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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2024-01220-01

Fecha
19 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2024-01220-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia del 5 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2024-01220-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

19 de septiembre de 2024

Demandante: Miguel Alonso López Zubieta
Demandados: Superintendencia de Notariado y Registro
Rad: 25000-23-41-000-2024-01220-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá. D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01220-01
Demandante: MIGUEL ALONSO LÓPEZ ZUBIETA
Demandados: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO, OFICINA DE
REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE
BOGOTÁ D. C.

Tema: Improcedencia de la acción de cumplimiento – no supera el
requisito de subsidiariedad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte actora
contra la sentencia de 5 de agosto de 2024, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, declaró la
improcedencia de la acción de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud

1. En nombre propio y en ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de
1997, Miguel Alonso López Zubieta presentó demanda contra la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona sur, en la que formuló las
siguientes pretensiones:

SE ORDENE a la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE
BOGOTÁ ZONA SUR, de (sic) cumplimiento de la norma con fuerza material de
ley y el acto administrativo incumplido, es decir, al Artículo 64 de la ley 1579 de
2012 e Instrucción Administrativa No. 08 de 2022 emitida por la Superintendencia
de Notariado y Registro, cancelando la medida cautelar de prohibición
enajenación sin autorización que recae sobre el folio de matrícula inmobiliaria
número 50S- 40134007, inscrita en la anotación número 10, de fecha 15-01-2014,
radicado 2014-37811.

2. Hechos

2. En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente:

1
Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.

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Demandante: Miguel Alonso López Zubieta
Demandados: Superintendencia de Notariado y Registro
Rad: 25000-23-41-000-2024-01220-01

3. El 24 de enero de 2024, el accionante radicó ante la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá D.C., zona sur, la solicitud de cancelación
de medida cautelar -prohibición de enajenar sin autorización-, que recae
desde el 15 de enero de 2014 sobre el inmueble identificado con folio de
matrícula número 50S-40134007, de conformidad con el artículo 64 de la Ley
1579 de 2012, petición a la cual se le asignó el radicado 50S2024ER00641.

4. El 16 de febrero de 2024, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Bogotá D.C., zona sur, emitió respuesta bajo el radicado 50S2024EE03430;
sin embargo, el actor sostuvo que la respuesta fue incongruente y evasiva
respecto de la aplicación de la norma pertinente, fundamentando la negativa
en razones que, a su juicio, son insuficientes y fuera del contexto normativo
aplicable.

5. Afirmó que la Superintendencia de Notariado y Registro estableció
lineamientos específicos para la aplicación del artículo 64 de la Ley 1579 de
2012 mediante la Instrucción Administrativa 8 de 2022. En su respuesta, la
registradora se limitó a transcribir el artículo de la ley, sin realizar un estudio
detallado de la solicitud y sugirió que la cancelación de la anotación debía ser
tramitada ante la autoridad competente, lo que el accionante consideró una
mala interpretación de la norma.

6. Sostuvo que la registradora debió notificar a la autoridad que ordenó la
inscripción de la medida cautelar sobre la falta de solicitud de prórroga para
proceder con su cancelación mediante acto administrativo motivado. La falta
de acción por parte de la registradora, según el actor, constituye una clara
renuencia a aplicar el artículo 64 de la Ley 1579 de 2012.

7. El accionante precisó que su solicitud cumplía con los requisitos para la
cancelación de la medida cautelar, dado que la anotación, inscrita el 15 de
enero de 2014, había superado los diez años de vigencia sin ser renovada.
Citó la sentencia C-379 de 2004, que define las medidas cautelares como
provisionales y temporales, y, por tanto, según él, prescriptibles.

8. Argumentó que el propósito del artículo 64 de la Ley 1579 de 2012 es
establecer la caducidad de las medidas cautelares no renovadas y que, a su
juicio, la omisión de la oficina de registro no solo incumple con la normativa,
sino que también vulnera el debido proceso y pone en riesgo la propiedad
privada.

9. El actor indicó que la Oficina de >Registro ignoró que el artículo 64 actúa
como excepción al 62 de la Ley 1579 de 2012, permitiendo la caducidad de
medidas cautelares no renovadas tras diez años. Consideró que la oficina se
extralimitó en sus funciones al añadir requisitos no contemplados por el
legislador y dar una respuesta evasiva.

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3. Trámite de la solicitud en primera instancia

10. Mediante providencia del 8 de julio de 20242, el magistrado sustanciador
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B,
admitió la demanda y ordenó la notificación a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá, zona sur.

4. Contestación de la demanda

4.1. La Superintendencia de Notariado y Registro

11. La Superintendencia de Notariado y Registro, en representación de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona sur, expuso
que no es cierto que haya evadido la aplicación del artículo 64 de la Ley 1579
de 2012. La entidad argumentó que el folio de matrícula inmobiliaria debe ser
analizado en su conjunto y no individualmente o por anotaciones separadas;
además, explicó que en la anotación del folio de matrícula inmobiliaria 50S-
40134007 se inscribió la anotación 11, en virtud de la cual se ordenaba
cancelar la Escritura Pública 3295 del 8 de octubre de 2008, visible en la
anotación 006 del mismo folio.

12. Afirmó que, por un error involuntario, la Oficina de Registro omitió registrar
la cancelación de la anotación 006. Esta omisión podría modificar
sustancialmente la titularidad del bien inmueble. Además, explicó que el
Decreto-Ley 1250 de 1970, actualmente Ley 1579 de 2012, regula todos los
trámites necesarios para garantizar la función de registro. Estas etapas
incluyen la radicación, calificación, inscripción y constancia de ejecución de la
inscripción. También prevé la posibilidad de enmendar errores en la actuación
registral y se establece la forma en la cual se debe efectuar dicha corrección,
procedimiento que se encuentra en el artículo 59 de la ley 1579 de 2012.

13. Destacó que, en el caso en estudio, se produjo una ruptura en la cadena
de tradición, lo que, según el artículo 3 de la Ley 1579 de 2012, obliga a la
entidad a cumplir con el sistema registral y sus principios adyacentes.

14. Como consecuencia, informó que la Oficina inició la actuación
administrativa AA-145-2024, con el objetivo de establecer la situación jurídica
real del inmueble, dado que la matrícula inmobiliaria No. 50S-40134007 no
refleja la realidad descrita en la solicitud, pues el dominio del inmueble no está
claramente establecido.

15. La entidad afirmó que no ha sido renuente frente a la solicitud del
accionante y, consideró que resulta improcedente acceder a las pretensiones
planteadas, debido a que es necesario establecer previamente la situación
jurídica real del inmueble.

2
Índice 6 de Samai, del expediente digital del tribunal.

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16. Finalmente, la Superintendencia solicitó que se declare la falta de causa
en la petición y, en cumplimiento de la Instrucción administrativa 11 del 30 de
julio de 2015, que sigue en curso, se mantendrá el bloqueo del folio de la
matrícula inmobiliaria. Esto se debe a que la controversia sobre la situación
jurídica real del inmueble persiste y, la Oficina tiene la potestad de bloquear
el folio de la matrícula en controversia sin incumplir el artículo reclamado.

5. Sentencia de primera instancia

17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
B, en sentencia del 5 de agosto de 20243, declaró improcedente la acción de
cumplimiento, toda vez que no se satisfizo el requisito de subsidiariedad.
Consideró que la parte actora tenía la posibilidad acudir en las etapas del
procedimiento administrativo correspondientes, para que la administración
analice la procedencia o no de la cancelación del folio de matrícula, sometido
a las reglas específicas de este trámite, que impide que el presente asunto sea
analizado a través de este medio constitucional y que, en todo caso, una vez
culminada puede ser discutida su legalidad no solo a través de los recursos
sino ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo

18. Concluyó que la Oficina de registro tiene la autoridad de bloquear el folio
de matrícula conforme a la Instrucción Administrativa 11 de 2015. Según esta,
el registrador puede proceder al bloqueo del folio de matrícula inmobiliaria
cuando el titular de un derecho real inscrito, un notario, una autoridad judicial
o administrativa competente, o cualquier persona afectada por la inscripción
presente una solicitud escrita afirmando no haber participado en la
enajenación, constitución de gravamen, limitación de dominio, autorización de
la escritura pública, o expedición de la orden judicial o administrativa
registrada.

19. Adicionalmente, las acciones adelantadas bajo la Instrucción
Administrativa 11 de 2015 pueden llevar a una eventual nulidad de las
anotaciones cuestionadas por el demandante, sin necesidad de que éste
active el aparato judicial y que actualmente, se encuentra en curso y no ha
concluido con una decisión en firme.

6. La impugnación4

20. El actor solicitó que se revocara el fallo de primera instancia y, en su lugar,
que se profiriera decisión que ordene a la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Bogotá, zona sur, el cumplimiento de las normas invocadas.

21. Adujo que no comparte la vinculación que hizo el Tribunal de la
Superintendencia de Notariado y Registro, pues la demanda estaba dirigida

3
Índice 15 de Samai, del expediente digital del tribunal.
4
La sentencia del 5 de agosto de 2024 fue notificada el 2 de agosto de 2024, y el escrito de
impugnación fue radicado mediante correo electrónico el 7 de agosto de 2024, término que se
encuentra oportuno.

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en contra de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona
sur, la cual, si bien es una dependencia de la Superintendencia, es autónoma.

22. Como consecuencia, afirmó que debía entenderse como no contestada la
acción de cumplimiento, en tanto no era la Superintendencia la llamada a
responder, entidad que carecía de legitimación en la causa por pasiva, porque
no le correspondía «entrar a discernir e intervenir en aspectos que escapan de
su competencia, más aún cuando no resulta ser la prestadora del servicio
público registral».

23. A continuación, sostuvo que la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Bogotá, zona sur, no le ha notificado el auto número 31 que se
mencionó en la actuación administrativa; además, se parte de un supuesto y
se desconoce si en realidad la misma fue adelantada, por lo que, a la fecha,
no tiene otro mecanismo judicial para reclamar su pretensión.

24. Finalmente, afirmó que, en el fallo impugnado no se hizo un verdadero
análisis de las pruebas, comoquiera que en ningún momento solicitó la
cancelación del folio de matrícula inmobiliaria.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

25. La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la
sentencia dictada el 5 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, según lo dispuesto en los
artículos 1505 y 1526 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA) y en el artículo trece del Acuerdo 080 de
2019 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado 7.

2. Problema jurídico

26. Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión
adoptada por la citada Corporación judicial en la sentencia de 5 de agosto de
2024, que declaró la improcedencia de la acción porque consideró que no se
cumple con el requisito de subsidiariedad, o si, por el contrario, como lo
sostuvo el actor, quien respondió la acción de cumplimiento carecía de

5
Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de
radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los
tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.
6
Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de
cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro
de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.
7
Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los
tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.

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legitimación en la causa y, además, no cuenta con otro medio judicial para
acceder a su pretensión.

3. Cuestión previa

27. El actor dirigió la demanda en contra de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá, zona sur y el tribunal la admitió en su contra.
Al momento de contestar la acción de cumplimiento, la defensa fue ejercida
por la Superintendencia de Notariado y Registro.

28. Como consecuencia, el actor, en su escrito de impugnación, solicitó que
se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
superintendencia y se entienda como no contestada la acción, por cuanto, a
su juicio, la Oficina de Registro cuenta con autonomía para ejercer por sí
misma su defensa.

29. Al respecto, la Sala debe precisar que, si bien la demanda está dirigida
contra la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona sur,
esta no es una entidad pública con personería jurídica, sino una dependencia
de la Superintendencia de Notariado y Registro, y, en esa medida, es la citada
Superintendencia la llamada a comparecer en el proceso en calidad de
demandada.

30. Lo anterior, además de haberse precisado por el Consejo de Estado8,
encuentra sustento jurídico en la lectura armónica de los artículos 11, numeral
12, y 13, numeral 4, del Decreto 2723 de 29 de diciembre de 2014 9, que en lo
pertinente preceptúan:

[…] Artículo 11. Funciones de la Superintendencia. Son funciones de la
Superintendencia de Notariado y Registro, las siguientes:

[…].

12. Prestar el servicio público registral a través de las Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos.

[…].

Artículo 13. Funciones del Despacho de Superintendente. Son funciones del
Despacho del Superintendente, las siguientes:

[…].

4. Ejercer la representación legal de la Entidad […]”.

31. En este orden de ideas, la Oficina de Instrumentos Registro de Públicos
de Bogotá, zona sur, no tiene capacidad para comparecer al proceso, por lo

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de
3 de noviembre de 2011, C.P.: María Elizabeth García González, radicación: 2011-00264-00;
sentencia de 5 de junio de 2008, radicación2001-00305-01, C.P., Martha Sofía Sanz Tobón.
9
Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Notariado y Registro.

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que la Superintendencia de Notariado y Registro sí cuenta con legitimación AD
PROCESUM en la causa por pasiva y es la llamada a comparecer al proceso.

4. Generalidades de la acción de cumplimiento

32. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.

33. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos
mínimos. Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los
siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
imperioso incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la
solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el
rechazo de la acción de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º].

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.

(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través
de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
Administración [artículo 9.º].

34. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii
o vi], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.

35. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la
Sala precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar
si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a
los cuales se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s,
[artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad
o no de la/s pretensión/es formulada/s.

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5. La constitución de la renuencia

36. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de
constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo
y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro
de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud […]».

37. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado
según el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de
petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el
requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»10.

38. Esta Corporación también ha considerado que no puede tenerse por
demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en
que la solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»11.

39. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como
la negativa del accionado frente al requerimiento, bien porque no brinde
respuesta oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria
al querer del ciudadano12.

40. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo
pretendido por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o
administrativo, cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de
la parte demandada.

41. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de
1997, el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de
la parte accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser
rechazada de plano.

42. La parte accionante, para acreditar el requisito de procedibilidad, allegó
copia del correo electrónico remitido el 6 de mayo del 2024, dirigido a la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona sur, con el fin de
constituirla en renuencia por la omisión en la aplicación del artículo 64 de la
Ley 1579 de 2012 y, por no acogerse al procedimiento que establece la
Instrucción Administrativa 08 de 2022 – SNR.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de octubre 20

de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
11
Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del
expediente ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
12
Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación 25000-23-41-000-2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación 15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-
00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.

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43. La Superintendencia de Notariado y Registro emitió respuesta el 27 de
junio de 202413, en la que manifestó que no accedió a la solicitud comoquiera
que en el folio de matrícula de la referencia existen situaciones que deben ser
aclaradas, entre ellas, la inscripción de la Escritura Pública Nº. 3861 de 27 de
octubre de 2011, a través de la cual, el hoy accionante adquirió el predio.

44. Como consecuencia, le informó que remitiría el asunto al área de
actuaciones administrativas, de conformidad con el artículo 59 de la Ley 1579
de 2012, con el fin de se lleve a cabo el trámite correspondiente y que se le
pondría en conocimiento, para que, en caso de que fuera necesario, ejerciera
sus derechos.

45. Así las cosas, para la Sala se encuentra acreditado el requisito de
procedibilidad respecto de la entidad demandada toda vez que la respuesta
resulta contraria al querer del ciudadano.

6. De la procedencia de la acción de cumplimiento

46. La parte actora, con el ejercicio de este medio de control, persigue que se
le ordene a la parte demandada que cumpla lo establecido en el artículo 64 de
la Ley 1579 de 2012 e Instrucción Administrativa No. 08 de 2022 emitida por la
Superintendencia de Notariado y Registro, en lo relativo a la declaratoria de
caducidad de medidas cautelares no renovadas tras diez años que recaen
sobre un inmueble de su propiedad.

47. En cuanto a la vigencia de la citada norma, se consultó el Sistema Único de
Información Normativa del Estado colombiano SUIN – JURISCOL14, se
consultó la Ley 1579 de 2012, el cual se encuentra vigente y establece en su
artículo 64, lo siguiente:

Artículo 64. Caducidad de inscripciones de las medidas cautelaras y
contribuciones especiales. Las inscripciones de las medidas cautelares tienen
una vigencia de diez (10) años contados a partir de su registro. Salvo que antes
de su vencimiento la autoridad judicial o administrativa que la decretó solicite la
renovación de la inscripción, con la cual tendrá una nueva vigencia de cinco (5)
años, prorrogables por igual período hasta por dos veces.

13
Índice 2 de Samai, expediente digital del Consejo de Estado.
14
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las constituciones de 1886 y de 1991, actos legislativos, leyes, decretos, directivas
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concordancias y afectaciones normativas y jurisprudenciales. Igualmente se pueden realizar
consultas de jurisprudencia de control de constitucionalidad y de legalidad proferidas por la
anterior Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia desde 1910 hasta 1991, por el
Consejo de Estado y por la Corte Constitucional.
Este sistema se ha implementado a través de la Dirección de Desarrollo del Derecho y del
Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho, en cumplimiento de sus
funciones de conformidad con el artículo 18, numerales 1, 2, 3, 7 y 8 del Decreto 1427 de
2017. El sistema contiene información de más de 85.000 disposiciones normativas y
jurisprudenciales. Información que puede ser consultada en el siguiente link http://www.suin-
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Vencido el término de vigencia o sus prórrogas, la inscripción será cancelada por
el registrador mediante acto administrativo debidamente motivado de cúmplase,
contra el cual no procederá recurso alguno; siempre y cuando medie solicitud por
escrito del respectivo titular(es) del derecho real de dominio o de quien demuestre
un interés legítimo en el inmueble.

Parágrafo. El término de diez (10) años a que se refiere este artículo se empieza
a contar a partir de la vigencia de esta ley, para las medidas cautelares
registradas antes de la expedición del presente estatuto.

48. Ahora, en relación con la Instrucción Administrativa 08 de 2022, de su
lectura se observa que no cumple con los requisitos establecidos por la Ley
393 de 1997, por cuanto no se trata normas aplicables con fuerza material de
ley o actos administrativos; su contenido se limita advertir sobre posibles
irregularidades que pueden presentarse en el trámite establecido por el
artículo 64 de la Ley 1579 de 2012, se limita a reproducir el contenido de otras
normas y a brindar orientaciones e instrucciones a sus destinatarios; por
tanto, respecto de ese instructivo, la acción resulta improcedente 15.

49. Por otra parte, según lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley 393 de 1997,
la acción de cumplimiento no procederá cuando el afectado tenga o haya
tenido otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo
cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo que, de no proceder el
juez, se cause un perjuicio grave e inminente para el accionante.

50. De igual forma, en reiterada jurisprudencia16 esta Sección ha desarrollado
«la existencia de otro mecanismo judicial», como causal de improcedencia de
la acción de cumplimiento, en aquellos casos en los que no se acredite un
perjuicio irremediable. Así, en sentencia de 24 de mayo de 2012, se reiteró
que «la razón de ser de esta causal de improcedencia es garantizar que la
resolución de las diferencias jurídicas sea efectuada por el juez natural, bajo
el trámite que el ordenamiento jurídico ha establecido como propio para ello
y evitar la alteración de las competencias que han sido radicadas en las
diferentes jurisdicciones».

51. Bajo este panorama, la Sala considera que, en el presente caso, la acción
de cumplimiento es improcedente, toda vez que el actor pretende que se le
ordene a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, zona sur, que, en
cumplimiento del artículo 64 de la Ley 1579 de 2012, cancele una medida
cautelar que recae sobre un inmueble, que alega ser de su propiedad, por
considerar que operó la caducidad establecida en la norma.

15
Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 19 de marzo de 2009, expediente
11001-03-25-000-2005-00285-00, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Ver entre otras:
Consejo de Estado Sección Primera del Consejo de Estado: 10 de mayo de 2012, expediente
11001-03-24-000-2007-00258-00, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno; y 27 de noviembre de
2014, expediente 05001-23-33-000-2012-00583-01 M.P. Guillermo Vargas Ayala.
16
Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU),
M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-
000-2012-00425-01(ACU). M.P. Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012,
radicado n° 05001-23-31-000-2006-01095-01(ACU). M.P. Mauricio Torres Cuervo.

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52. Por su parte, la entidad accionada le ha manifestado al accionante que,
como resultado del estudio de su solicitud, se estableció que no es posible
acceder inmediatamente a lo pretendido, por cuanto se advirtieron situaciones
en el folio de matrícula del bien identificado con número 50-S-40134007, que
deben ser verificadas a través de la actuación administrativa correspondiente
y establecer así la situación jurídica real del folio, concretamente, del registro
de la escritura por medio de la cual el señor López Zubieta adquirió el derecho
de dominio sobre el bien.

53. Así, de los hechos de la demanda y del material probatorio que reposa en
el expediente, se evidencia la existencia de una controversia jurídica que
torna improcedente este mecanismo constitucional, en la medida en que no
le corresponde a este juez constitucional dirimir el debate surgido, en especial
cuando existe un procedimiento específico para ello y del cual la
Superintendencia ya le explicó al accionante para que, en su oportunidad,
pueda ejercer la defensa de sus derechos, en caso de que no esté conforme
con alguna de las decisiones que se tomen en él.

54. En efecto, la Sala advierte que los artículos 59 y 60 de la Ley 1579 de
201217 establecen el procedimiento y los recursos con los que cuentan los
interesados en caso de presentarse errores que deban ser corregidos, así:

Artículo 59. Procedimiento para corregir errores.

Los errores en que se haya incurrido en la calificación y/o inscripción, se
corregirán de la siguiente manera:

(…).

Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que hubieren sido
publicitados o que hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros, solo
podrán ser corregidos mediante actuación administrativa, cumpliendo con los
requisitos y procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o de la norma que lo adicione
o modifique y en esta ley.

(…).

De toda corrección que se efectúe en el folio de matrícula inmobiliaria, se debe
dejar la correspondiente salvedad haciendo referencia a la anotación corregida,
el tipo de corrección que se efectuó, el acto administrativo por el cual se ordenó,
en el caso en que esta haya sido producto de una actuación administrativa (…).

Artículo 60. Recursos.

Contra los actos de registro y los que niegan la inscripción proceden los recursos
de reposición ante el Registrador de Instrumentos Públicos y el de apelación,
para ante el Director del Registro o del funcionario que haga sus veces.

Cuando una inscripción se efectúe con violación de una norma que la prohíbe o
es manifiestamente ilegal, en virtud que el error cometido en el registro no crea
derecho, para proceder a su corrección previa actuación administrativa, no es

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necesario solicitar la autorización expresa y escrita de quien bajo esta
circunstancia accedió al registro.

55. Por tanto, ante la evidencia de una situación irregular en el folio de
matrícula número 50S-40134007 y la existencia de normas que establecen
que la discusión propuesta por el actor debe adelantarse a través de una
actuación administrativa y no a través de la acción de cumplimiento, para la
Sala esta acción resulta improcedente, de lo contrario, se estaría
extralimitando en sus funciones e incluso vulnerando derechos de terceros
que pueden estar en juego ante la irregularidad encontrada por la autoridad
competente.

56. En consonancia con lo anterior, la Sala recuerda que el fin último de la
acción de cumplimiento es procurar la vigencia y efectividad material de las
leyes y de los actos administrativos, en aquellos casos en que las autoridades
públicas no dan estricto cumplimiento al deber jurídico o administrativo que
les es exigible y que la controversia propuesta en el caso de la referencia va
más allá de exigir el cumplimiento de la disposición invocada como incumplida
y, en tal medida, requiere que el juez natural realice un análisis de fondo a
toda la actuación desplegada.

57. De esta manera, para la Sala la petición de Miguel Alonso López es
improcedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley 393
de 1997, pues dispone de otro mecanismo de defensa judicial, esto es, el
medio de control contra el oficio 50S2024EE03430 que negó la aplicación del
artículo 64 de la Ley 1579 de 2012.

58. Además, en la actuación administrativa que debe adelantar la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona sur y, de la cual se le hará
partícipe atendiendo los requisitos de procedibilidad previstos para hacer
viable ese medio, en caso de que se adopte una decisión adversa a sus
intereses, cuenta con el medio de control.

59. Ahora bien, debe recordarse que el juez de la acción de cumplimiento,
pese a la existencia de otro instrumento judicial, podría pronunciarse de fondo
en relación con la solicitud, siempre y cuando se acrediten los presupuestos
de necesidad, urgencia, gravedad e inminencia del perjuicio. No obstante, en
el caso de la referencia, la parte interesada no probó tales extremos.

60. Como consecuencia, esta Sala confirmará la decisión del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección primera, Subsección B, del 5 de
agosto de 2024, que declaró improcedente la acción de cumplimiento, de
conformidad con las razones aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley

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FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia del 5 de agosto de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B,
que declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento, según lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de
la Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Ausente con permiso
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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