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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2024-01389-01

Fecha
9 de agosto de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2024-01389-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 5 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, por las razones expuestas en la parte motiva. 15 Radicación: 25000-23-41-000-2024-01389-01 Demandante: Erika Amparo Fajardo Chocontá Demandado: Juzgado 24 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá SEGUNDO: Ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2024-01389-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

9 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Radicación núm. 25000-23-41-000-2024-01389-01
Demandante: Erika Amparo Fajardo Chocontá
Demandado: Juzgado 24 de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá
Vinculados: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –
INPEC, Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad para
Mujeres de Bogotá – El Buen Pastor, Juzgado 23 Penal
Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, Juzgado 32
Penal Municipal de Garantías de Bogotá, Fiscalía 260 Local de
Bogotá y Fiscalía 301 Local de Bogotá

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

El Despacho decide la impugnación presentada por la señora Erika Amparo
Fajardo Chocontá en contra de la providencia de 5 de agosto de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”,
por medio de la cual se negó el habeas corpus solicitado.

I. ANTECEDENTES

I.1. La solicitud

1. La señora Erika Amparo Fajardo Chocontá mediante escrito de fecha 5 de
agosto de 2024, presentó solicitud de habeas corpus en contra del Juzgado 24 de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 30 de la Constitución Política, por considerar que existe
violación al derecho a la libertad por la prolongación ilícita de la privación de la
misma.

I.2. Los supuestos de hecho y de derecho

2. La peticionaria señaló que fue condenada a la pena principal de 78 meses de
prisión por el delito de hurto calificado agravado, condena que fue proferida por el
Juzgado 23 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá y que, por

2

Radicación: 25000-23-41-000-2024-01389-01
Demandante: Erika Amparo Fajardo Chocontá
Demandado: Juzgado 24 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá

ello, fue privada de la libertad el día 18 de agosto de 2018 en la Cárcel y
Penitenciaría de Alta y Media Seguridad para Mujeres de Bogotá – El Buen
Pastor.

3. Mencionó que el Juzgado 24 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá le concedió el beneficio de prisión domiciliaria de acuerdo con lo
consagrado en el artículo 38 de la Ley 1709 de 2014. Sin embargo, indicó que el
día 28 de marzo de 2023, el referido juzgado revocó dicha prisión domiciliaria y
nuevamente fue privada de la libertad desde el día 27 de agosto de 2023 en el
mismo establecimiento carcelario y penitenciario.

4. Expresó que el juzgado que conoce de la ejecución de la pena reconoció como
tiempo físico de privación de la libertad desde el día 18 de agosto de 2018 hasta el
día 18 de julio de 2022 y que, mediante derecho de petición solicitó que se le
aclarara y reconociera como tiempo físico de privación hasta el día 28 de marzo
de 2023, fecha en que se revocó la prisión domiciliaria.

5. Aseveró que la anotada solicitud se encuentra en el mencionado Juzgado 24 de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá desde el día 18 de
diciembre de 2023, sin que a la fecha se haya tramitado la misma.

6. Agregó que “[…] la persona privada de la libertad no debe ser sometida a
condiciones que hagan más gravosa su pena. Es el Estado quien debe garantizar
que no sean anulados aquellos derechos […]”, y que en su caso “[…] al no darle
trámite a mi solicitud de aclaración de tiempo físico realizado por la suscrita y
reconocer el mismo, se está vulnerando mi derecho […]”.

7. Finalmente, subrayó que, entre el tiempo físico y la redención de pena
acreditada ha cumplido la totalidad de la pena que le fue impuesta.

II.-TRÁMITE

8. Laseñora Erika Amparo Fajardo Chocontá mediante escrito de fecha 5 de
agosto de 20241, presentó solicitud de habeas corpus en contra del Juzgado 24 de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 30 de la Constitución Política, correspondiéndole su
conocimiento al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección “B”.

9. Mediante proveído de la misma fecha, el Despacho sustanciador dispuso avocar
el conocimiento de la solicitud de habeas corpus y, en consecuencia, ordenó
comunicar tal decisión al Juzgado 24 de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá. En la misma providencia se vinculó al Instituto Nacional

1
Índice 5 del expediente electrónico.

3

Radicación: 25000-23-41-000-2024-01389-01
Demandante: Erika Amparo Fajardo Chocontá
Demandado: Juzgado 24 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá

Penitenciario y Carcelario- INPEC, a la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media
Seguridad para Mujeres de Bogotá – El Buen Pastor, al Juzgado 23 Penal
Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, al Juzgado 32 Penal Municipal
de Garantías de Bogotá, a la Fiscalía 260 Local de Bogotá y a la Fiscalía 301
Local de Bogotá, para que rindieran un informe acerca de los hechos que dieron
lugar a la interposición del habeas corpus.

III.- INTERVENCIÓN DE LAS PERSONAS VINCULADAS

III.1. Juzgado 24 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá2

10. El Juez 24 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá contestó
la solicitud de habeas corpus, para lo cual informó que el derecho a la libertad no
tiene un carácter absoluto, dado que su limitación está permitida por el
ordenamiento jurídico.

11. Mencionó que mediante sentencia de 3 de junio de 2016, el Juzgado 23 Penal
Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá condenó a la señora Erika
Amparo Fajardo Chocontá a las penas principal de 78 meses de prisión y
accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por
ese mismo lapso, en calidad de coautora del delito de hurto calificado agravado,
dentro del proceso radicado con el número 11001 60 00 015 2015 04437 00 (NI
33239).

12. Indicó
que en dicha oportunidad a la peticionaria se le había negado la
suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

13. Afirmó que, por cuenta de los hechos que originaron la anterior condena, la
señora Erika Amparo Fajardo Chocontá ha cumplido en privación de la libertad el
siguiente tiempo: (i) el 14 y 15 de mayo de 2015 (captura en flagrancia); (ii) del 18
de agosto de 2018 (capturada para el cumplimiento de la condena) hasta el 18 de
julio de 2022 (fecha del incumplimiento de la prisión domiciliaria que ese
Despacho le concedió el 28 de diciembre de 2021) y; (iii) del 28 de agosto de 2023
(capturada para el cumplimiento de lo que le resta de pena al revocársele la
prisión domiciliaria) a la fecha de esta comunicación del presente habeas corpus.

14. Puntualizó que a través de providencia de 28 de diciembre de 2021 se le otorgó
prisión domiciliaria y que, por medio de auto de 28 de marzo de 2023, se le revocó
la medida sustitutiva concedida al haber incumplido la obligación de permanecer
en su domicilio. Por lo anterior, señaló que se decidió que la peticionaria cumpliera
la pena intramuros por el tiempo que le restaba de la condena y para ello se
ordenó librar boleta de traslado y orden de captura, habiéndose materializado el
28 de agosto de 2023.

2
Según providencia de primera instancia.

4

Radicación: 25000-23-41-000-2024-01389-01
Demandante: Erika Amparo Fajardo Chocontá
Demandado: Juzgado 24 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá

15. Recordó que, en el curso de la ejecución de la pena, a la peticionaria se le
habían efectuado diferentes reconocimientos por concepto de redención, esto es,
para un total de 7 meses y 21 días, por lo que la misma no ha cumplido en su
totalidad la pena de 78 meses de prisión que le impuso el Juzgado 23 Penal
Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá.

16. De otro lado, advirtió que, mediante autos de 22 de noviembre de 2023 y de 28
de febrero de 2024, se resolvió la petición de libertad presentada relacionada con
la presunta pena cumplida y libertad condicional, negándola, frente a la cual no se
interpuso el recurso de apelación establecido en el Código de Procedimiento
Penal.

17. Adujo que en la respuesta a la anterior decisión se le precisó que el tiempo
cumplido en prisión domiciliaria se contabilizaba desde la fecha en la que se le
concedió la medida hasta la fecha del incumplimiento de la misma.

18. Por lo expuesto, concluyó que no existe una privación ilegal de la libertad ni una
prolongación ilícita de ella y, menos, una detención arbitraria, por cuanto la señora
Erika Amparo Fajardo Chocontá se encuentra legítimamente privada de la libertad
en virtud de una orden legalmente expedida y cumpliendo una sentencia de
condena ejecutoriada.

III.2. Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad para Mujeres de
Bogotá – El Buen Pastor3

19. La responsable del Responsable Área Jurídica de la Cárcel y Penitenciaría con
Alta y Media Seguridad para Mujeres de Bogotá – El Buen Pastor presentó escrito
pronunciándose sobre los supuestos de hecho y de derecho de la solicitud de
habeas corpus, para lo cual adujo que esta es una acción constitucional
encaminada a proteger el derecho fundamental de la libertad personal, tal como lo
dispone el artículo 30 de la Carta Política.

20. Destacó que la señora Erika Amparo Fajardo Chocontá se encuentra privada de
su libertad por una orden judicial debidamente formalizada y que no se evidencia
boleta de libertad dentro del expediente penal, para lo cual anexó la cartilla
biográfica de la condenada, solicitando que se negara el habeas corpus
interpuesto.

III.3. Juzgado 23 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá4

21. La Juez 23 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá contestó
el habeas corpus, en el sentido de señalar que, el 3 de junio de 2016, el juzgado
dictó sentencia condenatoria en contra de la señora Erika Amparo Fajardo
3
Ibidem.
4
Ibidem.

5

Radicación: 25000-23-41-000-2024-01389-01
Demandante: Erika Amparo Fajardo Chocontá
Demandado: Juzgado 24 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá

Chocontá a 78 meses de prisión por el delito de hurto calificado y agravado
atenuado, e inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo lapso, en
donde, igualmente, se negaron subrogados penales y se ordenó librar orden de
captura.

22. Aclaró que contra la anterior decisión no se interpuso recurso alguno, quedando
en firme la misma, remitiéndose la actuación al Centro de Servicios Judiciales del
sistema penal acusatorio para lo de su cargo.

23. Informó que actualmente, la vigilancia del proceso de la referencia se encuentra
a cargo del juzgado 24 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

24. En cuanto a los hechos enunciados en el libelo de la presente acción
constitucional, anotó que no le consta ninguna de ellos, toda vez que no es de su
conocimiento, pues devienen de actuaciones posteriores al fallo emitido en
primera instancia, esto es, al corresponder dicha actuación al juez de ejecución de
penas y medidas de seguridad, de conformidad con el estatuto procesal penal y
demás normas concordantes.

25. Concluyó que las actuaciones realizadas por el citado juzgado, dentro del
proceso que se surtió identificado con el número CUI: 11001 60 00 015 2015
04437 00 (NI 33239), en contra de la señora Erika Amparo Fajardo Chocontá,
cumplieron con la ritualidad establecida por la Ley 906 de 2004, además que la
peticionaria siempre estuvo acompañada por su defensor, por lo tanto, su eventual
privación de la libertad se dio porque en su contra existió una sentencia
condenatoria debidamente ejecutoriada, razón por lo que no puede alegarse
vulneración alguna a su derecho a la libertad.

III.4. Juzgado 32 Penal Municipal de Garantías de Bogotá5

26. El Juez 32 Penal Municipal de Garantías de Bogotá contestó la solicitud de
habeas corpus presentada, para lo cual señaló que consultado el sistema web de
procesos de la Rama Judicial se puede observar que el 15 de mayo de 2015 que
ese Despacho tramitó las audiencias preliminares de legalización de captura y la
formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento en contra de
la peticionaria.

27. Precisó que ese Despacho libró las boletas de libertad 108 y 109, en
consideración a que la Fiscalía General de la Nación retiró la solicitud de
imposición de medida de aseguramiento.

28. Indicó que el Juzgado 23 Penal Municipal con Función de Conocimiento de
Bogotá condenó a la peticionaria a la pena de 78 meses de prisión por el delito de

5
Índice 10 del expediente digital.

6

Radicación: 25000-23-41-000-2024-01389-01
Demandante: Erika Amparo Fajardo Chocontá
Demandado: Juzgado 24 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá

hurto calificado y agravado atenuado, negando subrogados penales y ordenando
la respectiva orden de captura.

29. Advirtió que la señora Erika Amparo Fajardo Chocontá se encuentra privada de
su libertad legalmente, con ocasión de la decisión tomada por un estrado judicial
de expedir orden de captura y su posterior materialización para cumplir condena
impuesta.

30. Puso de presente que el juzgado que vigila la condena es el Despacho 24 de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y que cualquier
inconformidad con el descuento de la condena, redención de pena y el
cumplimiento de la misma debe presentarse ante el citado juzgado, pues la acción
de habeas corpus tiene carácter residual y subsidiario.

31. Por lo anterior, informó que no tiene ninguna injerencia en la prolongación de la
privación de la libertad que pueda alegarse, máxime cuando, al verificar el registro
web y el archivo digital de este despacho judicial, no se evidencia actuación
adicional desarrollada dentro del proceso penal.

32. Destacó que no ha originado vulneración o amenaza alguna al derecho a la
libertad de la peticionaria y que los hechos y pretensiones de la acción están
encaminados a que, por este medio subsidiario, se analice y decrete la libertad de
la señora Erika Amparo Fajardo Chocontá, lo que, reiteró, hace que la misma sea
improcedente, pues es ante el juzgado de ejecución de penas correspondiente es
que se debe debatir lo relacionado con el cumplimiento de la pena y/o beneficios
correspondientes.

33. Finalmente, explicó que por parte de ese juzgado no existe orden de libertad
vigente a favor de la peticionaria.

III.5. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC; Fiscalía 260 Local
de Bogotá; Fiscalía 301 Local de Bogotá

34. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, la Fiscalía 260 Local
de Bogotá y la Fiscalía 301 Local de Bogotá fueron notificados en debida forma,
pero no se pronunciaron sobre los supuestos de hecho y de derecho de la solicitud
de habeas corpus.

IV.- FUNDAMENTOS DE LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

35. Mediante providencia de fecha 5 de agosto de 2024, el a quo, previo recuento
de los hechos y del trámite de la solicitud de habeas corpus y luego de exponer las
consideraciones relacionadas con la naturaleza del citado instrumento, sostuvo
que al revisar el contenido del expediente digital se logró establecer que frente a la
señora Erika Amparo Fajardo Chocontá pesa la pena principal privativa de la

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Radicación: 25000-23-41-000-2024-01389-01
Demandante: Erika Amparo Fajardo Chocontá
Demandado: Juzgado 24 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá

libertad de 78 meses de prisión y accesoria de inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por ese mismo lapso, en calidad de coautora del
delito de hurto calificado agravado, dentro del proceso radicado con el número
11001 60 00 015 2015 04437 00 (NI 33239).

36. Afirmó que, en el curso de la ejecución de la pena, a la condenada se le han
efectuado diferentes reconocimientos por concepto de redención, que ascienden a
un total de 7 meses y 21 días.

37. Puso de presente que el Juzgado 24 de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá explicó que la sentenciada no ha cumplido en su totalidad la
pena de 78 meses de prisión que le impuso el Juzgado 23 Penal Municipal con
Función de Conocimiento de Bogotá, si se tiene en cuenta, que ha cumplido tres
lapsos de privación de la libertad, así:

• Del 14 al 15 de mayo de 2015 (2 días);
• Del 18 de agosto de 2018 al 18 de julio de 2022 (47 meses); y,
• Del 28 de agosto de 2023 a la fecha de la comunicación del habeas corpus
(11 meses y 8 días).

38. Estimó que el tiempo físico cumplido corresponde a 58 meses y 10 días al cual
se le debía adicionar el reconocido por concepto de redención de pena, esto es, 7
meses y 21 días, para un total de pena cumplida de 66 meses y 1 día.

39. Aseguró que sumado a lo anterior, el Juzgado 24 de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá, precisó que, si se aceptara que Erika Amparo
Fajardo Chocontá tiene derecho a que se le reconociera como tiempo cumplido en
prisión domiciliaria, de corrido, hasta que se emitió la providencia que le revocó la
medida sustitutiva -28 de marzo de 2023-, se tiene que a la fecha la condenada
tampoco habría cumplido la pena que le fue irrogada, pues llevaría 74 meses y 11
días.

40. Aunado a lo anterior, aludió a que el referido Juzgado 24 había señalado en la
providencia a través de la cual se revocó el beneficio de prisión domiciliaria, que el
tiempo se debía contabilizar desde la fecha en la que se le concedió la medida,
esto es, 28 de diciembre de 2021, hasta la fecha del incumplimiento de la misma y
que dio lugar a su revocatoria, 18 de julio de 2022.

41. Por lo expresado, el a quo consideró que el habeas corpus interpuesto debía
denegarse, en tanto que, revisadas las actuaciones adelantadas se pudo constatar
que, contrario a lo manifestado en los hechos de la solicitud del proceso de la
referencia, no hay detención ilegal, ni prolongación ilícita de la libertad, ya que no
ha cumplido la totalidad de la pena que le fue impuesta.

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Radicación: 25000-23-41-000-2024-01389-01
Demandante: Erika Amparo Fajardo Chocontá
Demandado: Juzgado 24 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá

42. Finalmente, frente a la falta de respuesta del derecho de petición presentado
por la señora Fajardo Chocontá el Tribunal mencionó que el Juzgado 24 de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, informó que, mediante
auto 28 de febrero de 2024, el mismo ya había sido resuelto en el sentido de
negar la libertad por pena cumplida y libertad condicional, decisión contra la cual
no se interpuso los recursos de ley, por lo que no se advertía una vulneración del
derecho de petición de la solicitante.

V.- LA IMPUGNACIÓN

43. La señora Erika Amparo Fajardo Chocontá, impugnó el 5 de agosto de 2024, la
providencia de la misma fecha, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, sin exponer argumento de
inconformidad frente a la misma.

VI.- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

VI.1. El habeas corpus y la regla pro homine

44. El habeas corpus fue consagrado en el artículo 30 de la Constitución Política y
concebido por la Ley 10956 de 2 de noviembre de 2006, como un derecho
fundamental, a través de dicho mecanismo se busca la tutela de la libertad
individual como garantía, cuando la aprehensión de una persona se realiza con
violación de las garantías constitucionales o legales, o cuando la privación de la
libertad se prolonga ilegalmente.

45. En la decisión del habeas corpus debe darse aplicación al principio pro
homine7, en virtud del cual se debe acudir a la norma o a la interpretación más
amplia, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la
norma o a la interpretación más restringida, cuando se busca fijar limitaciones a su
ejercicio o su suspensión extraordinaria.

46. Es importante recordar que se trata de un derecho fundamental que ha sido
reconocido en varios instrumentos internacionales, entre los que se destacan la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre

6
“[…] Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política […]”.
7
Corte Constitucional. Sentencia T-284/06. Magistrada Ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

9

Radicación: 25000-23-41-000-2024-01389-01
Demandante: Erika Amparo Fajardo Chocontá
Demandado: Juzgado 24 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá

Derechos Humanos8, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre9 y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos10.

VI.2. El caso concreto

47. La señora Erika Amparo Fajardo Chocontá mediante escrito de fecha 5 de
agosto de 2024, presentó solicitud de habeas corpus en contra del Juzgado 24 de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 30 de la Constitución Política, por considerar que existe
violación al derecho a la libertad por la prolongación ilícita de la privación de la
misma.

48. Mediante providencia de la misma fecha, el a quo negó el habeas corpus
solicitado, al advertir que, revisadas las actuaciones adelantadas en el proceso
penal se constató que, contrario a lo manifestado en los hechos de la solicitud del
proceso de la referencia, no hay detención ilegal, ni prolongación ilícita de la
libertad, toda vez que la accionante no había cumplido con la totalidad de la pena
que le fue impuesta.

49. Para resolver, el Despacho considera que la sentencia de primera instancia
habrá de confirmarse, por cuanto: (i) la acción de habeas corpus no se encuentra
instituida para suplir a la autoridad y las decisiones que llegaren a adoptarse en el
interior del proceso, tal y como lo pretenden la solicitante y; (ii) la señora Erika
Amparo Fajardo Chocontá no ha cumplido con la totalidad de la condena impuesta

50. Al respecto y en primer lugar, el Despacho estima oportuno recordar que el
habeas corpus consagrado en el artículo 30 de la Constitución Política y

8
Convención Americana sobre Derechos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica, aprobada mediante la Ley 16 de
1972.“ Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2.
Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las
Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a
detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su
detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser
llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho
a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad
podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio […]”.
9
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. “Artículo XXV Nadie puede ser privado de su libertad
sino en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes. Todo individuo que haya sido privado de su
libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada,
o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su
libertad […]”.
10
Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante la Ley 74 de 1968. “Artículo 9. […] 1. Todo
individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión
arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento
establecido en ésta. 2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la
misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. 3. Toda persona detenida o presa a causa de
una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones
judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva
de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a
garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias
procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención
o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de
su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. 5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa,
tendrá el derecho efectivo a obtener reparación […]”.

10

Radicación: 25000-23-41-000-2024-01389-01
Demandante: Erika Amparo Fajardo Chocontá
Demandado: Juzgado 24 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá

desarrollado en la Ley 1095 de 2006, es el mecanismo instituido para proteger el
derecho a la libertad: (i) cuando la aprehensión de una persona se realiza con
violación de las garantías constitucionales o legales, o (ii) cuando la privación de la
libertad se prolonga ilegalmente.

51. Al analizar los dos anteriores supuestos de aplicación, la Corte Constitucional
en la sentencia C-187 de 2006, por medio de la cual se revisó el proyecto de ley
estatutaria 284/05 Senado y 229/04 Cámara “[…] mediante el cual se reglamenta
el artículo 30 de la Constitución Política […]”, precisó:

“[…] Se trata de hipótesis amplias y genéricas que hacen posible la protección
del derecho a la libertad personal frente a una variedad impredecible de
hechos. La lectura conjunta de los artículos 28 y 30 de la Carta Política, pone
de manifiesto la reserva legal y judicial para autorizar la privación de la
libertad de la persona, más aún si se considera que ésta constituye un
presupuesto para el ejercicio de otras libertades y derechos.

Como hipótesis en las cuales la persona es privada de la libertad con
violación de las garantías constitucionales o legales, se pueden citar los
casos en los cuales una autoridad priva de la libertad a una persona en lugar
diferente al sitio destinado de manera oficial para la detención de personas11,
o lo hace sin mandamiento escrito de autoridad judicial competente, o lo
realiza sin el cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, o por un
motivo que no esté definido en ésta.

También se presenta la hipótesis de que sea la propia autoridad judicial, la
que, al disponer sobre la privación de la libertad de una persona, lo haga sin
las formalidades legales o por un motivo no definido en la ley.

En cuanto a la prolongación ilegal de la privación de la libertad también
pueden considerarse diversas hipótesis, como aquella en la cual se detiene
en flagrancia a una persona (C. Pol. art. 32) y no se le pone a disposición de
la autoridad judicial competente dentro de las 36 horas siguientes; también
puede ocurrir que la autoridad pública mantenga privada de la libertad a una
persona después de que se ha ordenado legalmente por la autoridad judicial
que le sea concedida la libertad. Otra hipótesis puede ser aquella en la cual,
las detenciones legales pueden volverse ilegales, como cuando la propia
autoridad judicial prolonga la detención por un lapso superior al permitido por
la Constitución y la ley, u omite resolver dentro de los términos legales la
solicitud de libertad provisional presentada por quien tiene derecho.

En suma, las dos hipótesis son amplias y genéricas para prever diversas
actuaciones provenientes de las autoridades públicas, cuando ellas
signifiquen vulneración del derecho a la libertad y de aquellos derechos
conexos protegidos mediante el hábeas corpus […]”.

52. De lo anterior se desprende que el habeas corpus “[…] no es un mecanismo
alternativo, supletorio o sustitutivo para debatir los extremos que son

11
En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año de 1979 sobre el caso Argentino, esta
Comisión recomendó que “[…] para evitar que se produzcan nuevos casos de desaparición, crear un registro central de
detenidos que permita a los familiares de éstos y a otros interesados conocer, en breve plazo, las detenciones practicadas;
ordenar que éstas detenciones sean llevadas a cabo por agentes debidamente identificados e impartir instrucciones a fin de
que los detenidos sean trasladados sin demora a lugares específicamente destinados al objeto […]”.

11

Radicación: 25000-23-41-000-2024-01389-01
Demandante: Erika Amparo Fajardo Chocontá
Demandado: Juzgado 24 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá

propios al trámite de los procesos en que se investigan y juzgan conductas
punibles, sino que, por el contrario, se trata de una acción excepcional de
protección de la libertad y de los eventuales derechos fundamentales que
por conducto de su afectación puedan llegar a vulnerarse, como la vida, la
integridad personal y el no ser sometido a desaparecimiento, o a tratos crueles y
torturas […]”, según lo consideró la Corte Constitucional en la sentencia C-187 de
2006 antes citada. (Negrilla fuera del texto).

53. Ciertamente, el juez constitucional que conoce del habeas corpus no puede
reemplazar a la autoridad competente en tanto es ella a la que le corresponde
realizar los pronunciamientos sobre la definición de la situación jurídica, teniendo
en cuenta que tal instrumento constitucional de protección de derechos no
sustituye los mecanismos ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico. Actuar
en contrario conduciría a un desconocimiento de los principios de juez natural y de
seguridad jurídica.

54. La acción de habeas corpus no se encuentra establecida como un mecanismo
subsidiario de los medios judiciales ordinarios de defensa, por lo que es claro que
al juez constitucional no le es posible modificar o suplir a la autoridad. En tal
sentido se resalta que el amparo regulado en la Ley 1095 de 2006, no se
encuentra instituido como una instancia de resolución de peticiones y de los
recursos ordinarios que proceden contra las decisiones adoptas dentro del
procedimiento penal12

55. En este orden de ideas y luego de efectuada la revisión del plenario, el
Despacho considera que en el caso sub examine no resulta procedente que la
solicitante pretenda que el juez constitucional del habeas corpus decida en torno a
su libertad cuando la señora Erika Amparo Fajardo Chocontá no interpuso el
recurso de apelación en contra de la decisión que le negó la solicitud de libertad,
procedente al tenor de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 906 de 2004:

“[…] ARTÍCULO 34. DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE DISTRITO.
<Artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 2098 de 2021. El nuevo texto
es el siguiente:> Las salas penales de los tribunales superiores de distrito
judicial conocen:

[…]

6. Del recurso de apelación interpuesto contra de la decisión del juez de
ejecución de penas.

[…]”. (negrilla fuera de texto).

12
Ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que la petición que
tenga relación directa con en el respectivo proceso no debe realizarse mediante el mecanismo constitucional de habeas
corpus. Sin embargo, de manera excepcional, se ha considerado que la acción puede ser ejercida para solicitar la libertad,
aun si ésta fue restringida con ocasión del proceso penal, y ello es posible cuando el mecanismo ordinario resulta inane.
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Rad.: 26503. Sentencia de 27 de noviembre de 2006.

12

Radicación: 25000-23-41-000-2024-01389-01
Demandante: Erika Amparo Fajardo Chocontá
Demandado: Juzgado 24 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá

56. Lo anterior significa que cuando un juez de ejecución de penas niega la
solicitud de libertad de una persona que alega haber cumplido su condena, la
decisión puede ser impugnada con la presentación del recurso de apelación. Este
recurso permite que el superior revise la decisión del juez de ejecución de penas
para garantizar que se haya aplicado correctamente la ley y se hayan respetado
los derechos del condenado. De esta manera, se asegura una doble instancia en
la revisión de decisiones que afectan directamente la libertad personal, brindando
una protección adicional a los derechos fundamentales de los individuos en el
sistema judicial.

57. En el sub examine, el Despacho observa que la demandante presentó el 18 de
diciembre de 2023 petición de libertad en la cual solicitó se le aclarara y
reconociera como tiempo físico de privación desde el día 28 de marzo de 2023,
fecha en que se revocó la prisión domiciliaria.

58. La petición indicada fue resuelta por el Juzgado 24 de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá mediante auto de fecha 28 de febrero de 2024,
negando la petición de libertad relacionada con la pena cumplida y libertad
condicional.

59. En relación con la referida decisión, se advierte que la titular del Despacho
judicial concedió a los sujetos procesales, incluida la accionante, la oportunidad de
interponer el recurso de apelación ante el superior funcional del juzgador que
adoptó la decisión, el cual no se interpuso, tal y como lo evidenció el a quo.

60. Lo anterior implicó que, en el proceso penal, el juez competente para revisar en
sede de apelación la decisión de negar la petición de libertad y de contabilizar el
tiempo redimido, no tuviera la oportunidad de hacerlo, desconociendo que este
constituye el escenario natural, pertinente e idóneo para dicho fin, el cual debe
examinar lo decidido desde las perspectivas legal, constitucional y convencional.

61. Como se precisó previamente la acción de habeas corpus no está diseñada
para solucionar o corregir negligencias relacionadas con la falta de interposición
de recursos contra decisiones que niegan la libertad. Este recurso está
específicamente destinado a proteger el derecho fundamental a la libertad
personal cuando se considera que una persona ha sido privada de esta de manera
ilegal o arbitraria.

62. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional “[…] el habeas 13

corpus no puede ser utilizado como un mecanismo subsidiario para
subsanar la inactividad procesal de las partes o la falta de diligencia en la
interposición de los recursos ordinarios […]”. (Negrilla fuera del texto).

13
Corte Constitucional. Sentencia T-132 de 2011. Magistrado Ponente: Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.

13

Radicación: 25000-23-41-000-2024-01389-01
Demandante: Erika Amparo Fajardo Chocontá
Demandado: Juzgado 24 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá

14
63. En igual sentido, la Sala de Casación Penal , en la sentencia de 18 de febrero
de 2015, señaló que “[…] el habeas corpus no puede sustituir los recursos
judiciales ordinarios establecidos para impugnar las decisiones que afectan
la libertad personal, ya que su finalidad es distinta: proteger a los ciudadanos de
detenciones arbitrarias e ilegales […]”15. (Negrilla fuera del texto).

64. Esta interpretación se apoya en la necesidad de mantener la efectividad y la
especificidad del habeas corpus como una acción especial para proteger la
libertad personal frente a detenciones ilegales, y no como una herramienta para
corregir la falta de diligencia en el seguimiento de los procedimientos judiciales
establecidos.

65. En este contexto, la omisión de la señora Erika Amparo Fajardo Chocontá de
no interponer el recurso de apelación en contra de la decisión de negar la libertad,
no es un asunto que se pueda subsanar mediante esta acción.

66. En segundo lugar y en gracia de discusión que la peticionaria no haya conocido
de la decisión adoptada mediante auto de fecha 28 de febrero de 2024 por el
Juzgado 24 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, en tanto
señaló en su escrito de habeas corpus que a la fecha no le han dado trámite a su
petición de libertad radicada el 18 de diciembre de 2023, se considera que, como
bien lo sostuvo el a quo, tampoco se advierte que exista una prolongación ilícita de
la libertad, toda vez que a la fecha no se ha cumplido con el tiempo de la pena
impuesta.

67. Sobre el particular, el Despacho pone de presente que la señora Erika Amparo
Fajardo Chocontá fue condenada mediante sentencia de 3 de junio de 2016
proferida por el Juzgado 23 Penal Municipal con Función de Conocimiento de
Bogotá a una pena principal de 78 meses de prisión y a la inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo período, como coautora
del delito de hurto calificado agravado.

68. Se tiene que desde el inicio de su condena, la peticionaria ha cumplido con la
pena de privación de la libertad, tanto en prisión intramuros como en prisión
domiciliaria, por el tiempo que asciende a 58 meses y 14 días.

69. Además, se le ha reconocido un tiempo de redención de pena equivalente a 7
meses y 21 días. Sin embargo, al sumar estos tiempos, se concluye que la

14
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de 18 de febrero de 2015. Rad.: 44497.
15
Sobre el tema, ver la sentencia de 10 de mayo de 2007 de la Sala de Casación Penal, Rad.: 27587, en la cual la Corte
Suprema de Justicia señaló que “[…] la acción de habeas corpus no es procedente cuando el solicitante no ha hecho uso
de los mecanismos ordinarios de defensa judicial, como los recursos de apelación o de reposición, que la ley procesal penal
le otorga para impugnar las decisiones que afectan su libertad […]”. Igual consideración se plasmó en la sentencia de 29 de
septiembre de 2010, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Rad.: 34697: “[…] la acción
de habeas corpus no está diseñada para corregir la inactividad o negligencia del procesado o su defensa en la interposición
de los recursos ordinarios previstos en la ley para controvertir las decisiones judiciales […]”.

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Radicación: 25000-23-41-000-2024-01389-01
Demandante: Erika Amparo Fajardo Chocontá
Demandado: Juzgado 24 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá

peticionaria ha cumplido un total de 66 meses y 5 días, por lo que no ha cumplido
con los 78 meses de prisión a los que fue condenada.

70. Es pertinente destacar que, durante el proceso de ejecución de la pena, la
señora Erika Amparo Fajardo Chocontá fue beneficiada con la medida sustitutiva
de prisión domiciliaria, la cual le fue revocada debido a su incumplimiento. Dicha
revocatoria se produjo el 18 de julio de 2022, fecha en la que se determinó que la
peticionaria no había cumplido con la obligación de permanecer en su domicilio.

71. Cabe advertir que, aunque la condenada alega que debería reconocerse el
tiempo transcurrido hasta la emisión del auto de revocatoria de la medida
sustitutiva, fechado el 28 de marzo de 2023, este Despacho reitera que dicho
período no puede ser contabilizado como parte del cumplimiento de la pena, ya
que no corresponde con la realidad jurídica de su situación, al no estar privada
efectivamente de su libertad.

72. Incluso si se aceptara esta posición, tal y como lo consideró el a quo, el tiempo
total de cumplimiento ascendería a 74 meses y 18 días, lo cual sigue siendo
insuficiente para completar la totalidad de la pena impuesta.

73. Por tanto, se concluye que, dado que la señora Erika Amparo Fajardo Chocontá
no ha cumplido la totalidad de la pena, y considerando además que no interpuso
los recursos de ley en los momentos procesales oportunos, no es procedente
acceder a su solicitud de libertad por pena cumplida en esta instancia.

74. En suma, el Despacho encuentra que las actuaciones y decisiones del Juzgado
24 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, han sido
justificadas plenamente en el sub lite. Sumado a ello, es claro que la peticionaria
se encuentra actualmente privada de su libertad en virtud de una providencia
dictada por un juez competente y debidamente ejecutoriada, sin que se configure
alguna de las causales de procedibilidad del habeas corpus previstas en el artículo
1º de la Ley 1095 de 2006, razón por la cual se confirmará la decisión de instancia,
tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Unitaria, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 5 de agosto de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, por
las razones expuestas en la parte motiva.

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Radicación: 25000-23-41-000-2024-01389-01
Demandante: Erika Amparo Fajardo Chocontá
Demandado: Juzgado 24 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá

SEGUNDO: Ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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