. En consonancia con lo anterior, el inciso 1º del artículo 328 del mismo estatuto
procesal, dispone que «el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley».

62. Bajo esa perspectiva, corresponde ahora pronunciarse sobre los puntos expuestos
en el recurso de apelación presentado con el fin de determinar si se configuran o no los
elementos alegados para revocar el fallo de primera instancia:

63. El recurrente expone que el acto de nombramiento de la señora López Trejos fue
expedido de manera irregular, lo anterior teniendo en cuenta que la designación de la
señora Urrutia Ocoró que le precedió, no fue terminada con un acto administrativo
debidamente motivado y publicado.

64. Específicamente, el apelante fundamenta la solicitud de nulidad del Decreto 0262 de
5 de marzo de 2024, en el hecho de que no se publicó un acto motivado de declaratoria
de insubsistencia de la señora María Isabel Urrutia como ministra del Deporte y el de
terminación del encargo ministerial efectuado mediante el Decreto 182 de 2024 al señor
Luis David Garzón Chávez.

65. Para resolver el argumento de impugnación, se debe tener en cuenta lo que se
entiende por expedición irregular de los actos. Al respecto el Consejo de Estado ha
señalado que:

«La expedición irregular es un vicio de nulidad de los actos que se materializa cuando se
vulnera el procedimiento determinado para la formación y expedición de un acto administrativo,
es decir, cuando la actuación administrativa se realiza con anomalías en el trámite de
expedición del mismo, en otras palabras cuando se cuestiona la forma en la que se profirió el
respectivo acto. En suma, la causal de nulidad por expedición irregular se configura cuando
se acredita la existencia de alguna anomalía sustancial en el proceso de formación del acto
[…]»

66. Frente a ello, la Sala observa que igual a como lo señaló el tribunal de primera
instancia, el presente trámite no puede tener como propósito discutir la legalidad del
nombramiento y la forma de desvinculación de la señora María Isabel Urrutia ni mucho
menos la designación en encargo y forma de terminación del mismo empleo del señor
Luis David Garzón Chávez.

67. A partir de lo anterior, no se encuentra motivación alguna de la parte actora que
permita colegir que el nombramiento de la demandada adolece de nulidad porque de su
exposición no se advierte cómo se vulneró el procedimiento determinado para su
formación y expedición.

68. Vale la pena señalar, que esta Sección ya se ha pronunciado al respecto20 y ha
indicado que en materia del medio de control electoral, la nulidad de los actos de elección,
nombramiento o llamamiento, según sea el caso21, puede perseguirse con fundamento
en irregularidades acaecidas directamente en éstos, o por aspectos ocurridos durante el

20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2024-00066-00. M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra (E). Auto del 15 de febrero de 2024.
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Artículo 139 de la Ley 1437 de 2011.
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trámite de su expedición, mediante el estudio indirecto de la legalidad de los actos previos
y sus posibles consecuencias en las decisiones electorales definitivas22.

69. En este caso, no puede la parte actora edificar su cargo de expedición irregular,
basado en la terminación de la relación legal y reglamentaria del nombramiento y encargo
que anteceden a la designación ahora analizada, básicamente porque ellos no son actos
preparatorios de la elección o nombramiento aquí demandado, por el contrario, son
definitivos y susceptibles de ser conocidos por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo de forma directa a través de la nulidad y restablecimiento del derecho,
mecanismo a través del cual se pueden ventilar aspectos como su motivación.

70. De la normativa expuesta en el capítulo 2.3.1 de este proveído, no se advierte que la
terminación de las vinculaciones de quienes ocuparon el empleo de ministro del Deporte
pueda comportar una circunstancia que pueda afectar el trámite de designación
cuestionado, tampoco la falta de publicación de tales actos afecta la designación
demandada.

53. Con todo, se recuerda que tal y como lo señaló el fallador de primera instancia, el
artículo 2.2.11.1.2 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo 2 del Decreto 648
de 2017, señala que en los empleos de libre nombramiento y remoción, la designación
de una nueva persona implica la insubsistencia de quien lo desempeña, por lo que no se
requiere de un acto motivado y que deba publicarse para entenderse su terminación. Al
respecto la norma dispone lo siguiente:

«ARTÍCULO 2.2.11.1.2 De la declaratoria de insubsistencia. En cualquier momento podrá
declararse insubsistente un nombramiento ordinario, sin motivar la providencia, de acuerdo
con la facultad discrecional que tiene el nominador de nombrar y remover libremente sus
empleados. En los empleos de libre nombramiento y remoción la designación de una
nueva persona implica la insubsistencia del nombramiento de quien lo desempeña.»

71. Conforme lo expuesto, la Sala no encuentra mérito alguno para revocar la decisión
impugnada.

72. Finalmente, los reproches del recurrente en relación con que los actos administrativos
deben ser publicados conforme al artículo 1 de la Ley 57 de 198523 y que la ausencia de
ello genera su inoponibilidad y afecta el control judicial, la Sala advierte que no se
pronunciará frente a la aplicación de esta norma porque solo se expuso su
desconocimiento hasta la apelación y constituye un hecho nuevo frente al cual las partes
no se pudieron pronunciar. Aceptar lo contrario implicaría vulnerar el derecho
fundamental al debido proceso.

73. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en la Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, en uso de sus facultades constitucionales y legales,

III. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B el 10 de julio de 2025, mediante la cual

22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2020-00057-00. M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez. Auto del 3 de septiembre de 2020.
23
«Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales.»
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se negaron las pretensiones de la demanda, de conformidad con los argumentos
expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B para lo de su
competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081».

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