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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-41-000-2024-01140-01

Fecha
29 de agosto de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-41-000-2024-01140-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de abril de 2024, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, según lo expuesto en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-41-000-2024-01140-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

29 de agosto de 2024

Demandante: John Carlos Arroyo Godin
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Radicado: 25000-23-41-000-2024-01140-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01140-01
Demandante: JOHN CARLOS ARROYO GODIN
Demandados: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Tema: Confirma sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación formulada por el señor Jhon Carlos Arroyo Godín
contra la sentencia del 16 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de cumplimiento

El señor Jhon Carlos Arroyo Godín, actuando en nombre propio, ejerció acción
de cumplimiento1 en contra de la Fiscalía General de la Nación con el objetivo de
obtener el cumplimiento de los artículos 91 y 92 de la Ley 1437 de 2011.

Conforme a lo anterior, formuló las siguientes pretensiones:

(…)

Que ORDENE de acuerdo a su potestad legal y administrativa, al
DEPARTAMENTO DE LA SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO DE LA
FISCALIA GENERAL DE LA NACION DEL NIVEL CENTRAL.

ACATAR y darle CUMPLIMIENTO a LA NORMA LEGAL DE LOS
ARTICULOS 91 Y 92 DEL CPACA Y de acuerdo a la Constitución Política
en su artículo 87 de CUMPLIMIENTO y DECRETAR LA PERDIDA DE
FUERZA DE EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO NO. 0-0570 DEL
11 DE MAYO DEL 2018, EL CUAL DECRETO LA INSUBSISTENCIA DEL
SERVIDOR DEL CTI. JHON CARLOS ARRYO GODIN, IDENTIFICADO
CON C.C.N 73.144.718 DE CARTAGENA.2

1 La demanda se presentó el 29 de mayo de 2024, mediante el aplicativo web de demanda en

línea de la Rama Judicial.
2 Transcripción literal del texto original que puede contener errores.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: John Carlos Arroyo Godin
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Radicado: 25000-23-41-000-2024-01140-01

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para
la decisión que se adoptará en la sentencia:

Mediante Resolución No. 0-0570 del 11 de mayo de 2018, la Subdirección de
Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación declaró insubsistente al
señor John Carlos Arroyo Godín para ocupar el cargo de provisional Técnico de
Investigación, Grado II, debido a la evaluación de desempeño que se le practicó
el 22 de marzo de 2018 y en atención al artículo 47 de la Resolución 0-2456 del
14 de julio de 20163.

Contra este acto administrativo, el 25 de mayo de 2018, el accionante interpuso
recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación. En consecuencia, la
resolución de insubsistencia fue confirmada mediante Resolución No. 0-0737 del
25 de junio de 2018, en la que además se rechazó por improcedente el recurso
de apelación.

A través de sentencia del 24 de abril del 2020, la Resolución No. 0-2456 de 2016,
fue declarada nula por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
mediante el proceso de nulidad simple identificado con radicado 11001-03-25-
000-2017-00281-00.

El demandante elevó petición a la entidad accionada en la cual solicitó que diera
cumplimiento al artículo 91 y 92 del CPACA para que, en consecuencia, se
declarara la pérdida de ejecutoria del acto administrativo 0-0570 del 11 de mayo
de 2018.

El 1 de febrero de 2024, la Subdirección de Talento Humano de la Fiscalía
General de la Nación emitió respuesta a la petición de la parte actora. En ella,
negó la solicitud del señor John Carlos Arroyo Godín argumentando que, al
margen de la declaratoria de nulidad del Consejo de Estado, este no se pronunció
sobre las evaluaciones efectuadas en vigencia de la Resolución No. 0-2456 del
2016. En este sentido, afirmó que no desaparecieron las razones de hecho y de
derecho que sustentaron la resolución de insubsistencia.

1.3. Fundamentos de la solicitud de cumplimiento

El accionante señaló que, los fundamentos de hecho y de derecho que llevaron
a determinar su declaratoria de insubsistencia perdieron la fuerza de ejecutoria
debido a que, el fundamento jurídico que los soportaba fue sacado del

3 “Por medio de la cual se reglamenta el sistema de evaluación del desempeño laboral de los

servidores que ostentan derechos de carrera o se encuentran en periodo de prueba en el régimen
especial de la Fiscalía General de la Nación y se adoptan los parámetros y el instrumento para
su aplicación”
(…)
Artículo 47. Insubsistencia del nombramiento. Si el resultado de la calificación ordinaria anual,
anticipada o de periodo de prueba es insatisfactorio, una vez en firme, el nombramiento del
servidor será declarado insubsistente.

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ordenamiento por el fallo del 24 de abril del 2020 del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B,

Argumentó que, el acto administrativo No. 0-0570 del 11 de mayo del 2018 perdió
su validez y obligatoriedad, por la pérdida de sus razones de hecho y derecho.
Por tanto, concluyó que se debe ordenar el decaimiento y la perdida de la fuerza
de ejecutoria del acto administrativo otorgándole efectos extunc a la providencia
del Consejo de Estado en línea con el principio de favorabilidad en materia
laboral.

Explicó que, previo a la interposición de la acción de la referencia, se le dio
cumplimiento al artículo 8 de la Ley 393 de 1997, en razón a que se constituyó
en renuencia a la entidad, ya que se le solicitó el cumplimiento de los artículos
91 y 92 de la Ley 1437 del 2011, con el fin de obtener el decaimiento del acto
administrativo No. 0-0570 de 2018. Sin embargo, la entidad demandada
respondió negativamente el 12 de enero del 2024.

1.4. Actuaciones procesales relevantes

1.4.1. Admisión

En auto del 19 de junio de 2024, el magistrado ponente en primera instancia
admitió la demanda y ordenó notificar personalmente a la Fiscalía General de la
Nación y Subdirectora de Talento Humano y ordenó tener como pruebas los
documentos allegados con la demanda.

1.4.2. Contestación de la demanda

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, de conformidad
con las constancias que obran en el expediente digital, la entidad demandada
allegó contestación de la demanda.

La Fiscalía General de la Nación se opuso a los hechos narrados e indicó que no
se había puesto en renuencia a la entidad, ya que, dicha petición no iba
encaminada a demostrar en ningún momento el cumplimiento de la ley, sino a un
reconocimiento de derechos subjetivos y en esa medida que se les ha dado
respuesta a las reclamaciones de forma clara, precisa y de fondo al accionante.

Así mismo, se opuso a las pretensiones que elevó el accionante, pues en su
criterio, este no probó la omisión del incumplimiento de la entidad frente a las
referidas normas.

Sumado a esto, explicó que, el accionante presentó una solicitud ante esta
entidad, con el fin que se diera el cumplimiento del Decreto 2759 de 1997, con el
objetivo de cumplir el requisito de renuencia que es exigible en el artículo 8 de la
Ley 393 de 1997. En esa medida, se observa que la acción de cumplimiento
procede contra toda acción u omisión que incumpla o ejecute hechos que
permitan deducir el incumplimiento de normas con fuerza de Ley o actos

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administrativos. Sin embargo, en el caso no se encuentra satisfecha la renuncia
de la entidad, por lo que, la acción resulta improcedente.

De otra parte, indicó que, no se cumple con el requisito de subsidiariedad en
razón que este no es el medio de control adecuado para ventilar las controversias
planteadas por el actor, sino que, debió interponer la demanda por el medio de
control de nulidad o reparación directa si consideraba que las actuaciones habían
generado algún perjuicio a sus derechos fundamentales.

De otro lado, informó que, la Fiscalía General de la Nación no está obligada a
acceder a las pretensiones del actor, y que, el hecho de que se hubiera declarado
la nulidad de la resolución que fundamentó el acto administrativo No. 0-0570 del
11 de mayo del 2018, no implica per se que se deban retrotraer todos los efectos.

Sumado a lo expuesto, argumentó que el artículo 91 de la Ley 1437 del 2011
precisa que no es ejecutable el acto de la administración cuando desaparezcan
sus fundamentos de hecho y de derecho, lo cual no ocurre en el caso en concreto,
pues la Resolución No.0-0570 del 11 de mayo de 2018, ya fue ejecutada. Esto,
antes de que el Consejo de Estado se pronunciara sobre la nulidad de la
resolución que se sustentó el acto que se pretende el decaimiento. Por tanto, ya
existe una situación consolidada en el caso en concreto.

Afirmó que, frente a la aplicación del artículo 92 de la Ley 1437 del 2011, supone
de por sí la condición de que el acto administrativo no se haya ejecutado. Sin
embargo, la Resolución No. 0570 del 11 de mayo del 2018, se ejecutó, por tanto,
no sería aplicable tampoco al caso, pues no se encuentra un factor necesario
para su aplicación.

También, sostuvo que, en referencia con lo establecido en la jurisprudencia del
Consejo de Estado4 que se pronunció frente a la nulidad del acto administrativo
que fue fundamento para la resolución que declaró insubsistente al accionante
que:

(…) la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 02457 de 2016, “por
medio de la cual se adopta el sistema de evaluación del desempeño laboral
contenido en la Resolución 02456 de 2016 para la evaluación de los
servidores vinculados a través de nombramientos en provisionalidad”, no
implica que sean nulos los actos particulares que se derivaron de este, por
lo que el acto demandado no tiene un nexo con las pretensiones, ni los
hechos de la demanda, pues para acceder a ello, debió demandar el acto
particular y concreto con el cual se desvinculó al actor del cargo que
desempeñaba.

Y concluyó diciendo que:

Así las cosas, claramente, el acto administrativo particular por medio del cual
el señor John Carlos Arroyo Godín, fue desvinculado del servicio de la
Fiscalía General de la Nación, es uno diferente de la Resolución No. 02457

4 Consejo de Estado, sentencia del día 18 de febrero de 2010, en el radicado o
250002325000200110589 01 (1712-08).

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de 2016,declarada nula y aunque esta última sirvió de sustento a la
Resolución No. 0-0737 del 25 de junio de 2018, ello no conlleva a la nulidad
de los actos derivados, así como no procede que se retrotraiga los efectos
ya causados de los mismos, es decir, continúan en firme y se presume su
legalidad ya que éstos generaron una situación consolidada que debió ser
objeto de debate dentro de los plazos legalmente establecidos por el medio
de control correspondiente5 .

1.3.4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
mediante fallo del 16 de julio de 2024, declaró la improcedencia del medio de
control presentado por parte del accionante.

Para llegar a dicha decisión, dispuso que, la parte demandante más allá de
solicitar el cumplimiento de una norma, lo que pretende mediante la acción es el
reconocimiento de un derecho subjetivo y así obtener un beneficio propio. Lo
anterior, derivado de la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 02457 del
2016, la cual sirvió como sustento para el acto administrativo No.0.570 del 11 de
mayo de 2018, mediante el cual se le declaró la insubsistencia del accionante.

Entonces, la autoridad judicial dispuso que, la referida discusión jurídica que
pretende hacer valer el demandante no es posible a través de la acción de
cumplimiento, debido a que, no se puede sustituir a la autoridad competente para
resolver respecto del reconocimiento de un derecho subjetivo.

De otro lado, citó la providencia del Consejo de Estado6 sobre situaciones
jurídicas consolidadas en el marco de la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos, con el fin de llegar a la conclusión que el acto que declaró
insubsistente al señor John Carlos Arroyo Godín se configura una situación
consolidada que se ejecutó con anterioridad a la declaratoria de la Resolución
02457 de 2016, sobre la que no consta prueba de haber sido controvertido por
los medios de control pertinentes dentro de los términos perentorios para su
interposición.

Por último, la providencia judicial afirmó que, la controversia surgida entre las
partes no puede ser resuelta a través de la acción de cumplimiento porque
desbordaría su objeto en la medida en que implica asumir un estudio de fondo
que no le correspondería al juez constitucional.

1.3.5. Impugnación

El señor Arroyo Godín impugnó la decisión de primera instancia. Al respecto,
indicó que, la providencia del Consejo de Estado que declaró nula la resolución
que fundaban el acto administrativo que lo declaró insubsistente,

5 Consejo de Estado, sentencia del 4 de febrero de 2016, en el radicado 15001-23-33-000-

2013- 00194-01(2874-13)
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, expediente número 5001-23-33-000-2013-00408-

01(2838-13) del 11 de febrero de 2016, C.P. William Hernández Gómez

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automáticamente desvirtuaba la legalidad de ese acto administrativo y conllevaba
a que este perdiera sus efectos.

Argumento que, no era posible que él tuviera que asumir los errores de la
administración al proferir una resolución que fuera contraria a derecho. Así
mismo, sostuvo que tampoco podía asumir como error propio la demora del
sector judicial para resolver la nulidad de un acto administrativo, lo cual tomó 4
años en hacerlo.

Por último, sostuvo que, en el caso en concreto operó el fenómeno del
decaimiento del acto administrativo en razón a la sentencia del Consejo de
Estado. Por tanto, la resolución que lo declaró insubsistente debe salir del
ordenamiento jurídico, pues le causó graves perjuicios a este.

1.4. De la manifestación de impedimento

Con escrito presentado el 28 de agosto de 2024 el magistrado Omar Joaquín
Barreto manifestó impedimento para conocer el asunto de la referencia,
amparado en el numeral 1° y 3° de la Ley 1437 de 2011.

No obstante, se declaró infundado en la medida que la vinculación de su esposa
en la Fiscalía General de la Nación no tiene la entidad suficiente para sustentar
las causales invocadas.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia del 16 de julio de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, de
conformidad con lo establecido en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997, 10,
125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, modificados por la Ley 2080 de 2021, y
el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado,
que establece la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para
conocer de las «apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que
se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».

2.2. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia
proferida el 16 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B. Para lo cual se resolverán, en su estricto orden,
los siguientes problemas jurídicos:

• ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia de la
Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca de

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conformidad con lo previsto en el artículo 8º de la Ley 393 de 1997?

• ¿Se superan los requisitos de procedencia de la acción de
cumplimiento?

En caso de ser afirmativas las respuestas, se deberá absolver el siguiente
planteamiento:

• ¿Hay lugar a ordenar a la parte accionada el cumplimiento de los
artículos 91 y 92 de la Ley 1437 de 2011 en el sentido de que decrete la
pérdida de fuerza de ejecutoria de la Resolución No. 0570 del 11 de
mayo de 2018?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

A efectos de resolver los interrogantes anteriormente planteados, se analizarán
los siguientes temas: (i) naturaleza de la acción constitucional; (ii) requisito de
procedibilidad; y, (iii) análisis del caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

Esta acción está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como
un mecanismo para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En
caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el
cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1° de la Ley 393
de 1997 precisa que «Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial
definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables
con fuerza material de Ley o actos administrativos».

Colombia es un Estado Social de Derecho y dentro de sus fines esenciales
está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las
autoridades de la República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar
el acatamiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo
2° de la Constitución Política), la acción en estudio permite la realización de
este postulado logrando la eficacia material de la ley y de los actos
administrativos expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de
sus funciones públicas.

De este modo, este mecanismo constituye el instrumento adecuado para
demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones
públicas, y ante el inminente incumplimiento la efectividad de las normas con
fuerza material de ley y de los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional «el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos,
la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
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cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es
omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta
manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad
material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden
a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo»7.

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de
la Ley 393 de 1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes
requisitos mínimos:

a) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en
normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos
vigentes (Art. 1.º)8.

b) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por
acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que
permitan deducir su inminente incumplimiento (Art. 8.º).

c) El artículo 8º señala que excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro
de sufrir un perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser
sustentado en la demanda.

d) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo
omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia
esta que hace procedente la acción. Por tanto, es improcedente la
acción que persigue la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la acción de tutela o se pretenda el
cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración
(Art. 9.º).

Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la
existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en
cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones
públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción.
Este último corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la
prosperidad de las pretensiones expuestas en la demanda.

7 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera
Carbonell y Hernando Herrera Vergara.
8 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general

consagran principios y directrices.

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2.3.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de
esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba
de haber pedido a las entidades accionadas en forma directa y con anterioridad
al ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo
presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique
en el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud; de esta manera,
quedará acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el
actor podrá ejercer la acción de cumplimiento

Al respecto, esta Sección ha señalado que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda
el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el
contenido de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el
demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual
versará el procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos9. (Negrillas fuera de texto).

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de
probar que constituyó en renuencia a la accionada, antes de instaurar la
demanda.

Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en
cuenta, como lo ha señalado la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple
derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir
el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»10, ya que no

9 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del

24 de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]
10 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres

Cuervo.

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se ha dado por demostrado su agotamiento cuando la petición «tiene una finalidad
distinta a la de constitución en renuencia».

Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como
la negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la
disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea
emitida en tiempo, «resulte contraria al querer del ciudadano»11

La parte accionante adjuntó copia del escrito radicado el 12 de enero de 2024
ante la Fiscalía General de la Nación en el cual solicitó el cumplimiento de los
artículos 91 y 92 del CPACA para que, en consecuencia, se declarara la pérdida
de fuerza ejecutoria del acto administrativo No. 0-0570 del 11 de mayo de 2018.

A tal requerimiento, la entidad demandada respondió el 1 de febrero de 2024,
mediante ofició STH-30100, en el sentido de negar la solicitud en atención a que,
al margen de la declaratoria de nulidad del Consejo de Estado, este no se
pronunció sobre las evaluaciones efectuadas en vigencia de la Resolución No. 0-
2456 del 2016. En este sentido, afirmó que no desaparecieron las razones de
hecho y de derecho que sustentaron la resolución de insubsistencia.

A partir de lo anterior, la sala estima que este satisface los requisitos de que trata
el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997, toda vez que la accionante identificó las
disposiciones legales que en su criterio fueron desacatadas y solicitó el
cumplimiento ante la entidad con independencia si se resolvió de manera
favorable o no.

2.3.3. De la procedencia de la acción de cumplimiento

Según lo previsto en el artículo 9.° de la Ley 393 de 1997, esta acción no
procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa
judicial para hacer efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo
que, de no proceder el juez, se cause un perjuicio grave e inminente para el
accionante.

En el sub judice la parte actora solicitó que en cumplimiento de los artículos 91
y 92 del CPACA se le ordene a la Fiscalía General de la Nación que decrete la
pérdida de fuerza de ejecutoria de la Resolución No. 0570 del 11 de mayo de
2018, a través de la cual se declaró su insubsistencia para ocupar el cargo de
provisional Técnico de Investigación Grado II, por la supuesta desaparición de
sus fundamentos de derecho con ocasión de la sentencia del 24 de abril del
2020 del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.

11 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de

2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01
(ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación
n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre
otras.

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Demandante: John Carlos Arroyo Godin
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Radicado: 25000-23-41-000-2024-01140-01

Así las cosas, se evidencia que lo pretendido por el accionante es el
reconocimiento de un derecho subjetivo en su cabeza y no el estricto acatamiento
de una obligación imperativa e inobjetable. Por ende, para esta Sala de Decisión
existen otros mecanismos judiciales idóneos para los fines perseguidos con la
presente demanda.

Es decir, la controversia planteada por la parte actora se trata de un asunto que
no debe ser resuelto a través de la acción de cumplimiento, pues debe ser objeto
de pronunciamientos judiciales a través de los medios idóneos y eficaces
previstos por el ordenamiento jurídico para ese tipo de discusiones.

Esta Sala de Decisión encuentra que, en primer lugar, es la misma autoridad
quien, en ejercicio de sus funciones, debió determinar si se cumplen o no los
presupuestos descritos por la Ley de la pérdida de ejecutoria del acto
administrativo de la que trata el artículo 91 del CPACA, figura que ha sido
conocida bajo el concepto de decaimiento del acto administrativo y que impide la
prolongación del surtimiento de los efectos jurídicos del acto.

Al respecto, una vez notificada la sentencia del Consejo de Estado a través de la
cual declaró la nulidad Resolución 02457 de 2016, el señor John Carlos Arroyo
Godín tenía la posibilidad de solicitar a la entidad accionada la pérdida de
ejecutoria de la Resolución No. 0570 del 11 de mayo de 2018. Esto, con el fin de
que la Fiscalía General de la Nación evaluara la configuración del decaimiento
del mencionado acto administrativo y adoptara la determinación correspondiente.

Ahora bien, en caso de que la respuesta que le hubiese sido proporcionada no
se ajustara a sus intereses, el accionante podría haber discutido la presunción
de legalidad de este acto administrativo, pues tiene a su alcance el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138
del CPACA.

En segundo lugar, el accionante dispone igualmente del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la Resolución No. 0570
del 11 de mayo de 2018. Al respecto, el Consejo de Estado ha indicado que el
acaecimiento de la pérdida de ejecutoria de un acto administrativo no es
incompatible con un juicio de legalidad sobre el mismo, toda vez que no durante
su existencia generó efectos jurídicos:

Esta Corporación ha sostenido mayoritariamente que la figura del decaimiento
del acto administrativo no impide el juicio de legalidad del mismo, en tanto éste
debe realizarse según las circunstancias vigentes al momento de su expedición
y habida consideración de que el decaimiento sólo opera hacia el futuro, en tanto
la desaparición del fundamento jurídico del acto no afecta su validez.12

Se estima que este mecanismo resulta idóneo y eficaz para dejar sin efecto las
mencionadas decisiones y asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico
invocado con esta demanda. También, para garantizar sus derechos

12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 5

de julio de 2006, expediente 25000232600019990048201 MP. Ruth Stella Correa Palacio.

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fundamentales. Nótese que el juez ordinario cuenta con la posibilidad de decretar
medidas cautelares en los términos de los artículos 229 y 230 de la Ley 1437 de
201113 para prevenir la prolongación de la eventual vulneración de sus derechos
en relación con la declaratoria de insubsistencia.

A propósito de este último aspecto, recuérdese que esta corporación ha señalado
que las medidas cautelares establecidas en el CPACA también son idóneas para
la protección de derechos fundamentales, en la medida que las mismas pueden
ser:

(i) preventivas, cuando se ordene la adopción de una decisión administrativa, o
la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un
perjuicio o la agravación de sus efectos; (ii) conservativas, cuando el juez ordena
que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se
encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible;
(iii)anticipativas, en el evento que se ordene la adopción de una decisión
administrativa o se imparta órdenes o se le imponga a cualquiera de las partes
del proceso obligaciones de hacer o no hacer; (iv) suspensivas, cuando se
ordene suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de

13 «Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que

se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en
cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o
Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere
necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de
la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y
protección de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y
podrán ser decretadas de oficio.
Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán
ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y
necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente
podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:
1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba
antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.
2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A
esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de
conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere
posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba
observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la
cual recaiga la medida.
3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra
con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.
5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o
no hacer.
Parágrafo. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de
índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en
la adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción
dentro del plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y
siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente.
Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de
un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las
disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado,
cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas
superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.
Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de
perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.»

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carácter contractual o se ordene suspender provisionalmente los efectos de un
acto administrativo14.

Se itera, este no es el escenario procesal correspondiente para discutir sobre los
presupuestos del decaimiento del acto administrativo en aras del reconocimiento
de un derecho subjetivo. Como viene de verse, este mecanismo procura por el
efectivo cumplimiento de la ley material.

Con tal precisión, la Sala considera que la petición de amparo es improcedente,
pues escapa al juez de la acción de cumplimiento adelantar un análisis alrededor
de la perdida de ejecutoria del acto administrativo sin que el actor hubiese
agotado los mecanismos judiciales idóneos para surtir este debate. Por lo tanto,
la Sala confirmará la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de abril de 2024, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B,
según lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

14 Corte Constitucional, sentencia T-733 de 2014.

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