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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2024-01239-01

Fecha
17 de octubre de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2024-01239-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la sentencia de 30 de agosto de 2024 de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2024-01239-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

17 de octubre de 2024

Demandante: Medicentro Familiar I. P. S. – S. A. S.
Demandado: ADRES
Radicación: 25000–23–41–000–2024–01239–01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 25000–23–41–000–2024–01239–01
Demandante: Medicentro Familiar I. P. S. – S. A. S.
Demandado: Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (ADRES)
Tema: Confirma sentencia de primera instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandada contra la
sentencia de 30 de agosto de 2024. En la providencia citada, la Subsección B de
la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió
parcialmente a las pretensiones de la acción de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, por medio de
apoderado judicial, la IPS Medicentro Familiar S. A. S. (en adelante la IPS)
demandó a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud (en adelante ADRES), por el presunto incumplimiento de los
artículos 17, inciso primero, de la Resolución 1645 de 20161 y 8 de la Resolución
1236 del 20232 del Ministerio de Salud y Protección Social. En ese sentido se
formularon las siguientes pretensiones:

[…] 1. Se acojan las consideraciones aquí expuestas teniendo en cuenta que los
términos establecidos en el inciso primero del artículo 17 de la Resolución 1645 de
2016 se encuentra taxativa y perentoriamente establecido en dicho acto
administrativo, máxime si se tiene en cuenta el excesivo tiempo que prolongan las
auditorías integrales como bien se logró demostrar en el cuadro que se adjunta y
con las pruebas que se allegan con la presente acción constitucional.

1 Por la cual se establece el procedimiento para el trámite de las reclamaciones, con cargo a la Subcuenta del
Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT del Fondo de Solidaridad y Garantía -
FOSYGA, o quien haga sus veces, y se dictan otras disposiciones.
2 Por la cual se definen los requisitos, criterios y condiciones para la presentación de las reclamaciones, la

realización de la auditoría integral y el pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos de las
víctimas de accidentes de tránsito, eventos terroristas y eventos catastróficos de origen natural presentados
ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

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Demandante: Medicentro Familiar I. P. S. – S. A. S.
Demandado: ADRES
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2. Se acojan las consideraciones aquí expuestas, teniendo en cuenta que el
procedimiento establecido en el numeral 8.3 artículo 8.° de la Resolución 1236 de
2023 se encuentra taxativo y perentoriamente establecido en dicho acto
administrativo, máxime si se tiene en cuenta el excesivo tiempo que prolongan las
auditorías integrales como bien se logró demostrar en el cuadro que se adjunta y
con las pruebas que se allegan con la presente acción constitucional.

3. Se ordene y se garantice el cumplimiento de los términos establecidos en el
numeral 8.3 artículo 8 de la Resolución 1236 de 2023 y el inciso primero del artículo
17 de la Resolución 1645 de 2016, en tanto se ordene el cumplimiento efectivo de
los actos administrativos pluricitados en la presente acción constitucional de
cumplimiento […][3].

2. Hechos

La demanda de cumplimiento se resume de la siguiente manera: la IPS actora
manifestó que presta el servicio de salud a víctimas de accidentes de tránsito
ocasionados por vehículos sin póliza SOAT, con cargo a los recursos
administrados por la ADRES, de conformidad con el artículo 167 de la Ley 100 de
1993 y el artículo 2.6.1.4.1.3 del Decreto 780 de 2016.

La actora precisó que radicó 518 reclamaciones a la ADRES en los meses de
febrero de 2023 a marzo de 2024 con ocasión de los servicios médicos que les
prestó a las víctimas de accidentes de tránsito antes mencionadas, sin que a la
fecha de radicación de la demanda se le haya notificado el resultado de las
auditorías.

Así las cosas, indicó que se incumplió el término de dos meses con los que cuenta
la ADRES para realizar las auditorías integrales de dichas reclamaciones, de
conformidad con las disposiciones invocadas. Bajo ese hilo argumentativo,
manifestó que, de conformidad con las normas cuyo cumplimiento solicitó el
término para realizar la auditoría integral de las reclamaciones se encuentra
ampliamente fenecido.

Por lo anterior, el 18 de julio de 2023, la IPS radicó una petición ante la ADRES en
la que buscó constituirla en renuencia respecto de las normas invocadas con el
ejercicio de esta acción. Pese a que la entidad le brindó una respuesta, considera
que la misma fue evasiva y con ello la accionada se ratificó en el incumplimiento.

3. Trámite para la admisión de la demanda

Por auto del 23 de julio de 20244, el magistrado ponente del Tribunal admitió la
demanda. Asimismo, ordenó la notificación de lo decidido a la demandante y a la
autoridad accionada.

3 Se trascribe tal cual incluso con posibles errores de redacción de la parte accionante.
4 Previa inadmisión a través de auto del 8 de julio de 2024.

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4. Informe

La ADRES se opuso a la prosperidad de la acción de cumplimiento. Al respecto,
sostuvo que el presente mecanismo debe declararse improcedente ante la
existencia de otro medio de defensa judicial ordinario que debe impetrarse ante el
juez de lo contencioso administrativo, sin que especificara cuál medio de control
es el idóneo.

Por otra parte, informó que está adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social.
Asimismo, sostuvo que, a partir de la creación y entrada en funcionamiento de la
entidad, se suprimió el Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) y con este la
Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social (DAFPS). Que la
Subcuenta de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT) tiene por
objeto «establecer las condiciones de cobertura, ejecución de recursos,
funcionamiento y aspectos complementarios para el reconocimiento y pago de los
servicios de salud, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito,
eventos catastróficos de origen natural, eventos terroristas y demás eventos
aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de Consejo
de Administración del Fosyga».

La entidad resaltó que el artículo 2.6.1.4.1. del Decreto 780 de 2016 señala las
condiciones de cobertura, ejecución de recursos y aspectos complementarios para
el reconocimiento y pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos
derivados de un accidente de tránsito; que el artículo 7 de la Resolución 1645 de
2016 dispuso el término en el que las personas naturales y jurídicas pueden
presentar sus reclamaciones; que, el artículo 9 de la mencionada disposición
estableció que toda reclamación debe pasar las etapas de preradicación,
radicación, auditoría integral, la comunicación del resultado de la auditoría y
finalmente el pago cuando haya lugar y describió en qué consisten cada una de
las citadas etapas.

5. Sentencia de primera instancia

En fallo de 30 de agosto de 2024, la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente la acción respecto
al cumplimiento del artículo 17 de la Resolución 1645 de 2016 para las
reclamaciones radicadas después del 31 de agosto de 2023, ya que la Resolución
mencionada fue derogada en esa fecha, negó lo pedido respecto de 6 facturas
dado que no se encontró acreditado que fueron radicadas ante la ADRES y
accedió a las pretensiones de la demanda en cuanto a las reclamaciones de 15 de
agosto de 2023 hasta marzo de 2024. En ese sentido, el a quo explicó que las
normas invocadas disponen el término de dos meses contados desde la fecha de
cierre del periodo de radicación para efectuar la auditoría integral de las
reclamaciones con ocasión de los servicios médicos prestados a las víctimas de
accidentes de tránsito con cargo a la ADRES. A su vez, la primera instancia
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encontró acreditada la presentación de las reclamaciones referidas por la
accionante, sin que a la fecha de expedición de la sentencia exista
pronunciamiento por parte de la ADRES.

Por tanto, como de las normas cuyo acatamiento se pidió se desprende el
mandato imperativo e inobjetable de cumplir la fase de auditoría integral dentro del
lapso improrrogable y perentorio de dos meses y que tal situación no ha sido
acatada por la accionada.

6. Impugnación

La ADRES impugnó la anterior decisión en cuanto a lo que atañe a que se accedió
a lo pretendido. Reiteró que el presente mecanismo debe declararse improcedente
por no satisfacer el requisito de la subsidiariedad, ante la existencia de otro
instrumento de defensa judicial que debe ser radicado ante el juez de lo
contencioso administrativo, sin que aclarara a cuál medio de control se refiere.

Asimismo, señaló que no se está ante la posible configuración de un perjuicio
irremediable. Finalmente, ratificó los fundamentos expuestos en la contestación y
pidió que se declare la improcedencia porque se está haciendo un uso indebido de
la acción constitucional.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de
30 de agosto de 2024 de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393
de 1997, 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del
Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de esta
corporación para conocer de «las apelaciones contra las providencias susceptibles
de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera
instancia en las acciones de cumplimiento».

2. Problemas jurídicos a resolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
30 de agosto de 2024. Para lo anterior, se plantean los siguientes:

¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a la accionada, respecto del cumplimiento de los artículos invocados en
la demanda a la ADRES, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la
Ley 393 de 1997?

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¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?

De encontrar superados los anteriores requisitos –procedibilidad y procedencia–
¿existe o no el mandato imperativo, expreso e inobjetable en cabeza de la ADRES
de realizar las auditorías integrales a las reclamaciones que presentó la parte
actora e incumplió dicha entidad el término de dos meses para esa finalidad?

3. Razones jurídicas de la decisión

La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia en el caso concreto; (iii) requisitos de
procedencia y (iv) el fondo del asunto.

3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo5 para que toda persona pueda «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo
1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».

Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. En ese
sentido, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial

5 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección
Quinta, Sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU),
Sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto
Yepes Barreiro, Sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-
2022-00203-01 (ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
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para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo6.

Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción
de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]7.

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de
la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos
[ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe
o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.

6 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera

Vergara.
7 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran

principios y directrices.
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3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material. Incluso, desde la óptica
de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la república, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política8. Sin dejar a un
lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido general o
particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos.

No obstante, se precisa que no es dable este mecanismo constitucional para
pretender la observancia de normas constitucionales «pues el propio
Constituyente la diseñó para exigir la efectividad de normas de inferior jerarquía.
De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte Constitucional en sentencia C-
193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta acción constitucional para exigir el
cumplimiento de normas supremas»9.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que se
constituye en una exigencia de procedibilidad. Para tenerlo por satisfecho, es
necesario que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud
expresa de cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular
que ejerce funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de
requerimiento, lo cual puede realizarse a través del derecho de petición, pero
enfocado al fin reseñado10.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,11 a menos que estén apropiados12 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales. En este último caso, el juez

8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia

de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-

2004-0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-

2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
11 Cfr. Consejo de Estado, Sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-

2000-4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-

2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
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competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
constitucional13.

3.3. De la renuencia

Como se anticipó, el requisito de la constitución en renuencia consiste en el
reclamo previo y por escrito que debe presentar el interesado a la autoridad
exigiendo atender un mandato legal o previsto en un acto administrativo con
citación precisa de este14. A su vez, que la autoridad se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.

Sobre este presupuesto de procedibilidad, esta sección Sala ha señalado que «el
reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud
expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para
los fines de la acción de cumplimiento»15. Igualmente, esta corporación16 ha dicho
lo siguiente:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el

13 Sentencia antes citada.
14Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en

renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas,
es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
15 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063

(ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.
16 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-

2011-00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
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procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[17] (Negrillas fuera de texto).

En efecto, conforme con lo expuesto, para dar por satisfecho este presupuesto no
es necesario que el solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa
que su objetivo es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la
Ley 393 de 1997 no lo prevé así. Basta con advertir del contenido de la petición
que lo pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de
este, pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución
en renuencia» o cuando no se señala de manera precisa la disposición que
consagra el deber que se reclama. Resulta relevante para la Sala precisar que la
renuencia debe entenderse como la negativa del ente accionado frente a la
solicitud de cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta
oportunamente o porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al
querer del ciudadano»18.

Para acreditar el agotamiento del requisito de procedibilidad, en el caso concreto,
la parte actora aportó la petición de 17 de julio de 2023, en la que le solicitó a la
ADRES el cumplimiento de los artículos los artículos 17, inciso primero, de la
Resolución 1645 de 2016 y 8 de la Resolución 1236 del 2023. En consecuencia,
que atendiera el término de los dos meses después del periodo de radicación de
las reclamaciones presentadas, en el sentido de comunicarle el resultado de la
auditoría integral para dichos periodos.

A su turno, en el expediente también obra la respuesta brindada por la ADRES a
la anterior petición, mediante el Oficio 202334202022571 de 5 de octubre de 2023.
La accionada le indicó que remitió por competencia las peticiones al Ministerio de
Salud y Protección Social.

En este punto, la Sala aclara que no hay prueba o manifestación alguna, incluso
en la impugnación, que acredite o informe de la respuesta a la auditoría integral de
las reclamaciones precisadas por la IPS accionante. De conformidad con todo lo
anterior, y acorde con el artículo 8º de la Ley 393 de 1997, no cabe duda de que la
actora agotó en debida forma el requisito en mención, previo a interponer el medio
de control.

17 En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.

ACU-2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
18 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,

radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en
todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
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3.4. De la procedencia de la acción de cumplimiento

La IPS actora pretende que, en cumplimiento de los artículos citados, la ADRES
realice la auditoría integral de las reclamaciones presentadas entre febrero de
2023 a marzo de 2024. En este orden de ideas, la Sala manifiesta que los
preceptos que se piden acatar están contenidos en actos administrativos.
Adicionalmente, no conllevan al establecimiento de gasto, en la medida en que, lo
perseguido a través de esta acción consiste en que se surta la etapa de un
procedimiento reglado que se radica ante la ADRES, consistente en que se
auditen reclamaciones por la prestación del servicio de salud a las personas que
han sido víctimas de accidentes de tránsito con vehículos sin póliza SOAT.

Así las cosas, la eventual orden de atender las disposiciones invocadas no implica
el establecimiento de gasto, pues, en sede judicial, no se reclama pago alguno,
sino que se resuelvan reclamaciones que no necesariamente devienen en pago.
Tampoco se evidencia que lo pretendido por la actora involucre la protección de
derechos fundamentales que puedan ser invocados vía acción de tutela, lo que
torna procedente la acción de cumplimiento.

Es importante destacar que esta Sección resolvió en anteriores oportunidades
casos similares, en los que diferentes IPS acudían en sede de cumplimiento a que
se le ordenada a la ADRES que, en obedecimiento de los artículos 2.6.1.4.3.12 del
Decreto 780 de 2016 y 16 de la Resolución 12758 de 2023, realizara las auditorías
integrales producto de reclamaciones de recobro por la prestación de servicios
médicos19. La mayoría de los casos se suscitaron entre 2018 y 2020 y allí se
concluía que las IPS contaban con otros mecanismos judiciales de defensa para
que se atendieran sus pretensiones.

Al respecto, se explicaba que «en la sentencia T-760 de 2008 la Corte
Constitucional se pronunció sobre la procedencia de la acción de tutela cuando lo
pretendido sea obtener la resolución y pago de las reclamaciones de recobro
realizadas por las entidades prestadoras de los servicios de salud ante el
antiguo Fondo de Seguridad y Garantía (FOSYGA)». En esos casos se indicaba
que, en la mencionada sentencia de tutela, la Corte Constitucional resolvió, entre
otros, el problema jurídico relativo a si se vulneraba el derecho a la salud cuando
las EPS brindaban insumos no incluidos en el entonces POS y, en consecuencia,
procedía el recobro ante el FOSYGA. Con ocasión de dicha providencia, y otras
problemáticas, el alto tribunal constitucional declaró un estado de cosas
inconstitucional por la violación generalizada del derecho a la salud debido a las
fallas de regulación del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de julio 18 de 2019,

expediente 25000-23-41-000-2019-00246-01, sentencia de 14 de noviembre de 2019, expediente 25000-23-
41-000-2019-00589-01, sentencia de 23 de enero de 2020, expediente 08001-23-33-000-2019-00665-01,
sentencia de 30 de enero de 2020, expediente 08001-23-33-000-2019-00660-01, sentencia del 14 de marzo
de 2020, expediente 08001-23-33-000-2019-00796-01, entre otras.
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En este marco, la Sección Quinta consideraba que las IPS pretendían
específicamente «que se surta el procedimiento de la reclamación […], el cual
debe culminar con el pago de los servicios médicos prestados conforme lo indica
el artículo 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016 y, sin embargo, tal normativa está
siendo objeto de estudio y seguimiento por la Sala Especial de la Corte desde el
año 2009 y hasta la fecha». En ese sentido, declaraba que las instituciones podían
hacerse partícipes en la Sala de Seguimiento de la sentencia T-760 de 2008 o
acudir a interponer un incidente de desacato. Ello, en procura de satisfacer sus
pretensiones relacionadas con el desarrollo de las auditorías integrales y el
consecuente pago. Asimismo, se disponía la remisión de copias de las sentencias
y expedientes sobre el tema, a la Sala Especial de Seguimiento que conformó la
Corte Constitucional para la sentencia T-760 de 2008.

Con ocasión de lo anterior, dos entidades20, que acudieron previamente en acción
de cumplimiento con el fin de obtener los resultados de las mencionadas
auditorías en el término de los dos meses que indican las disposiciones invocadas
en esta oportunidad, interpusieron incidente de desacato ante la Sala de
Seguimiento de la sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional. Su
pretensión última se circunscribía a que la ADRES realizara las auditorías
atrasadas para el recobro de sumas adeudadas. No obstante, mediante auto 325
del 4 de septiembre de 2020, la Corte Constitucional resolvió «inhibirse de conocer
el asunto (…) y devolver a la Sección Quinta del Consejo de Estado, la copia
simple de las sentencias y de las copias digitalizadas (cd) de cada expediente, que
fueron remitidas a la Corte Constitucional».

La Corte explicó que la sentencia T-760 de 2008 no impartió directrices de pago
en concreto, menos aún causadas con posterioridad a la expedición de la
sentencia, sino ordenarle al Ministerio de Salud y Protección Social el diseño de
«un plan de contingencia para adelantar el trámite de las solicitudes de recobro
que se encontraban atrasadas». Nótese que las acciones dispuestas por la Corte
tenían como fin último el pago de las reclamaciones auditadas y presentadas con
anterioridad a la mencionada sentencia, pero que por un déficit financiero y
estructural de la ADRES, no habían sido pagadas. Sostuvo que «la verificación de
la realización de las auditorías a las solicitudes de recobro presentadas con
posterioridad a la providencia estructural y el reconocimiento y pago de los valores
en ellas invocados, excede la competencia de la Sala que se enmarca
exclusivamente al seguimiento del cumplimiento de las órdenes impartidas en
dicha decisión».

Asimismo, la Corte puso de presente que no realizó ningún tipo de control ni
seguimiento a las disposiciones que invocan las IPS en sede de acción de
cumplimiento, ni a aspectos relacionados con el recobro o las reclamaciones
presentadas con cargo a la subcuenta ECAT del entonces FOSYGA. Por tanto, lo
anterior implica que la parte aquí actora no cuente con otros mecanismos
20 Fundación Campbell y Movemed.

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judiciales de defensa ordinarios para solicitarle a la ADRES el acatamiento de los
artículos 17, inciso primero, de la Resolución 1645 de 2016 y 8 de la Resolución
1236 del 2023, pese a que en anteriores oportunidades la Sección Quinta
consideró viable la remisión de este tipo de casos a la Sala de Seguimiento de la
Corte Constitucional.

En efecto, la anterior postura, consistente en que devenía improcedente la acción
de cumplimiento en asuntos como el presente por considerar que existían otros
mecanismos judiciales de defensa, fue rectificada en sentencia del 20 de mayo de
202121 y tal tesis se refuerza en esta oportunidad en el sentido de superar el
requisito bajo análisis, proseguir con el examen de las normas objeto de la acción
constitucional22, contrario a lo sostenido por la impugnante.

3.5. Existencia de mandato imperativo, expreso e inobjetable.

Como se indicó en precedencia, la parte actora solicita que, se cumpla el término
de dos meses dispuesto en los artículos 17, inciso primero, de la Resolución 1645
de 2016 y 8 de la Resolución 1236 del 2023, con el fin de que se realicen las
auditorías de las lesiones que radicó ante la ADRES entre el mes de febrero de
2023 a marzo de 202423. Para mayor claridad, debe precisarse que el artículo
2.6.1.4.3.12 se encuentra dentro del capítulo 4 del Decreto 780 de 2016,
denominado «Subcuenta de Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de
Tránsito – ECAT».

Dentro del ámbito de aplicación del capítulo mencionado, se contempló que la
normativa allí establecida, relacionada con las reclamaciones con cargo a la
subcuenta ECAT, estaba destinada, entre otros, a las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud IPS, a los reclamantes de servicios médicos o de
indemnizaciones, como, por ejemplo, por muerte, o demás entidades que pudieran
llegar a tener alguna obligación o responsabilidad relacionada. Es así, como las
reclamaciones de que trata el mencionado capítulo pueden devenir de: la
prestación del servicio de salud, de indemnización por muerte o incapacidad
permanente o por incapacidades temporales, por víctimas de accidentes de
tránsito donde estén involucrados vehículos fantasma o sin póliza SOAT, de
eventos catastróficos de origen natural o terroristas.

21 Sección Quinta del Consejo de Estado. Exp.13001-33-33-000-2019-00477-01.
22 Esta postura es reiterada por esta Sala. Al respecto, pueden consultarse las sentencias de 15 de febrero y

11 de julio, ambas, de 2024, radicados 47001-23-33-000-2023-00206-01 y 47001-23-33-000-2024-00127-01,
respectivamente, MP. Pedro pablo Vanegas Gil.
23 Artículo 12. Transitoriedad. Las reclamaciones de que trata el presente acto administrativo, que, a la

fecha de expedición de esta resolución se encuentren en curso, así como las radicadas hasta el último día
hábil del mes correspondiente a la entrada en vigencia del presente acto administrativo, se tramitarán
conforme con el procedimiento previsto en la Resolución número 1645 de 2016.
Artículo 13. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga la
Resolución número 1645 de 2016, excepto para los casos establecidos en el artículo anterior.
En otras palabras, las reclamaciones de agosto, septiembre, noviembre y diciembre, de 2023 y del mes de
enero de 2024 se rigen conforme a la con Resolución 1236 de 2023.
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A su turno, el artículo 2.6.1.4.2.1. dispone los servicios de salud que deben
brindarse «a las víctimas de accidente de tránsito, de eventos catastróficos de
origen natural, de eventos terroristas o de los eventos aprobados por el Ministerio
de Salud y Protección Social», por parte de las IPS. A su vez, dispone la
obligatoriedad de estas instituciones de estar inscritas en el Registro Especial de
Prestadores de Servicios de Salud (REPS) y que solo se puede brindar la atención
«en la jurisdicción en la que se encuentre habilitado por el ente territorial
competente».

Adicionalmente, el artículo 2.6.1.4.2.2 refiere que el prestador de servicios de
salud, a las víctimas anteriormente mencionadas, está legitimado para reclamar el
reconocimiento y pago de los servicios prestados al Ministerio de Salud y
Protección Social «o a la entidad que se defina para el efecto», actualmente, la
ADRES. De lo anterior dan cuenta los artículos 66 y 73 de la Ley 1753 de 2015,
que establecen lo siguiente:

DEL MANEJO UNIFICADO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA
FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
(SGSSS). Con el fin de garantizar el adecuado flujo y los respectivos controles de
recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, créase una entidad
de naturaleza especial del nivel descentralizado del orden nacional asimilada a una
empresa industrial y comercial del Estado que se denominará Entidad
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud (SGSSS). La Entidad hará parte del SGSSS y estará adscrita al Ministerio de
Salud y Protección Social (MSPS), con personería jurídica, autonomía administrativa
y financiera y patrimonio independiente.
[…]
La Entidad tendrá como objeto administrar los recursos que hacen parte del
Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga), los del Fondo de Salvamento y
Garantías para el Sector Salud (Fonsaet), los que financien el aseguramiento en
salud, los copagos por concepto de prestaciones no incluidas en el plan de
beneficios del Régimen Contributivo, los recursos que se recauden como
consecuencia de las gestiones que realiza la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP);
los cuales confluirán en la Entidad. En ningún caso la Entidad asumirá las funciones
asignadas a las Entidades Promotoras de Salud”.

[…] PROCESOS DE RECOBROS, RECLAMACIONES Y RECONOCIMIENTO Y
GIRO DE RECURSOS DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD. Los procesos de
recobros, reclamaciones y reconocimiento y giro de recursos del aseguramiento en
Salud que se surten ante el Fosyga o la entidad que asuma sus funciones se
regirán por las siguientes reglas:

a) El término para efectuar reclamaciones o recobros que deban atenderse con
cargo a los recursos de las diferentes subcuentas del Fosyga será de tres (3) años a
partir de la fecha de la prestación del servicio, de la entrega de la tecnología en
salud o del egreso del paciente. Finalizado dicho plazo, sin haberse presentado la
reclamación o recobro, prescribirá el derecho a recibir el pago y se extingue la
obligación para el Fosyga.
[…]

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En este punto, la Sala itera que la IPS accionante indicó en su demanda que
presentó reclamaciones junto con sus soportes debidamente radicadas por la IPS
accionante ante la ADRES entre febrero de 2023 y marzo de 2024, sin que se
haya cumplido el término de los dos meses que establece el artículo 2.6.1.4.3.12
del Decreto 780 de 2016, invocado en la acción de cumplimiento. En efecto, la
mencionada norma, que hace parte del capítulo 4 del Decreto 780 de 2016, indica
que «Las reclamaciones presentadas con cargo a la Subcuenta ECAT del
Fosyga a que refiere el presente Capítulo, se auditarán integralmente dentro de
los dos (2) meses siguientes al cierre de cada periodo de radicación»
(destaca la Sala).

En ese sentido se advierte que el artículo 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016
establece el deber de auditar integralmente las reclamaciones del capítulo 4, entre
las que se encuentran las que corresponden a los recobros realizados por las IPS
a la ADRES por la prestación de los servicios de salud de las víctimas referidas
anteriormente, «dentro de los dos meses siguientes al cierre de cada periodo de
radicación. De igual forma, el artículo 8 de la Resolución 1236 de 2023, proferida
por el Ministerio de Salud y Protección Social, contempla dentro de la etapa
denominada auditoría integral que «[l]a ADRES adelantará la auditoría integral,
dentro de los dos (2) meses siguientes al cierre del periodo de radicación,
conforme con lo establecido en el artículo 2.6.1.4.3.12 del Decreto número 780 del
2016».

De lo evidenciado con antelación es claro que existe un deber a cargo de la
ADRES de surtir la etapa de auditoría integral a las reclamaciones presentadas
por la parte actora, dentro del término de los dos meses siguientes al cierre de
cada periodo de radicación. Para el caso en particular, el lapso ya feneció,
teniendo en cuenta que la última reclamación cuyo resultado de auditoría se echó
de menos y que no fue objetado por las partes, data de marzo de 2024 y que para
el momento de dictar la sentencia de primera no se advierte que fueran auditadas.

Ahora bien, la Sala precisa que, si bien el escrito de constitución en renuencia
data de julio de 2018 y parte de las reclamaciones de la demanda corresponden a
periodos posteriores —marzo de 2024—, lo cierto es que el requisito de
procedibilidad se predica del deber contenido en la norma que se invoca en la
demanda, pero no frente a cada reclamación, por tanto, era viable que la primera
instancia ordenara que se atendieran todas las reclamaciones a las que se refirió
en la demanda de cumplimiento.

Esta Sala precisa que el Tribunal concedió el término de 10 días para que la
ADRES realizara la auditoría integral de las reclamaciones presentadas por la
sociedad actora, sin que el lapso otorgado fuera motivo de impugnación por
alguna de las partes, así como tampoco la negativa o la improcedencia que
determinó la primera instancia; en otras palabras, solo se apeló lo desfavorable a

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la accionada24; determinaciones que, en todo caso, esta Sección observa que se
encuentran debidamente motivadas por el Tribunal. En vista de lo anterior, se
confirmará la decisión de primer grado en cuanto accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y le ordenó a la ADRES que en el término de diez
(10) días, proceda a realizar la auditoría integral de las reclamaciones presentadas
por la parte actora.

En suma, ante la existencia de un mandato imperativo e inobjetable, contenido en
los artículos artículos 17, inciso primero, de la Resolución 1645 de 2016 y 8 de la
Resolución 1236 del 2023 que no se ha cumplido por parte de la accionada, y que
establece el deber de realizar las auditorías de las reclamaciones producto de los
recobros por los servicios de salud prestados por parte de la I. P. S. actora, se
confirma integralmente el fallo de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia de 30 de agosto de 2024 de la Subsección B
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

24 Concordante con el artículo 320 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, esté último al

cual remite el artículo 30 de la Ley 393 de 1997. «Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por
objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del
coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71».
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GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta providencia judicial fue firmada electrónicamente. Usted puede consultarla con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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